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‘Dinero rosa’ en la Isla roja

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Foto: Marcus Freeman

Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió originalmente en su sitio web el 13 de junio.

LA HABANA — Adentro, justo a la medianoche, varios chicos sentados alrededor de una mesa arquean las cejas y sonríen de medio lado a la cámara. “Este selfi no sirvió. Vamos a hacer otro”, dice uno y los demás retoman la misma pose. Afuera, justo a la medianoche, unos niños corren en un parque de Centro Habana, mientras sus padres toman algunas cervezas. Los niños juegan a saltar sobre las latas vacías hasta aplastarlas.

Adentro, en una pantalla, Madonna lame el pie de Maluma. Otro grupo llega y ocupa una mesa VIP: Los chicos compran whisky de etiqueta negra y celebran el regreso a La Habana de un amigo. Uno de ellos mira a la reina del pop y dice a los demás: “Es una perra”. En el fondo hay un cuadro de varios hombres fornidos que tienen sexo.

Dos mujeres que rondan los 40 años salen a fumar. Una tiene el pelo corto y usa una camisa azul y zapatos cerrados, la otra es una mulata de vestido blanco, tacones y prendas doradas. Ambas se besan, terminan sus cigarros y regresan adentro.  

Sobre la puerta parpadea un letrero que anuncia que se ha llegado a XY (o MYXTO, su nombre anterior), el primer bar gay de Cuba que sugiere el buscador de Google. Abierto desde 2015, en Jovellar y Marina, frente al malecón de La Habana, el bar se presenta como un espacio para las personas LGBTI+ en el centro de un barrio popular de la ciudad.

Desde hace algunos años, La Habana –aún siendo la capital de un país machista con un largo historial homofóbico– ha dado los primeros pasos para transformarse en una ciudad amistosa con la comunidad LGBTI+: por una década –hasta 2018– el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) convocó una “Conga contra la homofobia y la transfobia” para visibilizar a las personas no heterosexuales y no cisgénero.

Ahora mismo, sin descontar la cancelación de la Conga oficial contra la homofobia, la represión de la primera marcha LGBTI+ alternativa convocada por la sociedad civil, las vueltas de tuerca del Parlamento para incluir el matrimonio igualitario en la Constitución y las presuntas concesiones a grupos cristianos opuestos a los derechos LGBTI+, comienza a redactarse (a puerta cerrada aún) un nuevo Código de Familia que permitiría el matrimonio igualitario después de ser aprobado en referéndum popular, a más tardar en abril de 2021.

En ese contexto de tibios avances legales aparecen cada vez más emprendimientos privados destinados especialmente a las personas con diversas orientaciones e identidades sexuales.

Aun cuando se han denunciado casos de discriminación en bares habaneros supuestamente inclusivos, la apuesta hacia el mercado gay-friendly también ha alcanzado otros negocios privados como hostales, playas, productoras audiovisuales, fiestas y experiencias de Airbnb.

Sin embargo, algunos emprendimientos inclusivos como la tienda de diseño Clandestina (privada) y el taller de tatuajes La Marca (mixto), en La Habana, se han convertido en promotores de los derechos LGBTI+ más allá de las ganancias económicas que este sector de la población pueda generar. Sin fines de lucro, en los últimos años Clandestina ha convocado las Tortiolimpiadas y La Marca ha organizado conversatorios, debates y proyecciones de filmes relacionados con los derechos de las personas de género diverso, especialmente en el contexto de la reforma constitucional en Cuba.

El ‘mercado rosa’ se expande en la Isla

En los últimos años, la apertura del sector privado –hasta donde ha permitido el gobierno cubano– ha redirigido la mirada de los emprendedores hacia las utilidades que genera el «turismo rosa» y la comunidad LGBTI+ local.

En Cuba, el mismo país donde los homosexuales fueron relegados e incluso recluidos en campos de trabajo forzado en la década del 70 del pasado siglo, hoy existen negocios enfocados en la comunidad gay, como el bar XY en el corazón de La Habana. Sin embargo, no necesariamente todos los emprendimientos que se declaran como espacios libres de prejuicios exhiben la bandera del arcoíris.

Además del bar XY y del cabaret Las Vegas (un establecimiento administrado por el Estado), otros negocios se presentan como aliados de la comunidad LGBTI+ y dedican un día de la semana a ofrecer una programación distinta, que casi siempre incluye un show de transformistas.

La clave, según explica Ivette Rivero, titular de XY, es tener un personal capacitado, sensibilizado y listo para recibir a personas diversas.

