The New Gay Times es el socio mediático del Washington Blade en México. Se publicó esta traducción del texto original el 24 de julio. Este artículo fue publicado originalmente en inglés por el Blade el 20 de julio.

CIUDAD DE MÉXICO — La enviada especial de Estados Unidos para la promoción de los derechos LGBTQ e intersexuales en el extranjero afirmó el jueves que los políticos de todo el mundo se dirigen a las personas LGBTQ e intersexuales como una forma de “distraer” de sus propios fracasos de gobierno.

Jessica Stern habló en la apertura de la Conferencia de Líderes Políticos LGBTI de las Américas y el Caribe en la Ciudad de México que el Instituto LGBTQ+ Victory co-organizó con grupos de defensa de México, Colombia, República Dominicana, Perú, Honduras y Brasil.

Volvió a condenar la Ley contra la Homosexualidad de Uganda que el presidente Yoweri Museveni firmó en mayo.

La ley contiene una disposición sobre la pena de muerte por “homosexualidad agravada” y penaliza la “promoción de la homosexualidad” con hasta 20 años de cárcel.

“Se podría argumentar que una reunión como ésta podría calificarse de promoción de la homosexualidad y que todos podríamos ser considerados penalmente responsables por estar hoy en esta sala de conferencias”, dijo Stern.

“[La Ley contra la Homosexualidad] incluye una cláusula de obligación de denunciar que requeriría a médicos, propietarios e incluso familiares a denunciar a cualquier persona de la que tengan motivos para sospechar que es homosexual, lo que básicamente crea un estado de vigilancia para todas las personas LGBTIQ+ por el simple hecho de serlo”, añadió.

“El objetivo es distraer la atención de problemas acuciantes como la corrupción, la pobreza y el cambio climático, que no tienen fácil solución”.

Stern dijo que la Ley contra la Homosexualidad y leyes similares en todo el mundo contienen disposiciones que “son intencionadas y explícitamente vagas porque el objetivo no es mantener a nadie a salvo de las personas LGBTQI+”. Stern añadió que los políticos utilizan la incitación al odio, el chantaje, la extorsión y la violencia para atacar a las personas LGBTQ e intersexuales y convertirlas en “hombres del saco”.

“Convertir a las personas LGBTIQ+ en chivos expiatorios tiene consecuencias reales”.

“El objetivo es distraer la atención de problemas acuciantes como la corrupción, la pobreza y el cambio climático, que no tienen fácil solución”, afirmó. “Convertir a las personas LGBTIQ+ en chivos expiatorios tiene consecuencias reales. Convertir a todo un grupo de personas en una amenaza para la sociedad no es sólo una forma útil de manipular a una población nacional, en un mundo conectado a través de las redes sociales las amenazas hacen metástasis a nivel regional y global”.

En su discurso, Stern citó estadísticas de Human Rights Watch que indican que se han presentado más de 500 proyectos de ley anti-LGBTQ en las legislaturas estatales de Estados Unidos en 2023, y casi la mitad de ellos se dirigen específicamente a las personas transgénero y no binarias. Stern señaló que los legisladores estatales han aprobado 70 de ellos: Quince prohíben la atención de afirmación de género para menores, cuatro “censuran” los programas escolares y dos “apuntan a las actuaciones de drag”.

“Es una tragedia absoluta”, afirmó Stern.

“La verdad es que Estados Unidos no está solo en estos ataques anti-LGBTIQ+”, añadió.

Stern señaló que Thalía Rodríguez, una destacada activista trans, es una de las 32 personas LGBTQ o intersexuales que fueron asesinadas en Honduras en los primeros 10 meses de 2022. Stern también hizo referencia a las estadísticas de Colombia Diversa, un grupo colombiano de derechos LGBTQ e intersexuales, que indican que 41 personas LGBTQ+ e intersexuales -seis de las cuales eran activistas- fueron asesinadas en el país sudamericano entre enero y agosto de 2021.

“Esto es completamente inaceptable, y por eso nos reunimos en salas como esta”, dijo Stern.

En su discurso, Stern también destacó los avances en materia de derechos de las personas LGBTQ e intersexuales en América y el Caribe.

Señaló que Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves y Barbados despenalizaron las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo en 2022. Stern señaló que el Tribunal Supremo de Brasil dictaminó en 2021 que una ley que pretende combatir la violencia doméstica y de género “debe ser válida para todas las mujeres trans.”

Stern también se refirió a los 20 estados mexicanos que ahora permiten a las personas actualizar sus nombres y marcadores de género “a través de un simple proceso administrativo”.

“Esta región está dando un ejemplo que está inspirando a otros en todo el mundo”, dijo.

