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Gobierno salvadoreño reestructura programa educativo por hablar de orientación sexual
‘Aprendamos en Casa’ de Canal 10 incumplió los ‘estándares educativos’
SAN SALVADOR, El Salvador — Canal 10 de El Salvador anunció el cese del acuerdo con el Instituto Nacional de Formación Docente, esto debido a que, según la televisora estatal, el INFOD incumplió los “estándares educativos” de la franja “Aprendamos en Casa”, al incluir contenido sexual no autorizado en la programación.
“El INFOD incumplió el acuerdo y estableció una agenda de contenido que afecta el aprendizaje integral de la niñez salvadoreña, situación totalmente contraria a los objetivos educativos y de formación que realiza el gobierno de El Salvador a través del canal del Estado”, expresó por medio de un comunicado Canal 10.
A pesar de que el contenido del programa es coordinado a través del despacho de la primera dama, en conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, el INFOD fue la única institución responsabilizada por el contenido transmitido en el capitulo que hablaron sobre la orientación sexual.
Esto deja entre dicho el contenido de la Ley Crecer Juntos, impulsada por la primera dama y que fue aprobada en junio de este año; la cual menciona en su artículo 33 que “todas las niñas, niños y adolescentes sin excepción, de acuerdo con su desarrollo y el ejercicio progresivo de sus facultades tienen derecho a recibir educación integral de la sexualidad y atención de la salud sexual y reproductiva …”
Aparte de el artículo 54 literal j, en el cual hace responsabilidad del Estado en materia de educación, que este debe incluir en el currículo contenidos relacionados a la educación integral de la sexualidad, la equidad y violencia de género.
Por su parte el MINED en un comunicado de prensa informó había decido realizar una reestructuración profunda en el INFOD, esto con el fin de “promover cambios que permitan una educación apegada a nuestra realidad y con la visión de este gobierno”, según el MINED esto es con el fin de incorporar elementos e insumos necesarios para fortalecer el cuerpo docente que trabaja con la niñez y adolescentes del país. Dentro de esta reestructuración, estuvo el remover de su cargo al rector del INFOD Carlos Rodríguez Rivas.
Antes que el Canal 10 y MINED sacaran un comunicado sus comunicados, organizaciones como La Alianza de Padres de Familia se manifestó en redes sociales, al mismo tiempo compartían un fragmento de la clase transmitida en donde se abordaban los temas de orientación sexual.
“Buscan confundir a nuestros hijos respecto a su identidad y a los valores que como padres decidimos inculcarles para su bienestar”, expresó la organización en su cuenta de Twitter.
Muchas de estas organizaciones que se levantaron en protesta en redes sociales, escudan sus argumentos con que su objetivo es combatir la supuesta “ideología de género” que quieren inculcar a sus hijos e hijas en este tipo de programación.
Algunos activistas de derechos humanos se han pronunciado ante lo ocurrido, creando una pequeña campaña en Twitter con la frase “A mis hijos los educó yo”, exponiendo de manera satírica las realidades que se dan en los entornos conservadores salvadoreños.
““A mis hijos los educo yo”, exclamó la que no habla de sexualidad con sus hijos, la que cree que sus hijos no sienten atracción sexual, la que cree que sus hijos no tienen sexo coital, la que cree que llevándolos a la iglesia no van a sentir atracción …”, compartió vía Twitter Karla Guevara, la directora de Colectivo Alejandría.
En comentarios para el Washington Blade, Guevara expresa que para cualquiera que ha recibido capacitaciones de sensibilización sobre temas de diversidad sexual y el vocabulario adecuado, pudo darse cuenta que lo único que se estaba enseñando era la terminología adecuada para referirse a las diferentes orientaciones sexuales.
“Es condenable que se retire la educación sexual para los niños, niñas y adolescentes de la currícula de educación; porque no se estaba hablando del sexo coital, sino de las diferentes orientaciones que existen”, agrega Guevara.
