Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 17 de septiembre.

La última vez que Karlina Quiroz, una mujer trans de 57 años, salió sola a la calle en Chone, terminó encerrada contra su voluntad en un centro de rehabilitación donde intentaron “corregir” su identidad de género mediante humillaciones, amenazas y agresiones.

Han pasado cinco años desde ese episodio, ocurrido en 2021; y el 11 de septiembre de 2026 Karlina por fin obtuvo justicia. 

La Fiscalía informó, el 14 de septiembre, que el Tribunal de Garantías Penales de Chone sentenció a seis personas por actos de odio contra Karlina, al ser víctima de violencia basada en su identidad de género.

Entre los seis sentenciados están sus dos hermanos, que —según la denuncia de Karlina— ordenaron su encierro a este centro.

El caso de Karlina refleja el odio y la violencia hacia personas trans en Ecuador y vuelve a poner bajo la lupa la existencia de centros conocidos como clínicas de “deshomosexualización” o espacios de “terapias de conversión”.

De acuerdo con la denuncia presentada por Karlina, en julio de 2021 fue interceptada por varios hombres y trasladada contra su voluntad a un centro para el tratamiento de adicciones ubicado en Chone, Manabí, en la vía a Pedernales. Allí permaneció retenida y sometida a tratos degradantes, violencia psicológica y agresiones físicas.

Según su testimonio, durante el encierro recibió insultos relacionados con su identidad de género y amenazas orientadas a “modificarla”.

Karlina denunció, además, que esta no habría sido la primera vez. Según su relato, en 2019 permaneció aproximadamente tres meses internada de manera forzada en otro centro de rehabilitación, también ubicado en la vía a Pedernales, en Chone. Durante ese período habría sido sometida a dinámicas similares de aislamiento, control y presiones dirigidas a modificar su identidad y expresión de género.

Según información de la Fiscalía, en septiembre de 2021, como parte de las diligencias investigativas, se allanó el centro clandestino en Chone. Allí se recabaron indicios relacionados con el internamiento forzoso de Karlina durante tres meses.

Con esos y otros elementos de convicción obtenidos durante la investigación, la Fiscalía inició un proceso penal contra las seis personas, quienes fueron luego llamadas a juicio.

El proceso, explicó Karlina, incluyó los dos casos: el de 2019 y 2021. “El crimen se investigó desde que comenzó la primera gota de sangre”, señaló Karlina, en alusión a la violencia física que sufrió en su primer encierro.

De los seis sentenciados, tres fueron condenados como autores directos a cuatro años de pena privativa de libertad. Se trata de los dos hermanos de Karlina y un sobrino, por ordenar su encierro al centro de adicciones.

Los otros tres recibieron una pena de dos años, como cómplices.

De acuerdo con Karlina, uno de ellos es el director del primer centro al que fue ingresada contra su voluntad en 2019 por tres meses, y los otros dos son quienes la interceptaron la segunda ocasión, en julio de 2021, para llevarla al centro. Ella los señala como “capturadores” de las personas que son recluidas en los centros. 

“Cuando recibí la noticia (el viernes 11 de septiembre durante la audiencia de juzgamiento) no podía creerlo. Las piernas me temblaron y las lágrimas se me salieron. Estoy tranquila y satisfecha”, señaló Karlina en una llamada telefónica.

Para Pedro Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos, la sentencia es importante no solo por reconocer un delito de odio, sino también por las características de los hechos: el ingreso (por orden de sus hermanos) a un centro de “deshomosexualización” en el que se cometen actos de tortura y violencia física.

Durante la audiencia, constó el testimonio de Karlina. La Fiscalía también presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la inspección ocular técnica, el levantamiento de evidencias y los testimonios de personas que confirmaron que los actos de violencia por perjuicio hacia su identidad de género fueron ejecutados de manera reiterada por los ahora sentenciados.

El caso volvió a poner la atención sobre las llamadas terapias de conversión en Ecuador, prácticas ampliamente cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos y señaladas como formas de tortura o violencia psicológica. Aunque el Estado ecuatoriano ha realizado operativos y clausuras de algunos centros en los últimos años, organizaciones sociales sostienen que estos espacios continúan funcionando de manera clandestina o bajo otras denominaciones.

