News
Evan Wolfson habla sobre libertad religiosa, matrimonio igualitario
Fundador de Freedom to Marry viajó a Costa Rica este mes

Evan Wolfson, el fundador de Freedom to Marry, asistió este mes a un congreso en Costa Rica enfocado en matrimonio igualitario en América Latina. (Foto del Washington Blade por Michael Key)
Nota del editor: Esta nota fue traducida al español por Alejandro Piercy.
SAN JOSÉ, Costa Rica — El fundador de Freedom to Marry dice que los esfuerzos de impulsar medidas y litigios anti-LGBT basados en la libertad religiosa no son “nada nuevos.”
“Es parte del patrón clásico del avance de los derechos civiles en la historia americana,” Evan Wolfson le dijo al Washington Blade el 10 de noviembre durante una entrevista en San José, la capital de Costa Rica. “Los opositores a la igualdad y la inclusión tratan de bloquear los avances del bloque de los derechos civiles y cuando fallan en bloquearlos, tratan de subvertirlos usando esta táctica de la supuesta libertad religiosa. Esto no es nada nuevo.”
“Las personas gays no son las primeras en experimentar esto,” agregó. “Las personas trans no son las primeras en experimentar esto. Todavía lo vemos aquí mismo con las mujeres en un esfuerzo para corroer el acceso a los derechos reproductivos en el cuidado de la salud.”
Wolfson habló con el Blade menos de un mes antes que la Corte Suprema (de los EEUU) tuviera programado escuchar los argumentos orales en un caso sobre si la Primera Enmienda le permite a Masterpiece Cakeshop en Colorado rehusarse a hornear pasteles de boda para parejas entre personas del mismo sexo, en razón de sus creencias religiosas.
El mes pasado, el Fiscal General de EEUU Jeff Sessions emitió una directriz general que dice que individuos y empresas pueden actuar con base en su libertad religiosa sin miedo a represalias del gobierno.
La ley de libertad religiosa de Misisipí que cuyos críticos aseguran que permite discriminación en contra de personas LGBT en el estado entró en vigor el mes pasado. Una orden ejecutiva sobre libertad religiosa que el presidente Trump firmó en mayo no contenía ninguna referencia LGBT específica.
“Es parte de una lucha en la cual progresamos, pero la oposición no nada más se derrite,” dijo Wolfson, quien ha presentado un escrito amicus en el caso Masterpiece. “Tratan de subvertirlo y esta es una técnica muy, muy común que utilizan.”
“La libertad religiosa es un escudo, no una espada,” agregó. “La libertad religiosa pretende proteger derechos muy importantes de las personas de libertad de culto, de orar y hablar como elijan y tener sus propias canciones dentro de sus templos, pero no es una espada para llevar al mercado y decir quiero todos los beneficios de participar en la esfera pública, pero no voy a seguir la ley, quiero una licencia para discriminar y sí, soy una empresa que pone un rótulo afuera que dice que está abierta al público, pero no voy a estar abierta al público.”
Wolfson le dijo al Blade que las personas y las cortes de Estados Unidos “han rechazado” este argumento “una y otra vez.”
“Aunque estamos en una especie de momento político disfuncional donde la oposición es más feroz de lo que en realidad es representativo del pueblo estadounidense, aún así estoy confiado que vamos a hacer retroceder estos ataques,” dijo. “No vamos a ganar todas las batallas, pero sí vamos a hacer retroceder estos ataques porque el pueblo estadounidense comprende esto como una gran amenaza a la democracia, ya que si cada quien se vuelve ley en sí mismo y puede simplemente decir ‘no quiero’ como defensa contra una ley sobre derechos civiles, abre una caja de pandora que asesta perjuicio real en personas reales, pero que además socava el estado de derecho y la cohesión misma de nuestra democracia y por todas estas razones creo que venceremos.”
‘Tenemos que aprender mutuamente’
Wolfson conversó con el Blade en el Congreso de Matrimonio Civil Igualitario, el cual fue el primero en su especie en América Latina y que estuvo enfocado exclusivamente en el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo.