También aseguró al Blade, que con estás acciones se está invisibilizando a la población LGBTQ “para el gobierno de El Salvador no existimos … Cuando tu no hablas del tema LGBTIQ+, es porque tu no quieres que estas personas existan”.
En un artículo de opinión el abogado Herman Duarte, expresa que “MINED podrá (y tiene) el poder para hacer lo que hizo. Puede darse golpes en el pecho, rasgarse las vestiduras, señalar que la homosexualidad es una perversión y agregar todas las tildes que quiera sobre el tema … pero eso no va borrar la realidad, las personas homosexuales seguiremos naciendo y estaremos presente en todo momento de la realidad salvadoreña …”
Amalia Leiva, activista y defensora de derechos humanos, quien condena y desaprueba las posturas del gobierno actual, aclara que principalmente condena el comunicado compartido por el MINED, “de manera muy arbitraria y sin seguir procedimientos de ley, nombraron a un nuevo titular para el INFOD”, expresó Leiva al Blade.
“Es evidente que, al estado salvadoreño no le interesa la educación sexual, no le importa hablar de derechos humanos, no le importa de diversidad, ni la salud sexual y reproductiva, porque responden a una agenda anti-derechos y conservadora”, agrega Leiva
Para Bessy Ríos, abogada y directora de la Fundación de Familiares y Amigos por la Diversidad Sexual, De la Mano Contigo no se puede conseguir cambios en sociedades donde se repite el oscurantismo, “nos encontramos en este gracias a las organizaciones religiosas, que buscan mantener en tabú y encerrados estos temas, no educan a sus hijos en sus iglesias, ni es sus hogares y se terminan educando en redes sociales”, asegura al Blade.
Agrega también que la niñez y adolescencia, sigue educando al ver series en plataformas como Netflix e incluso en pornografía, ya que son los “espacios” en donde pueden acceder a la información o también mal informase con otras amistades. Ríos argumenta también que a lo mejor este Gobierno se animó a sacar el tema en televisión abierta, aprovechando la “popularidad del presidente”, más no contaban con la reacción de organizaciones “pro vida” y “anti derechos”.
Para UNESCO, el que exista educación sexual integral es fundamental para prevenir la homofobia y transfóbia en centros educativos, desde un enfoque de derechos humanos.
“Una de las razones de la educación en salud sexual, es el respeto a las diferencias, pero no se está haciendo”, asegura Guevara además que el que no se promulgue el respeto en la educación de las niñez y adolescencia salvadoreño es debido a los movimientos anti derechos que existen, los cuales alegan trabajar contra la “ideología de género”.
“La ideología de género no existe, porque aparte que una ideología se impone y las personas LGBTIQ+ no estamos imponiendo nada… ni siquiera tenemos leyes que nos respalden”, aclara Guevara.
“Hay que recordar al estado salvadoreño que por resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Manuela vs El Salvador celebrado el 10 y 11 de marzo del 2021, se le dice al Estado salvadoreño que es culpable de haber asesinado a Manuela y que de haberla condenado injustamente por una complicación obstétrica; por ello les ordena que tienen que hablar sobre salud sexual y reproductiva, para evitar violencia también en niños, niña y adolescentes”, finaliza Leiva, aclarando que el Estado salvadoreño ha ignorado esta orden.
Al no hablar sobre sexualidad a temprana edad seguirá existiendo la discriminación, violencia, violaciones contra los niños, niñas y adolescentes, mismos que tendrán en internet los únicos recursos que le ayuden a comprender el tema. “Como organizaciones de sociedad civil, nos queda seguir educando por nuestra parte a la población”, finaliza Guevara.
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Impunidad y violencia contra las poblaciones LGBTQ en Honduras: el caso de Erlin Blandín
Joven gay murió de tres balazos el 14 de julio
TEGUCIGALPA, Honduras — Un desgarrador testimonio sobre los datos actualizados de la violencia contra la comunidad LGBTQ ofreció Nahíl Zerón, colaborador en Red Lésbica Cattrachas, en una reciente entrevista. Zerón subrayó las alarmantes cifras de asesinatos y la dificultad en la búsqueda de justicia.
