Noticias en Español
¿Qué espera la comunidad LGBTI del nuevo presidente mexicano?
AMLO tomó posesión del cargo el 1 de diciembre

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de su cargo el 1 de diciembre de 2018. (Foto por ProtoplasmaKid vía Wikimedia Commons)
López Obrador, representante de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) conocido como AMLO, ganó las elecciones de este año con más del 50 por ciento de los votos, convirtiéndose en uno de los presidentes más populares de la historia reciente mexicana. Durante su campaña, prometió tolerancia cero a la corrupción, disminuir los niveles de pobreza para que el país inicie una “cuarta transformación”, un cambio que el propio AMLO ha fijado ante el urgente vuelco que necesita la nación azteca.
En el Congreso de la Unión, ante senadores, diputados e invitados a su toma de protesta, López Obrador reiteró que “representará a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, o posición socioeconómica”.
Para el activista de Guadalajara Leonardo Espinosa, esta afirmación resulta un gesto positivo y brinda visibilidad al colectivo, “pero también es un llamado a darle seguimiento a estos discursos y que se conviertan en acciones y políticas públicas”.
Alex Orué, director ejecutivo del canal de video en línea It Gets Better México, que promueve los derechos LGBTI, cataloga el discurso de AMLO como histórico y acota que “es una señal que la agenda de la Coalición Mexicana LGBTTTI+ tiene buenas posibilidades de avanzar”.
Asimismo, Orué espera que este nuevo gobierno baje los niveles de violencia que desproporcionadamente afectan a las personas del colectivo. “Es vital que se les haga frente a los discursos de odio desde el Estado, que se fortalezca a instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y se haga hincapié en el desarrollo de oportunidades laborales para el talento diverso”, añade.
Por su parte, Espinosa anhela que en este sexenio que comienza “el discurso en el cual se hable de nuestras poblaciones y necesidades funcione de manera transversal en todas las políticas públicas, que la ciudadanía se involucre y cada vez más encontremos las palabras orientación sexual, lesbianas, gais, transexuales, transgénero, intersexuales, queer y diversidad en los discursos del presidente. La realidad del país nunca ha sido favorable a nuestros derechos, por lo que consideremos abierta una expectativa de mejora”.
Durante su campaña electoral, López Obrador evadió el tema LGBTI, debido a los lazos que lo vinculan con fuerzas más conservadoras de la política mexicana, como el extinto Partido Encuentro Social (PES), fundado por cristianos evangélicos y que se opuso a los esfuerzos anteriores para legalizar federalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ante este escenario, un retroceso en los avances logrados no sería un temor infundado.
“No debemos olvidar que el extinto Partido Encuentro Social dejó muchos candidatos en puestos de elección popular y nunca se ha visto a las personas que pertenecieron a ese partido como aliados de los derechos humanos y la igualdad”, acota Espinosa.
En cambio, lo más preocupante para Orué es que AMLO nunca se haya retractado de sus declaraciones sobre poner a consulta los derechos humanos de las personas LGBTI y “ahora que sus consultas parecen haberse legitimado en la vida política de esta nueva administración, no debemos bajar la guardia”.
Aunque el movimiento se mantenga la alerta, Orué no cree posible una marcha atrás en las garantías conquistadas, pues “que su mano derecha sea la abogada Olga Sánchez Cordero, nueva Secretaria de Gobernación de su gabinete, hace que tengamos algo de garantía que no solo eso no ocurrirá, sino que, incluso, avance la agenda. Ella misma en declaraciones recientes ha reiterado que los derechos humanos no se ponen a consulta”.
Durante el período que recién concluye, bajo el mando del expresidente Enrique Peña Nieto, y según nuestros entrevistados, los temas de la comunidad alcanzaron una mayor visibilidad, situándose en la agenda pública, así como se concretaron diversos esfuerzos para disminuir la brecha de desigualdad que viven las personas trans. No obstante, las deudas del país con el colectivo aún persisten.
“Lo que pudo haber sido el único acierto de la administración de Enrique Peña Nieto fue que en 2016 se haya pronunciado a favor de los derechos humanos de las personas LGBTIQ en un acto protocolario en el marco del 17 de mayo, donde se anunció que enviaría al Congreso varias iniciativas pro LGBTIQ, entre ellas sobre el matrimonio igualitario”, sostiene Orué.
Más, el activista lamentó que esas iniciativas prometidas murieron en el Congreso de la Unión.
