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Cinco contra cuatro: Ecuador aceptó el matrimonio igualitario

Activistas en Quito, otras ciudades celebraron el fallo

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La Corte Constitucional de Ecuador el 12 de junio de 2019 emitió un fallo en favor del matrimonio igualitario. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)

Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 17 de junio.

Jefferson Díaz es periodista venezolano radicado en Ecuador que es colaborador de Tremenda Nota.

QUITO, Ecuador — El clima en Quito es impredecible. Puedes despertar con un sol radiante que comienza a ocultarse a partir del mediodía y que da paso a una lluvia furiosa. Los aguaceros inundan las calles y se llevan los puestos de comida ambulantes.

Así amaneció el 12 de junio. Muchos de los que llegamos desde las 8:30 a.m. a la Corte Constitucional del Ecuador –en el centro-norte de Quito– estamos acostumbrados a lo impredecible. Efraín Soria –el hombre que presentó una demanda junto a su pareja, Javier Benalcázar, ante la Corte Provincial de Pichincha porque les fuera negado el derecho a casarse– fue de los primeros en llegar. Sonriente, bien vestido y con una mochila llena de papeles.

Soria y Benalcázar trataron de casarse en el Registro Civil en julio de 2018, pero no se les permitió porque según el artículo 67 de la Constitución del Ecuador, el matrimonio es entre “hombre y mujer”. Al menos, eso es lo que alegaron los funcionarios del registro. Pero, la pareja sabía que dentro del mismo texto estaba el artículo 11, numeral 2, donde se pide al Estado «no discriminar» en la aplicación de los derechos.

El matrimonio es un derecho.

Acompañados por la Fundación Pakta, un organismo que lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+ en Ecuador, y con la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la aplicación del matrimonio civil igualitario (“es un derecho que debe garantizarse a todos los ciudadanos de los estados miembros, sin discriminación de género”), Efraín y Javier reclamaron ante la Corte Provincial de Pichincha que ellos tenían derecho a casarse.

A esta acción se unieron otras siete parejas representadas por la Fundación Pakta. Su presidente y abogado, Christian Paula, ha sido uno de los más acérrimos luchadores por la obtención de la igualdad de los derechos civiles de la comunidad LGBTI+.

“Muchos de los juristas dicen que tenemos la unión de hecho. Pero, no es lo mismo [que el matrimonio]. Por ejemplo, con esa figura, las parejas deben pasar juntas al menos un año para tener beneficios legales conjuntos”, asegura Paula.

La decisión

Efraín Soria es solo una de las caras visibles entre todos aquellos que han luchado por el matrimonio civil igualitario en Ecuador. También está Pamela Troya y su pareja, Gaby Correa. Ellas, desde 2013, comenzaron a mover los engranajes para el reconocimiento de sus derechos.

La historia es parecida: trataron de casarse ante el Registro Civil, no se lo permitieron, reclamaron ante la Corte Provincial de Pichincha, y esta envió el caso a la Corte Constitucional. Solo que su caso fue enterrado en la burocracia de los antiguos jueces que conformaban el último organismo.

“Enterraron nuestro caso. No había voluntad política”, dice Troya, quien también está en las afueras de la Corte Constitucional este 12 de junio. Muchas personas con las banderas arcoíris esperan la decisión.

“No puede subir nadie a la sala de audiencias. Es privada la sesión”, nos dice la policía nacional que está en la recepción de la Corte. Cae como sorpresa esta medida: en las dos sesiones anteriores, donde las partes a favor y en contra expusieron sus casos, fueron públicas.

Cinco horas tardaron los jueces en dar un veredicto. Cinco votos a favor y cuatro en contra. Al final: el matrimonio civil igualitario fue aprobado.

Solo seis personas seguíamos esperando al pie del edificio gris y blanco que servirá de sede a la Corte Constitucional por pocos días. La acera estaba llena de cajas de mudanzas, repleta de trabajadores que, ajenos a lo que pasaba, seguían moviendo el mobiliario antes de que lloviera. Sí, el sol se había ido de Quito y ahora quedaban pesadas nubes negras y una leve llovizna.

No importó el estado del tiempo. Los teléfonos empezaron a sonar y todos buscábamos en Internet cuántos países ya tenían el mismo derecho aprobado para las parejas del mismo sexo. “¿Somos el quinto o el sexto en América Latina? ¿Somos el 26, 27 o 28 en el mundo?”, eran las preguntas que más resonaban entre la algarabía.

Hay dos sentencias: una aprobatoria de 82 páginas que interpreta el artículo 67 de la Constitución basándose en la opinión consultiva 24/17 de la CIDH y favorece la no discriminación por encima de la definición que el Estado ecuatoriano hace del matrimonio civil.

Además, solicita al Registro Civil que de inmediato proceda a la inscripción del matrimonio de las parejas del mismo sexo, y a la Asamblea Nacional que reforme los artículos 81 del Código Civil y 52 de la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles donde la figura del matrimonio aún es entre “hombre y mujer”.

La sentencia en contra, con el aval de los cuatro jueces que votaron “No”, indica que la Constitución del Ecuador es la norma máxima del país, y que la opinión consultiva 24/17 es secundaria en su aplicación dentro del Estado. Además, alega que la Corte Constitucional no tiene potestad de reformar la Constitución (solo la Asamblea Nacional actuando de oficio o una consulta popular puede hacerlo).

“Los derechos humanos no se consultan”, asegura Silvia Buendía, abogado y activista de los derechos LGBTI+, que desde Guayaquil celebró la decisión de la Corte.

La Fundación Pakta, la representante legal de Efraín y Javier, espera que llegue la notificación de la sentencia a su casillero y que, además, se publique en la Gaceta Oficial. “Los tiempos pueden ir entre los siete y quince días, pero sabemos que las sentencias de la Corte Constitucional no se impugnan. Así que una vez que seamos notificados, los organismos del Estado deben cumplir”, asegura Paula.

Todos están contentos. Efraín llama a Javier, que no estaba en Quito en el momento de la sentencia, y le dice: “¡Amor, dijeron que sí! ¡Nos vamos a casar!”. Llora y se abraza con sus compañeros. Pero sabe que desde los grupos que están en contra se viene una lucha legal por revertir la decisión de la Corte. “Esto solo es un primer paso, nosotros seguiremos luchando por mantener nuestros derechos”, lanza un Efraín Soria contento, con toda la determinación del mundo.

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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

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(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023

Asociación Silueta X presenta el informe

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(Foto de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de marzo.

POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.

El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.

Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho. 

De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.

(Fuente Informe Runa Sipiy)

David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.

“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.

Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.

Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.

El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.

“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.

El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.

Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.

Pedidos al Estado

Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.

Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.

En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios. 

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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’

Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.

En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión. 

Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.

La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.

En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.

El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.

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