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El Título 42 finaliza el jueves

Activistas critican duramente las nuevas normas de asilo de EEUU

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(Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

The New Gay Times es el socio mediático del Washington Blade en México. Esta nota salió en su sitio web el jueves.

Una norma que cerró la frontera sur a la mayoría de las personas solicitantes de asilo y migrantes debido a la pandemia de COVID-19 expirará el jueves a las 11:59 p.m. ET.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aplicaron en marzo de 2020 el Título 42.

La administración Biden-Harris anunció en abril de 2022 que pondría fin a la anterior política de la Casa Blanca, pero los fiscales generales republicanos de Texas y más de una docena de otros estados presentaron una demanda federal.

El Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó el pasado diciembre que el Título 42 debe seguir en vigor. Pocas semanas después, la administración Biden-Harris anunció que la emergencia de salud pública COVID-19 -y el Título 42- finalizarían el jueves.

“El Título 42 exacerbó situaciones ya peligrosas y a menudo mortales para las personas LGBTQI que buscan asilo”, declaró el martes al Washington Blade el director ejecutivo de San Diego Pride, Fernando Z. López. “Su tenencia causó una tensión adicional en los servicios directos, la asistencia jurídica y los recursos de organización comunitaria que se sintieron en ambos lados de nuestra región transfronteriza”.

Abdiel Echevarría-Caban, un abogado de inmigración con sede en el sur de Texas que el Colegio de Abogados LGBTQ+ en 2021 reconoció como uno de sus 40 mejores abogados LGBTQ menores de 40 años, dijo el martes que el Título 42 “necesitaba terminar hace mucho tiempo, dado que el país estaba abierto para aceptar viajeros a través de todos nuestros aeropuertos.”

“No tenía sentido seguir aplicando la política cuando ya contamos con protocolos de seguridad de salud pública”, dijo. “El uso de un mecanismo de salud pública para disuadir a los solicitantes de asilo en la frontera suroeste en buscar protección fue bárbaro, erróneo y un mal uso de la política pública”.

Echevarría-Caban detalló además el impacto que el Título 42 tuvo sobre las personas LGBTQ e intersexuales y otros solicitantes de asilo de grupos vulnerables a los que él y otros abogados representaban.

“Aquí, en la frontera suroeste, tuvimos que solicitar exenciones para personas, especialmente mujeres, niños y personas LGBTQIA, que fueron devueltas a México, y quedaron expuestas a más peligros en las calles de México, expuestas a la violencia de los cárteles, extorsiones, secuestros y violaciones”, dijo. “Aquí, en Estados Unidos, tenemos obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura. Estados Unidos fue parte activa en el desarrollo de nuestro actual sistema internacional de derechos humanos y refugiados.”

Associated Press señala que Estados Unidos empezará el jueves a denegar el asilo a personas inmigrantes que no pidan protección en un país por el que hayan viajado o lo soliciten por internet antes de llegar a la frontera sur.

El Departamento de Seguridad Nacional creó el pasado otoño un programa de libertad condicional humanitaria para venezolanos que amplió a cubanos, haitianos y nicaragüenses en enero.

Un alto funcionario de la administración dijo el martes que la administración Biden-Harris planea “ampliar los programas de reunificación familiar en libertad condicional” a los países centroamericanos que incluyen a Guatemala, El Salvador y Honduras y a Colombia.

El Secretario de Estado Antony Blinken y el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, nacido en Cuba, anunciaron el 27 de abril que Estados Unidos abrirá más de 100 “centros regionales de procesamiento” en todo el continente americano. Un alto funcionario de la administración dijo el martes que “facilitarán una amplia gama de vías legales a Estados Unidos y eventualmente a Canadá y España también.”

“Una vez más, nuestro objetivo es añadir estos centros al conjunto de vías legales que ya existen y que la administración ha puesto en marcha en los últimos dos años”, dijo el funcionario.

Otro alto funcionario de la administración dijo que EE.UU. tiene “un sólido conjunto de consecuencias para los no ciudadanos que, a pesar de tener estas opciones a su disposición, continúan cruzando ilegalmente por la frontera.”

