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Raúl Castro habla de los derechos LGBTQ en el Congreso del Partido Comunista de Cuba
Expresidente cubano renunció como primer secretario
LA HABANA — Raúl Castro se refirió a los derechos de las personas LGBTI+, a la violencia de género y a la discriminación por color de la piel, en su informe al 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) que comenzó el pasado viernes y será clausurado este 19 de abril en La Habana.
“Continúa el apoyo a la labor de la Federación de Mujeres Cubanas y a otras instituciones en la defensa de los derechos de la mujer y la denuncia de la violencia de género. Se profundizará el enfrentamiento a prejuicios asociados a la orientación sexual e identidad de género”, dijo el líder cubano.
También mencionó el proceso de redacción y discusión del Código de las Familias, la ley que debe resolver finalmente si las parejas LGBTI+ tendrán derecho al matrimonio.
“En cumplimiento del mandato constitucional el Consejo de Estado aprobó la comisión que redactará el anteproyecto del Código de las Familias para su análisis en el Parlamento y posterior discusión con la población, actividad en la cual ya se trabaja”, dijo.
El pasado 23 de marzo, el Consejo de Estado nombró una comisión que debe presentar el proyecto legislativo en un plazo que no fue especificado. El activismo ha reclamado que se haga pública la identidad de quienes integran esa comisión. Hasta el momento, esta solicitud sigue sin respuesta. Los activistas LGBTI+ se dividen hoy entre quienes apoyan el debate público y la realización de un referendo para adoptar o no el Código de las Familias y quienes rechazan que los derechos de un grupo sean sometidos a la mayoría.
La respuesta de las autoridades para resolver la discriminación de los afrodescendientes también fue comentada por Raúl Castro.
“La creación del programa de Gobierno y de la comisión encabezada por el Presidente de la República, Díaz-Canel, para atender la temática de la discriminación racial propiciará un más efectivo enfrentamiento a estos rezagos del pasado y mayor coherencia en la exposición y conducción del debate público acerca de los mismos”, dijo.
El líder político declaró más adelante que las agendas de los grupos LGBTI+, antirracistas, feministas y defensores de animales, son un objetivo de la política estadounidense con el propósito de conseguir “el resquebrajamiento de la unidad nacional”.
“Se da prioridad [por el gobierno de Estados Unidos] a las acciones dirigidas a los jóvenes, mujeres y académicos, al sector artístico e intelectual, los periodistas, deportistas, personas de la diversidad sexual y las religiones. Se manipulan asuntos de interés para grupos específicos vinculados con la protección de animales, el medio ambiente, o manifestaciones artísticas y culturales, todo ello dirigido a desconocer a las instituciones existentes”, manifestó.
Estas son las críticas que comúnmente hacen las autoridades a los activismos independientes que emergen en Cuba: tener respaldo estadounidense para construir espacios de participación paralelos a las organizaciones y entidades subordinadas al Estado. Sin embargo, varios grupos, entre ellos los que gestionan los artistas, los defensores de animales y la comunidad LGBTI+ han declarado expresamente su deseo de dialogar con las instituciones y han enfatizado además en su autonomía con respecto a la política norteamericana.
Raúl Castro llamó la atención sobre “las bondades y de los peligros que conlleva la utilización de Internet y las redes sociales” diciendo que “pueden utilizarse para los mejores y también los peores propósitos”.
Declaró que en Internet “se conforma y se divulga a los cuatro vientos una imagen virtual de Cuba como una sociedad moribunda y sin futuro, a punto de colapsar y dar paso al tan anhelado estallido social”.
Sobre la oposición política, dijo que “carece de base social, liderazgo y capacidad movilizativa, continúa decreciendo en la cantidad de sus miembros y el número de acciones de impacto social, concentrando su activismo en las redes sociales e Internet”.
El informe no habló explícitamente de la prensa no estatal en su diversidad de agendas, pero sí criticó a los medios oficiales por sus “enfoques incorrectos” acerca de la medida de establecer tiendas para la venta de artículos de primera necesidad en dólares estadounidenses.
Raúl Castro ha sido un gran crítico de los medios oficiales controlados precisamente por el PCC. En el informe señaló “su apego a la verdad y el rechazo a la mentira” para lamentar después las “manifestaciones de triunfalismo, estridencia y superficialidad en la manera en que abordan la realidad del país”.
“En ocasiones se presentan trabajos periodísticos que, en lugar de esclarecer, tienden a confundir. Estos enfoques dañan la credibilidad de la política informativa y de comunicación social aprobada. La inmediatez en el abordaje del quehacer nacional no debe estar reñida con la objetividad, la profesionalidad y, sobre todo, la intencionalidad política”, expresó.
Buena parte del informe se refiere a la actual crisis económica que afecta Cuba y a su relación con las sanciones estadounidenses.
“A veces no se comprenden lo suficiente o no se valoran con detenimiento los datos objetivos sobre el daño que Estados Unidos ha causado a la economía cubana y el impacto objetivo de las más de 240 medidas coercitivas adoptadas desde 2017. Debe entenderse que no se trata de simples acciones de incremento del bloqueo, sino de nuevos métodos, algunos sin precedentes, que llevaron la magnitud de la guerra económica a un escalón cualitativamente más agresivo, que se refleja en las carencias materiales que acompañan la vida cotidiana de cada cubano”, comentó Raúl Castro.
Más adelante, aprovechó para manifestar “la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar un nuevo tipo de relaciones con los Estados Unidos, sin que se pretenda que para lograrlo Cuba renuncie a los principios de la Revolución y el Socialismo”.
Después de referirse a la situación económica de Cuba, a sus relaciones internacionales y al estado de las instituciones dedicadas a la defensa, el líder político de 89 años comunicó que dejaba el cargo de primer secretario del Comité Central del PCC. Casi al final del informe había dado su respaldo a la gestión del actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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