Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 17 de septiembre.

La última vez que Karlina Quiroz, una mujer trans de 57 años, salió sola a la calle en Chone, terminó encerrada contra su voluntad en un centro de rehabilitación donde intentaron “corregir” su identidad de género mediante humillaciones, amenazas y agresiones.

Han pasado cinco años desde ese episodio, ocurrido en 2021; y el 11 de septiembre de 2026 Karlina por fin obtuvo justicia. 

La Fiscalía informó, el 14 de septiembre, que el Tribunal de Garantías Penales de Chone sentenció a seis personas por actos de odio contra Karlina, al ser víctima de violencia basada en su identidad de género.

Entre los seis sentenciados están sus dos hermanos, que —según la denuncia de Karlina— ordenaron su encierro a este centro.

El caso de Karlina refleja el odio y la violencia hacia personas trans en Ecuador y vuelve a poner bajo la lupa la existencia de centros conocidos como clínicas de “deshomosexualización” o espacios de “terapias de conversión”.

De acuerdo con la denuncia presentada por Karlina, en julio de 2021 fue interceptada por varios hombres y trasladada contra su voluntad a un centro para el tratamiento de adicciones ubicado en Chone, Manabí, en la vía a Pedernales. Allí permaneció retenida y sometida a tratos degradantes, violencia psicológica y agresiones físicas.

Según su testimonio, durante el encierro recibió insultos relacionados con su identidad de género y amenazas orientadas a “modificarla”.

Karlina denunció, además, que esta no habría sido la primera vez. Según su relato, en 2019 permaneció aproximadamente tres meses internada de manera forzada en otro centro de rehabilitación, también ubicado en la vía a Pedernales, en Chone. Durante ese período habría sido sometida a dinámicas similares de aislamiento, control y presiones dirigidas a modificar su identidad y expresión de género.

Según información de la Fiscalía, en septiembre de 2021, como parte de las diligencias investigativas, se allanó el centro clandestino en Chone. Allí se recabaron indicios relacionados con el internamiento forzoso de Karlina durante tres meses.

Con esos y otros elementos de convicción obtenidos durante la investigación, la Fiscalía inició un proceso penal contra las seis personas, quienes fueron luego llamadas a juicio.

El proceso, explicó Karlina, incluyó los dos casos: el de 2019 y 2021. “El crimen se investigó desde que comenzó la primera gota de sangre”, señaló Karlina, en alusión a la violencia física que sufrió en su primer encierro.

De los seis sentenciados, tres fueron condenados como autores directos a cuatro años de pena privativa de libertad. Se trata de los dos hermanos de Karlina y un sobrino, por ordenar su encierro al centro de adicciones.

Los otros tres recibieron una pena de dos años, como cómplices.

De acuerdo con Karlina, uno de ellos es el director del primer centro al que fue ingresada contra su voluntad en 2019 por tres meses, y los otros dos son quienes la interceptaron la segunda ocasión, en julio de 2021, para llevarla al centro. Ella los señala como “capturadores” de las personas que son recluidas en los centros. 

“Cuando recibí la noticia (el viernes 11 de septiembre durante la audiencia de juzgamiento) no podía creerlo. Las piernas me temblaron y las lágrimas se me salieron. Estoy tranquila y satisfecha”, señaló Karlina en una llamada telefónica.

Para Pedro Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos, la sentencia es importante no solo por reconocer un delito de odio, sino también por las características de los hechos: el ingreso (por orden de sus hermanos) a un centro de “deshomosexualización” en el que se cometen actos de tortura y violencia física.

Durante la audiencia, constó el testimonio de Karlina. La Fiscalía también presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la inspección ocular técnica, el levantamiento de evidencias y los testimonios de personas que confirmaron que los actos de violencia por perjuicio hacia su identidad de género fueron ejecutados de manera reiterada por los ahora sentenciados.

El caso volvió a poner la atención sobre las llamadas terapias de conversión en Ecuador, prácticas ampliamente cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos y señaladas como formas de tortura o violencia psicológica. Aunque el Estado ecuatoriano ha realizado operativos y clausuras de algunos centros en los últimos años, organizaciones sociales sostienen que estos espacios continúan funcionando de manera clandestina o bajo otras denominaciones.

La legislación ecuatoriana penaliza los actos de tortura con la intención de modificar la orientación sexual o identidad de género, pero no existe una sanción contra los centros que ofrecen las denominadas terapias de conversión. 

