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Una tarde con Yariel
Ha permanecido bajo custodia de ICE por casi un año
Nota del editor: Una versión de esa nota de opinión en inglés salió en el sitio web del Blade el 4 de febrero.
FERRIDAY, Luisiana — Un guardia masculino al River Correctional Center, un centro de detención privado en el Condado Concordia en Luisiana, me llevó a la sala de visitantes un poco después de la 1 p.m. el sábado. Me senté en una mesa grande —como las que se pueden encontrar en una cafetería de la escuela— y miré a las murallas con mensajes de empoderamiento que habían sido pintados en la pared. Unos minutos después, miré hacía la puerta con una pequeña ventana y vi a Yariel, que vestía un traje verde de rayas. Otro guardia masculino abrió la puerta y Yariel entró la sala. Nos abrazamos fuertemente unos segundos después. Estaba casi sollozando, pero Yariel me aseguró que estaba bien. Después de un par de minutos, nos sentimos en la mesa —uno frente al otro— y empezó nuestra visita. Usé una de las servilletas que tomé de una gasolinera cercana para limpiar las lágrimas de mis ojos. Después de un par de minutos, puse sus manos en las mías y comenzó a llorar. Le di una de las servilletas de la gasolinera para limpiar sus ojos y traté de consolarlo.
“Esta bien llorar”, lo aseguré.
No había visto a Yariel en persona desde el 27 de enero de 2019. Habíamos pasado el día reportando desde un albergue de migrantes dirigida por una lesbiana en Mexicali, una ciudad mexicana en la frontera con EEUU, y lo dejé al apartamento pequeño en Tijuana en que vivía con su padre. Estábamos casi mareados, en parte, porque habíamos cantado canciones de Lady Gaga como locos durante el viaje de dos horas entre Mexicali y Tijuana. Esos momentos despreocupados parecen de toda la vida.
Yariel el sábado me dio dos regalos: Una pulsera hecha de piezas de bolsas de basura negras y blancas y un zapatillo hecho de paquetes de Maruchan y envoltorios de crema de café que hará un buen ornamento navideño. Hablamos como amigos, como hermanos. Hablamos sobre Cuba y el juicio político del presidente Trump. Lo compré una botella de Sprite de una máquina expendedora en la sala. También compartimos una bolsa de Doritos. Una guardia femenina que habla español estaba en la sala con nosotros. Al principio estuve un poco incómodo de verla escribiendo en un cuaderno, pero después de unos minutos olvidé que estaba allí.
A las 2:50 p.m., nos dijo en español que nuestra visita iba a terminar en 10 minutos. Yariel quería darme dos carpetas con sus escritos sobre su tiempo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero la guardia lo dijo que no podría tomarlas conmigo. Yariel había colocado la pulsera alrededor de mi muñeca y un supervisor dijo a la guardia que podría llevar el ornamento conmigo. Los puse, junto con su foto del tamaño de un pasaporte, en mi mano. Nos pusimos de pie y nos abrazamos fuertemente. Lo dije que lo quiero y luego salimos por puertas diferentes. Salí por la puerta principal de la instalación menos de cinco minutos después y regresé a mi hotel en Kenner, un suburbio de Nueva Orleans, a las 6:45 p.m.
Ha pasado casi un año desde que Yariel pidió asilo en EEUU y entró la custodia de ICE. Los lectores del Washington Blade saben que un juez el pasado septiembre concedió asilo a Yariel. También saben que su destino está en las manos de la Junta de Apelación de Inmigración en Virginia porque ICE apeló el fallo.
Hay cierta ironía en el hecho que Yariel comenzó escribir para el Blade en el otoño de 2018, en parte, porque necesitábamos un reportero en Tijuana que pudiera reportar sobre los migrantes LGBTQ que llegaban a la ciudad con las caravanas migratorias de Centroamérica. La cobertura del Blade de estos temas continua, con mi más reciente viaje a Honduras y El Salvador que terminó hace seis días antes de mi visita con Yariel. Esta cobertura sigue siendo tan importante como siempre con la política migratoria de línea dura de la administración Trump continúan poniendo en riesgo a los migrantes LGBTQ.
