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‘Dinero rosa’ en la Isla roja


Foto: Marcus Freeman
Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió originalmente en su sitio web el 13 de junio.
LA HABANA — Adentro, justo a la medianoche, varios chicos sentados alrededor de una mesa arquean las cejas y sonríen de medio lado a la cámara. “Este selfi no sirvió. Vamos a hacer otro”, dice uno y los demás retoman la misma pose. Afuera, justo a la medianoche, unos niños corren en un parque de Centro Habana, mientras sus padres toman algunas cervezas. Los niños juegan a saltar sobre las latas vacías hasta aplastarlas.
Adentro, en una pantalla, Madonna lame el pie de Maluma. Otro grupo llega y ocupa una mesa VIP: Los chicos compran whisky de etiqueta negra y celebran el regreso a La Habana de un amigo. Uno de ellos mira a la reina del pop y dice a los demás: “Es una perra”. En el fondo hay un cuadro de varios hombres fornidos que tienen sexo.
Dos mujeres que rondan los 40 años salen a fumar. Una tiene el pelo corto y usa una camisa azul y zapatos cerrados, la otra es una mulata de vestido blanco, tacones y prendas doradas. Ambas se besan, terminan sus cigarros y regresan adentro.
Sobre la puerta parpadea un letrero que anuncia que se ha llegado a XY (o MYXTO, su nombre anterior), el primer bar gay de Cuba que sugiere el buscador de Google. Abierto desde 2015, en Jovellar y Marina, frente al malecón de La Habana, el bar se presenta como un espacio para las personas LGBTI+ en el centro de un barrio popular de la ciudad.
Desde hace algunos años, La Habana –aún siendo la capital de un país machista con un largo historial homofóbico– ha dado los primeros pasos para transformarse en una ciudad amistosa con la comunidad LGBTI+: por una década –hasta 2018– el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) convocó una “Conga contra la homofobia y la transfobia” para visibilizar a las personas no heterosexuales y no cisgénero.
Ahora mismo, sin descontar la cancelación de la Conga oficial contra la homofobia, la represión de la primera marcha LGBTI+ alternativa convocada por la sociedad civil, las vueltas de tuerca del Parlamento para incluir el matrimonio igualitario en la Constitución y las presuntas concesiones a grupos cristianos opuestos a los derechos LGBTI+, comienza a redactarse (a puerta cerrada aún) un nuevo Código de Familia que permitiría el matrimonio igualitario después de ser aprobado en referéndum popular, a más tardar en abril de 2021.
En ese contexto de tibios avances legales aparecen cada vez más emprendimientos privados destinados especialmente a las personas con diversas orientaciones e identidades sexuales.
Aun cuando se han denunciado casos de discriminación en bares habaneros supuestamente inclusivos, la apuesta hacia el mercado gay-friendly también ha alcanzado otros negocios privados como hostales, playas, productoras audiovisuales, fiestas y experiencias de Airbnb.
Sin embargo, algunos emprendimientos inclusivos como la tienda de diseño Clandestina (privada) y el taller de tatuajes La Marca (mixto), en La Habana, se han convertido en promotores de los derechos LGBTI+ más allá de las ganancias económicas que este sector de la población pueda generar. Sin fines de lucro, en los últimos años Clandestina ha convocado las Tortiolimpiadas y La Marca ha organizado conversatorios, debates y proyecciones de filmes relacionados con los derechos de las personas de género diverso, especialmente en el contexto de la reforma constitucional en Cuba.
El ‘mercado rosa’ se expande en la Isla
En los últimos años, la apertura del sector privado –hasta donde ha permitido el gobierno cubano– ha redirigido la mirada de los emprendedores hacia las utilidades que genera el «turismo rosa» y la comunidad LGBTI+ local.
En Cuba, el mismo país donde los homosexuales fueron relegados e incluso recluidos en campos de trabajo forzado en la década del 70 del pasado siglo, hoy existen negocios enfocados en la comunidad gay, como el bar XY en el corazón de La Habana. Sin embargo, no necesariamente todos los emprendimientos que se declaran como espacios libres de prejuicios exhiben la bandera del arcoíris.
