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La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile

Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

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Cristian Aedo Andia, autor de esta fotografía dijo al Washington Blade que “yo estaba protestando a unos metros del lugar cuando vi que alguien iba a subirse a aquel monumento y me encantó que alzara esta bandera gigante, fue inesperado y emotivo. Y sentí unidad, que estamos todos los chilenos unidos en esta causa social”. (Foto de Cristian Aedo Andia)

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.

Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera. 

“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.

La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.

Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.

Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.

“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.

“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment. 

“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.

Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.

Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual. 

“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.

Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”. 

La diputada Pamela Jiles alertó al Blade que “las abuelas de este país no vamos a permitir que Piñera siga matando gente, hiriendo niños, violando hombres y mujeres en las comisarías y particularmente abusando y denigrando a la gente de la diversidad sexual”. (Fotografía cedida por Jiles)

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.

A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.

En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país. 

“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Desde que la diputada Natalia Castillo asumió el cargo se ha caracterizado por defender y promover los derechos de la diversidad sexual y de género chilena. (Fotografía cedida al Washington Blade)

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.

“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.

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National

13 HIV/AIDS activists arrested on Capitol Hill

Protesters demanded full PEPFAR funding

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(Washington Blade photo by Michael Key)

U.S. Capitol Police on Thursday arrested 13 HIV/AIDS activists in the Cannon House Office Building Rotunda.

The activists — members of Housing Works, Health GAP, and the Treatment Action Group — joined former PEPFAR staffers in demanding full funding of the program that President George W. Bush created in 2003. They chanted “AIDS cuts kill, PEPFAR now!” and unfurled banners from the Rotunda’s second floor that read “Trump and (Office of Management and Budget Director Russell) Vought kill people with AIDS worldwide,” “Over 200,000 deaths since January 2025,” and “Hands off PEPFAR” before their arrest.

(Washington Blade video by Michael K. Lavers)

This protest is the latest against the Trump-Vance administration’s HIV/AIDS policies since it took office.

Secretary of State Marco Rubio on Jan. 28, 2025, issued a waiver that allowed PEPFAR and other “life-saving humanitarian assistance” programs to continue to operate during a freeze on nearly all U.S. foreign aid spending. HIV/AIDS service providers around the world with whom the Washington Blade has spoken say PEPFAR cuts and the loss of funding from the U.S. Agency for International Development, which officially closed on July 1, 2025, has severely impacted their work.

The State Department last September announced PEPFAR will distribute lenacapavir in countries with high prevalence rates. Zambia is among the nations in which the breakthrough HIV prevention drug has arrived.

The New York Times last summer reported Vought “apportioned” only $2.9 billion of $6 billion that Congress set aside for PEPFAR for fiscal year 2025. (PEPFAR in the coming fiscal year will use funds allocated in fiscal year 2024.)

Bipartisan opposition in the U.S. Senate prompted the Trump-Vance administration last July withdraw a proposal to cut $400 million from PEPFAR’s budget. Vought on Aug. 29, 2025, said he would use a “pocket rescission” to cancel $4.9 billion for HIV/AIDS prevention and global health programs and other foreign aid assistance initiatives that Congress had already approved.

The White House in January announced an expansion of the global gag rule to ban U.S. foreign aid for groups that promote “gender ideology.” President Ronald Reagan in 1985 implemented the original regulation, also known as the “Mexico City” policy, which bans U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services. The Council for Global Equality and other groups say the expanded rule will adversely impact HIV prevention efforts around the world.

A press release that Housing Works and Health GAP issued on Thursday notes more than $977 million “in appropriated PEPFAR funding for HIV prevention and treatment was unspent by the end of fiscal year (FY) 2025 — triple amount unspent at the end of FY 2024.”

“Activists predict this backlog will worsen rapidly in FY 2026 unless Congress immediately reasserts its Constitutionally-mandated oversight authority,” notes the press release.

The press release also indicates funding for the Centers for Disease Control and Prevention’s PEPFAR programs “will run out” by April 1 because “only 45 percent of their FY26 funding has been transferred from the State Department.

“Unless funding is transferred immediately, CDC’s global HIV programs across sub-Saharan Africa, Asia and the Caribbean will grind to a halt,” notes the press release.

The activists demanded Trump, Vought, Rubio, and Congress do the following:

  • Activists are calling for full obligation of appropriated PEPFAR funds and rejection of growing political interference in global and domestic HIV programs 
  • Immediately release already-appropriated, unobligated PEPFAR funds 
  • Break the blackout on PEPFAR data, so Congress and people with HIV know how funding is being spent and can program based on data  
  • Activists are calling for full obligation of appropriated PEPFAR funds and rejection of growing political interference in global and domestic HIV programs.

“PEPFAR has saved more than 26 million lives and changed the trajectory of an epidemic,” said Housing Works CEO Charles King. “However, the Trump administration’s decision, over the objection of Republicans in Congress, to freeze PEPFAR funding has caused decades of progress to come undone and has been a death sentence for people with HIV relying on life-saving treatment. The U.S. must immediately restore PEPFAR funding and regain our standing in the global fight against HIV.”

King is among the activists who were arrested.

(Washington Blade video by Michael K. Lavers)

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Texas

Talarico beats Crockett in Texas primary

Pro-LGBTQ seminarian hopes to turn seat blue

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Texas state Rep. James Talarico (Screen capture via James Talarico/YouTube)

Texas state Rep. James Talarico won a hard-fought primary Tuesday to become the state’s Democratic nominee for U.S. Senate, defeating U.S. Rep. Jasmine Crockett in one of the year’s most closely watched and competitive Democratic contests.

Talarico, a Presbyterian seminarian and three-term lawmaker from Round Rock, was declared the winner by the Associated Press early Wednesday morning after a closely tracked vote count that drew national attention.