También se convierte en algo profundamente personal.
Mi esposo y yo el viernes, unas horas antes de volar a Luisiana, asistieron una ceremonia en Durham, Carolina del Norte, donde nuestro querido amigo Marcelo se convirtió en ciudadano estadounidense. Marcelo, un bailarín para el Carolina Ballet de origen paraguayo, trabajaba muy duro para llegar a ese momento y estamos muy orgullosos de él.
Uno de los momentos más memorables de la ceremonia fue el video en que Trump felicitó a Marcelo y los otras 56 personas que acababan de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Ninguno de ellos aplaudió al final del video. Ellos, junto con el resto de nosotros, saben mierda cuando la escuchan, y todos respondimos en especie.
Estos ciudadanos estadounidenses, junto con Yariel, son exactamente el tipo de personas que harán una contribución positiva a este país y lo hará aún mejor. Merecen nuestro respeto y apoyo, no retorica barata basada en racismo, xenofobía y supremacía blanca para apaciguar una base política antes de una elección presidencial.
Una de las partes más desgarradoras de mi visita con Yariel fue cuando me dijo que más desea es su libertad que lo permitirá empezar una nueva vida en los EEUU sin miedo de persecución. La lucha para hacer realidad el sueño de Yariel sigue. Espero que mi próximo viaje a Luisiana sea recogerlo después de la Junta de Apelaciones de Inmigración confirme su decisión de asilo y ICE finalmente lo libere de su custodia.
Siempre estaré a tu lado, Yariel.
National
United Methodist Church removes 40-year ban on gay clergy
Delegates also voted for other LGBTQ-inclusive measures
The United Methodist Church on Wednesday removed a ban on gay clergy that was in place for more than 40 years, voting to also allow LGBTQ weddings and end prohibitions on the use of United Methodist funds to “promote acceptance of homosexuality.”
Overturning the policy forbidding the church from ordaining “self-avowed practicing homosexuals” effectively formalized a practice that had caused an estimated quarter of U.S. congregations to leave the church.
The New York Times notes additional votes “affirming L.G.B.T.Q. inclusion in the church are expected before the meeting adjourns on Friday.” Wednesday’s measures were passed overwhelmingly and without debate. Delegates met in Charlotte, N.C.
According to the church’s General Council on Finance and Administration, there were 5,424,175 members in the U.S. in 2022 with an estimated global membership approaching 10 million.
The Times notes that other matters of business last week included a “regionalization” plan, which gave autonomy to different regions such that they can establish their own rules on matters including issues of sexuality — about which international factions are likelier to have more conservative views.
Federal Government
Republican state AGs challenge Biden administration’s revised Title IX policies
New rules protect LGBTQ students from discrimination
Four Republicans state attorneys general have sued the Biden-Harris administration over the U.S. Department of Education’s new Title IX policies that were finalized April 19 and carry anti-discrimination protections for LGBTQ students in public schools.
The lawsuit filed on Tuesday, which is led by the attorneys general of Kentucky and Tennessee, follows a pair of legal challenges from nine Republican states on Monday — all contesting the administration’s interpretation that sex-based discrimination under the statute also covers that which is based on the victim’s sexual orientation or gender identity.
The administration also rolled back Trump-era rules governing how schools must respond to allegations of sexual harassment and sexual assault, which were widely perceived as biased in favor of the interests of those who are accused.
“The U.S. Department of Education has no authority to let boys into girls’ locker rooms,” Tennessee Attorney General Jonathan Skrmetti said in a statement. “In the decades since its adoption, Title IX has been universally understood to protect the privacy and safety of women in private spaces like locker rooms and bathrooms.”
