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Corte Constitucional de Ecuador reconoce derechos de niñez trans en sistema educativo

Se resolvió el caso el 8 de enero

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(Imagen cortesía de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 21 de enero.

La Corte Constitucional, en una reciente sentencia, resuelve que una unidad educativa particular de la provincia de Santa Elena vulneró los derechos de una niña trans por negarse a acompañar su proceso de transición y, para evitar más casos como estos, ordena al Ministerio de Educación diseñar un protocolo que reconozca la identidad de género de estudiantes en el sistema educativo.

El fallo, notificado el 8 de enero, recoge hechos narrados por la madre y padre de C.L.A.G. (siglas usadas para proteger la identidad de la niña): la escuela se negó a llamarla por el nombre con el que se identificaba, la obligó a usar uniforme masculino (pese a que ella quería usar el femenino), le impidió usar el baño de niñas y no acató recomendaciones del Distrito de Educación relacionadas a respetar su identidad de género.

Estos hechos ocurrieron cuando C.L.A.G tenía cinco años de edad y motivaron a que su madre y padre inicien en 2017 un proceso legal que llegó hasta la máxima instancia de justicia e interpretación constitucional.

La niña es de nacionalidad española y hace ocho años estudiaba en Ecuador, pero la familia dejó el país —según señala— por el “futuro incierto” que en ese momento tenía C.L.A.G en cuanto a su proceso de transición dentro del sistema educativo en Ecuador.

La Corte señala que la unidad educativa (de la que también guarda reserva) vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, al interés superior de la niña y el derecho a ser escuchada.

En el desarrollo de la sentencia, la Corte señala que “las autoridades escolares tenían la obligación constitucional de garantizar que la niña pudiera expresar de modo integral y seguro su identidad de género”.

La escuela, según los hechos narrados en el fallo, adoptó medidas como permitirle a C.L.A.G usar accesorios como vinchas o que se disfrace de conejita en un festival, y brindarle acceso al baño de profesores, en lugar del baño de niñas.

Pero la Corte considera que estas acciones no garantizaron que C.L.A.G pueda expresar su identidad de género.

La escuela también se negó a brindar charlas de sensibilización a la comunidad educativa por resistencia de los padres de familia de otros estudiantes que no deseaban que se aborde temas de diversidades sexogenéricas con infantes de preescolar.

Sin embargo, el organismo aclara que la unidad educativa pudo haber tenido diálogos con los representantes legales de los estudiantes y concientizar sobre la importancia de no violentar a niñxs trans.

Pedidos a escuela y ministerio

En la sentencia, la Corte Constitucional ordena a la unidad educativa a pedir disculpas mediante una carta a C.L.A.G, y a su madre y su padre. La familia radica hoy en España.

Además, dispone al Ministerio de Educación que, en aproximadamente seis meses, diseñe un protocolo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes trans. La Corte precisa que este documento debe ser obligatorio.

Actualmente, está vigente una guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional.

En esta guía hay recomendaciones como llamar a estudiantes trans por su nombre social y que se les permita usar el uniforme de acuerdo a su identidad de género. Sin embargo, el documento, elaborado por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, no es obligatorio para las instituciones educativas.

La Corte también decide en la sentencia que la Dirección Distrital de Educación vulneró el derecho a la educación de C.L.A.G. Aunque esta institución emitió informes en que señala que la institución educativa estaba vulnerando los derechos de la niña, la Corte considera que las acciones no se adoptaron de manera inmediata para corregir las vulneraciones denunciadas.

El organismo también adjunta en la sentencia una carta dirigida a C.L.A.G., un gesto que va más allá de lo jurídico. En esa carta, la Corte señala a la niña que “la escuela debía haberte cuidado y apoyado para que te sintieras segura y feliz”, y lo que sucedió en la unidad educativa “no fue justo para ti”.

Más allá de un documento

La Corte Constitucional aborda por primera vez, de manera explícita, el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes.

En el desarrollo de la sentencia detalla algunos puntos. Uno de ellos, que “el género es un atributo inherente a la dignidad humana que va más allá del registro formal de datos en el Registro Civil”.

