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Cinco contra cuatro: Ecuador aceptó el matrimonio igualitario
Activistas en Quito, otras ciudades celebraron el fallo
Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 17 de junio.
Jefferson Díaz es periodista venezolano radicado en Ecuador que es colaborador de Tremenda Nota.
QUITO, Ecuador — El clima en Quito es impredecible. Puedes despertar con un sol radiante que comienza a ocultarse a partir del mediodía y que da paso a una lluvia furiosa. Los aguaceros inundan las calles y se llevan los puestos de comida ambulantes.
Así amaneció el 12 de junio. Muchos de los que llegamos desde las 8:30 a.m. a la Corte Constitucional del Ecuador –en el centro-norte de Quito– estamos acostumbrados a lo impredecible. Efraín Soria –el hombre que presentó una demanda junto a su pareja, Javier Benalcázar, ante la Corte Provincial de Pichincha porque les fuera negado el derecho a casarse– fue de los primeros en llegar. Sonriente, bien vestido y con una mochila llena de papeles.
Soria y Benalcázar trataron de casarse en el Registro Civil en julio de 2018, pero no se les permitió porque según el artículo 67 de la Constitución del Ecuador, el matrimonio es entre “hombre y mujer”. Al menos, eso es lo que alegaron los funcionarios del registro. Pero, la pareja sabía que dentro del mismo texto estaba el artículo 11, numeral 2, donde se pide al Estado «no discriminar» en la aplicación de los derechos.
El matrimonio es un derecho.
Acompañados por la Fundación Pakta, un organismo que lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+ en Ecuador, y con la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la aplicación del matrimonio civil igualitario (“es un derecho que debe garantizarse a todos los ciudadanos de los estados miembros, sin discriminación de género”), Efraín y Javier reclamaron ante la Corte Provincial de Pichincha que ellos tenían derecho a casarse.
A esta acción se unieron otras siete parejas representadas por la Fundación Pakta. Su presidente y abogado, Christian Paula, ha sido uno de los más acérrimos luchadores por la obtención de la igualdad de los derechos civiles de la comunidad LGBTI+.
“Muchos de los juristas dicen que tenemos la unión de hecho. Pero, no es lo mismo [que el matrimonio]. Por ejemplo, con esa figura, las parejas deben pasar juntas al menos un año para tener beneficios legales conjuntos”, asegura Paula.
La decisión
Efraín Soria es solo una de las caras visibles entre todos aquellos que han luchado por el matrimonio civil igualitario en Ecuador. También está Pamela Troya y su pareja, Gaby Correa. Ellas, desde 2013, comenzaron a mover los engranajes para el reconocimiento de sus derechos.
La historia es parecida: trataron de casarse ante el Registro Civil, no se lo permitieron, reclamaron ante la Corte Provincial de Pichincha, y esta envió el caso a la Corte Constitucional. Solo que su caso fue enterrado en la burocracia de los antiguos jueces que conformaban el último organismo.
“Enterraron nuestro caso. No había voluntad política”, dice Troya, quien también está en las afueras de la Corte Constitucional este 12 de junio. Muchas personas con las banderas arcoíris esperan la decisión.
“No puede subir nadie a la sala de audiencias. Es privada la sesión”, nos dice la policía nacional que está en la recepción de la Corte. Cae como sorpresa esta medida: en las dos sesiones anteriores, donde las partes a favor y en contra expusieron sus casos, fueron públicas.
Cinco horas tardaron los jueces en dar un veredicto. Cinco votos a favor y cuatro en contra. Al final: el matrimonio civil igualitario fue aprobado.
Solo seis personas seguíamos esperando al pie del edificio gris y blanco que servirá de sede a la Corte Constitucional por pocos días. La acera estaba llena de cajas de mudanzas, repleta de trabajadores que, ajenos a lo que pasaba, seguían moviendo el mobiliario antes de que lloviera. Sí, el sol se había ido de Quito y ahora quedaban pesadas nubes negras y una leve llovizna.
No importó el estado del tiempo. Los teléfonos empezaron a sonar y todos buscábamos en Internet cuántos países ya tenían el mismo derecho aprobado para las parejas del mismo sexo. “¿Somos el quinto o el sexto en América Latina? ¿Somos el 26, 27 o 28 en el mundo?”, eran las preguntas que más resonaban entre la algarabía.
