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Mujer trans de Guatemala busca refugio en Estados Unidos
Britany Nicole de Castillo estaba bajo custodia de ICE en Misisispi
Nota del editor: Yariel Valdés González es colaborador del Washington Blade, que solicita asilo político en Estados Unidos.
Valdés permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Bossier Parish Medium Security Facility en Plain Dealing, Luisiana. Estuvo recluido en Tallahatchie County Correctional Center en Tutwiler, Misisipi, antes de su traslado a Luisiana.
El Blade recibió esa nota el 29 de julio.
TUTWILER, Misisipi — La risa de Britany Nicole de Castillo es despampanante, de esas que llenan todo de espacio, contagiosa y por momentos hasta estridente. Quien no la conoce decía que sus 33 años han sido un lecho de rosas, lo cual dista mucha de la realidad. La vida la ha golpeado tanto que uno precaria que no le quedarían deseos de sonreír, pero no. Ella sonríe para todos: Para sus amigos, para su familia, para sus vecinos, para los homofóbicos y hasta para si misma.
Britany es una chica trans de Guatemala, sobreviviente de varios ataques de odio por su identidad de género en su país natal, del cual huyó hace más de dos meses. Cruzó la frontera sur y ahora mismo está en territorio norteamericano solicitando asilo político. Conversó con al Washington Blade mientras estaba recluida en Tallahatchie County Correctional Center en Misisipi, cuando apenas iniciaba su proceso migratorio.
Tres instantes de horror
Desde los 14 años, Britany empezó a sentir la homofobia, sufrió bullying en la escuela, pues siempre se sintió mujer y como tal se proyectaba pese a las ofensas de sus compañeros de clase o las indicaciones de sus profesores. Siempre ha cuidada su imagen y aunque la conocí sin maquillaje y vestida con un horrible uniforme verde oscuro, puedo imaginármela con pestañas voluminosas, labios pintados, saya ajustada y unos zapatos que la hacen ver más alta de lo que es. Precisamente por esa apariencia y por mostrar sin miedos su verdadera identidad de género, Britany padeció disímiles ataques, violentos que l dejaron profundamente mascada, tanto física como emocionalmente.
“Cuando llevaba a mi sobrina a la escuela había un señor que me ofendía y me tiraba agua a los pies cada vez que pasaba”, cuenta Britany. “Un día lo enfrenté y me dijo que me iba a mandar a matar. Al poco tiempo, me atacaron desde un carro. Salieron dos muchachos con el rostro cubierto y me balacearon en el pie derecho y caí al suelo. Me quise levantar y me pegaron otro disparo en la otra pierna. Luego un tercero que sale me rozó. Si la pistola no se hubiera trabado me hubieron matado. El asesino, al ver que no podía seguir usando el arma, usó los golpes y le propinó tres patadas, al tiempo que le espetaba, ‘esto te pasa por ser gay’.
“¡Comportate como un hombre!”, le ordenó.
Tirada en la calle, Britany no sentía dolor, sale como si le hubiera enterada una braza de fuego en sus extremidades inferiores. Las balas habían entradas y salidas y allí estaban, temprano en la mañana pidiendo sangre sobre el asfalto de Escuintla, la ciudad que la vio nacer y crecer. Fueron los vecinos quienes le brindaron los primeros auxilios hasta que fue conducida al hospital, donde permaneció internada por ocho días.
“Casí tres meses en cama hasta que volví a caminar”, dice Britany. “Desde ese entonces sentía que cualquier ruido me alteraba. Tuve una grave crisis psicológica. Me mudé de residencia con mis padres para tratar de olvidar aquello”.
Al pasar tiempo, Britany fue recobrando poco a poco su peculiar risa, pero otro incidente le volvió a nublar la alegría. Fue en diciembre de 2018 cuando caminaba junto a una amiga por la calle y fue detenida por dos policías.
