Connect with us

News

La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile

Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

Published

on

Cristian Aedo Andia, autor de esta fotografía dijo al Washington Blade que “yo estaba protestando a unos metros del lugar cuando vi que alguien iba a subirse a aquel monumento y me encantó que alzara esta bandera gigante, fue inesperado y emotivo. Y sentí unidad, que estamos todos los chilenos unidos en esta causa social”. (Foto de Cristian Aedo Andia)

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.

Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera. 

“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.

La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.

Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.

Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.

“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.

“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment. 

“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.

Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.

Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual. 

“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.

Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”. 

La diputada Pamela Jiles alertó al Blade que “las abuelas de este país no vamos a permitir que Piñera siga matando gente, hiriendo niños, violando hombres y mujeres en las comisarías y particularmente abusando y denigrando a la gente de la diversidad sexual”. (Fotografía cedida por Jiles)

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.

A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.

En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país. 

“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Desde que la diputada Natalia Castillo asumió el cargo se ha caracterizado por defender y promover los derechos de la diversidad sexual y de género chilena. (Fotografía cedida al Washington Blade)

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.

“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Senegal

Senegalese president signs bill that further criminalizes homosexuality

Measure passed in National Assembly with near unanimous support

Published

on

Bassirou Diomaye Faye (Screen capture via Reuters/YouTube)

Senegalese President Bassirou Diomaye Faye on Tuesday signed into law a bill that further criminalizes consensual same-sex sexual relations in the country.

Lawmakers in the African country on March 11 nearly unanimously passed the measure that increases the penalty for anyone convicted of engaging in consensual same-sex sexual relations from one to five years in prison to five to 10 years. The bill that Prime Minister Ousmane Sonko introduced also prohibits the “promotion” or “financing” of homosexuality in Senegal.

Reuters on March 16 reported MassResistance, an anti-LGBTQ group based in the U.S., worked with Senegalese groups that support the bill. Volker Türk, the U.N. high commissioner for human rights, is among those who urged Faye not to sign it.

The Senegalese National Assembly in 2021 rejected a bill that would have further criminalized homosexuality in the country.

Police in February arrested a dozen men and charged them with committing “unnatural acts.”

Continue Reading

Maryland

Md. lawmakers reaffirm legislative priorities

2026 General Assembly to end April 13

Published

on

The Maryland State House in Annapolis, Md.(Washington Blade photo by Michael Key)

Maryland’s legislative caucuses outlined their legislative priorities heading into the final weeks of the 2026 General Assembly during a joint press conference on March 24.

The press conference was titled “We are Maryland,” where a representative for each of the legislative caucuses outlined priorities. 

State Del. Kris Fair (D-Frederick County) of the LGBTQ+ Caucus opened the press conference with a statement on the unity of Maryland’s caucus. 

“Together we can show our state and our community a different world, one where we mutually support one another and through that support uplift every Marylander,” he said. 

In a press conference on March 5, the LGBTQ+ Caucus outlined its top legislative priorities. Fair highlighted two of those bills again during the “We are Maryland” press conference. 

The first of the two highlighted pieces of legislation was Senate Bill 626 and House Bill 1589. 

The bills would simplify the process of updating an individual’s birth certificate and align the Department of Health and DMV systems to reflect those changes. The bill is being led by state Sen. Clarence Lam (D-Anne Arundel and Howard Counties) and state Del. Ashanti Martinez (D-Prince George’s County). 

The second piece of legislation is Senate Bill 950 and House Bill 1209, which would update and modernize laws and regulations around so-called conversion therapy. The bills have failed to pass either chamber thus far. They are being led by state Sen. Cheryl Kagan (D-Montgomery County) and state Del. Bonnie Cullison (D-Montgomery County). 

(The U.S. Supreme Court on Tuesday ruled against a Colorado law that bans so-called conversion therapy for minors. Maryland is among the U.S. jurisdictions that prohibit the widely discredited practice for anyone under 18.)

Martinez and Lam have introduced bills in their respective chambers that would expand PrEP access in Maryland. Martinez did not attend the press conference, and Fair did not mention it when he spoke.

