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La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile

Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

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Cristian Aedo Andia, autor de esta fotografía dijo al Washington Blade que “yo estaba protestando a unos metros del lugar cuando vi que alguien iba a subirse a aquel monumento y me encantó que alzara esta bandera gigante, fue inesperado y emotivo. Y sentí unidad, que estamos todos los chilenos unidos en esta causa social”. (Foto de Cristian Aedo Andia)

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.

Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera. 

“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.

La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.

Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.

Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.

“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.

“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment. 

“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.

Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.

Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual. 

“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.

Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”. 

La diputada Pamela Jiles alertó al Blade que “las abuelas de este país no vamos a permitir que Piñera siga matando gente, hiriendo niños, violando hombres y mujeres en las comisarías y particularmente abusando y denigrando a la gente de la diversidad sexual”. (Fotografía cedida por Jiles)

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.

A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.

En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país. 

“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Desde que la diputada Natalia Castillo asumió el cargo se ha caracterizado por defender y promover los derechos de la diversidad sexual y de género chilena. (Fotografía cedida al Washington Blade)

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.

“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.

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Federal Government

Inside the LGBTQ records of Todd Blanche and Markwayne Mullin

Two men are acting attorney general, DHS secretary

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From left, Acting U.S. Attorney General Todd Blanche and Homeland Security Secretary Markwayne Mullen (Photos public domain)

President Donald Trump became famous for his use of the phrase “You’re fired!” while hosting the reality TV show “The Apprentice” in the early 2000s. However, during his time in the Oval Office, he has attempted to distance himself from that image.

Despite those efforts, the phrase once again comes to mind as Trump has fired two high-level female Cabinet members within the past month: Pam Bondi and Kristi Noem.

Their replacements — Todd Blanche at the Justice Department and Markwayne Mullin at the Department of Homeland Security — bring records that, while different in depth, both reflect limited support for LGBTQ protections and, in some cases, direct opposition.

Todd Blanche

Acting attorney general

Little has been found regarding Todd Blanche’s LGBTQ history prior to his role as acting head of the Department of Justice. Unlike those who have worked within the Justice Department’s Civil Rights Division or served as state attorneys general, he has not developed a public-facing legal ideology on LGBTQ issues.

Blanche attended American University for his undergraduate studies — like fellow Trump attorney Michael Cohen — where he met his future wife, Kristin, who was studying at nearby Catholic University in D.C.

He began his legal career as an intern at the U.S. Attorney’s Office in Washington, which eventually became a full-time position. He later worked as a paralegal in the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York while attending Brooklyn Law School at night. Blanche graduated cum laude in 2003. He and his wife later married and had two children.

Blanche left the U.S. attorney’s office in 2014, taking a job in the Manhattan office of the law firm WilmerHale. In September 2017, he moved to Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, where he was a partner in the White Collar Defense and Investigations practice.

In his personal capacity, he represented several figures associated with Donald Trump and former New York City Mayor Rudy Giuliani, including Trump’s former campaign manager Paul Manafort, businessman Igor Fruman, and attorney Boris Epshteyn.

In 2024, Blanche switched from Democrat to Republican, aligning himself with Trump’s political orbit. He later served as Trump’s personal defense attorney in the New York State case that led to Trump’s 2024 conviction on 34 felony counts of falsifying business records to cover up hush-money payments to bisexual adult film star Stormy Daniels.

Now the highest-ranking official at the Justice Department, Blanche has played a central role in overseeing the department and has been involved in leadership decisions tied to several controversial actions affecting LGBTQ people.

In a letter to New York Attorney General Letitia James, Blanche declared that the Justice Department “will not sit idly by while you attempt to use your office to force harmful procedures on our most vulnerable population,” if legal action were taken against NYU Langone. The hospital had “permanently” ended a program earlier that month after the Trump-Vance administration threatened to pull all federal funding if it continued prescribing puberty blockers and hormones to minors.

Blanche wrote that “the Justice Department believes the law is clear, and anti-discrimination laws cannot be used to force NYU Langone to perform sex-rejecting procedures on children.”

“As just one example, your office’s position would require a hospital to prescribe certain medications for certain diagnoses, regardless of the hospital’s or its doctors’ independent medical determination about the propriety of such treatment,” he said.

Blanche also echoed his predecessor’s public stance on limiting LGBTQ-related protections at the federal level, aligning with Bondi’s sentiments in June 2025 regarding the U.S. Supreme Court’s 6–3 decision that restricted LGBTQ history lessions in schools and limits lower federal courts from issuing nationwide injunctions — rulings that have often blocked Trump administration policies.

Calling it “another great decision that came down today,” Blanche argued that the ruling “restores parents’ rights to decide their child’s education,” adding: “It seems like a basic idea, but it took the Supreme Court to set the record straight, and we thank them for that. And now that ruling allows parents to opt out of dangerous trans ideology and make the decisions for their children that they believe is correct.”

In December 2025, a Justice Department memo stated that, “effective immediately,” prisons and jails would no longer be held responsible for violations of standards meant to protect LGBTQ people from harassment, abuse, and rape under the Prison Rape Elimination Act. The law, passed unanimously by Congress in 2003, requires that incarcerated people be screened for their risk of sexual assault, including consideration of LGBTQ status, and applies to all correctional facilities.

