News
La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile
Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.
Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera.
“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.
La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.
Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.
Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.
“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.
“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment.
“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.
Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.
Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual.
“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.
Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”.

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.
A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.
En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país.
“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.
“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.
News
An effort to increase the number of psychiatrists of color
After 35 years in law and advocacy, Rawle Andrews Jr. returns to his roots
Rawle Andrews Jr. took an indirect path to become executive director of the American Psychiatric Association Foundation (APAF).
From a psychology major in college to becoming a lawyer, the passion for equity and inclusion that fueled him during his years at AARP and as a professor at Howard and Georgetown universities serves as the foundation for his career in mental health.
Andrews has made it his mission at APAF to prioritize youth mental health — including in schools in D.C. and across the country — and to reduce stigma around mental illness and increase the number of psychiatrists of color practicing in the U.S.
Andrews, who began his educational career studying psychology, said he felt out of place in college when his classmates were pursuing medical careers and he was more interested in law.
“I was the only person in my cohort who was going to law school,” he said. “Everybody else wanted to be a doctor and go to medical school.”
Everything changed for Andrews during the COVID-19 pandemic and after George Floyd was killed by police in Missouri: Those pivotal moments reshaped national conversations about health, race, and inequality, and pushed Andrews to rethink his career.
“I saw people deathly afraid of some disease, but also mortified by the fact that they witnessed somebody die on TV,” he said.
After nearly 16 years working as a lawyer in private practice and 15 years at AARP, Andrews found himself pulled back to mental and “whole body” health.
“My goal in law school was to be a courtroom lawyer all the time. If you had told me in 1990 that I would be a practicing lawyer going to court every day, I would have laughed you out of this room. If you had told me in 2010 that I wouldn’t be an in-house lawyer every day … I would have laughed you out of this room,” he said. “Everybody thinks you’re going to go straight from A to B. Life doesn’t work A to B.”
Now, Andrews says, he has the “ability to serve the whole house.” He can help “the eight-year-old who’s struggling in middle school … the parent who’s trying to get that child through, but also caring for an older loved one … who might have some cognitive decline or mobility challenges.”
Building a pipeline of Black mental health professionals
In his role at APAF, Andrews has his sights set on increasing the number of psychiatrists nationwide by reducing barriers to study and success, particularly for practitioners of color, who are vastly underrepresented.
Only about 5% of physicians are Black, and the number for Black psychiatrists is even lower at just 2%, according to the American Psychiatric Association. Widespread stigma around mental illness in communities of color, combined with “systemic barriers that keep persons of color from getting into medical school and matching for residency with teaching hospitals after graduating,” have contributed to the low numbers, Andrews says.
Financial pressures, limited residency slots, and a lack of exposure to psychiatry as a viable career all play important roles in limiting Black representation in the field. At the same time, stigma surrounding mental health — especially in Black communities — can discourage both patients and future physicians, according to Andrews.
He explains that this stigma is rooted in underlying fear, shame, and historic discrimination, and the only way to deal with those issues is directly. If you break those down, Andrews said, you can actually address them.
There are signs of change, though. “In the digital world, more and more people are seeing and talking about mental health all the time,” Andrews said. “And I believe more and more young doctors of all colors are deciding, ‘we need more psychiatrists, and I want to be a part of that solution.’”
Not having enough psychiatrists of color has far-reaching consequences. If you are a “non-diverse” physician or a physician practicing without humility or cultural competency, you may over-diagnose or misdiagnose a patient, said Andrews. You might assume a patient has symptoms due to your own cognitive biases.
A 2024 study in the Journal of General Internal Medicine revealed that mistrust and suspicion were high among dozens of Black patients with serious mental illness, who said they felt doctors did not take their concerns seriously or took a condescending tone with them during appointments.
This type of treatment does not promote trust or disclosure, Andrews said. “What is my advantage to be vulnerable with people who don’t think much of me, because you already thought I was broken?”
To combat medical racism and bias, APAF runs one of the largest psychiatry pipeline programs in the world. It provides more than 1,000 medical students from underrepresented and marginalized communities with training and professional development. Programs like the Diversity Leadership Fellowship emphasize cultural competency and evidence-based practices to better serve diverse groups and at-risk populations.