Según informaron, Estados Unidos comenzará el jueves a devolverlos a México en virtud del Título 8 tras llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. (La fiscalía mexicana ha anunciado que presentará cargos contra el director del Instituto Nacional de Migración del país después de que un incendio en un centro de detención de inmigrantes en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza que se encuentra al otro lado del Río Grande desde El Paso, Texas, matara a 40 migrantes el 27 de marzo. Associated Press informó de que una cámara de seguridad del interior del centro grabó a dos guardias que no intentaron ayudar a los migrantes que se encontraban dentro de la celda en la que se inició el incendio. Los guardias, según Associated Press, acabaron alejándose).

“También incluye la regla de elusión de vías legales que publicaremos para inspección pública mañana (jueves) por la mañana, y esa regla impondrá condiciones significativas sobre la elegibilidad de asilo para las personas que no aprovechen estas sólidas vías legales que hemos establecido, que no programen su presentación segura y ordenada en la frontera utilizando nuestra aplicación móvil CBP One, y a quienes no soliciten asilo en uno de los países que atraviesan”, dijo el funcionario.

El funcionario señaló además que Estados Unidos comenzará a “ampliar significativamente … nuestro uso de la expulsión acelerada en la frontera.”

“Esta es nuestra consecuencia tradicional del Título 8 para las personas que se encuentran entre los puertos de entrada”, dijo el funcionario.

El presidente de la Coalición TransLatin@, Bamby Salcedo, dijo el miércoles al Blade que es “desafortunado que en lugar de avanzar, sigamos retrocediendo.”

“La eliminación del Título 42 nos impactará a todos, pero específicamente a las personas solicitantes de asilo que son LGBTQ”, dijo Salcedo. “Es incomprensible que esta administración dé este paso. Se trata de avanzar y mejorar la vida de las personas, no de quitarnos los logros que nos hemos ganado con trabajo duro, sangre y lágrimas.”

La directora jurídica de Immigration Equality, Bridget Crawford, también criticó duramente en un comunicado a la administración Biden-Harris por sus nuevas normas para los solicitantes de asilo y los inmigrantes una vez que finalice el Título 42.

“Estamos asombrados por el desprecio insensible de la administración de los peligros que la prohibición de asilo del presidente Biden impone a los refugiados LGBTQ. En la norma final -programada para entrar en vigor una vez que se levante la política del Título 42- la administración no aborda ni soluciona de manera significativa los problemas de la prohibición que identificamos en el proceso de notificación y comentarios. En su lugar, utilizando la lógica circular, la administración desestima nuestras preocupaciones y redobla la aplicación ilegal de la prohibición”, dijo Crawford.

“Esta prohibición es una parodia que hará que las personas refugiadas LGBTQ (y otras) con solicitudes de asilo sólidas y meritorias sean devueltos a países donde serán perseguidos o asesinados”, añadió Crawford. “Al aplicar esta prohibición, en lugar de soluciones humanas que gestionen la frontera de forma eficaz y compasiva, el presidente Biden ha incumplido su promesa de proteger a los solicitantes de asilo LGBTQ”.

La Organización para el Refugio, el Asilo y la Migración trabaja con Jardín de las Mariposas, un albergue para personas migrantes LGBTQ e intersexuales en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana.

El director ejecutivo de ORAM, Steve Roth, dijo el miércoles que aunque su organización “está contenta de ver el fin del Título 42, una política ilegal de la era Trump, estamos profundamente preocupados por las nuevas barreras al asilo presentadas por la administración Biden. ”

“Las restricciones de asilo del presidente Biden tendrán consecuencias especialmente dañinas y peligrosas para las personas refugiadas y solicitantes de asilo LGBTIQ vulnerables, dejándolos en lugares donde su seguridad estará en riesgo”, dijo Roth. “Las nuevas políticas fronterizas de la administración continuarán negando a muchos refugiados LGBTIQ su derecho legal a buscar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México”.

Echevarría-Caban dijo que las nuevas políticas “plantearán más obstáculos y, contrario a lo que se espera, aumentarán los retrasos en los tribunales de inmigración”.

“Nuestro gobierno debe entender que no podemos usar la ley nacional para armar los procedimientos de inmigración para evitar el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales o el debido proceso”, dijo al Blade. “El debido proceso es el núcleo de nuestro sistema legal, sin él, ¿quiénes somos como nación?”

La vicepresidenta Kamala Harris se encuentra entre los funcionarios de la administración que han reconocido públicamente que la violencia basada en la identidad de género y la orientación sexual es uno de los factores que impulsan a las personas LGBTQ e intersexuales a abandonar Guatemala y otros países centroamericanos.

