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Piden justicia para magistrade Jesús Ocien Baena
Miles de personas se manifestaron en la Ciudad de México el lunes
Activistas y organizaciones por los derechos LGBTQI+ han pedido una investigación diferenciada y especializada en el caso de asesinato de Jesús Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes.
En la mañana de hoy 13 de noviembre, medios locales reportaban con información de la Fiscalía del Estado la noticia de que le magistrade Jesús Ociel Baena se encontró sin vida en su domicilio junto conotra persona. Horas más tarde, se confirmó que quien le acompañaba era su pareja sentimental, al mismo tiempo que periodistas y medios compartían en redes sociales imágenes sangrientas de la escena del crimen filtradas por un periodista de Aguascalientes. El asesinato se calificaría como un “crimen pasional” a consecuencia de esas imágenes, en una cascada de comentarios denigrantes relacionados con su sexualidad, orientación e identidad por cuentas de periodistas, comunicadores, medios de comunicación, trolls y usuarios de las redes sociales.
En medio de memes y capturas de pantallas sobre la cobertura sesgada de los hechos y de noticias de crímenes pasados, horas más tarde, medios nacionales publicarían los avances de la fiscalía en la investigación con información de su conferencia de prensa y entrevistas que se han dado a medios, con detalles precisos sobre las líneas de investigación, contextos de la escena de crimen, el contenido de las cámaras de seguridad y hasta posibles motivos “emocionales”.
A Baena le asesinaron en su propia casa como fue Mireya Rodríguez Lemus activista trans en Chihuahua en 2020, y como a casi 4 de cada 10 personas LGBTQI+ según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBTQI+, en su informe de 2020. Su asesinato se suma a más de 453 muertes violentas de personas LGBTQI+ en los últimos cinco años (Letra S, 2022), razón por la que en redes sociales se convocó a las 7 pm en Estela de Luz, en Ciudad de México a un acto de memoria de le magistrade y la exigencia de una investigación clara. La impunidad de las muertes violentas de personas LGBTQI+ envía un fuerte mensaje a la sociedad de que la violencia es condonada y tolerada, lo que genera aún más violencia.
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes a través de un comunicado exigió a las autoridades del Estado el acceso a la verdad y la justicia y una investigación conforme a protocolos vigentes que incorporen la perspectiva de orientación sexual y de identidad de género.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un llamado a una investigación meticulosa y a analizar la violencia por prejuicio que sistemáticamente sufren las personas LGBTQI+.
Le magistrade Jesús Ociel Baena era una de las figuras LGBTQI+ más visibles en el país y quien recibía amenazas de muertes y mensajes de odio diariamente. El pasado 15 de junio, Ulises Salvador Nava Juárez, activista LGBTQI+ y funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero fue asesinado a plena luz del día en las afueras del Museo Descubre en la ciudad de Aguascalientes al salir de un congreso donde se reunieron activistas LGBTQI+ de todo el país, incluyendo a Baena.
“Posiblemente iban por alguien más, de todas las personas que estábamos ahí pudimos haber sido esa víctima, pudo haber sido Salma (Luévano), pudo haber sido alguna otra persona de otro estado, de Baja California, pude haber sido yo, eso es muy lamentable (…) exigimos justicia ayer nos reunimos con el fiscal, estamos esperando que den con los responsables, pero no vamos a dejar de callar hasta que la vida de Ulises que no haya sido en vano su muerte y que se haga justicia por el trágico acontecimiento en la tierra de la gente buena”. – Comentó para un medio local, el Metropolitano.
Un crimen de odio es un crimen social
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTQI+ define los crímenes de odio como comportamientos culturalmente fundados y, sistemática y socialmente extendidos, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales, ya sea de manera intencional o no. Baena tenía inscripción en el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con adscripción a la Secretaría de Gobernación, así como a la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, por lo que activistas y defensorxs de derechos LGBTQI+ han pedido que se investigue como crimen de odio.
Una de las más grandes problemática para poder prevenir los crímenes de odio son la impunidad, la cual se erige como obstáculo para el acceso a la justicia, el entorpecimiento en las investigaciones por prejuicios, y el no contar con datos armonizados y comparables para poder medir, analizar y prevenir la violencia (como lo hay en otros países de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas).
En 2022 Letra S analizó 354 incidentes violentos o agresiones contra personas LGBTQI+ reportadas en la plataforma Visibles de Amicus, el 40.6 por ciento correspondían a agresiones verbales; 20.3 por ciento a agresiones físicas; 19.8 por ciento a agresiones psicológicas; 6.5 por ciento a agresiones sexuales; y por último, 2.8 por ciento a detenciones injustificadas.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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Republican state AGs challenge Biden administration’s revised Title IX policies
University students have a right to protest
Former CAMP Rehoboth official sentenced to nine months in prison
Christian Siriano to serve as grand marshal of Annapolis Pride Parade
Md. governor signs Freedom to Read Act
HHS reverses Trump-era anti-LGBTQ rule
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