Connect with us

News

La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile

Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

Published

on

Cristian Aedo Andia, autor de esta fotografía dijo al Washington Blade que “yo estaba protestando a unos metros del lugar cuando vi que alguien iba a subirse a aquel monumento y me encantó que alzara esta bandera gigante, fue inesperado y emotivo. Y sentí unidad, que estamos todos los chilenos unidos en esta causa social”. (Foto de Cristian Aedo Andia)

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.

Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera. 

“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.

La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.

Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.

Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.

“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.

“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment. 

“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.

Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.

Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual. 

“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.

Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”. 

La diputada Pamela Jiles alertó al Blade que “las abuelas de este país no vamos a permitir que Piñera siga matando gente, hiriendo niños, violando hombres y mujeres en las comisarías y particularmente abusando y denigrando a la gente de la diversidad sexual”. (Fotografía cedida por Jiles)

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.

A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.

En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país. 

“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Desde que la diputada Natalia Castillo asumió el cargo se ha caracterizado por defender y promover los derechos de la diversidad sexual y de género chilena. (Fotografía cedida al Washington Blade)

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.

“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Federal Government

Trump-appointed EEOC leadership rescinds LGBTQ worker guidance

The EEOC voted to rescind its 2024 guidance, minimizing formally expanded protections for LGBTQ workers.

Published

on

Equal Employment Opportunity Commission seal, gay news, Washington Blade

The U.S. Equal Employment Opportunity Commission voted 2–1 to repeal its 2024 guidance, rolling back formally expanded protections for LGBTQ workers.

The EEOC, which is composed of five commissioners, is tasked with enforcing federal laws that make workplace discrimination illegal. Since President Donald Trump appointed two Republican commissioners last year — Andrea R. Lucas as chair in January and Brittany Panuccio in October — the commission’s majority has increasingly aligned its work with conservative priorities.

The commission updated its guidance in 2024 under then-President Joe Biden to expand protections to LGBTQ workers, particularly transgender workers — the most significant change to the agency’s harassment guidance in 25 years.

The directive, which spanned nearly 200 pages, outlined how employers may not discriminate against workers based on protected characteristics, including race, sex, religion, age, and disability as defined under federal law.

One issue of particular focus for Republicans was the guidance’s new section on gender identity and sexual orientation. Citing the 2020 U.S. Supreme Court’s Bostock v. Clayton County decision and other cases, the guidance included examples of prohibited conduct, such as the repeated and intentional use of a name or pronoun an individual no longer uses, and the denial of access to bathrooms consistent with a person’s gender identity.

Last year a federal judge in Texas had blocked that portion of the guidance, saying that finding was novel and was beyond the scope of the EEOC’s powers in issuing guidance.

The dissenting vote came from the commission’s sole Democratic member, Commissioner Kalpana Kotagal.

“There’s no reason to rescind the harassment guidance in its entirety,” Kotagal said Thursday. “Instead of adopting a thoughtful and surgical approach to excise the sections the majority disagrees with or suggest an alternative, the commission is throwing out the baby with the bathwater. Worse, it is doing so without public input.”

While this now rescinded EEOC guidance is not legally binding, it is widely considered a blueprint for how the commission will enforce anti-discrimination laws and is often cited by judges deciding novel legal issues. 

Multiple members of Congress released a joint statement condemning the agency’s decision to minimize worker protections, including U.S. Reps. Teresa Leger Fernández (D-N.M.), Grace Meng (D-N.Y.), Mark Takano (D-Calif.), Adriano Espaillat (D-N.Y.), and Yvette Clarke (D-N.Y.) The rescission follows the EEOC’s failure to respond to or engage with a November letter from Democratic Caucus leaders urging the agency to retain the guidance and protect women and vulnerable workers.

“The Equal Employment Opportunity Commission is supposed to protect vulnerable workers, including women, people of color, and LGBTQI+ workers, from discrimination on the job. Yet, since the start of her tenure, the EEOC chair has consistently undermined protections for women, people of color, and LGBTQI+ workers. Now, she is taking away guidance intended to protect workers from harassment on the job, including instructions on anti-harassment policies, training, and complaint processes — and doing so outside of the established rule-making process. When workers are sexually harassed, called racist slurs, or discriminated against at work, it harms our workforce and ultimately our economy. Workers can’t afford this — especially at a time of high costs, chaotic tariffs, and economic uncertainty. Women and vulnerable workers deserve so much better.”

Continue Reading

Local

Comings & Goings

Gill named development manager at HIPS

Published

on

Warren Gill

The Comings & Goings column is about sharing the professional successes of our community. We want to recognize those landing new jobs, new clients for their business, joining boards of organizations and other achievements. Please share your successes with us at [email protected]

The Comings & Goings column also invites LGBTQ+ college students to share their successes with us. If you have been elected to a student government position, gotten an exciting internship, or are graduating and beginning your career with a great job, let us know so we can share your success. 

Congratulations to R. Warren Gill III, M.Div., M.A. on being appointed as the development manager at HIPS. Upon his appointment, Gill said, “For as long as I’ve lived in Washington, D.C., I’ve followed and admired the life-saving work HIPS does in our communities. I’m proud to join the staff and help strengthen the financial support that sustains this work.”

Gill will lead fundraising strategy, donor engagement, and institutional partnerships. HIPS promotes the health, rights, and dignity of individuals and communities impacted by sexual exchange and/or drug use due to choice, coercion, or circumstance. HIPS provides compassionate harm reduction services, advocacy, and community engagement that is respectful, non-judgmental, and affirms and honors individual power and agency.  