State Del. N. Scott Phillips (D-Baltimore County) represented the Black Caucus during the press conference. State Del. Dana Jones (D-Anne Arundel County) spoke on behalf of the Women’s Caucus, State Del. Teresa Woorman (D-Montgomery County) represented the Latino Caucus, and State Del. Lily Qi (D-Montgomery County) represented the Asian-American and Pacific Islander Caucus. State Del. Jared Solomon (D-Montgomery County) represented the Jewish Caucus, and state Del. Sean Stinnett (D-Baltimore County) represented the Muslim Caucus during the press conference. 

Solomon ended the press conference by explaining the importance of all the caucuses coming out together. 

“We are stronger when we’re together, and many of these issues that we have talked about, again, impact all of us,” said Solomon.

Continue Reading

U.S. Supreme Court

Supreme Court rules against Colo. law banning conversion therapy for minors

8-1 decision could have sweeping impact

Published

on

U.S. Supreme Court (Washington Blade photo by Michael Key)

The U.S. Supreme Court on Tuesday ruled against a Colorado law that bans so-called conversion therapy for minors.

The justices last October heard oral arguments in Chiles v. Salazar. Today they ruled 8-1 in favor of Kaley Chiles, a Christian therapist who challenged the 2019 law.

In the case, which was heard by the justices in October 2025, Chiles successfully argued to the court that the law restricting this type of therapy was unconstitutional, leading to it being struck down.

The Supreme Court ultimately found that lower state and federal courts has “erred by failing to apply sufficiently rigorous First Amendment scrutiny,” ultimately reversing the widely discredited “medical” treatment that has support by a very narrow margin of mental health specialists — specifically religious and socially conservative ones. This is despite the fact that Colorado state officials have never enforced the measure in practice, and included a religious exemption for people “engaged in the practice of religious ministry.” The now moot law carried fines of up to $5,000 for each violation and possible suspension or revocation of a counselor’s license.

In the ruling, the court said the law, that specifically applies to talk therapy “impermissibly” interferes with free speech rights of Americans, and despite it being “regard[ed] its policy as essential to public health and safety, but the First Amendment stands as a shield against any effort to enforce orthodoxy in thought or speech in this country,” Justice Neil Gorsuch wrote for himself and seven other justices from across the ideological spectrum who overturned the low court’s ruling. He went on to add that the original ban “trains directly on the content of her speech and permits her to express some viewpoints but not others.”

Only Justice Ketanji Brown Jackson dissented, which included an in depth summary of her departure from the other eight justices, explaining her fears about the verdict — and its eventual chilling effect on legislation that could attempts to restrict regulatory speech for religious attitudes— despite that these regulations are often made as a direct creation of years of essentially unanimous research, and are vetted though regulatory boards for specific jobs.

“This decision might make speech-only therapies and other medical treatments involving practitioner speech effectively unregulatable,” Jackson wrote on page 32 of the 35-page opinion issued by court in response to her opposing eight members comments on the bench.

Since the ruling late Tuesday morning, a slew of LGBTQ advocacy groups, as well as groups promoting LGBTQ discrimination, have issued statements on the direct impact this will have across the country for LGBTQ people.

Democratic Senator, running for reelection in Colorado, John Hickenlooper issued a condemnation of the practice on his X (formerly Twitter). “Conversion therapy is cruel and inhumane, plain and simple. This SCOTUS decision is dangerous for LGBTQ+ Americans,” Our LGBTQ+ community deserves safety, acceptance, and love. We won’t ever let up in our fight for a better nation.”

Conversion therapy is cruel and inhumane, plain and simple. This SCOTUS decision is dangerous for LGBTQ+ Americans.,” the former Governor said on the platform. “Our LGBTQ+ community deserves safety, acceptance, and love. We won’t ever let up in our fight for a better nation.”

Polly Crozier, director of family advocacy at GLBTQ Legal Advocates & Defenders (GLAD Law), provided a statement to the Washington Blade on the court’s decision.

“Today’s Supreme Court ruling limited Colorado’s statute that preemptively shielded minors from conversion therapy, but it leaves open avenues for states to protect families from harmful, unscrupulous, and misleading practices that divide parents from their children and put LGBTQ+ youth at risk,” Crozier wrote, pointing to the overwhelming evidence on conversion therapy that argues this type of regulatory legislation is helping those suffering rather than harming. “The evidence is clear that conversion practices lead to increased anxiety, depression, and suicidality. This is a dangerous practice that has been condemned by every major medical association in the country. Today’s decision does not change the science, and it does not change the fact that conversion therapists who harm patients will still face legal consequences, and that family advocates, mental health practitioners, and all of us who care about the wellbeing of youth will continue working to shield LGBTQ+ young people and their families from this dangerous practice.”