Al decir de Orué y Espinosa, dentro de los temas pendientes para la administración AMLO, figuran la visibilidad y seguridad del colectivo, donde se registran altas cifras de crímenes, leyes que penalicen la discriminación en todos los estados, la violencia por homofobia y transfobia así como las limitaciones para oportunidades laborales, acceso a la salud, justicia, leyes de identidad de género y reconocimiento del matrimonio igualitario en cada uno de los departamentos.
“México es un país donde los temas LGBTIQ estaban totalmente borrados del plano político, los avances en materia de legislación han dado pasos pequeños”, concluyó Espinosa. “Se visualiza que sigan más modificaciones a las leyes, pero están relegados del cambio social. México como país no es homogéneo y mientras existen lugares donde el cambio social ya exige que las leyes se modifiquen, en otros lugares la discriminación sigue siendo algo normal”.
México en contexto
En la actualidad, en México sólo 15 de los 32 estados permiten el matrimonio igualitario, donde se han contabilizado 10.216 de estas uniones.
“Sin embargo, falta mucho para que estas uniones sean reconocidas como familias con todos los derechos que esto conlleva”, señala el periódico Publimetro en un artículo que califica de “lento” la implementación del matrimonio igualitario desde su legalización, hace ya nueve años.
En el panorama nacional, la adopción homoparental es legal en la Ciudad de México y en Coahuila. Hasta la fecha, se han concretado 17 adopciones de niños y niñas por familias homoparentales y lebomaternales. En cuanto a la identidad de género, se han producido unos 3.230 reconocimientos.
Se registró un descenso de 4,6 por ciento de la discriminación motivada por preferencia sexual u orientación sexual, según los registros de la encuesta de discriminación 2013 y la de 2017.
Sin embargo, México sigue siendo un país violento para las minorías sexuales. Durante los últimos cinco años, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, ocurrieron 381 asesinatos, según un informe que la ONG Letra S publicó en mayo del presente año. Para este 2018, la situación no resulta muy alentadora, pues solo en el primer cuatrimestre, esta misma organización contabilizó al menos 24 asesinatos de personas LGBTI.

Mexicanos LGBTI, entre otras, miran la inauguración de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de diciembre de 2018. (Foto de Jesús Chairez)
Pese a esta ola de homofobia, Alejandro Brito, director general de la ONG Letra S, dijo a la agencia EFE que existen avances significativos como una posición más marcada a nivel exterior en defensa de los derechos y avances como el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo en varias entidades y la decisión de la Suprema Corte en 2016 de declarar inconstitucional las leyes estatales que prohíben el matrimonio homosexual.
Además, se reformaron los códigos penales de varios estados para introducir el odio como agravante en estos delitos, y en febrero pasado la Fiscalía General elaboró un protocolo de actuación del personal en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. “El reto es que se aplique”, apuntó.
Por otra parte, Alejandra Haas, presidenta del CONAPRED, dijo a Publímetro que en los últimos siete años ha recibido mil 185 quejas de identidad de género, preferencias sexuales y discriminación laboral, problemáticas que, se ha comprobado, tienen efectos en la salud mental.
Noticias en Español
Escritora trans venezolana reivindica una fe sin exclusiones ante la visita del papa a Sudamérica
León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú
La visita del papa León XIV a Sudamérica, prevista para noviembre, ofrece un contexto para abordar una cuestión que atraviesa el testimonio de la escritora venezolana Marisol Johana Díaz Reyes de Córdova: el lugar de las personas trans en las comunidades de fe.
Radicada en Uruguay, Díaz de Córdova reúne en su libro “Vida Trans: Porque la sociedad nos ha separado hasta de Dios” su experiencia como mujer trans y migrante, su participación política y su relación con la espiritualidad.
La Santa Sede anunció que León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre de 2026, antes de continuar por Argentina y Perú. El recorrido sudamericano está previsto del 6 al 17 de noviembre.
Ante ese horizonte, la autora reivindica el amor al prójimo y la fraternidad como fundamentos de una convivencia que reconozca la dignidad de las personas trans. Su planteamiento encuentra un antecedente en el mensaje del fallecido papa Francisco a las personas LGBTQ.
En una respuesta escrita al sacerdote jesuita James Martin, publicada por Vatican News en mayo de 2022, Francisco afirmó: «Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos». En el mismo intercambio defendió una Iglesia que convocara a todos sus hijos y rechazó una concepción selectiva de la comunidad eclesial.
