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Mujeres trans detenidas en el 11J: A las arbitrariedades reportadas, se añade la violencia de género
Personas por todo el país participaron en las protestas
LA HABANA — Brenda Díaz García, una mujer trans de 27 años, está encarcelada desde el 11 de julio de 2021. La acusan de haber lanzado piedras durante las protestas en Güira de Melena, el municipio donde reside. Su hermano, Luis Manuel Díaz García, de 16, que fue arrestado cuando intentaba impedir que la detuvieran, asegura que tal acusación es falsa.
“Nosotros salimos a manifestarnos como todo el mundo y cuando regresamos para la casa la policía la vino a buscar. Pero ella no estaba. Andaba caminando, la vieron, le cayeron atrás y la cogieron, y yo fui a defenderla y me cogieron a mí también. La acusan de tirar piedra, pero ella no tiró”, narra.
Según Luis, durante el arresto, Brenda pidió que le aflojaran las esposas porque le dolían las muñecas, y un policía le respondió: “No importa. Sufre”.
Ambos fueron trasladados a la unidad de policía conocida como el Técnico de Cuatro Caminos. A Brenda le permitieron estar en la misma celda que su hermano y allí estuvieron juntos alrededor de una semana. Con ellos había detenidos que no eran de Güira de Melena. En los interrogatorios a los que fueron sometidos, les preguntaban quiénes convocaron a manifestarse y cuánto les habían pagado.
Luis es uno de los 29 adolescentes que el régimen ha detenido, procesado o mantiene bajo investigación penal luego de las masivas protestas del 11 de julio. Cuenta que durmió en el piso durante nueve días y que la comida estaba “fatal”. Asegura, además, que a Brenda, quien tiene una condición de salud, no le dieron buena atención y que los guardias se burlaban de ella haciendo muecas.
“Cuando ella llamaba porque se sentía mal y tenía mareos, no le hacían caso. Hasta que yo cogí y le caí a piñazos a la puerta. Entonces la sacaron y la llevaron a darle un medicamento”, relata.
Luis fue liberado con medida cautelar tras 17 días de detención. “Ahora tengo que ir todos los lunes a firmar en la estación de policía de aquí de Güira y me dijeron que tengo que estar en mi casa tranquilo”, explica.
Por su parte, Brenda, a la semana de estar en el Técnico de Cuatro Caminos, la separaron de su hermano y la trasladaron al campamento Reloj Club de Boyeros y más tarde a una prisión en Melena del Sur, donde se encuentra actualmente.
“Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros”, un informe realizado en 2020 por nueve organizaciones defensoras de derechos humanos en América Latina, señala: “Las mujeres trans son transferidas frecuentemente de una prisión a otra por exigir sus derechos y pueden ser ubicadas en áreas donde existen peores condiciones”.
A veces, al no contar con todas las protecciones legales que garanticen y respeten el género autopercibido de las personas trans, el propio sistema policial y carcelario no sabe qué hacer con ellas.
De los 20 países analizados en el informe, solo Argentina cumple todos los estándares internacionales: principio de igualdad y no discriminación por identidad de género, ley contra la violencia hacia mujeres, ley de identidad de género y normas para el alojamiento de personas trans en prisiones.
En países como Cuba, Bolivia y Honduras, aun cuando establezcan en sus leyes generales el principio de igualdad y de no discriminación por identidad de género, las mujeres trans son llevadas a prisiones de hombres o, en el mejor de los casos, a pabellones aparte dentro de las prisiones de hombres.
En Cuba ocurre comúnmente con las encarceladas por “peligrosidad”, que es un eufemismo usado en este caso para designar el trabajo sexual. Son llevadas al correccional para hombres de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, y no al correccional de mujeres Macondo, ubicado en Artemisa.
Brenda no ha sido la única persona trans encarcelada por haber participado en las protestas de julio. Nathalie Álvarez, de la ciudad de Colón, Matanzas, fue detenida en su casa el 17 de julio y acusada por desorden público. Permaneció detenida once días y finalmente fue liberada con medida cautelar y se encuentra bajo investigación penal.
Numerosas mujeres trans participaron en las protestas que el pasado julio se dieron a lo largo del país. En La Habana, un grupo de ellas denunció en entrevista para este mismo medio, la situación que las había empujado a manifestarse.
Además de la escasez de comida y de medicamentos y la falta de libertades que afecta a la mayoría de cubanos y cubanas, hicieron hincapié en el acoso policial, en que son procesadas sin haber cometido delito, y hablaron del desempleo, de la transfobia institucional y de la discriminación laboral.
Los reclamos de Brenda, que lleva 25 días detenida, no debieron ser muy diferentes. Su familia está muy preocupada por su situación legal, su salud e integridad física.
Un periodista de Tremenda Nota que fue detenido el 11 de julio y liberado al día siguiente, reportó haber encontrado a dos mujeres trans en la cárcel provisional conocida como el Vivac. Fue testigo de que eran tratadas por las autoridades con su nombre legal y refirió que fueron internadas en celdas junto a hombres.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que las personas LGBTIQ+ en prisión enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual y de sufrir otros actos de violencia y discriminación, a manos de personas privadas de libertad o de carceleros.
El informe citado arriba alerta que “las mujeres trans (…) son mucho más propensas a sufrir abusos y violencia tras las rejas que otras poblaciones. Además de los retos que el encarcelamiento impone a las personas privadas de libertad, las mujeres trans presentan desafíos relacionados con el alojamiento, su identificación, las requisas, el acceso a servicios médicos, la privacidad, entre otros”.
Este 4 de agosto, el padre de Brenda y otra hermana fueron hasta la prisión donde se encuentra para llevarle comida. “No la dejan ver, solo pasarle comida”, contaron. Informan que el abogado a cargo del caso le dijo a la familia que no puede hacer nada hasta el lunes próximo.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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