Connect with us

News

La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile

Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

Published

on

Cristian Aedo Andia, autor de esta fotografía dijo al Washington Blade que “yo estaba protestando a unos metros del lugar cuando vi que alguien iba a subirse a aquel monumento y me encantó que alzara esta bandera gigante, fue inesperado y emotivo. Y sentí unidad, que estamos todos los chilenos unidos en esta causa social”. (Foto de Cristian Aedo Andia)

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.

Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera. 

“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.

La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.

Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.

Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.

“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.

“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment. 

“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.

Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.

Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual. 

“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.

Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”. 

La diputada Pamela Jiles alertó al Blade que “las abuelas de este país no vamos a permitir que Piñera siga matando gente, hiriendo niños, violando hombres y mujeres en las comisarías y particularmente abusando y denigrando a la gente de la diversidad sexual”. (Fotografía cedida por Jiles)

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.

A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.

En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país. 

“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Desde que la diputada Natalia Castillo asumió el cargo se ha caracterizado por defender y promover los derechos de la diversidad sexual y de género chilena. (Fotografía cedida al Washington Blade)

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.

“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

The White House

Kristi Noem ‘devastated’ as husband’s alleged fetish spending surfaces

Former DHS head ‘blindsided’ by allegations

Published

on

Former DHS Secretary Kristi Noem (Washington Blade photo by Michael Key)

Former Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem said she is “devastated” after reports alleged her husband paid large sums to fetish models and shared cross-dressing photos while married to her.

The Daily Mail first reported the story on March 31, accusing 56-year-old Bryon Noem — the former second gentleman of South Dakota and husband to the former DHS secretary — of exchanging hundreds of messages with three women in the “bimbofication” fetish scene. According to the report, he praised their surgically enhanced bodies and was asked to send them money though various online accounts during the 14 months his wife led the nation’s largest federal law enforcement agency.

He sent them at least $25,000 via Cash App and PayPal, according to the story, that also included photos reportedly show him wearing pink shorts and a flesh-colored top with balloons simulating breasts.

When the payments were delayed or failed to be sent, the women would get mad and ignore him, the story reads. At least one woman who didn’t receive money after texting Noem was so disgruntled she posted about his behavior on social media before later deleting it.

The allegations quickly went viral across social media and major news outlets. Representatives for Kristi Noem told the New York Post she was “devastated” and that her family was “blindsided” by the claims, while requesting privacy and prayers.

President Donald Trump, when asked by the Daily Mail, expressed surprise that the Noem family had confirmed the photos’ authenticity. 

“They confirmed it? Wow, well, I feel badly for the family if that’s the case, that’s too bad,” Trump told the outlet that broke the story. “I haven’t seen anything. I don’t know anything about it. That’s too bad, but I just know nothing about it.”

Kristi and Bryon Noem met in high school and married in 1992, according to the Daily Mail. They have two daughters, Kassidy, 31, and Kennedy, 29, and a son, Booker, 23.

The controversy comes after Noem’s recent removal from one of the highest-ranking positions in Trump’s Cabinet. Markwayne Mullin was sworn in as Homeland Security Secretary last week, though Noem remains part of the president’s team as special envoy to the Shield of the Americas, a U.S.-led regional security organization focused on coordinating efforts to combat organized crime, drug trafficking, and illegal migration throughout the Western Hemisphere.

Noem’s political career spans more than a decade across state and federal government jobs. She served in the South Dakota House of Representatives from 2007 to 2011, in the U.S. House of Representatives from 2011 to 2019, and as Governor of South Dakota from 2019 to 2025. 

She was confirmed as Secretary of Homeland Security during Trump’s second term, serving from 2025 until her removal following widespread backlash over escalating U.S. Immigration and Customs Enforcement operations, which included separating children from their families and two separate fatal shootings of U.S. citizens by ICE officers during protests. Trump reportedly decided to fire Noem from DHS after her congressional hearing related to the deaths, in which she stated that the president had approved a $200 million-plus government-funded DHS advertising campaign that prominently featured her.