El entrevistado inició explicando el meticuloso proceso de registro de la violencia contra personas LGBTQ. “Nos dedicamos a recolectar datos y analizar patrones de muerte por orientación sexual e identidad de género”, dijo.
Zerón trabaja para una de las organizaciones que han revelado una cruda realidad: desde 2017 a julio de 2024 se registran 263 muertes violentas de personas LGBTQ y cuatro personas diversas desaparecidas.
Además, de los 45 casos judicializados, sólo 11 tienen sentencia condenatoria.
Para realizar el registro de la violencia contra las poblaciones LGBTQ se toman en cuenta detalles como el tipo de arma utilizada y el modus operandi. Asimismo, se registra la ubicación de las heridas en el cuerpo de la víctima, el rango de edad y la ocupación de las personas asesinadas.
Lo amenazaron e incendiaron su casa
Entre los casos de violencia contra las poblaciones LGBTQ se encuentra uno particularmente representativo: el de Erlin Asbiel Blandín Álvarez, de 34 años de edad. El joven gay pasante de la carrera de Periodismo en la UNAH murió de tres balazos. Su caso ilustra cómo múltiples factores de riesgo pueden confluir en una tragedia.
Blandín denunció haber recibido amenazas de Franklin Eduardo Alvarado Medina. Interpuso una denuncia por amenaza y extorsión. Además, aseguró que Alvarado incendió su casa. Blandín les comentó a sus compañeros de universidad que Franklin Alvarado quedó en libertad. Según Nahíl Zerón, “no podemos decir que esto tenga vinculación, pero sí confirmamos que él había expresado esa preocupación”.
La impunidad es alarmante
Blandín no sólo era un periodista comprometido con su labor. También era un activista cercano a las comunidades más vulnerables. Cuando lo asesinaron el 14 de julio de 2024, en Laureles, departamento de Olancho, estaba temporalmente en esa comunidad debido a su trabajo de investigación. Su residencia oficial estaba en Tegucigalpa.
Los informes indican que recibió un balazos en la parte izquierda del tórax, otro en la clavícula izquierda y el último en la espalda. Además se reportó que los atacantes se desplazaban en una motocicleta, lo cual sugiere que el ataque fue premeditado.
La impunidad en casos como el de Blandín es alarmante. Nahíl Zerón mencionó que incluso cuando uno de los casos recibe una condena, no se reconoce la violencia motivada por orientación sexual o identidad de género. Esta situación refleja una grave falla en el sistema judicial hondureño que a menudo generaliza los homicidios sin considerar los prejuicios específicos que los motivan.
Según Zerón, 2023 fue el año más violento para personas LGBTQ en Honduras desde 1994, con un total de 52 asesinatos registrados. Este aumento en la violencia genera un ambiente de miedo y desconfianza en las autoridades. Las personas LGBTQ sienten que sus vidas no son valoradas ni protegidas por el Estado. Eso las obliga a vivir constantemente con el temor de ser las próximas víctimas.
Es imperativo que las autoridades hondureñas y la sociedad tomen medidas concretas para proteger a esta comunidad y garantizar que los crímenes de odio no queden impunes. La vida y la dignidad de las personas LGBTQ merecen ser respetadas y defendidas. Es responsabilidad de todos trabajar por un futuro más justo e inclusivo.
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Avanza la inclusión de poblaciones LGBTQ en Honduras
Se inauguró el Centro de Día de Somos CDC el 19 de julio
TEGUCIGALPA, Honduras — Facilitar un espacio para la población LGBTQ, personas con VIH y originarias es el principal objetivo del Centro de Día, inaugurado el 19 de julio pasado por el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTIQ+ (Somos CDC). El Centro aspira a convertirse en un lugar para la inclusión de poblaciones vulnerabilizadas.
Por medio del Centro de Día, Somos CDC busca facilitar el acceso a un espacio que permita a las poblaciones vulnerabilizadas realizar reuniones, podcasts, entrevistas o actividades físicas.