Fuentes en Tijuana, Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas mexicanas han declarado esta semana al Blade que decenas de miles de migrantes han llegado a sus respectivas ciudades antes de que finalice el Título 42. No está claro cuántos de ellos se identifican como LGBTQ o intersexuales, pero la violencia en estas ciudades sigue siendo habitual. (El Departamento de Estado aconseja actualmente a los ciudadanos estadounidenses que no viajen al estado mexicano de Tamaulipas, en el que se encuentran las ciudades fronterizas de Matamoros y Reynosa, debido a “la delincuencia y los secuestros”. El Departamento de Estado también aconseja a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren viajar a los estados mexicanos de Baja California, Sonora y Chihuahua -que limitan con California, Arizona, Nuevo México y Texas, respectivamente- debido a la “delincuencia y los secuestros”).

Paloma de los Ángeles Villegas Pacheco, directora de Trans Igualdad, una organización de derechos de los transexuales en Ciudad Juárez, dijo el martes al Blade que “hay desinformación” entre las personas migrantes LGBTQ e intersexuales que se encuentran en la ciudad.

“Piensan que van a poder acceder al proceso de asilo legal”, dijo Villegas. “Será más difícil para esas personas entrar (a EE.UU.) una vez que el Título 42 termine. El impacto será peor para ellas”.

Altagracia Tamayo es presidenta del Centro Comunitario de Bienestar Social (COBINA), un grupo que trabaja con personas LGBTQ e intersexuales y otros grupos vulnerables en Mexicali, una ciudad fronteriza mexicana que limita con Calexico, California, en el Valle Imperial de California.

Tamayo afirmó que aproximadamente una cuarta parte de los 600 migrantes que viven actualmente en los dos refugios que gestiona COBINA son LGBTQ. Tamayo, al igual que Villegas, dijo al Blade que hay “incertidumbre” en torno al fin del Título 42.

“El problema es que piensan que van a abrir las fronteras… piensan que los van a recibir”, dijo Tamayo. “El Título 8 va a imponer muchísimas restricciones”.

Un incendio destruyó un refugio COBINA en julio de 2021. Tamayo dijo al Blade que su organización lucha para mantener a los migrantes que viven en los dos refugios restantes del COBINA.

“El calor se acerca”, dijo. “No tenemos suficiente comida para darles tres comidas al día. Es uno de los problemas de tanta espera, durante tantos meses. Definitivamente es muy complicado”.

“Se acerca el calor”, dijo. (Las temperaturas de verano en Mexicali frecuentemente superan los 43°C) “No tenemos suficiente comida para darles tres comidas al día. Es uno de los problemas de tanta espera, de tantos meses. Definitivamente es muy complicado”.

Mayorkas: ‘lúcido’ ante los retos posteriores al Título 42

El miércoles, durante una conferencia de prensa en Washington, Mayorkas dijo que su agencia tiene “los ojos bien abiertos ante los retos a los que probablemente nos enfrentaremos en los próximos días y semanas, que tienen el potencial de ser muy difíciles.”

“Incluso después de casi dos años de preparación, esperamos ver un gran número de encuentros en nuestra frontera sur en los días y semanas posteriores al 11 de mayo”, dijo.

Mayorkas, no obstante, subrayó que el fin del Título 42 “no significa que nuestra frontera esté abierta”. También reiteró la política de inmigración de la administración Biden-Harris.

“Volveremos a procesar a las personas en nuestra frontera sur utilizando nuestras autoridades de inmigración en virtud del Título 8 del código de Estados Unidos”, dijo Mayorkas. “Nuestro enfoque general es construir vías legales para que la gente venga a Estados Unidos e imponer consecuencias más duras a quienes decidan no utilizar esas vías”.

“Estamos adoptando este enfoque dentro de las limitaciones de un sistema de inmigración roto que el Congreso no ha arreglado durante más de dos décadas y sin los recursos que necesitamos, personal, instalaciones, transporte y otros que hemos solicitado al Congreso y que no se nos han dado”, añadió.

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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

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(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023

Asociación Silueta X presenta el informe

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(Foto de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de marzo.

POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.

El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.

Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho. 

De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.

(Fuente Informe Runa Sipiy)

David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.

“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.

Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.

Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.

El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.

“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.

El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.

Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.

Pedidos al Estado

Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.

Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.

En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios. 

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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’

Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.

En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión. 

Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.

La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.

En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.

El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.

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