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Víctor Abel y su encuentro con la sagrada diversidad
Hombre guatemalteco gay estudió para ser sacerdote
Era junio de 2017 y la marcha por el Orgullo atravesaba el Centro Histórico de Guatemala. Víctor estaba sentado en el asiento del acompañante esperando a cruzar la Sexta Avenida, cuando el conductor exclamó: “Ahí va la marcha de los huequitos”.
Hacía afuera, Víctor no tenía por qué sentirse aludido porque frente al mundo era un hombre heterosexual más. Pero sí le afectó. Escuchar el comentario despectivo le hizo cuestionar el silencio que lo había acompañado toda la vida. Tanto, que al día siguiente decidió enfrentar a sus padres y compartirles que era homosexual.
“Sentí que me quité una carga de encima, por fin sentí que no tenía que fingir ser heterosexual”, recuerda sonriendo.
Víctor es de estatura media. Pareciera ser tímido pero su sonrisa delata una persona abierta. En 2019 fue la primera vez que participó en la marcha por el Orgullo, no como alguien externo que guardaba silencio, sino como alguien que también celebraba su identidad.
Esa fue la primera vez que posó frente a la cámara con el cartel que decía: “Sagrada Diversidad”. Aquel día el cielo le dio un arcoiris como fondo.
Un camino difícil
Hay dos momentos fuertes que son un parte aguas en la vida de Victor Abel Rojas. El primero fue el asesinato de su abuela cuando él tenía 14 años. Los detalles de su muerte son muy crudos y lo dejaron pensando en qué podía hacer de su vida para cambiar a una sociedad tan violenta como la guatemalteca.
Creció en una familia muy católica y por eso no dudó en tomar el camino del sacerdocio. Pensó que esto no solo lo ayudaría a procesar el dolor por la muerte de su abuela, sino también a evitar la atracción que sentía hacia los hombres. A los 19 años se integró a la Orden de Predicadores, más conocida como los dominicos.
Vivió su adolescencia convencido de que era un pecado que le gustaran las personas de su mismo sexo. Forzosamente se unía a las conversaciones de sus amigos cuando hablaban de mujeres y luchaba para inhibir y disimular su orientación sexual. Quería evitar que los demás se dieran cuenta y que lo juzgaran como un pecador.
Con los domínicos, viajó a Costa Rica, Perú y El Salvador donde empezó a estudiar filosofía y teología. Aquí se topó con el segundo momento que le marcó la vida. Un sacerdote se aprovechó de la confianza de Víctor y la relación desigual de poder, para acosar al seminarista.
“Me di cuenta que sí era homosexual, que sí era gay, pero lamentablemente lo descubrí bajo el acompañamiento de un sacerdote que se aprovechó de esa intimidad”.
Estaba cerca de terminar sus estudios para ser sacerdote cuando se enteró que un seminarista en El Salvador puso una denuncia por acoso en contra del hombre que también se aprovechó de él.
Este padre, cuyo nombre prefiere no decir, logró aislarlo de sus amigos y manipularlo emocional y psicológicamente.
Los directivos de la Orden de Predicadores lo llamaron para declarar. Su testimonio sirvió para que el sacerdote fuera expulsado de la Iglesia, aunque años después fue contratado como maestro en un colegio católico de Costa Rica.
La divina revelación
Hoy Víctor tiene 31 años. Su mirada inspira la confianza que lo logra acercar a los niños y jóvenes con los que trabaja para prevenir la violencia sexual.
Lee y mucho. Entre las páginas explora temas relacionados a la teología queer y la ciencia ficción. Su autor preferido es Stephen King, y sus directoras de cine favoritas son las hermanas Wachowski, creadoras de Matrix y de la serie Sense8.
Víctor también es escritor. En 2021 publicó el libro “Relatos cortos para una Biblia diferente.”
“En este libro la diosa es la Sagrada Diversidad, es la creadora que hizo todo a su imagen y semejanza. Por eso todo es diverso, es divino y diferente”, explica.
Para Victor la espiritualidad, como la sexualidad, son ejes transversales del ser humano que llegan al corazón y a la raíz de la persona. Decidir en qué creer es un derecho humano, así como decidir quién ser.
Esto todavía no lo tenía tan claro en el 2017, meses antes de cruzarse con la marcha del Orgullo. Llegar a aquel momento de quiebre y revelación no fue fácil. Algunas veces, cuando recuerda lo que ha vivido, aún se queda en silencio.
“Fue uno de los momentos más duros de mi vida, colapsé emocionalmente y todavía hasta hoy tengo recaídas, tuve mucho miedo porque ese era mi proyecto de vida. Al mismo tiempo sentí dentro de mí una fuerza, sigo siendo una persona creyente y espiritual. Ahí fue cuando decidí retirarme de esta orden religiosa e iniciar una vida más auténtica y libre”, comenta.
Las palabras le vuelven a brotar con emoción a Víctor y aunque la construcción de la identidad es un proceso constante, en uno de sus relatos señala ese instante divino de reconocerse quién es.
“Las estrellas se fusionaron conmigo y mi cadáver empezó a bailar al ritmo del latir del cosmos. Casi estaba por resucitar cuando Sagrada Diversidad, a las que algunos llaman dios o diosa, me preguntó ‘¿quieres vivir?’ y heme aquí como mariposa con corazón multicolor, superando el peso de la gravedad”.
Volar, Víctor Abel Rojas.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
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Local LGBTQ groups, activists to commemorate Black History Month
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