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El Código de las Familias ya es proyecto de ley en Cuba, pero no revelaron la fecha en que se realizará el referendo
El documento será consultado con la ciudadanía a partir de febrero
El Blade ha publicado una versión de esa noticia en inglés.
LA HABANA — El Código de las Familias, uno de los textos legales que probablemente han tenido más versiones en la historia jurídica de la Revolución Cubana, fue aprobado este martes como proyecto de ley por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Una nota publicada en la web del parlamento, comunicó además que el documento será consultado con la ciudadanía a partir de febrero de 2022 y hasta que concluya abril.
La presentación de la futura ley a los diputados, estuvo a cargo de Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia.
Silvera consideró que el nuevo Código de las Familias es “un proyecto moderno, plural, respetuoso, defensor de todos los derechos para todas las personas”.
La diputada Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), conocida por su polémico activismo LGBTIQ+ al frente de esa institución, dijo que el Código “no quita derechos a nadie, sino que amplía las garantías de los derechos para todos”.
“Tenemos la responsabilidad histórica de aprobarlo para consolidar el carácter humanista de la Revolución”, insistió Castro Espín, que llamó “una participación consciente” en el referendo que vendrá después de la consulta popular.
La diputada consideró que el proyecto legislativo “contribuye a la erosión del patriarcado como dispositivo de opresión y dominación, a la democratización de las relaciones entre hombres y mujeres y las diferentes generaciones de los grupos familiares”.
El líder cubano Raúl Castro no hizo ninguna observación pública sobre el proyecto de ley, aunque asistió a esta sesión del parlamento. Los medios oficiales tampoco reportaron ninguna declaración del presidente Miguel Díaz-Canel, que hace pocos meses recibió en el Palacio de la Revolución a un grupo de activistas vinculados a Cenesex.
El futuro Código de las Familias propone la legalización de las uniones LGBTIQ+ y el acceso de las parejas beneficiadas a la adopción, la fertilización asistida e incluso a la denominada “gestación solidaria”, que permitirá a cualquier mujer tener un hijo para otra persona o pareja, con el requisito de una relación afectiva o familiar previa y sin que medie ningún pago.
El proyecto legal renueva conceptos como el de la “patria potestad” tradicional, que ahora se denominará «responsabilidad parental», y reconoce la validez de los vínculos “socioafectivos” entre las personas, además de los estrictamente biológicos.
Sin embargo, la primera versión pública del texto recibió críticas del activismo LGBTIQ+ y feminista, en particular por no proteger a las personas trans en el ámbito familiar y también por permitir excepcionalmente los matrimonios de menores de 18 años.
Esta última observación fue resuelta por la comisión redactora en la versión 23 del documento, presentada a la presidencia de la República en noviembre pasado. El matrimonio infantil no será permitido en Cuba, ni siquiera en determinados casos. En cambio, las personas trans continuaron ausentes en el texto.
El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad y, según el periódico Trabajadores, la discusión de los diputados fue “emotiva y profunda”.
La consulta que viene
Alina Balseiro, presidenta del Consejo Electoral Nacional (Cen), ofreció detalles este domingo sobre la consulta del proyecto de ley a partir de febrero.
La funcionaria informó, ante dos comisiones del parlamento, que el Cen ya determinó 78.000 puntos de reunión en circunscripciones electorales de todo el país para presentar la futura ley a la ciudadanía.
“Se mantienen en las propuestas de los electores las categorías de modificación, adición, eliminación y dudas. Se incluyen las de favorables y otras. En todos los casos se cumplirá el principio de respetar el criterio de los electores y no se establecerán discusiones con los mismos”, dijo Balseiro.
En su exposición, la funcionaria aclaró que los electores podrán entregar sus observaciones por escrito o presentarlas verbalmente en las reuniones.
Según Balseiro, a finales de enero realizarán “un ejercicio práctico” para “promover la capacitación de todos los involucrados en las consultas”.
Después de “dos cortes informativos” con las propuestas de los electores procesadas por expertos, los resultados de la consulta serán entregados al parlamento en mayo de 2022. Se mantiene la opción de enviar opiniones por correo electrónico a la Asamblea.
Sin embargo, la funcionaria no especificó en qué fecha se celebrará el referendo, previsto en una de las disposiciones transitorias de la Constitución de 2019.
A partir de lo informado hasta ahora, se deduce que los resultados de la consulta popular estarán a disposición del parlamento para hacer nuevas modificaciones al proyecto de ley. Después se realizaría el referendo, una opción que ha sido usada en otros países antes de aprobar el matrimonio LGBTIQ+ y que, en todos los casos, fue criticada por el activismo. Cuba no es la excepción.
“Ni una sola mención explícita a la ciudadanía LGBTIQ+ en la Presentación del #CódigoDeLasFamilias”, posteó en Facebook el activista Yadiel Cepero.
Cepero fue el organizador de una protesta frente a la televisión cubana en 2020 después de la censura de un beso gay. También estuvo relacionado con la preparación de la marcha del 11 de mayo de 2019.
“La unidad del pueblo cubano no debe ni puede ser una excusa para limitar derechos a la ciudadanía LGBTIQ+. #HeDicho”, también posteó Cepero este martes.
Los activistas se han manifestado inconformes, desde el principio, con los procedimientos usados por las autoridades respecto al Código de las Familias. Hace varios meses, cuando se informó la constitución de la comisión redactora del texto, observaron que no había ninguna persona abiertamente LGBTIQ+ entre sus miembros.
“Falta ver cómo va a quedar después de esa consulta. Sigue siendo el mismo Poncio Pilatos que nos hicieron cuando el 68”, dijo en Facebook la activista Yeyé Hernández Molina, una de las gestoras de la campaña Ahora Sí.
El artículo 68 del anteproyecto de Constitución finalmente presentado en 2018, definía el matrimonio como “la unión de dos personas”.
El gobierno, presionado por varias iglesias cristianas, según confesó a un medio europeo la propia diputada Mariela Castro, acabó sustituyendo ese concepto por una fórmula vaga que dejaba abierta la puerta para legalizar las uniones LGBTIQ+ sin ser tan específico.
En las sesiones previas al referendo de la Constitución, el parlamento acordó un plazo de dos años para redactar el Código de las Familias, presentarlo públicamente y convocar a otro referendo. El plazo llegó a su fin.
Las mismas iglesias que combatieron el artículo 68 han estado haciendo declaraciones sobre el matrimonio LGBTIQ+ durante 2021, y con especial énfasis han criticado el programa de educación sexual “con enfoque de género” adoptado en febrero pasado por el Ministerio de Educación.
Después de amenazar con impedir que sus hijos asistieran a las escuelas públicas, estos grupos cristianos consiguieron que el gobierno postergara la implementación del programa.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
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