La Corte expone este punto porque el principal argumento de la unidad educativa para negarse a llamar a C.L.A.G. por el nombre que eligió y respetar su identidad autopercibida fue que la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles permite exclusivamente a personas mayores de 18 años el cambio de sus datos en la cédula de identidad para que estén conformes a su identidad de género.

Esta restricción en la ley ha generado otros procesos, como el de Amada, una niña trans que radicaba en Quito y que con el apoyo de su familia logró cambiar los datos en su cédula de identidad tras una sentencia judicial.

Este fallo, sin embargo, fue apelado por el Registro Civil y logró revertirlo. El caso de Amada se encuentra actualmente en la Corte Constitucional en la selección de sentencia para la creación de jurisprudencia vinculante. Es decir, el organismo analiza el caso y dictará, si así lo decide, procedimientos para que el Estado reconozca legalmente la identidad de niñxs trans.

Además de Amada, está el caso de Ela, una niña trans con doble nacional (estadounidense y ecuatoriana) que pidió a su madre y su padre cambiar los datos de acuerdo a su identidad de género en su pasaporte ecuatoriano. La familia logró el cambio tras un proceso administrativo (no fue necesario iniciar acciones legales).

Aunque en esta sentencia la Corte no toma una decisión sobre el registro de datos civiles para niñxs y adolescentes trans, el organismo expone que la identidad de género constituye un elemento integrante de la identidad de las personas y recuerda que el artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes.

Además, desarrolla el derecho de ser consultados en los asuntos que les afectan, independiente de su edad. La unidad educativa argumentó que la niña no podía decidir sobre su identidad de género por razón de su edad.

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El Salvador

#JusticiaParaKarla: una lucha por el derecho a la identidad en El Salvador

Karla Guevara inició su camino legal y personal en 2020

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Karla Guevara (Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Cinco años han pasado desde que Karla Guevara inició un camino legal y personal para lograr que su nombre y género sean reconocidos en su Documento Único de Identidad (DUI). Cinco años de sentencias, apelaciones, puertas cerradas y vulneraciones que hoy se resumen en una sola palabra: resistencia.

En medio de un país que aún arrastra estructuras jurídicas y sociales poco sensibles a las realidades trans, Guevara se ha convertido en una voz visible. No solo por la denuncia pública de su caso, sino por su capacidad de transformar el dolor en acción: ha iniciado la campaña #JusticiaParaKarla, la cual acompaña con conversatorios llamados “Si tú fueras yo” en diferentes zonas del país.

Su historia se remonta al año 2018, cuando, junto a otras tres defensoras de derechos humanos —Mónica Hernández, Bianca Rodríguez y Verónica López— interpuso una demanda para lograr el cambio de nombre legal. La acción se inspiró en la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó a los Estados miembros de la OEA a garantizar los derechos de las personas trans, incluyendo el reconocimiento de su identidad.

A diferencia de sus compañeras, cuyo proceso fue resuelto favorablemente, Guevara fue la única a quien el Estado salvadoreño le negó el derecho, incluso tras contar con una sentencia favorable. El camino ha sido empinado, desgastante y doloroso, y ha implicado múltiples etapas legales con resoluciones contradictorias.

El 8 de enero de 2020, el juzgado declaró su demanda improponible. Guevara apeló el 22 de ese mismo mes, pero la Cámara de Familia desestimó su recurso. Aun así, perseveró. En abril de 2021 presentó una segunda apelación, y en septiembre se revocó la decisión del juzgado, ordenando admitir su demanda. Una pequeña luz parecía abrirse.

En agosto de 2022, después de varios peritajes que, según Guevara, incluyeron momentos donde se sintió expuesta y violentada, recibió una sentencia favorable: se autorizaba su cambio de nombre y género en la partida de nacimiento. Sin embargo, esta victoria fue parcial y breve. Aunque se ordenó marginar su partida, no se ordenó cancelarla como en otros casos similares.

El 4 de octubre de ese mismo año, la sentencia fue enviada al Registro del Estado Familiar. Pero la respuesta institucional fue sorprendente: el 3 de noviembre, la Alcaldía de San Salvador se negó a realizar el cambio. El jefe del registro y el registrador presentaron un amparo ante la Sala de lo Constitucional, paralizando el proceso.

