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Hotel cubano rechaza a personas trans y otro quiere apoyar a la comunidad LGBTI

Activista afiliada al Cenesex publicó la regla en Facebook

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Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 18 de septiembre.

El hotel Pernik, de la ciudad de Holguín, al oriente de Cuba, y en particular su sala de fiestas La Terraza, no admite a personas transgénero. 

Esta posición es oficial y pública. Aparece en un manual impreso y acuñado que circuló este martes en las redes sociales después que fuera compartido por la activista Chirly Morenza Vázquez, coordinadora de la red TransCuba en el oriente del país, afiliada al Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). 

“En pleno 2019 y con todos los procesos que vivimos aún alguien se empeña en aplastar los derechos ciudadanos y constitucionales de nuestro país, Cuba”, dijo la activista en Facebook al momento de publicar el documento donde la administración del hotel niega los servicios a personas trans. 

“Las compañeras y compañeros transexuales no se admiten en la Sala de fiestas en su carácter de transformen [sic]”, declara el manual de normas organizativas compartido por Morenza, que también es una de las delegadas del gobierno local de Caimanera, en la provincia de Guantánamo. 

El hotel piensa que sus clientes trans “ocultan su verdadera identidad” porque no poseen documentos legales acordes a su apariencia. 

Añade que “no hay condiciones para atenderlos adecuadamente en cuanto a los servicios de baños sanitarios”. 

Estas normas, rechazadas por numerosos usuarios de las redes sociales que compartieron la publicación de la activista, se hicieron públicas la misma semana que la empresa catalana Axel Hotels anunció que gestionará un hotel en La Habana a partir de 2020. 

Juan Juliá, fundador y presidente de la cadena, también es conocido por su defensa de la comunidad LGBTI+, cuyos miembros Axel Hotels asume también como clientes. 

“Estamos muy contentos de traer nuestro apoyo a la comunidad de LGBTQ+ en Cuba”, dijo Juliá en Facebook, al pie de una foto donde posó frente al hotel Telégrafo, un emblemático establecimiento de La Habana Vieja, concedido ahora por el gobierno cubano a Axel Hotels en un contrato firmado recientemente. 

El futuro Axel Hotel Telégrafo no es el primer proyecto de servicios hoteleros para turistas LGBTI+. Muthu Hotel & Resort anunció en 2018 su cooperación con la empresa cubana Gaviota para gestionar un hotel de esta clase al centro de la isla, en cayo Guillermo. Ya funciona con el nombre de Gran Muthu Rainbow. 

La Asociación Internacional de Viajes para Gais y Lesbianas (IGTLA, por sus siglas en inglés), que ha tenido a Juan Juliá a la cabeza de su junta directiva, reconoció en 2017 el trabajo de Mariela Castro Espín, directora del Cenesex, por su promoción de los derechos LGBTI+. 

Juliá se entrevistó entonces con la también diputada, cuyo trabajo ha contribuido al debate social sobre una comunidad particularmente violentada desde el comienzo de la Revolución Cubana. En la década de 1960, cientos de personas LGBTI+ fueron internadas en campos de trabajo forzado, un hecho que el discurso oficial ha querido silenciar pero que el propio Fidel Castro admitiría en declaraciones a la prensa.  

Castro Espín también ha recibido críticas de una parte del activismo por la agenda política de su liderazgo basado en la condición de funcionaria. Apenas cuatro meses atrás la diputada descalificó una marcha LGBTI+ independiente que fue interceptada por la policía en La Habana y terminó con varios arrestos. 

Empresas militares piden ayuda a Cenesex para conseguir ‘dinero rosa’ 

Cenesex se pronunció sobre la discriminación denunciada por Chirly Morenza y aseguró que “se encuentra dando seguimiento al tema con las autoridades competentes”. 

La declaración fue publicada por Manuel Vázquez Seijido, el subdirector de la institución, quien avisó al Hotel Pernik que está violando uno de los artículos de la Constitución aprobada en diciembre pasado por el parlamento cubano. 

El artículo citado por Seijido declara que “las personas son iguales ante la ley” y no pueden ser discriminadas por su identidad de género u orientación sexual, entre otras razones enumeradas en el texto constitucional. 

Pero esta garantía no es suficiente para proteger de la discriminación, según varios juristas cubanos que asistieron a un congreso sobre acoso laboral auspiciado por el Cenesex y otras instituciones. “El ordenamiento jurídico nacional no contempla el acoso en el trabajo ni ofrece una protección diferenciada para su prevención y enfrentamiento”, había dicho Aymee Fernández Toledo, magistrada del Tribunal Supremo Popular. 

