Connect with us

News

Activistas nicaragüenses asisten taller de Victory Institute

Protestas contra el gobierno han dejado cientos de muertos

Published

on

Un grupo de cinco activistas nicaragüenses asistieron a un taller patrocinado por el Victory Institute que se realizó cerca de la capital hondureña de Tegucigalpa el pasado fin de semana. (Foto dominio público)

SANTA LUCÍA, Honduras — Cinco activistas nicaragüenses que participan en protestas contra el gobierno de su país asistieron a un taller LGBTI regional que se realizó en Honduras el pasado fin de semana.

Los activistas que viene de la capital nicaragüense de Managua y la ciudad de Chinandega están entre las 28 personas que asistieron al taller patrocinado por el Victory Institute que se realizó fuera de la capital hondureña de Tegucigalpa el 28-29 de septiembre.

SOMOS CDC, Asociación Lambda y Caribe Afirmativo — tres grupos LGBTI de Honduras, Guatemala y Colombia respectivamente — también organizaron el taller.

El taller — uno de tres que se espera realizarse en Centroamérica durante los próximos meses — se realizó menos de seis meses después del comienzo de las protestas contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vice presidenta Rosario Murillo. Ira sobre el plan de reducir los beneficios de seguridad social y la respuesta del gobierno a un incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz en la costa caribeña del país provocaron las protestas.

Los informes indican más de 500 personas han sido asesinadas desde el comienzo de las protestas el 18 de abril. Los activistas preguntaron al Washington Blade de no identificarles por nombre o de publicar sus fotos por razones de preocupaciones sobre su seguridad.

Un activista, un hombre gay de Chinandega, notó la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua era entre las primeras organizaciones que instaron al gobierno de no usar violencia contra las manifestantes. El activista señaló la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua el 15 de junio emitió otro comunicado que llamaba al gobierno de participar en un dialogo con líderes de las protestas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obispos católicos habían negociado.

El grupo también demandó “el cese a la represión en todos sus niveles y en toda Nicaragua” y “la libertad de todas las personas ilegalmente encarceladas.”

“La Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua repudia enérgicamente todas las acciones violentas del régimen ortega murillo destacada hacia la población nicaragüense,” dice el comunicado.

Activista: Nicaragüenses LGBTI han sido asesinados

William Ramírez Cerda, un activista gay, y más de 200 otras personas fueron atrapados al dentro de una iglesia a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en julio cuando las fuerzas pro gubernamentales la rodeaban. Ramírez dijo al Blade durante una entrevista después del asedio de 15 horas que un estudiante que fue disparado en la cabeza fuera de la iglesia murió.

El activista gay de Chinandega dijo al Blade que personas LGBTI han sido asesinado en su ciudad durante protestas contra el gobierno. Una activista de Managua que se describe como una “mujer lesbiana” y “feminista organizada” dijo que actualmente hay 11 presos políticos LGBTI en Nicaragua.

Los activistas también dijeron que el gobierno ha lanzado una “campaña de desinformación” en las redes sociales para atacar a los activistas LGBTI y otros participantes en las protestas.

Una captura de pantalla que el activista gay de Chinandega mandó al Blade tiene una foto de una “terrorista” buscado descrito como “promotor de odio y violencia a través de sus redes sociales.” Otra captura de pantalla de una página de Facebook que fue grabada el 29 de agosto tiene fotos de activistas descritos como “asesinos terroristas de la derecha.”

“La campaña de desinformación va a dirigir exactamente para las y los activistas LGBT quien han estado de forma visible en la lucha,” dijo el activista gay de Chinandega.

Otros activistas que hablaron al Blade dijeron que han sido amenazados por simpatizantes del gobierno.

Un activista gay de Managua dijo que traía medicamentos y otros suministros a los estudiantes que ocuparon dos universidades. También dijo al Blade que vio miembros de la Policía Nacional de Nicaragua matan a manifestantes.

El activista dijo simpatizantes del gobierno en su barrio “me amenazan mucho.”

“A veces tengo que irme a otro lado de Managua donde visito a familiares,” dijo al Blade.

Una activista trans de Managua dijo al Blade que trata de mantener un bajo perfil porque muchos de sus vecinos apoyan el gobierno. La activista dijo que una compañera trans fue forzada de cortarse el cabello mientras ella estaba bajo custodia.

