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El Código de las Familias llega a la versión 23: Expertos continúan enmendando la ley que permitirá el matrimonio LGBTQ en Cuba

Miguel Díaz-Canel encabezó una reunión el lunes

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La comisión redactora presentó la versión 23 del Código de las Familias (Foto cortesía de Twitter del presidente cubano Miguel Díaz-Canel)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 9 de noviembre.

LA HABANA  — Otra versión del Código de las Familias fue presentada este lunes por la comisión redactora, en una reunión que encabezó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución.

El texto de esta última versión, la número 23, todavía no ha sido presentado al público. El 15 de septiembre de 2021 fue publicada la versión 22 con el propósito de recibir recomendaciones por parte de la ciudadanía a través de un correo electrónico habilitado por el Ministerio de Justicia.

Ese proceso, que incluyó consultas con 47 instituciones del ámbito jurídico, terminó el 15 de octubre.

“Estamos logrando un texto abarcador y consensuado que se parece cada vez más a Cuba”, dijo Díaz-Canel en Twitter este 9 de noviembre.

El propio presidente informó que la versión publicada en septiembre había recibido más de 500 opiniones especializadas durante el mes que fue consultada.

Oscar Silvera Martínez, el ministro de Justicia, detalló en qué consistieron las opiniones incorporadas a la versión 23. Fueron “solicitudes de añadir algo, o de eliminar, o de mejorar el orden, o de precisar una redacción”.

Ninguna organización o experto independiente fue consultado por la comisión redactora, hasta donde ha podido verificar Tremenda Nota.

El grupo feminista YoSíTeCreo en Cuba, por ejemplo, ha insistido en los últimos meses que la nueva ley no permita, en ningún caso, el matrimonio de menores de 18 años. Sin embargo, el anteproyecto de Código de las Familias publicado en septiembre, admite excepciones para que estas uniones puedan realizarse.

La comunidad LGBTIQ+ presentó una carta en octubre pasado con propuestas para la comisión redactora. Por ahora no se sabe si fueron tenidas en cuenta.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Plataforma 11M, la campaña Ahora Sí, la Alianza Afro-Cuba y Dame la Mano, entre otras, celebraron el anteproyecto, pero observaron que “faltan algunas cuestiones importantes en este documento para que sea un Código verdaderamente revolucionario y atemperado a la sociedad cubana actual y futura”.

Entre los aspectos ausentes, los activistas recomendaron incluir el derecho de los menores de edad a que se respete su identidad de género y orientación sexual.

También criticaron la definición de matrimonio usada en el Código de las Familias, aunque este sea uno de los puntos más preocupantes para los sectores conservadores, en tanto abrirá la posibilidad de legalizar sus uniones a las parejas LGBTIQ+.

En su carta, los activistas opinaron que la ley reconozca “las relaciones de más de dos personas”.

En coincidencia con YoSíTeCreo en Cuba, las organizaciones LGBTIQ+ también se opusieron a cualquier excepción que permita al matrimonio infantil.

Silvera Martínez, el titular de Justicia, explicó en conferencia de prensa que la versión 23 será presentada en los próximos días al Consejo de Ministros, la instancia estatal que usará su iniciativa legislativa para presentar el anteproyecto al parlamento.

Después de ser aprobado por el Consejo de Ministros, el texto se convertirá en proyecto de ley, pero todavía tendrá que atravesar por debates y modificaciones antes de entrar en vigor.

Tras la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, comenzará la consulta popular que conducirá a al referéndum donde la ciudadanía tendrá la última decisión sobre la nueva ley.

El intercambio con la ciudadanía, posterior a la aprobación del parlamento, será dirigido por el Consejo Electoral Nacional.

El ministro detalló que de esos debates “necesariamente saldrán nuevas versiones que la Asamblea Nacional volverá a valorar”.

La mayoría del activismo LGBTIQ+ rechaza el referéndum y considera, como prestigiosas organizaciones internacionales, que los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales no deberían someterse al juicio de la mayoría heterosexual.

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‘Un momento fundacional’: La comunidad LGBTQ recuerda el tercer aniversario de la manifestación del 11 de mayo de 2019

Fue la primera marcha independiente de la comunidad en la isla

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Marcha LGBTQ del 11 de mayo de 2019 (Foto cortesía de Alba Graciela/El Estornudo)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 11 de mayo.