Díaz de Córdova relaciona ese mensaje con el mandamiento evangélico de amarse unos a otros. Desde su experiencia personal, sostiene que reconocerse como hermanos e hijos de Dios debe traducirse en respeto hacia quienes han vivido rechazo por su identidad.
Su obra ya ha generado debate público. La presentación de Vida Trans en un ámbito vinculado al Partido Nacional motivó un planteamiento del Consejo de Representatividad Evangélica del Uruguay ante las autoridades partidarias. CBN Nicaragua recogió el episodio en agosto.
La organización evangélica precisó que su preocupación se centraba en el contexto institucional de la actividad y que no cuestionaba el derecho de la autora a escribir, publicar o presentar el libro. Esa distinción permite situar el desacuerdo sin atribuirle una prohibición de la obra.
El recorrido de la escritora ofrece un punto de partida para un reportaje internacional sobre migración, diversidad y pertenencia religiosa. Su testimonio plantea cómo se vive la fe desde una identidad que puede convertirse en motivo de exclusión y qué respuestas encuentran esas experiencias dentro de las comunidades creyentes.
La próxima visita papal aporta el contexto de actualidad. La voz de Díaz de Córdova aporta la dimensión humana: una autora que escribe sobre su relación con Dios y reivindica que el reconocimiento de la dignidad alcance también a las personas trans.
Central America
Alianza para la Inclusión fortalece la defensa de derechos LGBTQ en Centroamérica
Se implementa el proyecto en Guatemala, El Salvador y Honduras
Promover, proteger y defender los derechos humanos de las personas LGBTQ en Centroamérica es el propósito del proyecto “Alianza para la Inclusión: hacia la promoción de derechos LGBTIQ+ en Centroamérica”, una iniciativa subvencionada por la Unión Europea, Global Gateway, Oikos Cooperação e Desenvolvimento y Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, que articula esfuerzos en Guatemala, El Salvador y Honduras.
El proyecto, cuya implementación se desarrolla entre 2025 y 2028, busca fortalecer a organizaciones, liderazgos comunitarios y redes regionales frente a contextos marcados por la discriminación, la violencia y la reducción del espacio cívico.
A través de procesos de formación, atención integral, protección, fortalecimiento organizativo, incidencia y articulación regional, la iniciativa procura generar condiciones más seguras y dignas para que las personas LGBTQ puedan ejercer plenamente sus derechos.
Formación y fortalecimiento de liderazgos
Durante los primeros 18 meses de ejecución, el proyecto ha desarrollado acciones de formación y acompañamiento, otorgado subvenciones a colectivos comunitarios, impulsado estrategias de seguridad integral y respaldado procesos regionales de articulación e incidencia.
Uno de los resultados reportados es la participación de 489 personas LGBTQ de Guatemala, El Salvador y Honduras en procesos formativos relacionados con la desnaturalización de la violencia, organización e incidencia. Asimismo, 41 personas líderes LGBTQ de El Salvador y Guatemala fortalecieron sus capacidades para la formulación de proyectos.
Para Pedro Campos, coordinador de Oikos — Cooperação e Desenvolvimento en El Salvador, estos procesos tienen una dimensión que trasciende lo técnico.
“Desde hoy estamos cada día más convencidas y convencidos de que la gestión de proyectos más que técnica o administrativa es esencialmente humana. Nunca debemos olvidar que la persona en toda su diversidad es el centro de nuestro quehacer. Y si un día la empatía y el amor nos abandonan, habremos perdido la esencia de nuestro trabajo”.
La formación también ha significado una oportunidad para fortalecer liderazgos comunitarios. Josh Hernández, persona no binaria y codirectore de Espacios Seguros El Salvador, destaca el impacto que tuvo su participación.
“Esta experiencia me ha fortalecido como activista y como parte de una organización comunitaria, y me ha permitido ampliar mi visión y soñar con nuevas actividades que contribuyan a construir una cultura de paz en nuestra sociedad salvadoreña”, comenta Hernández.
Atención integral para personas LGBTQ en situación de vulnerabilidad
En El Salvador, uno de los componentes del proyecto se ha enfocado en brindar atención integral a personas que enfrentan situaciones de violencia, discriminación o vulnerabilidad.
A través de COMCAVIS TRANS, el proyecto permitió atender a 128 personas, mediante servicios psicosociales, legales y de resguardo temporal en su albergue.
La atención incluyó orientación para activar mecanismos de denuncia y medidas de protección, además de contención emocional, manejo de crisis y acompañamiento para la estabilización de condiciones básicas.