“Florida is suing the Biden administration over its unlawful Title IX changes,” Florida Gov. Ron DeSantis wrote on social media. “Biden is abusing his constitutional authority to push an ideological agenda that harms women and girls and conflicts with the truth.”
After announcing the finalization of the department’s new rules, Education Secretary Miguel Cardona told reporters, “These regulations make it crystal clear that everyone can access schools that are safe, welcoming and that respect their rights.”
The new rule does not provide guidance on whether schools must allow transgender students to play on sports teams corresponding with their gender identity to comply with Title IX, a question that is addressed in a separate rule proposed by the agency in April.
LGBTQ and civil rights advocacy groups praised the changes. Lambda Legal issued a statement arguing the new rule “protects LGBTQ+ students from discrimination and other abuse,” adding that it “appropriately underscores that Title IX’s civil rights protections clearly cover LGBTQ+ students, as well as survivors and pregnant and parenting students across race and gender identity.”
Rehoboth Beach
Former CAMP Rehoboth official sentenced to nine months in prison
Salvator Seeley pleaded guilty to felony theft charge for embezzlement
Salvator “Sal” Seeley, who served as an official with the Rehoboth Beach, Del., CAMP Rehoboth LGBTQ community center for 20 years, was sentenced on April 5 by a Sussex County Superior Court judge to nine months in prison and to pay $176,000 in restitution to the organization.
The sentencing took place about five weeks after Seeley pleaded guilty to a charge of Theft in Excess of $50,000 for allegedly embezzling funds from CAMP Rehoboth, a spokesperson for the Delaware Department of Justice told the Washington Blade.
Seeley’s guilty plea came shortly after a grand jury, at the request of prosecutors, indicted him on the felony theft charge following an investigation that found he had embezzled at least $176,000 from the nonprofit LGBTQ organization.
“Salvatore C. Seeley, between the 27th day of February 2019 and the 7th day of September 2021, in the County of Sussex, State of Delaware, did take property belonging to CAMP Rehoboth, Inc., consisting of United States currency and other miscellaneous property valued at more than $50,000, intending to appropriate the same,” the indictment states.
“The State recommended a sentence of two years of incarceration based on the large-scale theft and the impact to the non-profit organization,” Delaware Department of Justice spokesperson Caroline Harrison told the Blade in a statement.
“The defense cited Seeley’s lack of a record and gambling addiction in arguing for a probationary sentence,” the statement says. “Seeley was sentenced in Superior Court to a nine-month prison term and to pay a total of $176,000 in restitution for the stolen funds,” Harrison says in the statement.
Neither Seeley nor his attorney could immediately be reached for comment.
At the time of Seeley’s indictment in February, CAMP Rehoboth released a statement saying it first discovered “financial irregularities” within the organization on Sept. 7, 2021, “and took immediate action and notified state authorities.” The statement says this resulted in the investigation of Seeley by the state Department of Justice as well as an internal investigation by CAMP Rehoboth to review its “financial control policies” that led to an updating of those policies.
“As we have communicated from day one, CAMP Rehoboth has fully cooperated with law enforcement,” the statement continues. “At its request, we did not speak publicly about the investigation while it was ongoing for fear it would jeopardize its integrity,” according to the statement. “This was extremely difficult given our commitment to transparency with the community about day-to-day operations during the recent leadership transition.”
The statement was referring to Kim Leisey, who began her job as CAMP Rehoboth’s new executive director in July of 2023, while the Seeley investigation had yet to be completed, following the organization’s process of searching for a new director. It says Seeley left his job as Health and Wellness Director of CAMP Rehoboth in September of 2021 after working for the organization for more than 20 years.
“Mr. Seeley’s actions are a deep betrayal to not only CAMP Rehoboth but also the entire community we serve,” the statement says.
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Christian Siriano to serve as grand marshal of Annapolis Pride Parade
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