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La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile

Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

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Cristian Aedo Andia, autor de esta fotografía dijo al Washington Blade que “yo estaba protestando a unos metros del lugar cuando vi que alguien iba a subirse a aquel monumento y me encantó que alzara esta bandera gigante, fue inesperado y emotivo. Y sentí unidad, que estamos todos los chilenos unidos en esta causa social”. (Foto de Cristian Aedo Andia)

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.

Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera. 

“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.

La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.

Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.

Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.

“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.

“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment. 

“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.

Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.

Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual. 

“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.

Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”. 

La diputada Pamela Jiles alertó al Blade que “las abuelas de este país no vamos a permitir que Piñera siga matando gente, hiriendo niños, violando hombres y mujeres en las comisarías y particularmente abusando y denigrando a la gente de la diversidad sexual”. (Fotografía cedida por Jiles)

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.

A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.

En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país. 

“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Desde que la diputada Natalia Castillo asumió el cargo se ha caracterizado por defender y promover los derechos de la diversidad sexual y de género chilena. (Fotografía cedida al Washington Blade)

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.

“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.

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Belarus

Belarusian lawmakers approve bill to crackdown on LGBTQ rights

Country’s president known as ‘Europe’s last dictator’

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(Photo by eugenef/Bigstock)

Lawmakers in Belarus on Thursday approved a bill that would allow the government to crack down on LGBTQ advocacy.

The Associated Press notes the bill would punish anyone found guilty of “propaganda of homosexual relations, gender charge, refusal to have children, and pedophilia” with fines, community labor, and 15 days in jail.

The House of Representatives, the lower house of the Belarusian National Assembly, last month approved the bill. The Council of the Republic, which is the parliament’s upper chamber, passed it on Thursday.

President Alexander Lukashenko is expected to sign it.

Belarus borders Poland, Ukraine, Russia, Latvia, and Lithuania. Lukashenko — known as “Europe’s last dictator” is a close ally of Russian President Vladimir Putin.

Kazakhstan is among the countries that have enacted Russian-style anti-LGBTQ propaganda laws in recent years.

Vika Biran, a Belarusian LGBTQ activist, is among those arrested during anti-Lukashenko protests that took place in 2020 after he declared victory in the country’s presidential election.

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District of Columbia

How new barriers to health care coverage are hitting D.C.

Federally qualified health centers bracing for influx of newly uninsured patients

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Erin Loubier, vice president for access and strategic initiatives at Whitman-Walker Health. (Courtesy photo)

Washington, D.C. has the second-lowest rate of people who lack health insurance in the country, but many residents are facing new barriers to health care due to provisions of the sweeping federal law passed in July, which threatens access for thousands. 

Changes to insurance eligibility and the rising cost of premiums, which kicked in for some in October and others more recently, are expected to leave many more patients uninsured or unable to afford medical care. Federally qualified health centers, including D.C.’s Whitman-Walker Health, where 10 to 12 percent of patients are uninsured, are bracing for an influx of newly uninsured patients while facing their own financial challenges. 

Even in D.C., where uninsured rates have been among the lowest in the country, changes brought on by the passage of the Republican mega bill (known as the “Big Beautiful Bill”) will have major effects. 

The changes from the bill affect Medicaid, which is free to low-income patients, and subsidies for insurance that people buy on the health insurance exchanges that were started under the Affordable Care Act, which were allowed to expire on Dec. 31. 

Erin Loubier, vice president for access and strategic initiatives at Whitman-Walker Health, says some Whitman-Walker Health patients have received notices about premium increases, including several who say the increases are up to 1,000 percent more than they were paying. 

“That is like paying rent,” she says. “We live in an expensive city, so any increases are going to be really, really hard on people.”

Whitman-Walker Health and other healthcare providers are expecting the changes to have multiple effects — some patients may not be able to afford coverage or may avoid going to the doctor and allow health conditions to worsen because they can’t afford care, and many more will be seeking care who don’t have insurance. 

“I’m worried that we’re going to not just have people who can’t get care, but that they delay care until they’re really sick, and then the care is not as effective because they might have waited too long, and then we may have a less healthy population,” Loubier says.

Loubier says delaying care, and serving more people without insurance has major implications for Whitman-Walker Health and other health centers serving the community.

“There’s going to be a lot of pressure on us to try to find and raise more money, and that’s going to be harder, because I think all organizations who provide health care are going to be facing this,” she says. 

The U.S. health care system is the most expensive in the world, and has much higher out-of-pocket costs for individuals. But in other countries like the United Kingdom, Australia, Canada, and many others, health care is much less expensive — or even free.

Even though the U.S. has a high-priced healthcare system, critics say there are still ways to bring down costs by forcing insurance and pharmaceutical companies to absorb more of the costs, rather than transferring the costs to patients.

“In the U.S., they end up trying to cut costs at the person’s level, not at the level of the different corporations or structures that are making a lot of money in healthcare,” said Loubier. “Our system is so complicated and there is probably waste in it, but I don’t think that that cost and waste is at the ‘people’ level. I think it’s higher up at the system level, but that is much, much harder to get people to try to make cuts at that end.”

