News
La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile
Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.
Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera.
“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.
La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.
Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.
Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.
“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.
“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment.
“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.
Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.
Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual.
“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.
Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”.

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.
A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.
En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país.
“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.
“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.
Federal Government
Two very different views of the State of the Union
As Trump delivered his SOTU address inside the Capitol, Democratic lawmakers gathered outside in protest, condemning the administration’s harmful policies.
As President Donald Trump delivered his State of the Union address inside the U.S. Capitol — touting his achievements and targeting political enemies — progressive members of Congress gathered just outside in protest.
Their message was blunt: For many Americans, particularly LGBTQ people, the country is not better off.
Each year, as required by Article II, Section 3 of the Constitution, the president must “give to the Congress Information of the State of the Union.” The annual address is meant to outline accomplishments and preview the year ahead. This year, Trump delivered the longest State of the Union in U.S. history, clocking in at one hour and 48 minutes. He spoke about immigration, his “law and order” domestic agenda, his “peace through strength” foreign policy doctrine, and what he framed as the left’s ‘culture wars’ — especially those involving transgender youth and Christian values.
But one year into what he has called the “Trump 2.0” era, the picture painted outside the Capitol stood in stark contrast to the one described inside.
Transgender youth
In one of the most pointed moments of his speech, Trump spotlighted Sage Blair, using her story to portray gender-affirming care as coercive and dangerous. Framing the issue as one of parental rights and government overreach, he told lawmakers and viewers:
“In the gallery tonight are Sage Blair and her mother, Michelle. In 2021, Sage was 14 when school officials in Virginia sought to socially transition her to a new gender, treating her as a boy and hiding it from her parents. Hard to believe, isn’t it? Before long, a confused Sage ran away from home.
“After she was found in a horrific situation in Maryland, a left-wing judge refused to return Sage to her parents because they did not immediately state that their daughter was their son. Sage was thrown into an all-boys state home and suffered terribly for a long time. But today, all of that is behind them because Sage is a proud and wonderful young woman with a full ride scholarship to Liberty University.
“Sage and Michelle, please stand up. And thank you for your great bravery and who can believe that we’re even speaking about things like this. Fifteen years ago, if somebody was up here and said that, they’d say, what’s wrong with him? But now we have to say it because it’s going on all over, numerous states, without even telling the parents.
“But surely, we can all agree no state can be allowed to rip children from their parents’ arms and transition them to a new gender against the parents’ will. Who would believe that we’ve been talking about that? We must ban it and we must ban it immediately. Look, nobody stands up. These people are crazy. I’m telling you, they’re crazy.”
The story, presented as encapsulation of a national crisis, became the foundation for Trump’s renewed call to ban gender-affirming care. LGBTQ advocates — and those familiar with Blair’s story — argue that the situation was far more complex than described and that using a single anecdote to justify sweeping federal restrictions places transgender people, particularly youth, at greater risk.
Equality Virginia said the president’s remarks were part of a broader effort to strip transgender Americans of access to care. In a statement to the Blade, the group said:
“Tonight, the president is choosing to double down on efforts to disrupt access to evidence-based, lifesaving care.
“Rather than allowing families and doctors to navigate deeply personal medical decisions free from federal interference — or allowing schools to respond with nuance and compassion without putting marginalized children at risk — the president is instead advocating for reckless, one-size-fits-all political control.
“At a time when Virginians are worried about rising costs, economic uncertainty, and aggressive immigration enforcement actions disrupting communities and families, attacking transgender young people is a blatant political distraction from the real challenges facing our nation. Virginia families and health care providers do not need Donald Trump telling them what care they do or do not need.”
For many in the LGBTQ community, the rhetoric inside the chamber echoed actions already taken by the administration.
Earlier this month, the Pride flag was removed from the Stonewall National Monument under a National Park Service directive that came from the top. Community members returned to the site, raised the flag again, and filed suit, arguing the removal violated federal law. To advocates, the move was symbolic — a signal that even the legacy of LGBTQ resistance was not immune.
Immigration and fear
Immigration dominated both events as well.
Inside the chamber, Trump boasted about the hundreds of thousands of immigrants detained in makeshift facilities. Outside, Democratic lawmakers described those same facilities as concentration camps and detailed what they characterized as the human toll of the administration’s enforcement policies.
Sen. Ed Markey (D-Mass.), speaking to the crowd, painted a grim picture of communities living in fear:
“People are vanishing into thin air. Quiet mornings are punctuated by jarring violence. Students are assaulted by ICE agents sitting outside the high school, hard working residents are torn from their vehicles in front of their children. Families, hopelessly search for signs of their loved ones who have stopped answering their phones, stop replying to text… This is un-American, it is illegal, it is unconstitutional, and the people are going to rise up and fight for Gladys Vega and all of those poor people who today need to know that the people’s State of the Union is the beginning of a long fight that is going to result in the end of Republican control of the House of Representatives and the Senate in the United States of America in 2026.”
Speakers emphasized that LGBTQ immigrants are often especially vulnerable — fleeing persecution abroad only to face detention and uncertainty in the United States. For them, the immigration crackdown and the attacks on transgender health care are not separate battles but intertwined fronts in a broader cultural and political war.
Queer leadership