LA HABANA — La plataforma 11M, un grupo independiente de activistas LGBTIQ+, convocó este miércoles a un ‘tuitazo’ para conmemorar el tercer aniversario de la marcha del 11 de mayo de 2019, que fue reprimida por la policía, y el segundo de la fundación de la propia organización.

Las etiquetas usadas por la plataforma y numerosos activistas se han referido a la necesidad de tener una ley de identidad de género en Cuba, a la aprobación del Código de las Familias, y también solicitaron la libertad de Brenda Díaz, una mujer trans sancionada por participar en las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

La marcha LGBTIQ+ de 2019, por su parte, ha sido considerada la primera manifestación independiente, numerosa y pacífica, ocurrida durante las últimas décadas en Cuba. Tras esa experiencia, en 2020, un grupo de artistas se reunió frente al Ministerio de Cultura con el fin de presionar a las autoridades para que dejaran de perseguir a el arte que se produce fuera de las instituciones estatales.

La ruta de resistencia ciudadana que condujo al 11 de julio de 2021, cuando salieron a las calles miles de personas en todo el país con reclamos para el gobierno, también está conectada con la marcha LGBTIQ+ de 2019.

Aunque la propia Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) acusó a los manifestantes de haber organizado ‘un show convocado desde Miami y Matanzas’ con apoyo de funcionarios estadounidenses, los activistas han defendido el carácter auténtico de los incidentes del 11 de mayo.

“La conga que daba la señal de arrancada, durante 11 años, a la Jornada Cubana de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia coordinada por el Cenesex, había sido suspendida bajo razones de escaso peso y dudosa credibilidad”, contó el escritor y activista Norge Espinosa en un artículo para Tremanda Nota.

Dice Espinosa que la iniciativa de marchar “se creó a velocidad de relámpago” como respuesta de la comunidad LGBTIQ+, que “a pesar de avances y un grado creciente de visibilidad”, había visto cómo el gobierno evitaba legalizar el matrimonio igualitario en la Constitución de 2019.

El activista Isbel Díaz Torres, que detenido por la policía para que no marchara el 11 de mayo, tuiteó que “el #11M vino a consolidar una verdaderamente existente Comunidad LGBTIQ cubana”, y lo definió como “un momento fundacional”.  

La ‘conga’ cancelada por cuarta vez

En este 2022, luego de dos años suspendida por la pandemia de covid-19, el Cenesex anunció las XV Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia con el tradicional desfile LGBTIQ+ por las calles de La Habana.

No obstante, tras los sucesos del Hotel Saratoga, Mariela Castro informó en sus redes sociales que se decidió, “de manera consensuada”, cancelar la “conga” por cuarto año consecutivo.

Mariela precisó que solo se suspenderían las actividades de las Jornadas que tienen “carácter festivo”, mientras que se mantendrán las “acciones de diálogo científico y activismo social”.

Ante la cancelación de la “conga”, la plataforma 11M dijo a Tremenda Nota que “el 17 de mayo las personas LGBTIQ+ de Cuba no tenemos nada que celebrar (a menos que sea un cumpleaños)”.

La escritora y activista Mel Herrera puntualizó: “La lectura que desde la cisheteronorma se hace de nuestras identidades disidentes: somos identidades festivas, somos solo un divertimento. Esa es nuestra misión y para lo que nos reclama la gente que dicta y sostiene la norma”.

Los activistas de 11M coinciden en que el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, lo que corresponde es una marcha de carácter político donde se presenten exigencias al gobierno cubano.

Entre las peticiones mencionadas en Twitter por el artista visual y activista Roberto Ramos Mori, se encuentra la de #LibertadParaBrendaDíaz, que fue condenada a 16 años de prisión por los sucesos del 11J.

Ramos Mori mencionó en un tweet la necesidad de que se aplique finalmente el programa de educación sexual integral que el gobierno postergó en 2021 tras la presión de varios grupos cristianos.

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Documentan abuso contra solicitantes de asilo LGBTQ bajo custodia del Servicio de Aduanas

Los incidentes tuvieron lugar durante el gobierno de Biden

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Centro de Detención de Eloy en Eloy, Arizona (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Reportar sin Miedo, el socio mediático del Washington Blade, tradujo la nota original que salió en el sitio web del Blade en inglés.

