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Migrantes LGBTI en Tijuana ‘buscan una oportunidad para vivir’

Miles de personas en la ciudad mexicana deseen entrar los EEUU

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Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, fue golpeada, amenazada y discriminada en su país por el solo hecho de sumir su verdadera identidad de género. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

TIJUANA, México — A Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, la esperaba una banda de homofóbicos a la vuelta de su casa. Era julio de 2017 y al pasar junto a ellos les dijo: Buenas noches y solo eso fue el pretexto para una agresión atroz.

“Me golpearon con bates y palos”, narra ahora Melani. “Me quebraron la mandíbula y el maxilar izquierdo. Estuve tres días sin despertar en el hospital y luego de 15 días me hicieron una cirugía para reconstruirme el rostro. Me pusieron placas y tornillos. Estuve cuatro meses en recuperación”.

Un año antes, las pandillas, que enferman de odio y violencia a medio Latinoamérica, codiciaban su casa como depósito para drogas. Su madre nunca aceptó e interpuso una denuncia por el acoso de las también llamadas “maras”.

“Saliendo de la policía llaman a mi mamá y la amenazan. Le dicen que con ellos no se jugaba y matan a mi hermano menor de 15 años”, ella dice.

Melani cuenta parte de su vida al Washington Blade desde una casa de acogida en el centro de Tijuana, donde momentáneamente amparan a los miembros LGTBI de la caravana migrante, que llegaron a esta ciudad fronteriza unas semanas atrás con el objetivo de solicitar asilo político en los Estados Unidos, una nación en la cual piensan vivir sin temores y con prosperidad económica.

Los migrantes LGTBI, al igual que la caravana, se han dispersado por toda la frontera norte del país. Lo que antes de llegar a México era un grupo compacto, que enfrentaba ofensas y malos tratos de la propia caravana, hoy no son más que pequeñas y débiles fuerzas dispersas en Tijuana, Baja California y Nogales, otro pueblo limítrofe con EEUU, perteneciente al estado de Sonora.

Atravesar este muro y llegar seguros a territorio estadounidense es el deseo de los miles de migrantes varados en Tijuana. Solo buscan una oportunidad de vida en los Estados Unidos. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

Las historias detrás del sueño americano

No es la primera vez que Melani se lanza en dirección norte para tocar suelo estadounidense. En mayo de este año “subió” a Tijuana con otra caravana pero otra agresión le postergó el anhelo. “Me llevé una gran decepción porque oficiales de Tijuana me golpearon cuando me dirigía a la garita de El Chaparral. Luego, fui al hospital y puse una denuncia a los policías en Inmigración”, dice Melani.

Entonces Melani retornó hasta un pueblito entre Guatemala y México, “en territorio ‘nulo’”, dice con la ilusión de que, en algún momento, volvería a caminar hacia su sueño americano. No podía volver a Guatemala, pero tampoco a Tijuana. Por esa época se volvió casi ermitaña. Ella, una chica extrovertida y sociable, vivía alejada de la gente. “Trabajaba en una panadería y de ahí para mi casa. Sin decir alguna palabra, sin saludar”, añade.

Melani huía de una Guatemala donde la violencia se percibe como natural y se manifiesta más aguda contra las comunidades LGBTI. Allí soportan “insultos, sobornos, detenciones arbitrarias y agresiones físicas, que no pocas veces terminan en asesinatos, pero que no se denuncian por temor a las represalias. Las personas LGBTI viven con miedo y no cuentan con redes de apoyo comunitario que les ayuden a enfrentar los escenarios violentos en que habitan”, especifica un diagnóstico sobre la situación de esta comunidad en cuatro países centroamericanos.

Un total de 39 mujeres trans, como Melani, fueron asesinadas de enero a julio de 2017 en Guatemala, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, ubicando a la nación en el puesto número seis dentro de la lista de países de América Latina y el Caribe con mayores cifras absolutas de personas trans asesinadas.

