News
La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile
Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.
Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera.
“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.
La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.
Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.
Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.
“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.
“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment.
“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.
Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.
Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual.
“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.
Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”.

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.
A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.
En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país.
“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.
“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.
Cuba
When impunity meets history
Raúl Castro indicted for alleged role in shooting down Brothers to the Rescue aircraft
The scene would have seemed impossible only a few years ago.
The name of Raúl Castro Ruz appearing formally inside a United States federal criminal indictment. Cuba’s former general of the Army, for decades one of the most powerful figures inside the Havana regime, accused in connection with the shootdown of the Brothers to the Rescue aircraft and the deaths of American citizens in 1996. And all of it unfolding in Miami, inside the Freedom Tower, on May 20.
That detail matters.
Because this indictment arrives at one of the most fragile and politically tense moments in recent relations between Washington and Havana. It comes as Cuba faces deep economic collapse, growing political exhaustion, mass migration, blackouts, and increasing public frustration both inside and outside the island. It also arrives on a date carrying enormous symbolic weight for Cuban exiles — the anniversary of the founding of the Cuban Republic in 1902.
But the true significance of this moment goes far beyond symbolism.
What happened in Miami represents something much larger: the collapse of the idea that certain men would never face accountability.
For decades, Raúl Castro embodied the permanence of revolutionary power in Cuba. Defense minister. Military strategist. The man who oversaw the armed forces for generations. One of the central architects of the Cuban political and security apparatus built alongside Fidel Castro. A figure many believed would leave this world untouched by any court, shielded forever by power, time, and history itself.
Today the image is very different.
Today his name appears inside the language of American criminal prosecution.
And that changes the historical dimension of this case completely.
Because this is no longer simply a political accusation voiced by the Cuban exile community. It is now a formal federal criminal indictment publicly announced by the United States government against one of the highest-ranking figures in the history of the Cuban regime.
The setting itself carried enormous meaning.
The Freedom Tower is not just another building in Miami. For generations of Cuban exiles it represents memory, displacement, survival, and the beginning of a new life after fleeing Cuba. Thousands of Cubans passed through those doors after escaping the revolution. Families arrived carrying fear, uncertainty, grief, and hope all at once. Announcing these charges from that location transformed the moment into something far deeper than a legal proceeding.
And the people witnessing it were not only members of the exile community.
Among those present were relatives of the young men killed nearly 30 years ago. Families who spent decades waiting to hear words they feared might never come. Families who carried the weight of loss while believing the men responsible would never be formally accused by any court.
That emotional weight still surrounds this case.
On Feb. 24, 1996, two civilian aircraft operated by Brothers to the Rescue were shot down over the Florida Straits by Cuban military jets. Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña, and Pablo Morales were killed. The flights were connected to humanitarian rescue efforts searching for Cubans attempting to flee the island during the migration crisis of the 1990s.
Those aircraft were not military bombers.
They were not attacking Cuba.
They were civilian planes associated with rescue operations involving Cubans risking their lives at sea.
That reality has always shaped how this tragedy lives inside the memory of the Cuban exile community.
For many, this was never viewed simply as a geopolitical conflict between hostile governments. It was seen as the use of military force against civilians connected to humanitarian missions during one of the darkest chapters in modern Cuban migration history.
But for many Cubans, the indictment reaches far beyond the Brothers to the Rescue case itself.
It touches decades of unresolved pain tied to one of the central figures behind Cuba’s military and political system.
It reaches mothers who buried sons lost in compulsory military service or in distant wars they never chose to fight. Families who spent years believing promises that were never fulfilled. Political prisoners who disappeared into silence. Relatives who watched loved ones die trying to flee the island.
And for many LGBTQ Cubans, the moment carries another layer of historical weight.
Long before official campaigns promoting tolerance and inclusion emerged from within the Cuban government, there were years of persecution, fear, forced silence, and humiliation carried out under the revolutionary system itself.
The UMAP labor camps remain one of the deepest scars in modern Cuban history. Gay men, pastors, religious believers, artists, and others considered incompatible with the revolutionary ideal were sent away under the language of “re-education” and forced labor.
In recent decades, public gestures toward LGBTQ inclusion promoted by figures close to the Cuban leadership attempted to project an image of progress and openness to the international community. But for many survivors, and for many Cuban LGBTQ people, those gestures never erased the trauma or the historical responsibility tied to the same structures of power that once persecuted them.
For many, acknowledgment without accountability still feels painfully incomplete.
That is why this indictment resonates so deeply today.
Because it arrives while Cuba once again faces profound national crisis. The island is losing entire generations through migration. Public frustration continues to grow. Economic collapse shapes daily life. And the revolutionary narrative that once projected permanence and control appears increasingly eroded by reality itself.
Against that backdrop, the image emerging from Miami becomes even more striking.
A man once viewed as untouchable by history now formally accused by the United States government and legally transformed into a fugitive wanted by American justice.
History moves slowly until suddenly it does not.
And for many Cubans, both on the island and throughout the diaspora, what happened today inside the Freedom Tower felt like witnessing something they once believed they would never live long enough to see.
As a Cuban, as an immigrant, and as someone who has lived close to that pain, one thought keeps returning tonight:
Justice takes time.
But when it finally arrives, it arrives with history behind it.
The Comings & Goings column is about sharing the professional successes of our community. We want to recognize those landing new jobs, new clients for their business, joining boards of organizations and other achievements. Please share your successes with us at [email protected].
Congratulations to Peter Schott on being honored by Delaware Gov. Matt Meyer on National Honor our LGBTQ Elders Day.
Schott is a prominent LGBTQ advocate and seasoned political strategist who has spent decades advancing civil rights at the national and state levels. Following a distinguished 25-year career as a staff assistant in the U.S. House of Representatives, Schott leveraged his extensive legislative expertise to help organize the National Stonewall Democrats, serving as an influential member of its national board.