“No solo me lo negaron, sino que ahora me exponen a un juicio aún mayor”, expresa Guevara. La frustración y la indignación fueron creciendo. En febrero de 2023, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, aunque lo hizo con poca esperanza. “Temía que no harían nada”, dijo. Y el 16 de abril de 2024, sus temores se confirmaron: la Fiscalía archivó el caso alegando que “no existe delito que perseguir”.

El 19 de noviembre de ese mismo año, Guevara decidió acudir a instancias internacionales y presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH ya notificó al Estado salvadoreño y le otorgó un plazo de cuatro meses para responder por qué no ha ejecutado el cambio ordenado por el juzgado.

“Obviamente no van a dar respuesta”, lamenta Guevara. Lo dice con la voz entrecortada, como quien ya ha llorado mucho, pero no ha perdido la voluntad de hablar. Reconoce que el proceso le ha afectado emocionalmente. “Cada vez que hablo de esto se me corta la voz”.

Las heridas no solo vienen de las oficinas estatales, sino también de las calles. Las miradas, los comentarios, el momento de presentar el DUI en cualquier trámite. “Es como si cada vez tuviera que explicar mi existencia. Es un juicio constante sobre quién soy”.

Guevara no está sola. Reconoce que hay otras personas trans en la misma situación. “Lo preocupante es que solo pasa en algunas zonas del país. En otras ha habido casos exitosos”, afirma. La disparidad en el trato revela una preocupante arbitrariedad institucional.

Uno de esos casos exitosos es el de Valeria Mejía, coordinadora de monitoreo y evaluación de ASPIDH. Su DUI ya refleja su nombre identitario, aunque no su género. 

“Cuando recibí mi DUI con el nombre que me identifico pensé: aquí empieza una nueva vida”, relata.

Para Mejía, el cambio fue profundamente simbólico. “Uno ve pasar toda su vida frente a los ojos. Toda la discriminación, todos los rechazos. Sentí que algo sanaba”. A pesar de ello, su género asignado al nacer sigue apareciendo en el documento, lo que le genera inseguridad.

“El problema es que tengo que ir a todas las instituciones donde aparezco con mi nombre anterior. En el Seguro Social, por ejemplo, aún estoy registrada con el nombre masculino y no pueden atenderme, aunque el número del DUI sea el mismo”, explica.

Casos como los de Guevara y Mejía visibilizan una problemática estructural: el Estado salvadoreño no garantiza de forma uniforme el derecho a la identidad de las personas trans. Las resoluciones favorables son solo el primer paso. Su implementación efectiva aún tropieza con prejuicios, burocracia y omisiones.

Con la campaña #JusticiaParaKarla, la activista busca más que una solución a su caso personal. Busca generar conciencia, exigir coherencia legal y empujar una transformación cultural. En la marcha del 17 de mayo contra la LGBTIfobia, su presencia se hizo notar con camisetas, banners y mensajes que interpelan directamente al sistema.

Guevara ha hecho de su cuerpo, su voz y su historia una herramienta de resistencia. En cada conversatorio de “Si tú fueras yo”, invita a imaginar, a empatizar, a incomodarse. 

“Lo que me pasa a mí le puede pasar a cualquier persona trans. Y si el Estado no nos reconoce, nos niega también la posibilidad de existir plenamente”, expresa.

Hoy, la resolución está en manos de la CIDH y el tiempo corre. La lucha de Guevara ya no es solo por una partida de nacimiento. Es por el derecho a ser, a vivir sin miedo, a que el nombre que la representa no siga siendo un motivo de juicio, burla o rechazo.

Mientras tanto, sigue esperando. Sigue alzando la voz. Sigue sembrando esperanza en quienes vienen detrás. Porque como ella misma dice: “Esto no se trata solo de mí. Se trata de justicia”.

