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La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile
Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera
CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.
Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera.
“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.
La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.
Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.
Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.
“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.
“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment.
“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.
Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.
Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual.
“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.
Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”.
El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.
A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.
En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país.
“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.
Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.
“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.
The White House
Report: Grenell wants Russian ambassadorship
Country’s anti-LGBTQ record a reported barrier
Richard Grenell, President Donald Trump’s special envoy for “special missions,” is making it known that he is interested in the Russian ambassadorship.
According to reporting by the Daily Mail, Grenell has “floated” his interest in the role to coworkers, but issues surrounding the former German ambassador’s sexuality have made securing the position more difficult.
“He had an interest in the job — or at least he floated the idea to select colleagues. But Putin’s regime is extremely anti–LGBTQ, so I’m sure they didn’t take that thought too seriously,” one source close to Grenell told the Daily Mail. “That would never happen anyway.”
Grenell has long been one of Trump’s closest allies and was the first openly gay person to hold a Cabinet-level position. He was ousted last month as acting director of the Kennedy Center, a position he had held since Trump reestablished the board to be composed of his political supporters in 2025.
In addition to leading the nation’s cultural arts center, Grenell previously served as the U.S. ambassador to Germany from 2018 to 2020, and as the special presidential envoy for Serbia and Kosovo peace negotiations from 2019 to 2021. He was also a State Department spokesperson to the U.N. under the George W. Bush administration and a Fox News contributor.
Russia has a longstanding history of being anti-LGBTQ.
In 2013, the country passed a law banning any public endorsement of “nontraditional sexual relations” among minors. In December 2022, Putin signed legislation expanding the ban, making it illegal to promote same-sex relationships or suggest that non-heterosexual orientations are “normal” for people of any age, widening censorship across media and public life.
The Russian courts have also supported the restriction of LGBTQ identity in the country. In November 2023, Russia’s Supreme Court granted a request from the Justice Ministry to outlaw the “international LGBT movement” as “extremist,” allowing authorities to criminalize advocacy and potentially prosecute individuals for expressions of LGBTQ+ identity or support.
In addition to LGBTQ rights issues, the war between Russia and Ukraine has become a global concern. Ukraine, which was part of the former Soviet Union, includes the territory known as Crimea, which Russia annexed in 2014. The annexation remains a major point of international dispute over sovereignty. Since 2022, Russia’s large-scale invasion of Ukraine has escalated the conflict, drawing global attention and sanctions while straining U.S.-Russia relations.
The U.S. has spent $188 billion in total related to the war in Ukraine since the Russian invasion in February 2022, according to the Council on Foreign Relations.
The Russian ambassadorship seems to be a difficult role to fill, according to additional information presented by the Daily Mail. With Trump already being seen as relatively positive by Russian President Vladimir Putin, and with close ties to members of his Cabinet and family — like son-in-law Jared Kushner — the ambassadorship is complicated and viewed as less critical than in previous administrations.
“There is no rush to fill that role because it has now been deemed unnecessary,” another source told the U.K.-based publication.
Bob Foresman, a seasoned businessman with decades-long ties to the Kremlin, was reportedly once the frontrunner, according to the Daily Mail. Foresman served as vice chair of UBS Investment Bank and Deputy Chairman of Renaissance Capital between 2006 and 2009, and earlier led investment banking for Russia at Dresdner Kleinwort Wasserstein from 1997 to 2000.
“This is a pattern, especially in the Trump administration — special envoys big–footing the ambassadors,” a source told the Daily Mail. “It is shocking that we are already in April and we don’t have an ambassador to one of the most important countries in the world.”
Politics
Log Cabin Republicans to honor Scott Presler
Event to take place at Capitol Hill Club on Friday
The Log Cabin Republicans, a group representing LGBTQ conservatives and their allies within the Republican Party, is set to honor gay conservative commentator and activist Scott Presler on Friday.