After moving to Delaware in 2002, he became a foundational figure in the state’s LGBTQ political landscape, co-founding the Delaware Stonewall PAC, (now Stonewall Delaware) to champion the election of pro-equality candidates. His strategic lobbying and community organizing were instrumental in the successful passage of Delaware’s landmark non-discrimination, civil union, and marriage equality laws. A former member of the State Human Relations Commission, he remains a vital voice for the LGBTQ community in the Mid-Atlantic, continuing to document and drive social progress through his activism and writing. Schott currently serves as vice chair of the Delaware Democratic Pride Caucus, and a board member of Speak Out Against Hate (SOAH). He was a delegate to two Democratic National Conventions.
He earned a bachelor’s degree in Political Science, New York University; and a master’s of Public Administration degree from American University.
Congress
Eight Democrats break with party as House advances ‘Don’t Say Trans’ bill
Measure not expected to pass in Senate
The U.S. House of Representatives passed a federal “Don’t Say Trans” bill on Wednesday, attempting to force teachers to out transgender students nationwide.
The bill, House Resolution 2616, also called the “Stopping Indoctrination and Protecting Kids Act,” would require schools to get parental consent before allowing students to use their preferred, rather than originally assigned, gender markers, pronouns, or preferred name on any school form, and to use any sex-based accommodations, including locker rooms or bathrooms.
The bill amends Section 8526 of the Elementary and Secondary Education Act of 1965, legislation that allows for federal aid to help elementary and secondary education programs — particularly those under its lowest-income Title I-A program — to stop allocating funds to any education that teaches concepts “related to gender ideology.”
This is directly related to Executive Order 14168, also known as the “Defending Women From Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government” order, one of President Donald Trump’s first executive orders of his second term. It requires the federal government to recognize only sex assigned at birth and dismiss gender identity rather than sex.
The bill was sponsored by U.S. Rep. Tim Walberg (R-Mich.) and passed by a 217-198 margin. The vote fell mostly along party lines; however, eight Democrats voted for its passage. They were U.S. Reps. Henry Cuellar (D-Texas), Donald Davis (D-N.C.), Cleo Fields (D-La.), Laura Gillen (D-N.Y.), Vicente Gonzalez (D-Texas), Marcy Kaptur (D-Ohio), Marie Gluesenkamp Perez (D-Wash.), and Eugene Vindman (D-Va.).
Proponents of the bill argue a child’s gender identity should be directed by parents at home rather than in public schools.
Critics say this is dangerous and will force students to be outed by their teachers to parents — some of whom may not be supportive of their gender identity — which could lead to violence or possibly conversion therapy.
California Congressman Mark Takano, chair of the Congressional Equality Caucus, spoke on the House floor while the bill was being debated.
“Republicans claim to be the party of small government, but they have no problem bringing the full force of the federal government down against children. The GOP thinks they can legislate transgender people out of existence with this inhumane Don’t Say Trans bill, but all they’re doing is making life worse for a small minority of already-vulnerable children,” Takano said. “I spent 24 years as an educator where I worked with hundreds of high school students and their parents. Most children go to their parents when they need help or are struggling — including transgender children — but not all parents are accepting. The forced outing provision of this bill puts teachers in an impossible situation by requiring them to out trans kids to their parents in certain situations — even if the teacher knows the student will likely face physical abuse. Students like these are who Republicans want to put in immediate physical danger with this bill.”
The Washington Blade talked to Tyler Heck, founder and executive director of the trans advocacy organization and Christopher Street Project PAC, following the bill’s passage.
“Most queer kids go to their families when they are figuring out who they are, and then not all queer kids have that option,” Heck told the Blade. “If this became law, it would harm those already vulnerable kids who rely on school as a safe place and might not have a safe place at home.”
They explained this is not about protecting parents’ rights to know what is going on with their children, but rather the weaponization of trans identity that has become a mainstream Republican ideal pushed by the Trump-Vance administration.
“Young people deserve the space to figure out who they are without the federal government interfering in their lives,” they said. “It is beyond the pale, or rather it should be beyond the pale, and has become a norm for Republicans in Congress to villainize kids, because I mean, this bill targets kids, it’s in the name of the bill, and it’s in the implications.”
Heck continued, saying that amid the rising cost of everyday necessities — from gas to groceries — and while the Trump-Vance administration continues to defund programs intended to help the most vulnerable Americans while creating slush funds for political allies, this is not what Congress should be focusing on.
“At a time when people are really struggling, and politicians need to be focused on lowering costs, they’re using queer and trans kids as political pawns,” Heck said. “They want to divide and conquer this country, and we need to stand up against them and unite behind values of inclusion and of trust in our teachers.”
David Stacy, the Human Rights Campaign’s vice president of government affairs, provided a statement to the Blade.
“Trans kids are not a political agenda — they are students who deserve safety and affirmation at school like anyone else,” Stacy said. “Despite the many pressing issues facing our nation, House Republicans continue their bizarre obsession with trans people. HR 2616 does not protect children. It targets them. This bill is cruel, and we’ll continue to fight to ensure it never becomes law.”
The bill will move to the U.S. Senate in the coming days and weeks, but it must first be reviewed by a Senate committee before leadership schedules it for a floor vote, where it will need 60 votes to pass.
-
Vermont4 days agoVt. lawmaker equates transgender identity with bestiality
-
National5 days agoBREAKING NEWS: Barney Frank dies at 86
-
Wyoming4 days agoU.S. attorney nominee confirmed despite anti-LGBTQ history, no trial experience
-
a&e features4 days agoGay Men’s Chorus celebrates 45 years at annual gala