A las puertas de la @CorteConstEcu, a Efraín Soria se le quiebran las palabras. Minutos antes llamó a Javier, su pareja, y le dijo: "amor, dijeron que sí. ¡Nos vamos a casar!".
A todos los que estábamos presentes se nos aguó el guarapo.#MatriminioIgualitarioEC pic.twitter.com/K1voIa88WA
— Jefferson Diaz :. (@Jefferson_Diaz) June 12, 2019
Hay dos sentencias: una aprobatoria de 82 páginas que interpreta el artículo 67 de la Constitución basándose en la opinión consultiva 24/17 de la CIDH y favorece la no discriminación por encima de la definición que el Estado ecuatoriano hace del matrimonio civil.
Además, solicita al Registro Civil que de inmediato proceda a la inscripción del matrimonio de las parejas del mismo sexo, y a la Asamblea Nacional que reforme los artículos 81 del Código Civil y 52 de la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles donde la figura del matrimonio aún es entre “hombre y mujer”.
La sentencia en contra, con el aval de los cuatro jueces que votaron “No”, indica que la Constitución del Ecuador es la norma máxima del país, y que la opinión consultiva 24/17 es secundaria en su aplicación dentro del Estado. Además, alega que la Corte Constitucional no tiene potestad de reformar la Constitución (solo la Asamblea Nacional actuando de oficio o una consulta popular puede hacerlo).
“Los derechos humanos no se consultan”, asegura Silvia Buendía, abogado y activista de los derechos LGBTI+, que desde Guayaquil celebró la decisión de la Corte.
La Fundación Pakta, la representante legal de Efraín y Javier, espera que llegue la notificación de la sentencia a su casillero y que, además, se publique en la Gaceta Oficial. “Los tiempos pueden ir entre los siete y quince días, pero sabemos que las sentencias de la Corte Constitucional no se impugnan. Así que una vez que seamos notificados, los organismos del Estado deben cumplir”, asegura Paula.
Todos están contentos. Efraín llama a Javier, que no estaba en Quito en el momento de la sentencia, y le dice: “¡Amor, dijeron que sí! ¡Nos vamos a casar!”. Llora y se abraza con sus compañeros. Pero sabe que desde los grupos que están en contra se viene una lucha legal por revertir la decisión de la Corte. “Esto solo es un primer paso, nosotros seguiremos luchando por mantener nuestros derechos”, lanza un Efraín Soria contento, con toda la determinación del mundo.
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Radicado por 3ra vez en Congreso de Colombia proyecto de ley que prohíbe las prácticas de ‘conversion’
La representante Carolina Giraldo se presentó el propósito
Por tercera ocasión, el Congreso colombiano estudiará un proyecto de ley que busca prohibir las denominadas prácticas de conversión en Colombia conocidas como los ECOSIG, o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, que son “herramientas” de diferente tipo (sesiones psicologías, psiquiatría, religiosas, etc.) para “corregir” la orientación sexual mediante maltrato y confusión a las personas.
El trámite legislativo ha fracasado en las dos legislaturas anteriores al no obtener los apoyos suficientes en las cuatro rondas de discusión exigidas para convertirse en ley de la República.
Este proyecto presentado por la representante Carolina Giraldo ante la Cámara de Representantes tiene como objetivo proteger la dignidad humana y garantizar la autonomía de todas las personas en cuanto a su orientación sexual, identidad y expresión de género.
Prohibir estas prácticas de maltrato representa un paso crucial en la lucha por erradicar la violencia contra la diversidad sexual y de género, promoviendo un país más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. Es una iniciativa que busca proteger la identidad sexual de cada persona, ya sea heterosexual o parte de la comunidad LGBTQ, para evitar que alguien en Colombia sufra por la imposición de una orientación sexual o identidad de género que no le corresponde.
La propuesta ha sido respaldada por varios parlamentarios y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Fundación Sergio Urrego, la Cámara de la Diversidad, Colombia Diversa y Caribe Afirmativo. Además, cuenta con el apoyo de valientes sobrevivientes de los ECOSIG que han decidido transformar su dolor en esperanza, levantar su voz y unirse a la causa para evitar que más personas sufran los efectos devastadores de estas prácticas inhumanas.