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El Salvador

La marcha LGBTQ desafía el silencio en El Salvador

Se realizó el evento en San Salvador bajo la lluvia, pero con orgullo

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El SalvadorEl reloj marcaba el mediodía cuando los primeros colores del arcoíris comenzaron a ondear frente a la emblemática Plaza del Divino Salvador del Mundo. A pesar de la incertidumbre generada en redes sociales, donde abundaban los rumores sobre una posible cancelación de la marcha por la diversidad sexual, la ciudad capital comenzaba a llenarse de esperanza, de resistencia y de orgullo.

Este año, la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en El Salvador se desarrolló en un contexto tenso, en medio de un clima político que reprime y silencia a las voces disidentes. 

“Aunque las estadísticas digan que no existimos, viviendo en El Salvador, un país donde hoy, después de décadas de avances, defender los derechos humanos es de nuevo una causa perseguida, criminalizada y silenciada”, afirmaron representantes de la Federación Salvadoreña LGBTQ+.

A pesar de la cancelación del festival cultural que usualmente acompaña la marcha, los colectivos decidieron seguir adelante con la movilización, priorizando el sentido original de la actividad: salir a las calles para visibilizarse, exigir respeto a sus derechos y recordar a quienes ya no están.

A la 1:30 p.m., una fuerte lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. Algunas de las personas presentes corrieron a refugiarse, mientras otras, debajo de sombrillas y de los escasos árboles en la plaza, decidieron mantenerse firmes. Los comentarios pesimistas no se hicieron esperar: “a lo mejor la cancelan por el clima”, “no se ve tanta gente como otros años”. Sin embargo, lo que siguió fue una muestra de resistencia: a las 2:05 p.m. las voces comenzaron a llamar a tomar las calles.

Visibilidad como resistencia

La marcha arrancó bajo una llovizna persistente. La Avenida Roosevelt y la Alameda Juan Pablo II se tiñeron de colores con banderas arcoíris, trans, lésbicas, bisexuales y otras que representan a los diversos sectores de la población LGBTQ. Cada bandera alzada fue un acto político, cada paso una declaración de existencia.

Desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo hasta la Plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, la marcha se convirtió en un carnaval de dignidad. Carteles con frases como “El amor no se reprime”, “Mi existencia no es delito” o “Marcho por quien ya no puede hacerlo” se alzaron entre las multitudes.

La movilización fue también un espacio para recordar a quienes han perdido la vida por la discriminación y el rechazo. Familias que marcharon por hijos, hijas o amigues que se suicidaron a causa del estigma. Personas que caminaron por quienes aún viven en el miedo, por quienes no pudieron salir del clóset, por quienes se han ido del país huyendo de la violencia.

Arte, fe y rebeldía

Una de las escenas más llamativas fue protagonizada por Nelson Valle, un joven gay que marchó vestido como sacerdote. 

“Hay muchas personas que secretamente asisten a ritos religiosos como en Semana Santa, y les gusta vivir en lo oculto. Pero la fe debe ser algo libre porque Dios es amor y es para todos”, dijo.

Valle utilizó su vestimenta como una forma de protesta contra las estructuras religiosas que aún condenan la diversidad sexual. 

“Un ejemplo de persona que abrió el diálogo del respeto fue el papa Francisco, abrió la mente y muy adelantado a su tiempo, porque dejó claro que hay que escuchar a toda persona que quiere encontrar a Dios”, agregó.

La marcha también incluyó bandas musicales, grupos de cachiporristas, carrozas artísticas, colectivos provenientes de distintos puntos del país, y manifestaciones de orgullo en todas sus formas. Fue un mosaico cultural que mostró la riqueza y diversidad de la población LGBTQ en El Salvador.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Una lucha que persiste

Las organizaciones presentes coincidieron en su mensaje: la lucha por la igualdad y el reconocimiento no se detiene, a pesar de los intentos del Estado por invisibilizarlos. 

“Nuestros cuerpos se niegan a ser borrados y a morir en la invisibilidad de registros que no guardan nuestros nombres ni nuestros géneros”, declararon representantes de la Federación.

Además, agregaron: “Desde este país que nos quiere callar, levantamos nuestras voces: ¡La comunidad LGBTIQ+ no se borra! ¡El Salvador también es nuestro! Construyamos, entre todes, un país donde podamos vivir con Orgullo.”

