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El asesinato de una mujer trans que conmocionó a Colombia
Juliana Giraldo Díaz murió en control militar
Nota del editor: El Washington Blade ha publicado una versión de esta nota en inglés.
“¡Por favor ayúdenme a hacer viral este video! ¡El ejército me acaba de matar a mi mujer! ¡Ayúdenme por favor a difundirlo! … Me mataron a Juliana … No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada, este man me la mató. Mire no llevamos nada, me mataron a Juliana, ese man le pegó un tiro en la cabeza”.
Sin poder contener las lágrimas ni la angustia, Francisco Larrañaga suplica por ayuda en un video que él mismo graba. Es el esposo de Juliana Giraldo Díaz, una mujer trans de 38 años, a quien una bala disparada por un soldado del ejército le arrebató la vida al instante mientras pasaba por un puesto de control militar.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 de la mañana del 24 de septiembre en una zona rural del departamento de Cauca al suroeste de Colombia. Giraldo iba en el asiento del copiloto mientras Larrañaga conducía el auto de color blanco.
Dos versiones del porqué se produjeron los disparos circulan en los medios colombianos: Una, señala que el automóvil no se detuvo en el puesto de control, mientras que la otra apunta a que el vehículo estaría dando reversa.
Esta última fue ratificada por el ejército a través del general Marco Mayorga, comandante de la tercera división. En una entrevista a Caracol Radio, Mayorga comentó que un soldado informó haber disparado a las llantas del vehículo cuando daba marcha atrás cerca del punto de control, pensando que se estaba preparando para chocar contra él.
“El soldado dijo que disparó a los neumáticos para detener el vehículo”, agregó Mayorga. “Me parece que una bala cayó al pavimento y cambió de rumba … lamentablemente golpeando a Juliana”.
El acto fue condenado en Twitter por el presidente Iván Duque y por el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Duque ordenó disponer todo lo necesario para una investigación con celeridad y añadió que el responsable debe recibir un castigo ejemplar.
Holmes refirió que, por el momento, el soldado presuntamente involucrado en los hechos y otros uniformados que lo acompañaban han sido apartados de sus funciones y puestos a disposición de las autoridades competentes.
Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación colombiana informó que el equipo especial designado para investigar el asesinato indagará si Giraldo fue atacada por su identidad de género.
La pérdida de Giraldo eleva a 28 la cifra de personas trans asesinadas este año en Colombia, según un reporte de la Red Comunitaria Trans, un grupo de derechos trans. La violencia contra miembros de la comunidad LGBTQ ha aumentado durante los primeros ocho meses del 2020, cuando al menos 63 personas, incluidas 17 mujeres trans, ha sido asesinadas.
‘Juliana no murió. La mataron’
Un manifestante en las afueras de la sede de la Tercera Brigada del Ejército en Cali, Colombia, sostiene un cartel que dice: “Juliana no murió. La mataron”. Como él, miles de colombianos se reunieron frente a las instalaciones del Ejército en las ciudades de Cali, Medellín y Popayán para manifestar su indignación por el fatal incidente.
La pérdida de Giraldo ha conmocionado a la sociedad colombiana en general, pero especialmente a la comunidad LGBTQ, que ha criticado fuertemente al ejército y clama por justicia. El asesinato de Giraldo vino a elevar mucho más las tensiones, pues ya se habían registrado numerosas denuncias de abusos y exceso de fuerza de miembros de la policía.
Laura Weinstein, directora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) refirió al Blade que el asesinato de Giraldo evidencia las violencias estructurales de Colombia, donde las todavía las Fuerzas Armadas, ya sean legales o ilegales, tienen un poder muy fuerte.
“La muerte de Juliana termina reflejando un país violento, donde el que tiene las armas predomina y termina haciendo daño”, apuntó.
Wilson Castañeda Castro, director de la organización Caribe Afirmativo, destaca que el homicidio de Giraldo expresa el alto estado de vulnerabilidad que tienen las personas trans en Colombia.
Castañeda explica que es inconcebible la idea de una “bala desviada” que iba al piso y terminó con la vida de Giraldo, pues el tipo de armamento que usa el ejército expulsa varios tiros y no uno solo. “La herida que acabó con la vida de Juliana fue en su cabeza y ella estaba sentada en el vehículo, situación que hace imposible el ejercicio físico que presentan y no había señalización de retén militar. Testigos aseguran que el ejército disparó, no para disuadir, sino para acabar con su vida”.
Weinstein comentó que un “accidente” no puede ser una justificación para obviar lo sucedido. “Aquí sí pasó algo, que no se hizo de la manera que se debió haber hecho. Según he podido leer, dicen que no había ningún retén militar donde pararan a las personas, sino que de la nada salieron los militares, del medio de los árboles y esta no es la manera de proceder”.
“En términos generales el movimiento LGBT de Colombia está altamente preocupado. Vemos que paulatinamente se van perdiendo los logros obtenidos en materia de derechos humanos, que el Estado, lejos de ser protector y garante, está asumiendo un papel de violador y de no prevención o sanción de la violencia. De otro lado, se incrementan los niveles de miedo por los efectos sociales y los mensajes de terror que infunden en todo el colectivo este tipo de violencia”, apunta Castañeda.
Según Castaneda, ni el presidente, ni su equipo de trabajo, ni mucho menos el Ministerio del Interior, que lleva la agenda LGBTQ, no se han pronunciado, ni frente a este caso, ni a los más de 60 ocurridos durante el año.
“Ni siquiera este tipo de violencia les motiva a convocar y a trabajar. Para Caribe Afirmativo, la omisión del gobierno actual deja claro que no es de su interés la protección y la garantía de los derechos humanos de las personas LGBT y su silencio ante crímenes de Estado como el de Juliana, deja constancia de una complicidad con la violencia”.
Weinstein agrega por último que como parte de la sociedad civil deben exigir un desenlace justo a esta situación. “Confiamos que la justicia cumpla con su papel y vuelva la confianza, que no tenemos precisamente, por las enormes violencias a los que nos vemos sometidos de forma constante”.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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