The reports about her husband have also reignited speculation about Noem’s personal life, including rumors involving Trump supporting political operative Corey Lewandowski, described by some as the “worst-kept secret in D.C.” 

Some accounts suggest Bryon Noem was aware of the alleged relationship — and benefited from it. Political commentator Ryan James Girdusky fueled that speculation during an August 2025 episode of the It’s a Numbers Game podcast, citing what he described as “D.C. gossip” that a top Cabinet official — rumored to be Noem — had privately claimed her husband was gay.

“A reporter walked up to her and said, ‘Why are you having this affair? Why haven’t you met up with your husband? Why aren’t you divorcing your husband?’” Girdusky said on the podcast. “And she blurted out to this reporter, who I know, and said, ‘Oh, my husband’s gay.’”

Unlike the unverified claims surrounding her husband, Noem’s political record on LGBTQ issues is well documented. 

In 2024, while serving as governor, her administration canceled a contract with a community health worker organization, resulting in a $300,000 settlement with a transgender advocacy group. The contract had included a roughly $136,000 state-administered federal grant, of which about $39,000 had already been distributed, according to the group’s attorneys.

Noem also championed a series of policies restricting trans rights. She signed executive orders in 2021 barring transgender girls and women from competing on women’s sports teams at public schools and colleges in the state. In addition to using executive authority to enact these policies, she signed legislation into law. She enacted House Bill 1080, which bans age-appropriate, medically necessary health care for trans youth — despite widespread support for such care from major medical associations and global health authorities. 

Noem also supported legislation aimed at restricting trans athletes, though she ultimately vetoed one bill, citing potential legal challenges from the NCAA while maintaining support for its intent. Additionally, she signed a Religious Freedom Restoration Act that LGBTQ advocates say enables discrimination under the guise of protecting religious liberty.

Continue Reading

U.S. Supreme Court

Colo. activists condemn SCOTUS conversion therapy ruling

8-1 decision could have sweeping implications

Published

on

Activists protest in front of the U.S. Supreme Court on Oct. 7, 2025. The justices on that day heard oral arguments in Chiles v. Salazar. (Washington Blade photo by Michael Key)

The Supreme Court ruled in Chiles v. Salazar that a Colorado law banning conversion therapy is unconstitutional, striking down the state’s 2019 statute and potentially impacting similar laws across the country. Religious advocates have hailed Tuesday’s decision as a victory for the First Amendment and evangelical Christians, while LGBTQ activists warn it could lead to increased harm for LGBTQ youth.

The conservative majority, joined by two progressive members of the court, sided 8–1 with Kaley Chiles on March 31 in what some critics are calling a landmark ruling for religious zealots, placing the teachings of the Bible above established medical consensus. Chiles, a Christian therapist who practices what she describes as “faith-based talk therapy for children,” challenged Colorado’s House Bill 19-1129, a law prohibiting licensed professionals from engaging minors in efforts to change their sexual orientation or gender identity through conversion therapy. She successfully argued that she and her clients have a constitutional religious right to choose the type of therapy they seek, effectively nullifying the Colorado law banning conversion therapy.

When the court heard oral arguments in October 2025, early questions indicated that the justices were likely to rule against the state in a matter involving LGBTQ rights, making this the fourth major LGBTQ rights case to come from Colorado since 1996.

In 1996, the Supreme Court overruled state initiative Amendment 2 in Romer v. Evans, which tried, but ultimately failed to restrict rules on gay people’s protected status in Colorado. Then in 2018, SCOTUS presided over Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, when a Lakewood baker refused to make a cake for a gay client, which the state argued violated it’s civil rights commission order, but the court sided with the baker, ruling the commission had violated his Christian beliefs. In 2023 the court ruled in 303 Creative LLC v. Elenis  that a Denver-based web designer is legally allowed to refuse to make wedding websites for same-sex couples, and successfully arguing she was constitutionally protected under the First Amendment.