Human Rights First publicó el jueves un informe que documenta el abuso de los solicitantes de asilo LGBTQ que entraron en la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, su sigla en inglés) de Estados Unidos después de que el presidente Biden asumiera el cargo.

El informe señala que un coordinador de PREA (Ley de Eliminación de la Violación en Prisión de 2003) del ICE en el Centro de Procesamiento de LaSalle en Jena, Luisiana, en octubre de 2021, “impidió” a un hombre transgénero mexicano “proporcionar a su abogado una copia del borrador de la denuncia que deseaba presentar” después de haber sido agredido sexualmente. Varios solicitantes de asilo trans en la misma instalación dijeron que los guardias “los sometieron a abusos verbales transfóbicos y otros maltratos”.

“Un hombre transgénero mexicano denunció que en agosto de 2021 un guardia le señaló y le dijo: ‘¿Cuántos hay? Eso no es un hombre de verdad'”, se lee en el informe. “Los guardias le llamaron intencionadamente ‘señora’ y ‘chica’ y utilizaron pronombres incorrectos a pesar de sus repetidos intentos de corregirlos”.

El informe señala que la Oficina de Asilo de Houston del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. la primavera pasada “siguió adelante con una entrevista de miedo creíble” para un activista gay de Angola, “a pesar de que expresó que sufría síntomas de COVID-19, dolor por una reciente agresión física y angustia psicológica por las condiciones de confinamiento, lo que dio lugar a una conclusión negativa de miedo creíble”.

“El hombre le dijo al oficial de asilo que estaba experimentando ansiedad y que se sentía claustrofóbico en el ‘espacio estrecho’ donde se estaba llevando a cabo la entrevista telefónica”, dice el informe. “El oficial de asilo procedió con la entrevista de miedo creíble, durante la cual el hombre no pudo revelar que es gay porque temía que el oficial informara a otros en el centro de detención de su sexualidad”.

“Temía que esa revelación pusiera aún más en peligro su vida, ya que en el centro de detención había sido amenazado y acosado por personas que lo llamaban con insultos homófobos, según su abogado de la Iniciativa para la Libertad de los Inmigrantes del Sureste”, añade.

Se niega la medicación a los solicitantes de asilo con VIH

Pablo Sánchez Gotopo, un venezolano con Sida, murió bajo custodia del ICE el 1 de octubre de 2021. Sánchez había estado bajo custodia del ICE en el Centro de Detención del Condado de Adams en Natchez, Mississippi, antes de su muerte.

El informe no sólo menciona la muerte de Sánchez, sino otros casos de solicitantes de asilo con VIH/sida que dijeron haber sufrido malos tratos mientras estaban bajo la custodia del ICE. Uno de los casos que cita el informe es el de un solicitante de asilo cubano que dijo que se le “negó el acceso a la medicación contra el VIH” mientras estaba bajo custodia del ICE en el Centro Correccional La Palma en Eloy, Arizona, entre abril y julio de 2021.

“A pesar de enviar alrededor de nueve solicitudes de tratamiento al personal médico, informó a su abogado de Immigration Equality que no recibió la medicación para el VIH durante al menos dos meses y medio”, se lee en el informe.

El informe también documenta la detención prolongada de solicitantes de asilo que son LGBTQ y/o viven con el VIH.

Varias mujeres trans de Jamaica que estaban bajo la custodia del ICE en el Centro Correccional de La Palma y en el Centro de Detención de Eloy, Arizona, “fueron sometidas a meses de detención traumática e innecesaria antes de que recibieran las entrevistas de ‘miedo creíble’, que confirmaron su miedo a la persecución”. El informe señala que el ICE no liberó a un solicitante de asilo bisexual de Ghana del Centro Penitenciario de La Palma la pasada primavera hasta que un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza, a pesar de que había superado la entrevista de “miedo creíble”.

El informe cita a un solicitante de asilo trans de Honduras que el Departamento de Seguridad Nacional detuvo en el Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego durante dos meses, a pesar de que recibió una exención del Título 42 que le permitió entrar en Estados Unidos el verano pasado.

El Título 42 es una política de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades que cerró la frontera sur a la mayoría de los solicitantes de asilo y migrantes debido a la pandemia. El gobierno de Biden anunció a principios de este mes que pondría fin a esta política el 23 de mayo.

