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Mujer trans de Guatemala busca refugio en Estados Unidos
Britany Nicole de Castillo estaba bajo custodia de ICE en Misisispi
Nota del editor: Yariel Valdés González es colaborador del Washington Blade, que solicita asilo político en Estados Unidos.
Valdés permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Bossier Parish Medium Security Facility en Plain Dealing, Luisiana. Estuvo recluido en Tallahatchie County Correctional Center en Tutwiler, Misisipi, antes de su traslado a Luisiana.
El Blade recibió esa nota el 29 de julio.
TUTWILER, Misisipi — La risa de Britany Nicole de Castillo es despampanante, de esas que llenan todo de espacio, contagiosa y por momentos hasta estridente. Quien no la conoce decía que sus 33 años han sido un lecho de rosas, lo cual dista mucha de la realidad. La vida la ha golpeado tanto que uno precaria que no le quedarían deseos de sonreír, pero no. Ella sonríe para todos: Para sus amigos, para su familia, para sus vecinos, para los homofóbicos y hasta para si misma.
Britany es una chica trans de Guatemala, sobreviviente de varios ataques de odio por su identidad de género en su país natal, del cual huyó hace más de dos meses. Cruzó la frontera sur y ahora mismo está en territorio norteamericano solicitando asilo político. Conversó con al Washington Blade mientras estaba recluida en Tallahatchie County Correctional Center en Misisipi, cuando apenas iniciaba su proceso migratorio.
Tres instantes de horror
Desde los 14 años, Britany empezó a sentir la homofobia, sufrió bullying en la escuela, pues siempre se sintió mujer y como tal se proyectaba pese a las ofensas de sus compañeros de clase o las indicaciones de sus profesores. Siempre ha cuidada su imagen y aunque la conocí sin maquillaje y vestida con un horrible uniforme verde oscuro, puedo imaginármela con pestañas voluminosas, labios pintados, saya ajustada y unos zapatos que la hacen ver más alta de lo que es. Precisamente por esa apariencia y por mostrar sin miedos su verdadera identidad de género, Britany padeció disímiles ataques, violentos que l dejaron profundamente mascada, tanto física como emocionalmente.
“Cuando llevaba a mi sobrina a la escuela había un señor que me ofendía y me tiraba agua a los pies cada vez que pasaba”, cuenta Britany. “Un día lo enfrenté y me dijo que me iba a mandar a matar. Al poco tiempo, me atacaron desde un carro. Salieron dos muchachos con el rostro cubierto y me balacearon en el pie derecho y caí al suelo. Me quise levantar y me pegaron otro disparo en la otra pierna. Luego un tercero que sale me rozó. Si la pistola no se hubiera trabado me hubieron matado. El asesino, al ver que no podía seguir usando el arma, usó los golpes y le propinó tres patadas, al tiempo que le espetaba, ‘esto te pasa por ser gay’.
“¡Comportate como un hombre!”, le ordenó.
Tirada en la calle, Britany no sentía dolor, sale como si le hubiera enterada una braza de fuego en sus extremidades inferiores. Las balas habían entradas y salidas y allí estaban, temprano en la mañana pidiendo sangre sobre el asfalto de Escuintla, la ciudad que la vio nacer y crecer. Fueron los vecinos quienes le brindaron los primeros auxilios hasta que fue conducida al hospital, donde permaneció internada por ocho días.
“Casí tres meses en cama hasta que volví a caminar”, dice Britany. “Desde ese entonces sentía que cualquier ruido me alteraba. Tuve una grave crisis psicológica. Me mudé de residencia con mis padres para tratar de olvidar aquello”.
Al pasar tiempo, Britany fue recobrando poco a poco su peculiar risa, pero otro incidente le volvió a nublar la alegría. Fue en diciembre de 2018 cuando caminaba junto a una amiga por la calle y fue detenida por dos policías.
“Nos causaron la motocicleta -cuenta- y nos pusieron contra la pared”, dice Britany. “Nos maltrataron como si fuéramos delincuentes. Nos cacharon y nos revisaron los documentos mientras se reían de nosotros. Esas cosas no deberían pasar las autoridades deben respetar a todos y no discriminar a nadie por su orientación sexual”.
