Connect with us

News

La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile

Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

Published

on

Cristian Aedo Andia, autor de esta fotografía dijo al Washington Blade que “yo estaba protestando a unos metros del lugar cuando vi que alguien iba a subirse a aquel monumento y me encantó que alzara esta bandera gigante, fue inesperado y emotivo. Y sentí unidad, que estamos todos los chilenos unidos en esta causa social”. (Foto de Cristian Aedo Andia)

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.

Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera. 

“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.

La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.

Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.

Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.

“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.

“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment. 

“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.

Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.

Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual. 

“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.

Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”. 

La diputada Pamela Jiles alertó al Blade que “las abuelas de este país no vamos a permitir que Piñera siga matando gente, hiriendo niños, violando hombres y mujeres en las comisarías y particularmente abusando y denigrando a la gente de la diversidad sexual”. (Fotografía cedida por Jiles)

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.

A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.

En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país. 

“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Desde que la diputada Natalia Castillo asumió el cargo se ha caracterizado por defender y promover los derechos de la diversidad sexual y de género chilena. (Fotografía cedida al Washington Blade)

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.

“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Congress

Advocates say MTG bill threatens trans youth, families, and doctors

The “Protect Children’s Innocence” Act passed in the House

Published

on

U.S. Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) speaks at a press conference on Sept. 20 for her anti-trans legislation. (Washington Blade photo by Michael Key)

Georgia Congresswoman Marjorie Taylor Greene has a long history of targeting the transgender community as part of her political agenda. Now, after announcing her resignation from the U.S. House of Representatives, attempting to take away trans rights may be the last thing she does in her official capacity.

The proposed legislation, dubbed “Protect Children’s Innocence Act” is among the most extreme anti-trans measures to move through Congress. It would put doctors in jail for up to 10 years if they provide gender-affirming care to minors — including prescribing hormone replacement therapy to adolescents or puberty blockers to younger children. The bill also aims to halt gender-affirming surgeries for minors, though those procedures are rare.

Greene herself described the bill on X, saying if passed, “it would make it a Class C felony to trans a child under 18.”

According to KFF, a nonpartisan source for health policy research, polling, and journalism, 27 states have enacted policies limiting youth access to gender-affirming care. Roughly half of all trans youth ages 13–17 live in a state with such restrictions, and 24 states impose professional or legal penalties on health care practitioners who provide that care.

Greene has repeatedly introduced the bill since 2021, the year she entered Congress, but it failed to advance. Now, in exchange for her support for the National Defense Authorization Act, the legislation reached the House floor for the first time.

According to the 19th, U.S. Rep. Sarah McBride (D-Del.), the first trans member of Congress, rebuked Republicans on the Capitol steps Wednesday for advancing anti-trans legislation while allowing Affordable Care Act tax credits to expire — a move expected to raise health care costs for millions of Americans.

“They would rather have us focus in and debate a misunderstood and vulnerable one percent of the population, instead of focusing in on the fact that they are raiding everyone’s health care,” McBride said. “They are obsessed with trans people … they are consumed with this.”

Polling suggests the public largely opposes criminalizing gender-affirming care.

A recent survey by the Human Rights Campaign and Global Strategy Group found that 73 percent of voters in U.S. House battleground districts oppose laws that would jail doctors or parents for providing transition-related care. Additionally, 77 percent oppose forcing trans people off medically recommended medication. Nearly seven in 10 Americans said politicians are not informed enough to make decisions about medical care for trans youth.

The bill passed the House and now heads to the U.S. Senate for further consideration.

According to reporting by Erin Reed of Erin In The Morning, three Democrats — U.S. Reps. Henry Cuellar and Vicente Gonzalez of Texas and Don Davis of North Carolina — crossed party lines to vote in favor of the felony ban, joining 213 Republicans. A total of 207 Democrats voted against the bill, while three lawmakers from both parties abstained.

Advocates and lawmakers warned the bill is dangerous and unprecedented during a multi-organizational press call Tuesday. Leaders from the Human Rights Campaign and the Trevor Project joined U.S. Rep. Becca Balint (D-Vt.), Dr. Kenneth Haller, and parents of trans youth to discuss the potential impact of restrictive policies like Greene’s — particularly in contrast to President Donald Trump’s leniency toward certain criminals, with more than 1,500 pardons issued this year.

“Our MAGA GOP government has pardoned drug traffickers. They’ve pardoned people who tried to overthrow the government on January 6, but now they want to put pediatricians and parents into a jail cell for caring for their kids,” said Human Rights Campaign President Kelley Robinson. “No one asked for Marjorie Taylor Greene or Dan Crenshaw or any politician to be in their doctor’s office, and they should mind their own business.”

Balint, co-chair of the Congressional Equality Caucus, questioned why medical decisions are being made by lawmakers with no clinical expertise.

