SAN SALVADOR, El Salvador — Es importante recordar que el 25 de febrero de 2016, Karla Avelar interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 y 23.2 de la Ley del Nombre y de la Persona Natural. Karla alegó que ambas disposiciones resultaban contrarias a los artículos 2, 3 y 36.3 de la Constitución salvadoreña en la medida que no permiten a las personas trans adecuar su nombre con su identidad de género.

Luego de casi seis años, Avelar fue notificada con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema el 22 de febrero de 2022. Como consecuencia, la Sala ordenó a la Asamblea Legislativa que en el plazo máximo de un año realizará las reformas legislativas necesarias “para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género”. 

No obstante, la sentencia no precisó qué sucedería en caso la Asamblea Legislativa no cumpliera con el mandato en el plazo previsto. El plazo se cumplió en febrero de este año sin que la Asamblea Legislativa tratará ni aprobará un proyecto de ley de identidad de género. 

Por esto el pasado 17 de mayo, diferentes organizaciones lideradas por la población trans salvadoreña, levantaron diferentes posicionamientos y llevaron a cabo conferencias de prensa, para externar su desconformidad por la nula acción de parte del aparataje nacional, en temas de legislación a favor de esta población históricamente excluida. 

“Este incumplimiento de la sentencia constituye una clara vulneración a nuestros derechos humanos”, expresó en conferencia de prensa, Valeria Mejía de Asociación Aspidh Arcoiris Trans. “El hecho de continuar negándonos el derecho al cambio de nombre de acuerdo a nuestra identidad tiene repercusión negativa para el goce del derecho a un trabajo digno, educación, salud, vivienda, entre otros”. 

De acuerdo con las palabras de las activistas, el Estado salvadoreño les considera ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, por lo que exigen que a la brevedad posible, la Asamblea Legislativa no solo cumpla con el fallo de la Sala de lo Constitucional, en el que deberían realizar una reforma a la actual ley del nombre ya existente, sino que también les llaman a legislar ante la imperante necesidad de una normativa que garantice el derecho a la identidad de género en El Salvador. 

“También solicitamos a la Asamblea Legislativa que realice un debate y diálogo abierto, con las organizaciones que representas a las personas trans en El Salvador, así poder exponer los problemas de discriminación, violencia y exclusión que se vive”, comenta Stacey Aragón de Asociación Aspidh Arcoiris Trans.

Caso Karla Avelar

El director ejecutivo de FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho), Henri Fino, expresó en otra conferencia de prensa que hicieron coincidir el día contra toda discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género, con la divulgación de una acción ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, refiriéndose al caso de Avelar, “este caso debe ser muy importante para toda la sociedad salvadoreña, pero también para todas las instituciones del Estado, que deben cumplir sus obligaciones y sobre todo las que le demanden por sentencia”, indicó. 

Estás acciones están siendo tomadas por la Asociación COMCAVIS TRANS, Asociación Colectivo Alejandría, FESPAD y Sinergia.

Debido a que el Estado salvadoreño tiene responsabilidad internacional en este caso, desde tres ejes centrales: el no reconocimiento del nombre de Avelar de acuerdo con su identidad de género, la ausencia de investigación, juzgamiento y sanción con debida diligencia de los hechos de violencia por prejuicio transfóbico cometidos contra Avelar y su madre Claudia, además de la huida y el consecuente desplazamiento forzado de ambas a un país europeo para proteger su vida e integridad personal en El Salvador.

“Mi caso pone en relieve la lucha constante por la protección y el reconocimiento de los derechos de la población LGBT en El Salvador, que sin duda será un referente para futuros casos”, expresó a través de video llamada Avelar. 

Las organizaciones antes mencionadas, denuncian hasta el momento Avelar sigue sin poder modificar su nombre en sus documentos de identidad, pese a haber sido favorecida por una sentencia de la Corte Suprema de El Salvador.

Bajo este eje se plantea además que los procesos judiciales existentes en el Estado salvadoreño impiden que las personas trans puedan acceder al reconocimiento de su identidad de género de conformidad con los estándares interamericanos, especialmente los previstos en la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

“No vemos interés de la Asamblea Legislativa en querer legislar en favor de las personas trans en el país, por esto las personas trans siguen migrando, el caso de Karla es emblemático porque su vida estaba en peligro, pero así hay casos de otras compañeras”, expresa Karla Guevara, directora de Colectivo Alejandría. 

“El Salvador es firmante y ratificante de la Convención Interamericana, tiene la obligación de reconocer la identidad de las personas trans, sin embargo se han negado, todo por el oficialismo impuesto por el presidente Nayib Bukele”, afirma Bianka Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS de El Salvador. 

Las activistas expresaron que han buscado acercamiento con diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, pero no estos no han mostrado interés en reunirse con ellas, para explicarse la importancia del reconocimiento de la identidad de las poblaciones trans en el país. 

“Hay casos en los que la Alcaldía de San Salvador, se niegue a marginar partidas de nacimiento en el reconocimiento del nombre de personas trans, a pesar de ya existir sentencia de jueces y juezas de familia en El Salvador”, agrega Rodríguez. 

Explicaron además que, aunque el presentar el caso de Avelar se centra en el respeto a la identidad de género, también se trata sobre la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Y el presentar este caso a instancias internacionales, responde al hecho de que la institucionalidad de El Salvador se ha negado a reconocer estos derechos. 

 “Es importante mencionar que el país comience un proceso de sensibilización sobre estas realidades, porque se puede tener ley, pero se seguirá teniendo la misma problemática”, expresó Fino.

Contra la LGBTQfobia

El 20 de mayo se llevó a cabo la marcha contra la LGBTQfobia en El Salvador, partiendo del Parque Cuscatlán, hasta la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador. Las organizaciones y activistas asistentes caminaron sobre la Alameda Roosevelt de la capital, entre música y consignas, exigiendo al Estado salvadoreño una Ley de Identidad para el respeto de los derechos de las personas trans. 

En el posicionamiento compartido, las organizaciones que pertenecen a la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, mencionaban que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias ocasiones ha hecho un llamado a los Estados de la región a garantizar el derecho a la identidad y expresión de género de las personas trans, mediante la implementación de mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten registrar o cambiar componentes esenciales de su identidad en los registros públicos y en sus documentos de identificación.

También realizaron un llamado a los diputados del grupo parlamentario de Nuevas Ideas que respondan a sus solicitudes de reunión, con el fin de exponerles la necesidad de una Ley de Identidad de Género para personas trans, así como también su respectivo estudio y aprobación. 

A la Corte Suprema de Justicia, en específico a la Sala de lo Constitucional le solicitaron resolver sobre los casos de amparo presentados por el cambio de nombre y genero de algunas personas trans, en la cual la Alcaldía de San Salvador se ha encargado de entrampar los procesos; al no querer marginar las partidas de nacimiento; dichos casos que como organizaciones de sociedad civil ganaron en los juzgados de familia.

Y su última petición fue a la Alcaldía de San Salvador, para que deje de entrampar los juicios ganados en los juzgados de familia y que cumpla las resoluciones judiciales, ya que no es competencia de esta cuestionar las resoluciones judiciales sino solo cumplirlas.

Esta conmemoración no solo sirvió para recordar la existencia de poblaciones diversas en el territorio salvadoreño, sino para exigir a las instituciones el velar por el respeto de las misma y el reconocimiento de sus derechos.