Herman Duarte de Fundación Igualitos, un grupo de defensores del matrimonio igualitario basado en Costa Rica, organizó la conferencia junto con HduarteLex, su firma legal la cual lucha en contra de la discriminación por orientación sexual. Dos grupos de abogacía costarricenses — Acceder y Asociación Costarricense de Derecho Internacional — fueron coanfitriones del evento que atrajo más de 100 activistas provenientes de todo hemisferio occidental.
“Estamos aquí para aprender mutuamente,” dijo Wolfson.
En 2015 Wolfson presentó un testimonio a favor de los derechos maritales de las parejas entre personas del mismo sexo ante la Corte Constitucional de Colombia.
Ha presentado un escrito ante la Corte Suprema de Panamá a favor de la parte actora en un caso de matrimonio entre personas del mismo sexo. Wolfson además trabaja con dos grupos de abogacía LGBT Chilenos — Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y Fundación Iguales — que trabajan para impulsar el asunto en el país.
“En ninguno de estos países … lo estoy manejando todo”, le dijo al Blade. Estoy aconsejando y compartiendo y tratando de ayudar y alentar y darle a las personas la experiencia y los elementos que puedan adoptar.”
En 2016, Wolfson se reunió con defensores en Cuba que promueven el derecho al matrimonio para parejas entre personas del mismo sexo en el país. También se ha reunido con activistas, dirigentes de empresas y oficiales de gobierno en Suiza, Austria, Alemania, Japón, Sudáfrica y otros países desde el 2015 cuando la Corte Suprema de los EEUU emitió su sentencia hito en el caso Obergefell.
Wolfson señaló que 1,100 millones de personas al rededor del mundo habitan en jurisdicciones donde parejas entre personas del mismo sexo pueden casarse legalmente. Conversó con el Blade a menos de dos semanas antes que oficiales australianos anunciaran que la mayoría de votantes que participaron de un plebiscito no vinculante sobre si los gays y lesbianas deberían poder casarse dijo que “sí.”
“Esto refuta los alegatos de la oposición de que cosas malas van a suceder,” dijo Wolfson, refiriéndose al creciente número de jurisdicciones que permiten el matrimonio igualitario. “Esto es parte importante del caso que tenemos que presentarle a la corte de la opinión pública, así como en las cortes de derecho en estos países. Pero también suministra esta montaña de experiencia y evidencia que puede traerse a las discusiones, ya sea con el público o con quienes toman las decisiones. Esta no es una nueva pregunta.”
“No estamos en los Estados Unidos en 1972. Estamos en Costa Rica en 2017,” señalando que el 70 por ciento de la población total de América Latina viven en jurisdicciones que han extendido el derecho al matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo. “Entonces, ¿Por qué no deberían tener los pueblos de Costa Rica, o del Perú, o Panamá o sigue la lista lo que todos sus hermanos y hermanas a través del continente — o alrededor del mundo — ya tienen.”
Sri Lanka
Sri Lankan government withdraws support for LGBTQ tourism initiative
Prominent religious leaders criticized campaign
The Sri Lankan government has withdrawn its support for an initiative that encourages LGBTQ tourists to visit the country.
The Sri Lanka Tourism Development Authority last September partnered with Equal Ground, an LGBTQ rights group, on the initiative.
The Daily Mirror, a Sri Lankan newspaper, reported Sri Lanka Development Authority Chair Buddhika Hewawasam in a letter to Equal Ground Executive Director Rosanna Flamer-Caldera said his agency recognizes “the potential of this project to diversify our tourism markets and position Sri Lanka as a safe, inclusive, and welcoming destination for all travelers.”
Cardinal Malcolm Ranjith, the archbishop of Colombo, along other prominent Christian and Buddhist leaders criticized the initiative. Attorney General Parinda Ranasinghe on Feb. 10 indicated the Sri Lanka Tourism Development Authority had rescinded its support for the campaign.
Flamer-Caldera on April 10 acknowledged the criticism over the initiative but added “the fact that the letter has been rescinded doesn’t make any difference.”
“We’re still doing work with the tourism industry who have basically opened up to us and are willing participants in the project,” said Flamer-Caldera. “They realize the potential of the boost to our tourism industry as well as boosting our economy.”