“Comenzamos pues tener más cuidado de hacer cualquier comentación en Facebook, cualquier publicación,” ella dijo al Blade. “Yo siempre dijo ante de la seguridad de mi es la de mi familia.”

Una activista de Chinandega estaba estudiando a una universidad en Managua cuando empezaron las protestas. Ella dijo la inquietud le provocó de renunciar de su trabajo y volver a Chinandega.

“Esto me afectó directamente,” dijo la activista.

El activista gay de Chinandega dijo al Blade se ha detenido por la Policía Nacional tres veces. Dijo que ahora vive con su hermana “por razones que me han dado a la policía.”

“Yo no estoy viviendo en mi casa,” el dijo al Blade.

Funcionarios nicaragüenses bajo sanciones estadounidenses

Ortega — que lideró el movimiento sandinista que se derrumbó el gobierno del entonces dictador Anastasio Somoza en 1979 — ha sido presidente de Nicaragua desde 2007. No hubo protestas visibles contra el gobierno en Managua cuando el Blade reportaba desde la ciudad al fin de febrero, aunque líderes de la oposición han dicho que Nicaragua se ha convertido en un país más autoritario bajo el régimen Ortega Murillo.

Un cartel en Managua, Nicaragua, el 27 de febrero de 2018, promueve el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Protestas contra el gobierno del país centroamericano han dejado cientos de muertos. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)

Los EEUU en Julio sancionó al comisionado de la Policía Nacional Francisco Javier Díaz Madriz y dos otros altos funcionarios del gobierno bajo una ley que congela los activos de ciudadanos extranjeros que cometen abusos contra los derechos humanos y les prohíbe ingresar a los EEUU. Los activistas dijeron al Blade que apoyan más sanciones en contra el gobierno de Ortega Murillo, y no una posible intervención militar de los EEUU y/o otros países para expulsarlo del poder.

“Lo que no estamos de acuerdo desde mi punto de vista es una intervención militar,” dijo el activista gay de Chinandega.

La activista que salió de Managua y volvió a Chinandega después del comienzo de las protestas estaba en acuerdo con sus compañeros que dijeron Ortega y Murillo tienen que renunciar. La activista dijo que los partidarios del gobierno con posiciones en las instituciones del Estado nicaragüense también deben salir.

“Hay impunidad,” la activista dijo al Blade.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

The White House

Expanded global gag rule to ban US foreign aid to groups that promote ‘gender ideology’

Activists, officials say new regulation will limit access to gender-affirming care

Published

on

President Donald Trump speaks at the 2025 U.N. General Assembly. The Trump-Vance administration has expanded the global gag rule to ban U.S. foreign aid to groups that promote "gender ideology." (Screenshot via YouTube)

The Trump-Vance administration has announced it will expand the global gag rule to ban U.S. foreign aid for groups that promote “gender ideology.”

Deputy Secretary of State Christopher Landau in a memo, titled Combating Gender Ideology in Foreign Assistance, the Federal Register published on Jan. 27 notes  “previous administrations … used” U.S. foreign assistance “to fund the denial of the biological reality of sex, promoting a radical ideology that permits men to self-identify as women, indoctrinate children with radical gender ideology, and allow men to gain access to intimate single-sex spaces and activities designed for women.”

“Efforts to eradicate the biological reality of sex fundamentally attack women by depriving them of their dignity, safety, and well-being. It also threatens the wellbeing of children by encouraging them to undergo life-altering surgical and chemical interventions that carry serious risks of lifelong harms like infertility,” reads the memo. “The erasure of sex in language and policy has a corrosive impact not just on women and children but, as an attack on truth and human nature, it harms every nation. It is the purpose of this rule to prohibit the use of foreign assistance to support radical gender ideology, including by ending support for international organizations and multilateral organizations that pressure nations to embrace radical gender ideology, or otherwise promote gender ideology.”

President Donald Trump on Jan. 28, 2025, issued an executive order — Protecting Children from Chemical and Surgical Mutilation — that banned federal funding for gender-affirming care for minors.

President Ronald Reagan in 1985 implemented the global gag rule, also known as the “Mexico City” policy, which bans U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services.

Trump reinstated the rule during his first administration. The White House this week expanded the ban to include groups that support gender-affirming care and diversity, equity, and inclusion programs.

The expanded global gag rule will take effect on Feb. 26.

