Connect with us

News

Migrantes LGBTI+ llegaron a la frontera de EEUU

Grupo de casi 80 personas están en Tijuana

Published

on

Dentro de poco se cumplirá un mes desde que Loly Méndez salió de El Salvador. (Foto por Yariel Valdés González/Tremenda Nota)

Nota del editor: Yariel Valdés es reportero de Tremenda Nota, una revista electrónica independiente en Cuba que reporta sobre la comunidad LGBT y otros grupos minoritarios en el país. Tremenda Nota es la pareja de contenido del Washington Blade en Cuba.

Yariel Valdés está actualmente en Tijuana, México. Su nota salió originalmente en el sitio web de Tremenda Nota el martes.

TIJUANA, México — Un grupo de migrantes LGBTI+ espera en Tijuana, México, para alcanzar la frontera estadounidense. Decenas de personas dejaron la caravana de al menos 5.000 centroamericanos para evitar el acoso de sus propios compañeros de viaje.

Hace más de 22 días, Loly Méndez emprendió el viaje más largo de su vida. Cerca de 4.400 kilómetros separan por tierra a El Salvador de Estados Unidos. Aun así, Loly decidió unirse a uno de los grupos de migrantes centroamericanos que huyen de la violencia en sus países natales, y avanzan hacia la frontera de Estados Unidos.

Loly, mujer transgénero, cosmetóloga, no vio solo la meta del “sueño americano,” sino la oportunidad de huir de la violencia y la transfobia. Una pandilla la había asaltado y robado en su propio país.

“Doy gracias a Dios porque no me quitaron la vida, ni me violaron,” dice.

En su adolescencia, Loly ya sabía que era una mujer. Sin embargo, el clima de intolerancia que vive en su país de origen le impidió completar el cambio de imagen que deseaba.

“Nunca sabes si vas a amanecer (viva) — dice —. Yo no dejo de pensar en mi amiga, cómo la asesinaron, la estrangularon y la tiraron de un puente. Teníamos planes de salir de allá juntas (de El Salvador), pero la gente le puso odio porque ella ya lucía como una mujer.”

Cruz Torres, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social de El Salvador, estima que 600 personas LGBTI+ han sido asesinadas en los últimos 24 años en ese país centroamericano. Al menos 145 de los crímenes ocurrieron en solo tres años, desde 2015 a 2017.

La frontera, a un paso

“Todas las personas homosexuales que viajamos en esta caravana venimos con el propósito de ser libres, de trabajar, de no ser delincuentes,” explica Loly a Tremenda Nota. “Yo jamás me he prostituido y no voy a otro país a eso.”

La salvadoreña llegó a la localidad Playas de Tijuana el pasado domingo como parte de una avanzada de casi 80 personas de la comunidad LGBTI+, integrantes de la primera caravana de más de 5.000 migrantes centroamericanos.

El grupo llegó escoltado por oficiales del Instituto Nacional de Migración de México y por observadores de varias comisiones de derechos humanos del país azteca. Arribaron a la ciudad fronteriza después de pasar por San Luis Río Colorado (Sonora) y Mexicali, la capital del estado de Baja California.

César Mejías, uno de los migrantes y portavoz no oficial del grupo, declaró que esta primera caravana alcanzó el norte de México antes de lo previsto porque recibieron apoyo de “una organización de Estados Unidos, que también pertenece a la comunidad LGBTI+.” Mejías prefirió no mencionar el nombre de sus patrocinadores.     

En Tijuana aumentó la incertidumbre de los migrantes. “Duele saber que ahora nos vayan a deportar para nuestros países,” comenta Kecha Cataleya, una transgénero hondureña de 24 años.

“En 2015 me aventaron gas y me prendieron fuego, aún se me miran las marcas,” cuenta. La joven también asegura que las maras (pandillas) obligan a las personas trans a vender drogas y prostituirse.

Según la organización no gubernamental Transgender Europe, Latinoamérica tiene las tasas mundiales más altas de violencia contra la comunidad LGBTI+.

El Salvador, por ejemplo, ha registrado “aterradores crímenes de odio hacia las personas LGBTI” en los últimos años, según un reporte del grupo COMCAVIS Trans (Comunicacndo y Capacitando a Mujeres Trans). Se trata de “actos que se producen con mayor crueldad de lo usual: mutilaciones, excesos de violencia llegando al extremo de múltiples disparos, cuerpos atados, desmembramiento de partes genitales y acciones de tortura sistemática.”