La experiencia también se ha extendido a Honduras. Loren López, directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres Lesbianas y Bisexuales LITOS, resaltó el valor de generar espacios seguros para mujeres lesbianas, bisexuales y personas LTBQ (lesbianas, trans, bisexuales y queer).
“Me quedo con la satisfacción de haber contribuido a crear espacios donde una mujer LTBQ+ pueda sentirse segura, escuchada y reconocida, sin tener que esconder quién es. Esta experiencia fortaleció a LITOS y nos dejó nuevas herramientas y posibilidades para seguir trabajando por los derechos y la eliminación de la discriminación”, agrega López.
La seguridad integral como herramienta de protección
En contextos donde quienes defienden derechos pueden enfrentar diferentes tipos de riesgos, el proyecto ha incorporado la seguridad integral como un componente fundamental.
Durante 2026, 140 personas LGBTQ pertenecientes a seis organizaciones participaron en procesos de formación sobre seguridad integral, abordando dimensiones físicas, digitales y emocionales.
Como resultado, seis organizaciones elaboraron y consolidaron sus propios planes de seguridad integral, incorporando medidas de prevención y respuesta ante riesgos físicos y digitales, con especial énfasis en la protección de información sensible, el uso seguro de plataformas digitales y la gestión de incidentes en entornos virtuales.
Incidencia para transformar políticas y garantizar derechos
La iniciativa también ha acompañado procesos de incidencia y litigio estratégico en Guatemala.
La Asociación LAMBDA, junto con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), acompañó una consulta nacional con personas LGBTQ para contribuir a la elaboración de una Estrategia Nacional para las personas LGBTQ, cuyo proceso se encontraba en elaboración y cuya aprobación se esperaba para finales de 2026.
Asimismo, en julio de 2026 fue presentada ante la Corte Constitucional de Guatemala una acción de inconstitucionalidad como parte de una estrategia nacional de litigio estratégico orientada a la aprobación del matrimonio igualitario. Al cierre de la actualización de resultados de este año, el proceso permanecía pendiente de resolución.
El acompañamiento jurídico también ha permitido apoyar procesos individuales relacionados con el reconocimiento de la identidad.
Uno de estos casos es el de Paula Escobar, mujer trans guatemalteca acompañada por LAMBDA en el proceso de cambio de nombre en sus documentos de identidad.
“Ha sido el paso más grande de mi vida, pues me libró de momentos incómodos y de dar explicaciones para ser reconocida como la mujer que soy”.
De acuerdo con el testimonio, la organización se encargó de la gestión legal y aproximadamente seis meses después obtuvo una respuesta favorable.
Redes regionales para ampliar el alcance de la defensa de derechos
La articulación regional constituye otro de los componentes del proyecto. La iniciativa ha apoyado a redes latinoamericanas que buscan fortalecer y posicionar el trabajo de organizaciones LGBTQ.
Entre ellas se encuentra la Alianza Centroamericana y del Caribe de Hombres Trans, que articula organizaciones y personas transmasculinas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.
Durante su primer año, ALICAHT desarrolló su Plan Estratégico y Reglamento Interno 2025-2030, además de su identidad gráfica y sitio web.
Otro proceso regional respaldado fue el III Congreso Regional de CORPORA en Libertad, realizado en Guatemala en diciembre de 2025. El encuentro reunió esfuerzos orientados a fortalecer la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de las personas LGBTQ privadas y exprivadas de libertad en América Latina y el Caribe.
El espacio permitió fortalecer la articulación regional y compartir experiencias y estrategias frente a los desafíos que enfrentan las personas LGBTQ dentro y fuera de los sistemas penitenciarios.
Ari Vera, fundadora de CORPORA, ha destacado la importancia del trabajo en red como una herramienta para generar transformaciones y fortalecer las capacidades colectivas.
Inclusión más allá de las palabras
Durante el Foro “El Impacto de Incluir”, uno de los planteamientos centrales fue que la inclusión requiere transformaciones concretas y no únicamente el uso de conceptos o siglas.
Jason García, técnico PMA de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje para Oikos El Salvador, señaló una de las barreras que persisten en los proyectos. “Una de las barreras en los proyectos es que son binarios y no se reconocen las otras identidades”.
Desde esta perspectiva, un proyecto inclusivo no se limita a utilizar la palabra inclusión o incorporar las siglas LGBTQ, sino que requiere revisar prácticas, metodologías, mecanismos de participación y formas de reconocer la diversidad.
