News
La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile
Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.
Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera.
“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.
La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.
Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.
Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.
“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.
“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment.
“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.
Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.
Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual.
“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.
Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”.

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.
A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.
En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país.
“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.
“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.
Ukraine
Ukrainian MPs advance new Civil Code without protections for same-sex couples
Advocacy groups say proposal would ‘contradict European standards’
Ukrainian lawmakers have advanced a proposed new Civil Code that does not contain legal protections for same-sex couples.
The Kyiv Independent reported the proposal passed on its first reading on April 28 by a 254-2 vote margin.
The newspaper notes more than two dozen advocacy groups in a statement said some of the proposed Civil Code’s provisions “contradict European standards” and “violate Ukraine’s commitments under its EU accession process.”
“The most worrying provisions are those that make it impossible for a court to recognize the existence of a family relationship between people of the same sex,” the statement reads. “This overturns the already established case law on this issue, and closes the only legal avenue that allows partners to somehow protect their rights in individual cases.”
“Moreover, the draft completely ignores the obligations that Ukraine should have already fulfilled as part of its accession to the EU, as it lacks provisions that would allow people of the same sex to register their relationships,” it adds.
“The provisions also stipulate that all marriages concluded by people who have changed their gender automatically become invalid,” the statement further notes. “This is not just stagnation in the field of human rights or lack of progress on the path to European integration, but an actual setback in the legal sphere.”
Olena Shevchenko, chair of Insight, a Ukrainian LGBTQ advocacy group, in an April 28 Facebook post said the new Civil Code “is a step back on upholding the rights of women and the LGBT+ community in Ukraine.”
The Ukrainian constitution defines marriage as between a man and a woman.
President Volodymyr Zelenskyy in 2022 publicly backed civil partnerships for same-sex couples.
The Ukrainian Supreme Court on Feb. 25 recognized Zoryan Kis and Tymur Levchuk — a gay couple who has lived together since 2013 and married in the U.S. in 2021 — as a family. Ukraine the day before marked four years since Russia began its war against the country.
New York
Gay ICE detainee freed after 150 days in detention
Cayman Islands native taken into custody before green card interview
Following nearly half a year in U.S. Immigration and Customs Enforcement detention, Allan Marrero has been released and is back home with his husband in New York.
Marrero spent 150 days in ICE custody, held in multiple detention centers across the U.S. after missing an immigration court hearing while in a rehabilitation program for alcohol addiction — a circumstance widely considered “good cause” for failing to appear.
The Washington Blade first reported on Marrero’s case in March after the Cayman Islands native was detained by ICE officers during what was supposed to be a routine marriage-based green card interview at 26 Federal Plaza in New York City.
Marrero had been married to his husband, Matthew Marrero, for two years at the time of the interview. But almost immediately, the experience turned hostile.
The Rev. Amanda Hambrick Ashcraft, a minister at Middle Church in Manhattan who accompanied the couple to provide spiritual support, later described the process as “dehumanizing” and “barbaric.”
During the interview, it became clear the couple was facing an uphill battle. At one point, when asked how they met, Matthew Marrero instinctively looked over at his husband and was “snapped at” and told not to look at him. As the interview continued, the outlook only grew more grim.
Unaware that he had a prior removal order tied to the missed court date while he was in rehab, Allan Marrero was detained on the spot.
Over the following months, Allan Marrero was transferred through multiple detention facilities, including centers in Arizona and Texas, the Everglades Detention Facility — also known as “Alligator Alcatraz,” which has been described as having “unsanitary inadequate conditions” — and ultimately a detention center in Mississippi.
While in custody, Allan Marrero was denied access to prescription medication and, according to advocates, was psychologically pressured by ICE agents to self-deport rather than remain detained while his legal case proceeded.
Although a judge later reopened his case and granted bond after Allan Marrero provided proof that he had been in rehab — a valid medical reason for missing his court date — ICE used procedural mechanisms to keep him detained. A separate judge later issued a ruling denying relief, leaving Allan Marrero in custody.
On the outside, Matthew Marrero said his life felt as though it had been put on pause so ICE could meet enforcement quotas.
“[It feels like] somebody came in and kidnapped someone close to you and took away all of your control and power,” Matthew Marrero told the Blade on March 7. “You shouldn’t be able to have this much control over somebody’s life, especially if they are trying to do the right thing … You’re not going after criminals, you’re not going after the worst of the worst. You’re trying to fill a quota.”
Alexandra Rizio, Allan Marrero’s attorney with Make the Road New York, a progressive grassroots immigrant-led organization, told the Blade that “there seems to be an underlying element of cruelty baked into not only this administration, but everything.”
“It didn’t have to go down that way,” Rizio continued. “If someone goes in for a green card interview and their marriage interview, and they learn that they have a removal order, what the USCIS officer could have done is say, ‘Look, you have a removal order in your name. You need to go hire an attorney right away to get this taken care of. I can’t adjudicate your green card…’ And if you hire a lawyer, you know, you might be able to get it straightened out. Of course, that’s not what happened. And so ICE, which was in the building, were called and they did arrest Allan.”
The Marreros are scheduled to hold a press conference on Tuesday at Middle Church, where Allan Marrero will speak publicly for the first time about his detention.
For additional information on the press conference please visit middlechurch.org.
Commentary
How do you vote a child out of their future?