Cuando Kecha Cataleya y sus compañeros llegaron a la calle Olas Altas, en la sección Coronado, varios vecinos protestaron. “Gracias a Dios — cuenta César Mejías — ellos ya comprendieron quiénes somos, qué es lo que vamos a hacer y cuánto tiempo vamos a estar aquí.”

Mejías y el resto del grupo, en el cual viajan varios menores de edad, esperan por sus “apoderados legales” para iniciar el proceso de asilo político en los Estados Unidos. “Queremos hacer las cosas bien,” añadió.

La caravana LGBTI+ arribó el pasado domingo 11 de noviembre a Tijuana, México. (Foto de Yariel Valdés González/Tremenda Nota)

Sin embargo, el presidente norteamericano Donald Trump ha intentado cerrar todas las puertas de Estados Unidos a los migrantes centroamericanos. El pasado 9 de noviembre el mandatario firmó una orden ejecutiva que prohíbe la entrada al país de forma ilegal por la frontera con México. Si los migrantes centroamericanos accedieran a la nación del norte a través puntos de entrada no autorizados, serían arrestados y perderían el derecho de permanecer en el país o solicitar asilo.

A finales de octubre el gobierno norteamericano anunció el despliegue de 5.200 militares en la frontera con México. Aunque Trump no mostró ninguna prueba aseguró en la red social Twitter que las caravanas “también están formadas por algunos matones y pandilleros muy malos.” En otro de sus tweets amenazó a los migrantes: “¡Esta es una invasión de nuestro país y nuestro ejército te está esperando!”

Unos son más iguales que otros

Durante el trayecto, los integrantes LGBTI+ de la caravana caminaron a la par de sus compatriotas hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Cruzaron a nado los mismos ríos, atravesaron las mismas cercas fronterizas, durmieron bajo la intemperie común, padecieron el mismo frío y la misma hambre. Sin embargo, su condición de personas LGBTI+ provocó que fueran discriminados por sus propios compañeros.

“No me esperaba eso de ellos porque todos somos migrantes y veníamos juntos. Pensé que teníamos que apoyarnos,” denunció la salvadoreña Noe Alvarenga.

“Como somos la comunidad más vulnerable — acota Loly — hemos sufrido la violencia, el machismo que viene dentro de esa caravana. Hemos sido mal vistos, nos gritan cosas.”

La antropóloga social Marta García Ortega, investigadora del Colegio de la Frontera Sur de México, coincide en que dentro del conjunto de migrantes, la comunidad LGBTI+ es particularmente vulnerable, “porque no solo están solicitando un derecho al asilo, también están en mayor riesgo, y requieren atención especial, como las mujeres.”

Varios niños se cuentan en la caravana que alcanzó la localidad Playas de Tijuana, a orillas de la frontera norteamericana. (Foto de Yariel Valdés González/Tremenda Nota)

En efecto, la discriminación, la homofobia, la violencia y los crímenes de odio lanzaron a Loly Méndez, Kecha Cataleya, Noe Alvarenga y César Mejías a un camino de miles de kilómetros, desde sus países natales hasta la frontera norteamericana.

“Vivir como yo deseo vivir, siendo lo que soy, sin que nadie me discrimine, sin necesidad de ocultarme, sin que vengan unos maleantes a la vuelta de la esquina y me golpeen…Eso es lo que quiero,” confiesa Mejías.

El recorrido, sin embargo, no termina en la frontera estadounidense. Ahí deberán emprender otra “caminata” por el sistema legal norteamericano.

Las caravanas que en pocos días tocarán las puertas de Estados Unidos han inaugurado un proceso sin precedentes en la historia reciente de las migraciones forzadas, cree la investigadora Marta García Ortega. “Esto ya no es solo un movimiento de éxodo, es un movimiento por los derechos sociales, por los derechos civiles, por el derecho a migrar.”

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

District of Columbia

Gay-owned pizzeria in Dupont Circle burglarized

Protest Pizza owners say community has expressed support

Published

on

From left: Protest Pizza co-owners Ricky Bennett and Randy Downs. The two men say they have received an outpouring of community support after Protest Pizza was burglarized on Aug. 21, 2026. (Washington Blade photo by Michael Key)

Gay activist Randy Downs said he and his business and life partner Ricky Bennett are grateful for the support they have received from the Dupont Circle community after they released a video showing a suspect breaking into their recently opened pizza shop and taking money from a cash register shortly before 3 a.m. on Friday, Aug. 21.