Sections 365 and 365A of Sri Lanka’s colonial-era penal code criminalizes consensual same-sex sexual relations.
The U.N. Committee on the Elimination of Discrimination Against Women in 2022 ruled the criminalization law violated Flamer-Caldera’s rights. The Sri Lankan Supreme Court in 2023 said a bill that would decriminalize homosexuality is constitutional.
Transgender people in Sri Lanka since 2016 have been able to request a Gender Recognition Certificate that allows them to legally change their name and gender on ID cards. Flamer-Caldera noted to the Blade that LGBTQ rights opponents have challenged the Gender Recognition Certificate in the Supreme Court.
Federal Government
Trump budget targets ‘gender extremism’
Proposed spending package would target ‘leftist’ political ideologies
The White House submitted its 2027 budget request to Congress last month, outlining a push for the Federal Bureau of Investigation to “proactively” target what it describes as “extremism” related to gender — raising concerns about the potential for law enforcement to target LGBTQ people.
The Trump-Vance administration’s 2027 budget request, submitted to Congress on April 4, proposes a dramatic increase in national security and law enforcement spending, while reducing foreign aid and restructuring multiple domestic security programs. In total, the administration is requesting $2.16 trillion in discretionary budget authority (including mandatory resources), a 15.3 percent increase over the 2026 proposal.
Central to the proposal is the creation of a new “NSPM-7 Joint Mission Center,” a direct follow-up to the September 2025 National Security Presidential Memorandum 7 (NSPM-7). The directive instructs the Justice Department, the FBI, and other national security agencies to combat what the administration defines as “political violence in America,” effectively reshaping the Joint Terrorism Task Force network to focus on “leftist” political ideologies, according to reporting by independent journalist Ken Klippenstein.
The American Civil Liberties Union has characterized NSPM-7 as a way for President Donald Trump to intimidate his political enemies.
In a press release following the memorandum, Hina Shamsi, director of the ACLU’s National Security Project, said, “President Trump has launched yet another effort to investigate and intimidate his critics,” and had described the move as an “intimidation tactic against those standing up for human rights and civil liberties.”
The proposed mission center would include personnel from 10 federal agencies tasked with targeting “domestic terrorists” associated with a wide range of ideologies. Among them is what the administration labels “extremism” related to gender, alongside categories such as “anti-Americanism,” “anti-capitalism,” “anti-Christianity,” and “support for the overthrow of the U.S. government.” The document also cites “hostility toward those who hold traditional American views” on family, religion, and morality — language LGBTQ advocates have increasingly warned could be used to frame queer and transgender rights movements as ideological threats.
The mission center is one component of a proposed $166 million increase in the FBI’s counterterrorism budget.
In total, the FBI would receive $12.5 billion for salaries and expenses under the proposal, a $1.9 billion increase. Planned investments include unmanned aerial systems operations and counter-drone capabilities, counterterrorism efforts, and security preparations for the 2028 Summer Olympics in Los Angeles. The budget also cites 67,000 FBI arrests since Jan. 20, 2026, which it describes as a 197 percent increase from the prior year.
When Congress passed the USA PATRIOT Act in 2001, it also enacted 18 U.S.C. § 2331(5), which defines domestic terrorism as activities involving acts dangerous to human life that violate criminal laws and are intended to intimidate or coerce civilians or influence government policy through violence. That statutory definition has not changed.
However, federal agencies have historically categorized domestic terrorism threats into groups such as racially or ethnically motivated violent extremism, anti-government or anti-authority violent extremism, and other threats, including those tied to bias based on religion, gender, or sexual orientation.
The language in the budget suggests a shift in how those categories are interpreted and applied — particularly by explicitly linking “extremism” to gender and to perceived opposition to “traditional” views — without any corresponding change to federal law. Only Congress has the power to change the definition of domestic terrorism by passing legislation.
The budget document states:
“DT lone offenders will continue to pose significant detection and disruption challenges because of their capacity for independent radicalization to violence, ability to mobilize discretely, and access to firearms. Additionally, in recent years, heinous assassinations and other acts of political violence in the United States have dramatically increased. Commonly, this violent conduct relates to views associated with anti-Americanism, anti-capitalism, and anti-Christianity; support for the overthrow of the U.S. government; extremism on migration, race, and gender; and hostility toward those who hold traditional American views on family, religion, and morality.”
