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El Salvador

Artistas drag marchan por derechos laborales, visibilidad LGBTQ en El Salvador

Lady Drag y Wila la Icónica participaron en el desfile del 1 de mayo

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Lady Drag, izquierda, participa en la marcha del Día Internacional del Trabajo de San Salvador, El Salvador, el 1 de mayo de 2025. (Foto cortesía de Lady Drag)

Dos artistas drag desfilaron este 1 de mayo por las principales calles de San Salvador como parte del recorrido de la marcha del Día Internacional del Trabajo, visibilizando realidades en la vulneración de los derechos humanos. La presencia de Lady Drag y Wila la Icónica destacó en medio de una movilización que, si bien contó con diversos sectores sindicales y sociales, registró escasa participación de organizaciones LGBTQ.

Con vestuarios llamativos y maquillaje escénico, las artistas se integraron a la marcha junto a otras expresiones ciudadanas. Durante todo el recorrido, desde el Parque Cuscatlán hasta el Monumento al Divino Salvador del Mundo, ambas realizaron un performance que buscó denunciar el desempleo, la precarización laboral y la exclusión de las diversidades sexuales y de género en el ámbito laboral.

“El Salvador necesita reformas no solamente en el código de trabajo, sino que también reformas en el sistema educativo”, expresó Lady Drag. “O sea, que nuestras autoridades también velen porque se nos respeten”, agregó refiriéndose a la población LGBTQ.

El performance incluyó desplazamientos performativos en donde el artista Wila la Icónica, rompió una constitución de la República de El Salvador. La representación culminó en El Salvador del Mundo, donde las artistas realizaron una pose simbólica frente al monumento, emulando una escena inspirada en “La Piedad”, como acto de denuncia y resistencia.

La participación de ambas artistas se produjo en un contexto de creciente precarización laboral para las personas LGBTQ en El Salvador, también en memoria de los detenidos injustamente por el régimen de excepción y como sus madres sufren por las negligencias del sistema. También mencionaron ser una pronunciación por los aumentos a las AFP y a la canasta básica ya que se avecina el aumento al salario mínimo.

De acuerdo con informes de organizaciones de derechos humanos, el sector LGBTQ enfrenta barreras estructurales para el acceso a empleos dignos, así como altos niveles de discriminación y violencia.

“Siempre hay ataques de intimidación, yo he sido víctima de ataques de intimidación de este gobierno, ataques de amenaza por hacer lo que hago y, sin embargo, no me han logrado doblegar y no me van a lograr doblegar”, concluyó Lady Drag.

Pocas propuestas, mucha propaganda: críticas al gobierno marcan la jornada

La marcha del 1 de mayo no solo fue escenario de demandas laborales, sino también de fuertes críticas al gobierno del presidente Nayib Bukele. 

Diversos sectores denunciaron la falta de propuestas efectivas para atender el desempleo, la informalidad y la precarización del trabajo en El Salvador, especialmente en sectores vulnerables. Al igual que los despidos masivos que se han realizado en entidades gubernamentales. 

Aunque el país ha registrado una aparente estabilidad macroeconómica, organizaciones sociales aseguran que esta no se traduce en mejoras reales para la mayoría de la población. 

“El gobierno presume crecimiento, pero en las comunidades la gente sigue sin empleo, sin acceso a salud y sin garantías laborales. Lo que hay es más propaganda que soluciones”, manifestó activista de Resistencia Popular. 

Según datos del Banco Central de Reserva, más del 60 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal, una cifra que ha variado poco en los últimos años. Activistas señalan que, en vez de generar políticas de empleo inclusivo, el Ejecutivo ha priorizado megaproyectos como Bitcoin City o la promoción del turismo, sin garantizar condiciones laborales dignas en esos sectores.

La ausencia de una propuesta concreta para atender las desigualdades laborales fue uno de los puntos más señalados durante la marcha. 

“El gobierno habla de seguridad, pero guarda silencio ante el hambre, la migración forzada por falta de empleo y la discriminación laboral”, reclamó un representante sindical del sector docente.

Asimismo, existieron muchas críticas sobre las medidas estatales que continúan ignorando las violencias estructurales que enfrentan las mujeres y las personas de la diversidad sexual, muchas de las cuales sobreviven en economías informales, trabajos de cuidado no remunerados o el arte callejero como último recurso.

Visibilidad fragmentada: la diversidad sexual marchó sin acompañamiento colectivo

A diferencia de años anteriores, la presencia organizada de personas LGBTQ fue escasa en la marcha del Día del Trabajo de 2025. Aunque la representación artística de “La Piedad” logró captar la atención de centenares de personas durante el recorrido, no hubo una participación masiva de colectivos LGBTQ como bloque articulado.

Nicola Chávez, parte del equipo de AMATE El Salvador, mencionó que participar en esta marcha para AMATE implica poner temas de la población LGBTQ sobre la palestra de discusiones sobre condiciones laborales en El Salvador. 

“Nuestra población generalmente tiene trabajos sumamente precarizados, sufren de bajos niveles de escolaridad”, comentó.

Miembros de AMATE El Salvador participan en la marcha del Día Internacional del Trabajo de San Salvador, El Salvador, el 1 de mayo de 2025. (Foto cortesía de AMATE)

Chávez también asegura que para las personas que tienen expresiones de género diferentes a la norma u orientaciones sexuales diferente a la norma, es urgente que existan leyes de protección laboral y así las pocas personas que puedan entrar a un empleo más formal, no tengan que pasar por estas experiencias de no ser contratadas por su expresión de género o ser despedidas por lo mismo. 