La transfobia, la homofobia y la violencia contra las personas LGBTI —y especialmente las personas — sigue siendo común en Guatemala.
Britany vivía en un sobresalto constante. Temió por su vida demasiadas veces, como aquella noche en la que regresaba de una actividad con una amiga y un auto se les atravesó en el camino como una amenaza mortal.
“Se bajaron varios hombres armados, nos ofendieron y nos amenazaron de muerte”, cuenta ella.
Britany pensó que había llegado su fin y mientras lloraba, la tomó la mano con fuerza a su compañera. Uno de las criminales le puso una pistola a su amiga y le quitó el dinero y su celular.
“Luego me robaron a mi también y me dieron tres puñetazos en la cara para que me comportara tres como un hombre”, dice Britany.
¿En la tierra de la libertad?
Todos estos y otros hechos empujaron a Britany a unirse a una caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos. Pretendía encontrar aquí la libertad que Guatemala le había negado por tanto tiempo, para salvar esa risa contagiosa, que tanto molestaba a los homofóbicos.
“La caravana ya estaba en Tapachula y allí me uní con tres amigas trans”, dice ella. “Nos echamos a caminar: Unas veces nos daban raite (autostop) y otras veces no veníamos en la avanzada de la caravana en nuestra bandera gay.Algunas amigas venían con grandes cicatrices. Dormimos en parques, en las calles, en iglesias que nos apoyaban. Pasamos hambre, frio …”.
El viaje de Britany hacía su American dream duró más de un mes hasta que logró cruzar la frontera por Playas de Tijuana. Allí se entregó a las autoridades migratorias.
“Luego me encerraron en la hielera sola. Allí estuve ocho días. Me trataron como un animal. Solo había cuatro paredes y me lanzaban la comida, solo un burrito, un jugo o una galleta y pasando mucho frío”, dice Britany. “Como soy una chica trans me aislaron, no me pusieron ni con los hombres ni con las mujeres. No veía la luz del sol. Me estaba volviendo loca allí. Solo tenía una cama de cemento y un baño desbordado de basura al lado. El lugar era estrecho, apenas me podía morir”.
Para contrarrestar el intenso frío de la hielera le dieron solo una hoja de aluminio. Allí pasó días sin bañarse, sin cepillarse los dientes hasta que su cuerpo no resistió y se enfermó. Diversas organizaciones de derechos humanos y grupos de apoyo a migrantes se han manifestado en contra del trato inhumano que reciben muchos solicitantes de asilo político que entran a Estados Unidos en busca de protección. La actual situación de una consecuencia directa de la política del presidente Donald Trump para frenar el tránsito de migrantes hacia suelo estadounidense, una política de mano fuerte, que le ha valido no pocas críticas.
“Me he sentido traumada porque me han esposado de pies y manos, como si fuera una criminal”, dice Britany. “A veces me deprimo un poco porque no veo mucho la luz del sol y no respiro mucho aire puro. Pienso que no merezco un castigo como este, porque vengo huyendo de la violencia de mi país y apenas llegar a los Estados Unidos estaba siendo discriminada y maltratada”.
Pero Britany no pierde las esperanzas de vivir en libertad en este país, donde no sea perseguida ni acosada, donde pueda casarse con quien desee y prosperar. “Lo primero que quiero es recuperarme física y mentalmente porque este proceso te hiere un poco y luego trabajar para salir adelante y ser libre por fin, sin que nadie me discrimine ni me ataque porque ser como soy”, concluye ella.
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Histórico: personas LGBTQ ya pueden donar sangre en Honduras
Se publicó acuerdo ejecutivo 002-2024 el 30 de noviembre en la Gazeta
Un esperado avance en la lucha de las poblaciones LGBTIQ+ se produjo tras levantarse la prohibición que durante 25 años impidió que las poblaciones de las disidencias sexuales donaran sangre en Honduras.