The surveillance video shows a man wearing black clothing with his face covered, smashing the glass front door of Protest Pizza, located at 1633 ½ P St., N.W. The video, which Downs and Bennett provided to D.C. police, also shows the suspect climbing over the bar to get to a cash register, which he opened to take out cash.

A D.C. police report obtained by the Washington Blade lists the incident as a Burglary in the Second Degree and says the owners reported “approximately $78 in cash” was taken from the cash register.  The report says the incident is not listed as a suspected hate crime.

Downs told the Washington Blade that after he and Bennett reported the break-in and theft on social media, they received an overwhelming showing of support from neighbors and others, including business owners, from across the nation. 

“The break-in was upsetting, but it is not what will define Protest Pizza,” Downs said. “What defines us is how quickly people showed up,” he told the Blade. “One person came looking for a cash register; our community saw a gathering place worth protecting. The response reminded us that Protest’s real value was never in the register.”

Downs said he and Bennett, who live around the corner on the section of 17th Street, N.W., near several other bars and restaurants, including the gay bar JRs are located, opened Protest Pizza in November 2025.

“Ricky and I built Protest Pizza as a positive, welcoming, queer owned neighborhood restaurant and bar — a space for protest and joy,” he said.

A D.C. police spokesperson said police offer a reward of up to $1,000 for information leading to an arrest and conviction of a suspect responsible for the type of burglary and theft that occurred at Protest Pizza. Police say anyone with information to help solve this type of crime should call the police tipline at 202-727-9099.

Continue Reading

District of Columbia

Advocates honored at Engendered Spirit Awards

Annual ceremony held at conclusion of Trans Pride DC

Published

on

From left, Bianca Sprague, Vida Rangel and SC Nealy attend the 2026 SaVanna Wanzer Engendered Spirit Awards at the Martin Luther King, Jr. Memorial Library on Aug. 22, 2026. (Washington Blade photo by Michael Key)

The 2026 SaVanna Wanzer Engendered Spirit Awards ceremony took place at the Martin Luther King, Jr. Memorial Library in D.C. on Saturday. The ceremony was held at the conclusion of the day-long Trans Pride DC: Encore.

Honorees included D.C. Mayor’s Office of Community Affairs Deputy Director Vida Rangel; the LGBT+ Counseling Collaborative, Inc.; and Connor Keuntje, CLP, CLPC.

Trans Pride DC: Encore was held throughout Saturday with several workshop sessions and a virtual conversation with actress and advocate Dominique Jackson.

The annual Engendered Spirit Awards were renamed the “SaVanna Wanzer Engendered Spirit Awards” in honor of SaVanna Wanzer, founder of D.C. Trans Pride. Wanzer died on April 24 of this year.

Speakers at the ceremony included Japer Bowles, director of the D.C. Mayor’s Office of LGBTQ Affairs and Bianca Sprague, executive director of D.C. Trans Pride.

“The intent behind this award and honoring members of our communities, organizations, and allies, is to really elevate all of the work that they’re doing to provide resources, tools, learning opportunities and connections: centering trans folks, gender non-conforming, and gender diverse individuals,” Sprague said.

Continue Reading

India

Proposed Indian foreign funding law overhaul could further pressure LGBTQ groups

Measure introduced in Parliament earlier this year

Published

on

Activists on Sept. 21, 2024, attend a conference in Chennai, India, that focused on climate change and how it impacts transgender women. A proposed overhaul to India's foreign funding law could further pressure advocacy groups that are already struggling to secure funding. (Courtesy photo)

India’s proposed overhaul of its foreign funding law could put LGBTQ organizations that depend on overseas donations under new pressure. 

Introduced in the Lok Sabha, the lower house of Parliament, on March 25, the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026, or FCRA, would give a government-designated authority control over foreign funds, and assets when an organization loses or surrenders its registration.

The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill returned to the spotlight this month as the Indian government prepared to seek its passage during Parliament’s Monsoon Session; drawing fierce opposition from political parties, civil society groups and religious organizations.

The government says the bill is intended to address gaps in the management of foreign funds and assets when an organization’s FCRA registration is cancelled, surrendered, or expires. The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026, would create a Designated Authority to oversee the vesting, supervision, management, and disposal of foreign contributions and assets when an organization’s FCRA registration is cancelled, surrendered , or ceases. If a vested asset is a place of worship, the authority would be required to preserve its religious character. The FCRA would also reduce the maximum prison term for violating the law from five years to one year.

