Connect with us

News

La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile

Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

Published

on

Cristian Aedo Andia, autor de esta fotografía dijo al Washington Blade que “yo estaba protestando a unos metros del lugar cuando vi que alguien iba a subirse a aquel monumento y me encantó que alzara esta bandera gigante, fue inesperado y emotivo. Y sentí unidad, que estamos todos los chilenos unidos en esta causa social”. (Foto de Cristian Aedo Andia)

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.

Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera. 

“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.

La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.

Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.

Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.

“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.

“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment. 

“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.

Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.

Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual. 

“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.

Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”. 

La diputada Pamela Jiles alertó al Blade que “las abuelas de este país no vamos a permitir que Piñera siga matando gente, hiriendo niños, violando hombres y mujeres en las comisarías y particularmente abusando y denigrando a la gente de la diversidad sexual”. (Fotografía cedida por Jiles)

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.

A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.

En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país. 

“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Desde que la diputada Natalia Castillo asumió el cargo se ha caracterizado por defender y promover los derechos de la diversidad sexual y de género chilena. (Fotografía cedida al Washington Blade)

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.

“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

District of Columbia

Police mental health struggles gain growing attention

‘My body begins to manifest physically, through depression, stress’

Published

on

Scott Silverii (Photo courtesy of Scott Silverii)

When Scott Silverii began his career as a police officer, he faced daily exposure to traumatic incidents with little guidance or support, particularly in distressed neighborhoods where officers were expected to respond decisively under pressure.

“When I started, the only thing they offered was to suck it up and get over it,” Silverii said. “Any indication that you were hurt meant that you were weak, and if you were weak, it meant you could not be trusted.”

Years later, when Silverii became a police chief, he chose a different approach. Rather than reinforcing silence around trauma, he made mental health support a visible part of his leadership.

“In every critical incident that we had, I would bring the critical incident stress debriefing team in — and I would participate in it,” Silverii said. “I wanted to promote it from the top. That’s what it’s going to continue to take to change the culture.”

Silverii’s experience reflects a broader reality in law enforcement. Across the country, police officers face ongoing mental health challenges linked to repeated exposure to violent crime scenes, fatal accidents, and human suffering — experiences that most civilians never encounter. Long shifts and the responsibility of protecting the public have long been documented to further intensify emotional strain, particularly when officers fear making mistakes with serious consequences. 

Silverii, former Thibodaux, La., chief of police and current National Law Enforcement Initiative Manager at Mothers Against Drunk Driving (MADD), said coping mechanisms in the past were often unhealthy. 

“A lot of officers, they would drink — sometimes prescription drug use, just different ways,” of coping, he said. Today, he said, the trauma can linger long after an incident: “…you become affected by the trauma. It doesn’t have to happen to you. But when officers respond to a crash, you’re involved… You carry this trauma.” 

In some cases, he says, the impact resurfaces every year. “My body begins to manifest physically, through depression, through stress… once I realize it’s the anniversary, I can start dealing with it,” he said.

For decades, police culture discouraged officers from seeking mental health support, often treating emotional distress as a weakness rather than an occupational hazard. In recent years, however, departments have begun expanding access to counseling, peer-support programs, and crisis-intervention training.

In Baltimore, a shift in police culture is tackling the long-standing “shrug it off” mentality toward officer mental health. The Baltimore Police Department’s Officer Safety and Wellness Section, started in 2018, changed how the agency handles trauma, depression, and substance abuse by treating these issues as medical needs rather than disciplinary failures. 

A core component of the program is its confidential alcohol addiction treatment, which has seen more than 250 officers voluntarily sign themselves in without fear of termination. This proactive approach has led to a dramatic drop in internal interventions — falling from 250 in 2018 to 48 in 2024 — alongside a decrease in citizen complaints and use-of-force incidents. 

The need for such programs is underscored by national data from the Police1 2024 State of the Industry report, which found that 76% of officers cite a lack of time due to heavy workloads as the primary barrier to maintaining their health.  More than 50% of respondents report that a significant stigma still surrounds seeking mental health services. Perhaps most telling — 12% of officers nationwide report having no access to mental health resources at all, and 33% have considered calling themselves out of service due to emotional distress or exhaustion.

Chris Asplen, executive director of the National Criminal Justice Association, is a former Washington prosecutor who handled child abuse and other high-stakes cases. He said the emotional weight of the work eventually led him to step away after becoming a parent.

“It became too mentally and emotionally difficult after I had my own child,” Asplen said.

Asplen said his understanding of trauma was also shaped in part by his upbringing. Raised by a parent who struggled with mental illness, he described growing up feeling overlooked. “My father’s mental health issues made me essentially invisible to him,” he said — an experience that later informed how he approached victims in the justice system.

