News
La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile
Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.
Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera.
“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.
La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.
Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.
Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.
“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.
“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment.
“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.
Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.
Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual.
“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.
Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”.

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.
A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.
En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país.
“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.
“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.
Florida
AIDS Healthcare Foundation sues Fla. over ‘illegal’ HIV drug program cuts
Tens of thousands could lose access to medications
Following the slashing of hundreds of thousands of dollars from Florida’s AIDS Drug Assistance Program, AIDS Healthcare Foundation filed a lawsuit against the Florida Department of Health over what it says was an illegal change to income eligibility thresholds for the lifesaving program.
The Florida Department of Health announced two weeks ago that it would make sweeping cuts to ADAP, dramatically changing how many Floridians qualify for the state-funded medical coverage — without using the formal process required to change eligibility rules. As a result, AHF filed a petition Tuesday in Tallahassee with the state’s Division of Administrative Hearings, seeking to prevent more than 16,000 Floridians from losing coverage.
The medications covered by ADAP work by suppressing HIV-positive people’s viral load — making the virus undetectable in blood tests and unable to be transmitted to others.
Prior to the eligibility change, the Florida Department of Health covered Floridians earning up to 400 percent of the federal poverty level — or $62,600 annually for an individual. Under the new policy, eligibility would be limited to those making no more than 130 percent of the federal poverty level, or $20,345 per year.
The National Alliance of State and Territorial AIDS Directors estimates that more than 16,000 patients in Florida will lose coverage under the state’s ADAP because of this illegal change in department policy. Florida’s eligibility changes would also eliminate access to biktarvy, a widely used once-daily medication for people living with HIV/AIDS.
Under Florida law, when a state agency seeks to make a major policy change, it must either follow a formal rule-making process under the Florida Administrative Procedure Act or obtain direct legislative authorization.
AHF alleges the Florida Department of Health did neither.
Typically, altering eligibility for a statewide program requires either legislative action or adherence to a multistep rule-making process, including: publishing a Notice of Proposed Rule; providing a statement of estimated regulatory costs; allowing public comment; holding hearings if requested; responding to challenges; and formally adopting the rule. According to AHF, none of these steps occurred.
“Rule-making is not a matter of agency discretion. Each statement that an agency like the Department of Health issues that meets the statutory definition of a rule must be adopted through legally mandated rule-making procedures. Florida has simply not done so here,” said Tom Myers, AHF’s chief of public affairs and general counsel. “The whole point of having to follow procedures and rules is to make sure any decisions made are deliberate, thought through, and minimize harm. Floridians living with HIV and the general public’s health are at stake here and jeopardized by these arbitrary and unlawful DOH rule changes.”
AHF has multiple Ryan White CARE Act contracts in Florida, including four under Part B, which covers ADAP. More than 50 percent of people diagnosed with HIV receive assistance from Ryan White programs annually.
According to an AHF advocacy leader who spoke with the Washington Blade, the move appears to have originated at the state level rather than being driven by the federal government — a claim that has circulated among some Democratic officials.
“As far as we can tell, Congress flat-funded the Ryan White and ADAP programs, and the proposed federal cuts were ignored,” the advocacy leader told the Blade on the condition of anonymity. “None of this appears to be coming from Washington — this was initiated in Florida. What we’re trying to understand is why the state is claiming a $120 million shortfall when the program already receives significant federal funding. That lack of transparency is deeply concerning.”
Florida had the third-highest rate of new HIV infections in the nation in 2022, accounting for 11 percent of new diagnoses nationwide, according to KFF, a nonprofit health policy research organization.
During a press conference on Wednesday, multiple AHF officials commented on the situation, and emphasized the need to use proper methods to change something as important as HIV/AIDS coverage availability in the sunshine state.
“We are receiving dozens, hundreds of calls from patients who are terrified, who are confused, who are full of anxiety and fear,” said Esteban Wood, director of advocacy, legislative affairs, and community engagement at AHF. “These are working Floridians — 16,000 people — receiving letters saying they have weeks left of medication that keeps them alive and costs upwards of $45,000 a year. Patients are asking us, ‘What are we supposed to do? How are we supposed to survive?’ And right now, we don’t have a good answer.”
“This decision was not done in the correct manner. County health programs, community-based organizations, providers across the state — none of them were consulted,” Wood added. “Today is Jan. 28, and we have just 32 days until these proposed changes take effect. Nearly half of the 36,000 people currently on ADAP could be disenrolled in just over a month.”
