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El Título 42 finaliza el jueves

Activistas critican duramente las nuevas normas de asilo de EEUU

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(Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

The New Gay Times es el socio mediático del Washington Blade en México. Esta nota salió en su sitio web el jueves.

Una norma que cerró la frontera sur a la mayoría de las personas solicitantes de asilo y migrantes debido a la pandemia de COVID-19 expirará el jueves a las 11:59 p.m. ET.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aplicaron en marzo de 2020 el Título 42.

La administración Biden-Harris anunció en abril de 2022 que pondría fin a la anterior política de la Casa Blanca, pero los fiscales generales republicanos de Texas y más de una docena de otros estados presentaron una demanda federal.

El Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó el pasado diciembre que el Título 42 debe seguir en vigor. Pocas semanas después, la administración Biden-Harris anunció que la emergencia de salud pública COVID-19 -y el Título 42- finalizarían el jueves.

“El Título 42 exacerbó situaciones ya peligrosas y a menudo mortales para las personas LGBTQI que buscan asilo”, declaró el martes al Washington Blade el director ejecutivo de San Diego Pride, Fernando Z. López. “Su tenencia causó una tensión adicional en los servicios directos, la asistencia jurídica y los recursos de organización comunitaria que se sintieron en ambos lados de nuestra región transfronteriza”.

Abdiel Echevarría-Caban, un abogado de inmigración con sede en el sur de Texas que el Colegio de Abogados LGBTQ+ en 2021 reconoció como uno de sus 40 mejores abogados LGBTQ menores de 40 años, dijo el martes que el Título 42 “necesitaba terminar hace mucho tiempo, dado que el país estaba abierto para aceptar viajeros a través de todos nuestros aeropuertos.”

“No tenía sentido seguir aplicando la política cuando ya contamos con protocolos de seguridad de salud pública”, dijo. “El uso de un mecanismo de salud pública para disuadir a los solicitantes de asilo en la frontera suroeste en buscar protección fue bárbaro, erróneo y un mal uso de la política pública”.

Echevarría-Caban detalló además el impacto que el Título 42 tuvo sobre las personas LGBTQ e intersexuales y otros solicitantes de asilo de grupos vulnerables a los que él y otros abogados representaban.

“Aquí, en la frontera suroeste, tuvimos que solicitar exenciones para personas, especialmente mujeres, niños y personas LGBTQIA, que fueron devueltas a México, y quedaron expuestas a más peligros en las calles de México, expuestas a la violencia de los cárteles, extorsiones, secuestros y violaciones”, dijo. “Aquí, en Estados Unidos, tenemos obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura. Estados Unidos fue parte activa en el desarrollo de nuestro actual sistema internacional de derechos humanos y refugiados.”

Associated Press señala que Estados Unidos empezará el jueves a denegar el asilo a personas inmigrantes que no pidan protección en un país por el que hayan viajado o lo soliciten por internet antes de llegar a la frontera sur.

El Departamento de Seguridad Nacional creó el pasado otoño un programa de libertad condicional humanitaria para venezolanos que amplió a cubanos, haitianos y nicaragüenses en enero.

Un alto funcionario de la administración dijo el martes que la administración Biden-Harris planea “ampliar los programas de reunificación familiar en libertad condicional” a los países centroamericanos que incluyen a Guatemala, El Salvador y Honduras y a Colombia.

El Secretario de Estado Antony Blinken y el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, nacido en Cuba, anunciaron el 27 de abril que Estados Unidos abrirá más de 100 “centros regionales de procesamiento” en todo el continente americano. Un alto funcionario de la administración dijo el martes que “facilitarán una amplia gama de vías legales a Estados Unidos y eventualmente a Canadá y España también.”

“Una vez más, nuestro objetivo es añadir estos centros al conjunto de vías legales que ya existen y que la administración ha puesto en marcha en los últimos dos años”, dijo el funcionario.

Otro alto funcionario de la administración dijo que EE.UU. tiene “un sólido conjunto de consecuencias para los no ciudadanos que, a pesar de tener estas opciones a su disposición, continúan cruzando ilegalmente por la frontera.”