Asplen also pointed to disparities in how mental health crises are handled. His family’s middle-class background, he said, afforded protections and support not available to many others. “Mental health issues for people who are not white and middle class are often treated as criminal matters,” he said.

Experts warn that when mental health challenges go unaddressed, they can affect officers’ judgment, job performance, and interactions with the public. In response, lawmakers and communities have begun exploring preventive approaches. In 2023, Congress passed the De-escalation Act, providing funding for training focused on crisis response, de-escalation, and officer wellness.

In addition to legislative efforts, some communities are turning to violence intervention programs aimed at reducing harm before police are required to respond. One such organization, Roca, was founded in Massachusetts in 1988 and has operated in Baltimore since 2018.  According to the organization’s impact data, 87% of its participants have had no new incarcerations after entering the program for at least 24 months. 

Police officers in Baltimore and several other cities have been trained by Roca’s nonprofit coaching arm, the Roca Impact Institute, to use cognitive behavioral therapy (CBT) to regulate their emotions and understand the impact of trauma on officers and community members. The training reduced stress, loss of temper and use of force incidents, according to the institute.  

A 2024 report by the D.C. Office of the Attorney General showed the city’s violence intervention program’s efforts contributed to an 18% decrease in shootings and a 26% decrease in gun homicides across its target neighborhoods in 2023. Based on the national Cure Violence Global model, the programs treat violence as a public health epidemic through the use of what it calls “credible messengers” to de-escalate conflicts.

But a Washington Post investigation published Feb. 3 found excessive spending that City Administrator Kevin Donahue called a “completely inappropriate use of public money.” A week later, the publication reported that two DC violence interrupters were charged with murder in the death of a Baltimore man in a DC nightclub in 2023.  

When done correctly, these programs can offer a secondary benefit by reducing the volume of high-stress calls handled by law enforcement. Advocates say such approaches can lessen the emotional toll on officers by preventing traumatic encounters altogether. 

“If we can reduce the amount of trauma that occurs at the scene,” Asplen said, “then we’re a lot further along.”

(Carl Barbett is a senior at Bard High School Early College DC, one of Youthcast Media Group’s journalism class partners. This story was produced under the mentorship of Edith Mwangi, a Kenyan multimedia journalist based in D.C. with a background in international reporting and politics.)

Continue Reading

South Carolina

Man faces first S.C. ‘hate intimidation’ charge 

Timothy Truett allegedly shot at gay club in Myrtle Beach on April 1

Published

on

The South Carolina flag waving over the state. (Washington Blade Photo by Michael K. Lavers)

A South Carolina man remains in custody on a more than $300,000 bond after he allegedly opened fire at a Myrtle Beach nightclub on April 1, according to WMBF.

Reports say 37-year-old Timothy James Truett Jr., of Clover, S.C., was detained by the Myrtle Beach Police Department after the April 1 incident outside Pulse Ultra Club. He was later arrested and charged with possession of a weapon during a violent crime, discharging a firearm into a dwelling, discharging a firearm within city limits, malicious injury to real property valued over $5,000, and assault or intimidation due to political opinions or the exercise of civil rights.

At 10:57 a.m. on April 1, officers responded to a call about a possible shooting at Pulse Ultra Club, located in the 2700 block of South Kings Highway.

In an affidavit released later, the club’s owner, Ken Phillips, said he was doing paperwork that morning when he heard “five or six” gunshots. He went outside and found a window and the windshield of his SUV shattered by bullets. An SUV with blue plastic covering one window was left at the scene.

Police later reviewed footage that showed a silver vehicle stopping in the middle of the road. The video appeared to capture muzzle flashes coming from the passenger-side window.

According to the affidavit, an officer later pulled over a vehicle driven by Truett and found spent shell casings in the back seat, along with a gun.

Documents do not detail why Truett was ultimately charged under the state law covering assault or intimidation tied to political opinions or the exercise of civil rights.

As of April 1, records show Truett is being held in Horry County on a combined bond of more than $312,000.

WMBF spoke with Phillips after the incident and asked whether there was any prior conflict that might have led to the shooting.

“I don’t know if it’s personal, I don’t know if it’s related to being gay, I don’t know if it’s related to the bar issues,” Phillips told WMBF. “Anybody with a mindset of pulling out a weapon in broad daylight is not right.”

“My primary concern has and always will be the safety of my community and my customers,” he added. “It’s given me great concern … as to how far people will go.”

WMBF also spoke with Adam Hayes, vice chair of Myrtle Beach’s Human Rights Coalition, who was involved in pushing for the ordinance. He said that while the incident itself is troubling, it shows the policy is being put to use.

The ordinance is intended to deter “crimes that are motivated by bias or hate towards any person or persons, in whole or in part, because of the actual or perceived” identity, in the absence of a statewide hate crime law.

“It’s nice to see that something we put into policy is not just a piece of paper, that it’s actually being used,” said Hayes.