Además del bar XY y del cabaret Las Vegas (un establecimiento administrado por el Estado), otros negocios se presentan como aliados de la comunidad LGBTI+ y dedican un día de la semana a ofrecer una programación distinta, que casi siempre incluye un show de transformistas.
La clave, según explica Ivette Rivero, titular de XY, es tener un personal capacitado, sensibilizado y listo para recibir a personas diversas.
“Nuestra premisa es ofrecer un espacio donde ninguna persona se sienta discriminada y a la vez todas puedan socializar”, dice Ivette –una joven delgada de 32 años– mientras camina de un lado a otro de su bar.
Esta noche hay más de 100 personas dentro del local, ubicadas en los dos pisos. “No siempre es así. Como cualquier negocio tiene sus altas y bajas. Al pensar este espacio como un bar gay, perdemos una parte del público que no viene por prejuicios”, reconoce Ivette.
Sin embargo, a partir de su propia experiencia, la dueña de XY también asegura que un negocio enfocado en la comunidad LGBTI+ sigue siendo una buena apuesta para los pequeños empresarios nacionales.
Mundialmente, alrededor de los clientes homosexuales gravita el estereotipo que asegura que ellos gastan más en ocio porque no acostumbran a tener hijos (según el modelo Doble Income, No Kids). El consultor cubano para el sector privado Ruiry Rodríguez no descarta que esta variable también se aplique en el contexto nacional. A este panorama el especialista añade el grado de fidelidad del público.
“Desde la gestión de negocios, estar enfocados en los productos y servicios de un mercado específico, en este caso el LGBTI+, permite ofrecer una propuesta mucho más cercana al cliente”, considera. “Por lo tanto, convierten el negocio en un referente para ellos y su círculo de relaciones”. El público LGBTI+ podría, a juicio del economista, ser un mercado “interesante” en la Isla, debido a la insuficiencia actual de espacios para la recreación y el ocio.
En Cuba no existen estadísticas sobre el número de personas LGBTI+. Sin embargo, si aplicamos a la Isla los cálculos de Naciones Unidas (que aproximan la población mundial LGBTI+ al 10 por ciento del total de habitantes del planeta), la comunidad LGBTI+ del país rondaría el millón de personas. Acaso un millón de cubanos ávidos de espacios de socialización y otros servicios, donde no resulten discriminados.
El otro pilar económico del “dinero rosa”, además del mercado nacional, son los viajeros. Según la Organización Mundial del Turismo, el colectivo LGBTI+ mueve más del 10 por ciento del volumen de visitantes a nivel mundial. Este grupo desembolsa durante los viajes más de 300 mil millones de dólares al año, una cifra que supera incluso al gasto de los viajeros chinos, el primer país emisor de turistas del mundo.
Casarse en Cuba
El 21 de marzo de 2019, la realizadora Patricia Santa Coloma filmó por segunda vez una boda simbólica entre dos hombres, aun cuando las uniones entre personas del mismo sexo no son legales en Cuba. La primera boda simbólica filmada por Producciones Almendares, la empresa que dirige Patricia, ocurrió dos años atrás, cuando dos ciudadanos estadounidenses de origen cubano viajaron hasta La Habana para “casarse”.

Jorge y Lázaro, dos ciudadanos estadounidenses de origen cubano, celebraron su boda simbólica en Cuba en 2017. (Foto: Aire de Fiesta)
Patricia aspira a sembrar un precedente en el mercado. Sabe que en el caso de legalizarse el matrimonio igualitario en Cuba, las bodas entre personas no heterosexuales serán un nicho rentable para los emprendedores.
“Nos interesa participar en estas ceremonias primeramente porque porque obligan a salir un poco de las historias de amor heterosexuales, y porque lo valoramos [al LGBTI+] como un mercado en crecimiento que puede generar muchas utilidades”.
Además de los servicios relacionados con las ceremonias, la oportunidad de que las parejas del mismo sexo puedan casarse beneficiaría económicamente al sector estatal (administrador de todos los hoteles nacionales).