“Nuestra premisa es ofrecer un espacio donde ninguna persona se sienta discriminada y a la vez todas puedan socializar”, dice Ivette –una joven delgada de 32 años– mientras camina de un lado a otro de su bar.  

Esta noche hay más de 100 personas dentro del local, ubicadas en los dos pisos. “No siempre es así. Como cualquier negocio tiene sus altas y bajas. Al pensar este espacio como un bar gay, perdemos una parte del público que no viene por prejuicios”, reconoce Ivette.

Sin embargo, a partir de su propia experiencia, la dueña de XY también asegura que un negocio enfocado en la comunidad LGBTI+ sigue siendo una buena apuesta para los pequeños empresarios nacionales.

Mundialmente, alrededor de los clientes homosexuales gravita el estereotipo que asegura que ellos gastan más en ocio porque no acostumbran a tener hijos (según el modelo Doble Income, No Kids). El consultor cubano para el sector privado Ruiry Rodríguez no descarta que esta variable también se aplique en el contexto nacional. A este panorama el especialista añade el grado de fidelidad del público.

“Desde la gestión de negocios, estar enfocados en los productos y servicios de un mercado específico, en este caso el LGBTI+, permite ofrecer una propuesta mucho más cercana al cliente”, considera. “Por lo tanto, convierten el negocio en un referente para ellos y su círculo de relaciones”. El público LGBTI+ podría, a juicio del economista, ser un mercado “interesante” en la Isla, debido a la insuficiencia actual de espacios para la recreación y el ocio.

En Cuba no existen estadísticas sobre el número de personas LGBTI+. Sin embargo, si aplicamos a la Isla los cálculos de Naciones Unidas (que aproximan la población mundial LGBTI+ al 10 por ciento del total de habitantes del planeta), la comunidad LGBTI+ del país rondaría el millón de personas. Acaso un millón de cubanos ávidos de espacios de socialización y otros servicios, donde no resulten discriminados.  

El otro pilar económico del “dinero rosa”, además del mercado nacional, son los viajeros. Según la Organización Mundial del Turismo, el colectivo LGBTI+ mueve más del 10 por ciento del volumen de visitantes a nivel mundial. Este grupo desembolsa durante los viajes más de 300 mil millones de dólares al año, una cifra que supera incluso al gasto de los viajeros chinos, el primer país emisor de turistas del mundo.

Casarse en Cuba

El 21 de marzo de 2019, la realizadora Patricia Santa Coloma filmó por segunda vez una boda simbólica entre dos hombres, aun cuando las uniones entre personas del mismo sexo no son legales en Cuba. La primera boda simbólica filmada por Producciones Almendares, la empresa que dirige Patricia, ocurrió dos años atrás, cuando dos ciudadanos estadounidenses de origen cubano viajaron hasta La Habana para “casarse”.

Jorge y Lázaro, dos ciudadanos estadounidenses de origen cubano, celebraron su boda simbólica en Cuba en 2017. (Foto: Aire de Fiesta)

Patricia aspira a sembrar un precedente en el mercado. Sabe que en el caso de legalizarse el matrimonio igualitario en Cuba, las bodas entre personas no heterosexuales serán un nicho rentable para los emprendedores.

“Nos interesa participar en estas ceremonias primeramente porque porque obligan a salir un poco de las historias de amor heterosexuales, y porque lo valoramos [al LGBTI+] como un mercado en crecimiento que puede generar muchas utilidades”.

Además de los servicios relacionados con las ceremonias, la oportunidad de que las parejas del mismo sexo puedan casarse beneficiaría económicamente al sector estatal (administrador de todos los hoteles nacionales).

Aunque en Cuba sí existen hostales promocionados en Airbnb que se denominan gay-friendly, la hotelería nacional no contaba con un establecimiento destinado a estos grupos hasta que el Cenesex confirmó la inauguración en Cayo Guillermo del Rainbow Muthu Hotel, el primer resort cubano especialmente abierto a la comunidad LGBTI+.

Si bien los destinos gay-friendly transmiten una poderosa imagen de tolerancia y respeto, también son criticados como la meca de una clase económica donde prevalecen los hombres gais, blancos, con mayores posibilidades adquisitivas. Las lesbianas, los homosexuales negros, pobres o habitantes del tercer mundo están lejos de formar parte del mercado turístico mundial.

