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Evan Wolfson habla sobre libertad religiosa, matrimonio igualitario

Fundador de Freedom to Marry viajó a Costa Rica este mes

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Evan Wolfson, gay news, Washington Blade

Evan Wolfson, el fundador de Freedom to Marry, asistió este mes a un congreso en Costa Rica enfocado en matrimonio igualitario en América Latina. (Foto del Washington Blade por Michael Key)

Nota del editor: Esta nota fue traducida al español por Alejandro Piercy.

SAN JOSÉ, Costa Rica — El fundador de Freedom to Marry dice que los esfuerzos de impulsar medidas y litigios anti-LGBT basados en la libertad religiosa no son “nada nuevos.”

“Es parte del patrón clásico del avance de los derechos civiles en la historia americana,” Evan Wolfson le dijo al Washington Blade el 10 de noviembre durante una entrevista en San José, la capital de Costa Rica.  “Los opositores a la igualdad y la inclusión tratan de bloquear los avances del bloque de los derechos civiles y cuando fallan en bloquearlos, tratan de subvertirlos usando esta táctica de la supuesta libertad religiosa. Esto no es nada nuevo.”

“Las personas gays no son las primeras en experimentar esto,” agregó. “Las personas trans no son las primeras en experimentar esto. Todavía lo vemos aquí mismo con las mujeres en un esfuerzo para corroer el acceso a los derechos reproductivos en el cuidado de la salud.”

Wolfson habló con el Blade menos de un mes antes que la Corte Suprema (de los EEUU) tuviera programado escuchar los argumentos orales en un caso sobre si la Primera Enmienda le permite a Masterpiece Cakeshop en Colorado rehusarse a hornear pasteles de boda para parejas entre personas del mismo sexo, en razón de sus creencias religiosas.

El mes pasado, el Fiscal General de EEUU Jeff Sessions emitió una directriz general que dice que individuos y empresas pueden actuar con base en su libertad religiosa sin miedo a represalias del gobierno.

La ley de libertad religiosa de Misisipí que cuyos críticos aseguran que permite discriminación en contra de personas LGBT en el estado entró en vigor el mes pasado. Una orden ejecutiva sobre libertad religiosa que el presidente Trump firmó en mayo no contenía ninguna referencia LGBT específica.

“Es parte de una lucha en la cual progresamos, pero la oposición no nada más se derrite,” dijo Wolfson, quien ha presentado un escrito amicus en el caso Masterpiece. “Tratan de subvertirlo y esta es una técnica muy, muy común que utilizan.”

“La libertad religiosa es un escudo, no una espada,” agregó. “La libertad religiosa pretende proteger derechos muy importantes de las personas de libertad de culto, de orar y hablar como elijan y tener sus propias canciones dentro de sus templos, pero no es una espada para llevar al mercado y decir quiero todos los beneficios de participar en la esfera pública, pero no voy a seguir la ley, quiero una licencia para discriminar y sí, soy una empresa que pone un rótulo afuera que dice que está abierta al público, pero no voy a estar abierta al público.”

Wolfson le dijo al Blade que las personas y las cortes de Estados Unidos “han rechazado” este argumento “una y otra vez.”

“Aunque estamos en una especie de momento político disfuncional donde la oposición es más feroz de lo que en realidad es representativo del pueblo estadounidense, aún así estoy confiado que vamos a hacer retroceder estos ataques,” dijo. “No vamos a ganar todas las batallas, pero sí vamos a hacer retroceder estos ataques porque el pueblo estadounidense comprende esto como una gran amenaza a la democracia, ya que si cada quien se vuelve ley en sí mismo y puede simplemente decir ‘no quiero’ como defensa contra una ley sobre derechos civiles, abre una caja de pandora que asesta perjuicio real en personas reales, pero que además socava el estado de derecho y la cohesión misma de nuestra democracia y por todas estas razones creo que venceremos.”

‘Tenemos que aprender mutuamente’

Wolfson conversó con el Blade en el Congreso de Matrimonio Civil Igualitario, el cual fue el primero en su especie en América Latina y que estuvo enfocado exclusivamente en el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo.

Herman Duarte de Fundación Igualitos, un grupo de defensores del matrimonio igualitario basado en Costa Rica, organizó la conferencia junto con HduarteLex, su firma legal la cual lucha en contra de la discriminación por orientación sexual. Dos grupos de abogacía costarricenses — Acceder y Asociación Costarricense de Derecho Internacional — fueron coanfitriones del evento que atrajo más de 100 activistas provenientes de todo hemisferio occidental.

