News
La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile
Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.
Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera.
“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.
La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.
Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.
Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.
“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.
“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment.
“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.
Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.
Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual.
“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.
Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”.

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.
A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.
En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país.
“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.
“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.
The White House
Trump tells Fox News he won the ‘gay vote’ — but polls tell a different story
Trump falsely claims LGBTQ support on Fox despite polling showing overwhelming opposition.
President Donald Trump claimed he won the “gay vote” in 2024, despite evidence showing otherwise.
While appearing by phone on Fox News’s panel show “The Five” on Thursday, Trump falsely claimed he performed particularly well among gay voters while discussing the ongoing war in Iran — a conflict he initiated without formal congressional approval.
“Now I think I did very well with the gay vote, OK? I even played the gay national anthem as my walk-off, OK?” Trump said on air.
“And I think it probably helped me. But I did great. No Republican’s ever gotten the gay vote like I did and I’m very proud of it, I think it’s great. Perhaps it’s because I’m from New York City, I don’t know…”
His claim contradicts 2024 polling from NBC News, which found that the GOP presidential ticket captured fewer than 1 in 5 LGBTQ male voters — a figure that may also include bisexual and transgender men. Trump’s support among LGBTQ female voters was even lower, at just 8%.
White LGBTQ voters favored Vice President Kamala Harris over Trump by a margin of 82% to 16%, while LGBTQ voters of color backed Harris by an even wider 91% to 5%.
Trump also used the appearance to criticize “Gays for Palestine,” saying: “Look at ‘Gays for Palestine’… they kill gays, they kill them instantly, they throw them off buildings, and I’m saying, ‘Who are the gays for Palestine?’”
He further pointed to his campaign’s use of the song “Y.M.C.A.” by the Village People — which he has repeatedly described as a “gay national anthem” — noting that it was frequently used as a walk-off song at rallies, as an indication that he and his campaign were supported by the gay community. The track, long associated with camp and hyper-masculine gay imagery, became a staple of Trump campaign events.
The Village People were later booked to perform at Turning Point USA’s inaugural ball celebrating Trump’s second inauguration. Lead singer Victor Willis previously criticized Trump’s use of the song dating back to 2020 and considered legal action to block it, but ultimately said there was “not much he can do about it.” He later acknowledged the renewed exposure was “beneficial” and “good for business,” boosting the song’s popularity and chart performance.
Despite Trump’s claims of strong support from gay voters, polling has consistently shown otherwise — even as several prominent gay men have held roles in or around his orbit, sometimes dubbed the “A-gays.” These include Richard Grenell, former executive director of the Kennedy Center and Special Presidential Envoy for Special Missions; Treasury Secretary Scott Bessent; Under Secretary of State Jacob Helberg; Department of Energy official Charles T. Moran; and longtime supporter Peter Thiel, co-founder and CEO of Palantir.
His efforts to portray himself as aligned with the gay community stand in conflict with policies advanced under his leadership. These include removing LGBTQ-related data from State Department reports, attempting to narrowly redefine gender identity in federal policy, restricting access to gender-affirming health care, and rolling back anti-discrimination protections. His administration also rescinded initiatives focused on LGBTQ health equity, data collection, and nondiscrimination in health care and education — moves advocates say contribute to stigma and worsen mental health outcomes.
Additionally, some HIV programs and community health centers have lost funding from the federal government after supporting initiatives inclusive of transgender people as a direct result of Trump-Vance policies.
National
Anti-trans visa ruling echoes Nazi regime destroying trans documents
Trump administration escalates attacks on queer community
The Lemkin Institute for Genocide Prevention and Human Security earlier this month released its third Red Flag Alert for the United States about the Trump administration’s anti-trans legislation. As the Lemkin Institute shared in the press release, “the Administration has moved from identifying transgender people as as threat to the family and to the nation’s military prowess to claiming that transgender people constitute a cosmic threat to the spiritual health of the nation and the great direct threat to the US national security in the world.”
The news came the same day that the State Department issued a new rule, “Enhancing Vetting and Combatting Fraud in the Immigrant Visa Program.” Under this new guidance, all visa applicants are required to disclose their “biological sex at birth” during all stages of the process, “even if that differs from the sex listed on the applicant’s foreign passport or identifying documentation.”
This rule also orders that applicants to the green card lottery program share their passport information, so in knowingly collecting passport information that the agency knows will not match a person’s biological sex at birth, it’s creating grounds to deny trans peoples’ biases on the basis of “fraud,” Aleksandra Vaca of Transitics explains.
As is written in the new ruling, “the Department is replacing ‘gender’ with ‘sex’ in accordance with E.O. 14168, Defending Women From Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government, which provides that the term ‘sex’ shall refer to an individual’s sex at birth. Only male and female sex options are available for entrants completing the Diversity Visa entry form.”
Along with outright denying the existence of nonbinary, genderqueer and gender expansive people, this policy creates a precedence for trans people to be stripped of their visas and deported because under 8 U.S.C. § 1182(a)(6)(C)(i), any foreigner found to have obtained or possess a visa “by fraud or willfully misrepresenting a material fact” will have their visa revoked and face deportation.