El presidente Joe Biden firmó en 2021 un memorando por el que Estados Unidos se comprometía a promover los derechos de las personas LGBTQ e intersexuales en el extranjero como parte de la política exterior general de su administración. Estos esfuerzos incluyen el apoyo al matrimonio igualitario en países donde los activistas dicen que es posible a través de la legislación o el proceso judicial.

Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a funcionarios ugandeses después de que Museveni firmara la Ley contra la Homosexualidad de su país.

En su discurso, Stern afirmó que la administración Biden-Harris se ha comprometido a combatir las llamadas terapias de conversión en Estados Unidos y en todo el mundo. Stern también señaló que el Fondo Mundial para la Igualdad, una iniciativa liderada por Estados Unidos que busca promover los derechos LGBTQ e intersexuales en todo el mundo, ha entregado más de 115 millones de dólares a beneficiarios en más de 100 países desde 2011.

“Eso no sería posible sin la colaboración de muchos gobiernos de esta región”, dijo.

Stern también señaló que es la mujer lesbiana de más alto rango en el Departamento de Estado.

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 27 de febrero.

TEGUCIGALPA, Honduras — La foto se volvió viral en cuestión de minutos. En la imagen, una bandera inclusiva cuelga de la pared junto a la maestra que está dando clases en la Escuela Internacional Sampedrana (EIS). Un estudiante compartió la fotografía en sus grupos de mensajería el martes 22. Un día después, madres escandalizadas crearon varias salas privadas de WhatsApp para pedir a la escuela que dejaran de “adoctrinar a sus hijos” con la “ideología de género”.

Al menos 700 personas ya eran parte del grupo “a favor de la familia de la EIS” el viernes 25. El grupo se describe en su perfil como “papás de EIS que luchan por nuestros valores morales con el fin de trabajar con las autoridades de la escuela para evitar que la ideología de género se filtre en nuestra comunidad educativa”.

La foto no solo se hizo viral en San Pedro Sula, sino que pasó por Tegucigalpa y llegó a la propia Washington DC. Al mismo tiempo, en la “Inter” se formaron pequeños grupos de madres de familia que comenzaron a cuestionar la identidad y orientación de género de la maestra estadounidense.

Entretanto, otras personas exigieron a la EIS que quitaran la bandera inclusiva de la pared del aula. “Qué tristeza ver esto en la escuela”, escribió en el chat de WhatsApp una madre indignada que es pariente de un exalcalde de San Pedro Sula por el Partido Nacional.

No sólo se armaron grupos discriminatorios en la escuela más cara de San Pedro Sula que además se halla entre las diez más “exclusivas” de Honduras. También se alzaron voces a favor de la docente, considerada una de las mejores del centro educativo por su profesionalidad.

Los demás maestros estadounidenses de la EIS, junto con varios colegas hondureños, se aliaron en favor de su compañera discriminada. Si la tocan, nos vamos a pronunciar, aseguraron los defensores de la docente, quienes al mismo tiempo se preguntaban qué delito es tener una bandera LGBTIQ+. 

Reportar sin Miedo obtuvo capturas de los comentarios contra la maestra estadounidense gracias a la denuncia y la documentación presentada ante nuestro medio por un familiar que tiene parientes en la EIS. Reportar sin Miedo verificó de forma independiente la autenticidad de la información y contrastó el contenido cruzándolo con otras bases de datos.

Nuestras fuentes mostraron la preocupación dentro y fuera de la escuela por este acto de “persecución, discriminación y de verdadera ignorancia lo que han hecho contra la docente”. 

Reportar sin Miedo contactó por llamada y mensaje a Pamela Blanco de Vaquero, representante legal de la EIS, pero no quiso contestar nuestras preguntas sobre el caso. Vaquero, del bufete Vaquero Blanco y esposa del ministro de Gobernación Tomás Vaquero, solo dejó en visto nuestros mensajes de WhatsApp. 

También buscamos la reacción de la rectora de la escuela, Gina Larach, quien dijo que no podía contestar en ese momento y que la llamáramos el lunes. La llamamos ese día, pero tampoco contestó.

Otra fuente independiente dijo a Reportar sin Miedo que la EIS apoyó a la maestra al haber tomado una posición basada en derechos humanos de acuerdo con sus principios y valores.

Apegado a su código de ética, Reportar sin Miedo decidió no reproducir la imagen ni el nombre de la maestra discriminada para no continuar alimentando el morbo y el sensacionalismo.

La reacción contra la docente es parte de los ataques dirigidos contra el gobierno de Xiomara Castro en cuanto se supo que planea añadir la educación sexual al currículo de las escuelas de Honduras. 

Los grupos conservadores en la EIS se lanzaron de inmediato en defensa de lo que consideran “moralidad cristiana” y “buenas costumbres”.