“Without this medication, people with HIV get sicker,” Myers said during the conference. “They end up in emergency rooms, they lose time at work, and they’re unable to take care of their families. Treatment adherence is also the best way to prevent new HIV infections — people who are consistently on these medications are non-infectious. If these cuts go through, you will have sicker people, more HIV infections, and ultimately much higher costs for the state.”
“Patients receiving care through Ryan White and ADAP have a 91 percent viral suppression rate, compared to about 60 percent nationally,” the advocacy leader added. “That’s as close to a functional cure as we can get, and it allows people to live healthy lives, work, and contribute to their communities. Blowing a hole in a program this successful puts lives at risk and sets a dangerous precedent. If Florida gets away with this, other states facing budget pressure could follow.”
The lawsuit comes days after the Save HIV Funding campaign pressed Congress to build bipartisan support for critical funding for people living with or vulnerable to HIV. In May of last year, President Donald Trump appeared to walk back his 2019 pledge to end HIV as an epidemic, instead proposing the elimination of HIV prevention programs at the Centers for Disease Control and Prevention and housing services in his budget request to Congress.
House appropriators, led by the Republican majority, went further, calling for an additional $2 billion in cuts — including $525 million for medical care and support services for people living with HIV.
While Senate appropriators ultimately chose to maintain level funding in their version of the spending bills, advocates feared final negotiations could result in steep cuts that would reduce services, increase new HIV infections, and lead to more AIDS-related deaths. The final spending package reflected a best-case outcome, with funding levels largely mirroring the Senate’s proposed FY26 allocations.
“What the state has done in unilaterally announcing these changes is not following its own rules,” Myers added. “There is a required process — rule-making, notice and comment, taking evidence — and none of that happened here. Before you cut 16,000 people off from lifesaving medication, you have to study the harms, ask whether you even have the authority to do it, and explore other solutions. That’s what this lawsuit is about.”
China
Two Chinese men detained over AI-generated picture of pandas engaging in same-sex behavior
Arrests part of increased online surveillance, LGBTQ rights crackdown
Chinese authorities have detained two men after they shared an artificially altered image that linked queer identity with a specific city.
The Washington Post on Jan. 21 reported the men — who are 29 and 33 — circulated an AI-generated picture depicting pandas engaging in same-sex behavior in Chengdu, a major city in southwestern China often referred to as the “panda capital” due to its association with giant panda conservation. Local officials described the sharing of the image as “malicious,” and police in Chengdu took the men into custody.
Authorities also suspended the two men’s social media accounts, accusing them of spreading misinformation presented as legitimate news. According to the Post, the artificially generated image was posted alongside a fabricated headline, giving the appearance of an authentic news report. The image depicted two male pandas mating.
According to an official police report, police said the fabricated image was presented in the format of a legitimate news article and accompanied by a false headline. The caption read, “Chengdu: Two male Sichuan giant pandas successfully mate for the first time without human intervention,” authorities said.
Chinese regulators have in recent years tightened oversight of AI and online content.
Under the Interim Measures for the Administration of Generative Artificial Intelligence Services, issued in 2023, providers and users of generative AI systems are required to comply with existing laws, adhere to social and ethical standards, and refrain from producing or disseminating false or misleading information. Additional rules that took effect on Sept. 1, 2025, require online platforms to clearly label AI-generated content, a measure authorities have said is intended to curb misinformation and maintain order in digital spaces.
Police under Chinese law are permitted to impose administrative detention of up to 15 days for offenses deemed to disrupt public order, a category that includes the fabrication or dissemination of false information online. Such cases are handled outside the criminal court system and do not require formal prosecution.
According to a statement the Chengdu Public Security Bureau’s Chenghua branch released, police opened an investigation after receiving public reports that online accounts were spreading false information about the city. Authorities said officers collected evidence shortly afterward and placed the two individuals under administrative detention.
The detentions are not an isolated case.
The Washington Blade in July 2025 reported a Chinese female writer was arrested and subjected to a strip search after publishing gay erotic fiction online. At least 30 other writers — most of them women in their 20s — in the months that followed publicly described similar encounters with law enforcement, including home raids and questioning related to their online writing.
ShanghaiPRIDE, a Chinese LGBTQ advocacy group that organized annual Pride events in the city, has remained indefinitely suspended since 2021. In the same period, dozens of LGBTQ-focused accounts have been removed from WeChat, China’s largest social media platform, as authorities intensified oversight of online content related to sexual orientation and gender identity.
Authorities in 2021 detained the founder of LGBT Rights Advocacy China. They later released them on the condition that he shut down the organization, which ceased operations shortly afterward.