No obstante, si la apertura de espacios o negocios enfocados en la comunidad no heterosexual y no cisgénero viene acompañada de mayores derechos, posibilidades de realización y goce, Cuba debería abrir todas sus puertas al turismo y los servicios LGBTI+.

Aun así, la llegada del “dinero rosa” a la Isla y la apertura de hoteles, hostales, bares y playas gay-friendly no serán suficientes para garantizar el bienestar de todas las personas hasta que las leyes aseguren los derechos humanos de las personas LGBTI+: que puedan salir libremente a la calle a manifestarse, y que puedan elegir si se casan o no, si adoptan o no, aunque carezcan del anhelado “dinero rosa”.

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The university that refuses to let go

Joanna Cifredo is a trans woman participating in University of Puerto Rico strike

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Joanna Cifredo outside the University of Puerto Rico campus in Mayagüez, Puerto Rico. (Washington Blade photo by Ignacio Estrada Cepero)

Over the past days, I have been walking with a question that refuses to leave me. Not the kind of question you answer from a desk or from a distance, but one that grows out of what you witness in real time, at the gates, in the faces of those who remain there without knowing how any of this will end. What is truly happening inside the University of Puerto Rico, and why have so many students decided to risk everything at a moment when they can least afford to lose anything.

I write as someone who lives just steps away from the Río Piedras campus. These days, the silence has replaced the constant movement that once defined this space. The absence is felt in every corner where students used to pass at all hours. Since arriving in Puerto Rico three years ago, I have come to know firsthand stories that rarely make it into reports or official statements. One of the reasons I chose to stay was precisely this, to serve the university community, to help create a space where students could find something as basic as a safe meal at night and, in some way, ease burdens that are often carried in silence.

I have listened, asked questions, and tried to understand without imposing answers. What I have found is not a collective outburst or a generational whim. What exists is a fracture, a deep break between those making decisions and those living with their consequences every single day.

There has been an effort to reduce this strike to an issue of order, scheduling, or academic disruption. Conversations revolve around missed classes, delayed semesters, and students supposedly unaware of the consequences of their actions. What is rarely addressed are the conditions that lead an entire student body to pause its own future to sustain a protest that offers no guarantees.

Because that is the reality. These are students who fully understand what they are risking, and yet they remain. When someone reaches that point, the least they deserve is not judgment, but to be heard.

From the outside, there have also been attempts to discredit what is happening. Familiar narratives are repeated, legitimacy is questioned, and doubt is cast over intentions. It is easier to do that than to acknowledge that this did not begin at the gates, but long before, in decisions made without building trust.

And something must be said clearly. This is not limited to the gates of Río Piedras. What we are witnessing extends across every unit of the University of Puerto Rico system. Mayagüez, Ponce, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Carolina, Aguadilla, Utuado, and the Medical Sciences Campus. This is not an isolated reaction. It is a movement that runs through the entire institution. Río Piedras may be more visible, but it is not alone. What is happening there reflects a broader unrest felt across the system.

Within that context, one demand has grown increasingly present, the call for the resignation of University of Puerto Rico President Zayira Jordán Conde. This is not the voice of a small group. It reflects a deeper level of mistrust that has spread across multiple campuses.

The Puerto Rican Association of University Professors has also made it clear that this is not solely a student issue. There is real concern among faculty, and a shared recognition of the conditions currently shaping the university. When students and professors arrive at the same conclusion, the problem can no longer be minimized.

Meanwhile, the administration continues to speak in the language of dialogue. But dialogue is not a word, it is a practice. And when trust has been broken, it cannot be restored through statements alone, but through decisions that prove a willingness to truly listen.

In the midst of all of this, there are voices that cannot be ignored. Voices grounded not in theory, but in lived experience. One of them is Joanna Cifredo, a student at the Mayagüez campus, a young Puerto Rican trans woman, and someone widely recognized for her advocacy.

I spoke with her in recent days. What follows is her voice, exactly as it is.

How would you describe what is happening inside the University of Puerto Rico right now, beyond what people see from the outside?

Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y una presión constante por parte de la administración para reabrir el recinto, pero, entre todo el caos e inestabilidad provocado por las decisiones de esta administración, también hemos vivido momentos muy poderosos. Esta lucha ha sacado lo mejor de nuestra comunidad.

Lo vimos en las asambleas y plenos, donde 1,500, 1,700, hasta 1,800 estudiantes llegaron —bajo lluvia, bajo advertencias de inundaciones— y aun así se quedaron, participaron y votaron a favor de una manifestación indefinida hasta que se atiendan nuestros reclamos.