“Es sumamente preocupante dejar avanzar este tipo de campañas y que se instalen en el imaginario de los padres de familia. Si esto pasa en las escuelas privadas, donde ha habido más vinculación con derechos humanos, ¿qué pasará cuando se empiece a implementar la educación sexual integral en las escuelas públicas donde los padres de familia tienen menos herramientas y son más fáciles de influenciar por grupos conservadores?”, dijo la especialista en género Vanessa Siliezar.

Pero ¿de qué hablaron los padres y madres en WhatsApp? 

Qué dijeron en el chat 

En sus salas de chat y otras redes de apoyo y comunicación, los padres de familia de la EIS pertenecientes a las élites de la ciudad del norte de Honduras afianzaron su posición contra la supuesta “ideología de género”. 

“De qué sirve que quiten banderas o similares si hay personas que educan a nuestros hijos con esas ideologías”, escribió una persona en el chat privado.

“Los padres de la EIS han hecho un grupo para estar en contra de la diversidad de género. Al parecer los maestros hacen uso de banderas alusivas a la inclusión y ellos están en contra. Sembrando odio y despecho en los alumnos”, comentó alguien más.

Luego de contactarse con varias escuelas que sostienen la misma postura conservadora, aseguraron tener un documento que presentarán ante el Gobierno en contra de la nueva currícula académica. 

“Pero la escuela no contrató a este personal por imposición del gobierno, ¿verdad? El gobierno hasta ahorita no puede obligar a nada”, argumentó un participante del grupo.

“Nadie está obligado a tomar iniciativas o políticas que estimulen o desarrollen la aceptación, integración de esas preferencias sexuales”, mencionó otro.

“Creo que hay que respetar la opinión y gustos de la maestra, no siento que hay que tener algo en contra de ella o su imagen. Pero sí que deje esas ideologías fuera de los portones de la escuela”, publicó alguien más.

En el chat se discutió la existencia de un documento llamado “Caballo de Troya”, redactado por otra escuela sampedrana de renombre y firmado supuestamente por 120 centros de enseñanza que rechazan el nuevo plan educativo.

No obstante, este grupo de padres de familia de la EIS mostraron malestar debido a que dicha institución no tomaba partido del escrito que han estado redactando desde hace más de cuatro semanas.

“Se debe respetar a la persona y su manera de pensar, pero hacerle ver la postura de la EIS en referencia al tema y la preocupación de nosotros como padres de familia, no es correcto señalar de manera personal”, exigió un participante en el grupo.

“Está bien respetar los “gustos” de los demás, pero, cuando es una maestra, todo cambia porque estas personas sirven de ejemplo a nuestros hijos y aunque se les prohíba promover el tema su forma de hablar y comportarse, sí puede influir en nuestros niños”, dijo otra persona.

“Este tema es universal, del cual no podemos hacernos ciegos, pero la escuela es la segunda casa de nuestros hijos y se está haciendo de ojos cerrados por sus intereses sobre este tema tan importante. Así como no permiten algunas cosas, esto también deberían no permitirlo”, señaló un indignado.

“La junta está haciendo esfuerzos para lidiar con esto. Es un ataque directo a la familia como la conocemos. los maestros no pueden influenciar sobre nuestros hijos sus propias creencias”, afirmó otro familiar.

“No es tan fácil desde un punto de vista legal, de los derechos humanos. La escuela legalmente no puede ampararse en la religión. Por eso lo mejor es pedir que nos den una charla o explicación para disipar dudas. En mi casa puedo decir acá no se hace esto y punto, pero en un centro educativo no es así de fácil. Es de usar las palabras correctas que no perjudiquen legalmente a la escuela ni asusten a futuros maestros o que se dé pie a que nos quiten el derecho al diploma de high school”, opinó otro miembro del chat.

“Ayer solucionó la escuela de forma inmediata lo de las banderas. Lo que se hizo después fue trabajar en un escrito para que todos los preocupados con el tema pusiéramos firmas. Así se enviaba a la directiva y pudiera formar parte del apoyo a nivel nacional para presentarse al Ministerio educativo y luchar por el futuro de nuestros hijos”, escribió un participante del grupo.

Cabe destacar que la EIS es una institución laica que durante décadas ha contratado a docentes y profesionales de educación en varias interseccionalidades y de varias nacionalidades.

Si los ataques contra la maestra estadounidense han levantado tanta polémica es porque forman parte de una campaña más grande que desde hace varios años está poniendo en la mira la supuesta “ideología de género”.  

Todo comenzó en 2022 con la llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro.

La ‘ideología de género’ y sus tácticas de desinformación

El caso de la maestra discriminada en la Escuela Internacional Sampedrana es producto de una campaña promovida por grupos antiderechos que comenzó desde que Xiomara Castro llegó al poder en enero de 2022, según analistas.

