Connect with us

News

La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile

Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

Published

on

Cristian Aedo Andia, autor de esta fotografía dijo al Washington Blade que “yo estaba protestando a unos metros del lugar cuando vi que alguien iba a subirse a aquel monumento y me encantó que alzara esta bandera gigante, fue inesperado y emotivo. Y sentí unidad, que estamos todos los chilenos unidos en esta causa social”. (Foto de Cristian Aedo Andia)

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.

Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera. 

“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.

La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.

Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.

Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.

“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.

“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment. 

“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.

Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.

Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual. 

“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.

Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”. 

La diputada Pamela Jiles alertó al Blade que “las abuelas de este país no vamos a permitir que Piñera siga matando gente, hiriendo niños, violando hombres y mujeres en las comisarías y particularmente abusando y denigrando a la gente de la diversidad sexual”. (Fotografía cedida por Jiles)

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.

A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.

En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país. 

“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Desde que la diputada Natalia Castillo asumió el cargo se ha caracterizado por defender y promover los derechos de la diversidad sexual y de género chilena. (Fotografía cedida al Washington Blade)

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.

“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

District of Columbia

New queer bar Rush beset by troubles; liquor license suspended

Staff claim they haven’t been paid, turn to GoFundMe as holidays approach

Published

on

Rush (Washington Blade photo by Michael Key)

The D.C. Alcoholic Beverage and Cannabis Board on Dec. 17 issued an order suspending the liquor license for the recently opened LGBTQ bar and nightclub Rush on grounds that it failed to pay a required annual licensing fee.

Rush held its grand opening on Dec. 5 on the second and third floors of a building at 200114 Street, N.W., with its entrance around the corner on U Street next to the existing LGBTQ dance club Bunker. 

It describes itself on its website as offering “art-pop aesthetics, high-energy nights” in a space that “celebrates queer culture without holding back.” It includes a large dance floor and a lounge area with sofas and chairs.

Jackson Mosley, Rush’s principal owner, did not immediately respond to a phone message from the Washington Blade seeking his comment on the license suspension.  

The ABC Board’s order states, “The basis for this Order is that a review of the Board’s official records by the Alcoholic Beverage and Cannabis Administration (ABCA) has determined that the Respondent’s renewal payment check was returned unpaid and alternative payment was not submitted.”

The three-page order adds, “Notwithstanding ABCA’s efforts to notify the Respondent of the renewal payment check return, the Respondent failed to pay the license fee for the period of 2025 to 2026 for its Retailer’s Class CT license. Therefore, the Respondent’s license has been SUSPENDED  until the Respondent pays the license fees and the $50.00 per day fine imposed by the Board for late payment.”

ABCA spokesperson Mary McNamara told the Blade that the check from Rush that was returned without payment was for  $12,687, which she said was based on Rush’s decision to pay the license fee for four years. She said that for Rush to get its liquor license reinstated it must now pay $3,819 for a one-year license fee plus a $100 bounced check fee, a $750 late fee, and $230 transfer fee, at a total of $4,919 due.

Under D.C. law, bars, restaurants and other businesses that normally serve alcoholic beverages can remain open without a city liquor license as long as they do not sell or serve alcohol. 

But D.C. drag performer John Marsh, who performs under the name Cake Pop and who is among the Rush employees, said Rush did not open on Wednesday, Dec. 17, the day the liquor board order was issued. He said that when it first opened, Rush limited its operating days from Wednesday through Sunday and was not open Mondays and Tuesdays. 

Marsh also said none of the Rush employees received what was to be their first monthly salary payment on Dec. 15. He said approximately 20 employees set up a GoFundMe fundraising site to raise money to help sustain them during the holiday period after assuming they will not be paid.

He said he doubted that any of the employees would return to work in the unlikely case that Mosley would attempt to reopen Rush without serving liquor or if he were to pay the licensing fee to allow him to resume serving alcohol without having received their salary payment. 

As if all that were not enough, Mosley would be facing yet another less serious problem related to the Rush policy of not accepting cash payments from customers and only accepting credit card payments. A D.C. law that went into effect Jan. 1, 2025, prohibits retail businesses such as restaurants and bars from not accepting cash payments. 