El decreto 56, fue un decreto emblemático que es mencionado siempre por activistas LGBTQ, ya que fue la primera vez que se tuvo la oportunidad de tener algún respaldo jurídico contra la discriminación en el ámbito laboral que lastimosamente solo tenía cobertura en el sector público, con empleados de gobierno. 

Por su parte, una activista independiente de la diversidad sexual, que prefirió no revelar su nombre por razones de seguridad, lamentó la fragmentación actual del movimiento LGBTQ en El Salvador. 

“Estamos en un contexto político donde las organizaciones tienen miedo o están cooptadas. Hay silencio, no hay propuestas, no hay diálogo. La comunidad diversa está siendo relegada también desde dentro”, señaló.

Ambas voces coinciden en que, hay mucho trabajo pendiente por hacer en favor de una población históricamente excluida, preocupa la situación en un país donde los discursos oficialistas y religiosos aún promueven la discriminación y la invisibilidad de las realidades LGBTQ en las agendas públicas.

La marcha del 1 de mayo volvió a ser un espacio donde convergieron múltiples voces, cuerpos y luchas. Desde sindicatos históricos hasta organizaciones estudiantiles, pasando por expresiones artísticas y personas independientes, la movilización dejó claro que las calles siguen siendo un escenario vital para demandar justicia social.

Aunque marcada por ausencias, como la escasa participación visible de colectivos LGBTQ, la marcha demostró que existen ganas de seguir alzando la voz, aunque sea desde distintas formas de expresión. Ya sea a través de pancartas, consignas o performances, las y los participantes coincidieron en una demanda central: respeto a los derechos laborales, condiciones dignas de trabajo y una vida libre de explotación.

En un contexto donde se criminaliza la protesta, se debilita la negociación colectiva y se precariza el empleo, el Día Internacional de las y los Trabajadores no fue solo una conmemoración, sino una reafirmación de que la lucha continúa. Una lucha plural, creativa y persistente que no se detendrá hasta que cada persona trabajadora, sin importar su identidad o condición, pueda vivir con dignidad.

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El Salvador

Gay Venezuelan makeup artist remains in El Salvador mega prison

Former police officer said Andry Hernández Romero was gang member because of tattoos

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Andry Hernández Romero (Photo courtesy of Immigrant Defenders Law Center)

A new investigation points to a discredited, former police officer who played a “key role” in the wrongful deportation of Andry Hernández Romero, a gay asylum seeker and makeup artist who was sent to a maximum security mega prison in El Salvador under Trump’s Alien Enemies Act. 

USA Today found in a recent investigation that the former Milwaukee police officer who filed the report about Hernández, citing his tattoos as the reason for the gang affiliation, has a long history of credibility and disciplinary issues in his former police officer position. 

The private prison employee who previously worked as a police officer until he was fired for driving into a house while intoxicated — among other alcohol-related incidents — “helped seal the fate” of Hernández. 

The investigation by USA Today found that the former police officer accused Hernández of being a part of the Tren de Aragua gang because of his two crown tattoos with the words “mom,” and “dad,” which are now being identified as Venezuelan gang-related symbols. 

Since then, his story has made headlines across the nation because Hernández has no criminal record and is legally seeking asylum in the U.S. due to credible threats of violence against him in Venezuela because of LGBTQ persecution. 

He was targeted shortly after Trump invoked the Alien Enemies Act of 1798, which is a proclamation for all law enforcement officials to “apprehend, restrain, secure, and remove every Alien Enemy described in section 1 of [the] proclamation.”

Charles Cross, Jr., the former police officer, signed the report which wrongfully identified Hernández as a gang member. Cross was fired in 2012 after many incidents relating to his credibility and how it was affecting the credibility of the department to testify in court. 

He had already been under investigation previously for claiming overtime pay that he never earned. In 2007, he had also faced criminal charges for damage to property, according to court records. 

In March, the Washington Blade spoke with the Immigrant Defenders Law Center Litigation and Advocacy Director Alvaro M. Huerta regarding the case and stated that “officials with U.S. Immigration and Customs Enforcement and U.S. Customs and Border Protection alleged his organization’s client was a member of Tren de Aragua, a Venezuela-based gang, because of his tattoos and no other information.” 

Hernández came to the U.S. last year in search of asylum and now makes up one of 238 Venezuelan immigrants who were deported from the U.S. to El Salvador, Honduras and Venezuela. Many of those being deported are being sent to the Center for Terrorism Confinement, a maximum-security mega prison in El Salvador, which has been accused of human rights violations. 

According to the investigation, the Department of Homeland Security “wouldn’t offer further details on the case, or the process in general, but reiterated that the department uses more than just tattoos to determine gang allegiance.” 

His story is now being looked at as a cautionary tale of the lack of due process of law the U.S. government is taking, as the Department of Homeland Security and Immigration and Customs Enforcement ramp up deportations across the nation. 

Organizations like the Human Rights Campaign are now calling for Secretary of State Marco Rubio and Secretary of Homeland Security Kristi Noem to cease wrongful deportations and return Hernández home. The petition also urges the U.S. government to afford all Americans, forging nationals and asylum seekers residing in the U.S., due process of law as required by the Constitution. 

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