Con la publicación del 30 de noviembre en el diario oficial La Gaceta se puso fin a la reforma legal que durante un cuarto de siglo prohibió a las poblaciones LGBTIQ+ donar sangre sin importar las circunstancias. Así, por medio del acuerdo ejecutivo 002-2024, las disidencias sexuales han obtenido un pequeño triunfo tras levantarse el impedimento legal de donar sangre, aunque eso haya puesto en riesgo vidas humanas.
De ese modo, la nueva reforma publicada hace cinco días modifica el acuerdo 629, llamado «Norma técnica para el manejo de la sangre y los componentes sanguíneos», emitido en agosto de 1999 y publicado en La Gaceta en enero del año 2000.
La norma técnica de 1999 ordenaba «excluir en forma permanente” de la donación de sangre «a homosexuales, bisexuales [y] heterosexuales con comportamiento sexual de riesgo”, entre otros.
La razón de tal exclusión, según la norma técnica de hace 25 años, era que “por razón de sus prácticas sexuales o exposición a alto riesgo, tienen mayor probabilidad de adquirir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana u otros agentes infecciosos”.
25 años sin donar sangre
“Nuestra sangre no es distinta. Este avance significa 25 años de lucha por nuestros derechos”, dijo a Reportar Sin Miedo Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, tras conocer el acuerdo que restituye a las poblaciones LGBTIQ+ el derecho de donar sangre.
Esta reforma histórica se debe al trabajo de litigio estratégico de la Red Lésbica Cattrachas, que impulsó ante el Sistema Interamericano el derecho de donar sangre de las personas LGBTIQ+.
Este nuevo logro de Cattrachas se suma a su exitoso trabajo para obtener la sentencia en el caso «Vicky Hernández versus Honduras» que significó la condena del Estado hondureño por el asesinato de la líder trans.
En el proceso, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU se han involucrado durante los últimos años con dictámenes, informes técnicos y acciones para la no discriminación de las disidencias sexuales en la donación de sangre.
El nuevo acuerdo que restituye el derecho de donar sangre a las disidencias sexuales se produce tras un cuarto de siglo durante el cual el Estado solo cumplió en parte su papel de protector de la persona humana en lo referente a las disidencias sexuales de Honduras.
Así, la política sobre la sangre y sus derivados que había estado vigente desde 1999 negó a las poblaciones LGBTIQ+ el derecho de donar sangre junto con personas trabajadoras del sexo, farmacodependientes, hemofílicos, politransfundidos, compañeros sexuales de personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana y alcohólicos habituales.
La normativa estaba ‘desfasada’
La prohibición de donar sangre que afectó a las poblaciones LGBTIQ+ en Honduras no solo les impidió el goce pleno de sus derechos. Además, la reforma vigente desde agosto de 1999 hasta el 30 de noviembre de 2024 segó vidas como la de Marcela, la pareja de Eliza*.
Eliza vivió en carne propia esta reforma discriminatoria cuando no pudo donar sangre para Marcela, quien estaba muriendo de leucemia en el Seguro Social de Tegucigalpa en julio de 2020.
“La primera vez que intenté donar sangre, la Cruz Roja me rechazó sin decirme motivo. Necesitaba donar con urgencia porque mi pareja necesitaba transfusión. No me lo permitieron por ser lesbiana y ella murió”, relató Eliza. Para la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza, el acuerdo de 1999, reformado en 2024, ya estaba desfasado.
“La normativa está totalmente desfasada”, dijo Mendoza en 2020, refiriéndose a los casos de población LGBTI que dona sangre en el país.
Eliza no conocía esa normativa, por lo cual se presentó a la Cruz Roja y dijo que tenía relaciones sexuales con otra mujer.
Quienes la atendieron le dijeron que era imposible que donara sangre, argumentando que no tenía el peso adecuado para ser donante.
“Pocos días antes de morir, Marcela se había puesto peor”, relató.
