News
La reivindicación de derechos y violencia contra LGBTQ marcan la crisis política en Chile
Activistas han participado en manifestaciones contra el gobierno de Piñera

CONCEPCIÓN, Chile — En menos de tres días una manifestación convocada por estudiantes contra el aumento en las tarifas del metro se convirtió en una imponente e inesperada protesta nacional por años de desigualdades en Chile, paralizando al país por completo y poniendo en jaque a toda la clase política chilena. Millones de personas han salido a las calles en los últimos días para manifestar su descontento.
Sin embargo, algunas de las masivas marchas han terminado con manifestantes atacando negocios, incendiando y saqueando supermercados en la peor revuelta que se ha visto en el país en décadas. En respuesta, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó Estado de Emergencia sacando a los militares a las calles y sumó un toque de queda que profundizó el conflicto desencadenando en los peores episodios de violación de Derechos Humanos en los últimos 30 años en país latinoamericano. Un grupo de congresistas anunció el domingo una acusación constitucional contra Piñera.
“Estás semanas han sido una bomba de tiempo que todos sabíamos que iba explotar, pero no sabíamos que explotaría ahora y con esta intensidad”, dice Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, una organización LGBTQ chilena. Similar opinión tiene Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), “estamos viviendo una revolución social”, afirma.
La crisis en Chile, se arrastra hace mucho tiempo. En 1973 el dictador Augusto Pinochet realizó un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Pinochet dio marcha atrás al modelo de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta, el país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo e inició una cruel dictadura que persiguió, torturó y mató a sus opositores.
Los cambios económicos de Pinochet fueron liderados por un grupo de economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, donde aprendieron de las ideas de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, los “Chicago boys” implementaron reformas económicas y sociales que todo lo privatizó, las cuales fueron selladas en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que permanece vigente.
Chile es el único país en el mundo en que el agua es privada, las pensiones de jubilación son bajas, hay mala salud y la mayoría de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un informe publicado en enero de este año por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile sigue manteniendo sus altos índices de desigualdad. “El 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza”, concluyó la investigación.
“Llevamos años en un sistema injusto, donde todo está hecho para que siempre ganen los mismos. Más allá de esa injusticia hubo impunidad, donde no pasó nada con personas que hicieron mucho daño, paso del dolor a la frustración, el gobierno fue indolente y todo reventó”, aclara Injoque. La activista trans sinceró haber sentir miedo “me dio escalofríos cuando supe que los militares saldrían a las calles” recuerda.
“Piñera le declaró la guerra a mis nietos por cadena nacional, mandó al Ejército a dispararles a matar por manifestar pacíficamente su enorme sufrimiento y al pueblo le está pareciendo que hay complicidad ahí y yo escuchó otra voz generalizada: ‘renuncia Piñera'”, dijo al Washington Blade, Pamela Jiles (Frente Amplio, una nueva fuerza política en el Congreso de Chile), quién ha liderado el impeachment.
“Mi deber como parlamentaria es acusar constitucionalmente a Piñera, como lo habría hecho la diputada humanista Laura Rodríguez, utilizando una atribución parlamentaria y un instrumento constitucional, de espaldas a la élite y de cara al pueblo”, explicó Jiles. “No puede ser de otro modo ya que ha puesto en grave peligro la seguridad de la nación, ha sumido el país en el desgobierno y es el principal -aunque no único- responsable de las muertes de quienes debía proteger”.
Desde el estallido de esta revolución social se han reportado brutales casos de violación a Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas. Represión, abuso de poder, violencia desmedida, detenciones ilegales y muertes alertaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y expresidenta de Chile, por lo que decidió enviar un equipo de observadores a verificar los casos, entre ellos el de un joven homosexual detenido ilegalmente, torturado y abusado sexualmente por la policía.
Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), fue detenido mientras entregaba primeros auxilios a manifestantes heridos, denunció que fue apaleado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual y expresión de género, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura sexual.
“Los Estados de Emergencia autorizan a restringir la libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. La ‘salida de la crisis’, como le gusta decir a la élite, será únicamente la salida de Piñera. Es nuestra obligación detener la matanza de inocentes”, subrayó Jiles.
Shane Cienfuegos, activiste y coordinadore del área de investigaciones de Colectiva Neutres, que en las últimas semanas ha logrado unificar a la mayoría de los grupos LGBTQ mencionó que “yo estoy en las calles desde la evasión del metro, activando los territorios.Convocamos a todas las organizaciones y llegaron más de 50, hicimos un diagnóstico y descubrimos que estábamos siendo vulnerades”.