These programs have had tangible success in producing leadership in the field of psychiatry: APA’s CEO Dr. Marketa Wills, the first CEO of color and first female CEO in the APA organization’s 180-year history, was a trainee with the APAF nearly three decades ago.
Despite efforts to make healthcare more equitable for patients of color and members of the LGBTQ+ community, many experts believe that racism and biases are more deeply ingrained in the system than many realize. For example, a 2019 study found that Black patients suffering from depression are often misdiagnosed with schizophrenia, and a 2016 study revealed that many doctors wrongly believe that Black patients have higher thresholds for pain tolerance.
“If you don’t have cultural humility or cultural competency, you could over-diagnose somebody because you’re looking for them to be ADHD, you’re looking for them to be bipolar, you’re looking for them to be schizophrenic,” said Andrews. “And then, because of the fears, the stigmas, the shame, people don’t want to go and get tested either.”
Youth mental health focus
Andrews says many fear that telling someone else about their struggles will cause that person to look down on them. That unwillingness to share about mental health challenges can start at a young age.
That’s why the APAF has partnered with local organizations in the Washington, D.C., area to help young people address mental health concerns. One of the programs, Our Minds Matter, operates in D.C.-area schools and other states to educate students on signs of emotional distress and how to address it. APAF also runs the Notice.Talk.Act. at School program, which helps train school staff to recognize and address student mental health issues and connect them to resources. The program was recently adopted at Jefferson Middle School Academy.
The program is “the ‘stop, drop and roll’ of mental health,” Andrews said. “How do I notice signs and symptoms of distress in a student? How do I create an open space to talk and be a better active listener with a student who wants to share their mental health concerns and then act?”
APAF’s program, funded by the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) and free to schools, trained about 890 school staff members across the country in 2024, and boasts a 70% reduction in truancy and 89% reduction in disciplinary referrals, according to the foundation.
Notice.Talk.Act. is not just in schools — there are versions for home, for college, for the workplace.
Andrews hopes that this work with the APAF will reduce the stigma surrounding mental health struggles and improve access to culturally competent care. But he acknowledges there’s still a long way to go.
“We are planting and sowing seeds now and fertilizing the soil and tilling the soil,” he said. “We know that the next generation of doctors is going to look closer to the way the population looks. But ultimately, we still haven’t done enough.”
(This work is part of a partnership between the Washington Blade Foundation and Youthcast Media Group, funded through the FY26 Community Development Grant from the Office of D.C. Mayor Muriel Bowser. Jebeh Pajibo is a senior at Bard High School Early College DC, one of Youthcast Media Group’s journalism class partners. Sarah Gandluri, a UNC-Chapel Hill sophomore, is an intern and former high school participant with YMG. YMG founder, former USA Today health policy reporter Jayne O’Donnell, contributed to this report.)
Rehoboth Beach
BLUF leather social set for April 10 in Rehoboth
Attendees encouraged to wear appropriate gear
Diego’s in Rehoboth Beach hosts a monthly leather happy hour. April’s edition is scheduled for Friday, April 10, 5-7 p.m. Attendees are encouraged to wear appropriate gear. The event is billed as an official event of BLUF, the free community group for men interested in leather. After happy hour, the attendees are encouraged to reconvene at Local Bootlegging Company for dinner, which allows cigar smoking. There’s no cover charge for either event.
District of Columbia
Celebrations of life planned for Sean Bartel
Two memorial events scheduled in D.C.
Two celebrations of life are planned for Sean Christopher Bartel, 48, who was found deceased on a hiking trail in Argentina on or around March 15. Bartel began his career as a television news reporter and news anchor at stations in Louisville, Ky., and Evansville, Ind., before serving as Senior Video Producer for the D.C.-based International Brotherhood of Electrical Workers union from 2013 to 2024.
A memorial gathering is planned for Friday, April 10, 11:30 a.m.-1:30 p.m. at the IBEW International Office (900 7th St., N.W.), according to a statement by the DC Gay Flag Football League, where Bartel was a longtime member. A celebration of life is planned that same evening, 6-8 p.m. at Trade (1410 14th St., N.W.).