Chiles, who practices in Colorado Springs, combines traditional psychological approaches — including cognitive, behavioral, psychodynamic, and humanistic therapies — with Christian beliefs. She argued that the law violated her First Amendment rights by restricting her ability to practice therapy aligned with her religious values, as well as limiting the rights of clients seeking that form of care.

Conversion therapy, widely discredited by major medical and psychological associations, is defined as practices that attempt to change a person’s sexual orientation or gender identity. Under Colorado law, providers found in violation could face fines up to $5,000, suspension, or loss of licensure.

Lower courts — including a district court and the 10th Circuit — previously upheld the law, finding it regulated professional conduct rather than speech and therefore required only minimal constitutional scrutiny. However, the Supreme Court, with three Trump-appointed justices, determined that the lower courts failed to apply “sufficiently rigorous First Amendment scrutiny,” raising concerns about violations of both the Establishment Clause and the Free Exercise Clause. The ruling sends the case back to a lower court for further review.

The decision reflects a broader trend in recent years, with the current court — often referred to as the Roberts Court — more frequently siding with religious liberty claims, particularly those involving Christian plaintiffs.

To better understand the implications of the ruling, the Washington Blade spoke with Colorado-based LGBTQ advocacy organization Rocky Mountain Equality, which has spent decades organizing, educating, and providing services across the state.

Founded in 1994 as Boulder Pride, the organization has since expanded into a statewide force addressing LGBTQ issues, including healthcare, housing, and youth services. Now operating as Rocky Mountain Equality, the group saw a 62 percent increase in 2024 operating revenue, growing to more than $3.765 million while running the Equality Center of the Rocky Mountains in Boulder.

Mardi Moore, the chief executive officer of Rocky Mountain Equality, sat down with the Blade to discuss the ruling and its impact on the broader LGBTQ community, calling it both expected and deeply concerning.

“When the ruling came out today, I think we all knew it wasn’t going to be a winning battle after hearing arguments, but the 8-1 decision made me sad, and honestly, it’s turning into anger,” Moore told the Blade on Tuesday morning. “This is a really sad day — not just for LGBTQ kids, but for all kids in Colorado.”

Moore explained that the law passed with support from Colorado lawmakers and felt like progress toward making the state safer for LGBTQ residents.

While oral arguments were being heard in October, the Blade spoke to a group of conversion therapy survivors who came to the nation’s capital to protest the ban’s removal and support one another. Their stories detailed the emotional and physical toll of conversion therapy.

“We all know the horror stories, and we know conversion therapy is pseudoscience,” she continued. “About a decade ago, Colorado passed a bill — under the leadership of then-Rep. Daniel Ramos — that banned conversion therapy with religious exceptions, which was a huge step forward.”

That step forward now feels like a step back, Moore suggested. While the ruling currently applies to Colorado, she warned it could embolden similar legal challenges nationwide.

“In our initial reading, this ruling only impacts Colorado and isn’t a broader issue for other states. But that doesn’t mean people who oppose LGBTQ rights won’t start fighting state by state,” Moore said. She pointed to the state’s history, including the fight against Amendment 2. “Here in Colorado, we’re used to these battles — we fought Amendment 2, and we’re still fighting now. There are two ballot measures this November: one targeting gender-affirming care for minors, and another banning trans youth from sports at all levels.”

These ballot measures, Moore explained, represent another attempt to restrict trans youth. One would limit gender-affirming surgeries for minors — procedures that research shows are extremely rare — while another would restrict sports participation based on sex assigned at birth.

“These efforts are trying to wipe trans kids off the map. This ruling is sickening — the religious right is still very active, and people who think voting doesn’t matter need to understand that presidents shape Supreme Courts.”

Moore emphasized that while national advocacy is critical, the fight increasingly comes down to local organizing and direct support.