Como parte de este proceso también se preparó una guía práctica que sistematiza instrumentos y mecanismos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, destacando su importancia histórica en la ampliación y protección de derechos.
La compilación fue presentada en la X Conferencia de la Red ILGA LAC y en el 18º Encuentro de la Red Centroamericana de Intercambio Académico en Derechos Internacionales, realizado en la Universidad de El Salvador.
Cooperación centrada en las personas
Los resultados alcanzados durante los primeros 18 meses reflejan una estrategia que combina formación, atención directa, protección, fortalecimiento institucional, incidencia y construcción de redes.
Para la Unión Europea, colocar a las personas en el centro constituye un elemento fundamental de la cooperación. Duccio Bandini, embajador de la Unión Europea en El Salvador, expresó “Desde la Unión Europea seguiremos apostando para una cooperación que pone en el centro a las personas. Porque el verdadero impacto de influir se mide en vidas transformadas, en derechos conquistados y en sociedades que celebran con orgullo su diversidad”.

Con una implementación prevista hasta 2028, la Alianza para la Inclusión continúa articulando organizaciones nacionales y redes latinoamericanas para fortalecer capacidades y generar herramientas que permitan a las personas y organizaciones LGBTQ enfrentar los desafíos de sus contextos y avanzar en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.
Más allá de las cifras y los productos alcanzados, el proyecto coloca en el centro una premisa: la inclusión se construye cuando las personas pueden participar, organizarse, defender sus derechos y vivir su identidad con dignidad y seguridad.
Ecuador
Caso Karlina: Una sentencia histórica contra las terapias de «conversión»
Karlina Quiroz, una mujer trans de Chone, fue internada contra su voluntad
La última vez que Karlina Quiroz, una mujer trans de 57 años, salió sola a la calle en Chone, terminó encerrada contra su voluntad en un centro de rehabilitación donde intentaron “corregir” su identidad de género mediante humillaciones, amenazas y agresiones.
Han pasado cinco años desde ese episodio, ocurrido en 2021; y el 11 de septiembre de 2026 Karlina por fin obtuvo justicia.
La Fiscalía informó, el 14 de septiembre, que el Tribunal de Garantías Penales de Chone sentenció a seis personas por actos de odio contra Karlina, al ser víctima de violencia basada en su identidad de género.
Entre los seis sentenciados están sus dos hermanos, que —según la denuncia de Karlina— ordenaron su encierro a este centro.
El caso de Karlina refleja el odio y la violencia hacia personas trans en Ecuador y vuelve a poner bajo la lupa la existencia de centros conocidos como clínicas de “deshomosexualización” o espacios de “terapias de conversión”.
De acuerdo con la denuncia presentada por Karlina, en julio de 2021 fue interceptada por varios hombres y trasladada contra su voluntad a un centro para el tratamiento de adicciones ubicado en Chone, Manabí, en la vía a Pedernales. Allí permaneció retenida y sometida a tratos degradantes, violencia psicológica y agresiones físicas.
Según su testimonio, durante el encierro recibió insultos relacionados con su identidad de género y amenazas orientadas a “modificarla”.
Karlina denunció, además, que esta no habría sido la primera vez. Según su relato, en 2019 permaneció aproximadamente tres meses internada de manera forzada en otro centro de rehabilitación, también ubicado en la vía a Pedernales, en Chone. Durante ese período habría sido sometida a dinámicas similares de aislamiento, control y presiones dirigidas a modificar su identidad y expresión de género.
Según información de la Fiscalía, en septiembre de 2021, como parte de las diligencias investigativas, se allanó el centro clandestino en Chone. Allí se recabaron indicios relacionados con el internamiento forzoso de Karlina durante tres meses.
Con esos y otros elementos de convicción obtenidos durante la investigación, la Fiscalía inició un proceso penal contra las seis personas, quienes fueron luego llamadas a juicio.
El proceso, explicó Karlina, incluyó los dos casos: el de 2019 y 2021. “El crimen se investigó desde que comenzó la primera gota de sangre”, señaló Karlina, en alusión a la violencia física que sufrió en su primer encierro.
De los seis sentenciados, tres fueron condenados como autores directos a cuatro años de pena privativa de libertad. Se trata de los dos hermanos de Karlina y un sobrino, por ordenar su encierro al centro de adicciones.
Los otros tres recibieron una pena de dos años, como cómplices.
