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Ser transgénero o no: la encrucijada de una exiliada cubana
Dayana Mena López encontró refugio en la Florida

JACKSONVILLE, Florida — Durante los ocho meses que Dayana Mena López estuvo bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU en un proceso de asilo tuvo muchas veces que dejar de ser ella misma. Dudó mostrarse tal y como era, una mujer transgénero, por el miedo al aislamiento social, que significaba separarse de los amigos que había construido mientras estuvo encarcelada y que no la discriminaban por su orientación sexual ni por su identidad de género.
La primera vez que esta cubana de 23 años se auto-encerró en el clóset fue cuando solicitó asilo en un puerto de entrada en El Paso, Texas, en enero de 2019. Mena se presentó como un hombre gay porque su amigo, un hombre homosexual con el cual había hecho el recorrido desde Cuba, no quería separarse de ella.
“Tenía mucho miedo de estar solo”, dijo Mena. “Por eso pedí asilo de esta forma”.
De todas formas, Mena fue separada de su amigo cuando ICE la transfirió al Centro Correccional del Condado de Cibola, un centro de detención privado en Milan, Nuevo México, que alguna vez tuvo una unidad para detenidos trans. El amigo con el que ingresó a los Estados Unidos finalmente fue deportado a Cuba.
ICE nuevamente transfirió a Mena al Centro Correccional del Condado de Tallahatchie, otra prisión privada en Tutwiler, Misisipí.
En una demanda federal que el Southern Poverty Law Center presentó en nombre de Mena y otros detenidos de ICE a los que se les había denegado la libertad condicional, refiere que Mena “nuevamente identificada como trans” estuvo recluida en régimen de aislamiento durante un mes mientras esperaba su entrevista de Miedo Creíble, uno de los primeros pasos en el proceso de asilo político.
Las personas transgénero representan el 0.1 por ciento de la población detenida por ICE y según datos de 2019, el 12 por ciento de los informes de agresión sexual provienen de personas con esta identificación. Sin embargo, Mena jamás fue parte de esa estadística.
“Nunca tuve problemas con nadie”, dijo. “No fui víctima de la homofobia, por el contrario. Los cubanos siempre me estaban defendiendo”.
La política de ICE advierte que los detenidos transgénero deberán ser temporalmente ubicados en un lugar diferente a la población general no más de 72 horas hasta la clasificación, alojamiento y otras necesidades puedan ser evaluadas por el Comité de Cuidado y Clasificación de Transgéneros (TCCC por sus siglas en inglés). El documento agrega además que la ubicación en aislamiento de estos detenidos debe ser usada únicamente como último recurso y cuando otras opciones de alojamiento no existan.
Mena contó en una exclusiva con al Washington Blade que la razón de su aislamiento era “supuestamente para mi protección, para no sufrir violaciones, etc.” Mena afirmó que podía hablar con otros detenidos a través de la ventana de vidrio que tienen las puertas de las celdas.
Y es que la mayoría de los albergues de Tallahatchie no son dormitorios abiertos. Cuando los detenidos permanecen encerrados en unas pequeñas celdas con espacio solo para dos camas, una tasa, un lavamanos y un espejo, el espacio común para las mesas, televisores y las duchas queda vacío. Ahí era cuando Mena podía salir. Un guardia de ascendencia puertorriqueña le permitía salir y no le cerraba la puerta cuando él estaba de servicio.
Cuando Mena fue trasladada al Centro de Procesamiento ICE de Pine Prairie, otro centro de detención privado en Pine Prairie, Luisiana, fue inicialmente colocada junto con la población general. La demanda del Southern Poverty Law Center agrega que ICE la reubicó de nuevo en confinamiento solitario durante “varios días”.
“El director de la prisión me tuvo en el hoyo durante cuatro días cuando, después de que en una evaluación médica y psicológica, dije que me identificaba como una persona transgénero. Fui detenida junto con otra compañera”.