Gill has built a career at the intersection of progressive politics, advocacy, and nonprofit leadership. Previously he served as director of communications at AIDS United, supporting national efforts to end the HIV epidemic. Prior to that he had roles including; being press secretary for Sen. Bernie Sanders during the 2016 presidential primary, and working with the General Board of Church and Society, the United Methodist Church, the denomination’s social justice and advocacy arm.

Gill earned his bachelor’s degree in philosophy and religious studies, Jewish Studies, Stockton University; his master’s degree in political communication from American University, where his graduate research focused on values-based messaging and cognitive linguistics; and his master of Divinity degree from the Pacific School of Religion.  

Continue Reading

District of Columbia

Judge denies D.C. request to dismiss gay police captain’s anti-bias lawsuit

MPD accused of illegally demoting officer for taking family leave to care for newborn child

Published

on

D.C. Police Captain Paul Hrebenak (right) embraces his husband, James Frasere, and the couple's son. (Photo courtesy of Hrebenak)

A U.S. District Court judge on Jan. 21 denied a request by attorneys representing the D.C. Metropolitan Police Department to dismiss a lawsuit filed by a gay captain accusing police officials of illegally demoting him for taking parental leave to join his husband in caring for their newborn son.

The lawsuit filed by Capt. Paul Hrebenak charges that police officials violated the U.S. Family and Medical Leave Act, a similar D.C. family leave law, and the Constitution’s Equal Protection Clause by refusing to allow him to return to his position as director of the department’s School Safety Division upon his return from parental leave.  

It says police officials transferred Hrebenak to another police division against his wishes, which was a far less desirable job and was the equivalent of a demotion, even though it had the same pay grade as his earlier job.

In response to a motion filed by attorneys with the Office of the D.C. Attorney General, which represents and defends D.C. government agencies against lawsuits, Judge Randolph D. Moss agreed to dismiss seven of the lawsuit’s 14 counts or claims but left in place six counts.

Scott Lempert, the attorney representing Hrebenak, said he and Hrebenak agreed to drop one of the 14 counts prior to the Jan. 21 court hearing.

“He did not dismiss the essential claims in this case,” Lempert told the Washington Blade. “So, we won is the short answer. We defeated the motion to dismiss the case.”  

Gabriel Shoglow, a spokesperson for the Office of the D.C. Attorney General, said the office has a policy of not commenting on pending litigation and it would not comment on the judge’s ruling upholding six of the lawsuit’s initial 14 counts.

In issuing his ruling from the bench, Moss gave Lempert the option of filing an amended complaint by March 6 to seek the reinstatement of the counts he dismissed. He gave attorneys for the D.C. attorney general’s office a deadline of March 20 to file a response to an amended complaint.

Lempert told the Blade he and Hrebenak have yet to decide whether to file an amended complaint or whether to ask the judge to move the case ahead to a jury trial, which they initially requested.

In its 26-page motion calling for dismissal of the case, filed on May 30, 2025, D.C. Office of the Attorney General attorneys argue that the police department has legal authority to transfer its officers, including captains, to a different job. It says that Hrebenak’s transfer to a position of watch commander at the department’s First District was fully equivalent in status to his job as director of the School Safety Division.

“The Watch Commander position is not alleged to have changed plaintiff’s rank of captain or his benefits or pay, and thus plaintiff has not plausibly alleged that he was put in a non-equivalent position,” the motion to dismiss states.

“Thus, his reassignment is not a demotion,” it says. “And the fact that his shift changed does not mean that the position is not equivalent to his prior position. The law does not require that every single aspect of the positions be the same.”

Hrebenak’s lawsuit states that “straight” police officers have routinely taken similar family and parental leave to care for a newborn child and have not been transferred to a different job. According to the lawsuit, the School Safety Division assignment allowed him to work a day shift, a needed shift for his recognized disability of Crohn’s Disease, which the lawsuit says is exacerbated by working late hours at night.

The lawsuit points out that Hrebenak disclosed he had Crohn’s Disease at the time he applied for his police job, and it was determined he could carry out his duties as an officer despite this ailment, which was listed as a disability.

Among other things, the lawsuit notes that Hrebenak had a designated reserved parking space for his earlier job and lost the parking space for the job to which he was transferred.

“Plaintiff’s removal as director at MPD’s School Safety Division was a targeted, premeditated punishment for his taking statutorily protected leave as a gay man,” the lawsuit states. “There was no operational need by MPD to remove plaintiff as director of MPD’s School Safety Division, a position in which plaintiff very successfully served for years,” it says.

 In another action to strengthen Hrebenak’s opposition to the city’s motion to dismiss the case, Lempert filed with the court on Jan. 15 a “Notice of Supplemental Authority” that included two controversial reports that Lempert said showed that former D.C. Police Chief Pamela Smith put in place a policy of involuntary police transfers “to effectively demote and end careers of personnel who had displeased Chief Smith and or others in MPD leadership.”

One of the reports was prepared by the Republican members of the House Oversight and Government Reform Committee and the other was prepared by the office of Jeanine Pirro, the U.S. attorney for D.C. appointed by President Donald Trump.

Both reports allege that Smith, who resigned from her position as chief effective Dec. 31, pressured police officials to change crime reporting data to make it appear that the number of violent crimes was significantly lower than it actually was by threatening to transfer them to undesirable positions in the department. Smith has denied those claims.

“These findings support plaintiff’s arguments that it was the policy or custom of MPD to inflect involuntary transfers on MPD personnel as retaliation for doing or saying something  in which leadership disapproved,” Lempert says in his court filing submitting the two reports.

“As shown, many officers suffered under this pervasive custom, including Capt. Hrebenak,” he stated. “Accordingly, by definition, transferred positions were not equivalent to officers’ previous positions,” he added.  

Continue Reading

Popular