Un lugar físico accesible
Somos CDC impulsa el Centro de Día para responder a la necesidad de un lugar para la inclusión de poblaciones en el que tengan acceso a un entorno abierto.
Esta iniciativa complementa el trabajo de fortalecimiento de las organizaciones mediante un lugar físico donde llevar a cabo actividades sin altos costos de alquiler que a menudo impiden realizarlas.
El Centro de Día cuenta con una sala de reuniones equipada con aire acondicionado, televisor, sillas y servicio de internet. Este espacio para la inclusión de poblaciones vulnerabilizadas tiene también un estudio donde se podrá realizar cualquier contenido multimedia, espacio para entrevistas, podcasts, campañas, etcétera.
Además de reducir las barreras económicas, el Centro se propone como un espacio gratuito para que las organizaciones enfoquen sus recursos en la implementación de sus programas. En colaboración con entidades como Médicos del Mundo, ofrece servicios médicos especializados y apoyo psicológico, social y cultural.
El horario de funcionamiento del Centro de Día es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Sus instalaciones están disponibles de manera gratuita para organizaciones y grupos que deseen realizar actividades. Las reservas deben coordinarse para asegurar la disponibilidad y el buen desarrollo de las mismas.
El objetivo a largo plazo es replicar este modelo en otras ciudades, ampliando el alcance y los beneficios del Centro. Por ahora, la comunidad está invitada a utilizar y promover este espacio, fomentando una verdadera inclusión y colaboración.
CDC, a un click
Somos CDC también cuenta con su página web, donde proporciona información detallada sobre su funcionamiento y actividades. Según uno de los representantes, diseñaron la web para ofrecer acceso a recursos y permitir a las personas obtener información sobre los servicios disponibles.
El portal ofrece una introducción a las actividades del centro, incluyendo programas de participación en ciencia política, acceso a la justicia y desarrollo económico, así como programas de comunicaciones para el cambio cultural. En las redes sociales como Instagram y YouTube se presentan actividades y contenidos educativos y de sensibilización.
Además, la web incluye un formulario para consultas y sugerencias que ofrece un canal directo de comunicación con el equipo del Centro. También se proporciona información sobre la misión, visión y metodología de trabajo del centro, así como detalles sobre los valores organizacionales y la estructura del equipo.
Un aspecto importante del portal es la inclusión de sistemas de cuentas y estadística, que registran datos relevantes sobre la población vulnerable. Estos sistemas permiten un seguimiento detallado de temas como la migración, la violencia contra la población LGBTQ y los crímenes de odio.
En resumen, CDC no sólo se posiciona como un lugar físico de apoyo e inclusión. Es también un recurso digital integral que facilita la participación y el acceso a la información para todos los interesados.
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Corte Constitucional de Ecuador insiste a Asamblea que apruebe ley sobre reproducción asistida
Legisladores no han cumplido con una sentencia de 2018
La Corte Constitucional nuevamente señaló a la Asamblea por incumplir con una sentencia en un caso relacionado a derechos de personas LGBTQ. En esta ocasión, en un fallo del 6 de junio de 2024, llamó la atención al Legislativo por no cumplir con el plazo dispuesto para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida.
Estos métodos, generalmente usados por parejas con problemas de fertilidad o que no pueden concebir naturalmente, no están contemplados en la legislación ecuatoriana y son una opción para parejas de mujeres lesbianas que deciden procrear.
En mayo de 2018, la Corte Constitucional falló a favor del caso Satya. En la sentencia de ese año, ordenó al Registro Civil la inscripción de Satya como hija de Nicola Susan Rothon y Helen Bicknell. La niña fue concebida por reproducción asistida.
El Registro Civil se había negado a inscribir a Satya con doble filiación materna. Nicola y Helen iniciaron una lucha de casi 6 años para que el Estado reconozca la identidad de su hija.
En ese fallo de 2018, la Corte Constitucional declaró que se vulneraron derechos como identidad, igualdad y no discriminación, y familia en sus diversos tipos.