Esta estrategia de los antiderechos ha tenido varios “momentos cumbres”. La campaña que combate una supuesta “ideología de género” saltó de nuevo a los medios de comunicación masivos en noviembre de 2022, documentó Criterio.hn. En esa fecha, la Secretaría de Educación anunció que iba a lanzar una nueva malla curricular para que los niños y niñas aprendan la importancia de la equidad de género.

Uno de los resultados a corto y largo plazo de la nueva malla es reducir la violencia machista en Honduras. También busca ofrecer Educación Sexual Integral (ESI) a la población estudiantil, tema que todavía no ha sido decidido en el Congreso Nacional.  La campaña  asegura que se enfrenta a una llamada “ideología de género”, la cual no existe, según expertos como Jessica Isla, porque fue creada por grupos conservadores para perpetuar el odio y la discriminación.

¿Qué es el discurso de odio? En el lenguaje común, la expresión “discurso de odio” hace referencia a un discurso ofensivo dirigido a un grupo o individuo y que se basa en características inherentes (como son la raza, la religión o el género) y que puede poner en peligro la paz social.

Algo parecido piensa el sociólogo Sergio Bahr: “La ideología de género no existe. Existe enfoque de género y lo llaman ideología de género para tratar justamente de quitarle valor, minimizarlo y quitarle validez”.

La estrategia ha tenido como voceros a líderes de grupos religiosos fundamentalistas, como el pastor evangélico Roy Santos, quien es amigo íntimo del expresidente Juan Orlando Hernández. El exmandatario está preso en Estados Unidos en espera del juicio en su contra por supuestos delitos de narcotráfico. 

Entre los promotores de la campaña se hallan también varios miembros del Partido Nacional (PN), como Tomás Zambrano, jefe de bancada del Poder Legislativo. Durante la elección de la Corte Suprema de Justicia el 16 de febrero, Zambrano pronunció un discurso de odio contra las mujeres y las personas LGBTIQ+. 

“Ya no podrán legalizar lo que es el aborto desde la Corte Suprema”, dijo Zambrano mientras agitaba la Constitución de Honduras con gesto amenazante. “El Partido Nacional con muchos de ustedes hace dos años blindamos la vida, dejamos prohibidas todas las formas del aborto”. 

El jefe de bancada del PN se refirió de esa forma a que la Corte Suprema quedó en manos de tres partidos políticos: Libertad y Refundación con seis magistrados, el Partido Nacional con cinco y el Liberal, cuatro.  

El segundo “momento cumbre” de la campaña de odio se produjo el 22 de febrero, Miércoles de Ceniza. 

Ese día sagrado para el catolicismo, los diarios tradicionales La Prensa y El Heraldo reprodujeron la conferencia del “psicoterapeuta” italiano Paolo Pellegrino.

¿Quién pagó el viaje de Pellegrino a San Pedro Sula? 

Todavía no lo sabemos.  

El ‘experto’ que vino de Italia

“Deben cuidar a sus hijos ante la ideología de género” fue el titular que La Prensa publicó sobre la conferencia que el “experto” italiano Paolo Pellegrino dio en San Pedro Sula.

“Regresa la época medieval, el oscurantismo, la imposición del dogma sobre la libertad humana. La academia debería ser santuario de respeto a la diversidad. Lamentable que la UTH promueva semejante retroceso”, escribió la activista Gabriela Blen sobre la charla de Pellegrino.

El italiano que aterrizó en San Pedro Sula se promociona como profesor de una prestigiosa universidad de Roma. En Honduras se presentó ante 500 padres del norte de Honduras para recomendarles “no dejar en manos de promotores de ideología de género la educación de los hijos”, según los medios de Grupo Opsa que tienen al frente al empresario Jorge Canahuati. 

Para el sociólogo Sergio Bahr, los artículos de La Prensa y El Heraldo sobre Pellegrino y sobre la supuesta “ideología de género” son “tendenciosos y malintencionados”. 

Fue malintencionado, sobre todo, “ponerlo en portada cuando algo de género en portada es una decisión política que tiene que ver con el gobierno de Xiomara Castro”, señala Bahr. 

“Tiene que ver con una toma de partido de esos medios abiertamente a favor de los intereses de los movimientos ultraconservadores y su discurso”.

El sociólogo y experto en masculinidades agrega que el término “ideología de género” fue inventado “por propagandistas de la extrema derecha norteamericana hace muchos años como una forma de espantar a la gente porque al llamarlo ideología tratan de quitarle validez académica intelectual de reflexión y de análisis que tiene el enfoque de género”.