En 2020, la Asamblea aprobó el Código Orgánico de Salud y una de sus disposiciones fue prohibir expresamente este tipo de terapias, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno en medio de una campaña de sectores antiderechos. 

La sentencia también dispuso, como reparación integral a favor de Karlina, tratamiento psicológico e indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.

Gutiérrez considera que la reparación para Karlina es limitada, pues -por ejemplo- no hay llamados de atención al Ministerio de Salud o disculpas públicas a la víctima. 

“Mi nombre es Ariel Karlina Zambrano, soy una mujer trans de Chone, Manabí. Desde niña supe que quería ser mujer, quería ser bonita, libre. Pero mi familia nunca lo aceptó. Mis hermanos y mi padre, profundamente machistas, me maltrataban constantemente”, contó Karlina en un testimonio en 2025 que recogió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Para activistas y defensores de derechos humanos, el caso de Karlina evidencia además un patrón de violencia que suele permanecer oculto dentro de círculos familiares, religiosos y comunitarios. En muchos casos, explican, los internamientos forzados son promovidos bajo la idea de “corregir” orientaciones sexuales o identidades de género consideradas inaceptables.

Karlina intentó vivir en Chone, creyendo que con la denuncia y las medidas cautelares estaba a salvo, pero su hermano le pagaba a personas para que la acosaran, según su relato. Por ello, tuvo que esconderse por meses.

Las personas trans en Ecuador enfrentan altos niveles de discriminación, violencia y exclusión social, especialmente fuera de las grandes ciudades. Según la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ del INEC, el 53,5 por ciento de las personas LGBTQ mayores de 18 años en el país ha sufrido algún tipo de discriminación o violencia a lo largo de su vida, siendo el entorno familiar uno de los principales espacios de agresión.

En materia de violencia letal, organizaciones como Asociación Silueta X y el Observatorio Runa Sipiy documentaron 30 asesinatos de personas LGBTQ y transfemicidios en Ecuador durante 2025. De esos casos, alrededor del 70 por ciento corresponden a mujeres trans, lo que las posiciona como el grupo más expuesto a crímenes de odio y violencia extrema.

Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido además sobre la persistencia de centros de “deshomosexualización” o internamientos forzosos, prácticas denunciadas desde hace más de una década en Ecuador pese a prohibiciones estatales y operativos de control insuficientes.

El caso de Karlina pone a prueba algo más grande que una sentencia individual: si Ecuador está dispuesto o no a reconocer que estas prácticas siguen existiendo y que la violencia contra personas LGBTQ continúa ocurriendo, muchas veces con la complicidad o el silencio de sus propios entornos familiares.

“Con mi caso, debe quedar un precedente. Debemos luchar contra el odio que podemos encontrarlo dentro de nuestras propias familias. Por nuestra libertad y derechos, debemos luchar”, indicó Karlina.

HIV/AIDS activists on Sunday protested a Trump-Vance administration official at the 2026 International AIDS Conference in Rio de Janeiro.

Health GAP Executive Director Asia Russell and others disrupted U.S. Global AIDS Coordinator Jeff Graham, who is leading the Trump-Vance administration’s AIDS 2026 delegation, as he spoke. They were protesting the Trump-Vance administration’s cuts to U.S. foreign aid that they maintain have had a devasting impact on the global HIV/AIDS fight.

“The U.S. government has stolen HIV treatment from 77,163 HIV positive children, slashed PrEP enrollment by 42 percent, closed 1,700 PEPFAR HIV treatment sites, decimated programs led by and for key populations, implementers report slashing condom programming by 93 percent, and so much more,” said Russell in a Bluesky post that contained pictures of her and other activists on stage at AIDS 2026.

The US government has stolen HIV treatment from 77,163 HIV positive children, slashed PrEP enrolment by 42%, closed 1700 PEPFAR HIV treatment sites, decimated programs led by and for key populations, implementers report slashing condom programming by 93% and so much more

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— Asia Russell (@asia-ilse.bsky.social) July 26, 2026 at 2:26 PM

Secretary of State Marco Rubio shortly after the Trump-Vance administration took office issued a waiver that allowed PEPFAR and other “life-saving humanitarian assistance” programs to continue to operate during a freeze on nearly all U.S. foreign aid spending. HIV/AIDS service providers around the world with whom the Washington Blade has spoken say PEPFAR cuts and the loss of funding from the U.S. Agency for International Development, which officially closed on July 1, 2025, has severely impacted their work.