El informe señala que un solicitante de asilo gay de Senegal no recibió su entrevista de “miedo creíble” hasta que estuvo bajo custodia del ICE durante tres meses. El informe también cita el caso de una persona LGBTQ de Rusia que el Departamento de Seguridad Nacional detuvo en el Centro Penitenciario de La Palma, a pesar de que él y su pareja pidieron asilo juntos en un puerto de entrada en California.

“En virtud de sus defectuosas prioridades de aplicación, que tratan efectivamente a los solicitantes de asilo como prioridades de detención y no contienen exenciones por orientación sexual o identidad de género, el gobierno de Biden ha detenido a muchos solicitantes de asilo LGBTQ durante meses en los centros de detención del ICE, donde son particularmente vulnerables a la violencia”, se lee en el informe.

El informe cita estudios que indican que los solicitantes de asilo LGBTQ detenidos tienen 97 veces “más probabilidades de sufrir agresiones y abusos sexuales que las personas no LGBTQ”.

“Las personas transgénero se enfrentan a un alto riesgo de violencia, discriminación y negligencia médica en la detención del ICE, lo que ha dado lugar a múltiples muertes recientes”, se lee en el informe. “El DHS ha reconocido durante mucho tiempo que las personas LGBTQ detenidas tienen ‘vulnerabilidades especiales’ basadas en la orientación sexual y la identidad de género y emitió una guía sobre la liberación de personas transgénero. Sin embargo, a pesar de un memorando de febrero de 2021 en el que se comprometía a ‘proteger los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de todo el mundo’, la administración Biden sigue deteniendo a personas LGBTQ, incluidos los solicitantes de asilo que piden protección en la frontera”.

En su informe, Human Rights Report hace una serie de recomendaciones a la administración Biden, al Departamento de Seguridad Nacional y al Congreso.

A la administración Biden:

  • Acabar con el encarcelamiento masivo de los solicitantes de asilo y pasar a los programas de apoyo a los casos basados en la comunidad en los casos en que se necesite dicho apoyo. Los programas de apoyo a los casos basados en la comunidad, que generan altos índices de comparecencia, deberían utilizarse en lugar de los programas “alternativos a la detención” que recurren a grilletes punitivos e intrusivos y a la vigilancia electrónica o que equivalen a un arresto domiciliario.
  • No designar ni tratar a los solicitantes de asilo como prioridades para la detención, la aplicación de la ley u otro tratamiento punitivo. La administración y el DHS deben rescindir el memorando de prioridades de aplicación de la ley de 2021 y sustituir la política por un marco de protección que designe categorías de personas, incluidos los solicitantes de asilo, como prioridades de protección.
  • Apoyar la legislación, incluida la Ley de Dignidad para los Inmigrantes Detenidos, que limita el uso de la detención por motivos de inmigración y obliga a celebrar audiencias de redeterminación de la fianza ante un juez de inmigración para cualquier persona sometida a detención por motivos de inmigración.
  • Trabajar con el Congreso para reducir aún más los fondos destinados a la detención de inmigrantes y financiar en su lugar programas de apoyo a los casos; el rentable y exitoso Programa de Orientación Legal (LOP), que debería ampliarse a las redes de refugios fronterizos, así como a todas las instalaciones del DHS en las que se retiene a los solicitantes de asilo, incluidas las instalaciones de la CBP y la Patrulla Fronteriza; y ampliar la representación legal para los solicitantes de asilo y otros inmigrantes.

Al Departamento de Seguridad Nacional:

  • Aplicar todos los criterios aplicables en materia de libertad condicional, fianza y de otro tipo con la presunción de que la liberación de los solicitantes de asilo es de interés público, en consonancia con las obligaciones contraídas por Estados Unidos en materia de derechos humanos y tratados de refugiados, incluido el derecho a la libertad en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
  • Emitir orientaciones sobre la libertad condicional que incluyan la presunción de que la puesta en libertad de los solicitantes de asilo responde a un interés público importante. Las directrices deberían aplicarse a todos los solicitantes de asilo, independientemente de si solicitaron asilo en los puertos de entrada o después de entrar en Estados Unidos fuera de un puerto de entrada e independientemente de si están sujetos a una expulsión acelerada; prohibir el uso de la fianza como condición para la liberación en libertad condicional; y hacer que todas las personas que solicitan protección, incluidas las que se encuentran en procedimientos de expulsión reinstaurados (que no deberían utilizarse), sean elegibles para la consideración de la libertad condicional bajo las directrices.
  • Emitir reglamentos que incluyan una fuerte presunción contra el uso de la detención, trasladando la carga de la prueba al gobierno en lugar de al no ciudadano en todas las determinaciones de custodia para demostrar con pruebas claras y convincentes que el no ciudadano debe permanecer detenido.
  • La Oficina del Inspector General y la Oficina de Derechos y Libertades Civiles deben vigilar de cerca e investigar las denuncias de abusos, uso indebido de la fuerza y confinamiento en solitario, condiciones de los centros de detención, negligencia médica, trato racista, impacto dispar sobre los solicitantes de asilo negros en los centros de detención del ICE. Estas investigaciones deben incluir entrevistas con solicitantes de asilo, abogados, expertos médicos independientes, observadores de derechos y actores no gubernamentales relevantes.
  • El ICE y los operadores de los centros de detención deben trabajar con las comunidades para poner en marcha Juntas de Supervisión Médica Independientes (IMOB) con el fin de aumentar la transparencia pública y la responsabilidad sobre la prestación de atención médica y de salud mental de calidad a las personas detenidas. La IMOB debería tener autoridad para revisar los casos individuales y los expedientes médicos que le presenten las personas detenidas, los abogados o los defensores para garantizar una atención adecuada. Entre los miembros del IMOB podrían figurar profesionales de la medicina y la salud mental, representantes de grupos de defensa o de base comunitaria y abogados familiarizados con los entornos de detención.
  • Evitar el uso del defectuoso e ineficaz proceso de expulsión acelerada y, en su lugar, remitir a los solicitantes de asilo para su adjudicación ante la Oficina de Asilo del USCIS. Como Human Rights First y otras ONG han explicado en repetidas ocasiones, estas adjudicaciones no deberían tener lugar dentro del proceso de expulsión acelerada ni depender de él.
  • En la medida en que la expulsión acelerada se mantenga en la ley de EE. En la medida en que la expulsión acelerada siga existiendo en la legislación estadounidense, el DHS y el Departamento de Justicia deben promulgar reglamentos que, como mínimo, garanticen el acceso a un abogado antes y durante las entrevistas de miedo creíble; proporcionen una interpretación adecuada, prohíban que las entrevistas de miedo creíble se lleven a cabo en un idioma que no sea la lengua materna o la mejor lengua del solicitante de asilo, y permitan a los solicitantes de asilo solicitarlo sin una entrevista de miedo creíble si no se dispone de un intérprete en su lengua materna o la mejor lengua; y revisen la Regla Final Provisional de marzo de 2022 para preservar al máximo un mecanismo crítico de la oficina de asilo para la revisión de las determinaciones negativas erróneas de miedo creíble. El DHS no debería realizar estas entrevistas erróneas en los centros de detención del CBP o del ICE.

Al Congreso de los Estados Unidos:

  • Adoptar legislación, incluida la Ley de Dignidad para los Inmigrantes Detenidos, que limite el uso de la detención por motivos de inmigración y obligue a celebrar audiencias de redeterminación de la fianza ante un juez de inmigración para cualquier persona sometida a detención por motivos de inmigración.
  • Limitar drásticamente la financiación de la detención de inmigrantes para reducir su uso excesivo y, en su lugar, financiar programas de apoyo a los casos basados en la comunidad, que deberían emplearse sólo cuando se determinen medidas adicionales necesarias para garantizar la comparecencia en un caso individual.
  • Apoyar -junto con las entidades estatales, locales y privadas- la financiación de la representación legal universal sin ningún tipo de excepción. El Congreso también debería ampliar la financiación de la LOP y mejorar el acceso a la asistencia letrada en los centros de detención de inmigrantes, incluso estableciendo requisitos para un número mínimo de salas de visitas confidenciales entre abogados y clientes según la capacidad del centro y garantizando las visitas en persona y de contacto para las reuniones entre abogados y clientes.
  • Llevar a cabo una supervisión enérgica del cumplimiento por parte de la administración de las leyes, normas y otras autoridades que autorizan la liberación de los solicitantes de asilo que reúnen los requisitos para ser detenidos; el acceso a un abogado en los centros de detención; los abusos, las condiciones, el trato racista y el impacto dispar de la detención en los solicitantes de asilo negros; la violencia continuada, el maltrato y la colocación insegura de los solicitantes de asilo LGBTQ; el uso injustificado y peligroso de la reclusión en régimen de aislamiento; y el incumplimiento por parte del ICE de la atención médica y de salud mental necesaria para los solicitantes de asilo y los inmigrantes detenidos, tal y como establece la NDS.
  • Garantizar que el DHS cumple con todos los requisitos legales para proporcionar datos e información sobre la detención de solicitantes de asilo, incluidos los informes al Congreso exigidos por la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados Haitianos de 1998. Estos informes no se han hecho públicos desde que los informes del año fiscal 2015 a 2017 se obtuvieron a través de la FOIA y fueron publicados por Human Rights First.