Marcela necesitaba con urgencia más plaquetas para continuar luchando contra la leucemia, por lo cual Eliza se dirigió al centro de donación. Se alegró porque cumplía los requisitos, pero esa vez no argumentaron que estaba demasiado delgada.
“Usted no puede donar. Ya sabe por qué”, dijeron. Después de dar rodeos, agregaron que no podía hacerlo porque tenía relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo.
Tras un año de quimioterapias y otros duros tratamientos, había sido testigo del desgaste y la agonía de Marcela, pero una ley discriminatoria le impidió ayudar a la persona que amaba.
“No es por discriminación”, le dijo el enfermero, “ustedes no me dan asco”. Eliza no necesitaba más explicaciones porque estaba segura de que la estaban discriminando.
Marcela murió el 21 de julio de 2020.
Vea aquí un video relacionado con el tema.
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Activista trans denuncia al Estado salvadoreño ante la CIDH
Karla Guevara dice el país ha violado sus derechos
Karla Guevara, una reconocida activista por los derechos de las personas trans en El Salvador, comunicó su denuncia ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
En su petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicita que se declare la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará. La activista señala que estas vulneraciones han ocurrido en perjuicio de su persona, particularmente en el marco de su lucha por el reconocimiento de su identidad de género.
Desde 2019, Guevara ha enfrentado un complejo y prolongado proceso judicial para obtener el cambio de nombre y género en sus documentos oficiales, debido a la inexistencia de una ley de identidad de género en El Salvador. Actualmente, las personas trans solo pueden recurrir a los juzgados de familia para solicitar dicho reconocimiento, un camino que, como señala la activista, está plagado de obstáculos y revictimización.
“Como la primera mujer trans en El Salvador en acceder a cambiar de nombre y género en mis documentos de identidad, he luchado desde mi activismo por una Ley de Identidad de Género”, expresó Guevara en una entrevista con Washington Blade.
El proceso iniciado en el Juzgado Primero de Familia de San Salvador en diciembre de 2019 fue inicialmente declarado improponible en enero de 2020. Sin embargo, tras apelar dos veces a la Cámara de Familia, Guevara obtuvo una sentencia favorable en agosto de 2022. La resolución ordenaba el cambio de nombre y género en sus documentos de identidad y la marginación de su partida de nacimiento, pero la Alcaldía Municipal de San Salvador interpuso un amparo que ha impedido la ejecución de esta decisión durante los últimos dos años, alargando a cinco años su búsqueda de reconocimiento oficial.
Tratos discriminatorios y violencia psicológica
Durante este extenso proceso, Guevara denunció ser víctima de tratos discriminatorios y revictimizantes que han afectado su salud mental y vulnerado su integridad personal. Entre estos tratos destacan la patologización y genitalización de su identidad, el escrutinio judicial e inspección física de su cuerpo y el escepticismo constante de las autoridades sobre su femineidad y motivaciones.
“El Estado salvadoreño ha impedido y sigue impidiendo que mi persona cuente con documentos de identidad acordes con mi identidad de género, pese a que existe una sentencia firme que me reconoce este derecho”, declaró Guevara.
Estas experiencias, según la denuncia, constituyen violaciones a su integridad psíquica y violencia psicológica según la Convención de Belém do Pará. Además, Guevara argumenta que el Estado salvadoreño ha vulnerado derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, como la integridad personal, la protección de la vida privada, la libertad personal, la igualdad ante la ley y las garantías judiciales, entre otros.
Acompañamiento de organizaciones sociales
La denuncia de Guevara cuenta con el respaldo de organizaciones como la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Synergia, quienes han apoyado su caso ante la CIDH. Estas organizaciones destacan que la falta de una Ley de Identidad de Género en El Salvador perpetúa la discriminación estructural hacia las personas trans. Además, recalcan la importancia de visibilizar casos como el de Guevara para impulsar reformas legales que garanticen el reconocimiento y la protección de los derechos de la población LGBTQ.
“Consideramos que llevar el caso a esta instancia, es la forma más eficiente y efectiva para tener este reconocimiento de las violaciones que el Estado de El Salvador cometió hacia Karla”, expresó Mirta Moragas de Synergía – IHR – Initiatives for Human Rights.