“Parents and doctors already have to worry about state laws banning care for their kids, and this bill would introduce the risk of federal criminal prosecution,” Balint said. “We’re talking about jail time. We’re talking about locking people up for basic medical care, care that is evidence-based, age-appropriate and life-saving.”

“These are decisions that should be made by doctors and parents and those kids that need this gender-affirming care, not certainly by Marjorie Taylor Greene.”

Haller, an emeritus professor of pediatrics at St. Louis University School of Medicine, described the legislation as rooted in ideology rather than medicine.

“It is not science, it is just blind ideology,” Haller said.

“The doctor tells you that as parents, as well as the doctor themselves, could be convicted of a felony and be sentenced up to 10 years in prison just for pursuing a course of action that will give your child their only chance for a happy and healthy future,” he added. “It is not in the state’s best interests, and certainly not in the interests of us, the citizens of this country, to interfere with medical decisions that people make about their own bodies and their own lives.”

Haller’s sentiment is echoed by doctors across the country.

The American Medical Association, the nation’s largest organization that represents doctors across the country in various parts of medicine has a longstanding support for gender-affirming care.

“The AMA supports public and private health insurance coverage for treatment of gender dysphoria and opposes the denial of health insurance based on sexual orientation or gender identity,” their website reads.

Rodrigo Heng-Lehtinen, senior vice president of public engagement campaigns at the Trevor Project, agreed.

“In Marjorie Taylor Greene’s bill [it] even goes so far as to criminalize and throw a parent in jail for this,” Heng-Lehtinen said. “Medical decisions should be between patients, families, and their doctors.”

Rachel Gonzalez, a parent of a transgender teen and LGBTQ advocate, said the bill would harm families trying to act in their children’s best interests.

“No politician should be in any doctor’s office or in our living room making private health care decisions — especially not Marjorie Taylor Greene,” Gonzalez said. “My daughter and no trans youth should ever be used as a political pawn.”

Other LGBTQ rights activists also condemned the legislation.

Tyler Hack, executive director of the Christopher Street Project, called the bill “an abominable attack on the transgender community.”

“Marjorie Taylor Greene’s last-ditch effort to bring her 3-times failed bill to a vote is an abominable attack on the transgender community and further cements a Congressional career defined by hate and bigotry,” they said. “We are counting down the days until she’s off Capitol Hill — but as the bill goes to the floor this week, our leaders must stand up one last time to her BS and protect the safety of queer kids and medical providers. Full stop.”

Hack added that “healthcare is a right, not a privilege” in the U.S., and this attack on trans healthcare is an attack on queer rights altogether. 

“Marjorie Taylor Greene has no place in deciding what care is necessary,” Hack added. “This is another attempt to legislate trans and queer people out of existence while peddling an agenda rooted in pseudoscience and extremism.”

U.S. Rep. Mark Takano (D-Calif.), chair of the Congressional Equality Caucus, also denounced the legislation.

“This bill is the most extreme anti-transgender legislation to ever pass through the House of Representatives and a direct attack on the rights of parents to work with their children and their doctors to provide them with the medical care they need,” Takano said. “This bill is beyond cruel and its passage will forever be a stain on the institution of the United States Congress.”

The bill is unlikely to advance in the Senate, where it would need 60 votes to pass.

Continue Reading

The White House

EXCLUSIVE: Democracy Forward files FOIA lawsuit after HHS deadnames Rachel Levine

Trans former assistant health secretary’s name changed on official portrait

Published

on

Adm. Rachel Levine (Washington Blade photo by Michael Key)

Democracy Forward, a national legal organization that works to advance democracy and social progress through litigation, policy and public education, and regulatory engagement, filed a lawsuit Friday in federal court seeking to compel the U.S. Department of Health and Human Services to release information related to the alteration of former Assistant Secretary for Health Adm. Rachel Levine’s official portrait caption.

The lawsuit comes in response to the slow pace of HHS’s handling of multiple Freedom of Information Act requests — requests that federal law requires agencies to respond to within 20 working days. While responses can take longer due to backlogs, high request volumes, or the need for extensive searches or consultations, Democracy Forward says HHS has failed to provide any substantive response.

Democracy Forward’s four unanswered FOIA requests, and the subsequent lawsuit against HHS, come days after someone in the Trump-Vance administration changed Levine’s official portrait in the Hubert H. Humphrey Building to display her deadname — the name she used before transitioning and has not used since 2011.

According to Democracy Forward, HHS “refused to release any records related to its morally wrong and offensive effort to alter former Assistant Secretary for Health Admiral Rachel Levine’s official portrait caption.” Levine was the highest-ranking openly transgender government official in U.S. history and served as assistant secretary for health and as an admiral in the U.S. Public Health Service Commissioned Corps from 2021 to 2025.