The changes could also make it difficult for organizations to leave the FCRA regime without surrendering assets created with foreign funds. Under the bill, an organization would have to keep renewing its FCRA certificate to retain those assets. FCRA rules also impose spending requirements on organizations seeking to maintain their certificates.

The bill may also create a distinction between assets created by organizations with FCRA registration and those created through the separate prior-permission route.

More significantly, neither the existing law nor the bill provides an appeal mechanism when the central government refuses to renew an FCRA certificate. They also do not expressly require the organization to be given an opportunity to be heard before renewal is denied. Under the proposed framework, such a denial could trigger the vesting of the organization’s foreign-funded assets in the Designated Authority.

The bill would also widen the circle of people who could face consequences for an organization’s FCRA violations. 

Its definition of “key functionary” extends beyond directors and office bearers to trustees, governing-body members, managing-committee members and others responsible for an organization’s affairs. Those functionaries could be held liable for offenses committed by the organization, unless they can show that they were unaware of the violation or had exercised due diligence to prevent it. The FCRA bill would also impose restrictions on dealing with foreign-funded assets during a suspension and leave several important operational details — including timelines and procedures for managing and returning assets — to rules that have yet to be prescribed.

Parliament on Aug 12 moved to refer the FCRA bill to a parliamentary committee for further scrutiny and wider consultations. 

Minister of State for Home Nityanand Rai moved the motion in the Lok Sabha, to refer the bill to a committee comprising 21 members of the lower house and 10 members of the Rajya Sabha, Parliament’s upper house. 

The Rajya Sabha subsequently approved the nomination of its 10 members to the committee. The panel is expected to submit its report by the last day of the first week of Parliament’s Winter Session.

The proposed changes could have significant implications for LGBTQ organizations that rely on the FCRA framework to receive foreign contributions. (The global LGBTQ and intersex rights movement since the Trump-Vance administration took office in 2025 has lost nearly $50 million in U.S. funding because of foreign aid cuts. One source with whom the Washington Blade spoke described the funding loss as a “catastrophe” for the global movement.)

While the government does not appear to have published an easily accessible, consolidated list of LGBTQ organizations receiving such funding, FCRA registration records and organizations’ financial disclosures indicate that foreign contributions have supported LGBTQ rights, healthcare, and community services in India.

K.C. Venugopal, general secretary of the opposition Indian National Congress, told reporters his party and other opposition parties would strongly protest the legislation if it were introduced in Parliament. He said the bill was aimed at targeting minorities and NGOs and vowed that the opposition would oppose its passage.

Venugopal called the proposed legislation “unconstitutional and anti-people.” 

“If the Central Government thinks they can cook up and introduce the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill within these two or three days, they should keep that wish to themselves,” he told reporters in Alappuzha, Kerala, on Aug. 9.

“Three provisions worry LGBTQ+ organizations like ours most directly,” said Souvik Saha, founder of People for Change and Jamshedpur Queer Circle. “First, the 2026 bill would let a government-appointed ‘Designated Authority’ take control of an organization’s foreign-funded assets— bank balances, equipments, sometimes even property— the moment its FCRA registration is cancelled, surrendered, or simply not renewed, and this happens through an administrative process, without prior judicial adjudication. For a small community organization, that means losing everything we have built — case files, shelter infrastructure, helpline equipment — almost overnight, with no court hearing first.”

Saha told the Blade the revised FCRA Rules announced in June introduced a minimum spending threshold: organizations must spend at least $10,449 in foreign contributions over two financial years or risk cancellation and non-renewal of their registration.

“This specifically penalizes small and grassroots groups that deliberately keep their foreign funding modest — which describes most LGBTQ organizations in India, including ours,” said Saha. “We are not running core-scale budgets; we are running helplines, safe spaces, and district-level outreach on modest grants.”

Saha told the Blade that the ban on sub-granting, carried over from the 2020 amendment, means larger, well-established rights organizations cannot pass foreign funds to smaller, unregistered LGBTQ collectives that could not obtain FCRA registration themselves. He said rights groups have long described the restriction as a near “death knell” for hundreds of small nongovernmental organizations that work collaboratively with larger organizations, adding that LGBTQ groups outside major metropolitan areas depend heavily on such funding arrangements.

“Domestic funding for LGBTQ work in India is still thin, CSR (Corporate Social Responsibility) money avoids us because we are seen as ‘controversial,’ and most Indian foundations would not touch gender-identity programming,” Saha said. “So foreign funding is not a convenience for organizations working with the transgender and LGBTQ community, it is often always funding.”

Continue Reading

Popular