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La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile
Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.
Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera.
“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.
La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.
Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.
Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.
“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.
“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment.
“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.
Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.
Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual.
“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.
Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”.

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.
A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.
En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país.
“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.
“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.
District of Columbia
GLAA releases ratings for 18 candidates running for D.C. mayor, Council, AG
Mayoral contender Janeese Lewis Geroge among those receiving highest score
D.C. mayoral candidate Janeese Lewis George, a Democrat, is among just four candidates to receive the highest rating score of +10 from GLAA D.C. who are competing in the city’s June 16 primary election.
GLAA, formally known as the Gay and Lesbian Activists Alliance of Washington, has rated candidates for public office in D.C. since the 1970s. It rated 18 of the 36 candidates on this year’s primary ballot for mayor, D.C. Council, and D.C. attorney general based on its policy of only rating candidates who return a GLAA questionnaire asking for their positions on a wide range of issues, most of which are not LGBTQ-specific.
Among the candidates who did not return the questionnaire and thus did not receive a rating, according to GLAA, was Democratic mayoral contender Kenyan McDuffie, who along with Lewis George, is considered by political observers to be one of the two leading mayoral candidates running in the Democratic primary.
Lewis George and McDuffie, who each have long records of support for the LGBTQ community, are among a total of eight candidates running for mayor on the June 16 primary ballot: seven Democrats and one Statehood Green Party candidate. In addition to Lewis George, GLAA rated just two other mayoral candidates. Rini Sampath, a Democrat who self identifies as queer, received a +6.5 rating, and Ernest E. Johnson, also a Democrat, received a +4.5 rating
Under the GLAA rating system, candidate ratings range from a +10, the highest score, to a -10, the lowest possible score. In its ratings for the June 16 primary, the lowest score issued was +4.5. GLAA said in a statement that each of the 18 candidates it rated expressed strong support for LGBTQ-related issues in their questionnaire responses, indicating that the overall rating scores reflect the candidates’ positions on mostly non-LGBTQ-specific issues.
The three other candidates who received a +10 GLAA rating are each running as Democrats for the Ward 1 D.C. Council seat. They include gay candidate Miguel Trindade Deramo; Aparna Raj, who identifies as bisexual; and LGBTQ ally Rashida Brown. The only other Ward 1 candidate rated by GLAA is LGBTQ ally Terry Lynch, who received a +5.5 rating.
Ward 5 D.C. Councilmember Zachary Parker, the Council’s only gay member who is facing two opponents in the Democratic primary, received a +7 GLAA rating. The two challengers did not return the questionnaire and were not rated.
“In seven out of 10 of our priorities, every candidate indicated agreement,” GLAA said in its statement to the Washington Blade in referring to the candidates it rated. “Total consensus on core issues signals that whomever is elected to Council and mayor, we should expect to hold our elected officials accountable to our goals of protecting home rule, resisting federal overreach, advancing transgender healthcare rights, and eliminating chronic homelessness in the District,” the statement says.
“While candidates agree on the basics, they distinguish themselves in the depth and creativity in their responses, and their record on the issues,” according to the statement, which adds that candidates’ full questionnaire responses and ratings can be accessed on the GLAA website, glaa.org.
Like past election years, GLAA does not rate candidates running for the D.C. Congressional Delegate seat or the so-called “shadow” U.S. House of Representatives and U.S. Senate seats.
With the exception of one question asking about transgender rights, none of the other nine of the 10 questionnaire questions are LGBTQ-specific. But most of the questions mention that LGBTQ people are impacted by the issues being raised, such as affordable housing, federal government intrusion into D.C. home rule, and access to healthcare and public benefits for low-income residents.
One of the questions asks candidates if they support decriminalization of sex work in D.C. among consenting adults, which GLAA supports. Lewis George is among the candidates who said they do not support sex work decriminalization at this time. The other two mayoral candidates that GLAA rated, Sampath and Johnson, said they support sex work decriminalization.
In the race for D.C. attorney general, GLAA issued a rating for just one of the three candidates running: Republican challenger Manuel Rivera, who received a +4.5 rating. Incumbent Democrat Brian Schwalb and Democratic challenger J.P. Szymkowicz were not rated because they didn’t return the questionnaire.
D.C. Council Chair Phil Mendelson (D), who is running unopposed in the primary, received a +6.5 rating. Ward 6 Councilmember Charles Allen, who is facing three Democratic challengers in the primary and who is a longtime LGBTQ ally, received a +6.5 rating.
In the special election to fill the at-large D.C. Council seat vacated by the resignation of then-Independent Councilmember McDuffie to enable him to run for mayor as a Democrat, GLAA has rated two of the three Independent candidates competing for the seat. Elissa Silverman received a +5.75 rating, and Doni Crawford received a +5.6 rating.
Finally, in the At-Large D.C. Council race GLAA issued ratings for five of the 11 candidates running in the primary, each of whom are Democrats. Oye Owolewa received a +9; Lisa Raymond, +7.5; Dwight Davis, +6.5; Dyana N.M. Forester, +6; and Fred Hill, +6.6.