Siembran la semilla del miedo 

“Si los homosexuales quieren estudio, que el Gobierno les coloque institutos, trabajos solo para ellos, que se gradúen allí solo ese tipo de gente, pero que no vengan a envenenar a nuestros hijos. Doña Xiomara que les dé dónde graduarse, que estudien pero no donde están nuestros hijos y venir a confundirlo todo”.

Opiniones como esta, aparecida en el chat de los padres y madres de la Escuela Internacional Sampedrana, son las que “siembran el miedo”, según la especialista en género Vanessa Siliezar. 

Los grupos conservadores de Honduras propagan esta clase de ideas antiderechos. A través de los medios tradicionales masivos del país y con apoyo del fundamentalismo religioso, esperan que más gente se una a las campañas de odio.   

“Han puesto en el imaginario colectivo algo que no existe”, dice Vanessa Siliezar, quien es también directora de la Unidad de Desarrollo de la Mujer y la Familia (Udimuf). “La ideología de género no existe es una manera peyorativa de denominar al feminismo y a todo lo que esto implica, libertad e igualdad, no discriminación, una apuesta política por la igualdad de oportunidades”. 

Las campañas de odio, agrega Siliezar, tratan de evitar que se propaguen las ideas de libertad de educación e información sobre educación sexual integral. 

“Eso es puro miedo”, afirma.

“Los grupos conservadores plantan la semilla del miedo y esta se reproduce y perpetúa fácilmente, en especial en países con un grado de educación tan bajo como este”.

Mientras arde la polémica sobre la “ideología de género”, uno de cada cuatro partos en Honduras es de una menor de 19 años. Somos el segundo país latinoamericano con más embarazos en adolescentes, con 140 nacimientos por cada mil mujeres, según la UNFPA. La tasa de embarazo en niñas de 10-14 años en Honduras es de cuatro, según la segunda encuesta nacional de demografía y salud de 2019.

Espera nuestra próxima nota: “De la ideología de género al Estado laico”.Si tienes más denuncias escríbenos a [email protected] 

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SAN MANUEL/SAN PEDRO SULA, Honduras — “Nosotras no contamos con muchos servicios que son esenciales como mujeres trans”, recalca Angie Orellana. Uno de ellos es la salud, la cual es un derecho vital para cualquier ser humano. Desafortunadamente, los entes gubernamentales han segregado a la población trans, dejándola sin atención o discriminándola al brindarle este servicio.

Hasta este momento solo hay un protocolo desarrollado para brindar asistencia a las personas LGBTIQ+, la llamada Guía 06:2016, que socializa cómo “proveer servicios de salud libres de estigma y discriminación a personas trans e intersexuales trabajadores y trabajadoras sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas con VIH”.

Más allá de esta, las personas trans no tienen nada que las ampare y constantemente se ven enfrentadas a escenas de discriminación, humillación o negación de servicios por su género dentro de instituciones estatales. Cabe resaltar que en Honduras alrededor del 70 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y en 2021 la pobreza extrema aumentó en un 44 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sumado a esto, la casi imposible obtención de empleos bien remunerados debido a la discriminación por parte de una sociedad que las rechaza. Según el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe, las clasificaciones de empleo son las siguientes: trabajadoras sexuales, el 42 por ciento del total, el 34 por ciento son trabajadoras formales, el 5 por ciento son activistas y el 7 por ciento trabajadoras informales.

Al respecto, Angie señala que este escenario obliga a muchas personas trans a migrar de forma irregular a países como Estados Unidos, donde su expresión de género no es un impedimento para obtener un empleo digno, acceder a educación y un servicio de salud integral.

Forzadas a cambiar de vida

En Estados Unidos, se encuentra Aneiry Zapata, hondureña de 26 años de edad, refugiada desde hace siete, huyendo de la violencia y discriminación a la que estaba expuesta solo por su expresión de género.

La hija de padres indocumentados, actualmente se desempeña como activista de derechos humanos en BLMP en la coordinación del Comité Garífuna, brindando servicios a migrantes recién llegados al país anglosajón para que obtengan servicios de salud, refugio y alimentación luego de su travesía.

“Honduras me trató muy mal”, dice al continuar su relato con un semblante serio, un tono de voz seguro y con ojos totalmente expresivos. Comparte que aunque sabe que en algún momento tiene que volver a Honduras, no quiere.

Aneiry y Angie comparten la pasión por la educación. Antes de migrar, la activista se dedicaba a la docencia, sin embargo, aún los niños de los cuales era maestra la insultaban llamándola con pronombres masculinos y usando términos homofóbicos argumentando que sus padres la nombraban de esa manera.