“Tonight, the people of our state gave this country a little bit of hope,” Talarico told the AP. “And a little bit of hope is a dangerous thing.”

With 52.8% of the vote to Crockett’s 45.9%, Talarico secured the nomination outright, avoiding a runoff and capping months of sharp contrasts between the two candidates over strategy, messaging, and how best to compete statewide in Texas. Democrats hope the competitive primary — and the relatively narrow margin — signals growing momentum in a state that has not elected a Democrat to the U.S. Senate since 1988.

Talarico has long expressed support for the LGBTQ community, a position he highlights prominently on his campaign website. Under the “Issues” section, he directly addresses assumptions that might arise from his faith and background as a seminarian in a deeply conservative state.

“My faith in Jesus leads me to reject Christian Nationalism and commit myself to the project of democracy,” his website reads. “Because that’s the promise of America: a democracy where every person and every family — regardless of religion, race, gender, sexual orientation, or any other difference between us — can truly be free and live up to their full potential.”

Crockett struck a conciliatory tone following her defeat, emphasizing party unity ahead of November.

“This morning I called James and congratulated him on becoming the Senate nominee,” Crockett told Politico. “Texas is primed to turn blue and we must remain united because this is bigger than any one person. This is about the future of all 30 million Texans and getting America back on track.”

Talarico also drew national attention earlier in the race when “Late Show” host Stephen Colbert said he was initially unable to air an interview with the state legislator due to potential FCC concerns involving CBS. The episode sparked a broader political debate.

Brendan Carr, chair of the Federal Communications Commission, appointed by President Donald Trump, told reporters the controversy was a “hoax,” though he also acknowledged Talarico’s ability to harness the moment to build support as an underdog candidate. The interview was later released online and garnered millions of views, boosting Talarico’s national profile.

In November, Talarico will face the winner of the Republican primary between incumbent Sen. John Cornyn and Texas Attorney General Ken Paxton, who have been locked in a bruising GOP contest. Rep. Wesley Hunt was also in the Republican primary field. The GOP race is expected to head to a May runoff.

In a joint statement, Senate Minority Leader Chuck Schumer and Democratic Senatorial Campaign Committee Chair Kirsten Gillibrand praised Talarico’s victory and framed him as a candidate capable of broad appeal.

“As an eighth-generation Texan, former middle school teacher, and Presbyterian seminarian, James will be a fighter for Texans from all walks of life and of all political stripes,” they said. “In November, Texans will elect a champion for working people: James Talarico.”

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Maryland

Md. Commission on LGBTQIA+ Affairs released updated student recommendations

LGBTQ students report higher rates of bullying, suicide

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(Washington Blade photo by Ernesto Valle)

The Maryland Commission on LGBTQIA+ Affairs has released updated recommendations on how the state’s schools can support LGBTQ students.

The updated 16-page document outlines eight “actionable recommendations” for Maryland schools, supplemented with data and links to additional resources. The recommendations are: 

  • Developing and passing a uniform statewide and comprehensive policy aimed at protecting “transgender, nonbinary, and gender expansive students” against discrimination. The recommendation lists minimum requirements for the policy to address: name, pronoun usage, and restroom access.
  • Requiring all educators to receive training about the specific needs of LGBTQ students, by trained facilitators. The training’s “core competencies” include instruction on terminology, data, and support for students.
  • Implementing LGBTQ-inclusive curricula and preventing book bans. The report highlights a “comprehensive sexual education curriculum” as specifically important in the overall education curriculum. It also states the curriculum will “provide all students with life-saving information about how to protect themselves and others in sexual and romantic situations.” 
  • Establishing Gender Sexuality Alliances “at all schools and in all grade levels.” This recommendation includes measures on how to adequately establish effective GSAs, such as campaign advertising, and official state resources that outline how to establish and maintain a GSA. 
  • Providing resources to students’ family members and supporters. This recommendation proposes partnering with local education agencies to provide “culturally responsive, LGBTQIA+ affirming family engagement initiatives.” 
  • Collecting statewide data on LGBTQ youth. The data on Maryland’s LGBTQ youth population is sparse and non-exhaustive, and this recommendation seeks to collect information to inform policy and programming across the state for LGBTQ youth. 
  • Hiring a full-time team at the Maryland Department of Education that focuses on LGBTQ student achievement. These employees would have specific duties that include “advising on local and state, and federal policy” as well as developing the LGBTQ curriculum, and organizing the data and family resources. 
  • Promoting and ensuring awareness of the 2024 guidelines to support LGBTQ students. 

The commission has 21 members, with elections every year, and open volunteer positions. It was created in 2021 and amended in 2023 to add more members.

The Governor’s Office of Communication says the commission’s goal is “to serve LGBTQIA+ Marylanders by galvanizing community voices, researching and addressing challenges, and advocating for policies to advance equity and inclusion.” 

The commission is tasked with coming up with yearly recommendations. This year’s aim “to ensure that every child can learn in a safe, inclusive, and supportive environment.” 

The Human Rights Campaign’s most recent report on LGBTQ youth revealed that 46.1 percent of LGBTQ youth felt unsafe in some school settings. Those numbers are higher for transgender students, with 54.9 percent of them saying they feel unsafe in school. 

Maryland’s High School Youth Risk Behavior Survey reveals a disparity in mental health issues and concerns among students who identify as LGBTQ, compared to those who are heterosexual. LGBTQ students report higher rates of bullying, feelings of hopelessness, and suicidal thoughts. Nearly 36 percent of LGBTQ students report they have a suicide plan, and 26.7 percent of respondents say they have attempted to die by suicide. 

The commission’s recommendations seek to combat the mental health crisis among the state’s LGBTQ students. They are also a call for local and state governments to work towards implementing them. 

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