Según informaron, Estados Unidos comenzará el jueves a devolverlos a México en virtud del Título 8 tras llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. (La fiscalía mexicana ha anunciado que presentará cargos contra el director del Instituto Nacional de Migración del país después de que un incendio en un centro de detención de inmigrantes en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza que se encuentra al otro lado del Río Grande desde El Paso, Texas, matara a 40 migrantes el 27 de marzo. Associated Press informó de que una cámara de seguridad del interior del centro grabó a dos guardias que no intentaron ayudar a los migrantes que se encontraban dentro de la celda en la que se inició el incendio. Los guardias, según Associated Press, acabaron alejándose).

“También incluye la regla de elusión de vías legales que publicaremos para inspección pública mañana (jueves) por la mañana, y esa regla impondrá condiciones significativas sobre la elegibilidad de asilo para las personas que no aprovechen estas sólidas vías legales que hemos establecido, que no programen su presentación segura y ordenada en la frontera utilizando nuestra aplicación móvil CBP One, y a quienes no soliciten asilo en uno de los países que atraviesan”, dijo el funcionario.

El funcionario señaló además que Estados Unidos comenzará a “ampliar significativamente … nuestro uso de la expulsión acelerada en la frontera.”

“Esta es nuestra consecuencia tradicional del Título 8 para las personas que se encuentran entre los puertos de entrada”, dijo el funcionario.

El presidente de la Coalición TransLatin@, Bamby Salcedo, dijo el miércoles al Blade que es “desafortunado que en lugar de avanzar, sigamos retrocediendo.”

“La eliminación del Título 42 nos impactará a todos, pero específicamente a las personas solicitantes de asilo que son LGBTQ”, dijo Salcedo. “Es incomprensible que esta administración dé este paso. Se trata de avanzar y mejorar la vida de las personas, no de quitarnos los logros que nos hemos ganado con trabajo duro, sangre y lágrimas.”

La directora jurídica de Immigration Equality, Bridget Crawford, también criticó duramente en un comunicado a la administración Biden-Harris por sus nuevas normas para los solicitantes de asilo y los inmigrantes una vez que finalice el Título 42.

“Estamos asombrados por el desprecio insensible de la administración de los peligros que la prohibición de asilo del presidente Biden impone a los refugiados LGBTQ. En la norma final -programada para entrar en vigor una vez que se levante la política del Título 42- la administración no aborda ni soluciona de manera significativa los problemas de la prohibición que identificamos en el proceso de notificación y comentarios. En su lugar, utilizando la lógica circular, la administración desestima nuestras preocupaciones y redobla la aplicación ilegal de la prohibición”, dijo Crawford.

“Esta prohibición es una parodia que hará que las personas refugiadas LGBTQ (y otras) con solicitudes de asilo sólidas y meritorias sean devueltos a países donde serán perseguidos o asesinados”, añadió Crawford. “Al aplicar esta prohibición, en lugar de soluciones humanas que gestionen la frontera de forma eficaz y compasiva, el presidente Biden ha incumplido su promesa de proteger a los solicitantes de asilo LGBTQ”.

La Organización para el Refugio, el Asilo y la Migración trabaja con Jardín de las Mariposas, un albergue para personas migrantes LGBTQ e intersexuales en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana.

El director ejecutivo de ORAM, Steve Roth, dijo el miércoles que aunque su organización “está contenta de ver el fin del Título 42, una política ilegal de la era Trump, estamos profundamente preocupados por las nuevas barreras al asilo presentadas por la administración Biden. ”

“Las restricciones de asilo del presidente Biden tendrán consecuencias especialmente dañinas y peligrosas para las personas refugiadas y solicitantes de asilo LGBTIQ vulnerables, dejándolos en lugares donde su seguridad estará en riesgo”, dijo Roth. “Las nuevas políticas fronterizas de la administración continuarán negando a muchos refugiados LGBTIQ su derecho legal a buscar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México”.

Echevarría-Caban dijo que las nuevas políticas “plantearán más obstáculos y, contrario a lo que se espera, aumentarán los retrasos en los tribunales de inmigración”.

“Nuestro gobierno debe entender que no podemos usar la ley nacional para armar los procedimientos de inmigración para evitar el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales o el debido proceso”, dijo al Blade. “El debido proceso es el núcleo de nuestro sistema legal, sin él, ¿quiénes somos como nación?”