El pasado viernes 25 octubre se convocó a una masiva manifestación en todo el país, #LaMarchaMásGrandeDeChile fue trending topic mundial en Twitter y los canales de televisión cubrían la histórica protesta en cadena nacional, la cual que congregó a más de un millón y medio de personas. “Lo otro que iba a decir, que también hemos olvidado mencionar, aparte de los equipos -de fútbol- y las banderas chilenas, es muy importante, hay muchas banderas del movimiento LGBTQ, mucha gente también de la disidencia sexual que también están presentes y son movimientos que están manifestándose hoy día y sus banderas están ahí presentes en las calles”, interrumpió en vivo Mónica Rincón, periodista de CNN y aliada LGBTQ.
A través de sus redes sociales la mayoría de las instituciones LGBTQ chilenas llamaron a manifestarse. Mientras que las disidencias sexuales se desplegaron en grupo a participar. “Salimos con mucha pasión y creatividad para levantar con fuerza y al mismo tiempo reivindicar nuestros derechos que por siglos han sido vulnerados por el Estado de Chile y contra un sistema neoliberal que nos oprime”, añadió Cienfuegos.
En 1999 Chile despenalizó la sodomía, en 2012 sumó una ley antidiscriminación -la que los activistas apuntan como deficiente- y desde 2015 las personas del mismo sexo pueden acceder a una Unión Civil. En diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Identidad de Género que reconocerá el derecho a la identidad de las personas trans. A lo anterior, se suman políticas públicas que benefician a la diversidad sexual y de género, sin embargo, aún falta mucho para lograr la plena igualdad en el país.
“Conformamos una mesa con 19 organizaciones de la sociedad civil con presencia a lo largo de todo Chile, para poder trabajar en aquellas materias de ley que sean necesarias modificar para poder asegurar el reconocimiento, los derechos y las garantías de la población LGBTQ+”, mencionó Natalia Castillo (Frente Amplio), una joven congresista de la Cámara de Diputados que ha impulsado una bancada transversal por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer, denominada “la bancada por la diversidad”.

Hace más de un año el proyecto de ley de matrimonio igualitario duerme en la Comisión de Constitución del Senado. Por otro lado, la “bancada por la diversidad” levantada por Castillo trabaja en la elaboración de otras iniciativas legislativas a favor de la diversidad sexual y de género que serán presentadas en las próximas semanas.
“Yo creo que es una gran oportunidad de perfeccionar la ley antidiscriminación, promover una ley que penalice la incitación al odio, y quizás, este es el momento para que las personas LGBTQ+ sean reparadas por el Estado de Chile por la histórica vulneración”, concluyó Fuica.
Federal Government
Protesters say SAVE Act targets voters, transgender youth
Bill described as ‘Jim Crow 2.0’
Members of Congress, advocates, and people from across the country gathered outside the U.S. Capitol on Tuesday to protest proposed federal legislation that voting rights activists have deemed “Jim Crow 2.0.”
The Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) Act would amend the National Voter Registration Act of 1993 to require in-person proof of citizenship for anyone seeking to vote in U.S. elections.
President Donald Trump has also pushed for the proposed legislation to include a section that would ban gender-affirming medical care for transgender minors, even with parental consent, and prohibit trans people from participating in school or professional sports consistent with their gender identity rather than their sex assigned at birth.
In addition to changing voter registration requirements, the bill would limit acceptable forms of identification to documents such as a birth certificate or passport — records that the Brennan Center for Justice estimates more than 21 million Americans do not have — effectively restricting access to the ballot. It would also ban online voter registration, DMV voter registration efforts, and mail-in voter registration.
A 2021 investigation by the Associated Press found that fewer than 475 people voted illegally or improperly, a tiny fraction of the estimated 160 million Americans who voted in the 2020 election.
Senate Minority Leader Chuck Schumer (D-N.Y.) spoke at the event.
“It will kick millions of American citizens off the rolls. And they don’t even require you to be told,” the highest-ranking Democrat in the Senate told protesters and reporters outside the Capitol. “If this law passes — and it won’t — you’re gonna show up in November … and they’ll say… sorry, you’re no longer on the voting rolls.”