La legislación ecuatoriana penaliza los actos de tortura con la intención de modificar la orientación sexual o identidad de género, pero no existe una sanción contra los centros que ofrecen las denominadas terapias de conversión. 

En 2020, la Asamblea aprobó el Código Orgánico de Salud y una de sus disposiciones fue prohibir expresamente este tipo de terapias, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno en medio de una campaña de sectores antiderechos. 

La sentencia también dispuso, como reparación integral a favor de Karlina, tratamiento psicológico e indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.

Gutiérrez considera que la reparación para Karlina es limitada, pues -por ejemplo- no hay llamados de atención al Ministerio de Salud o disculpas públicas a la víctima. 

“Mi nombre es Ariel Karlina Zambrano, soy una mujer trans de Chone, Manabí. Desde niña supe que quería ser mujer, quería ser bonita, libre. Pero mi familia nunca lo aceptó. Mis hermanos y mi padre, profundamente machistas, me maltrataban constantemente”, contó Karlina en un testimonio en 2025 que recogió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Para activistas y defensores de derechos humanos, el caso de Karlina evidencia además un patrón de violencia que suele permanecer oculto dentro de círculos familiares, religiosos y comunitarios. En muchos casos, explican, los internamientos forzados son promovidos bajo la idea de “corregir” orientaciones sexuales o identidades de género consideradas inaceptables.

Karlina intentó vivir en Chone, creyendo que con la denuncia y las medidas cautelares estaba a salvo, pero su hermano le pagaba a personas para que la acosaran, según su relato. Por ello, tuvo que esconderse por meses.

Las personas trans en Ecuador enfrentan altos niveles de discriminación, violencia y exclusión social, especialmente fuera de las grandes ciudades. Según la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ del INEC, el 53,5 por ciento de las personas LGBTQ mayores de 18 años en el país ha sufrido algún tipo de discriminación o violencia a lo largo de su vida, siendo el entorno familiar uno de los principales espacios de agresión.

En materia de violencia letal, organizaciones como Asociación Silueta X y el Observatorio Runa Sipiy documentaron 30 asesinatos de personas LGBTQ y transfemicidios en Ecuador durante 2025. De esos casos, alrededor del 70 por ciento corresponden a mujeres trans, lo que las posiciona como el grupo más expuesto a crímenes de odio y violencia extrema.

Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido además sobre la persistencia de centros de “deshomosexualización” o internamientos forzosos, prácticas denunciadas desde hace más de una década en Ecuador pese a prohibiciones estatales y operativos de control insuficientes.

El caso de Karlina pone a prueba algo más grande que una sentencia individual: si Ecuador está dispuesto o no a reconocer que estas prácticas siguen existiendo y que la violencia contra personas LGBTQ continúa ocurriendo, muchas veces con la complicidad o el silencio de sus propios entornos familiares.

“Con mi caso, debe quedar un precedente. Debemos luchar contra el odio que podemos encontrarlo dentro de nuestras propias familias. Por nuestra libertad y derechos, debemos luchar”, indicó Karlina.

Dutch Prime Minister Rob Jetten on Monday visited the Stonewall Inn in New York.

“The Stonewall Inn is not just a gay bar in New York, but the place where in 1969 riots took place as a reaction to years of discrimination and police violence,” wrote Jetten on X. “This is seen as the starting point of the global LGBTIQ+ emancipation and activism. Nowadays, the bar is a national monument, dedicated to the LGBTIQ+ rights movement.”

“For me, it is impressive and moving to be here tonight. And also fitting, because the defense of human rights is an important part of our foreign policy,” he added. “The Netherlands stands alongside the Stonewall Inn community when it comes to everyone’s right to live openly, safely, and with pride, no matter who you are or who you love.”

De Stonewall Inn is niet zomaar een gay bar in New York, maar de plaats waar in 1969 rellen plaatsvonden als reactie op jarenlange discriminatie en geweld van de politie. Dit wordt gezien als startpunt van de wereldwijde lhbtiq+-emancipatie en activisme. Tegenwoordig is de bar… pic.twitter.com/hJmFYjF91Z

— Rob Jetten (@MinPres) September 23, 2026

Jetten in February became the Netherlands’s first openly gay prime minister.