Un portavoz del ICE respondió el viernes al informe en un comunicado al Washington Blade.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) centra sus prioridades de aplicación de la ley de inmigración civil en la aprehensión y expulsión de los no ciudadanos que representan una amenaza para nuestra seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, dijo el portavoz. “El ICE se toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de los que están a nuestro cargo, y se compromete a proteger sus derechos según la ley”.

“En el año fiscal 21, el ICE cambió sus operaciones alejándose de la detención de familias mientras adaptaba la capacidad de detención nueva y existente para hacer frente a una afluencia a lo largo de la frontera suroeste”, añadió el portavoz. “El ICE también anunció previamente que suspendería o limitaría el uso de ciertos centros de detención y continuará supervisando la calidad del tratamiento de las personas detenidas, las condiciones de detención y otros factores relevantes para el funcionamiento continuo de cada centro, mientras evalúa sus necesidades operativas de detención”.

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El camino de resistencia LGBTQ que va del 11 de mayo de 2019 al 11 de julio de 2021

Participantes en las dos movilizaciones hablan con Tremenda Nota

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Analía Escalona y otras manifestantes trans el 11 de julio de 2021 (Foto cortesía de Tremenda Nota)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota escrito por Jansel Moreno salió en su sitio web el 22 de abril.

LA HABANA — Cuando Raúl, junto a un grupo de manifestantes de Regla y Guanabacoa, intentó cruzar el semáforo que divide esos municipios habaneros, un cordón policial le impidió el paso.

Era el 11 de julio de 2021, y desde hacía unas horas el país vivía la mayor ola de protestas en contra del gobierno en la historia de la Revolución Cubana. Ha pasado menos de un año, y la jornada se inscribe entre las mayores rebeliones populares ocurridas en el país.

El llamado 11J, Raúl, un joven de 22 años, estudiante y trabajador que solicitó ser identificado con este seudónimo, había iniciado la jornada como cualquier domingo. El día anterior fue a clases en la Universidad de La Habana y el día de las protestas quería visitar a su novio. 

Las imágenes de la manifestación en la ciudad de San Antonio de los Baños, la primera que ocurrió, cambiaron sus planes. Raúl se enteró de lo que sucedía por Facebook y se unió a otros 50 vecinos. Marcharon para denunciar la falta de medicamentos y comida, la dolarización de la economía que incentiva la migración, y tantos problemas.

Para Raúl, un hombre gay, era imposible no pensar también en la discriminación y en los derechos negados a la comunidad LGTBIQ+.

Raúl avanzó por las calles hasta que un cordón policial situado en mitad de la Vía Blanca, una de las principales carreteras del país, se interpuso en el camino. Los manifestantes cantaron el himno nacional y tuvieron fuerzas para levantarse, romper el cordón.

La comunidad LGTIBQ+ cubana participó en el 11J motivada por muchas de las razones que movilizaron al resto del país: la falta de libertad y la penuria económicas.

“La diferencia es que además traíamos unas demandas añadidas orientadas hacia nuestra sexualidad, identidad de género y los derechos que aún nos faltan”, expuso la periodista y activista Mel Herrera.

Muchas personas LGBTIQ+ protestaron por la falta de reconocimiento legal de sus uniones. Las mujeres trans reclamaron oportunidades laborales reales más allá del trabajo sexual. Otras personas se manifestaron contra la política de las instituciones públicas, que ignoran, señalan o reprimen cualquier forma de activismo no controlado por el Estado.

El 11J puso en evidencia el distanciamiento de los últimos años entre el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y muchas personas LGTBIQ+, que se sienten desatendidas por la institución.

Algunos que marcharon en el 11J ya lo habían hecho 2 años antes, el 11 de mayo de 2019, cuando el Cenesex canceló la tradicional Conga de la Diversidad. El incidente provocó una marcha realizada sin autorización, que terminó disuelta por la policía. Raúl estuvo allí y ahora, en el 11J, volvió a marchar.