“None of the funds made available by this act or any other Act may be made available in contravention of Executive Order 14187, relating to Protecting Children From Chemical and Surgical Mutilation, or shall be used or transferred to another federal agency, board, or commission to fund any domestic or international non-governmental organization or any other program, organization, or association coordinated or operated by such non-governmental organization that either offers counseling regarding sex change surgeries, promotes sex change surgeries for any reason as an option, conducts or subsidizes sex change surgeries, promotes the use of medications or other substances to halt the onset of puberty or sexual development of minors, or otherwise promotes transgenderism,” wrote Landau in his memo.

Landau wrote the State Department “does not believe taxpayer dollars should support sex-rejecting procedures, directly or indirectly for individuals of any age.”

“A person’s body (including its organs, organ systems, and processes natural to human development like puberty) are either healthy or unhealthy based on whether they are operating according to their biological functions,” reads his memo. “Organs or organ systems do not become unhealthy simply because the individual may experience psychological distress relating to his or her sexed body. For this reason, removing a patient’s breasts as a treatment for breast cancer is fundamentally different from performing the same procedure solely to alleviate mental distress arising from gender dysphoria. The former procedure aims to restore bodily health and to remove cancerous tissue. In contrast, removing healthy breasts or interrupting normally occurring puberty to ‘affirm’ one’s ‘gender identity’ involves the intentional destruction of healthy biological functions.”

Landau added there “is also lack of clarity about what sex-rejecting procedures’ fundamental aims are, unlike the broad consensus about the purpose of medical treatments for conditions like appendicitis, diabetes, or severe depression.”

“These procedures lack strong evidentiary foundations, and our understanding of long-term health impacts is limited and needs to be better understood,” he wrote. “Imposing restrictions, as this rule proposes, on sex-rejecting procedures for individuals of any age is necessary for the (State) Department to protect taxpayer dollars from abuse in support of radical ideological aims.”

Landau added the State Department “has determined that applying this rule to non-military foreign assistance broadly is necessary to ensure that its foreign assistance programs do not support foreign NGOs and IOs (international organizations) that promote gender ideology, and U.S. NGOs that provide sex-rejecting procedures, and to ensure the integrity of programs such as humanitarian assistance, gender-related programs, and more, do not promote gender ideology.”

“This rule will also allow for more foreign assistance funds to support organizations that promote biological truth in their foreign assistance programs and help the (State) Department to establish new partnerships,” he wrote.

The full memo can be found here.

Council for Global Equality Senior Policy Fellow Beirne Roose-Snyder on Wednesday said the expansion of the so-called global gag rule will “absolutely impact HIV services where we know we need to target services, to that there are non-stigmatizing, safe spaces for people to talk through all of their medical needs, and being trans is really important to be able to disclose to your health care provider so that you can get ARVs, so you can get PrEP in the right ways.” Roose-Snyder added the expanded ban will also impact access to gender-affirming health care, food assistance programs and humanitarian aid around the world.

“This rule is not about gender-affirming care at all,” she said during a virtual press conference the Universal Access Project organized.

“It is about really saying that if you want to take U.S. funds —   and it’s certainly not about gender-affirming care for children — it is if you want to take U.S. funds, you cannot have programs or materials or offer counseling or referrals to people who may be struggling with their gender identity,” added Roose-Snyder. “You cannot advocate to maintain your country’s own nondiscrimination laws around gender identity. It is the first place that we’ve ever seen the U.S. government define gender-affirming care, except they call it something a lot different than that.”

The Congressional Equality Caucus, the Democratic Women’s Caucus, the Congressional Hispanic Caucus, the Congressional Asian and Pacific American Caucus, and the Congressional Black Caucus also condemned the global gag rule’s expansion.

“We strongly condemn this weaponization of U.S. foreign assistance to undermine human rights and global health,” said the caucuses in a statement. “We will not rest until we ensure that our foreign aid dollars can never be used as a weapon against women, people of color, or LGBTQI+ people ever again.”

Continue Reading

Iran

Two gay men face deportation to Iran

Homosexuality remains punishable by death in country

Published

on

(Image by Micha Klootwijk/Bigstock)

Advocacy groups are demanding the Trump-Vance administration not to deport two gay men to Iran.

MS Now on Jan. 23 reported the two men are among the 40 Iranian nationals who the White House plans to deport.

Iran is among the countries in which consensual same-sex sexual relations remain punishable by death.

The Washington Blade earlier this month reported LGBTQ Iranians have joined anti-government protests that broke out across the country on Dec. 28. Human rights groups say the Iranian government has killed thousands of people since the demonstrations began.

