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La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile
Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.
Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera.
“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.
La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.
Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.
Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.
“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.
“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment.
“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.
Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.
Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual.
“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.
Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”.

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.
A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.
En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país.
“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.
“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.
Virginia
Va. Senate approves referendum to repeal marriage amendment
Outgoing state Sen. Adam Ebbin introduced SJ3
The Virginia Senate on Friday by a 26-13 vote margin approved a resolution that seeks to repeal a state constitutional amendment that defines marriage as between a man and a woman.
Outgoing state Sen. Adam Ebbin (D-Alexandria) introduced SJ3. The Senate Privileges and Elections Committee on Wednesday approved it by a 10-4 vote margin.
Same-sex couples have been able to legally marry in Virginia since 2014. Outgoing Republican Gov. Glenn Youngkin in 2024 signed a bill that codified marriage equality in state law.
A resolution that seeks to repeal the Marshall-Newman Amendment passed in the General Assembly in 2021. The resolution passed again in 2025.
Two successive legislatures must approve the resolution before it can go to the ballot. Democrats in the Virginia House of Delegates have said the resolution’s passage is among their 2026 legislative priorities.
“It’s time for Virginia’s Constitution to reflect the law of the land and the values of today,” said Ebbin after Friday’s vote. “This amendment, if approved by voters, would affirm the dignity of all committed couples and protects marriage equality for future generations.”
Florida
DNC slams White House for slashing Fla. AIDS funding
State will have to cut medications for more than 16,000 people
The Trump-Vance administration and congressional Republicans’ “Big Beautiful Bill” could strip more than 10,000 Floridians of life-saving HIV medication.
The Florida Department of Health announced there would be large cuts to the AIDS Drug Assistance Program in the Sunshine State. The program switched from covering those making up to 400 percent of the Federal Poverty Level, which was anyone making $62,600 or less, in 2025, to only covering those making up to 130 percent of the FPL, or $20,345 a year in 2026.
Cuts to the AIDS Drug Assistance Program, which provides medication to low-income people living with HIV/AIDS, will prevent a dramatic $120 million funding shortfall as a result of the Big Beautiful Bill according to the Florida Department of Health.
The International Association of Providers of AIDS Care and Florida Surgeon General Joseph Ladapo warned that the situation could easily become a “crisis” without changing the current funding setup.
“It is a serious issue,” Ladapo told the Tampa Bay Times. “It’s a really, really serious issue.”
The Florida Department of Health currently has a “UPDATES TO ADAP” warning on the state’s AIDS Drug Assistance Program webpage, recommending Floridians who once relied on tax credits and subsidies to pay for their costly HIV/AIDS medication to find other avenues to get the crucial medications — including through linking addresses of Florida Association of Community Health Centers and listing Florida Non-Profit HIV/AIDS Organizations rather than have the government pay for it.
HIV disproportionately impacts low income people, people of color, and LGBTQ people
The Tampa Bay Times first published this story on Thursday, which began gaining attention in the Sunshine State, eventually leading the Democratic Party to, once again, condemn the Big Beautiful Bill pushed by congressional republicans.
“Cruelty is a feature and not a bug of the Trump administration. In the latest attack on the LGBTQ+ community, Donald Trump and Florida Republicans are ripping away life-saving HIV medication from over 10,000 Floridians because they refuse to extend enhanced ACA tax credits,” Democratic National Committee spokesperson Albert Fujii told the Washington Blade. “While Donald Trump and his allies continue to make clear that they don’t give a damn about millions of Americans and our community, Democrats will keep fighting to protect health care for LGBTQ+ Americans across the country.”
More than 4.7 million people in Florida receive health insurance through the federal marketplace, according to KKF, an independent source for health policy research and polling. That is the largest amount of people in any state to be receiving federal health care — despite it only being the third most populous state.
Florida also has one of the largest shares of people who use the AIDS Drug Assistance Program who are on the federal marketplace: about 31 percent as of 2023, according to the Tampa Bay Times.
“I can’t understand why there’s been no transparency,” David Poole also told the Times, who oversaw Florida’s AIDS program from 1993 to 2005. “There is something seriously wrong.”
The National Alliance of State and Territorial AIDS Directors estimates that more than 16,000 people will lose coverage
Colombia
Gay Venezuelan opposition leader: Country’s future uncertain after Maduro ouster
Yendri Rodríguez fled to Colombia in 2024 after authorities ‘arbitrarily detained’ him
A gay Venezuelan opposition leader who currently lives in Colombia says his country’s future is uncertain in the wake of now former President Nicolás Maduro’s ouster.
The Washington Blade spoke with Yendri Rodríguez on Thursday, 12 days after American forces seized Maduro and his wife, Cilia Flores, at their home in Caracas, the Venezuelan capital, during an overnight operation.
Maduro and Flores on Jan. 5 pleaded not guilty to federal drug charges in New York. The Venezuelan National Assembly the day before swore in Delcy Rodríguez, who was Maduro’s vice president, as the country’s acting president.
Rodríguez, who lives in the Colombian capital of Bogotá, described the events surrounding Maduro’s ouster as “very confusing.”
“It was a very surprising thing that left me in shock,” Rodríguez told the Blade. “We also thought, at least from the perspective of human rights, that the United States was going to respect international law and not go to the extreme of bombing and extracting Maduro.”
“Other questions also arise,” he added. “What could have been done? What else could have been done to avoid reaching this point? That is the biggest question posed to the international community, to other countries, to the human rights mechanisms we established before Trump violated international law, precisely to preserve these mechanisms and protect the human rights of Venezuelan people and those of us who have been forced to flee.”
Rodríguez three years ago founded the Venezuelan Observatory of LGBTIQ+ Violence. He also worked with Tamara Adrián, a lawyer who in 2015 became the first openly transgender woman elected to the Venezuelan National Assembly, for more than a decade.
Members of Venezuela’s military counterintelligence agency, known by the Spanish acronym DGCIM, on Aug. 3, 2024, “arbitrarily detained” Rodríguez as he was trying to leave the country to attend a U.N. human rights event in Geneva.
Rodríguez told the Blade he was “forcibly disappeared” for nearly nine hours and suffered “psychological torture.” He fled to Colombia upon his release.
Two men on Oct. 14, 2025, shot Rodríguez and Luis Peche Arteaga, a Venezuelan political consultant, as they left a Bogotá building.
The assailants shot Rodríguez eight times, leaving him with a fractured arm and hip. Rodríguez told the Blade he has undergone multiple surgeries and has had to learn how to walk again.
“This recovery has been quite fast, better than we expected, but I still need to finish the healing process for a fractured arm and complete the physical therapy for the hip replacement I had to undergo as a result of these gunshots,” he said.