The full list of GLAA-rated candidates and their detailed questionnaire responses can be accessed at glaa.org.
News
Blade finalist for D.C. Society of Professional Journalists awards
Editor Kevin Naff to be inducted into Hall of Fame at June. 9 dinner
The Society of Professional Journalists’ Washington, D.C., Pro Chapter on Tuesday announced the Washington Blade is a finalist for various awards it will hand out at its annual dinner next month.
International News Editor Michael K. Lavers is a finalist for the weekly editorial/opinion writing category for his piece “Vacationing abroad with an embarrassment in the White House.” He is also a finalist for the weekly newspaper non-breaking news category for his article “Trump executive orders leave LGBTQ migrants, asylum seekers in limbo.”
Photo Editor Michael Key is a finalist for the weekly newspaper feature photography category for a photo of a protest that he took outside the D.C. Attorney General’s office. He is also a finalist for the weekly newspaper photography story category for his article “‘Trump Must Go Now’ march to the White House” and for the weekly newspaper photojournalism category for his coverage of the WorldPride Street Festival and Closing Concert.
Senior Reporter Lou Chibbaro is a finalist for the weekly newspaper non-breaking news category for his article “In D.C., LGBTQ homelessness on the rise despite overall decline.”
Kevin Naff, the Blade’s editor and co-owner, will be inducted into the Society of Professional Journalists’ Washington, D.C., Pro Chapter’s Hall of Fame at its annual dinner that will take place at the National Press Club on June 9.
Commentary
He is 16 and sitting in a Cuban prison
Jonathan David Muir Burgos arrested after participating in anti-government protests
Jonathan David Muir Burgos is 16-years-old, and that fact alone should force the world to stop and pay attention. He is not an armed criminal, nor a violent extremist, nor someone accused of harming others. He is a Cuban teenager who ended up behind bars after joining recent protests in the city of Morón, in the province of Ciego de Ávila, demonstrations born out of exhaustion, desperation, and the growing collapse of daily life across the island.
Those protests did not emerge from privilege or political theater. They erupted after prolonged blackouts, food shortages, lack of drinking water, unbearable heat, and a level of public frustration that continues to deepen inside Cuba. People took to the streets because ordinary life itself has become increasingly unbearable. Families are surviving for hours and sometimes days without electricity. Parents struggle to find food. Entire communities live trapped between scarcity and silence.
Jonathan became part of that reality.
And today, he is sitting inside a Cuban prison.
The World Health Organization defines adolescence as the stage between approximately 10 and 19 years of age, a period marked by emotional, psychological, and physical development. That matters deeply here because Jonathan is not simply a “young protester.” He is a minor. A teenager still navigating the fragile years in which identity, emotional stability, and personal growth are being formed.
Yet the Cuban government chose to place him inside a high-security prison alongside adults.
There is something profoundly disturbing about a political system willing to expose a 16-year-old boy to the psychological brutality of prison life simply because he exercised the right to protest. A prison is never only walls and bars. It is fear, humiliation, emotional pressure, intimidation, and uncertainty. For a teenager surrounded by adult inmates, those dangers become even more alarming.
The situation becomes even more serious because Jonathan reportedly suffers from severe dyshidrosis and has previously experienced dangerous bacterial infections affecting his health. His condition requires proper medical care, hygiene, and adequate treatment, precisely the kind of stability that is difficult to guarantee inside the Cuban prison system.
Behind this story there is also a family living through a kind of pain impossible to fully describe.
Jonathan is the son of a Cuban evangelical pastor. Behind the headlines there is a mother wondering how her child is sleeping at night inside a prison cell. There is a father trying to hold onto faith while imagining the emotional and physical risks his teenage son may be facing behind bars. Faith does not erase fear. Faith does not prevent parents from trembling when their child is imprisoned.
And this is where another painful contradiction emerges.
While a Cuban pastor watches his son remain incarcerated, there are still political and religious voices outside Cuba romanticizing the Cuban regime from a safe distance. There are people who speak passionately about justice while remaining silent about political prisoners, repression, censorship, and now even the imprisonment of adolescents.
That silence matters.
Because silence protects systems that normalize abuse.
For too long, parts of the international community have spoken about Cuba through ideological nostalgia while refusing to confront the human cost paid by ordinary Cubans. The reality is not romantic. The reality is families surviving in darkness, young people fleeing the country in massive numbers, parents struggling to feed their children, and now a 16-year-old boy sitting inside a prison after joining a protest born from desperation.
No government has the moral right to destroy the emotional and psychological well-being of a teenager for exercising freedom of expression. No ideology should stand above human dignity. And no institution that claims to defend justice should remain indifferent while a child becomes a political prisoner.
Jonathan David Muir Burgos should not be in prison.
A 16-year-old boy should not have to pay for protest with his freedom.