Raúl creció escuchando historias de personas expulsadas de sus centros de trabajo o estudio por ser homosexuales en la década de 1970. De gente exiliada en 1980 por su identidad de género o su orientación sexual.

A los 17 años fue detenido, acusado de prostituirse. Dice que solo estaba con unos amigos hospital Calixto García, en La Habana. “Por pinchar mojones, maricón”, escuchó decir a los policías que se lo llevaron y le hicieron firmar un “acta de advertencia” sin presentar pruebas en su contra.

Desde ese momento, supo que la realidad es bien distinta al discurso oficial.  Después de romper el cordón policial el 11 de julio, Raúl acompañó la protesta hasta la sede del gobierno de Regla.

“Nunca imaginé ver tantas personas reunidas en la calle gritando ‘patria y vida’. Aunque ha pasado tiempo, creo que ninguno de nosotros ha vuelto a ser igual, está todavía la sensación de que en cualquier momento se puede repetir”, comenta.  

Desencanto con el Cenesex

En otra parte de La Habana, Mel Herrera también se unió a las protestas del 11J. Como periodista buscaba historias. Como manifestante exigía lo mismo que el resto de la población. Como mujer trans llevaba sus propias demandas. 

Con un vestido holgado y su pelo rizado recogido en un moño, atravesó todo Centro Habana a pie hasta llegar a Prado. Uno de sus motivos para manifestarse fue precisamente lo sucedido con la manifestación del 11 de mayo de 2019.

El desencanto creciente con el Cenesex también se explica por la decisión de las autoridades de eliminar el artículo 68 del proyecto de Constitución. La Carta Magna entró en vigor en 2019 sin matrimonio igualitario, una demanda central de los colectivos LGBTIQ+. La decisión de omitir el polémico artículo, fue atribuida por muchos activistas a la presión que hicieron al gobierno varias iglesias cristianas.

“Hay muchas personas que, incluso estando de acuerdo con la institución (el Cenesex), están desalentadas, cansadas de muchos años de espera, de promesas incumplidas”, afirma Herrera.

La marcha del 11 de mayo de 2019 marcó un antes y después para el activismo LGBTIQ+ y su relación con el Estado.

Ese día, “quedó demostrado que hay una gran parte de la comunidad LGTBIQ+ que no se siente ya representada, que no quiere seguir tutelada por una institución dirigida fundamentalmente por personas cisgénero y heterosexuales”, dice Herrera.

Aunque más recientemente el gobierno decidió incluir el matrimonio igualitario y otras reclamaciones del colectivo en la consulta popular sobre el nuevo Código de las Familias, muchas personas LGTBIQ+ cuestionan que sus derechos sean sometidos a una consulta popular.

Una labor a medias

Las reclamaciones de la comunidad LGTBIQ+ en el 11J pusieron en el centro de la discusión al Cenesex. El centro se fundó en 1988, tras décadas de hostilidad oficial a la diversidad sexual.

Al principio se enfocó en temas sanitarios y educativos pero desde 2000, tras el nombramiento como directora de Mariela Castro Espín, hija del expresidente Raúl Castro, el Cenesex empezó a promover los derechos de las personas LGBTIQ+.

En la comunidad LGBTIQ+, muchas personas admiten que la institución ha puesto en la discusión pública temas cruciales. Sin embargo, también critican que reproduce el funcionamiento vertical de otras instituciones estatales.

Cuando la marcha del 11 de mayo de 2019 fue convocada, Castro Espín respondió en sus redes sociales catalogando el incidente como un “show convocado desde Miami y Matanzas”.

Isbel Díaz Torres, escritor, activista ambientalista y por los derechos LGBTIQ+, vivió de cerca lo que puede significar alejarse del Cenesex.

En 2010, fue invitado a una capacitación sobre diversidad sexual y derechos humanos en el Cenesex, pero se fue percatando de que la intención de los encuentros era formar una organización afín a la institución.

“Tenían un grupo de mujeres lesbianas, otro de mujeres trans, y ahora querían uno de hombres gays y bisexuales”, explica el activista.

“Por más que insistimos en que no veíamos sentido en fundar una organización solo de hombres, ni por qué el Cenesex tendría poder de decisión sobre la misma, la presión de una funcionaria condujo a que se aceptaran tales limitaciones”, narra.