This language echoes earlier actions by the Trump-Vance administration targeting trans people.
On the first day of his second term, President Trump signed Executive Order 14168, titled “Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government.”
The order establishes a strict binary definition of sex and withdraws federal recognition of trans people.
“It is the policy of the United States to recognize two sexes, male and female,” the order states. “‘Sex’ shall refer to an individual’s immutable biological classification as either male or female. ‘Sex’ is not a synonym for and does not include the concept of ‘gender identity.’”
Appropriations committees in both chambers are expected to begin hearings in the coming weeks.
Hungary
Viktor Orbán ousted in Hungarian elections
Anti-LGBTQ prime minister conceded defeat after polls closed
Hungarian Prime Minister Viktor Orbán on Sunday conceded defeat in the country’s elections.
The Associated Press notes Péter Magyar’s center-right Tisza party defeated Orbán’s Fidesz-KDNP coalition in 94 of Hungary’s 106 voting districts. It remains unclear whether Tisza will have a two-thirds majority in Parliament.
“Tonight, truth prevailed over lies,” Magyar told supporters on Sunday who had gathered along the Danube River in Budapest, the Hungarian capital. “Today, we won because Hungarians didn’t ask what their homeland could do for them — they asked what they could do for their homeland. You found the answer. And you followed through.”
Orbán had been in office since 2010. He and his government have faced widespread criticism over its anti-LGBTQ crackdown.
A Hungarian activist with whom the Washington Blade previously spoke said it is “impossible to change your gender legally in Hungary” because of a 2020 law that “banned legal gender recognition of transgender and intersex people.” Hungarian MPs the same year effectively prohibited same-sex couples from adopting children and defined marriage in the country’s constitution as between a man and a woman.
The European Commission in 2022 sued Hungary, which is a member of the EU, over the country’s anti-LGBTQ propaganda law. The EU since Orbán took office has withheld upwards of €35 billion ($40.94) in funds to Hungary in response to concerns over corruption, rule of law, and other issues.
Hungarian lawmakers in March 2025 passed a bill that banned Pride events and allowed authorities to use facial recognition technology to identify those who participate in them. MPs later amended the Hungarian constitution to ban public LGBTQ events.
Upwards of 100,000 people last June defied the ban and marched in Budapest’s annual Pride parade.
A spokesperson for the Háttér Society told the Blade last week that neither Magyar, nor his party have reached out to the organization. The Hungarian advocacy group encouraged LGBTQ people to vote, but did not endorse a specific political party.
‘Today, Europe is Hungarian’
Sunday’s elections took place less than a week after Vice President JD Vance traveled to Budapest and urged Hungarians to support Orbán. Russian President Vladimir Putin and groups that include the Heritage Foundation, which led the Project 2025 initiative that has influenced the Trump-Vance administration’s policies against LGBTQ rights and other issues, also backed Orbán.
Orbán last month blocked a €90 billion ($105.30 billion) EU loan to Ukraine.

“[Hungarian history] is not written in Moscow. It is not written in Brussels. It is not written in Washington,” Magyar told reporters on Monday during a press conference in Budapest. “It is written in Hungary’s streets.”
Magyar also said he will work with Brussels to unfreeze EU funds.
“Today, Europe is Hungarian,” said European Commission President Ursula von der Leyen on Monday. “The people of Hungary have spoken. It is a victory for fundamental freedoms.”
Former U.S. Ambassador to Hungary David Pressman, a gay man who frequently clashed with Orbán during his ambassadorship, also praised the election results.
“Brave Hungarians show what it takes to stand up to authoritarianism and stand for dignity and democracy,” said Pressman on X. “Congratulations to Hungary and its extraordinary people.”
Brave Hungarians show what it takes to stand up to authoritarianism and stand for dignity and democracy. Congratulations to Hungary and its extraordinary people. pic.twitter.com/PhppUwiVvb
— David Pressman (@AmbPressman) April 12, 2026