Aunque en Cuba sí existen hostales promocionados en Airbnb que se denominan gay-friendly, la hotelería nacional no contaba con un establecimiento destinado a estos grupos hasta que el Cenesex confirmó la inauguración en Cayo Guillermo del Rainbow Muthu Hotel, el primer resort cubano especialmente abierto a la comunidad LGBTI+.
Si bien los destinos gay-friendly transmiten una poderosa imagen de tolerancia y respeto, también son criticados como la meca de una clase económica donde prevalecen los hombres gais, blancos, con mayores posibilidades adquisitivas. Las lesbianas, los homosexuales negros, pobres o habitantes del tercer mundo están lejos de formar parte del mercado turístico mundial.
No obstante, si la apertura de espacios o negocios enfocados en la comunidad no heterosexual y no cisgénero viene acompañada de mayores derechos, posibilidades de realización y goce, Cuba debería abrir todas sus puertas al turismo y los servicios LGBTI+.
Aun así, la llegada del “dinero rosa” a la Isla y la apertura de hoteles, hostales, bares y playas gay-friendly no serán suficientes para garantizar el bienestar de todas las personas hasta que las leyes aseguren los derechos humanos de las personas LGBTI+: que puedan salir libremente a la calle a manifestarse, y que puedan elegir si se casan o no, si adoptan o no, aunque carezcan del anhelado “dinero rosa”.
El Salvador
#JusticiaParaKarla: una lucha por el derecho a la identidad en El Salvador
Karla Guevara inició su camino legal y personal en 2020

Cinco años han pasado desde que Karla Guevara inició un camino legal y personal para lograr que su nombre y género sean reconocidos en su Documento Único de Identidad (DUI). Cinco años de sentencias, apelaciones, puertas cerradas y vulneraciones que hoy se resumen en una sola palabra: resistencia.
En medio de un país que aún arrastra estructuras jurídicas y sociales poco sensibles a las realidades trans, Guevara se ha convertido en una voz visible. No solo por la denuncia pública de su caso, sino por su capacidad de transformar el dolor en acción: ha iniciado la campaña #JusticiaParaKarla, la cual acompaña con conversatorios llamados “Si tú fueras yo” en diferentes zonas del país.
Su historia se remonta al año 2018, cuando, junto a otras tres defensoras de derechos humanos —Mónica Hernández, Bianca Rodríguez y Verónica López— interpuso una demanda para lograr el cambio de nombre legal. La acción se inspiró en la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó a los Estados miembros de la OEA a garantizar los derechos de las personas trans, incluyendo el reconocimiento de su identidad.
A diferencia de sus compañeras, cuyo proceso fue resuelto favorablemente, Guevara fue la única a quien el Estado salvadoreño le negó el derecho, incluso tras contar con una sentencia favorable. El camino ha sido empinado, desgastante y doloroso, y ha implicado múltiples etapas legales con resoluciones contradictorias.
El 8 de enero de 2020, el juzgado declaró su demanda improponible. Guevara apeló el 22 de ese mismo mes, pero la Cámara de Familia desestimó su recurso. Aun así, perseveró. En abril de 2021 presentó una segunda apelación, y en septiembre se revocó la decisión del juzgado, ordenando admitir su demanda. Una pequeña luz parecía abrirse.
En agosto de 2022, después de varios peritajes que, según Guevara, incluyeron momentos donde se sintió expuesta y violentada, recibió una sentencia favorable: se autorizaba su cambio de nombre y género en la partida de nacimiento. Sin embargo, esta victoria fue parcial y breve. Aunque se ordenó marginar su partida, no se ordenó cancelarla como en otros casos similares.
El 4 de octubre de ese mismo año, la sentencia fue enviada al Registro del Estado Familiar. Pero la respuesta institucional fue sorprendente: el 3 de noviembre, la Alcaldía de San Salvador se negó a realizar el cambio. El jefe del registro y el registrador presentaron un amparo ante la Sala de lo Constitucional, paralizando el proceso.