Tras su salida del grupo, ayudó a crear la organización independiente Proyecto Arcoíris. Ahí fue conoció lo que significa estar fuera del Cenesex. Arcoíris era un pequeño grupo que editaba un boletín y un blog. Se definía como anticapitalista.

“El asedió incluyó muchas llamadas telefónicas y ‘entrevistas’ que buscaban amedrentarnos. Todo ello salpicado por el sello de la homofobia, marca distintiva de la policía política en Cuba”, recuerda Díaz Torres.

Durante la Conga de 2016, 2 activistas del grupo llevaron un cartel que decía “NO MÁS VIOLENCIA POLICIAL CONTRA [email protected]“, en referencia a una reciente redada contra miembros de la comunidad LGBTIQ+. Ambos fueron molestados por agentes de la Seguridad del Estado, que acabaron arrebatándoles el cartel. Uno de ellos era Jimmy Roque, el novio de Díaz Torres.

En mayo de 2019, cuando el grupo decidió participar en la Conga no avalada por el Cenesex, Díaz Torres y su pareja fueron capturados durante 24 horas para impedirles tomar parte en la marcha.

En el 11J, Diaz Torres no pudo salir a las calles. Para entonces, ya vivía en el exilio. Ha estado bien pendiente, en solidaridad, con los manifestantes LGBTIQ+ que han sido condenados por participar en las protestas.

Uno de los casos más conocidos es Yoan de la Cruz, joven gay de San Antonio de los Baños, preso desde julio de 2021 y condenado a 6 años por «desorden público y desacato», según informó su familia.

Brenda Díaz García, una mujer trans, también ha sido procesada por su participación en las protestas de Güira de Melena, provincia de Artemisa. Ella fue acusada de “desórdenes públicos y sabotaje” supuestamente por lanzar piedras durante las protestas. Su familia niega la acusación.

En Cuba no existen protocolos de atención para las LGTBIQ+ privadas de libertad. Las personas trans son internadas según el género asignado al nacer y no según su género autopercibido. Díaz García lleva meses presa en un centro para hombres, informó un familiar.

La identidad de género, otra razón para marchar

En la ciudad de Holguín, Vivian se unió a las protestas del 11J. Al igual que Raúl, utiliza este seudónimo para protegerse de represalias.

“No podía quedarme en mi casa mientras todo el mundo estaba en la calle. No tiré piedras, solo grité y marché. Cuando la policía empezó a ponerse más pesada me fui. Bastante difícil lo tengo yo como para caer presa”, dice Vivian.

Es una mujer trans que se dedica al trabajo sexual.

“Yo estoy un poco cansada del ‘ahora sí y ahora no’ del gobierno”, comenta en relación con el matrimonio LGBTIQ+.

“Hace poco fue lo mismo con el tema de las escuelas”, agrega.

Se refiere a un programa de educación sexual que diseñó el Ministerio de Educación y finalmente no entró en vigor tras la presión de varios grupos cristianos.

Vivian comenzó su proceso de transición a los 17 años. La primera vez que usó una saya fue en un turno de educación física. El profesor la mandó de regreso a su casa. A la mañana siguiente recibió burlas y hostigamiento por parte de compañeros y profesores. Vivian no terminó su preuniversitario.

“Yo siempre quise ser maestra, pero aquello que me pasó en el ‘pre’ me cambió hasta mis sueños. Tuve que coger la calle, al final todas terminamos ahí. La casa era otro infierno, vivía sola con mi mamá y ella nunca me aceptó”, recuerda.

El trabajo sexual es una de las pocas opciones para las mujeres trans en Cuba. Solo algunas acceden a un trabajo estable, muchas veces como auxiliares de limpieza en centros de salud.

Yessica, una mujer trans de La Habana de 24 años quien pidió ser nombrada con este seudónimo, se manifestó el 11J en el municipio de Diez de Octubre.

Uno de los motivos que impulsaron a Yessica a manifestarse fueron sus dificultades para acceder al tratamiento hormonal que necesita pues el Cenesex solo proporciona una parte. “Las demás pastillas las tienes que buscar por tu cuenta”, dice.

La crisis económica que afecta al país, agravada por la pandemia, redujo la disponibilidad de medicamentos y obligó a personas trans a parar el proceso o buscar medicamentos alternativos.

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