China decriminalized homosexuality in 1997 when it removed consensual same-sex sexual relations from the country’s criminal code. The Chinese Society of Psychiatry in 2001 formally removed homosexuality from its list of mental disorders. Despite those changes, same-sex relationships remain unrecognized under Chinese law, and there are no legal protections against discrimination based on sexual orientation or gender identity. Public advocacy for LGBTQ rights remains tightly restricted, with authorities continuing to limit community organizing, public events and online expression related to sexual minority issues.
Within China’s LGBTQ community, transgender and gender non-conforming people remain among the most vulnerable. Under current regulations, access to gender-affirming surgery is subject to strict requirements, including being at least 18 years old, unmarried, obtaining parental consent and having no criminal record — procedures that are required in order to legally change one’s gender on official documents.
China’s system of online governance places responsibility on both users and platforms to prevent the spread of prohibited content. Social media companies are required to conduct real-name verification, monitor user activity and remove posts that violate regulations, while individuals can be punished for content authorities determine to have caused public misunderstanding or social disruption.
“Actually, at least three similar incidents have occurred in Chengdu recently, all involving netizens posting on social media linking Chengdu with homosexuality, resulting in legal repercussions. This isn’t just about giant pandas. I think the local police’s reaction was somewhat excessive,” said Renn Hao, a Chinese queer activist. “The content was actually praising Chengdu’s inclusivity, and there was no need to punish them with regulations like ‘maliciously spreading false information.’”
“This situation reflects the strict censorship of LGBT related content in the area,” they added. “This censorship makes LGBT-related content increasingly invisible, and people are even more afraid to post or mention it. This not only impacts the LGBTQ+ community in China but also hinders public understanding and awareness of this group.”
National
Federal authorities arrest Don Lemon
Former CNN anchor taken into custody two weeks after Minn. church protest
Federal authorities on Thursday arrested former CNN anchor Don Lemon in Los Angeles.
CNN reported authorities arrested Lemon after 11 p.m. PT while in the lobby of a hotel in Beverly Hills, Calif., while he “was leaving for an event.” Lemon’s lawyer, Abbe Lowell, in a statement said his client was in Los Angeles to cover the Grammy Awards.
Authorities arrested Lemon less than two weeks after he entered Cities Church in St. Paul, Minn., with a group of protesters who confronted a pastor who works for U.S. Immigration and Customs Enforcement. (An ICE agent on Jan. 7 shot and killed Renee Good, a 37-year-old Minneapolis woman who left behind her wife and three children. U.S. Customs and Border Protection agents on Jan. 24 shot and killed Alex Pretti, a 37-year-old nurse who worked for the Department of Veterans Affairs, in Minneapolis.)
Lemon insists he was simply covering the Cities Church protest that interrupted the service. A federal magistrate last week declined to charge the openly gay journalist in connection with the demonstration.
“Don Lemon was taken into custody by federal agents last night in Los Angeles, where he was covering the Grammy awards,” said Lowell in his statement. “Don has been a journalist for 30 years, and his constitutionally protected work in Minneapolis was no different than what he has always done. The First Amendment exists to protect journalists whose role it is to shine light on the truth and hold those in power accountable.”
“Instead of investigating the federal agents who killed two peaceful Minnesota protesters, the Trump Justice Department is devoting its time, attention and resources to this arrest, and that is the real indictment of wrongdoing in this case,” Lowell added. “This unprecedented attack on the First Amendment and transparent attempt to distract attention from the many crises facing this administration will not stand. Don will fight these charges vigorously and thoroughly in court.”
Attorney General Pam Bondi on X confirmed federal agents “at my direction” arrested Lemon and three others — Trahern Jeen Crews, Georgia Fort, and Jamael Lydell Lundy — “in connection with the coordinated attack on Cities Church in St. Paul, Minnesota.”
Fort is also a journalist.
At my direction, early this morning federal agents arrested Don Lemon, Trahern Jeen Crews, Georgia Fort, and Jamael Lydell Lundy, in connection with the coordinated attack on Cities Church in St. Paul, Minnesota.
More details soon.
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 30, 2026
Lemon, who CNN fired in 2023, is expected to appear in court in Los Angeles on Friday.
“Freedom of the press is a cornerstone of a free society; it is the tool by which Americans access the truth and hold power to account. But Donald Trump and Pam Bondi are at war with that freedom — and are threatening the fundamentals of our democracy,” said Human Rights Campaign President Kelley Robinson on Friday in a statement. “Don Lemon and Georgia Fort were doing their jobs as reporters. Arresting them is not law enforcement it is an attack on the Constitution at a moment when truthful reporting on government power has never been more important. These are the actions of a despot, the tactics of a dictator in an authoritarian regime.”