“Nos causaron la motocicleta -cuenta- y nos pusieron contra la pared”, dice Britany. “Nos maltrataron como si fuéramos delincuentes. Nos cacharon y nos revisaron los documentos mientras se reían de nosotros. Esas cosas no deberían pasar las autoridades deben respetar a todos y no discriminar a nadie por su orientación sexual”.
La transfobia, la homofobia y la violencia contra las personas LGBTI —y especialmente las personas — sigue siendo común en Guatemala.
Britany vivía en un sobresalto constante. Temió por su vida demasiadas veces, como aquella noche en la que regresaba de una actividad con una amiga y un auto se les atravesó en el camino como una amenaza mortal.
“Se bajaron varios hombres armados, nos ofendieron y nos amenazaron de muerte”, cuenta ella.
Britany pensó que había llegado su fin y mientras lloraba, la tomó la mano con fuerza a su compañera. Uno de las criminales le puso una pistola a su amiga y le quitó el dinero y su celular.
“Luego me robaron a mi también y me dieron tres puñetazos en la cara para que me comportara tres como un hombre”, dice Britany.
¿En la tierra de la libertad?
Todos estos y otros hechos empujaron a Britany a unirse a una caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos. Pretendía encontrar aquí la libertad que Guatemala le había negado por tanto tiempo, para salvar esa risa contagiosa, que tanto molestaba a los homofóbicos.
“La caravana ya estaba en Tapachula y allí me uní con tres amigas trans”, dice ella. “Nos echamos a caminar: Unas veces nos daban raite (autostop) y otras veces no veníamos en la avanzada de la caravana en nuestra bandera gay.Algunas amigas venían con grandes cicatrices. Dormimos en parques, en las calles, en iglesias que nos apoyaban. Pasamos hambre, frio …”.
El viaje de Britany hacía su American dream duró más de un mes hasta que logró cruzar la frontera por Playas de Tijuana. Allí se entregó a las autoridades migratorias.
“Luego me encerraron en la hielera sola. Allí estuve ocho días. Me trataron como un animal. Solo había cuatro paredes y me lanzaban la comida, solo un burrito, un jugo o una galleta y pasando mucho frío”, dice Britany. “Como soy una chica trans me aislaron, no me pusieron ni con los hombres ni con las mujeres. No veía la luz del sol. Me estaba volviendo loca allí. Solo tenía una cama de cemento y un baño desbordado de basura al lado. El lugar era estrecho, apenas me podía morir”.
Para contrarrestar el intenso frío de la hielera le dieron solo una hoja de aluminio. Allí pasó días sin bañarse, sin cepillarse los dientes hasta que su cuerpo no resistió y se enfermó. Diversas organizaciones de derechos humanos y grupos de apoyo a migrantes se han manifestado en contra del trato inhumano que reciben muchos solicitantes de asilo político que entran a Estados Unidos en busca de protección. La actual situación de una consecuencia directa de la política del presidente Donald Trump para frenar el tránsito de migrantes hacia suelo estadounidense, una política de mano fuerte, que le ha valido no pocas críticas.
“Me he sentido traumada porque me han esposado de pies y manos, como si fuera una criminal”, dice Britany. “A veces me deprimo un poco porque no veo mucho la luz del sol y no respiro mucho aire puro. Pienso que no merezco un castigo como este, porque vengo huyendo de la violencia de mi país y apenas llegar a los Estados Unidos estaba siendo discriminada y maltratada”.
Pero Britany no pierde las esperanzas de vivir en libertad en este país, donde no sea perseguida ni acosada, donde pueda casarse con quien desee y prosperar. “Lo primero que quiero es recuperarme física y mentalmente porque este proceso te hiere un poco y luego trabajar para salir adelante y ser libre por fin, sin que nadie me discrimine ni me ataque porque ser como soy”, concluye ella.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
Drag Underground returns
White House Correspondents’ Dinner set for Saturday
Calendar: April 26-May 2
‘Housekeeping for Beginners’ embraces true meaning of family
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State Department releases annual human rights report
Joe Vogel campaign holds ‘Big Gay Canvass Kickoff’
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