“Here at Rocky Mountain Equality, we advocate for the community, train providers, and support people who have gone through conversion therapy. We have a strong youth program and will continue supporting young people in every way we can.”

“Colorado may seem progressive, but it’s still a purple state,” she added. “Messaging that works in Denver doesn’t always reach families who might send their kids to conversion therapy.”

The timing of the ruling — released on Trans Day of Visibility — also drew criticism.

“Releasing this decision on Trans Day of Visibility feels calculated. It takes a day meant for joy and turns it into another setback,” Moore said.

When asked about next steps, Moore pointed to state-apponited officials who support LGBTQ rights are likely reviewing options.

“I don’t have specifics yet on organized legal responses, but our attorney general, Phil Weiser, argued this case,” she said. “I imagine his office is reviewing every possible option right now.”

Despite the opinion dropping so recently, the emotional toll is already being felt.

“I texted a colleague this morning who went through conversion therapy — it was a sad emoji kind of day,” she said, also referencing a similiar feeling to the one she has now the case of Alana Chen, a University of Colorado Boulder student who died by suicide after experiencing conversion therapy.

“Her story devastated so many, including her mother,” she shared, adding that despite her death “is still advocating for young people” in the battle over conversion therapy — one that feels like it is getting worse with each ruling, with no end in sight.

“I think the real battle started this morning at kitchen tables. There are parents telling their kids, ‘I told you being queer was wrong — the Supreme Court says so,’” Moore said. “Those are the conversations we don’t hear, but they’re happening.”

Rocky Mountain Equality says it will continue focusing on direct support, specifically in rural communities which will face a particularly difficult time as LGBTQ rights become restricted.

“When people reach out to us from rural communities, we help connect them with affirming providers — locally if possible, or in places like Boulder County. We also help with financial support so they can access care. This work is about meeting people where they are,” she explained. “We’re working with organizations across the state, including in more conservative areas like Mesa County. The environments are very different, but we collaborate to share resources and support each other. Leading an organization right now is incredibly tough work.”

The organization is also mobilizing politically ahead of the ballot measures, using the anger from this case as fuel for the long hual to getting LGBTQ rights protected.

“Just last night, we had over 100 people at a kickoff event in Boulder for our campaign to defeat these ballot measures. People signed up to volunteer, donate, and write letters. We’re going to fight to make sure Colorado doesn’t become a ‘hate state’ again,” she said. 

Moore also explained that as Colorado has become a leading destination for affirming healthcare and LGBTQ rights, people from more conservative neighboring states are seeking care there. She added that if the Centennial State can provide access to specialized care that has been politicized elsewhere, it should work to protect those services.

“People are coming to Colorado from surrounding states for gender-affirming care, abortion access, and support. We’re not going to let a small group of hateful voices take that away.”

She called on allies to take action, regardless of how small or meaningless it might seem at first.

“People can help by having conversations in their own communities about the value of every person. They can connect others with resources and support systems,” she said. “And for Colorado specifically, they can donate, share our work, and stand in solidarity.”

Moore drew parallels from past crises the LGBTQ community has had faced, yet many of the LGBTQ people she faught with in the seemingly impossible times of the past are still here and still fighting, emphasizing the community’s resilience..

“I was telling my staff — I’m an old dyke, and I remember the fight during the AIDS crisis. We were trying to make sure people were fed, cared for, and treated, all while our rights were under attack. We lost many lives, but we made it through — and we will again,” she recalled.

“They think if they attack us from every direction, they can erase us, but they’ve only made us stronger. We will continue supporting LGBTQ youth and all children who deserve protection from unregulated, harmful practices like conversion therapy.”

Other LGBTQ advocates also spoke out about the ruling’s impact.

Carl Charles, a member of the Elayne Cassidy Nicholas Memorial Counsel for Trans and Nonbinary Rights at Lambda Legal, issued a statement following the court’s ruling, while touching on and his personal experience with conversion therapy.