El proyecto de ley pone énfasis en prevenir y prohibir estas intervenciones forzadas, mal llamadas “terapias de conversión”, que intentan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas, bajo el pretexto de “curar” algo que no es una enfermedad.
Según la OMS, las orientaciones sexuales e identidades de género no son patologías, y cualquier intento de “curación” constituye una violación a los derechos humanos fundamentales.
La iniciativa refuerza la protección a las personas de ser sometidas a estas prácticas de conversión con la creación de un delito autónomo.
“Trabajamos junto a sobrevivientes y sus familias para detener estas prácticas en Colombia y evitar más sufrimiento”, señaló Giraldo.
Hay que aclarar que el proyecto no aborda temas relacionados con procesos de hormonización o reafirmación de género, que son decisiones personales y asistidas por profesionales médicos, sino que se enfoca exclusivamente en la prohibición de las prácticas coercitivas de conversión.
La campaña de apoyo a esta iniciativa ha tomado fuerza en redes sociales con los hashtags #QuiéreleSiempre y #NadaQueCurar, mensajes dirigidos a las familias de personas con identidades sexuales diversas, alentándolas a que brinden su apoyo incondicional y amor a sus seres queridos.
Nota editorial: “Desde OrgulloLGBT.co acompañamos como siempre el proceso legislativo de este proyecto hasta que sea materializado como una ley en el país, con la esperanza de que Colombia se convierta en un referente de respeto hacia la diversidad sexual y de género.” Ricardo Montenegro, director
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Impunidad y violencia contra las poblaciones LGBTQ en Honduras: el caso de Erlin Blandín
Joven gay murió de tres balazos el 14 de julio
TEGUCIGALPA, Honduras — Un desgarrador testimonio sobre los datos actualizados de la violencia contra la comunidad LGBTQ ofreció Nahíl Zerón, colaborador en Red Lésbica Cattrachas, en una reciente entrevista. Zerón subrayó las alarmantes cifras de asesinatos y la dificultad en la búsqueda de justicia.
El entrevistado inició explicando el meticuloso proceso de registro de la violencia contra personas LGBTQ. “Nos dedicamos a recolectar datos y analizar patrones de muerte por orientación sexual e identidad de género”, dijo.
Zerón trabaja para una de las organizaciones que han revelado una cruda realidad: desde 2017 a julio de 2024 se registran 263 muertes violentas de personas LGBTQ y cuatro personas diversas desaparecidas.
Además, de los 45 casos judicializados, sólo 11 tienen sentencia condenatoria.
Para realizar el registro de la violencia contra las poblaciones LGBTQ se toman en cuenta detalles como el tipo de arma utilizada y el modus operandi. Asimismo, se registra la ubicación de las heridas en el cuerpo de la víctima, el rango de edad y la ocupación de las personas asesinadas.
Lo amenazaron e incendiaron su casa
Entre los casos de violencia contra las poblaciones LGBTQ se encuentra uno particularmente representativo: el de Erlin Asbiel Blandín Álvarez, de 34 años de edad. El joven gay pasante de la carrera de Periodismo en la UNAH murió de tres balazos. Su caso ilustra cómo múltiples factores de riesgo pueden confluir en una tragedia.
Blandín denunció haber recibido amenazas de Franklin Eduardo Alvarado Medina. Interpuso una denuncia por amenaza y extorsión. Además, aseguró que Alvarado incendió su casa. Blandín les comentó a sus compañeros de universidad que Franklin Alvarado quedó en libertad. Según Nahíl Zerón, “no podemos decir que esto tenga vinculación, pero sí confirmamos que él había expresado esa preocupación”.
La impunidad es alarmante
Blandín no sólo era un periodista comprometido con su labor. También era un activista cercano a las comunidades más vulnerables. Cuando lo asesinaron el 14 de julio de 2024, en Laureles, departamento de Olancho, estaba temporalmente en esa comunidad debido a su trabajo de investigación. Su residencia oficial estaba en Tegucigalpa.
Los informes indican que recibió un balazos en la parte izquierda del tórax, otro en la clavícula izquierda y el último en la espalda. Además se reportó que los atacantes se desplazaban en una motocicleta, lo cual sugiere que el ataque fue premeditado.