He, like many other speakers, emphasized the bill in the context of American history, pointing to what he described as its racist roots and its impact on Black and brown Americans.
“I have called this act, over and over again, Jim Crow 2.0 … because they know it’s the truth.”
U.S. Sen. Alex Padilla (D-Calif.) was one of the lawmakers leading opposition to the legislation and spoke at the rally.
“It’s not just voting rights that are on the line — our democracy is on the line,” the California lawmaker said. “It’s not a voter I.D. bill. It’s a bait and switch bill.”
He added historical context, noting the significance of voting rights legislation passed more than 60 years ago. In 1965, Alabama civil rights activists marched to protest barriers to voter registration. Alabama state troopers violently attacked peaceful demonstrators at the Edmund Pettus Bridge in Selma, using tear gas, clubs, and whips against more than 500 — mostly Black — protesters.

“61 years ago — not to the day — but this week, President Lyndon Johnson came to the Capitol and addressed a joint session of Congress in the wake of Bloody Sunday and pushed Congress to pass the Voting Rights Act,” Padilla said. “61 years later, Donald Trump and this Republican majority wants to take us backwards. We’re not gonna let that happen.”
U.S. Sen. Ben Ray Luján (D-N.M.) also spoke, emphasizing that he views the effort as a Republican-led and Trump-backed attempt to restrict voting access, particularly among Black, brown, and predominantly Democratic communities.
“President Trump told Republicans when they were meeting behind closed doors that ‘The SAVE Act will guarantee Republicans win the midterms and ensure they do not lose an election for 50 years,’” Luján said. “The first time I think Donald Trump’s been honest … This voter suppression bill is only that. Taking away vote by mail? I hope my Republican colleagues from states that voted for Donald Trump or where vote by mail is popular have the courage and the backbone to stand up and say no to this nonsense, because their constituents are going to push back.”
U.S. Sen. Lisa Blunt Rochester (D-Del.) also spoke.
“Our Republican colleagues have already cut Medicaid, Medicare, people don’t know how they’re gonna be able to afford energy,” she said, providing context for the broader political moment. “We’re in the middle of a war that they can’t even get straight while we’re in it and don’t have a way to get out of it. And we are now faced with defending our democracy?”
She then showed the crowd something that she said has been with her throughout her political journey in Washington.
“I brought with me something that I carried on the day that I was sworn into the House of Representatives when I was elected in 2016, and I carried it with me on the day that I was sworn in as United States senator. And I also carried it with me when I was trapped up in the gallery on Jan. 6 and all I could think to do was pray … This document allowed my great great great grandfather, who had been enslaved in Georgia, to have the right to vote. We took this and turned it into a scarf. It is the returns of qualified voters and reconstruction code from 1867. This is my proof of what we’ve been through. This is also our inspiration.”

“I got to travel between the Edmund Pettus Bridge two times. And even as I thought about this moment, I recognized that while we wish we weren’t in it, while we don’t know why we’re in it, I do know we were made for it … So I came today to tell you that, um, just like the leader said, that he calls it Jim Crow 2.0. I call it Jim Crow 2.NO.”
Kelley Robinson, president of the Human Rights Campaign, the largest LGBTQ advocacy organization in the U.S., also spoke, highlighting the impact of the bill’s proposed provisions affecting trans people.
“This bill is not about saving America. This bill is about stealing an election. This bill is about suppressing voters,” Robinson said. “This bill not only tries to disenfranchise voters that deserve their right to vote, it also tries to criminalize trans kids and their families … It tries to criminalize doctors providing medically necessary care for our trans youth.”

