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Un año de la sentencia de la Corte Suprema de El Salvador en favor de derechos trans
La Asamblea Legislativa no tomó en cuenta el plazo
SAN SALVADOR, El Salvador — El 23 de febrero del 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña dio a conocer una resolución en la que ordenó a la Asamblea Legislativa se reformara la Ley del Nombre de la Persona Natural, de esta manera se garantizaría las condiciones necesarias a las personas que deseen cambiar su nombre para que coincida con su identidad de género.
A un año de esta resolución la Asamblea Legislativa de El Salvador no tomó en cuenta el plazo que le dio la Corte Suprema, diversas organizaciones de personas trans, activistas independientes y entidades internacionales han mostrados su descontento con la inactividad.
“La resolución de la sala responde a la demanda que dos personas trans hicieron, evidenciando las afectaciones y la discriminación que vivías debido al no tener un cambio de nombre, por lo que la sala falló a favor y explicó la inconstitucionalidad del artículo 23 de la LNPN”, menciona Amalia Leiva, parte del equipo de inclusión social de la Fundación Cristosal.
El artículo 23 inciso segundo de la LNPN, fue el que precisamente declaró como inconstitucional la Sala de la Corte Suprema de Justicia, ya que se encontró una falta de “regulación de los supuestos y condiciones para que un ser humano cambie su nombre por razones de identidad de género”, por lo que esto constituyó un “trato discriminatorio no justificado”.
Leiva menciona que la Sala es impuesta por el partido oficialista del gobierno en turno, “Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele”; además aclara que tiene acaparados los poderes del Estado. “Actualmente no hay una separación en los poderes del Estado y por ello no hay un ente que pueda hacer acción de la constitucionalidad en los temas de políticas públicas”, asegura.
La Asamblea Legislativa en su mayoría, tanto como el presidente de la república, “han dado declaraciones en reiteradas ocasiones sobre no querer legislar ninguna política pública que venga de sociedad civil, sino únicamente las que vengan presentadas por el partido Nuevas Ideas”, asegura Leiva.
“Ellos siempre han utilizado el argumento que fueron electos por mayoría, por ende los temas que no apoyen vuelven más vulnerables a poblaciones históricamente excluidas, como la población LGBTIQ+, en especial las personas trans”, aclara con preocupación Leiva.
Por su parte Cristian González Cabrera, investigador en el programa de derechos LGBT de Human Rights Watch, opina que es muy grabe que la Asamblea Legislativa de El Salvador esté ignorando una sentencia de la Corte Suprema; para las personas trans esto es devastador porque llevan años luchando por una ley de identidad de género que respete su dignidad y autonomía.
Como reportaron en un informe del año pasado sobre el acceso a los derechos, “la población trans sufre todos los días por no contar con un documento que concuerde con su identidad, no se sienten cómodas yendo al médico, no pueden acceder a un empleo digno, entre otras cosas”, asegura. Por el Estado salvadoreño tiene una deuda histórica con la población trans y la sentencia mostraba una esperanza de que esa deuda se pagaría, esperanza que fue disuelta por la misma Asamblea Legislativa, según palabras de González.
De Acuerdo a González, que no se cumpla la sentencia forma parte de un patrón más grabe, del debilitamiento del Estado de derecho y de la independencia judicial en El Salvador, punto fundamentales y claves que se necesitan para defender los derechos de todos los salvadoreños.
Desde que el partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría en la Asamblea Legislativa en el año 2021, menciona González que las instituciones democráticas han estado bajo ataque del Bukele y sus aliados.
Por esto “no se cumple lo que sucede en una democracia funcional, donde una legislatura debería cumplir con las sentencias del poder judicial, cosa que no sucede en El Salvador”, agrega.
Leiva también mencionó que debe exigirse que se restaure la separación de poderes de los tres órganos del Estado, que cesen los mensajes desde los puestos de poder en la Asamblea y hasta del mismo presidente, sobre los temas de no a la ideología de género, que a pesar de ser un término creado por la derecha misma, “atenta contra la integridad, identidad y vida de las personas trans particularmente”.
Lo principal es que debe legislarse con las leyes y la constitución, “dejando de lado los fundamentos religiosos”. Hay tres artículos de la Constitución de la Repúblicas que nos facultan como un Estado laico y por lo tanto debe prevalecer un derecho público, comenta Leiva.
La postura de Human Rights Watch ante lo sucedido, es que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para proteger el Estado de derecho en El Salvador, “la comunidad internacional podría repudiar tanto de manera pública como privada, que no se ha cumplido esta sentencia”, agrega González. Además de ejercer presión multilateral sobre las autoridades en El Salvador, para que aseguren el respeto de los derechos humanos.
“Sabemos que Bukele y su partido iban a aportar ‘Nuevas Ideas’ en El Salvador, pero la transfobia no es una nueva idea, es una idea antigua arraigada en el prejuicio”, finaliza González.
Para Karla Guevara, directora de Colectivo Alejandría, ya se veía venir esta situación, ya que la esta Asamblea Legislativa que está a punto de cumplir dos años de gestión, al comienzo de su trabajo, mandaron a archivo varios anteproyectos de ley, entre ellos la Ley de Identidad de Género, esto solo demostró la carencia de interés en tocar la temática.
“Ya nos imaginábamos que no iban a legislar por una Ley de Identidad de Género”, mencionó Guevara, agregando que “si bien se venció el plazo que le dio la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa, para legislar a favor de las personas trans, esa sentencia no aborda de lleno el problema de la identidad de género de las personas trans y no solamente el nombre”.
Menciona esto debido a que la Sala manda a realizar las reformas respectivas a la LNPN, no manda a la Asamblea Legislativa a legislar por la Ley de Identidad de Género; por ello para Guevara existe un incumplimiento tanto de la Sala como de la Asamblea, pues no se pretende legislar nada a la luz de la normativa internacional como la Opinión Consultiva 2417.
Por ello, lo sucedido no fue una novedad para las asociaciones de sociedad civil que forman parte de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, además, están conscientes que a nivel nacional ya agotaron todas las instancias necesarias, por esto ya solo les queda recurrir a instancias internacionales.
De acuerdo con la activista Leiva, las acciones a seguir son claras, pues piensan seguir haciendo incidencia, tocando puertas, buscando aliados en el ámbito internacional y en el cuerpo diplomático, para que acompañen y respalden las demandas de la población trans.
El Washington Blade intentó contactarse con algunos diputados para conocer sus impresiones, pero al finalizar esta nota no se tuvo respuesta de ninguno.
Las organizaciones de personas trans están probando mover el tema con demás en juzgados de familia, para lograr que las personas trans puedan ser reconocidas por su nombre en el documento único de identidad y que la partida de nacimiento pueda ser margina con estos detalles. Hasta el momento hay dos casos que ya están judicializados a favor de las personas trans, pero la alcaldía de San Salvador “ha entrampado estos casos y no cumple con las sentencias dadas”, finaliza Guevara.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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