Democracy Forward President Skye Perryman spoke about the need to hold the Trump-Vance administration accountable for every official action, especially those that harm some of the most targeted Americans, including trans people.

“The question every American should be asking remains: what is the Trump-Vance administration hiding? For an administration that touts its anti-transgender animus and behavior so publicly, its stonewalling and silence when it comes to the people’s right to see public records about who was behind this decision is deafening,” Perryman said.

“The government’s obligation of transparency doesn’t disappear because the information sought relates to a trailblazing former federal official who is transgender. It’s not complicated — the public is entitled to know who is making decisions — especially decisions that seek to alter facts and reality, erase the identity of a person, and affect the nation’s commitment to civil rights and human dignity.”

“HHS’s refusal to respond to these lawful requests raises more serious concerns about transparency and accountability,” Perryman added. “The public has every right to demand answers — to know who is behind this hateful act — and we are going to court to get them.”

The lawsuit also raises questions about whether the alteration violated federal accuracy and privacy requirements governing Levine’s name, and whether the agency improperly classified the change as an “excepted activity” during a lapse in appropriations. By failing to make any determination or produce any records, Democracy Forward argues, HHS has violated its obligations under federal law.

The case, Democracy Forward Foundation v. U.S. Department of Health and Human Services, was filed in the U.S. District Court for the District of Columbia. The legal team includes Anisha Hindocha, Daniel McGrath, and Robin Thurston.

The Washington Blade reached out to HHS, but has not received any comment.

The lawsuit and four FOIA requests are below:

Continue Reading

The White House

Empty seats, canceled shows plague Kennedy Center ahead of Trump renaming

It would take an act of Congress to officially rename the historic music venue, despite the Trump-appointed board’s decision.

Published

on

Protesters march in defiance of the changes to the Kennedy Center following Trump's takeover in March. (Washington Blade Photo by Michael Key)

The board of the Kennedy Center in Washington, D.C., voted to rename it the Trump-Kennedy Center, according to the White House Press Office.

White House Press Secretary Karoline Leavitt announced the decision in a post on X Thursday, thanking the president for his work on the cultural center “not only from the standpoint of its reconstruction, but also financially, and its reputation.”

Speaking to reporters later that day at the White House, Trump said he was “surprised” and “honored” by the board’s vote.

“This was brought up by one of the very distinguished board members, and they voted on it, and there’s a lot of board members, and they voted unanimously. So I was very honored,” he said.

Earlier this year, GOP Rep. Mike Simpson of Idaho introduced an amendment that would have renamed the building after first lady Melania Trump, later saying she had not been aware of his efforts prior to the amendment’s public introduction.

Despite the board’s vote (made up of Trump-appointed loyalists), the original laws guiding the creation of the Kennedy Center during the Eisenhower, Kennedy, and Johnson administrations explicitly prohibit renaming the building. Any change to its name would require an act of Congress.

Trump has exerted increasing control over the center in recent months. In February, he abruptly fired members of the Kennedy Center’s board and installed himself as chair, writing in a Truth Social post at the time, “At my direction, we are going to make the Kennedy Center in Washington D.C., GREAT AGAIN.”

In that post, Trump specifically cited his disapproval of the center’s decision to host drag shows.

He later secured more than $250 million from the Republican-controlled Congress for renovations to the building.

Since Trump’s takeover, sales of subscription packages are said to have declined, and several touring productions — including “Hamilton” — have canceled planned runs at the venue. Rows of empty seats have also been visible in the Concert Hall during performances by the National Symphony Orchestra.

“The Kennedy Center Board has no authority to actually rename the Kennedy Center in the absence of legislative action,” House Minority Leader Hakeem Jeffries told reporters.

For decades, the Kennedy Center has hosted performances by LGBTQ artists and companies, including openly queer musicians, choreographers, and playwrights whose work helped push LGBTQ stories into the cultural mainstream. Those artists include the Gay Men’s Chorus of Washington, Harvey Fierstein, and Tennessee Williams.

In more recent years, the center has increasingly served as a space for LGBTQ visibility and acceptance, particularly through Pride-adjacent programming and partnerships.

That legacy was on display at this year’s opening production of Les Misérables, when four drag performers — Tara Hoot, Vagenesis, Mari Con Carne, and King Ricky Rosé — attended in representation of Qommittee, a volunteer network uniting drag artists to support and defend one another amid growing conservative attacks.

“We walked in together so we would have an opportunity to get a response,” said Tara Hoot, who has performed at the Kennedy Center in full drag before. “It was all applause, cheers, and whistles, and remarkably it was half empty. I think that was season ticket holders kind of making their message in a different way.”

The creation of the Kennedy Center is outlined in U.S. Code, which formally designates the institution as the John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

As a result, it appears unlikely that Congress will come together to pass legislation allowing the historic venue to be renamed.

Continue Reading

Popular