A spokesperson for the D.C. Department of Licensing and Consumer Protection, which is in charge of enforcing that law, couldn’t immediately be reached to determine what the penalty is for a violation of the law requiring that type of business to accept cash payments.

The employee GoFundMe site, which includes messages from several of the employees, can be accessed here.

Continue Reading

Malaysia

Malaysian police raids spark renewed concern among LGBTQ activists

202 people arrested at men-only venues in Kuala Lumpur on Nov. 28

Published

on

(Image by Flogel/Bigstock)

In the weeks since a Nov. 28 police raid on men-only venues in Kuala Lumpur, queer activists in Malaysia say they have stepped up efforts to coordinate legal assistance for people detained under state Shariah laws. 

Justice for Sisters, Pelangi, and other groups have been providing legal referrals, court monitoring, and emergency support following the arrests, as advocates warn that enforcement targeting LGBTQ communities has intensified.

In Malaysia, a Muslim-majority but multi-ethnic and multi-faith country, consensual same-sex sexual conduct is criminalized under both civil and Islamic law. The federal penal code bans “carnal intercourse against the order of nature,” a provision that applies nationwide, while state-level Shariah laws governing Muslims prohibit same-sex relations and gender nonconformity, including cross-dressing. Together, the dual-track legal system allows authorities to pursue LGBTQ people under parallel civil and religious statutes.

According to Justice for Sisters, 202 people — including venue owners, staff, and customers — were arrested and detained overnight. The organization in a statement said detainees were repeatedly denied access to legal counsel and communication with family members, and that their identities and images were exposed publicly — actions it said led to humiliation and, in some cases, job losses.

According to testimonies collected by Justice for Sisters and several other NGOs, detainees reported multiple procedural violations during the legal process. In a document the group published, detainees said they were not informed of the charges against them, were denied access to legal counsel, and phone communication for hours, and, in the case of foreign nationals, were not given access to embassies or translators. The document also described interrogations that included intrusive questions about sexual practices and orientation, as well as detention conditions in which detainees were repeatedly ordered to sit, stand, and recline without explanation and transported in overcrowded vehicles, with 30 to 40 people placed in trucks designed for far fewer passengers.

Detainees also reported being subjected to degrading treatment while in custody. 

Accounts said detainees were denied access to toilets for extended periods and instructed to urinate into bottles, which were later thrown at them. Some detainees said officers suggested using rubber bands to restrict urination. Detainees also said authorities kept them awake overnight and repeatedly ordered them to sit upright or monitor others to prevent them from sleeping.

“We call on the Malaysian Human Rights Commission (SUHAKAM) and the Ministry of Health (KKM) to immediately launch an independent and unbiased assessment and investigation into the actions of the agencies involved during the raid, detention, and subsequent procedures, after the court rejected the remand extension request on Nov. 29, 2025,” Justice for Sisters said in a statement. “This raid has had a serious impact on public health. Many individuals reported heightened mental distress, including suicidal thoughts and severe psychological stress, affecting their ability to carry out daily activities such as eating, working, sleeping, and accessing medical treatment. When safe-sex tools such as condoms or pre-exposure prophylaxis are used to imply criminal activity, it directly undermines progress in the country’s public health response.”

Justice for Sisters also said law enforcement officers must conduct investigations professionally and fairly, while upholding the presumption that detainees are innocent until proven guilty. The organization in a statement said police must carry out their duties in a manner that preserves public trust and confidence in the justice system.

Rights groups say enforcement actions against LGBTQ gatherings in Malaysia have not been limited to the capital. 

In June 2025, police in the northeastern state of Kelantan raided a private rented property described by authorities as a “gay party,” arresting 20 men, according to state police statements.

According to Reuters, Malaysian law enforcement authorities said they would review their procedures following the November raid. The report cited Kuala Lumpur Police Chief Fadil Marsus as saying that 171 Malaysian nationals were released from custody after authorities found no evidence to prosecute them.

The Washington Blade reached out to the Royal Malaysia Police for comment, but did not receive an immediate response.

“We do not want a situation where raids and arrests are carried out but, in the end, the evidence is inadmissible,” Marsus said, according to Reuters.