Para Alejandra Burgos de Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, es importante mostrar el apoyo a Guevara desde la Red Feminista.
“También mostramos nuestro apoyo con todas las personas trans que no tienen acceso a ser reconocidas con su nombre en este país”, agregó.
Ambas organizaciones reconocen la valentía de Guevara, como también la de muchas organizaciones en El Salvador, que han luchado contra la impunidad ante los crímenes de odio en el país.
Impacto del discurso de odio en El Salvador
El contexto nacional en materia de derechos de la población LGBTQ es preocupante, con un aumento de discursos de odio promovidos por funcionarios públicos, incluyendo al presidente, así como diputados y otras figuras políticas. Este clima hostil, según varios activistas de El Salvador, ha generado retrocesos significativos en materia de derechos humanos. Aseguran que estos discursos no solo perpetúan la violencia y la discriminación, sino que también afectan la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales.
El caso de Guevara se suma a una creciente lista de denuncias contra el Estado salvadoreño por violaciones a los derechos humanos de la población LGBTQ. Organismos internacionales, como la CIDH, están llamados a evaluar esta denuncia y emitir recomendaciones que impulsen cambios estructurales en el país.
Colectivo Alejandría y otras organizaciones han instado a la comunidad internacional a presionar al gobierno salvadoreño para que adopte medidas concretas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas trans, porque las evidencias de un mal proceder son claras.
“Este es un ejemplo claro de todos los desacatos del Estado salvadoreño, con órdenes judiciales estrictas y específicas”, expresa Aranza Santos de Colectivo Alejandría.
Un camino hacia la justicia
El proceso de Guevara es un recordatorio de la urgente necesidad de una legislación inclusiva en El Salvador. Su lucha es un símbolo de resistencia y esperanza para la población trans, que enfrenta diariamente barreras legales y sociales para vivir con dignidad. Con el apoyo de organizaciones diversas organizaciones que luchas por los derechos de la población LGBTQ, Guevara continúa su batalla no solo por su reconocimiento personal, sino por el derecho de toda una comunidad a ser vista, escuchada y respetada.
En un contexto marcado por retrocesos en derechos humanos, el caso de Guevara resalta la importancia de construir un país más inclusivo y justo, donde todas las personas puedan vivir libres de violencia y discriminación.
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Estudiantes de la Universidad de El Salvador reclaman respeto para la comunidad LGBTQ
23.7 por ciento de estudiantes queer de la UES han experimentado discriminación
A finales de octubre en la Universidad de El Salvador, AMATE El Salvador llevó a cabo un foro que buscaba marcar un hito en la historia de la única institución pública de educación superior en el país. Este espacio, orientado hacia la inclusión de la diversidad sexual y de género, presentó una propuesta que podría transformar el ambiente académico, eliminando barreras de discriminación y promoviendo una convivencia más justa.
El foro: “Hacia una universidad más inclusiva: Propuestas para la inclusión LGBTI+ en la UES”, tuvo como base un estudio realizado por AMATE El Salvador en 2023, titulado “Orgullo en la UES: Desafíos para la inclusión LGBT+ en la Universidad de El Salvador”. Según los hallazgos, el 23.7 por ciento de los estudiantes LGBTQ de la UES han experimentado algún tipo de discriminación. Lo preocupante es que el 72.2 por ciento de estos casos señalan a los docentes como principales perpetradores, seguidos por compañeros de estudio y personal administrativo.
Este panorama refleja una problemática sistémica que trasciende las aulas y afecta a toda la comunidad universitaria.
“Los estudiantes LGBT+ no se sienten seguros en la universidad. Creen que construir una política de inclusión sería un paso hacia la transformación”, expresó Gonzalo Montano, sociólogo y miembro de la Fundación AMATE, en una entrevista con el Washington Blade.