Al consultarle acerca del cambio de nombre, Aneiry comenta que es una situación bastante frustrante dado a que fue capaz de cambiar su nombre en Estados Unidos, no obstante sabe que si regresa a Honduras esto no tendrá validez porque el cambio de nombre todavía no inicia por lo que la llamarán por su nombre muerto.

Mientras la activista relataba su travesía menciona que este año una asesora de la Secretaría de Desarrollo Social la contactó para decirle que deseaban que ella se convirtiera en la primera persona en el extranjero quien hiciera el proceso del cambio de nombre.

Agregando que si accedía debía de realizar una campaña en redes sociales mencionando el apoyo del Gobierno, por lo cuál se negó a participar, para no traicionar a las otras personas trans que han luchado y que continúan en el país.

El 27 de octubre del 2022 el subdirector nacional de Derechos Humanos y Litigios Internacionales, Olbin Mejía Cambar, informó que “el Registro Nacional de las Personas solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la asistencia técnica para la adecuación de la normativa nacional” y que así se proceda con el cambio de nombre.

Según este “El Estado adoptará un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos”, pero no se tiene un tiempo estimado para la finalización de dicho proceso.

Con una historia similar, encontramos a Kendra Jordany, originaria de San Pedro Sula, activista de derechos humanos quién trabajó en pro de los derechos LGBTIQ+ con diferentes organizaciones no gubernamentales incluída Médico Sin Fronteras, donde manejaba temáticas de VIH y La clínica “Puertas Abiertas” para la atención de la población diversa.

Sin embargo, luego de finalizar su relación laboral con dicha organización, decidió emigrar para tener una mejor calidad de vida de la que lamentablemente no gozaría en Honduras. Por falta de oportunidades.

En junio de 2022, el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA) de la OEA, presentó un diagnóstico para identificar los principales retos para el cumplimiento de dicho punto. A partir de esto, el RNP con el apoyo de diferentes instituciones como CONADEH, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y la PGR, están construyendo una propuesta de reformas para garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en Honduras.

Un sistema de salud obsoleto

En Tegucigalpa, capital del país, reside el doctor y activista Dylan Duarte. A sus 32 años de edad, labora con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y se ha convertido en la primera persona trans en ser reconocida por el gobierno con su identidad y expresión de género en las identificaciones oficiales.

“Esos avances, por minúsculos que parezcan en un país con el contexto de Honduras, son algo”, dice. Con los rayos del sol reflejándose en su camisa blanca, procede a darnos su testimonio con semblante tranquilo y el tono de voz apacible que lo caracteriza.

En la Secretaría de Salud no existe un protocolo de atención integral en salud para personas LGBTIQ+, tampoco hay médicos especialistas en endocrinología que puedan trabajar la etapa de reemplazo hormonal. 

“Hemos visitado a algunos, pero nos han cerrado las puertas. Influye muchísimo la religión y hacen uso de la ‘objeción de conciencia’ para no tratar a una persona. Al final, viene siendo una negligencia. Negar la salud a una persona, por su identidad de género, es violencia”, dice Duarte.

Según Dylan, la presidenta Xiomara Castro tiene una postura positiva en pro de las personas de la comunidad LGBTIQ+, “no significa que esto pase en todas las instituciones. Entonces debe existir un protocolo que nos obligue a sensibilizarlos y educarnos en diversidad sexual y que sea obligatorio para todas las personas que formamos parte del Estado, que somos funcionarios públicos como tal”.

”Yo soy una persona trans que buscó asistencia médica con cirujanos para poder realizarme una operación dentro del país. Recibí muchos rechazos con respecto a eso”, comenta Duarte.

Como el caso de Dylan, existen cientos de historias que evidencian la decadencia de un sistema saqueado y obsoleto. Muchas han sufrido malas experiencias durante sus citas médicas, desde el personal dirigiéndose a ellas con su nombre muerto o pronombre equivocado hasta la falta de explicaciones claras sobre sus diagnósticos.

Otro aspecto de violencia se vive con los procesos de donación de sangre. Al consultar con la Secretaría de Salud cuáles son los requisitos, se enumeran doce puntos para asegurar la sanidad del paciente. Sin embargo, aunque una persona LGBTIQ+ esté sana, con mucha frecuencia se le impide donar sangre.

Angie resalta que las luchas en el presente son muy importantes para que las personas que vengan en el futuro tengan las armas necesarias para seguir luchando en pro de sus derechos.

Mientras cae la tarde, Angie derrocha más energía, se balancea en su hamaca, continúa  relatando sus pasiones de lucha y se abre paso para contar más de su familia. Actualmente tiene pareja y un sobrino de nueve años al que considera su hijo, pues se ha encargado de criarlo desde que este tenía dos años de edad.