Ultimately at Whitman-Walker Health, healthcare providers and insurance navigators are planning to help with everyday necessities when it comes to healthcare coverage and striving to provide healthcare in partnership with patients, said Loubier.

“The key here is we’re going to have a lot of people who may lose insurance, and they’re going to rely on places like Whitman-Walker Health and other community health centers, so we have to figure out how we keep providing that care,” she said. 

(This article was written by a student in the journalism program at Bard High School Early College DC. This work is part of a partnership between the Washington Blade Foundation and Youthcast Media Group, funded through the FY26 Community Development Grant from the Office of D.C. Mayor Muriel Bowser.)

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Kenya

Kenyan advocacy groups launch LGBTQ voter mobilization campaign

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Kenyan flag (Photo by rarrarorro/Bigstock)

As Kenya prepares for next year’s August general election, local queer rights groups have joined Gen Zers in also mobilizing their members to register as voters. 

The groups’ drive began ahead of the electoral commission’s official launch of a one-month nationwide mass voter registration on March 30, targeting 6.5 million new voters to bring the total to more than 28 million. 

The groups — led by the Initiative for Equality and Non-Discrimination (INEND) and Galck+ — note that politics is not optional, but rather it is “our responsibility” to use the ballot to put an end to bad leadership and discriminatory laws against them. 

“Voting is one of the most powerful ways we exercise our autonomy and remind the State that our human rights are not ‘Western imports’; our struggles for housing, employment, safety, and dignity are fundamentally Kenyan issues,” INEND states. 

It reminds queer individuals that the nation entrusts them with an identity card at age 18 as a recognition of their ability to make decisions, follow laws, and take responsibility for the country’s future. 

INEND also notes that despite this honor, LGBTQ people get kicked out of their homes due to homophobia, are discriminated against at work, and face violence in public places due to the punitive laws that the same State legislates. 

“As queer Kenyans, our vote matters,” INEND states. “Our voice belongs in the democratic and governance conversations, and true democracy includes everyone.”

Some voter mobilization initiatives the queer lobby groups have been using include ‘Queering the Ballot’ Podcasts on civic participation, dubbed ‘Your Vote is Your Future’. The topics explored include how laws shape their lives, the relationship between lived experiences of common citizens, discrimination fatigue, distrust in government systems, and voter apathy. 

The groups through the mobilization drive hope to create a queer voting bloc to actively participate in restructuring and reconstructing the existing governance system they argue has been a problem for them. They maintain the queer community navigates a system that was not built for them from its questioning of their right to exist, yet the Kenyan Constitution clearly states that no citizen should be discriminated against based on sexual orientation or gender identity.   

The Court of Appeal next month will hear a case challenging the constitutionality of provisions in Kenya’s Penal Code that criminalize consensual same-sex relationships among adults. The appeals court postponed the case after adjourning on Feb. 4, its first substantive hearing since the High Court judgement in 2019. 

“Change requires more than pointing fingers. It requires reflection, action, and showing up, especially at the ballot box as LGBTQ Kenyan citizens and declaring that this is our country, our business, and we can no longer watch from the sidelines,” INEND states. 

The group notes that they want a governance system that embraces queer people as they go about their daily lives without any form of homophobic discrimination, harassment, or arrests. Queer people are therefore urged to pick the right leaders who listen to them in Kenya’s six elective positions, from the president down to the local government representatives, as their decisions while in power affect them. 

“It is very irresponsible for any human being, even around the world, to assume that they don’t have political responsibility. It is easy and sounds fancy to say ‘I don’t like politics,’ but it does not make one good as it makes one abandon their political responsibility as a citizen,” INEND states.

The groups are also concerned with the existing homophobia among Kenyans, especially whenever they join them in street protests against the government’s punitive measures or advocating for change. However, they maintain that the LGBTQ community won’t be left behind despite being marginalized in society, yet they are the most affected group when the government raids people’s pockets for taxes.      

“Now we are moving from the margins to the centre of this political conversation early enough to ensure that our community sees the sense because if we live in a country that doesn’t work, we will be the most affected,” INEND states. 

INEND, with the National Gay and Lesbian Human Rights Commission and Galck+, last November launched the second Queering the Ballot Campaign and the 2024 Situation Report on queer participation in Kenya’s democracy. 

The report surveyed 14 of the country’s 47 local governments, whose key findings affirm that queer Kenyans are not outsiders to democracy but its heartbeat.   

“The title ‘Our Vote, Our Future: LGBTQ+ Inclusion in Democratic and Governance Processes’ in Kenya is an ode to the spirit of the queer movement in Kenya; unshaken in the face of adversity, determined in its pursuit of justice, and unrelenting in demand to be seen, heard and counted in democratic and political processes,” reads the report forwarded by former Chief Justice Willy Mutunga.         

The report calls on Parliament, the Independent Electoral and Boundaries Commission, the County Assemblies, and every Kenyan to make inclusion not symbolic but systemic. 

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