“Estamos aquí para aprender mutuamente,” dijo Wolfson.

En 2015 Wolfson presentó un testimonio a favor de los derechos maritales de las parejas entre personas del mismo sexo ante la Corte Constitucional de Colombia.

Ha presentado un escrito ante la Corte Suprema de Panamá a favor de la parte actora en un caso de matrimonio entre personas del mismo sexo. Wolfson además trabaja con dos grupos de abogacía LGBT Chilenos — Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y Fundación Iguales — que trabajan para impulsar el asunto en el país.

“En ninguno de estos países … lo estoy manejando todo”, le dijo al Blade. Estoy aconsejando y compartiendo y tratando de ayudar y alentar y darle a las personas la experiencia y los elementos que puedan adoptar.”

En 2016, Wolfson se reunió con defensores en Cuba que promueven el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo en el país. También se ha reunido con activistas, dirigentes de empresas y oficiales de gobierno en Suiza, Austria, Alemania, Japón, Sudáfrica y otros países desde el 2015 cuando la Corte Suprema de los EEUU emitió su sentencia hito en el caso Obergefell.

Wolfson señaló que 1,100 millones de personas al rededor del mundo habitan en jurisdicciones donde parejas entre personas del mismo sexo pueden casarse legalmente. Conversó con el Blade a menos de dos semanas antes que oficiales australianos anunciaran que la mayoría de votantes que participaron de un plebiscito no vinculante sobre si los gays y lesbianas deberían poder casarse dijo que “sí.” 

“Esto refuta los alegatos de la oposición de que cosas malas van a suceder,” dijo Wolfson, refiriéndose al creciente número de jurisdicciones que permiten el matrimonio igualitario. “Esto es parte importante del caso que tenemos que presentarle a la corte de la opinión pública, así como en las cortes de derecho en estos países. Pero también suministra esta montaña de experiencia y evidencia que puede traerse a las discusiones, ya sea con el público o con quienes toman las decisiones. Esta no es una nueva pregunta.”
 
“No estamos en los Estados Unidos en 1972. Estamos en Costa Rica en 2017,” señalando que el 70 por ciento de la población total de América Latina viven en jurisdicciones que han extendido el derecho al matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo. “Entonces, ¿Por qué no deberían tener los pueblos de Costa Rica, o del Perú, o Panamá o sigue la lista lo que todos sus hermanos y hermanas a través del continente — o alrededor del mundo — ya tienen.”

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National

United Methodist Church removes 40-year ban on gay clergy

Delegates also voted for other LGBTQ-inclusive measures

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Underground Railroad, Black History Month, gay news, Washington Blade
Mount Zion United Methodist Church is the oldest African-American church in Washington. (Washington Blade photo by Michael Key)

The United Methodist Church on Wednesday removed a ban on gay clergy that was in place for more than 40 years, voting to also allow LGBTQ weddings and end prohibitions on the use of United Methodist funds to “promote acceptance of homosexuality.” 

Overturning the policy forbidding the church from ordaining “self-avowed practicing homosexuals” effectively formalized a practice that had caused an estimated quarter of U.S. congregations to leave the church.

The New York Times notes additional votes “affirming L.G.B.T.Q. inclusion in the church are expected before the meeting adjourns on Friday.” Wednesday’s measures were passed overwhelmingly and without debate. Delegates met in Charlotte, N.C.

According to the church’s General Council on Finance and Administration, there were 5,424,175 members in the U.S. in 2022 with an estimated global membership approaching 10 million.

The Times notes that other matters of business last week included a “regionalization” plan, which gave autonomy to different regions such that they can establish their own rules on matters including issues of sexuality — about which international factions are likelier to have more conservative views.

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Federal Government

Republican state AGs challenge Biden administration’s revised Title IX policies

New rules protect LGBTQ students from discrimination

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U.S. Secretary of Education Miguel Cardona (Screen capture: AP/YouTube)

Four Republicans state attorneys general have sued the Biden-Harris administration over the U.S. Department of Education’s new Title IX policies that were finalized April 19 and carry anti-discrimination protections for LGBTQ students in public schools.

The lawsuit filed on Tuesday, which is led by the attorneys general of Kentucky and Tennessee, follows a pair of legal challenges from nine Republican states on Monday — all contesting the administration’s interpretation that sex-based discrimination under the statute also covers that which is based on the victim’s sexual orientation or gender identity.

