News
La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile
Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.
Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera.
“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.
La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.
Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.
Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.
“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.
“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment.
“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.
Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.
Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual.
“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.
Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”.

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.
A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.
En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país.
“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.
“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.
Uganda
LGBTQ Ugandans targeted ahead of country’s elections
President Yoweri Museveni won 7th term in disputed Jan. 15 vote
Barely a week after Ugandan President Yoweri Museveni secured a 7th term in an election marred by state violence, intimidation, and allegations of fraud, the country’s queer community spoke about how the election environment impacted it.
The LGBTQ lobby groups who spoke with the Washington Blade noted that, besides government institutions’ failure to create a safe and inclusive environment for civic participation by all Ugandans, authorities weaponized the Anti-Homosexuality Act to silence dissent and discourage queer voter engagement.
The rights groups note that candidates aligned with Museveni’s ruling National Resistance Movement — including Parliament Speaker Anita Among — during the campaigns accused their rivals of “promoting homosexuality” to discredit them while wooing conservative voters.
Queer people and LGBTQ rights organizations as a result were largely excluded from the formal political processes for the election as voters, mobilizers, or civic actors due to fear of exposure, stigma, violence, and legal reprisals.
“This homophobic rhetoric fueled public hostility and emboldened vigilante violence, forcing many queer Ugandans into deeper hiding during the election period,” Uganda Minority Shelters Consortium Coordinator John Grace stated.
Some queer people had expressed an interest in running for local council seats, but none of them formally registered as candidates or campaigned openly because of safety concerns and local electoral bodies’ discriminatory vetting of candidates.
“UMSC documented at least three incidents of election-related violence or intimidation targeting LGBTQ+ individuals and activists,” Grace noted. “These included harassment, arbitrary detentions, extortions by state and non-state actors, digital cat-fishing, and threats of outing.”
Amid such a militarized and repressive election environment, Let’s Walk Uganda Executive Director Edward Mutebi noted queer-led and allied organizations engaged in the election process through restricted informal voter education, community discussions, and documenting human rights violations.
“Fear of backlash limited visibility and direct participation throughout the election cycle,” Mutebi said. “But despite the hostile environment of work, Let’s Walk Uganda was able to organize a successful transgender and gender diverse youth training on electoral security and safety.”
Museveni’s government escalated its repressive actions during the Jan. 15 elections by shutting down the internet and suspending nine civil society organizations, including Chapter Four Uganda and the National Coalition of Human Rights Defenders, for allegedly engaging in activities that are prejudicial to the security and laws of the country.
The suspension of the rights organizations remains in force, an action both Mutebi and Grace condemn. They say it prevents queer Ugandans from accessing urgent services from the affected groups.
“For the LGBTQ community, the impact has been immediate and deeply harmful. Many of the suspended organizations, like Chapter Four Uganda, were critical partners in providing legal representation, emergency response, and documentation of rights violations,” Grace said.
This has compelled UMSC and its other partners to handle increased caseloads with limited resources, while navigating heightened scrutiny and operational risk.
“The suspension has disrupted referral pathways, delayed urgent interventions, and weakened collective advocacy for marginalized groups and minority rights defenders, which calls for urgent international solidarity, flexible funding, and protection mechanisms to safeguard the work of grassroots organizations operating under threat,” Grace stated.
Mutebi warned that such repressive actions are tyrannical and are indicative of shrinking civic space, which undermines democratic accountability as the promotion and protection of human rights is ignored.
With Museveni, 81, extending his tenure at State House from a landslide win of 72 percent, UMSC and LWU consider a bleak future in the protection of rights for queer Ugandans and other minority groups.
“Without significant political and legal shifts, LGBTQ persons will face continued criminalization, reduced civic space, and heightened insecurity, making sustained advocacy and international solidarity more critical than ever,” Mutebi said. “ It is unimaginable how it feels to live in a country with no hope.”
Grace, however, affirmed the resistance by local queer lobby groups will continue through underground networks, regional solidarity, and digital organizing.
The duo noted that a win by Museveni’s main challenger and rapper, Bobi Wine, who only managed 24 percent of the total votes cast, could have enabled the opening up of civil space and human rights protections in Uganda.
Wine, for his part, spoke in favor of the respect for the rule of law and human rights during his campaign.
“While Bobi Wine’s past stance on LGBTQ rights was inconsistent, his recent shift toward more inclusive rhetoric and international engagement suggested a potential opening for dialogue,” Grace said. “A win might have created space for policy reform or at least reduced state-sponsored homophobia, though structural change would still require sustained pressure and coalition-building.”
Mutebi stated that a change in Uganda’s leadership to a youthful leader like Wine could have offered an opening, but not a guarantee for progress on inclusion and human rights. Mutebi added existing institutionalized and societal homophobia remain in place.
Federal Government
Trump-appointed EEOC leadership rescinds LGBTQ worker guidance
The EEOC voted to rescind its 2024 guidance, minimizing formally expanded protections for LGBTQ workers.