He conocido a tantas personas en los diferentes portones, estudiantes graduados, aletas, estudiantes de intercambio, estudiantes de todo tipo de concentraciones y se unieron para apoyar el movimiento estudiantil. Estudiantes que vienen a los portones después del trabajo o antes de trabajar. Estudiantes que vienen a dejar agua y suministros entre turnos de trabajo. Viejitos que vienen a los portones con desayuno, almuerzo o cena.

Más allá de lo que se ve desde afuera, lo que estamos viviendo es una mezcla de tensión y resistencia, pero también de comunidad, solidaridad y compromiso colectivo.

Much of what is discussed remains at the level of headlines or social media. From your direct experience, what specific decisions or actions from the administration have led to this level of mobilization?

Desde el inicio, la designación de la Dra. Zayira Jordán Conde careció de respaldo dentro de la comunidad universitaria. No contaba con experiencia administrativa en la UPR ni con un conocimiento básico de nuestros procesos, cultura y reglamentos. Por eso, en asamblea, el estudiantado votó para solicitarle a la Junta de Gobierno que no considerara su candidatura, y múltiples organizaciones docentes hicieron lo mismo. Existía un consenso amplio de que no tenía la experiencia necesaria para liderar una institución como la nuestra.

A pesar de ese rechazo claro, la Junta de Gobierno decidió ignorar los reclamos de la comunidad universitaria e imponer su nombramiento.

Una vez en el cargo, su estilo de gobernanza ha sido poco transparente y poco colaborativo. Sin embargo, el detonante principal de la movilización en el Recinto Universitario de Mayagüez fue su decisión de destituir, de manera unilateral y en medio del semestre, a cinco rectores, incluyendo al nuestro, el Dr. Agustín Rullán Toro, para reemplazarlo por un rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz.

Esta acción, tomada de forma abrupta, provocó de inmediato un clima de caos e inestabilidad dentro de la institución. Y deja una pregunta inevitable: ¿no anticipó el impacto de esa decisión, lo que evidenciaría una falta de experiencia? ¿O lo anticipó y aun así decidió proceder? No está claro cuál de las dos es más preocupante.

Además, esta decisión tuvo consecuencias concretas para el estudiantado, incluyendo el retiro de becas educativas para nuevos integrantes del RUM por parte de la Fundación Ceiba, que calificó la movida como “sorprendente” y “preocupante”. Decisiones impulsivas como la que tomó la presidenta ponen en peligro la estabilidad de nuestra institución y la acreditación de la universidad.

As a trans woman within this movement, how does your identity intersect with what is happening, and why does this also shape the future of people like you?

Soy una de varias chicas trans que formamos parte activa de este movimiento estudiantil.

For those outside the UPR who believe this does not affect them, what are the real consequences of this crisis?

La Universidad de Puerto Rico se fundó para servir al pueblo.

It is impossible to overstate the role the University of Puerto Rico and its students have played in shaping the social, cultural, and economic life of this country. Its impact extends into science, medicine, and every profession that has sustained Puerto Rico over time. No other educational institution has contributed more.

After listening to her, one thing becomes undeniable. This is not just another protest, but a generation refusing to let go of what little remains within its reach. And when a generation reaches that point, the issue is no longer the strike, the issue becomes the country itself.

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La X vuelve al tribunal

Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico

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(Foto de Sergei Gnatuk via Bigstock)

Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.

Hoy el escenario es distinto.

La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.

Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.

El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.

En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.

La diferencia radica en la aplicación.

El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.

El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.

Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.

El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.

Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.

Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.

Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.

Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.

El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.

A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.

Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.

El debate ya no es teórico.

Ahora es judicial. 

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Cuba

Cuba bajo presión y sin respuestas

Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir

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La Habana en 2017. (Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.

Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.

Pero esa es solo una parte.

Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.

Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.

La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.

Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.

Entonces la pregunta sigue siendo la misma.

Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?

¿Dónde fue a parar ese recurso?

¿Dónde está el dinero que generó?

Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.

Hay una historia más larga que no se puede ignorar.

Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.

Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.

Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.

Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.

Y hay algo más duro.

Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.

Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.

¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?

Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.

La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.

Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.

Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.

Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.

Esa es la contradicción.

El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.

Pero hay otra pregunta que también está ahí.

¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?

La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.

Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.

Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.

Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.

Esa parte no se puede seguir esquivando.

Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.

Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.

Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.

Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.

Nota del editor: Una versión de este comentario en inglés salió en el sitio web del Washington Blade el 7 de abril.

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