The administration also rolled back Trump-era rules governing how schools must respond to allegations of sexual harassment and sexual assault, which were widely perceived as biased in favor of the interests of those who are accused.

“The U.S. Department of Education has no authority to let boys into girls’ locker rooms,” Tennessee Attorney General Jonathan Skrmetti said in a statement. “In the decades since its adoption, Title IX has been universally understood to protect the privacy and safety of women in private spaces like locker rooms and bathrooms.”

“Florida is suing the Biden administration over its unlawful Title IX changes,” Florida Gov. Ron DeSantis wrote on social media. “Biden is abusing his constitutional authority to push an ideological agenda that harms women and girls and conflicts with the truth.”

After announcing the finalization of the department’s new rules, Education Secretary Miguel Cardona told reporters, “These regulations make it crystal clear that everyone can access schools that are safe, welcoming and that respect their rights.”

The new rule does not provide guidance on whether schools must allow transgender students to play on sports teams corresponding with their gender identity to comply with Title IX, a question that is addressed in a separate rule proposed by the agency in April.

LGBTQ and civil rights advocacy groups praised the changes. Lambda Legal issued a statement arguing the new rule “protects LGBTQ+ students from discrimination and other abuse,” adding that it “appropriately underscores that Title IX’s civil rights protections clearly cover LGBTQ+ students, as well as survivors and pregnant and parenting students across race and gender identity.”

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Rehoboth Beach

Former CAMP Rehoboth official sentenced to nine months in prison

Salvator Seeley pleaded guilty to felony theft charge for embezzlement

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Salvator Seeley (Photo courtesy CAMP Rehoboth)

Salvator “Sal” Seeley, who served as an official with the Rehoboth Beach, Del., CAMP Rehoboth LGBTQ community center for 20 years, was sentenced on April 5 by a Sussex County Superior Court judge to nine months in prison and to pay $176,000 in restitution to the organization.

The sentencing took place about five weeks after Seeley pleaded guilty to a charge of Theft in Excess of $50,000 for allegedly embezzling funds from CAMP Rehoboth, a spokesperson for the Delaware Department of Justice told the Washington Blade.

Seeley’s guilty plea came shortly after a grand jury, at the request of prosecutors, indicted him on the felony theft charge following an investigation that found he had embezzled at least $176,000 from the nonprofit LGBTQ organization.

“Salvatore C. Seeley, between the 27th day of February 2019 and the 7th day of September 2021, in the County of Sussex, State of Delaware, did take property belonging to CAMP Rehoboth, Inc., consisting of United States currency and other miscellaneous property valued at more than $50,000, intending to appropriate the same,” the indictment states.

“The State recommended a sentence of two years of incarceration based on the large-scale theft and the impact to the non-profit organization,” Delaware Department of Justice spokesperson Caroline Harrison told the Blade in a statement.

“The defense cited Seeley’s lack of a record and gambling addiction in arguing for a probationary sentence,” the statement says. “Seeley was sentenced in Superior Court to a nine-month prison term and to pay a total of $176,000 in restitution for the stolen funds,” Harrison says in the statement.

Neither Seeley nor his attorney could immediately be reached for comment.

At the time of Seeley’s indictment in February, CAMP Rehoboth released a statement saying it first discovered “financial irregularities” within the organization on Sept. 7, 2021, “and took immediate action and notified state authorities.” The statement says this resulted in the investigation of Seeley by the state Department of Justice as well as an internal investigation by CAMP Rehoboth to review its “financial control policies” that led to an updating of those policies.

“As we have communicated from day one, CAMP Rehoboth has fully cooperated with law enforcement,” the statement continues. “At its request, we did not speak publicly about the investigation while it was ongoing for fear it would jeopardize its integrity,” according to the statement. “This was extremely difficult given our commitment to transparency with the community about day-to-day operations during the recent leadership transition.”

The statement was referring to Kim Leisey, who began her job as CAMP Rehoboth’s new executive director in July of 2023, while the Seeley investigation had yet to be completed, following the organization’s process of searching for a new director. It says Seeley left his job as Health and Wellness Director of CAMP Rehoboth in September of 2021 after working for the organization for more than 20 years.

“Mr. Seeley’s actions are a deep betrayal to not only CAMP Rehoboth but also the entire community we serve,” the statement says.

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