Mena declaró que los abogados del Southern Poverty Law Center intervinieron en nombre de ella con la máxima autoridad de la prisión y cuestionaron el discriminatorio aislamiento que sufría.
“Luego nos liberaron del agujero y nos hicieron firmar un documento que decía que era nuestra responsabilidad si algo sucedía. También me dieron otro papel para presentar a los oficiales diciendo que no podían revisarme, ni siquiera tocarme”.
Sin embargo, Mena explicó al Blade que durante su estancia en Pine Prairie los oficiales mantenían con ella una relación casi de amistad, “excepto por una mujer que es la más racista que he conocido en mi vida”, apuntó. Hacía el papeleo de entrada y salida de los detenidos, un trabajo donde se ganó la confianza de los oficiales, al punto de estar varias veces fuera del centro sin esposas.
Los abogados de Mena en mayo de 2019 le pidieron a ICE que la transfiriera a la unidad del Centro Correccional del Condado de Cibola para mujeres trans, pero la solicitud no fue aceptada.
El hecho de tener que esconder su verdadera identidad como mujer transgénero para evitar el aislamiento social, que viene siendo como un encierro sobre el encierro, la afectó sobremanera, al punto de sentir que sufría casi la misma discriminación que en su natal Cuba. “Nunca voy a olvidar ese día en la mañana cuando desperté con lágrimas en mis ojos cansada de la discriminación, de ser apartada como bicho raro o como si presentara un peligro para la sociedad”.
En una búsqueda desesperada por salir de aquel confinamiento infernal, cortó con una rasuradora su larga cabellera. “Tuve temblores en mis manos cuando corté cada uno de mis cabellos tan solo para ser aceptada y dejar de ser yo en aquel momento. Tuve sentimientos encontrados, debido a la discriminación que sentí por los oficiales de ICE y los oficiales que custodiaban nuestra seguridad. Fue frustrante saber que estaba huyendo de un país debido a ese tipo de problemas y sentir las mismas condiciones de reproche en un país de libertad”.
Su audiencia final en su caso de asilo tuvo lugar el 1 de agosto de 2019 en el contexto de la política de inmigración de mano dura de la administración Trump que, entre otras cosas, busca limitar drásticamente el número de solicitantes de asilo permitidos en los EEUU. Ese día permaneció en corte más de seis horas.
“Tuve un mal momento con el fiscal, quien me trató mal”, añadió Mena. “Me llamaba mentirosa. Incluso un experto el día antes de mi audiencia examinó mi cuerpo para verificar que las heridas y cicatrices que tenía en mi cuerpo eran reales”.
El juez le otorgó el asilo ese mismo día, pero ICE no la liberó hasta el 5 de agosto de 2019.
“El día que vi mi nombre en la lista para irme, lloré más que nadie en este mundo”, confesó Mena al Blade. “Lloré más que cuando salí de Cuba. Lloré porque tenía una felicidad que muchas otras personas anhelan”.
“No pude comer ese día y vi a personas a mi lado llorando”, agregó. “Todo el grupo, 140 personas, me aplaudieron cuando salí por la puerta. Es algo gratificante, pero al mismo tiempo duele mucho ”.
Un amigo de su padre la recogió y la llevó hasta Jacksonville, al norte del estado de la Florida. Casi un año después en esa ciudad, calificó su vida como “increíble”. Mena ha tenido que ingeniárselas, pues no tiene familiares en Estados Unidos que la apoyen. Actualmente vive sola, tiene dos trabajos y ya comienza a sentirse más cómoda con el idioma así como con las costumbres de su nuevo hogar.
Mena agradeció “a las personas y a la ciudad que me han acogido sin discriminación, que me han brindado apoyo y me han ayudado a salir adelante en un país tan difícil como este”, declaró.
“Espero que las nuevas leyes que permiten que personas como yo vivan libres no cambien”, agregó.