Human Rights Campaign President Kelley Robinson, who leads the nation’s largest LGBTQ advocacy group, also provided a statement, calling the courts choice a “reckless decision.”  The statement also points out how their own data (from the group’s philanthropic arm of the organization) was cited in Brown Jackson’s dissent in the amicus brief.

“The court has weaponized free-speech in order to prioritize anti-LGBTQ+ bias over the safety, health and wellbeing of children,” her statement reads. “So-called ‘conversion therapy’ is pseudoscience, not real therapy. It has been condemned by every mainstream medical and mental health association and harms families, traumatizes children, and robs people of their faith communities. It is cruel and should never be offered under the guise of legitimate mental healthcare. To undermine protections that keep kids and families safe from these abusive practices is shocking — and our children deserve better.”

Liberty Counsel, a nonprofit, tax-exempt Christian ministry that uses litigation to promote evangelical Christian values and limit LGBTQ protections, which was designated as a hate group by the Southern Poverty Law Center, was also cited in the court’s amicus brief, but in support of overturning the law.

“The U.S. Supreme Court’s resounding decision in Chiles v. Salazar is a major victory for the integrity of the counseling profession,” Mat Staver, Founder and Chairman of Liberty Council said today. “This ruling ensures the government cannot strip the First Amendment away from licensed counselors and dictate a state-mandated ideology between counselor and client. Talk therapy is speech, and the government has no authority to restrict that speech to just one viewpoint. Counseling bans can now be struck down nationwide so that people can get the counseling they need.”

GLAAD, one of the nation’s oldest non-profit organizations focused on LGBTQ advocacy and cultural change issued a statement pon the verdict, emphasizing what multiple advocate groups have said – this decision will impact an already vulnerable youth population at an elevated high risk.

“The Court once again prioritized malice over best practice medicine,” Sarah Kate Ellis, President and CEO of GLAAD said in a statement. “In the face of this harmful decision, we need to amplify the voices of survivors of this dangerous and disproven practice, and continue to hold anyone who peddles in this junk science liable.”

Truth Wins Out, an organization that works towards “advancing liberty and democracy through protecting the rights of LGBTQ people and other minorities” called out the court’s majority opinion for its potential for religious extremism and spread of disinformation.

“This ruling is a profound failure of both logic and moral responsibility that confuses ‘free speech’ with ‘false speech’,” Wayne Besen, the Executive Director of Truth Wins Out said in a comment. ” It opens the door for quackery to flourish and allows practitioners of a thoroughly debunked practice to continue harming LGBTQ youth under a thin veneer of legitimacy

Adrian Shanker, the former Deputy Assistant Secretary for Health Policy at Health and Human Services under President Biden, who also led LGBTQI+ policy at the agency spoke about the detrimental impact this will have on rules and regulations within the healthcare field that are supposed to be inherently secular by nature.

“No matter what the Supreme Court decided today, it is irrefutable that conversion therapy is harmful to the health and wellbeing of LGBTQI+ youth,” Shanker told the Blade, continuing the Trump Administration’s choice to no longer formally support LGBTQ inclusive policy. “That’s why in the Biden administration we advanced policies to safeguard youth from this harmful practice.”

In an consistently updated document started in 2018 that cites the major harms risks conversion therapy poses to LGBTQ people, the Trevor Project, the leading suicide prevention and crisis intervention organization for LGBTQ young people, included that the federal government’s own research proved the practice at best questionable and at worst deadly.

In a 2023 report entitled Moving Beyond Change Efforts: Evidence and Action to Support and Affirm LGBTQI+ Youth, the U.S. Department of Health and Human Services’ Substance Abuse and Mental Health Services Administration stressed that “[sexual orientation and gender identity] change efforts are harmful practices that are never appropriate with LGBTQI+
youth, and efforts are needed to end these practices,” the summary of the fight against conversion therapy in the U.S. reads.

More than 20 states and D.C. banned the widely discredited practice for minors prior to the Supreme Court’s ruling.

The Blade last October spoke to conversion therapy survivors after the justices heard oral arguments in the Chiles case.

Continue Reading

Popular