This year’s Oscar nominees feature very few openly queer actors or creatives, with “KPop Demon Hunters,” “Come See Me in the Good Light,” and “Elio” bringing some much-needed representation to the field.

“KPop Demon Hunters,” which quickly became a worldwide sensation after releasing on Netflix last June, was nominated for best animated feature film and best original song for “Golden,” the chart-topping hit co-written by openly queer songwriter Mark Sonnenblick. “Come See Me in the Good Light,” a film following the late Andrea Gibson and their wife, Megan Falley, was nominated in the best documentary feature category. Finally, Pixar’s “Elio” (co-directed by openly queer filmmaker Adrian Molina) was nominated for best animated feature film alongside “Zootopia 2,” “Arco,” and “Little Amélie or the Character of Rain.”

Ethan Hawke did manage to land a best actor nomination for his work in Richard Linklater’s “Blue Moon,” a biopic that follows a fatal night in Lorenz Hart’s life as he reckons with losing his creative partner, Richard Rodgers. Robert Kaplow was also nominated for best original screenplay for penning the script. Amy Madigan, as expected, was recognized in the best supporting actress category for her work in “Weapons,” bringing celebrated gay icon Aunt Gladys to the Oscar stage.

While “Wicked: For Good” was significantly underperforming throughout the season, with Cynthia Erivo missing key nominations and the film falling squarely out of the best picture race early on, most pundits expected the film to still receive some recognition in craft categories. But in perhaps the biggest shock of Oscar nomination morning, “For Good” received zero nominations — not even for costume design or production design, the two categories in which the first film won just last year. Clearly, there was “Wicked” fatigue across the board.

There was also reasonable hope that Eva Victor’s acclaimed directorial debut, “Sorry, Baby,” would land a best original screenplay nod, especially after Julia Roberts shouted out Victor during the recent Golden Globes (which aired the day before Oscar voting started). A24, the studio that distributed “Sorry, Baby” in the U.S., clearly prioritized campaigns for “Marty Supreme” (to much success) and Rose Byrne in “If I Had Legs I’d Kick You,” leaving “Sorry, Baby” the indie darling that couldn’t quite crack the Oscar race.

However, with the Film Independent Spirit Awards taking place on Feb. 15, queer films like “Sorry, Baby,” “Peter Hujar’s Day,” and “Twinless” will finally get their time to shine. Maybe these films were just underseen, or not given a big enough PR push, but regardless, it’s unfortunate that the Academy couldn’t make room for just one of these when “Emilia Pérez” managed 13 nominations last year.

A dozen companies that are participating in the World Economic Forum on Wednesday lit up their venues on the Davos promenade in rainbow colors.

Amazon, Axios, Bloomberg, Circle, Cisco, Cloudflare, Edelman Trust House, Hub Culture, Salesforce, SAP, Snowflake, and Workday participated in the “Pride on the Promenade” that GLAAD, Open for Business, and the Partnership for Global LGBTIQ+ Equality organized. It is the fourth year the organizations have organized the initiative during the World Economic Forum.

The annual event is taking place this week in the Swiss ski resort town of Davos.

GLAAD CEO Sarah Kate Ellis on Wednesday moderated a panel in which Open for Business CEO Ken Janssens and Iris Bohnet, co-director of the Harvard Kennedy School’s Women and Public Policy Program, among others, participated. President Donald Trump earlier in the day spoke at the World Economic Forum.

“World leaders, corporate executives, and global media are discussing new ways to evolve inclusion and social issues, but leaders in those institutions and our community as a whole need to do more to support LGBTQ people globally,” said Ellis in a statement that GLAAD sent to the Washington Blade on Thursday. “At a time when decades-old alliances are being challenged, the importance of this visible show of solidarity at the largest convening of global decision makers cannot be understated. Inclusion remains a necessary business practice and companies that demonstrate shared values of family and freedom know this helps grow the bottom line.”

El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.

Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.

La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.

A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.

El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.

Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.

Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.

Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.

Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.

El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.

La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.

El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.