As of Dec. 1, all but one of the 37 foreign nationals detained in the raid had been released, with the remaining person held on an immigration-related matter, according to Reuters. Authorities have not publicly disclosed whether they remain in custody.

Continue Reading

The White House

HHS to restrict gender-affirming care for minors

Directive stems from President Donald Trump’s Jan. 28 executive order

Published

on

A protester stands outside Children's National Hospital in Northwest D.C. on Feb. 2, 2025. (Washington Blade photo by Linus Berggren)

The U.S. Department of Health and Human Services announced Thursday that it will pursue regulatory changes that would make gender-affirming healthcare for transgender children more difficult, if not impossible, to access.

The shift in federal healthcare policy stems directly from President Donald Trump’s Jan. 28 executive order, Protecting Children From Chemical and Surgical Mutilation, which formally establishes U.S. opposition to gender-affirming care and pledges to end federal funding for such treatments.

The executive order outlines a broader effort to align HHS with the Trump–Vance administration’s policy goals and executive actions. Those actions include defunding medical institutions that provide gender-affirming care to minors by restricting federal research and education grants, withdrawing the 2022 HHS guidance supporting gender-affirming care, requiring TRICARE and federal employee health plans to exclude coverage for gender-affirming treatments for minors, and directing the Justice Department to prioritize investigations and enforcement related to such care.

HHS has claimed that gender-affirming care can “expose them [children] to irreversible damage, including infertility, impaired sexual function, diminished bone density, altered brain development, and other irreversible physiological effects.” The nation’s health organization published a report in November, saying that evidence on pediatric gender-affirming care is “very uncertain.”

The Centers for Medicare and Medicaid Services is now in the process of proposing new rules that would bar hospitals from performing what the administration describes as sex-rejecting procedures on children under age 18 as a condition of participation in Medicare and Medicaid programs. Nearly all U.S. hospitals participate in Medicare and Medicaid. HHS said that “this action is designed to ensure that the U.S. government will not be in business with organizations that intentionally or unintentionally inflict permanent harm on children.”

Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. released a statement alongside the announcement.

“Under my leadership, and answering President Trump’s call to action, the federal government will do everything in its power to stop unsafe, irreversible practices that put our children at risk,” Kennedy said. “This administration will protect America’s most vulnerable. Our children deserve better — and we are delivering on that promise.”

Those claims stand in direct opposition to the positions of most major medical and healthcare organizations.

The American Medical Association, the nation’s largest and most influential physician organization, has repeatedly opposed measures that restrict access to trans healthcare.

“The AMA supports public and private health insurance coverage for treatment of gender dysphoria and opposes the denial of health insurance based on sexual orientation or gender identity,” a statement on the AMA’s website reads. “Improving access to gender-affirming care is an important means of improving health outcomes for the transgender population.”

Jennifer Levi, senior director of transgender and queer rights at GLBTQ Legal Advocates and Defenders, warned the proposed changes would cause significant harm.

“Parents of transgender children want what all parents want: to see their kids thrive and get the medical care they need. But this administration is putting the government between patients and their doctors. Parents witness every day how their children benefit from this care — care backed by decades of research and endorsed by major medical associations across the country. These proposed rules are not based on medical science. They are based on politics. And if allowed to take effect will serve only to drive up medical costs, harm vulnerable children, and deny families the care their doctors say they need. These rules elevate politics over children — and that is profoundly unAmerican.”

Human Rights Campaign President Kelley Robinson echoed Levi’s sentiments.

“The Trump administration is relentless in denying health care to this country, and especially the transgender community. Families deserve the freedom to go to the doctor and get the care that they need and to have agency over the health and wellbeing of their children,” Robinson said. “But these proposed actions would put Donald Trump and RFK Jr. in those doctor’s offices, ripping health care decisions from the hands of families and putting it in the grips of the anti-LGBTQ+ fringe. Make no mistake: these rules aim to completely cut off medically necessary care from children no matter where in this country they live. It’s the Trump administration dictating who gets their prescription filled and who has their next appointment canceled altogether.

The announcement comes just days after U.S. Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) advanced legislation in Congress that would make it a felony to provide gender-affirming care to a child.

Continue Reading

Popular