De acuerdo con Karlina, uno de ellos es el director del primer centro al que fue ingresada contra su voluntad en 2019 por tres meses, y los otros dos son quienes la interceptaron la segunda ocasión, en julio de 2021, para llevarla al centro. Ella los señala como “capturadores” de las personas que son recluidas en los centros.
“Cuando recibí la noticia (el viernes 11 de septiembre durante la audiencia de juzgamiento) no podía creerlo. Las piernas me temblaron y las lágrimas se me salieron. Estoy tranquila y satisfecha”, señaló Karlina en una llamada telefónica.
Para Pedro Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos, la sentencia es importante no solo por reconocer un delito de odio, sino también por las características de los hechos: el ingreso (por orden de sus hermanos) a un centro de “deshomosexualización” en el que se cometen actos de tortura y violencia física.
Durante la audiencia, constó el testimonio de Karlina. La Fiscalía también presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la inspección ocular técnica, el levantamiento de evidencias y los testimonios de personas que confirmaron que los actos de violencia por perjuicio hacia su identidad de género fueron ejecutados de manera reiterada por los ahora sentenciados.
El caso volvió a poner la atención sobre las llamadas terapias de conversión en Ecuador, prácticas ampliamente cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos y señaladas como formas de tortura o violencia psicológica. Aunque el Estado ecuatoriano ha realizado operativos y clausuras de algunos centros en los últimos años, organizaciones sociales sostienen que estos espacios continúan funcionando de manera clandestina o bajo otras denominaciones.
La legislación ecuatoriana penaliza los actos de tortura con la intención de modificar la orientación sexual o identidad de género, pero no existe una sanción contra los centros que ofrecen las denominadas terapias de conversión.
En 2020, la Asamblea aprobó el Código Orgánico de Salud y una de sus disposiciones fue prohibir expresamente este tipo de terapias, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno en medio de una campaña de sectores antiderechos.
La sentencia también dispuso, como reparación integral a favor de Karlina, tratamiento psicológico e indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
Gutiérrez considera que la reparación para Karlina es limitada, pues -por ejemplo- no hay llamados de atención al Ministerio de Salud o disculpas públicas a la víctima.
“Mi nombre es Ariel Karlina Zambrano, soy una mujer trans de Chone, Manabí. Desde niña supe que quería ser mujer, quería ser bonita, libre. Pero mi familia nunca lo aceptó. Mis hermanos y mi padre, profundamente machistas, me maltrataban constantemente”, contó Karlina en un testimonio en 2025 que recogió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
Para activistas y defensores de derechos humanos, el caso de Karlina evidencia además un patrón de violencia que suele permanecer oculto dentro de círculos familiares, religiosos y comunitarios. En muchos casos, explican, los internamientos forzados son promovidos bajo la idea de “corregir” orientaciones sexuales o identidades de género consideradas inaceptables.
Karlina intentó vivir en Chone, creyendo que con la denuncia y las medidas cautelares estaba a salvo, pero su hermano le pagaba a personas para que la acosaran, según su relato. Por ello, tuvo que esconderse por meses.
Las personas trans en Ecuador enfrentan altos niveles de discriminación, violencia y exclusión social, especialmente fuera de las grandes ciudades. Según la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ del INEC, el 53,5 por ciento de las personas LGBTQ mayores de 18 años en el país ha sufrido algún tipo de discriminación o violencia a lo largo de su vida, siendo el entorno familiar uno de los principales espacios de agresión.
En materia de violencia letal, organizaciones como Asociación Silueta X y el Observatorio Runa Sipiy documentaron 30 asesinatos de personas LGBTQ y transfemicidios en Ecuador durante 2025. De esos casos, alrededor del 70 por ciento corresponden a mujeres trans, lo que las posiciona como el grupo más expuesto a crímenes de odio y violencia extrema.
Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido además sobre la persistencia de centros de “deshomosexualización” o internamientos forzosos, prácticas denunciadas desde hace más de una década en Ecuador pese a prohibiciones estatales y operativos de control insuficientes.
El caso de Karlina pone a prueba algo más grande que una sentencia individual: si Ecuador está dispuesto o no a reconocer que estas prácticas siguen existiendo y que la violencia contra personas LGBTQ continúa ocurriendo, muchas veces con la complicidad o el silencio de sus propios entornos familiares.
“Con mi caso, debe quedar un precedente. Debemos luchar contra el odio que podemos encontrarlo dentro de nuestras propias familias. Por nuestra libertad y derechos, debemos luchar”, indicó Karlina.
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