The SAVE Act passed the U.S. House of Representatives on Feb. 11 but has not yet been considered in the U.S. Senate.
Obituary
Thomas A. Decker of Arlington dies at 73
Active in visiting AIDS patients, urging Congress to fight HIV
Thomas A. Decker Jr, of Arlington, Va., died March 3, 2026 following an extended illness, according to a statement released by his family. He was 73.
Born and raised in Canton, Ohio, Decker attended the University of Akron and earned his bachelor’s degree in political science. He then moved to the Washington, D.C. area and accepted a position with Beaver Press where he worked for 32 years, according to the statement.
He later worked in the Inova Juniper Program working with HIV/AIDS clients to assist them with support services and was active as a volunteer visiting AIDS patients in the hospital or advocating on Capitol Hill for HIV funding.
Tommy, as he was called by family, is survived by three sisters, a sister-in-law and two brothers-in-law: Carol Decker and Kathryn Kramer of West Newbury, MA, Margaret and Thomas Williams of Bluffton, SC, Mary Sue and Timothy Desiato of New Philadelphia, Ohio, Niece’s Trina and Chad Wedekind of Jacksonville Fl and great niece Isabella, Lindsay and Will Burgette of Dublin, Ohio and great nephews Colin and Luke and Nephews David Williams of Jacksonville, Florida, and Michael and Lucy Desiato of Dublin, Ohio and great nieces Lena and Stella. In accordance with Tom’s wishes, he will be buried at Calvary Cemetery in Massillon, Ohio.
District of Columbia
Gay candidate running for D.C. congressional delegate seat
Robert Matthews among 19 hoping to replace Eleanor Holmes Norton
Robert Matthews, a former director of the D.C. Child and Family Services Agency, is running in the city’s June 16 Democratic primary for the D.C. Congressional Delegate seat as an openly gay candidate, according to a statement released by his campaign to the Washington Blade.
Matthews is one of at least 19 candidates running to replace longtime D.C. Congressional Del. Eleanor Holmes Norton (D), who announced earlier this year that she is not running for re-election.
Information about the candidates’ campaign financing compiled by the Federal Elections Commission, which oversees elections for federal candidates, shows that Matthews is one of only six of the candidates who have raised any money for their campaigns as of March 17.
Among those six, who political observers say have a shot at winning compared to the remaining 13, are D.C. Council members Brooke Pinto (D-Ward 2) and Robert White (D-At-Large). Both have longstanding records of support for LGBTQ rights and the community.
The FEC campaign finance records show Matthews was in fourth place regarding the money raised for his campaign, which was $49,078 as of March 17. The FEC records show Pinto’s campaign in first place with $843,496 raised, and White in third place with $230,399 raised.
The Matthews campaign statement released to the Blade says Matthews’s “commitment to the LGBTQ community is not a campaign position. It is the foundation of his life and his life’s work.”
The statement adds, “As the former director of D.C.’s Child and Family Services Agency, Robert led the District’s child welfare system with an explicit commitment to LGBTQ-affirming care.” It goes on to say, “He ensured that LGBTQ, trans, and nonbinary youth in foster care — among the most vulnerable young people in our city — were served with dignity, cultural humility, and genuine support.”
Among his priorities if elected as Congressional delegate, the statement says, would be “fighting to end homelessness among queer and trans seniors and youth,” opposing “federal roadblocks” to LGBTQ related health services, and defending D.C.’s budget and civil rights laws “from federal interference that directly threatens LGBTQ residents.”
The other three candidates who the FEC records show have raised campaign funds and observers say have a shot at winning are:
• Kinney Zalesne, former deputy national finance chair at the Democratic National Committee and an official at the U.S. Justice Department during the Clinton administration, whose campaign is in second place in fundraising with $593,885 raised.
• Gordon Chaffin, a former congressional staffer whose campaign has raised $17,950.
• Kelly Mikel Williams, a podcast host and candidate for the Congressional Delegate seat in 2022 and 2024, whose 2026 campaign has raised $3,094 as of March 17.
The Blade reached out to the Zalesne, Chaffin, and Williams campaigns to determine their position on LGBTQ issues. As of late Wednesday, the Zalesne campaign was the only one that responded.
“Kinney believes LGBTQ rights are fundamental civil rights and central to what makes Washington, D.C. a strong and vibrant community,” a statement sent by her campaign says. “At a time when LGBTQ people (especially transgender and nonbinary neighbors) are facing escalating political attacks across the country, she believes the District must continue to lead in protecting dignity, safety, and freedom for all,” it says.
The statement adds, “Throughout her career in government, business, and nonprofit leadership, Kinney has worked alongside LGBTQ and queer advocates and leaders. She is committed to maintaining an active partnership with the community to make sure LGBTQ voices remain central to the District’s future.”