Las mujeres transgénero tiene que ir al servicio militar
La persecución que sufrió Mena en Cuba comenzó cuando se rehusó a asistir al Servicio Militar Obligatorio, un año o dos de preparación militar que realizan todos los hombres justo antes de ingresar a la universidad. Sin embargo, las mujeres son liberadas de este “sagrado deber con la defensa de la Patria Socialista” y pasan directamente a cursar los estudios superiores.
Eso pretendía Mena, pues a sus 18 años ya no era, ni mucho menos se sentía un hombre. A la cita acudió como una mujer “hecha y derecha”, con su pelo largo, maquillada, “bien producida”, recuerda. Intentó hacerle entender al oficial que la reclutó aquel día en la ciudad de Cienfuegos, al centro sur del país, donde vivía, que se identificaba como mujer, pero las políticas transfóbicas de la dictadura militar que gobiernan Cuba ordenaban que era un hombre y por lo tanto, estaba obligada al entrenamiento militar.
La demanda del Southern Poverty Law Center detalla que “las autoridades la identificaron erróneamente como un hombre gay e intentaron obligarla a servir en el ejército”. Ese día la montaron en un camión junto a hombres, que se burlaron de ella porque era trans.”El ambiente era muy tenso”, rememoró. Como a los ojos militares era un hombre más, no podía usar uniforme femenino, ni maquillaje ni peinarse.
Pero tuvo suerte y en aquella jornada no habían camas disponibles en la unidad militar y tras pocas horas regresó a su casa. Desde ese día comenzó su batalla por el derecho que como mujer trans tenía a no engrosar las filas del ejército.
Debido a ese activismo que ejerció junto a otras amigas transgénero en la isla, “las autoridades cubanas la golpearon, la agredieron con insultos homofóbicos, la encerraron en una cámara helada durante horas y la tuvieron bajo arresto”, puede leerse en la demanda colectiva del Southern Poverty Law Center.
“Salí de Cuba para huir de la persecución y el abuso físico y psicológico que también sufrí porque soy una mujer trans”, comentó, al mismo tiempo que confesó haber sido objeto de amenazas de muerte.

Estos actos de transfobia gubernamental no son condenados por Mariela Castro, hija del ex presidente cubano Raúl Castro y líder del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) del país, organización que encabeza el activismo LGBTQ oficial en la isla. Por eso y otras cuestiones, Mena considera a Mariela Castro como “algo muy, muy falso … Es algo creado para vender una imagen”, refirió.
Sus partidarios señalan que Cuba ofrece cirugía gratuita de reasignación de sexo bajo su sistema de atención médica. También alegan que Mariela Castro, quien es miembro de la Asamblea Nacional de Cuba, votó en 2013 en contra de una propuesta para prohibir la discriminación anti-gay en el lugar de trabajo porque no incluía la identidad de género.
Sin embargo, en 2019 Castro incitó a la comunidad gay cubana a votar en favor de una reforma constitucional que había rechazado un artículo que abría las puertas al matrimonio igualitario.
Para huir de la isla, una amiga ayudó a Mena con el pago de un vuelo entre La Habana y Panamá. El gobierno panameño le otorgó a Mena una visa de turismo que le permitía viajar al país, pero su viaje era sin regreso.
“Tuve que quedarme allí en Panamá porque me habrían detenido si volvía a Cuba”, alegó.
Pese al acoso que sufrió por parte de la dictadura, Mena se consideraba en Cuba una persona “afortunada y feliz”, sobre todo porque su familia siempre la aceptó. “Nunca tuve ningún problema en mi vecindario en ese sentido. Viví bien”.
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The university that refuses to let go
Joanna Cifredo is a trans woman participating in University of Puerto Rico strike
Over the past days, I have been walking with a question that refuses to leave me. Not the kind of question you answer from a desk or from a distance, but one that grows out of what you witness in real time, at the gates, in the faces of those who remain there without knowing how any of this will end. What is truly happening inside the University of Puerto Rico, and why have so many students decided to risk everything at a moment when they can least afford to lose anything.