“I know firsthand the long-lasting harms of conversion therapy, having been subjected to it when I was 15 years old. This practice did not change my sexual orientation or gender identity. Instead, it destroyed important relationships and created shame and fear that took time and effort to undo. For many survivors, it is a reverberating life-long harm,” he said as he shared his story to the world via a friend-of-the-court brief with the Conversion Therapy Survivor Network, detailing the harms of conversion therapy they experienced.

“I am fortunate to have been able to transcend the trauma of that experience, to celebrate my identity as a transgender man, and to nurture a loving relationship with my husband. But so many young people do not have the familial or community support to withstand the impact of this unethical practice. LGBTQ+ youth do not need to be changed. Rather, like all youth, they need to be supported and celebrated for the unique and important people they are becoming.”

Human Rights Campaign President Kelley Robinson issued a statement following announcement of the court’s verdict, condemning the homophobic ruling as thinly veiled intolerance as masquerading a religious right fight. Before the case was heard, the HRC submitted amicus brief detailing how the legislation in question was not religous in nature, but is regulatory speech restriction that helping LGBTQ Americans.

“The court has weaponized free-speech in order to prioritize anti-LGBTQ+ bias over the safety, health and wellbeing of children,” her statement reads. “So-called ‘conversion therapy’ is pseudoscience, not real therapy. It has been condemned by every mainstream medical and mental health association and harms families, traumatizes children, and robs people of their faith communities. It is cruel and should never be offered under the guise of legitimate mental healthcare. To undermine protections that keep kids and families safe from these abusive practices is shocking — and our children deserve better.”

Continue Reading

Commentary

Is Ghana’s selective justice a human rights contradiction?

Country’s commitment to human rights appears inconsistent

Published

on

Ghanaian flag (Public domain photo from Pixabay)

Ghana’s mission to have the United Nations recognize the trafficking of enslaved Africans and racialized chattel enslavement as the gravest crime against humanity is a historic milestone. The resolution adopted on March 25, 2026, with 123 out of about 180 countries in support, marks a major step toward global acknowledgement of the brutality and inhumanity of slavery. A 2022 report by the Equal Justice Initiative, “The Transatlantic Slave Trade,” highlights how during the slave trade, Africans who were enslaved had no rights, freedom, recognition or protection under the law. They had no voice, no bodily autonomy, no respected identity and could be brutally violated with no legal protection. This history represents a grave crime against humanity.

In my opinion, Ghana and the other countries that voted in favor are entirely right to say that such historic events cannot be sanitized or reduced to diplomatic language. Recognition is the first step towards accountability. This matter is important because it is arguably the foundation of the modern-day injustice and inequality people experience, including wealth inequality, racism, sexism, xenophobia, and queerphobia.

The double standard

Yet, despite this important step on the world stage, Ghana’s commitment to human rights appears inconsistent. The same government advocating for justice for enslaved Africans is enacting laws that jeopardies the rights of Africans today. This contradiction between Ghana’s international stance and its domestic policies is at the heart of the discussion.

In February 2026, the Ghanaian parliament formally received the Human Sexual Rights and Family Values Bill. The bill is a grave threat to the rights to nondiscrimination, protection under the law, privacy and freedom of association, assembly, and expression. It expands criminalization of LGBTQ+ people, and anyone associated with them. This Human Sexual Rights and Family Values Bill calls for a three-year imprisonment for anyone who identifies as LGBTQ+, anyone who has gender affirming treatment, anyone who enters into a same-sex marriage or attends a same-sex wedding and anyone who promotes equal rights for LGBTQ+ people. It turns enforcement into a societal obligation rather than just a state function, encouraging people to report anyone who looks suspicious or different. This further legitimizes the brutal attacks on LGBTQ+ people socially, which leaves the people of Ghana with blood on their hands.  