“No solo me lo negaron, sino que ahora me exponen a un juicio aún mayor”, expresa Guevara. La frustración y la indignación fueron creciendo. En febrero de 2023, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, aunque lo hizo con poca esperanza. “Temía que no harían nada”, dijo. Y el 16 de abril de 2024, sus temores se confirmaron: la Fiscalía archivó el caso alegando que “no existe delito que perseguir”.
El 19 de noviembre de ese mismo año, Guevara decidió acudir a instancias internacionales y presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH ya notificó al Estado salvadoreño y le otorgó un plazo de cuatro meses para responder por qué no ha ejecutado el cambio ordenado por el juzgado.
“Obviamente no van a dar respuesta”, lamenta Guevara. Lo dice con la voz entrecortada, como quien ya ha llorado mucho, pero no ha perdido la voluntad de hablar. Reconoce que el proceso le ha afectado emocionalmente. “Cada vez que hablo de esto se me corta la voz”.
Las heridas no solo vienen de las oficinas estatales, sino también de las calles. Las miradas, los comentarios, el momento de presentar el DUI en cualquier trámite. “Es como si cada vez tuviera que explicar mi existencia. Es un juicio constante sobre quién soy”.
Guevara no está sola. Reconoce que hay otras personas trans en la misma situación. “Lo preocupante es que solo pasa en algunas zonas del país. En otras ha habido casos exitosos”, afirma. La disparidad en el trato revela una preocupante arbitrariedad institucional.
Uno de esos casos exitosos es el de Valeria Mejía, coordinadora de monitoreo y evaluación de ASPIDH. Su DUI ya refleja su nombre identitario, aunque no su género.
“Cuando recibí mi DUI con el nombre que me identifico pensé: aquí empieza una nueva vida”, relata.
Para Mejía, el cambio fue profundamente simbólico. “Uno ve pasar toda su vida frente a los ojos. Toda la discriminación, todos los rechazos. Sentí que algo sanaba”. A pesar de ello, su género asignado al nacer sigue apareciendo en el documento, lo que le genera inseguridad.
“El problema es que tengo que ir a todas las instituciones donde aparezco con mi nombre anterior. En el Seguro Social, por ejemplo, aún estoy registrada con el nombre masculino y no pueden atenderme, aunque el número del DUI sea el mismo”, explica.
Casos como los de Guevara y Mejía visibilizan una problemática estructural: el Estado salvadoreño no garantiza de forma uniforme el derecho a la identidad de las personas trans. Las resoluciones favorables son solo el primer paso. Su implementación efectiva aún tropieza con prejuicios, burocracia y omisiones.
Con la campaña #JusticiaParaKarla, la activista busca más que una solución a su caso personal. Busca generar conciencia, exigir coherencia legal y empujar una transformación cultural. En la marcha del 17 de mayo contra la LGBTIfobia, su presencia se hizo notar con camisetas, banners y mensajes que interpelan directamente al sistema.
Guevara ha hecho de su cuerpo, su voz y su historia una herramienta de resistencia. En cada conversatorio de “Si tú fueras yo”, invita a imaginar, a empatizar, a incomodarse.
“Lo que me pasa a mí le puede pasar a cualquier persona trans. Y si el Estado no nos reconoce, nos niega también la posibilidad de existir plenamente”, expresa.
Hoy, la resolución está en manos de la CIDH y el tiempo corre. La lucha de Guevara ya no es solo por una partida de nacimiento. Es por el derecho a ser, a vivir sin miedo, a que el nombre que la representa no siga siendo un motivo de juicio, burla o rechazo.
Mientras tanto, sigue esperando. Sigue alzando la voz. Sigue sembrando esperanza en quienes vienen detrás. Porque como ella misma dice: “Esto no se trata solo de mí. Se trata de justicia”.
El Salvador
La marcha LGBTQ desafía el silencio en El Salvador
Se realizó el evento en San Salvador bajo la lluvia, pero con orgullo

SAN SALVADOR, El Salvador — El reloj marcaba el mediodía cuando los primeros colores del arcoíris comenzaron a ondear frente a la emblemática Plaza del Divino Salvador del Mundo. A pesar de la incertidumbre generada en redes sociales, donde abundaban los rumores sobre una posible cancelación de la marcha por la diversidad sexual, la ciudad capital comenzaba a llenarse de esperanza, de resistencia y de orgullo.