I write as someone who lives just steps away from the Río Piedras campus. These days, the silence has replaced the constant movement that once defined this space. The absence is felt in every corner where students used to pass at all hours. Since arriving in Puerto Rico three years ago, I have come to know firsthand stories that rarely make it into reports or official statements. One of the reasons I chose to stay was precisely this, to serve the university community, to help create a space where students could find something as basic as a safe meal at night and, in some way, ease burdens that are often carried in silence.
I have listened, asked questions, and tried to understand without imposing answers. What I have found is not a collective outburst or a generational whim. What exists is a fracture, a deep break between those making decisions and those living with their consequences every single day.
There has been an effort to reduce this strike to an issue of order, scheduling, or academic disruption. Conversations revolve around missed classes, delayed semesters, and students supposedly unaware of the consequences of their actions. What is rarely addressed are the conditions that lead an entire student body to pause its own future to sustain a protest that offers no guarantees.
Because that is the reality. These are students who fully understand what they are risking, and yet they remain. When someone reaches that point, the least they deserve is not judgment, but to be heard.
From the outside, there have also been attempts to discredit what is happening. Familiar narratives are repeated, legitimacy is questioned, and doubt is cast over intentions. It is easier to do that than to acknowledge that this did not begin at the gates, but long before, in decisions made without building trust.
And something must be said clearly. This is not limited to the gates of Río Piedras. What we are witnessing extends across every unit of the University of Puerto Rico system. Mayagüez, Ponce, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Carolina, Aguadilla, Utuado, and the Medical Sciences Campus. This is not an isolated reaction. It is a movement that runs through the entire institution. Río Piedras may be more visible, but it is not alone. What is happening there reflects a broader unrest felt across the system.
Within that context, one demand has grown increasingly present, the call for the resignation of University of Puerto Rico President Zayira Jordán Conde. This is not the voice of a small group. It reflects a deeper level of mistrust that has spread across multiple campuses.
The Puerto Rican Association of University Professors has also made it clear that this is not solely a student issue. There is real concern among faculty, and a shared recognition of the conditions currently shaping the university. When students and professors arrive at the same conclusion, the problem can no longer be minimized.
Meanwhile, the administration continues to speak in the language of dialogue. But dialogue is not a word, it is a practice. And when trust has been broken, it cannot be restored through statements alone, but through decisions that prove a willingness to truly listen.
In the midst of all of this, there are voices that cannot be ignored. Voices grounded not in theory, but in lived experience. One of them is Joanna Cifredo, a student at the Mayagüez campus, a young Puerto Rican trans woman, and someone widely recognized for her advocacy.
I spoke with her in recent days. What follows is her voice, exactly as it is.
How would you describe what is happening inside the University of Puerto Rico right now, beyond what people see from the outside?
Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y una presión constante por parte de la administración para reabrir el recinto, pero, entre todo el caos e inestabilidad provocado por las decisiones de esta administración, también hemos vivido momentos muy poderosos. Esta lucha ha sacado lo mejor de nuestra comunidad.
Lo vimos en las asambleas y plenos, donde 1,500, 1,700, hasta 1,800 estudiantes llegaron —bajo lluvia, bajo advertencias de inundaciones— y aun así se quedaron, participaron y votaron a favor de una manifestación indefinida hasta que se atiendan nuestros reclamos.
He conocido a tantas personas en los diferentes portones, estudiantes graduados, aletas, estudiantes de intercambio, estudiantes de todo tipo de concentraciones y se unieron para apoyar el movimiento estudiantil. Estudiantes que vienen a los portones después del trabajo o antes de trabajar. Estudiantes que vienen a dejar agua y suministros entre turnos de trabajo. Viejitos que vienen a los portones con desayuno, almuerzo o cena.