María Corina Machado, who won the 2025 Nobel Peace Prize, and other Venezuelan opposition leaders said Maduro’s government targeted Rodríguez and Peche. Colombian President Gustavo Petro and his government also condemned the attack.
Colombian authorities have yet to arrest anyone in connection with the attack.
Rodríguez noted to the Blade he couldn’t sleep on Jan. 3 because “of the aches and pains” from the shooting. He said a friend who is “helping me out and looking after my things” was the one who told him about the operation the U.S. carried out to seize Maduro and Flores.
“He said, ‘Look at this! They’re bombing Caracas! And I was like, ‘What is this?'” recalled Rodríguez.
White House ‘not necessarily’ promoting human rights agenda
Rodríguez noted Delcy Rodríguez “is and forms part of the mechanisms of repression” that includes DGCIM and other “repressive state forces that have not only repressed, but also tortured, imprisoned, and disappeared people simply for defending the right to vote in (the) 2024 (election), simply for protesting, simply for accompanying family members.” Yendri Rodríguez told the Blade that “there isn’t much hope that things will change” in Venezuela with Delcy Rodríguez as president.
“Let’s hope that countries and the international community can establish the necessary dialogues, with the necessary intervention and pressure, diplomatically, with this interim government,” said Yendri Rodríguez, who noted hundreds of political prisoners remain in custody.
He told the Blade the Trump-Vance administration does not “not necessarily” have “an agenda committed to human rights. And we’ve seen this in their actions domestically, but also in their dealings with other countries.”
“Our hope is that the rest of the international community, more than the U.S. government, will take action,” said Yendri Rodríguez. “This is a crucial moment to preserve democratic institutions worldwide, to preserve human rights.”
Yendri Rodríguez specifically urged the European Union, Colombia, Brazil, and other Latin American countries “to stop turning a blind eye to what is happening and to establish bridges and channels of communication that guarantee a human rights agenda” and to try “to curb the military advances that the United States may still be considering.”

Yendri Rodríguez told the Blade he also plans to return to Venezuela when it is safe for him to do so.
“My plan will always be to return to Venezuela, at least when it’s no longer a risk,” he said. “The conditions aren’t right for me to return because this interim government is a continuation of Maduro’s government.”
Editor’s note: International News Editor Michael K. Lavers was on assignment in Bogotá, Colombia, from Jan. 5-10.
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