Este año, la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en El Salvador se desarrolló en un contexto tenso, en medio de un clima político que reprime y silencia a las voces disidentes.
“Aunque las estadísticas digan que no existimos, viviendo en El Salvador, un país donde hoy, después de décadas de avances, defender los derechos humanos es de nuevo una causa perseguida, criminalizada y silenciada”, afirmaron representantes de la Federación Salvadoreña LGBTQ+.
A pesar de la cancelación del festival cultural que usualmente acompaña la marcha, los colectivos decidieron seguir adelante con la movilización, priorizando el sentido original de la actividad: salir a las calles para visibilizarse, exigir respeto a sus derechos y recordar a quienes ya no están.
A la 1:30 p.m., una fuerte lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. Algunas de las personas presentes corrieron a refugiarse, mientras otras, debajo de sombrillas y de los escasos árboles en la plaza, decidieron mantenerse firmes. Los comentarios pesimistas no se hicieron esperar: “a lo mejor la cancelan por el clima”, “no se ve tanta gente como otros años”. Sin embargo, lo que siguió fue una muestra de resistencia: a las 2:05 p.m. las voces comenzaron a llamar a tomar las calles.
Visibilidad como resistencia
La marcha arrancó bajo una llovizna persistente. La Avenida Roosevelt y la Alameda Juan Pablo II se tiñeron de colores con banderas arcoíris, trans, lésbicas, bisexuales y otras que representan a los diversos sectores de la población LGBTQ. Cada bandera alzada fue un acto político, cada paso una declaración de existencia.
Desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo hasta la Plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, la marcha se convirtió en un carnaval de dignidad. Carteles con frases como “El amor no se reprime”, “Mi existencia no es delito” o “Marcho por quien ya no puede hacerlo” se alzaron entre las multitudes.
La movilización fue también un espacio para recordar a quienes han perdido la vida por la discriminación y el rechazo. Familias que marcharon por hijos, hijas o amigues que se suicidaron a causa del estigma. Personas que caminaron por quienes aún viven en el miedo, por quienes no pudieron salir del clóset, por quienes se han ido del país huyendo de la violencia.
Arte, fe y rebeldía
Una de las escenas más llamativas fue protagonizada por Nelson Valle, un joven gay que marchó vestido como sacerdote.
“Hay muchas personas que secretamente asisten a ritos religiosos como en Semana Santa, y les gusta vivir en lo oculto. Pero la fe debe ser algo libre porque Dios es amor y es para todos”, dijo.
Valle utilizó su vestimenta como una forma de protesta contra las estructuras religiosas que aún condenan la diversidad sexual.
“Un ejemplo de persona que abrió el diálogo del respeto fue el papa Francisco, abrió la mente y muy adelantado a su tiempo, porque dejó claro que hay que escuchar a toda persona que quiere encontrar a Dios”, agregó.
La marcha también incluyó bandas musicales, grupos de cachiporristas, carrozas artísticas, colectivos provenientes de distintos puntos del país, y manifestaciones de orgullo en todas sus formas. Fue un mosaico cultural que mostró la riqueza y diversidad de la población LGBTQ en El Salvador.

Una lucha que persiste
Las organizaciones presentes coincidieron en su mensaje: la lucha por la igualdad y el reconocimiento no se detiene, a pesar de los intentos del Estado por invisibilizarlos.
“Nuestros cuerpos se niegan a ser borrados y a morir en la invisibilidad de registros que no guardan nuestros nombres ni nuestros géneros”, declararon representantes de la Federación.
Además, agregaron: “Desde este país que nos quiere callar, levantamos nuestras voces: ¡La comunidad LGBTIQ+ no se borra! ¡El Salvador también es nuestro! Construyamos, entre todes, un país donde podamos vivir con Orgullo.”
