Noticias en Español
Casa Ruby trae su misión a El Salvador
Ruby Corado se huyó de la guerra civil salvadoreña
SAN SALVADOR, El Salvador — Una salvadoreña que salió huyendo de la guerra civil llegó a Washington llena de sueños y retos, con mucho esfuerzo fundó junto a unos amigos Casa Ruby con el fin de brinda servicios y programas sociales a las personas LGBTQ en condición de vulnerabilidad. Esa es parte de la historia de Ruby Corado, una mujer trans defensora de derechos humanos de la población LGBTQ, quién casi 30 años después emprende el reto de traer Casa Ruby al país que la vio nacer.
En palabras de Corado es “una salvadoreña que migró, pero una parte de ella se quedó acá”, por ello, al escuchar historias de muchas personas LGBTQ que migraron y otras que ha conocido que aún viven en el país, sintió el deseo de luchar por traer ese sueño y reto a su propio país.
“Nuestro trabajo en Casa Ruby es evitar el sufrimiento y apoyar a través de alianza, por eso tenemos como objetivo compartir los programas que funcionan en Washington para migrantes, porque hemos visto que funcionan”, comenta en entrevista al Washington Blade Corado, directora y fundadora de Casa Ruby, el 18 de marzo. “Acá en El Salvador haremos un poco más de trabajo para que la población LGBTQ tenga mayor acceso a estas oportunidades”.
El compromiso solidario que ha demostrado a través de los años es la mejor carta de presentación de Corado, este mismo le ha llevado a apoyar movimientos LGBTQ globales, como es el caso de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), por medio de ella también se ha dado cuenta de la necesidad que tiene la población LGBTQ de una plataforma que impulse programas que ayuden a solventar las necesidades existentes.
“Quiero procurar que esta nueva administración en Estados Unidos exista un vínculo directo de Washington al movimiento LGBT global y como mujer trans, migrante, que vive con VIH y que vivió en vulnerabilidad, quiero ser esa voz con esos organismos internacionales que están desconectados de esta realidad”, asegura Corado, refiriéndose a organismos internacionales que tienen cede en El Salvador.
La principal insignia de Casa Ruby es que llega a El Salvador a trabajar para la población LGBTQ y también para apoyar a líderes y lideresas LGBTQ, no impondrán a nadie su manera de trabajar, sus proyectos tendrán como objetivo subsanar necesidades latentes.
“Mi gran proyecto en El Salvador es un hogar, para apoyar a las personas desplazadas; será un espacio para 15 personas para comenzar”, menciona al Blade Corado mientras sonríe.
Este proyecto no solo beneficiará a personas LGBTQ en condición de vulneración, sino también a todas aquellas personas LGBTQ de otros países que necesiten la ayuda.
De igual manera contaran con el “Proyecto Oportunidad”, con el cual pretenden beneficiar a 25 personas LGBTQ en alta vulnerabilidad, estas personas tendrán acceso a una beca por dos años, un estipendio y también el acceso a recursos que les ayudaran a construir herramientas para poder construir un futuro mejor.
“Algo muy importante que quiero mencionar, es que mi papá me facilitó la casa para comenzar Casa Ruby en El Salvador”, expresa Corado, agregando que agradece esta oportunidad de poder abrir esa casa a la comunidad que necesita ayuda y a través de este proyecto espera que no se vean en la necesidad de huir de El Salvador, tal como en el pasado lo tuvo que hacer ella.
Corado como directora y fundadora de Casa Ruby ha empoderado a todo un movimiento LGBTQ en Washington, equipo que estará a cargo del funcionamiento de la cede en EEUU, ella estará al pendiente de ambos proyectos, pero viajando entre Estados Unidos y El Salvador; también contará con el apoyo de un buen equipo en El Salvador que estará conformado por una coordinadora de comunicaciones que prefiere mantenerse anónima, Saul Palacios como director de operaciones y Ámbar Alfaro como directora de programas y encargada del alcance comunitario.
“Algo que tenemos en común con Ruby es que compartimos esa manera de soñar y querer trabajar desde la parte comunitaria, es algo que en El Salvador no se ha dado por diferentes circunstancias”, comenta al Blade Alfaro.
“El que esté ahora Casa Ruby en El Salvador, con ese modelo de trabajar con la gente y por la gente, para mi es super importante y me pone muy contenta de poder continuar acá el legado que Ruby a construido y ahora ha traído a su país”, asegura Alfaro, además expresó que Corado sabe la realidad que pasa la comunidad en el país, pues también la vivió en su momento.
“Tenemos que trabajar para nuestra población de una manera ordenada y con recursos, con ganas y convicción que esto sobre todo es lo que siempre nos moverá”, sostiene Alfaro al Blade. “Para trabajar en casa Ruby debes tener corazón y amar a tu comunidad LGBTQ y eso vi en ella”.
La casa abrió oficialmente el 15 de marzo.
Como equipo, Casa Ruby ya ha comenzado las reuniones tanto con sociedad civil como con el gobierno, “ya nos reunimos con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), para coordinar posibles proyectos en conjunto, me dieron la bienvenida al país y eso me alegra mucho”, contaba Corado entusiasmada.
“Como salvadoreños y salvadoreñas podemos construir juntos y juntas, no espero que todo mundo me reciba con los brazos abiertos, pero les garantizo que sus voces estarán presentes en las plataformas que yo estoy”, asegura Corado.
Con lagrimas en los ojos Corado asegura que estar con este proyecto en El Salvador es el cierre de un círculo.
“31 años que salí huyendo de mi país y estar aquí ahora para brindar mi cariño y apoyo a toda mi comunidad que lo necesita”, finaliza Corado.
El equipo de Casa Ruby tiene planificado comenzar a funcionar en un máximo de 90 días, en los cuales arrancaran con el trabajo como proyecto comunidad que entregará becas a 10 organizaciones LGBTQ salvadoreñas, proyecto oportunidad que beneficiará a personas en alta vulnerabilidad a tener una manera de subsistir, proyecto contra la violencia infantil LGBTQ, el albergue a personas LGBTQ que necesitan apoyo que es el proyecto bandera de Casa Ruby y en un futuro también un proyecto para apoyar a personas adultas mayores LGBTQ en condición de vulnerabilidad.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
Top Democrats re-introduce trans bill of rights
A dozen Senegalese men arrested for ‘unnatural acts’
Meet D.C.’s Most Eligible Queer Singles
Local LGBTQ groups, activists to commemorate Black History Month