Rebekah Wolf of the American Immigration Council, which represents the two men, told MS Now her clients were scheduled to be on a deportation flight on Jan. 25. A Human Rights Campaign spokesperson on Tuesday told the Blade that one of the men “was able to obtain a temporary stay of removal from the” 10th U.S. Circuit Court of Appeals, and the other “is facing delayed deportation as the result of a measles outbreak at the facility where they’re being held.”

“My (organization, the American Immigration Council) represents those two gay men,” said American Immigration Council Senior Fellow Aaron Reichlin-Melnick in a Jan. 23 post on his Bluesky account. “They had been arrested on charges of sodomy by Iranian moral police, and fled the country seeking asylum. They face the death penalty if returned, yet the Trump (administration) denied their asylum claims in a kangaroo court process.”

“They are terrified,” added Reichlin-Melnick.

My org @immcouncil.org represents those two gay men. They had been arrested on charges of sodomy by Iranian moral police, and fled the country seeking asylum. They face the death penalty if returned, yet the Trump admin denied their asylum claims in a kangaroo court process.

They are terrified.

[image or embed]

— Aaron Reichlin-Melnick (@reichlinmelnick.bsky.social) January 23, 2026 at 8:26 AM

Reichlin-Melnick in a second Bluesky post said “deporting people to Iran right now, as body bags line the street, is an immoral, inhumane, and unjust act.”

“That ICE is still considering carrying out the flight this weekend is a sign of an agency and an administration totally divorced from basic human rights,” he added.

Deporting people to Iran right now, as body bags line the street, is an immoral, inhumane, and unjust act. That ICE is still considering carrying out the flight this weekend is a sign of an agency and an administration totally divorced from basic human rights. www.ms.now/news/trump-d…

[image or embed]

— Aaron Reichlin-Melnick (@reichlinmelnick.bsky.social) January 23, 2026 at 8:27 AM

HRC Vice President of Government Affairs David Stacy in a statement to the Blade noted Iran “is one of 12 nations that still execute queer people, and we continue to fear for their safety.” Stacy also referenced Renee Good, a 37-year-old lesbian woman who a U.S. Immigration and Customs Enforcement agent shot and killed in Minneapolis on Jan. 7, and Andry Hernández Romero, a gay Venezuelan asylum seeker who the Trump-Vance administration “forcibly disappeared” to El Salvador last year.

“This out-of-control administration continues to target immigrants and terrorize our communities,” said Stacy. “That same cruelty murdered Renee Nicole Good and imprisoned Andry Hernández Romero. We stand with the American Immigration Council and demand that these men receive the due process they deserve. Congress must refuse to fund this outrage and stand against the administration’s shameless dismissal of our constitutional rights.” 

Continue Reading

Maryland

Expanded PrEP access among FreeState Justice’s 2026 legislative priorities

Maryland General Assembly opened on Jan. 14

Published

on

Maryland State House (Washington Blade photo by Michael Key)

FreeState Justice this week spoke with the Washington Blade about their priorities during this year’s legislative session in Annapolis that began on Jan. 14.

Ronnie L. Taylor, the group’s community director, on Wednesday said the organization continues to fight against discrimination against people with HIV/AIDS. FreeState Justice is specifically championing a bill in the General Assembly that would expand access to PrEP in Maryland.

Taylor said FreeState Justice is working with state Del. Ashanti Martinez (D-Prince George’s County) and state Sen. Clarence Lam (D-Arundel and Howard Counties) on a bill that would expand the “scope of practice for pharmacists in Maryland to distribute PrEP.” The measure does not have a title or a number, but FreeState Justice expects it will have both in the coming weeks.

FreeState Justice has long been involved in the fight to end the criminalization of HIV in the state. 

Governor Wes Moore last year signed House Bill 39, which decriminalized HIV in Maryland.

The bill — the Carlton R. Smith Jr. HIV Modernization Act — is named after Carlton Smith, a long-time LGBTQ activist known as the “mayor” of Baltimore’s Mount Vernon neighborhood who died in 2024. FreeState Justice said Marylanders prosecuted under Maryland Health-General Code § 18-601.1 have already seen their convictions expunged.

Taylor said FreeState Justice will continue to “oppose anti anti-LGBTQ legislation” in the General Assembly. Their website later this week will publish a bill tracker.

The General Assembly’s legislative session is expected to end on April 13.

Continue Reading

Popular