He opened last month’s World Pride Human Rights Conference in Amsterdam. Jetten also participated in a panel with former Irish Prime Minister Leo Varadkar, former San Marino Captain Regent Paolo Rondelli, and other current and former heads of government who are gay or lesbian.

Jetten is scheduled to speak to the U.N. General Assembly on Thursday.

Fiji, a small Pacific island nation, on Sept. 15 declared a national emergency as it confronted one of the sharpest increases in new HIV infections globally. 

The surge had been building for years, prompting the government to begin intensifying its response two years before the emergency declaration.

In 2024, the government adopted a four-year HIV Surge Strategy, covering 2024 through 2027, and later put in place a national plan to respond to the outbreak. UNAIDS and the World Health Organization have supported that effort.

The scale of the crisis is stark. 

An estimated 9,100 people were living with HIV in Fiji in 2025, according to UNAIDS — a 12-fold increase from 2010. HIV has no cure, but effective treatment can suppress the virus, allowing people living with HIV to live long, healthy lives, and preventing sexual transmission when the virus remains undetectable.

In announcing the emergency, Health and Medical Services Minister Ratu Atonio Lalabalavu said the country recorded 2,016 new HIV diagnoses in 2025, the highest annual total on record. He called the figures a sign of the “seriousness of the epidemic and the urgent, coordinated response our country now needs.”

The crisis is also affecting children. 

Save the Children Fiji said this week that a two-month-old baby is currently the youngest patient in the country living with both HIV and tuberculosis. The organization said 59 babies acquired HIV through mother-to-child transmission in 2025, while 67 new HIV cases were recorded among children under 15.

Five years ago, about one in every 167 people in Fiji was estimated to be living with HIV, according to government figures cited by the Associated Press. Since then, Fiji has also emerged as an important transit point in the regional drug trade, with international criminal networks moving narcotics from Latin America and Asia toward markets including Australia and New Zealand. Some of those drugs are also reaching Fiji’s domestic market, where injecting drug use has become an increasingly important route of HIV transmission.

Sexual transmission has continued to fuel the outbreak, with health officials pointing to inconsistent condom use and gaps in HIV testing. Stigma and misinformation have made the problem harder to confront, according to UNAIDS Pacific adviser Renata Ram, who has warned that limited knowledge about HIV can discourage people from seeking testing and care.

In a statement to the Washington Blade, Eamonn Murphy, UNAIDS’ regional director for Asia and the Pacific and Eastern Europe and Central Asia, cautioned against viewing Fiji’s epidemic through the lens of a single behavior or community. Among cases where the mode of transmission is known, he said, more than half are linked to sexual transmission and more than 42 percent to injecting drug use.

“The rise in infections among women and infants also shows that HIV has reached more widely across society,” Murphy said. “What stands out is how quickly the epidemic changed compared with the pace of the response. Access to PrEP and harm reduction remained limited, Fiji did not yet have a needle and syringe programme, and stigma and policy barriers continued to keep some people away from services.” 

Murphy noted only 39 percent of people with HIV in Fiji knew their status in 2025, and only 22 percent of them were receiving treatment. He also pointed out a wider system-level problem. 

“COVID-19 and the years that followed disrupted services, shifted attention and resources, and left community-led outreach operating below the scale that was increasingly needed,” said Murphy. “The epidemic moved faster than the response.”

Murphy said the immediate challenge is to bring HIV prevention and treatment closer together and make both easier to access at scale. He said PrEP, condoms, testing and harm reduction — including Fiji’s planned needle and syringe program — need to reach people earlier. At the same time, people diagnosed with HIV need a clear path into same-day treatment, care and support that helps them remain in treatment.

The tool at the center of the harm-reduction debate is hardly new. 

Needle and syringe programs provide people who inject drugs with sterile equipment, helping them avoid sharing needles and reducing the risk of HIV and other blood-borne infections. Decades of evidence have found that NSPs reduce HIV transmission without increasing drug use, and WHO describes them as a proven and cost-effective public health intervention. Such programs operate in more than 90 countries worldwide. Yet Fiji, even as injecting drug use has become an increasingly important route of HIV transmission, is only now moving toward introducing one.

