CIUDAD DE MÉXICO — La comunidad LGBTI mexicana tiene altas expectativas en la nueva presidencia de la nación, que desde este primero de diciembre encabeza el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien se ha ganado la simpatía del colectivo al ser el primer mandatario en enviar un mensaje de igualdad en su discurso de victoria y confirmarlo en su primer mensaje al pueblo mexicano en su toma de posesión.

López Obrador, representante de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) conocido como AMLO, ganó las elecciones de este año con más del 50 por ciento de los votos, convirtiéndose en uno de los presidentes más populares de la historia reciente mexicana. Durante su campaña, prometió tolerancia cero a la corrupción, disminuir los niveles de pobreza para que el país inicie una “cuarta transformación”, un cambio que el propio AMLO ha fijado ante el urgente vuelco que necesita la nación azteca.

En el Congreso de la Unión, ante senadores, diputados e invitados a su toma de protesta, López Obrador reiteró que “representará a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, o posición socioeconómica”.

Para el activista de Guadalajara Leonardo Espinosa, esta afirmación resulta un gesto positivo y brinda visibilidad al colectivo, “pero también es un llamado a darle seguimiento a estos discursos y que se conviertan en acciones y políticas públicas”.

Alex Orué, director ejecutivo del canal de video en línea It Gets Better México, que promueve los derechos LGBTI, cataloga el discurso de AMLO como histórico y acota que “es una señal que la agenda de la Coalición Mexicana LGBTTTI+ tiene buenas posibilidades de avanzar”.

Asimismo, Orué espera que este nuevo gobierno baje los niveles de violencia que desproporcionadamente afectan a las personas del colectivo. “Es vital que se les haga frente a los discursos de odio desde el Estado, que se fortalezca a instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y se haga hincapié en el desarrollo de oportunidades laborales para el talento diverso”, añade.

Por su parte, Espinosa anhela que en este sexenio que comienza “el discurso en el cual se hable de nuestras poblaciones y necesidades funcione de manera transversal en todas las políticas públicas, que la ciudadanía se involucre y cada vez más encontremos las palabras orientación sexual, lesbianas, gais, transexuales, transgénero, intersexuales, queer y diversidad en los discursos del presidente. La realidad del país nunca ha sido favorable a nuestros derechos, por lo que consideremos abierta una expectativa de mejora”.

Durante su campaña electoral, López Obrador evadió el tema LGBTI, debido a los lazos que lo vinculan con fuerzas más conservadoras de la política mexicana, como el extinto Partido Encuentro Social (PES), fundado por cristianos evangélicos y que se opuso a los esfuerzos anteriores para legalizar federalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ante este escenario, un retroceso en los avances logrados no sería un temor infundado.

“No debemos olvidar que el extinto Partido Encuentro Social dejó muchos candidatos en puestos de elección popular y nunca se ha visto a las personas que pertenecieron a ese partido como aliados de los derechos humanos y la igualdad”, acota Espinosa.

En cambio, lo más preocupante para Orué es que AMLO nunca se haya retractado de sus declaraciones sobre poner a consulta los derechos humanos de las personas LGBTI y “ahora que sus consultas parecen haberse legitimado en la vida política de esta nueva administración, no debemos bajar la guardia”.

Aunque el movimiento se mantenga la alerta, Orué no cree posible una marcha atrás en las garantías conquistadas, pues “que su mano derecha sea la abogada Olga Sánchez Cordero, nueva Secretaria de Gobernación de su gabinete, hace que tengamos algo de garantía que no solo eso no ocurrirá, sino que, incluso, avance la agenda. Ella misma en declaraciones recientes ha reiterado que los derechos humanos no se ponen a consulta”.

Durante el período que recién concluye, bajo el mando del expresidente Enrique Peña Nieto, y según nuestros entrevistados, los temas de la comunidad alcanzaron una mayor visibilidad, situándose en la agenda pública, así como se concretaron diversos esfuerzos para disminuir la brecha de desigualdad que viven las personas trans. No obstante, las deudas del país con el colectivo aún persisten.

“Lo que pudo haber sido el único acierto de la administración de Enrique Peña Nieto fue que en 2016 se haya pronunciado a favor de los derechos humanos de las personas LGBTIQ en un acto protocolario en el marco del 17 de mayo, donde se anunció que enviaría al Congreso varias iniciativas pro LGBTIQ, entre ellas sobre el matrimonio igualitario”, sostiene Orué.

Más, el activista lamentó que esas iniciativas prometidas murieron en el Congreso de la Unión.

Al decir de Orué y Espinosa, dentro de los temas pendientes para la administración AMLO, figuran la visibilidad y seguridad del colectivo, donde se registran altas cifras de crímenes, leyes que penalicen la discriminación en todos los estados, la violencia por homofobia y transfobia así como las limitaciones para oportunidades laborales, acceso a la salud, justicia, leyes de identidad de género y reconocimiento del matrimonio igualitario en cada uno de los departamentos.

“México es un país donde los temas LGBTIQ estaban totalmente borrados del plano político, los avances en materia de legislación han dado pasos pequeños”, concluyó Espinosa. “Se visualiza que sigan más modificaciones a las leyes, pero están relegados del cambio social. México como país no es homogéneo y mientras existen lugares donde el cambio social ya exige que las leyes se modifiquen, en otros lugares la discriminación sigue siendo algo normal”.

México en contexto

En la actualidad, en México sólo 15 de los 32 estados permiten el matrimonio igualitario, donde se han contabilizado 10.216 de estas uniones.

“Sin embargo, falta mucho para que estas uniones sean reconocidas como familias con todos los derechos que esto conlleva”, señala el periódico Publimetro en un artículo que califica de “lento” la implementación del matrimonio igualitario desde su legalización, hace ya nueve años.

En el panorama nacional, la adopción homoparental es legal en la Ciudad de México y en Coahuila. Hasta la fecha, se han concretado 17 adopciones de niños y niñas por familias homoparentales y lebomaternales. En cuanto a la identidad de género, se han producido unos 3.230 reconocimientos.

Se registró un descenso de 4,6 por ciento de la discriminación motivada por preferencia sexual u orientación sexual, según los registros de la encuesta de discriminación 2013 y la de 2017.

Sin embargo, México sigue siendo un país violento para las minorías sexuales. Durante los últimos cinco años, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, ocurrieron 381 asesinatos, según un informe que la ONG Letra S publicó en mayo del presente año. Para este 2018, la situación no resulta muy alentadora, pues solo en el primer cuatrimestre, esta misma organización contabilizó al menos 24 asesinatos de personas LGBTI.

Pese a esta ola de homofobia, Alejandro Brito, director general de la ONG Letra S, dijo a la agencia EFE que existen avances significativos como una posición más marcada a nivel exterior en defensa de los derechos y avances como el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo en varias entidades y la decisión de la Suprema Corte en 2016 de declarar inconstitucional las leyes estatales que prohíben el matrimonio homosexual.

Además, se reformaron los códigos penales de varios estados para introducir el odio como agravante en estos delitos, y en febrero pasado la Fiscalía General elaboró un protocolo de actuación del personal en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. “El reto es que se aplique”, apuntó.

Por otra parte, Alejandra Haas, presidenta del CONAPRED, dijo a Publímetro que en los últimos siete años ha recibido mil 185 quejas de identidad de género, preferencias sexuales y discriminación laboral, problemáticas que, se ha comprobado, tienen efectos en la salud mental.