After delivering remarks alongside Robert Garcia, Kelley Robinson, president of the Human Rights Campaign, took the stage and transformed the freezing crowd’s anger into resolve.
Garcia later told the Blade that visibility matters in moments like this — especially when LGBTQ rights are under direct attack.
“We should be crystal clear about right now what is happening in our country,” Garcia said. “We have a president who is leading the single largest government cover up in modern history, we have the single largest sex trafficking ring in modern history right now being covered up by Donald Trump and Pam Bondi In the Department of Justice. Why are we protecting powerful, wealthy men who have abused and raped women and children in this country? Why is our government protecting these men at this very moment? In my place at the Capitol is a woman named Annie farmer. Annie and her sister Maria, both endured horrific abuse by Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell. As we move forward in this investigation, always center the survivors; we are going to get justice for the survivors. And Donald Trump may call this investigation a hoax. He may try to deflect our work, but our message to him is very clear that our investigation is just getting started, and we will we will get justice for these survivors.”
He told the Blade afterwards that having queer leaders front and center is itself an act of resistance.
“I obviously was very honored to speak with Kelley,” the California representative said. Kelley is doing a great job…it’s important that there are queer voices, trans voices, gay voices, in protest, and I think she’s a great example of that. It’s important to remind the country that the rights of our community continue to be attacked, and then we’ve got to stand up. Got to stand up for this as well.”
Robinson echoed that call, urging LGBTQ Americans — especially young people — not to lose hope despite the administration’s escalating rhetoric.
“There are hundreds of thousands of people that are standing up for you every single day that will not relent and will not give an inch until every member of our community is protected, especially our kids, especially our trans and queer kids. I just hope that the power of millions of voices drowns out that one loud one, because that’s really what I want folks to see at HRC. We’ve got 3.6 million members that are mobilizing to support our community every single day, 75 million equality voters, people that decide who they’re going to vote for based on issues related to our community. Our job is to make sure that all those people stand up so that those kids can see us and hear our voices, because we’re going to be what stands in the way.”
A boycott — and a warning
The list of Democratic lawmakers who boycotted the State of the Union included Sens. Ruben Gallego, Ed Markey, Jeff Merkley, Chris Murphy, Adam Schiff, Tina Smith, and Chris Van Hollen, along with dozens of House members.
For those gathered outside — and for viewers watching the livestream hosted by MoveOn — the counter-programming was not merely symbolic. It was a warning.
While the president spoke of strength and success inside the chamber, LGBTQ Americans — particularly transgender youth — were once again cast as political targets. And outside the Capitol, lawmakers and advocates made clear that the fight over their rights is far from over.