Su semblante se entristece al revelar que al principio quiso desistir de la crianza de su sobrino debido a las críticas y los malos comentarios que se podían dar, pero su amor por el pequeño fue más grande y decidió que les demostraría que podía cuidarlo y educarlo siendo una mujer trans.

La cruda realidad

En La Ceiba, en la costa norte de Honduras, Mónica Martínez, abogada penalista quien ejerce de manera independiente y ha luchado en contra del sistema para lograr el respeto o reconocimiento en su trayectoría profesional. Recientemente tuvo una victoria a nivel personal cuando, al realizar el papeleo de caso, el juez le preguntó “¿cómo le gusta que la llamen?” para así poder incluirlo en los documentos.

Mónica reconoce que estos son pequeños avances que marcan una diferencia. Según la ceibeña, tanto el proceso de cambio de nombre como la ley de identidad de género tomarán algunos años más para concretarse completamente, pero alienta a sus compañeras a unirse para mantenerse informadas y poder esparcir la información correcta.

En cuanto a los retos que enfrentan las personas trans en Honduras, indica que se mantienen invisibilizadas debido a la discriminación, el estigma y la falta de voluntad política para crear una ley de identidad de género o al menos permitirles cambiar su nombre en el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Desde hace ocho años, los grupos defensores LGBTIQ+ desarrollan un borrador de una ley de identidad de género integral que garantice el goce de derechos de las personas trans. “Hay que reconocer que se han dado avances, pero que falta muchísimo más”, comparte Allyson Hernández.

“Esto es algo que me ha venido afectando durante toda mi vida. Aquí donde me ves, sé de enfermería, conozco de mecánica industrial, conozco de computación y nunca pude ejercer ninguno de mis oficios ni mi carrera por esa limitante, por la discriminación”, expresa Angie.

Esta situación evita que puedan acceder a educación, servicios de salud y justicia, orillándolas en muchos casos a ejercer el trabajo sexual, “expuestas a la violencia y abusos que hay en las calles” e impidiéndoles disfrutar plenamente de su identidad de género en su propio país.

“Ni siquiera tenemos protocolos de atención especializada, somos discriminadas en los espacios educativos, no contamos con oportunidad de trabajo y siempre hemos tenido falta de respuesta por parte de los servidores públicos al momento que interponemos una denuncia”, dice la originaria de San Manuel.

En gran parte de casos, cuando una persona trans es asesinada, el tratamiento e investigación no llegan a resultado alguno. Los casos quedan engavetados y no se identifica a los culpables. 

Dentro de las medidas de reparación en el caso Vicky versus Honduras se pueden destacar tres para refuerzo de los sistemas judicial, policial y penal: “1) crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, 2) adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia y 3) diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI”.

Diferentes organizaciones LGBTIQ+ han confirmado que ya ha habido un acercamiento de parte de entidades policiales y de investigación para realizar consultas y establecer parámetros que sirvan para cumplir lo solicitado por la Corte IDH. Es un paso necesario dado que los cuerpos estatales ni siquiera cuentan con cifras que contabilicen a la comunidad dividida en sus diferentes interseccionalidades.

Por otro lado, el encargado del censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística, Mario Roberto Padilla, declaró que están en la fase de planificación para el nuevo censo y que, aunque no saben qué clasificaciones incluirá la boleta del censo, se sentarán con la población LGBTIQ+ para saber cuáles son las necesidades que deben incluirse.

Si se incluye el censo LGBTIQ+, será un gran avance y también se estaría dando cumplimiento a la sentencia de Vicky Hernández donde se solicita establecer un mecanismo de recolección de cifras con las diferentes interseccionalidades del espectro diverso, facilitando el acceso a la información.

Al momento de hacer solicitudes de información pública a los entes encargados se encuentran dos escenarios. Se cuenta con información dividida en las interseccionalidades más conocidas como homosexual, lesbiana y transexual, pero las cifras actualizadas no están actualizadas y no reflejan la realidad de las personas diversas.

La segunda es que las instituciones ni siquiera tienen los diferentes apartados que muestran las interseccionalidades del amplio espectro de la población LGBTIQ+, lo cual causa una crisis que invisibiliza a una población vulnerable que necesita antecedentes para poder sustentar sus luchas.

Un sistema que no provee seguridad ni justicia

Según el observatorio de muertes violentas de Cattrachas, en lo que va de 2022, uno de los años más violentos para la comunidad diversa, el observatorio de la Red Lésbica Cattrachas contabiliza que unas 432 personas diversas han muerto de forma violenta en Honduras desde 2009 y que, de estas, 128 son personas transexuales.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad solamente posee cifras desde 2018 y hasta el 20 de septiembre de 2022 solo tenían registradas 39 muertes LGBTI+. De estas, 34 han sido por homicidio, una natural, dos por suicidio y dos indeterminadas. Cifras que difieren mucho de las del observatorio de Cattrachas.