Students reportedly expelled from Eswatini schools over alleged same-sex relationships
There is something deeply unsettling about a society that turns a child’s future into a public referendum. In Eswatini, there were reports that students were expelled from school over alleged same-sex relationships, and that parents were invited to vote on whether those children should remain, forcing us to confront a difficult question on when did education stop being a right and become a favor granted by collective approval? Because this is a non-neutral vote.
A vote reflects power, prejudice and personal beliefs, which are often linked to tradition, culture, politics and religion. It is shaped by fear, by stigma, by long-standing narratives about morality and belonging. To ask parents, many of whom may already hold hostile views about LGBTIQ+ people, to decide the fate of children is not consultation. It is deferring the responsibility and repercussion. It is placing the lives of young people in the hands of those most likely to deny them protection.
And where is the law in all of this?
The Kingdom of Eswatini is not operating in a vacuum. It has a constitution that guarantees the promotion and protection of fundamental rights, including equality before the law, equal protection of the laws, and the right to dignity. The constitution further goes on to protect the rights of the child, including that a child shall not be subjected to abuse, torture or other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment.
The Children’s Protection and Welfare Act of 2012 extends the constitution and international human rights instruments, standards and protocols on the protection, welfare, care and maintenance of children in Eswatini. The Children’s Protection and Welfare Act of 2012 promotes nondiscrimination of any child in Eswatini and says that every child must have psychosocial and mental well-being and be protected from any form of harm. The acts of this very instance place the six students prone to harm and violence. The expulsion goes against one of the mandates of this act, which stipulates that access to education is fundamental to development, therefore, taking students out of school and denying them education contradicts the law.
Eswatini is a signatory to the United Nations Convention on the Rights of the Child and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child. These are not just commitments made to make our governments look good and appeasing. They are obligations. The Convention on the Rights of the Child is clear regarding all actions concerning children. The best interests of the child MUST be a primary consideration and NOT secondary one. According to the CRC, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, “the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth.” It is not something to be weighed against public discomfort and popularity.
The African Charter on the Rights and Welfare of the Child reinforces this, grounding rights in non-discrimination (Article 3), privacy (Article 10) and protection from all forms of torture (Article 16). Access to education (Article 11) within these frameworks is not conditional but is a foundational right. It is not something that can be taken away because a child is perceived as falling outside social norms and threatening the moral fabric of society. It is a foundational right and determines one’s ability to participate in civic actions with dignity.
So again, where is the law when children are being expelled?
It is tempting to say the law is silent but that would be too generous. The law is not silent rather, it is being ignored and bypassed in favor of systems of decision-making that make those in power comfortable. When schools and their leadership defer to parental votes rather than legal standards, they are not acting neutrally. Expelling a child from school because of allegations is not a decision to be taken lightly. It disrupts education and limits future opportunities and for children already navigating identity and social pressure, this kind of exclusion can have profound psychological effects. It isolates them. It marks them for potential harm. Imagine being a child whose future is discussed in a room where people debate your worth. That is exposure. That is harm. There is a tendency to justify these actions in the language of culture, tradition, religion and protecting social cohesion. But culture is not static and the practice of Ubuntu values is not an excuse to violate rights. If anything, the principle of Ubuntu demands the opposite of what is happening here.
Ubuntu is not about conformity. It is about recognition and is the understanding that our humanity is bound up in one another. That we are diminished when others are excluded. That care, dignity, respect and compassion are not optional extras but central to how we exist together. Where, then, is Ubuntu in a school where some children are deemed unworthy of access to education?
Why are those entrusted with protecting children are failing to do so?
There is a very loud contradiction at play. On one hand, there is a claim to shared values and to the importance of community. On the other hand, there is a willingness to isolate and exclude those who do not fit within the narrow definition of what is acceptable. You cannot have both. A community that thrives on exclusion is neither cohesive nor safe.
It is worth asking why these decisions are being made in this way. Why not follow the established legal processes? Why not ensure that any disciplinary action within schools aligns with national and international obligations? Why introduce a vote at all? The answer is uncomfortable and lies in legitimacy and accountability. A vote creates the appearance of a collective agreement. But again, I reiterate, it distributes responsibility across many hands, making it hard to hold anyone accountable. It allows the school leadership to say “lesi sincumo sebantfu”(“This is what the community decided, not me”) rather than confronting their own role in human rights violations. If the law is clear and rights, responsibilities and obligations are established, then the question is not what the community feels. The question is why those entrusted with protecting children are failing to do so.
There is also a deeper issue here about whose rights are seen as negotiable. When we talk about children, we often speak of care, of understanding, of protection and safeguarding them because they are the future. But that language becomes selective when it intersects with sexuality, particularly when it involves LGBTIQ+ identities. Suddenly, care, understanding, protection, and safeguarding give way to punishment.
Easy decisions are not always just ones.
If the kingdom is serious about its commitments under its constitution, the Convention on the Rights of the Child and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, then those commitments must be visible in practice, not just in policy documents. Rather, they must guide decision-making in schools and in communities. That means recognizing that a child’s right to education cannot be overridden by a show of hands. It means ensuring that schools remain spaces of inclusion rather than sites of moral policing. It means holding leaders and institutions accountable when they fail to protect those in their care.
Bradley Fortuin is a consultant at the Southern Africa Litigation Center and a human rights activist.
-
Federal Government4 days agoRepublicans attach five anti-LGBTQ riders to State Department funding bill
-
District of Columbia5 days agoBoth sides propose revised orders in Capital Pride stalking case
-
Opinions3 days agoTennessee’s trans data bill a frightening omen
-
Congress5 days agoBill seeks to block global gag rule expansion