He said the shooting underscores the need for a statewide hate crime law in South Carolina and added that the incident has left the local LGBTQ community shaken.

South Carolina and Wyoming are the only two states in the U.S. without a comprehensive statewide hate crime law.

Truett remains in jail as of publication.

Continue Reading

The White House

Trump budget would codify expanded global gag rule

Funding for LGBTQ health programs around the world would also be cut

Published

on

Health GAP Executive Director Asia Russell speaks at a World AIDS Day protest near the White House on Dec. 1, 2025. The Trump-Vance administration's proposed 2027 budget would codify the expanded global gag rule. (Washington Blade photo by Michael Key)

The Trump-Vance administration’s fiscal year 2027 budget would codify the expanded global gag rule and eliminate funding for LGBTQ-specific programs in global health initiatives.

“The budget would ensure no funding supports abortion, unfettered access to birth control, and also eliminates funding for circumcision and lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer services to better focus funds on life-saving assistance,” reads the proposed budget the White House released on April 3. “The United States should not pay for the world’s birth control and therapy.”

The proposed budget includes four examples of “eliminated activities.”

  • In the last administration, PEPFAR funded health workers who performed over 21 abortions in Mozambique
  • Promoting reproductive health education and access to birth control and other harmful programs couched under ‘family planning’ in Ghana
  • A supply chain “control tower” to provide a “holistic commercial of the shelf solution” on the Office of Population and Reproductive Health (PRH)
  • Promoting health equity and providing condoms and contraception in Kenya.

President Ronald Reagan in 1985 implemented the global gag rule, also known as the “Mexico City” policy, which bans U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services.

Trump reinstated the rule during his first administration. The Biden-Harris administration shortly after it took office in January 2021 rescinded it.

The Trump-Vance White House earlier this year expanded the global gag rule to ban U.S. foreign aid for groups that promote “gender ideology.” The expansion took effect on Feb. 26.

US funding cuts have devastated global LGBTQ rights movement

The Trump-Vance administration after it took office in January 2025 moved to dismantle the U.S. Agency for International Development, which funded LGBTQ and intersex rights groups around the world. USAID officially shut down on July 1, 2025.

Secretary of State Marco Rubio in March 2025 announced the State Department would administer the 17 percent of USAID contracts that had not been cancelled. Rubio issued a waiver that allowed PEPFAR and other “life-saving humanitarian assistance” programs to continue to operate during the U.S. foreign aid freeze the White House announced shortly after it took office.

The global LGBTQ and intersex rights movement has lost more than an estimated $50 million in funding because of these cuts. The Washington Blade has previously reported PEPFAR-funded programs in Kenya and other African countries have been forced to suspend services and even shut down.

The Trump-Vance administration has signed healthcare-specific agreements with Kenya, Uganda, and other African countries through its American First Global Health Strategy. Advocacy groups with whom the Blade has spoken have expressed concern these partnerships will result in further exclusion and government-sanctioned discrimination based on sexual orientation or gender identity.

The proposed fiscal year 2027 budget includes $5.1 billion for “global health to end the previous administration’s abuse of these programs and to execute (the State Department’s) newly released America First Global Health Strategy.” This figure represents a $4.3 billion cut from the previous year.

“The president’s new vision of bilateral health assistance eliminates bloated Beltway Bandit contracts, does more with fewer dollars, and transitions recipient countries to self-reliance,” reads the proposed budget. “The budget would also eliminate disease-specific accounts and provide the department crucial agility to address the actual needs of each recipient country — across HIV/AIDS and other infectious diseases such as malaria, tuberculosis, and polio — to strengthen global health security and protect Americans from disease.”

“The budget would focus on new compacts that unify funding, achieving economies of scale in both implementation and oversight,” it adds. “Under the prior administration, only about 40 percent of PEPFAR funds supported actual service delivery, including medications, testing, commodities, and health workers, with the remaining 60 percent wasted on duplicative administrative costs, unwieldy supply chains, and layers of endless bureaucracy. The new AFGHS (America First Global Health Strategy) compacts would improve efficiency, cut red tape, and dismantle the bloated ecosystem of foreign assistance profiteers.”

The Council for Global Equality on April 3 reiterated its criticism of the expanded global gag rule, and urged Congress to reject the proposed budget.

“We won’t mince words: people are dying because of this policy,” said the Council for Global Equality in a statement. “Making this policy permanent will only ensure that U.S. foreign assistance discriminates against those who need services the most, all while forcing people around the world to adhere to the Trump administration’s extremist, ideological agenda that denies the very existence of transgender, nonbinary, and intersex persons.”

“We will not be silent as Trump threatens to upend decades of bipartisan foreign assistance programs to appease his extremist base,” added the group. “We call on Congress to immediately reject this budget and block implementation of the expanded global gag rules.”

Continue Reading

Popular