The International AIDS Society in a press release it issued last week noted PEPFAR “has saved more than 26 million lives” since President George W. Bush implemented it in 2003, “and changed the trajectory of the HIV pandemic.” The group also said PEPFAR “was a a success under the first Trump administration, with major progress toward the 95-95-95 goals.”

The UNAIDS’s 95-95-95 goals are 95 percent of people with HIV knowing their status, 95 percent of people with HIV having access to antiretroviral therapy, and 95 percent of those receiving ART having suppressed viral loads by 2030.

“Since the start of the second Trump administration, however, it has undergone major disruptions,” added the International AIDS Society.

“No one has to accept being lied to by this administration, particularly not the scientists and communities and activists who know the best what is at stake and what is actually happening,” said Russell on Bluesky.

many many people stood up and applauded during our protest, and thanked us afterward.

No one has to accept being lied to by this administration, particularly not the scientists and communities and activists who know the best what is at stake and what is actually happening

— Asia Russell (@asia-ilse.bsky.social) July 26, 2026 at 2:45 PM

AIDS 2026 will end on Friday.

The 2026 International AIDS Conference will take place next week in Rio de Janeiro.

Francisco Ruiz, the former director of the White House Office of National AIDS Policy, and UNAIDS Executive Director Winnie Byanyima are among those scheduled to speak at the conference that will take place in the Brazilian city from July 26-31. Other scheduled speakers include Spanish Health Secretary Javier Padilla, World Health Organization Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus, South African Deputy Health Minister Mathume Joseph “Joe” Phaahla, and Alexus D’Marco of the United Caribbean Trans Network.

The International AIDS Society-organized AIDS 2026’s theme is “Rethink. Rebuild. Rise.”

AIDS 2026 will take place against the backdrop of U.S. funding cuts that have significantly impacted the global HIV/AIDS fight.

Secretary of State Marco Rubio shortly after the Trump-Vance administration took office issued a waiver that allowed PEPFAR and other “life-saving humanitarian assistance” programs to continue to operate during a freeze on nearly all U.S. foreign aid spending. HIV/AIDS service providers around the world with whom the Washington Blade has spoken say PEPFAR cuts and the loss of funding from the U.S. Agency for International Development, which officially closed on July 1, 2025, has severely impacted their work.

The International AIDS Society in a press release it issued on Tuesday noted PEPFAR “has saved more than 26 million lives” since President George W. Bush implemented it in 2003, “and changed the trajectory of the HIV pandemic.”

“PEPFAR was a success under the first Trump administration, with major progress toward the 95-95-95 goals,” it said.

The UNAIDS’s 95-95-95 goals are 95 percent of people with HIV knowing their status, 95 percent of people with HIV having access to antiretroviral therapy, and 95 percent of those receiving ART having suppressed viral loads by 2030.

“Since the start of the second Trump administration, however, it has undergone major disruptions,” added the International AIDS Society.

Eswatini is among the African countries that have received doses of lenacapavir, a groundbreaking HIV prevention drug that users inject twice a year, through PEPFAR since the Trump-Vance administration took office.

The White House last month announced it will end PEPFAR funding for South Africa.

President Ronald Reagan in 1985 implemented the global gag rule, also known as the “Mexico City” policy, that banned U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services. The Trump-Vance administration earlier this year expanded the prohibition to include groups that promote “gender ideology” and support gender-affirming care and diversity, equity, and inclusion programs.

The International AIDS Society in its press release notes 52 percent of “all implementing partners had at least once terminated award,” while 77 percent of them “had been asked to restrict their work to comply with an additional U.S. policy.” The International AIDS Society notes 1,010 public health facilities, 325 “access points” and 126 “drop-in centers” around the world have closed because of U.S. funding cuts.

“Science is moving fast, giving us more powerful HIV prevention and treatment tools. But these advances cannot save lives if they never reach the people who need them,” said International AIDS Society President Beatriz Grinsztejn, who co-chairs AIDS 2026 and is the director of Rio de Janeiro’s Evandro Chagas National Institute of Infection Diseases’ HIV/AIDS Clinical Research Unit. “That requires robust, stable financing and steadfast political commitment.”