La impunidad en casos como el de Blandín es alarmante. Nahíl Zerón mencionó que incluso cuando uno de los casos recibe una condena, no se reconoce la violencia motivada por orientación sexual o identidad de género. Esta situación refleja una grave falla en el sistema judicial hondureño que a menudo generaliza los homicidios sin considerar los prejuicios específicos que los motivan.
Según Zerón, 2023 fue el año más violento para personas LGBTQ en Honduras desde 1994, con un total de 52 asesinatos registrados. Este aumento en la violencia genera un ambiente de miedo y desconfianza en las autoridades. Las personas LGBTQ sienten que sus vidas no son valoradas ni protegidas por el Estado. Eso las obliga a vivir constantemente con el temor de ser las próximas víctimas.
Es imperativo que las autoridades hondureñas y la sociedad tomen medidas concretas para proteger a esta comunidad y garantizar que los crímenes de odio no queden impunes. La vida y la dignidad de las personas LGBTQ merecen ser respetadas y defendidas. Es responsabilidad de todos trabajar por un futuro más justo e inclusivo.
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Avanza la inclusión de poblaciones LGBTQ en Honduras
Se inauguró el Centro de Día de Somos CDC el 19 de julio
TEGUCIGALPA, Honduras — Facilitar un espacio para la población LGBTQ, personas con VIH y originarias es el principal objetivo del Centro de Día, inaugurado el 19 de julio pasado por el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTIQ+ (Somos CDC). El Centro aspira a convertirse en un lugar para la inclusión de poblaciones vulnerabilizadas.
Por medio del Centro de Día, Somos CDC busca facilitar el acceso a un espacio que permita a las poblaciones vulnerabilizadas realizar reuniones, podcasts, entrevistas o actividades físicas.
Un lugar físico accesible
Somos CDC impulsa el Centro de Día para responder a la necesidad de un lugar para la inclusión de poblaciones en el que tengan acceso a un entorno abierto.
Esta iniciativa complementa el trabajo de fortalecimiento de las organizaciones mediante un lugar físico donde llevar a cabo actividades sin altos costos de alquiler que a menudo impiden realizarlas.
El Centro de Día cuenta con una sala de reuniones equipada con aire acondicionado, televisor, sillas y servicio de internet. Este espacio para la inclusión de poblaciones vulnerabilizadas tiene también un estudio donde se podrá realizar cualquier contenido multimedia, espacio para entrevistas, podcasts, campañas, etcétera.
Además de reducir las barreras económicas, el Centro se propone como un espacio gratuito para que las organizaciones enfoquen sus recursos en la implementación de sus programas. En colaboración con entidades como Médicos del Mundo, ofrece servicios médicos especializados y apoyo psicológico, social y cultural.
El horario de funcionamiento del Centro de Día es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Sus instalaciones están disponibles de manera gratuita para organizaciones y grupos que deseen realizar actividades. Las reservas deben coordinarse para asegurar la disponibilidad y el buen desarrollo de las mismas.
El objetivo a largo plazo es replicar este modelo en otras ciudades, ampliando el alcance y los beneficios del Centro. Por ahora, la comunidad está invitada a utilizar y promover este espacio, fomentando una verdadera inclusión y colaboración.
CDC, a un click
Somos CDC también cuenta con su página web, donde proporciona información detallada sobre su funcionamiento y actividades. Según uno de los representantes, diseñaron la web para ofrecer acceso a recursos y permitir a las personas obtener información sobre los servicios disponibles.
El portal ofrece una introducción a las actividades del centro, incluyendo programas de participación en ciencia política, acceso a la justicia y desarrollo económico, así como programas de comunicaciones para el cambio cultural. En las redes sociales como Instagram y YouTube se presentan actividades y contenidos educativos y de sensibilización.
Además, la web incluye un formulario para consultas y sugerencias que ofrece un canal directo de comunicación con el equipo del Centro. También se proporciona información sobre la misión, visión y metodología de trabajo del centro, así como detalles sobre los valores organizacionales y la estructura del equipo.
Un aspecto importante del portal es la inclusión de sistemas de cuentas y estadística, que registran datos relevantes sobre la población vulnerable. Estos sistemas permiten un seguimiento detallado de temas como la migración, la violencia contra la población LGBTQ y los crímenes de odio.
En resumen, CDC no sólo se posiciona como un lugar físico de apoyo e inclusión. Es también un recurso digital integral que facilita la participación y el acceso a la información para todos los interesados.
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