Más allá de lo que se ve desde afuera, lo que estamos viviendo es una mezcla de tensión y resistencia, pero también de comunidad, solidaridad y compromiso colectivo.
Much of what is discussed remains at the level of headlines or social media. From your direct experience, what specific decisions or actions from the administration have led to this level of mobilization?
Desde el inicio, la designación de la Dra. Zayira Jordán Conde careció de respaldo dentro de la comunidad universitaria. No contaba con experiencia administrativa en la UPR ni con un conocimiento básico de nuestros procesos, cultura y reglamentos. Por eso, en asamblea, el estudiantado votó para solicitarle a la Junta de Gobierno que no considerara su candidatura, y múltiples organizaciones docentes hicieron lo mismo. Existía un consenso amplio de que no tenía la experiencia necesaria para liderar una institución como la nuestra.
A pesar de ese rechazo claro, la Junta de Gobierno decidió ignorar los reclamos de la comunidad universitaria e imponer su nombramiento.
Una vez en el cargo, su estilo de gobernanza ha sido poco transparente y poco colaborativo. Sin embargo, el detonante principal de la movilización en el Recinto Universitario de Mayagüez fue su decisión de destituir, de manera unilateral y en medio del semestre, a cinco rectores, incluyendo al nuestro, el Dr. Agustín Rullán Toro, para reemplazarlo por un rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz.
Esta acción, tomada de forma abrupta, provocó de inmediato un clima de caos e inestabilidad dentro de la institución. Y deja una pregunta inevitable: ¿no anticipó el impacto de esa decisión, lo que evidenciaría una falta de experiencia? ¿O lo anticipó y aun así decidió proceder? No está claro cuál de las dos es más preocupante.
Además, esta decisión tuvo consecuencias concretas para el estudiantado, incluyendo el retiro de becas educativas para nuevos integrantes del RUM por parte de la Fundación Ceiba, que calificó la movida como “sorprendente” y “preocupante”. Decisiones impulsivas como la que tomó la presidenta ponen en peligro la estabilidad de nuestra institución y la acreditación de la universidad.
As a trans woman within this movement, how does your identity intersect with what is happening, and why does this also shape the future of people like you?
Soy una de varias chicas trans que formamos parte activa de este movimiento estudiantil.
For those outside the UPR who believe this does not affect them, what are the real consequences of this crisis?
La Universidad de Puerto Rico se fundó para servir al pueblo.
It is impossible to overstate the role the University of Puerto Rico and its students have played in shaping the social, cultural, and economic life of this country. Its impact extends into science, medicine, and every profession that has sustained Puerto Rico over time. No other educational institution has contributed more.
After listening to her, one thing becomes undeniable. This is not just another protest, but a generation refusing to let go of what little remains within its reach. And when a generation reaches that point, the issue is no longer the strike, the issue becomes the country itself.
Noticias en Español
La X vuelve al tribunal
Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico
Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.
Hoy el escenario es distinto.
La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.
Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.
El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.
En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.
La diferencia radica en la aplicación.
El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.
El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.
Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.
El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.
Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.
Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.
Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.
Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.
El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.
A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.
Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.
El debate ya no es teórico.
Ahora es judicial.
Cuba
Cuba bajo presión y sin respuestas
Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir
Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.
Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.
Pero esa es solo una parte.
Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.
Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.
La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.
Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.
Entonces la pregunta sigue siendo la misma.
Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?
¿Dónde fue a parar ese recurso?
¿Dónde está el dinero que generó?
Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.
Hay una historia más larga que no se puede ignorar.
Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.
Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.
Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.
Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.
Y hay algo más duro.
Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.
Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.
¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?
Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.
La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.
Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.
Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.
Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.
Esa es la contradicción.
El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.
Pero hay otra pregunta que también está ahí.
¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?
La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.
Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.
Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.
Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.
Esa parte no se puede seguir esquivando.
Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.
Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.
Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.
Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.
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