Additionally, when the Justice Department, under Blanche’s deputy leadership and at Trump’s behest, attempted to force Children’s National Hospital in D.C. to turn over medical records related to gender-affirming care, U.S. District Judge Julie R. Rubin ruled that the effort “appears to have no purpose other than to intimidate and harass.”

Blanche is also described as having a “strong belief in executive authority.”

Markwayne Mullin

Secretary of Homeland Security

While Blanche’s record is defined more by recent actions than a long paper trail, Markwayne Mullin brings a more established history on LGBTQ issues from his time in Congress.

The head of the Department of Homeland Security has served in Congress since 2013, in both the U.S. House of Representatives and U.S. Senate. He has been actively engaged in shaping restrictions and aligns with broader cultural rhetoric that frames anti-LGBTQ speech as protected expression.

In May 2016, Mullin criticized the Department of Education and the Justice Department’s “Dear Colleague” letter on transgender students, arguing that trans girls should not use girls’ restrooms in public schools.

By January 2021, Mullin and then-Hawaii Congresswoman Tulsi Gabbard had introduced a bill to prevent trans women from participating in women’s sports.

Mullin was not recorded as voting on the final passage of the Respect for Marriage Act, which codified federal recognition of same-sex and interracial marriage.

In 2023, Mullin received a rating of just 6 percent from the Human Rights Campaign.

While serving in the Senate and as a member of the Health, Education, Labor, and Pensions (HELP) Committee, Mullin has been a vocal critic of policies aimed at expanding LGBTQ inclusion in federal programs. He has participated in broader Republican efforts questioning equity-based implementation of the Older Americans Act, including guidance related to sexual orientation and gender identity in aging services, arguing such policies could have unintended consequences.

Mullin also makes history as the first Native American — and a citizen of the Cherokee Nation — to lead the Department of Homeland Security.

He was among the 147 Republicans who voted to overturn the 2020 presidential election results despite no evidence of widespread fraud, and was present in the House on Jan. 6.

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District of Columbia

Whitman-Walker Health to present ‘Pro Bono Excellence’ award to law firm

Health center set to celebrate 40th anniversary of legal services program

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Whitman-Walker Health’s Pro Bono Excellence award is named for Dale Edwin Sanders. (Photo courtesy of the family)

Whitman-Walker Health, the D.C.-based community healthcare center that specializes in HIV/AIDS and LGBTQ-related health services, announced it will present its annual Dale Edwin Sanders Award for Pro Bono Excellence to the international law firm McDermott Will & Schulte at a May 6 ceremony.

“This year’s award is especially significant as it coincides with the 40th anniversary of Whitman-Walker Health’s Legal Services Program, marking it as the nation’s longest running medical-legal partnership,” a statement released by Whitman-Walker says.

“As a national leader in public health, Whitman-Walker celebrates our partnership with McDermott to strengthen the health center and to enable Whitman-Walker to reach more medical and legal clients,” the statement adds.

“McDermott’s firm-wide commitment to Whitman-Walker’s medical-legal partnership demonstrates a shared vision to serve those most in need,” Amy Nelson, Whitman-Walker’s director of Legal Services, says in the statement. “Our work protects individuals and families who face discrimination and hostility as they navigate increasingly complex administrative  systems,” Nelson said.

“Pro bono legal services – like that of McDermott Will & Schulte – find solutions for people who have no place else to turn in the face of financial and health threats,” she added.

“Our partnership with Whitman-Walker Health is a treasured commitment to serving our neighbors and communities,” Steven Schnelle, one of the law firm’s partners said in the statement. “We are deeply moved by Whitman-Walker’s unwavering dedication to inclusion, respect, and equitable access to health care and social services,” he said.

The statement notes that the award for Pro Bono Excellence honors the legacy of the late gay attorney Dale Edwin Sanders. It says Sanders’s pro bono legal work for Whitman-Walker clients “shaped HIV/AIDS law for more than four decades by securing key victories on behalf of individuals whose employment and patient rights were violated.”

It says the Whitman-Walker Legal Services program began during the early years of the AIDS epidemic in the 1980s at a time when people with AIDS faced widespread discrimination and often needed legal assistance. According to the statement, the program evolved over the years and expanded to advocate for transgender people and immigrants.

Whitman-Walker spokesperson Lisa Amore said the presentation of the Dale Edwin Sanders Pro Bono Excellency Award will be held at the May 6 fundraising benefit for Whitman-Walker’s Legal Services Program. She said the event will take place at the offices of the DC law firm Baker McKenzie and ticket availability can be accessed here: https://www.whitman-walker.org/gtem-2026/

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Noticias en Español

La X vuelve al tribunal

Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico

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(Foto de Sergei Gnatuk via Bigstock)

Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.

Hoy el escenario es distinto.

La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.

Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.

El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.

En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.

La diferencia radica en la aplicación.

El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.

El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.

Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.

El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.

Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.

Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.

Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.

Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.

El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.

A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.

Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.

El debate ya no es teórico.

Ahora es judicial. 

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