Una de estas muertes violentas es la de Soad, una mujer trans en situación de calle que vivía en un microbús al lado de una estación policial y fue asesinada a mediados de este año, pese a haber interpuesto tres denuncias por amenazas.

Al respecto, el presidente del Comité LGTBI+ del Valle de Sula, Osman Lara, reveló que, tras la muerte de Soad, miembros del comité se presentaron ante el Ministerio Público para preguntar por qué no se le brindó protección a su compañera, a pesar de las tres denuncias.

Lara indicó que desde el MP argumentaron no haber recibido denuncias, pero al llevar las pruebas documentales “no supieron cómo responder”.

Agregó que lamenta que, a un año y ocho meses de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Vicky Hernández contra el Estado de Honduras, falte voluntad de las autoridades para cumplir con las medidas de reparación, tales como permitir a las personas trans cambiar su nombre en el RNP.

Lo mismo opina Angie. Manifiesta que las personas diversas confiaron en las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, quien, a su criterio, “ha tenido poca participación pública” y no ha hecho esfuerzos por cumplir con las demás medidas compensatorias.

En el discurso de la toma de posesión, la presidenta Castro hizo reconocimiento público de las personas LGBTIQ+, acto histórico, pues ningún otro presidente lo había hecho. No obstante, los grupos de oposición avivaron el odio en contra de la diversidad durante la época de las fiestas de independencia. 

El 29 de agosto de 2022, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa publicó un comunicado por “ataques a los principios y valores cívicos”, declarando que estaban en desacuerdo con que la comunidad LGBTIQ+ desfilara junto con la niñez y juventud en los actos de independencia. Un acto de desinformación para desacreditar a la población diversa dado que no había hecho ninguna solicitud para participar.

Esto llevó a una serie de ataques de odio dirigidos a las personas LGBTIQ+ en los medios de comunicación y redes sociales. Una multitud de ciudadanos enardecidos por aquellas declaraciones comenzó a reafirmar la idea de que las personas de las interseccionalidades diversas atacaban la moral y las buenas costumbres del país.

Dicha situación desató una reacción de parte de la asociación LGBTIQ+ Kukulkán, que para transgredir el sistema decidió enviar, el 8 de septiembre, una solicitud a la Secretaría de Educación para participar de los desfiles principales. Adicionalmente presentaron una denuncia por discriminación ante el Ministerio Público.

Educación negó la solicitud y la denuncia nunca escaló a otras instancias. Lo anterior es todo un esquema de desinformación de parte de tal grupo religioso dado a que las personas LGBTIQ+ han participado desde 2010 en los desfiles patrios alternos de la resistencia contra el golpe de Estado. 

Esta es la realidad que las personas trans deben afrontar en la sociedad hondureña. Constantemente se crean prejuicios en su contra en actividades que son cotidianas para las personas cisgénero. Algo que Angie viene viviendo desde hace siete años y que no parece terminar nunca.

Angie agrega que el cambio de nombre o la implementación de una ley de identidad de género no solucionaría los problemas de las mujeres trans en el país, pero sería una luz en la lucha por sus derechos.

“Que un país como el nuestro apruebe una ley de identidad de género sería maravilloso. Vendría a disminuir los problemas que tenemos como mujeres trans, a disminuir un poquito el estigma y la discriminación que existe”, dice.

En cuanto a sus planes para el futuro, Angie quiere terminar su licenciatura en Psicología, que no pudo seguir debido a la falta de recursos y la discriminación en los establecimientos educativos.

Además continúa trabajando con el grupo de jóvenes de su comunidad. “Estoy con ganas de trabajar con este grupo, hay historias nuevas que contar y hay un trabajo nuevo que realizar. Eso es lo que me mantiene entusiasmada”, concluye.

Al cierre de esta investigación hemos conocido las historias de tres mujeres trans migrantes, una de ellas de 17 años que no pudo seguir esperando sus derechos mientras el Estado hondureño sigue obstaculizandolos. Este reportaje va para las, los y les que se fueron, que están migrando y para aquellas quienes ven la migración como su única salida para vivir y ser su verdadera yo. 

Para aquellos, aquellas y aquelles que se quedan para unirse a la lucha por la ley de identidad de género integral, el cambio de nombre, el respeto a los derechos humanos y la creación de protocolos que velen por sus vidas. Por Vicky, Angie, Allyson, Mónica, Aneiry, Kendra, Thalía, Claudia, Sofía y Dylan. Por lxs aliadxs, las organizaciones LGBTIQ+ y para todas aquellas personas que se deconstruyen a diario por una mejor Honduras que permita que las personas trans dejen de ser indocumentadas en su propio país.