El ambiente fue de respeto, pero también de desconfianza. La presencia de agentes policiales no pasó desapercibida. Aunque no hubo reportes oficiales de violencia, varias personas expresaron su temor por posibles represalias.

“Marchar hoy es también un acto de valentía”, comentó Alejandra, una joven lesbiana que viajó desde Santa Ana para participar. “Pero tenemos derecho a vivir, a amar, a soñar. Y si nos detenemos, les damos la razón a quienes nos quieren ver en silencio.”

Rumbo al futuro

Concluida la marcha frente a Catedral y el Palacio Nacional, muchas personas permanecieron en la plaza compartiendo abrazos, fotos y palabras de aliento. No hubo festival, no hubo escenario, pero hubo algo más valioso: una comunidad que sigue viva, que sigue resistiendo.

Los retos son muchos: falta de leyes de protección y que apoye las identidades de las personas trans, discriminación laboral, violencia por prejuicio, rechazo familiar, y una narrativa estatal que pretende que no existen. Pero la marcha del 28 de junio demostró que, aunque el camino sea cuesta arriba, la dignidad y el orgullo no se borran.

La lucha por un El Salvador más justo, más plural y más inclusivo continúa. En palabras de uno de los carteles más llamativos de ese día: “No estamos aquí para pedir permiso, estamos aquí para recordar que también somos parte de este país”.

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Colombia

Colombia avanza hacia la igualdad para personas trans

Fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara la Ley Integral Trans

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

En un hecho histórico para los derechos humanos en Colombia, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 122 de 2024, conocido como la Ley Integral Trans, que busca garantizar la igualdad efectiva de las personas con identidades de género diversas en el país. Esta iniciativa, impulsada por más de cien organizaciones sociales defensoras de los derechos LGBTQ, congresistas de la comisión por la Diversidad y personas trans, representa un paso decisivo hacia el reconocimiento pleno de derechos para esta población históricamente marginada.

La Ley Integral Trans propone un marco normativo robusto para enfrentar la discriminación y promover la inclusión. Entre sus principales ejes se destacan el acceso a servicios de salud con enfoque diferencial, el reconocimiento de la identidad de género en todos los ámbitos de la vida, la creación de programas de empleo y educación para personas trans, así como medidas para garantizar el acceso a la justicia y la protección frente a violencias basadas en prejuicios.

Detractores hablan de ‘imposición ideológica

Sin embargo, el avance del proyecto no ha estado exento de polémicas. Algunos sectores conservadores han señalado que la iniciativa representa una “imposición ideológica”. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció públicamente que se opondrá al proyecto de Ley Integral Trans cuando llegue al Senado, argumentando que “todas las personas deben ser tratadas por igual” y que esta propuesta vulneraría un principio constitucional. Estas declaraciones anticipan un debate intenso en las próximas etapas legislativas.

El proyecto también establecelineamientos claros para que las instituciones públicas respeten el nombre y el género con los que las personas trans se identifican, en concordancia con su identidad de género, y contempla procesos de formación y sensibilización en entidades estatales. Además, impulsa políticas públicas en contextos clave como el trabajo, la educación, la cultura y el deporte, promoviendo una vida libre de discriminación y con garantías plenas de participación.

¿Qué sigue para que sea ley?

La Ley aún debe superar varios debates legislativos, incluyendo la plenaria en la Cámara y luego el paso al Senado; pero la sola aprobación en Comisión Primera ya constituye un hito en la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas trans en Colombia. En un país donde esta población enfrenta altos niveles de exclusión, violencia y barreras estructurales, este avance legislativo renueva la esperanza de una transformación real.

Desde www.orgullolgbt.co, celebramos este logro, invitamos a unirnos en esta causa impulsándola en los círculos a los que tengamos acceso y reiteramos nuestro compromiso con la visibilidad, los derechos y la vida digna de las personas trans. La #LeyIntegralTrans bautizada “Ley Sara Millerey” en honor de la mujer trans recientemente asesinada en Bello, Antioquia (ver más aquí); no es solo una propuesta normativa: es un acto de justicia que busca asegurar condiciones reales para que todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y respeto por su identidad.

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