The U.S. Equal Employment Opportunity Commission voted 2–1 to repeal its 2024 guidance, rolling back formally expanded protections for LGBTQ workers.
The EEOC, which is composed of five commissioners, is tasked with enforcing federal laws that make workplace discrimination illegal. Since President Donald Trump appointed two Republican commissioners last year — Andrea R. Lucas as chair in January and Brittany Panuccio in October — the commission’s majority has increasingly aligned its work with conservative priorities.
The commission updated its guidance in 2024 under then-President Joe Biden to expand protections to LGBTQ workers, particularly transgender workers — the most significant change to the agency’s harassment guidance in 25 years.
The directive, which spanned nearly 200 pages, outlined how employers may not discriminate against workers based on protected characteristics, including race, sex, religion, age, and disability as defined under federal law.
One issue of particular focus for Republicans was the guidance’s new section on gender identity and sexual orientation. Citing the 2020 U.S. Supreme Court’s Bostock v. Clayton County decision and other cases, the guidance included examples of prohibited conduct, such as the repeated and intentional use of a name or pronoun an individual no longer uses, and the denial of access to bathrooms consistent with a person’s gender identity.
Last year a federal judge in Texas had blocked that portion of the guidance, saying that finding was novel and was beyond the scope of the EEOC’s powers in issuing guidance.
The dissenting vote came from the commission’s sole Democratic member, Commissioner Kalpana Kotagal.
“There’s no reason to rescind the harassment guidance in its entirety,” Kotagal said Thursday. “Instead of adopting a thoughtful and surgical approach to excise the sections the majority disagrees with or suggest an alternative, the commission is throwing out the baby with the bathwater. Worse, it is doing so without public input.”
While this now rescinded EEOC guidance is not legally binding, it is widely considered a blueprint for how the commission will enforce anti-discrimination laws and is often cited by judges deciding novel legal issues.
Multiple members of Congress released a joint statement condemning the agency’s decision to minimize worker protections, including U.S. Reps. Teresa Leger Fernández (D-N.M.), Grace Meng (D-N.Y.), Mark Takano (D-Calif.), Adriano Espaillat (D-N.Y.), and Yvette Clarke (D-N.Y.) The rescission follows the EEOC’s failure to respond to or engage with a November letter from Democratic Caucus leaders urging the agency to retain the guidance and protect women and vulnerable workers.
“The Equal Employment Opportunity Commission is supposed to protect vulnerable workers, including women, people of color, and LGBTQI+ workers, from discrimination on the job. Yet, since the start of her tenure, the EEOC chair has consistently undermined protections for women, people of color, and LGBTQI+ workers. Now, she is taking away guidance intended to protect workers from harassment on the job, including instructions on anti-harassment policies, training, and complaint processes — and doing so outside of the established rule-making process. When workers are sexually harassed, called racist slurs, or discriminated against at work, it harms our workforce and ultimately our economy. Workers can’t afford this — especially at a time of high costs, chaotic tariffs, and economic uncertainty. Women and vulnerable workers deserve so much better.”
The Comings & Goings column is about sharing the professional successes of our community. We want to recognize those landing new jobs, new clients for their business, joining boards of organizations and other achievements. Please share your successes with us at [email protected].
The Comings & Goings column also invites LGBTQ+ college students to share their successes with us. If you have been elected to a student government position, gotten an exciting internship, or are graduating and beginning your career with a great job, let us know so we can share your success.
Congratulations to R. Warren Gill III, M.Div., M.A. on being appointed as the development manager at HIPS. Upon his appointment, Gill said, “For as long as I’ve lived in Washington, D.C., I’ve followed and admired the life-saving work HIPS does in our communities. I’m proud to join the staff and help strengthen the financial support that sustains this work.”
Gill will lead fundraising strategy, donor engagement, and institutional partnerships. HIPS promotes the health, rights, and dignity of individuals and communities impacted by sexual exchange and/or drug use due to choice, coercion, or circumstance. HIPS provides compassionate harm reduction services, advocacy, and community engagement that is respectful, non-judgmental, and affirms and honors individual power and agency.
Gill has built a career at the intersection of progressive politics, advocacy, and nonprofit leadership. Previously he served as director of communications at AIDS United, supporting national efforts to end the HIV epidemic. Prior to that he had roles including; being press secretary for Sen. Bernie Sanders during the 2016 presidential primary, and working with the General Board of Church and Society, the United Methodist Church, the denomination’s social justice and advocacy arm.
Gill earned his bachelor’s degree in philosophy and religious studies, Jewish Studies, Stockton University; his master’s degree in political communication from American University, where his graduate research focused on values-based messaging and cognitive linguistics; and his master of Divinity degree from the Pacific School of Religion.
-
The White House4 days agoA full year of Trump and LGBTQ rights: all that’s been lost
-
Health4 days agoCVS Health agrees to cover new HIV prevention drug
-
District of Columbia4 days agoSold-out crowd turns out for 10th annual Caps Pride night
-
LGBTQ Non-Profit Organizations4 days agoHRC warns LGBTQ progress faltering as Trump enters second year