By requesting information on “biological sex at birth,” the State Department is forcing a mismatch between documents and enabling officials to accuse trans, nonbinary, and gender expansive immigrants of fraud. Thus, trans and nonbinary immigrants can have their visas revoked and can be deported, and information gathered from immigrants during the visa request process can be added to federal databases and used by immigration authorities, including ICE agents.
With the Supreme Court’s decision this past year allowing ICE officers to use racial profiling, Vaca argues that “now, The Trump administration has given ICE the reason it needs. Under this rule, ICE agents now have the enforcement rationale to assert that trans people–especially those belonging to racial minority groups–are more likely than cis people to have ‘misrepresented’ themselves during the visa process, and therefore, are more likely to enter the country ‘unlawfully.’”
This would enable ICE agents to target trans individuals specifically for being trans. If the goal of this were unclear, a day later the Trump administration released its statement for Women’s History Month 2026, writing that “we are keeping men out of women’s sports, enforcing Title IX as it was originally written and ensuring colleges preserve–and, where possible, expand–scholarships and roster opportunities for female athletes. We are restoring public safety and upholding the rule of law in every city so women, children, and families can feel safe and secure.”
And this is not the first time that ICE has targeted and harmed trans and nonbinary immigrants. Last June, Vera reported that ICE is not including trans people in detection in their public reports, and back in 2020, AFSC reported that trans people held in ICE detention faced “dreadful, ugly” conditions.
While it seems like a new development in Trump’s anti-trans escalation, it echoes a deeply upsetting history of denying and destroying transgender people’s documents following members of the Nazi party seizing power in 1933.
In the early 20th century, Weimar, Germany was an epicenter for gender affirming care with Maganus Hirschfeld’s Institute for Sexual Science. One of the first book burnings of the rising Nazi regime destroyed the Institute’s extensive clinical records and library on trans health and history by Nazi students and stormtroopers. In doing so, the Nazis effectively destroyed the world’s first trans health clinic and one of the richest and most comprehensive collective of information about trans healthcare.
Similarly, the Nazi government invalidated or refused to recognize what was called “transvestite passes,” or passing certificates that allowed trans people to avoid arrest under Paragraph 175 which prohibited cross-dressing. During the Weimar Republic — the regime that preceded the Third Reich — recognized and affirmed the identities of trans people (in limited ways) with specific documentation that helped prevent them from arrest. Invalidating and disregarding these passes allowed police and Nazi officials to target trans people and harass, extort and arrest them, and the record of passes themselves helped officials target trans people.
The changes to visa guidelines — alongside Kansas’s move to revoke trans drivers’ licenses last month — is reflective of this escalation of violence against trans people during the Nazi’s rise to power, which scholars like Dr. Laurie Marhoefer is just beginning to uncover. And along with the revocation of identification documents this past week, a recent Fourth Circuit Court ruled that states can deny Medicaid coverage for gender-affirming surgery.
The Fourth Circuit Court decision affirmed the Supreme Court’s decision in Skrmetti, which ruled that bans on gender affirming healthcare for young people are constitutional. This ruling extends this ban to include adult healthcare bans, allowing West Virginia’s exclusion of Medicaid coverage for adult gender affirming healthcare to take full effect. Even more upsetting was what the ruling itself said, calling gender affirming healthcare “dangerous.”
As was written in the Fourth Circuit Opinion, “it’s not irrational for a legislature to encourage citizens ‘to appreciate their sex’ and not ‘become disdainful of their sex’ by refusing to fund experimental procedures that may have the opposite effect.”
In reality, what this ruling and the opinion reflect, is the next step in government regulation and oversight over marginalized peoples’ bodies. From the overturn of Roe v. Wade, which removed federal protection of access to abortion, this next step represents the denial of people’s access to vital, lifesaving care–and to be clear, gender affirming care is not just for trans, nonbinary, and intersex people. It’s a dangerous escalation and one that echoes previous violence against trans people under fascist regimes; the Lemkin Institute is right to raise concern.
Japan
Japanese Supreme Court to consider marriage equality
Japan only G7 country that does not legally recognize same-sex couples
The Japanese Supreme Court on Wednesday said it will consider six marriage equality lawsuits.
NHK, the country’s public broadcaster, noted all 15 of the court’s justices will consider the case.
Japan is the only G7 country that does not legally recognize same-sex couples, despite several court rulings in recent years that found the denial of marriage benefits to gays and lesbians unconstitutional.
Tokyo High Court Judge Ayumi Higashi last November upheld Japan’s legal definition of a family as a man and a woman and their children.
Prime Minister Sanae Takaichi, who became the country’s first female head of government last October, opposes marriage rights for same-sex couples. She has also reiterated the constitution’s assertion that the family is an institution based around “the equal rights of husband and wife.”
Same-sex couples can legally marry in Taiwan, Nepal, and Thailand.
NHK reported the Supreme Court is expected to issue its ruling in early 2027.