El ambiente fue de respeto, pero también de desconfianza. La presencia de agentes policiales no pasó desapercibida. Aunque no hubo reportes oficiales de violencia, varias personas expresaron su temor por posibles represalias.
“Marchar hoy es también un acto de valentía”, comentó Alejandra, una joven lesbiana que viajó desde Santa Ana para participar. “Pero tenemos derecho a vivir, a amar, a soñar. Y si nos detenemos, les damos la razón a quienes nos quieren ver en silencio.”
Rumbo al futuro
Concluida la marcha frente a Catedral y el Palacio Nacional, muchas personas permanecieron en la plaza compartiendo abrazos, fotos y palabras de aliento. No hubo festival, no hubo escenario, pero hubo algo más valioso: una comunidad que sigue viva, que sigue resistiendo.
Los retos son muchos: falta de leyes de protección y que apoye las identidades de las personas trans, discriminación laboral, violencia por prejuicio, rechazo familiar, y una narrativa estatal que pretende que no existen. Pero la marcha del 28 de junio demostró que, aunque el camino sea cuesta arriba, la dignidad y el orgullo no se borran.
La lucha por un El Salvador más justo, más plural y más inclusivo continúa. En palabras de uno de los carteles más llamativos de ese día: “No estamos aquí para pedir permiso, estamos aquí para recordar que también somos parte de este país”.
Colombia
Colombia avanza hacia la igualdad para personas trans
Fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara la Ley Integral Trans

En un hecho histórico para los derechos humanos en Colombia, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 122 de 2024, conocido como la Ley Integral Trans, que busca garantizar la igualdad efectiva de las personas con identidades de género diversas en el país. Esta iniciativa, impulsada por más de cien organizaciones sociales defensoras de los derechos LGBTQ, congresistas de la comisión por la Diversidad y personas trans, representa un paso decisivo hacia el reconocimiento pleno de derechos para esta población históricamente marginada.
La Ley Integral Trans propone un marco normativo robusto para enfrentar la discriminación y promover la inclusión. Entre sus principales ejes se destacan el acceso a servicios de salud con enfoque diferencial, el reconocimiento de la identidad de género en todos los ámbitos de la vida, la creación de programas de empleo y educación para personas trans, así como medidas para garantizar el acceso a la justicia y la protección frente a violencias basadas en prejuicios.
Detractores hablan de ‘imposición ideológica
Sin embargo, el avance del proyecto no ha estado exento de polémicas. Algunos sectores conservadores han señalado que la iniciativa representa una “imposición ideológica”. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció públicamente que se opondrá al proyecto de Ley Integral Trans cuando llegue al Senado, argumentando que “todas las personas deben ser tratadas por igual” y que esta propuesta vulneraría un principio constitucional. Estas declaraciones anticipan un debate intenso en las próximas etapas legislativas.
El proyecto también establecelineamientos claros para que las instituciones públicas respeten el nombre y el género con los que las personas trans se identifican, en concordancia con su identidad de género, y contempla procesos de formación y sensibilización en entidades estatales. Además, impulsa políticas públicas en contextos clave como el trabajo, la educación, la cultura y el deporte, promoviendo una vida libre de discriminación y con garantías plenas de participación.
¿Qué sigue para que sea ley?
La Ley aún debe superar varios debates legislativos, incluyendo la plenaria en la Cámara y luego el paso al Senado; pero la sola aprobación en Comisión Primera ya constituye un hito en la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas trans en Colombia. En un país donde esta población enfrenta altos niveles de exclusión, violencia y barreras estructurales, este avance legislativo renueva la esperanza de una transformación real.
Desde www.orgullolgbt.co, celebramos este logro, invitamos a unirnos en esta causa impulsándola en los círculos a los que tengamos acceso y reiteramos nuestro compromiso con la visibilidad, los derechos y la vida digna de las personas trans. La #LeyIntegralTrans bautizada “Ley Sara Millerey” en honor de la mujer trans recientemente asesinada en Bello, Antioquia (ver más aquí); no es solo una propuesta normativa: es un acto de justicia que busca asegurar condiciones reales para que todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y respeto por su identidad.
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