Presler will receive the organization’s 2026 “Game Changer Award” during its Spring Forward Cocktail Reception at the Capitol Hill Club, a private club steps from the U.S. Capitol that regularly hosts Republican political events.
Presler has risen to prominence through a combination of pro-LGBTQ conservative activism, political organizing, and a series of controversial affiliations.
He first gained national attention in 2017 for organizing the “March Against Sharia” rallies across the country. The demonstrations came amid heightened tensions in Portland, Ore., following a deadly attack on a metro train, in which Jeremy Joseph Christian killed two people and injured others after harassing Muslim women for wearing a hijab.
The rallies were organized in partnership with ACT for America, which advocates against what it describes as “the threat of radical Islam” in the U.S. and has been labeled a hate group by the Southern Poverty Law Center. Presler volunteered with the organization for three months.
He has said he was first motivated to “fight Muslim extremism” following the Pulse nightclub massacre, he told NPR, in which a gunman who pledged allegiance to ISIS killed 49 people at an LGBTQ nightclub in Orlando, Fla. The site now serves as a memorial to the victims of the attack.
Born May 15, 1988, in Jacksonville, Fla., Presler is the son of a U.S. Navy captain and was raised in both Florida and Fairfax County. He later attended George Mason University, where he earned a degree in criminal justice.
In addition to his anti-Islam activism, Presler has been involved in a number of other high-profile and controversial efforts. He co-founded “Gays for Trump” and attended their 2017 DeploraBall in Maryland for the first inauguration of Trump. According to a 2021 report from Media Matters for America, he also promoted the QAnon conspiracy movement through social media posts in 2018 and 2019.
He has also faced criticism tied to his early political work. According to a 2023 report from Politico Playbook, Presler’s work with the Republican Party of Virginia in 2016 ended after he allegedly engaged in sexual activity in a shared office space and posted explicit images online.
Beyond ideological activism, Presler has also organized community-focused initiatives. In 2019, he led a widely publicized cleanup effort in Baltimore that drew more than 100 volunteers and resulted in approximately 29 tons of trash being removed. The event was a result of criticism from President Donald Trump, calling the area, represented by then-U.S. Rep. Elijah Cummings (D-Md.) a “rodent infested mess.”
Presler has also been active in election-related organizing, leading a two-day “Stop the Steal” demonstration at the Pennsylvania State Capitol following the 2020 presidential election. He has appeared on the “War Room” podcast hosted by former Trump strategist and well-known right-wing populist conspiracy theorist Steve Bannon.
He has also expressed a controversial stance within the LGBTQ community for supporting then-candidate Trump for President over Hillary Clinton. He told prioritizing Second Amendment rights over certain LGBTQ policy goals, saying he is more supportive of gun rights than efforts to codify same-sex marriage, and adding, “I 100 percent believe in the notion that armed gays don’t get bashed. It is our right to feel safe.”
Presler voiced his support for the Florida Parental Rights in Education Act, more commonly referred to as the “Don’t Say Gay” law, signed into law by Republican Gov. Ron DeSantis in 2022.
Cuba
Cuba bajo presión y sin respuestas
Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir
Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.
Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.
Pero esa es solo una parte.
Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.
Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.
La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.
Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.
Entonces la pregunta sigue siendo la misma.
Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?
¿Dónde fue a parar ese recurso?
¿Dónde está el dinero que generó?
Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.
Hay una historia más larga que no se puede ignorar.
Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.
Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.
Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.
Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.
Y hay algo más duro.
Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.
Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.
¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?
Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.
La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.
Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.
Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.
Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.
Esa es la contradicción.
El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.
Pero hay otra pregunta que también está ahí.
¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?
La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.
Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.
Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.
Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.
Esa parte no se puede seguir esquivando.
Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.
Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.
Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.
Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.
Report: Grenell wants Russian ambassadorship
Log Cabin Republicans to honor Scott Presler
Cuba bajo presión y sin respuestas
Tenn. lawmakers pass transgender “watch list” bill