Otro dato relevante del estudio muestra que el 63.9 por ciento de los encuestados reportaron haber escuchado a docentes utilizar argumentos religiosos para atacar a personas de la diversidad sexual en clases. Este dato pone de manifiesto cómo las creencias personales pueden interferir en el respeto a los derechos humanos en un espacio que debería ser neutral e inclusivo.
La propuesta de AMATE El Salvador
La propuesta presentada en el foro se fundamenta en un trabajo de investigación con datos cualitativos y cuantitativos, recolectados mediante entrevistas y encuestas a estudiantes, docentes y personal administrativo de la UES.
“Es un esfuerzo construido desde las experiencias y necesidades de la comunidad universitaria”, explicó Idalia Zepeda, consultora de AMATE.
La propuesta plantea crear espacios para denunciar y atender casos de discriminación y violencia, además de prevenir crímenes de odio. También busca cambios administrativos que incluyan sensibilización y talleres formativos en temas de diversidad sexual.
“Esto ayudaría a naturalizar investigaciones sobre derechos e inclusión en el ámbito académico”, añadió Zepeda.
El desafío de implementar esta política de inclusión en la UES no puede entenderse sin considerar el contexto más amplio de El Salvador y la región.
“Hay un fuerte discurso en contra del reconocimiento de los derechos de grupos vulnerables, especialmente hacia mujeres y población LGBTI”, advirtió Montano.
Este discurso no solo proviene de sectores conservadores de la sociedad, sino también de funcionarios públicos y representantes gubernamentales, quienes han impulsado narrativas de odio y desinformación. Estas posturas afectan no solo a las comunidades LGBTQ, sino también a la capacidad de instituciones como la UES para responder de manera inclusiva.
La respuesta de la UES: avances insuficientes
Aunque recientemente la UES cuenta con un reglamento contra la violencia de género, en el que incluye a la población LGBTQ como grupo vulnerable, esta medida es percibida por AMATE como un avance insuficiente.
“Un reglamento no sustituye la necesidad de una política clara y firme sobre inclusión”, enfatizó Montano.
Por ello, la organización hace un llamado a seguir dialogando con las autoridades universitarias, así como con estudiantes y docentes. Es crucial que la UES adopte una postura contundente frente a la discriminación, manteniendo su autonomía frente a posibles influencias del gobierno actual.
El rol del Centro de Estudios de Género y la proyección social
Durante el proceso de elaboración de la propuesta, el Centro de Estudios de Género de la UES jugó un papel clave. Esta unidad ha sido un espacio que ayudó a facilitar temas relacionados con la diversidad sexual y de género, ofreciendo talleres y formación para personal docente y personal administrativo.
La Dirección de Proyección Social también fue fundamental en la recolección de datos y contactos con autoridades de alto nivel. Estas alianzas internas reflejan que hay áreas dentro de la universidad comprometidas con la inclusión, aunque aún persisten resistencias significativas.
Impacto de los discursos religiosos y conservadores
Uno de los mayores desafíos que enfrenta la implementación de esta política es la influencia de valores tradicionales y discursos religiosos en el entorno universitario. Según AMATE, la falta de laicidad del Estado salvadoreño amplifica estos prejuicios.
“No se trata solo de desconocimiento, sino de una socialización de valores que dificultan la aceptación de la inclusión como un principio básico”, señaló Montano.
El foro concluyó con un llamado a la reflexión colectiva sobre el papel que debe desempeñar la UES en la promoción de los derechos humanos. AMATE enfatizó que la universidad tiene una responsabilidad ética de liderar este cambio, convirtiéndose en un espacio seguro para todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
AMATE y otras organizaciones seguirán trabajando para que la UES no solo adopte la política de inclusión, sino que también implemente mecanismos concretos para garantizar su efectividad. La esperanza es que este esfuerzo inspire a otras instituciones académicas en el país y la región a seguir el mismo camino.
Este foro no solo fue un espacio de denuncia, sino también de esperanza. En un país donde los derechos de las personas LGBTQ son constantemente vulnerados, la lucha por la igualdad en la educación superior representa un rayo de luz que podría transformar realidades. La inclusión no es solo un valor, es una necesidad imperativa para el progreso social.
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