“Eventos como este deben ser denunciados de modo oportuno”, escribió el funcionario sobre el incidente del Pernik. Sin embargo, poco después de hacer públicas las normas transfóbicas de la instalación hotelera, Chirly Morenza retiró sus posts, incluso uno donde reconocía el trabajo del Cenesex y en particular el de Seijido. 

Casualmente, una semana antes el Cenesex había publicado una nota de gratitud del Grupo de Turismo Gaviota S.A., a cuyos especialistas la institución dirigida por Castro Espín ofreció el taller “Algunas consideraciones teóricas sobre las sexualidades para el trabajo con el segmento turístico LGBTIQ+”.

La nota aparece acompañada por una carta dirigida a Mariela Castro por los más altos ejecutivos de Gaviota, donde manifiestan que la empresa apuesta por «un proyecto inclusivo» en coherencia con “la voluntad política del país”. 

Gaviota, la que apuesta por el llamado “dinero rosa”, e Islazul, la empresa que administra el Pernik con normas transfóbicas, tienen algo en común. Ambas pertenecen al conglomerado militar Gaesa. 

Consultado por Diario de Cuba, el economista cubano Omar Everleny estimó que Gaesa controla el 50 por ciento de la actividad turística de la Isla. 

Ambas empresas hoteleras, Gaviota e Islazul, se encuentran entre las entidades económicas cubanas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos con el propósito de provocar reformas políticas y debilitar la influencia que tiene La Habana sobre Venezuela. 

Según el sitio Entre Diversidades ―una plataforma sobre “sexualidades, juventudes y prevención de las ITS/VIH/Sida” cercana al Cenesex― Rafael Llera Céspedes, un organizador de fiestas en la ciudad de Santiago de Cuba, pidió explicaciones sobre los hechos al perfil institucional del hotel en Facebook y recibió la presunta respuesta de Francisco Suárez Fernández, director de la instalación.

En la captura de pantalla publicada por Entre Diversidades, el director del hotel afirma que la foto del documento colgado por Chirly Morenza Vázquez en su perfil de Facebook forma parte del manual que las personas trans no pueden acceder a la instalación. La nota también asegura que otras personas LGBTI+ han usado otros servicios de la instalación incluso en “eventos de carácter nacional”.

Por su parte, Morenza Vázquez no ofreció declaraciones para Tremenda Nota, pero dijo a la revista Q de Cuir que hace alrededor de un año se impide a las mujeres trans el acceso a la sala de fiestas. 

“Ya hace unos días vuelve a ir una trans y no la dejan entrar, ella se lo dice a su coordinadora y la misma va con el gerente y él le explica y enseña ese reglamento”, contó Morenza. 

La activista se dirigió al subdirector del Cenesex, Manuel Vázquez Seijido, quien aseguró que el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) de su institución “se encuentra dando seguimiento al tema con las autoridades competentes”. El funcionario, consultado este martes por Tremenda Nota, no respondió ninguna pregunta acerca del caso denunciado por Morenza.

El pasado 10 de septiembre, apenas una semana antes del incidente en el Pernik, el Cenesex inauguró en Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, un servicio de asesoría jurídica para atender las denuncias de la ciudadanía LGBTI+. Seijido comentó en redes sociales sobre la descentralización de este servicio, que se había ofrecido solo en la capital y ahora llegará también a otras provincias del país con apoyo de la Unión de Juristas, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el reino de los Países Bajos. 

El activista Arturo Ochoa Poveda, sin embargo, prefirió quejarse directamente ante la empresa acusada de transfobia y este miércoles publicó la respuesta en Entre Diversidades.   

Doralis Velázquez Silega, en nombre de la presidencia de Islazul, confirmó el hecho denunciado por Morenza Vázquez y aseguró que ya se indicó eliminar la prohibición de acceso a personas trans que aparece en el reglamento del hotel. 

Velázquez dijo que la polémica norma fue una “decisión unilateral del Director de la instalación” y que Islazul “reitera su respaldo permanente a la Carta Magna”, además del “apoyo y defensa total a los derechos de la comunidad LGBTI”.

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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

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(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023

Asociación Silueta X presenta el informe

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(Foto de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de marzo.

POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.

El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.

Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho. 

De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.

(Fuente Informe Runa Sipiy)

David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.

“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.

Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.

Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.

El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.

“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.

El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.

Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.

Pedidos al Estado

Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.

Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.

En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios. 

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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’

Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.

En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión. 

Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.

La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.

En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.

El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.

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