La vicepresidenta Kamala Harris se encuentra entre los funcionarios de la administración que han reconocido públicamente que la violencia basada en la identidad de género y la orientación sexual es uno de los factores que impulsan a las personas LGBTQ e intersexuales a abandonar Guatemala y otros países centroamericanos.

Fuentes en Tijuana, Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas mexicanas han declarado esta semana al Blade que decenas de miles de migrantes han llegado a sus respectivas ciudades antes de que finalice el Título 42. No está claro cuántos de ellos se identifican como LGBTQ o intersexuales, pero la violencia en estas ciudades sigue siendo habitual. (El Departamento de Estado aconseja actualmente a los ciudadanos estadounidenses que no viajen al estado mexicano de Tamaulipas, en el que se encuentran las ciudades fronterizas de Matamoros y Reynosa, debido a “la delincuencia y los secuestros”. El Departamento de Estado también aconseja a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren viajar a los estados mexicanos de Baja California, Sonora y Chihuahua -que limitan con California, Arizona, Nuevo México y Texas, respectivamente- debido a la “delincuencia y los secuestros”).

Paloma de los Ángeles Villegas Pacheco, directora de Trans Igualdad, una organización de derechos de los transexuales en Ciudad Juárez, dijo el martes al Blade que “hay desinformación” entre las personas migrantes LGBTQ e intersexuales que se encuentran en la ciudad.

“Piensan que van a poder acceder al proceso de asilo legal”, dijo Villegas. “Será más difícil para esas personas entrar (a EE.UU.) una vez que el Título 42 termine. El impacto será peor para ellas”.

Altagracia Tamayo es presidenta del Centro Comunitario de Bienestar Social (COBINA), un grupo que trabaja con personas LGBTQ e intersexuales y otros grupos vulnerables en Mexicali, una ciudad fronteriza mexicana que limita con Calexico, California, en el Valle Imperial de California.

Tamayo afirmó que aproximadamente una cuarta parte de los 600 migrantes que viven actualmente en los dos refugios que gestiona COBINA son LGBTQ. Tamayo, al igual que Villegas, dijo al Blade que hay “incertidumbre” en torno al fin del Título 42.

“El problema es que piensan que van a abrir las fronteras… piensan que los van a recibir”, dijo Tamayo. “El Título 8 va a imponer muchísimas restricciones”.

Un incendio destruyó un refugio COBINA en julio de 2021. Tamayo dijo al Blade que su organización lucha para mantener a los migrantes que viven en los dos refugios restantes del COBINA.

“El calor se acerca”, dijo. “No tenemos suficiente comida para darles tres comidas al día. Es uno de los problemas de tanta espera, durante tantos meses. Definitivamente es muy complicado”.

“Se acerca el calor”, dijo. (Las temperaturas de verano en Mexicali frecuentemente superan los 43°C) “No tenemos suficiente comida para darles tres comidas al día. Es uno de los problemas de tanta espera, de tantos meses. Definitivamente es muy complicado”.

Mayorkas: ‘lúcido’ ante los retos posteriores al Título 42

El miércoles, durante una conferencia de prensa en Washington, Mayorkas dijo que su agencia tiene “los ojos bien abiertos ante los retos a los que probablemente nos enfrentaremos en los próximos días y semanas, que tienen el potencial de ser muy difíciles.”

“Incluso después de casi dos años de preparación, esperamos ver un gran número de encuentros en nuestra frontera sur en los días y semanas posteriores al 11 de mayo”, dijo.

Mayorkas, no obstante, subrayó que el fin del Título 42 “no significa que nuestra frontera esté abierta”. También reiteró la política de inmigración de la administración Biden-Harris.

“Volveremos a procesar a las personas en nuestra frontera sur utilizando nuestras autoridades de inmigración en virtud del Título 8 del código de Estados Unidos”, dijo Mayorkas. “Nuestro enfoque general es construir vías legales para que la gente venga a Estados Unidos e imponer consecuencias más duras a quienes decidan no utilizar esas vías”.

“Estamos adoptando este enfoque dentro de las limitaciones de un sistema de inmigración roto que el Congreso no ha arreglado durante más de dos décadas y sin los recursos que necesitamos, personal, instalaciones, transporte y otros que hemos solicitado al Congreso y que no se nos han dado”, añadió.

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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

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(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

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