Virginia
Va. activists preparing campaign in support of repealing marriage amendment
Referendum about ‘dignity and equal protection under the law’
Virginia voters in November will vote on whether to repeal their state’s constitutional amendment that defines marriage as between a man and a woman.
Democratic Gov. Abigail Spanberger on Feb. 6 signed House Bill 612 into law. It facilitates a referendum for voters to approve the repeal of the 2006 Marshall-Newman Amendment. Although the U.S. Supreme Court’s Obergefell ruling extended marriage rights to same-sex couples across the country in 2014, codifying marriage equality in Virginia’s constitution would protect it in the state in case the decision is overturned.
Maryland voters in 2012 approved Question 6, which upheld the state’s marriage equality law, by a 52-48 percent margin. Same-sex marriage became legal in Maryland on Jan. 1, 2013.
LGBTQ advocacy groups and organizations that oppose marriage equality mounted political campaigns ahead of the referendum.

Equality Virginia has been involved in advancing LGBTQ rights in Virginia since 1989.
Equality Virginia is working under its 501c3 designation in conjunction with Equality Virginia Advocates, which operates under a 501c4 designation, to plan campaigns in support of repealing the Marshall-Newman Amendment.
The two main campaigns on which Equality Virginia will be focused are education and voter mobilization. Reed Williams, the group’s director of digital engagement and narrative, spoke with the Washington Blade about Equality Virginia’s plans ahead of the referendum.
Williams said an organization for a “statewide public education campaign” is currently underway. Williams told the Blade its goal will be “to ensure voters understand what this amendment does and why updating Virginia’s constitution matters for families across the commonwealth.”
The organization is also working on a “robust media and voter mobilization campaign to identify and turn out voters” to repeal Marshall-Newman Amendment. Equality Virginia plans to work with the community members to guarantee voters are getting clear and accurate information regarding the meaning of this vote and its effect on the Virginia LGBTQ community.
“We believe Virginia voters are ready to bring our constitution in line with both the law and the values of fairness and freedom that define our commonwealth,” said Equality Virginia Executive Director Narissa Rahaman. “This referendum is about ensuring loving, committed couples and their families are treated with dignity and equal protection under the law.”
The Human Rights Campaign has also worked closely with Equality Virginia.
“It’s time to get rid of outdated, unconstitutional language and ensure that same sex couples are protected in Virginia,” HRC President Kelley Robinson told the Blade in a statement.
Books
New book profiles LGBTQ Ukrainians, documents war experiences
Tuesday marks four years since Russia attacked Ukraine
Journalist J. Lester Feder’s new book profiles LGBTQ Ukrainians and their experiences during Russia’s war against their country.
Feder for “The Queer Face of War: Portraits and Stories from Ukraine” interviewed and photographed LGBTQ Ukrainians in Kyiv, the country’s capital, and in other cities. They include Olena Hloba, the co-founder of Tergo, a support group for parents and friends of LGBTQ Ukrainians, who fled her home in the Kyiv suburb of Bucha shortly after Russia launched its war on Feb. 24, 2022.
Russian soldiers killed civilians as they withdrew from Bucha. Videos and photographs that emerged from the Kyiv suburb showed dead bodies with their hands tied behind their back and other signs of torture.

Olena Shevchenko, chair of Insight, a Ukrainian LGBTQ rights group, wrote the book’s forward.

The book also profiles Viktor Pylypenko, a gay man who the Ukrainian military assigned to the 72nd Mechanized Black Cossack Brigade after the war began. Feder writes Pylypenko’s unit “was deployed to some of the fiercest and most important battles of the war.”
“The brigade was pivotal to beating Russian forces back from Kyiv in their initial attempt to take the capital, helping them liberate territory near Kharkiv and defending the front lines in Donbas,” wrote Feder.
Pylypenko spent two years fighting “on Ukraine’s most dangerous battlefields, serving primarily as a medic.”
“At times he felt he was living in a horror movie, watching tank shells tear his fellow soldiers apart before his eyes,” wrote Feder. “He held many men as they took their final breaths. Of the roughly one hundred who entered the unit with him, only six remained when he was discharged in 2024. He didn’t leave by choice: he went home to take care of his father, who had suffered a stroke.”
Feder notes one of Pylypenko’s former commanders attacked him online when he came out. Pylypenko said another commander defended him.
Feder also profiled Diana and Oleksii Polukhin, two residents of Kherson, a port city in southern Ukraine that is near the mouth of the Dnieper River.
Ukrainian forces regained control of Kherson in November 2022, nine months after Russia occupied it.
Diana, a cigarette vender, and Polukhin told Feder that Russian forces demanded they disclose the names of other LGBTQ Ukrainians in Kherson. Russian forces also tortured Diana and Polukhin while in their custody.
Polukhim is the first LGBTQ victim of Russian persecution to report their case to Ukrainian prosecutors.