Además, dispuso a la Asamblea que hasta junio de 2019 “adopte las disposiciones legales necesarias para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida”. Sin embargo, hasta la fecha el Legislativo no ha cumplido con esa disposición.
La Asamblea alegó a la Corte Constitucional que había aprobado los métodos de reproducción asistida en el Código Orgánico de la Salud en 2020, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno. Aún así, desde el veto ha transcurrido más de un año para que el Legislativo pueda retomar el tratamiento de este tema y no lo volvió a hacer.
Por ese incumplimiento, la Corte dictó la sentencia del 6 de junio de 2024 en que llama la atención a la Asamblea, pero también ordenó a la Defensoría del Pueblo que, en un plazo de tres meses, elabore un proyecto de ley que regule los procedimientos de reproducción asistida. Este proyecto debe ser tramitado, debatido y aprobado de manera prioritaria por la Asamblea en un plazo máximo de 10 meses.
Esta sentencia fue notificada el 26 de junio de 2024. Por ello, hasta finales de julio de 2025, debería estar aprobada la ley.
Corte también se pronuncia por otra demora
La Corte Constitucional emitió este nuevo fallo tras analizar dos demandas de acción de incumplimiento de dos sentencias del organismo: caso Satya (2018) y caso Bruno Paolo Calderón (2017).
En este último, la Corte ordenó en mayo de 2017 a la Asamblea reformar la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles para permitir a las personas transexuales cambiar en la cédula de identidad el campo de sexo; si bien la norma pemitía reemplazar sexo por género, se creó dos sistemas de cedulación. Sin embargo, la Asamblea tardó más de seis años en cumplir con la sentencia.
Por esta demora, la Corte también llamó la atención al Legislativo en la reciente sentencia, pero en mayo de 2022 ya lo había hecho en otro fallo en que dio un ultimátum.
Una de las acciones de incumplimiento que la Corte analizó para la reciente sentencia fue presentada por la Asociación Silueta X en diciembre de 2021.
Sentencia de la corte constitucional 66-18-IS/24 reafirma #SexoEnLaCedula para personas Trans y permitirá avanzar en el proyecto de ley para Reproducción Asistida para LGBT+ (Parejas del mismo Sexo). Un avance importantísimo para nuestras poblaciones en Ecuador.
Sentencia… pic.twitter.com/duUjD9AO3h
— DIANE RODRIGUEZ (@DianeRodriguezZ) July 8, 2024
Diane Rodríguez, presidenta de la organización, destacó en sus redes sociales el fallo de la Corte y habló incluso de un proyecto conjunto entre Silueta X y la Defensoría del Pueblo, pero la sentencia solamente otorgó esta atribución a este último organismo en coordinación con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional.
Sumilla: 47 inscripciones de progenitoras
Tras la sentencia del caso Satya, el Registro Civil ha realizado 47 inscripciones de nacimiento solicitadas por progenitoras del mismo sexo.
Estas inscripciones se registraron desde julio de 2018 hasta junio de 2024, según información proporcionada por la institución a este medio de comunicación.
Edición Cientonce también consultó por la inscripción de hijxs de parejas conformadas por hombres, pero el Registro Civil señaló que, conforme a la sentencia del caso Satya, realiza la inscripción de nacimiento en caso de progenitoras del mismo sexo por reproducción asistida.
“En cuanto a la inscripción de nacimiento de dos progenitores, la normativa vigente no habilita este tipo de casos”, indica la institución en la información enviada.
Sin embargo, la sentencia del caso Satya señaló también que el Registro Civil no podía alegar en las inscripciones de nacimiento la falta de ley para reconocer la doble filiación paterna o materna, y los diversos tipos de familia.
Pese a esta regla jurisprudencial que emitió la Corte en la sentencia, ha habido casos como el de Denise y María, quienes por dos años no pudieron registrar a su hija Raphaella con doble filiación materna. Ellas la concibieron por inseminación casera y tuvieron que recurrir a la justicia para lograr la inscripción.