“Trust is just as important as access,” Murphy told the Blade. “People most affected by HIV are more likely to use services when they are confidential, respectful and connected to organisations they already know. Community groups and peer workers are increasingly part of Fiji’s response, including the rollout of free PrEP, and that closer link with the health system can make a real difference.” 

“As UNAIDS has stated, the national crisis declaration is ‘a call for action, not fear,’” he added. “Fiji has the tools to change the trajectory; the priority now is to turn political commitment into rapid, coordinated action that reaches people at scale. The UN Joint Team is working to support the national response.”

Joeli Colati, executive director of Fiji Network Plus, a nongovernmental support and advocacy network established by and for people living with HIV, told the Blade that HIV affects people in ways that extend far beyond their health. Some people are afraid to get tested because they fear being judged or worry that others will discover their HIV status. Others fear the consequences for their families, jobs and relationships, as well as stigma and gossip. For LGBTQ people and other vulnerable populations, Colati said, those fears can be even harder to navigate because some already face discrimination. When people do not feel safe, he said, they may avoid testing, treatment and other HIV services.

Fiji does not have a reliable national count of its broader LGBTQ population. 

UNAIDS estimates that about 16,000 men who have sex with men and transgender people live in the country, though that figure should not be treated as an estimate of the entire LGBTQ community.

“We are also seeing a lot of HIV misinformation, especially on social media. This includes people sharing wrong information about how HIV is spread, how it is treated, and what it means to live with HIV,” said Colati. “Another serious concern is the increase in herbal healers claiming they can cure HIV. There is currently no cure for HIV. These claims can be dangerous if they make people stop or delay their HIV treatment. Herbal medicine should never be promoted as a replacement for antiretroviral therapy (ART).”

Colati said HIV peer counselors and NGO outreach workers are helping people at the community level, from supporting those newly diagnosed and helping them stay in care to reaching people who may not visit clinics, providing accurate information and connecting them with testing and treatment. He said people are often more comfortable seeking help from someone who understands what they are going through.

“As someone living with HIV myself for 19 years, I know that a person who is newly diagnosed needs more than medicine. They also need support, correct information and hope. With treatment, people living with HIV can live long and healthy lives,” Colati said. “We also need people to understand undetectable equals untransmittable, or U=U: when a person living with HIV takes treatment and maintains an undetectable viral load, they do not sexually transmit HIV. That is both a prevention message and a powerful message against stigma. Fiji Network Plus, the national network for people living with HIV, reinforced this message in our response to Fiji’s national HIV crisis.”

Asaeli Sinusetaki, acting chief executive of Rainbow Pride Foundation, an LGBTQ advocacy group based in Suva, the Fijian capital, in a statement to the Blade said the organization welcomed the government’s declaration because it showed officials now recognized the seriousness of the situation. 

“It is unfortunate that it took this long to respond, because the warning signs were always there,” Sinusetaki added.

“For LGBTQ+ people, experiences can differ depending on how comfortable they are accessing services,” Sinusetaki said. “At the same time, LGBTQ+ communities in Fiji have been one of the driving forces behind prevention efforts. Yes, accessing services independently can be a challenge because of fear, particularly stigma and discrimination. But because many LGBTQ people are also part of the Peer Outreach Worker network, they have established trust within their communities and networks to help people access information and services.”

Sinusetaki said access to HIV testing remains a major challenge, with testing unavailable at many local health centers, forcing some people to travel to sexual and reproductive health clinics or hospitals. He said that can be a significant barrier in a country where people often do not seek medical care unless they are already sick, making it unlikely that someone would make a separate trip simply to get an HIV test.

“The emergency has also highlighted that HIV cannot be treated as a stand-alone issue,” said Sinusetaki. “LGBTQ people need access to a broader package of sexual and reproductive health services, STI screening and treatment, mental health and psychosocial support, prevention information, condoms and lubricants, PrEP and PEP and, where relevant, harm-reduction services.” 

“For people who receive a positive diagnosis, the challenge does not end with testing,” Sinusetaki added. “We need to ensure that they are linked rapidly to treatment, supported to remain in care and treated with dignity throughout that journey.

The Blade reached out to Lalabalavu multiple times for comment, but did not receive a response.