Feder, who is of Ukrainian descent, first visited Ukraine in 2013 when he wrote for BuzzFeed.
He was Outright International’s Senior Fellow for Emergency Research from 2021-2023. Feder last traveled to Ukraine in December 2024.
Feder spoke about his book at Politics and Prose at the Wharf in Southwest D.C. on Feb. 6. The Washington Blade spoke with Feder on Feb. 20.
Feder told the Blade he began to work on the book when he was at Outright International and working with humanitarian groups on how to better serve LGBTQ Ukrainians. Feder said military service requirements, a lack of access to hormone therapy and documents that accurately reflect a person’s gender identity and LGBTQ-friendly shelters are among the myriad challenges that LGBTQ Ukrainians have faced since the war began.
“All of these were components of a queer experience of war that was not well documented, and we had never seen in one place, especially with photos,” he told the Blade. “I felt really called to do that, not only because of what was happening in Ukraine, but also as a way to bring to the surface issues that we’d had seen in Iraq and Syria and Afghanistan.”

Feder also spoke with the Blade about the war’s geopolitical implications.
Russian President Vladimir Putin in 2013 signed a law that bans the “promotion of homosexuality” to minors.
The 2014 Winter Olympics took place in Sochi, a Russian resort city on the Black Sea. Russia annexed Crimea from Ukraine a few weeks after the games ended.
Russia’s anti-LGBTQ crackdown has continued over the last decade.
The Russian Supreme Court in 2023 ruled the “international LGBT movement” is an extremist organization and banned it. The Russian Justice Ministry last month designated ILGA World, a global LGBTQ and intersex rights group, as an “undesirable” organization.
Ukraine, meanwhile, has sought to align itself with Europe.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy after a 2021 meeting with then-President Joe Biden at the White House said his country would continue to fight discrimination based on sexual orientation and gender identity. (Zelenskyy’s relationship with the U.S. has grown more tense since the Trump-Vance administration took office.) Zelenskyy in 2022 publicly backed civil partnerships for same-sex couples.
Then-Ukrainian Ambassador to the U.S. Oksana Markarova in 2023 applauded Kyiv Pride and other LGBTQ and intersex rights groups in her country when she spoke at a photo exhibit at Ukraine House in D.C. that highlighted LGBTQ and intersex soldiers. Then-Kyiv Pride Executive Director Lenny Emson, who Feder profiles in his book, was among those who attended the event.
“Thank you for everything you do in Kyiv, and thank you for everything that you do in order to fight the discrimination that still is somewhere in Ukraine,” said Markarova. “Not everything is perfect yet, but you know, I think we are moving in the right direction. And we together will not only fight the external enemy, but also will see equality.”
Feder in response to the Blade’s question about why he decided to write his book said he “didn’t feel” the “significance of Russia’s war against Ukraine” for LGBTQ people around the world “was fully understood.”
“This was an opportunity to tell that big story,” he said.
“The crackdown on LGBT rights inside Russia was essentially a laboratory for a strategy of attacking democratic values by attacking queer rights and it was one as Ukraine was getting closet to Europe back in 2013, 2014,” he added. “It was a strategy they were using as part of their foreign policy, and it was one they were using not only in Ukraine over the past decade, but around the world.”
Feder said Republicans are using “that same strategy to attack queer people, to attack democracy itself.”
“I felt like it was important that Americans understand that history,” he said.