Ghana’s proposed and reintroduced anti-LGBTQ+ legislation is said to be among the most restrictive in the world and will result in the inhumane treatment of LGBTQ+ people. It not only further criminalizes consensual same-sex relations but also targets civil society organizations that are perceived to be supporting equal rights for LGBTQ+ people. So, if this law passes, it will be illegal to support equal rights and challenge the inhuman treatment of queer Ghanaians and allies. Is this not a double standard? Ghana seeks justice for the ill-treatment of Africans during the transatlantic slave trade but is actively in the process of seeking to harm its own people.

This is not theoretical harm; it is practical harm. According to the Human Rights Watch, LGBTQ+ people in Ghana already face systemic stigma, discrimination, harassment and violence, often enabled by both legal frameworks and social stigma, resulting in a hostile climate.

Ghana falls short of upholding human rights at home

On the global stage, Ghana is arguing that the dehumanization of Africans through slavery was so severe that it constitutes the gravest possible violation of human dignity. This argument rests on a core principle that reducing people to less than fully human is unacceptable under any circumstances.

Back at home, the state is endorsing laws that do exactly that to LGBTQ+ people. Criminalizing identity, suppressing expression, clamping down on civic space, monitoring and surveilling citizens and advocating for social exclusion. These are elements of dehumanization signaling that some are less deserving of protection, dignity, respect, and justice. That is the definition of a double standard.

Supporters of these laws often frame homosexuality as un-African, but this claim does not hold up under scrutiny. In his article, “The ‘Deviant’ African Genders That Colonialism Condemned”, Mohammed Elnaiem emphasizes that historical and anthropological evidence shows that diverse sexualities and gender expressions existed across African societies long before colonial rule. Ironically, many of the laws used to criminalize LGBTQ+ people today trace directly back to the colonial-era. This is even supported by the African Court, which, in December 2020, through its Advisory opinion, made it clear that these colonial-era laws are discriminatory and perpetuated marginalization. The African Court also called on African states to take action in this regard.

It is no secret that anti-rights actors are actively operating in Ghana and supporting leaders to advance their anti-rights agenda. They are increasingly organized, visible, well-funded, and influential in shaping state policy. The upcoming 4th African Inter-Parliamentary Conference on Family and Sovereignty, scheduled to take place in Accra from May 27-30, 2026, is a clear example of this coordination. The conference endorses the so-called African Charter on Family Values, a deeply contested initiative that frames LGBTQ+ people as a threat to children and positions queer identities as foreign ideologies. This platform is being used to legitimize and advance anti-LGBTIQ+ legislation, restrict comprehensive sexuality education and roll back sexual and reproductive health rights. In this context, the treatment of LGBTQ+ people in Ghana cannot be viewed as isolated policy choices, but rather as part of a broader coordinated anti-rights agenda that normalizes and legalizes discrimination. It fuels increasingly inhumane conditions for queer communities and civil society. Ghana is simultaneously rejecting colonial injustice in one breath while enforcing colonial-era morality laws in another.

There is also a legal inconsistency worth noting. Ghana’s own Constitution guarantees the right to life, protection from violence, the right to personal liberty, the right to human dignity, equality and freedom from discrimination and the right to a fair trial. Yet, in practice these rights are not equally applied to LGBTQ+ individuals. Depriving equal rights to LGBTQ+ persons is the same as what the slave owners did to slaves.

You cannot build a credible human rights position on selective application

To be clear, recognizing slavery as a crime against humanity is not diminished by pointing out this contradiction. Both truths can coexist: the UN resolution is a victory and Ghana’s domestic policies remain deeply troubling. In fact, holding both realities together is necessary if the language of human rights is to mean anything at all. Ghana has taken a powerful stand on the global stage. The question now is whether it is willing to apply that same moral clarity at home.

Bradley Fortuin is a consultant at the Southern Africa Litigation Center and a human rights activist.

Continue Reading

Popular