En Honduras, por otra parte, 40 personas LGTBI han muerto entre 2007 y mayo del presente año, indicó en un comunicado el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh). Cattrachas, una red lesbiana feminista, indica que 288 personas LGBTI han sido asesinados en Honduras entre 2009 y 2018.

No solo es una situación de inseguridad. Este colectivo en Honduras posee muy bajas posibilidades de empleo. Según reportó Infobae “no existen en el país antecedentes de ninguna persona trans que haya ingresado a un puesto de trabajo en una empresa privada o en una dependencia estatal”.

Amelia Frank-Vitale, antropóloga de la Universidad de Michigan, quien lleva más de un año viviendo en Honduras para estudiar temas de deportación, migración y violencia, confirmó al Blade que “las personas de la comunidad LGBTI están expuestas a todas las formas de violencia que vive cualquier persona en Honduras, que es la mayoría de la población urbana, joven y pobre, pero además están discriminadas, estigmatizadas por su orientación sexual y en muchos casos el Estado está ausente en temas de justicia. Es siempre más crítico para la comunidad LGBTI”.

De esa situación vienen huyendo Alexis Rápalos y Solanyi, dos identidades que habitan un mismo cuerpo robusto de 38 años. En la entrevista con el Blade es Alexis quien habla. Lleva un gorro que cubre una cabeza casi sin pelos y las palabras apenas le salen.

Viene de una familia con bajos recursos y nos ha revelado que, desde los diez años, sufre el flagelo de la discriminación por las calles de su ciudad, San Pedro Sula, la que por cuatro años fue reconocida como la urbe más peligrosa del planeta. De nadie tuvo que despedirse, pues desde que murió su madre hace un año, vive solo.

Sastre y chef de cocina, trabajaba en un restaurante en su país natal, pero decidió sumarse a la caravana en busca de un futuro con más seguridad y una vida sin los sobresaltos de una homofobia generalizada.

Partió sin más que un pantalón y una camisa en su mochila y alcanzó la caravana en la frontera entre Guatemala y México. “Fui descubriendo amigos en la caravana”, refiere Alexis. “Y luego a la comunidad gay. Venimos luchando, peleando muchas cosas porque nos discriminan bastante, nos insultan”.

“El camino ha sido bastante duro”, sostiene Alexis. “A veces nos quedamos dormidos en lugares muy fríos, con tormentas. Yo me enfermé de la gripe con una tos horrible, pero gracias a Dios nos han ayudado con medicinas, con ropa”.

Arribaron a Tijuana pidiendo jalón (auto-stop), a ratos en autobuses y suplicando por la caridad ajena para comer. “Llegamos al albergue que había en la Unidad Deportiva Benito Juárez, pero nosotros estábamos en nuestro grupo aparte. Nos han tratado bien, con ropas, medicinas, comida”, insiste como tratando de agradecer días atenciones recibidas.

Hasta ese albergue, donde las condiciones de insalubridad y hacinamiento eran una constante, los persiguió la homofobia que viaja con algunos de sus coterráneos y los ubica en una posición aún más desfavorable que la del resto. Alexis detalla que eran abucheados en las filas para los alimentos y hubo ocasiones en las que no los dejaron comer. La situación se repetía en las frías duchas a la intemperie, donde la privacidad era un lujo impensable.

Allí, junto a los casi 6.000 centroamericanos que llegaron a aglomerarse en el albergue habilitado por las autoridades de la ciudad, sintió la crudeza del frío de madrugada, durmió en la calle porque no tenía una carpa que lo protegiera y la inusual lluvia de la temporada le humedeció hasta el alma cuando vio empapadas sus pocas pertenencias.

“En el albergue (Benito Juárez) sí pasamos humillaciones, críticas, hasta nos hicieron quitar la bandera gay. Recibimos mucha discriminación, nos dicen que no podemos hacer la misma fila para la comida y para el baño nos dejan de últimos y aquí (Enclave Caracol, nuevo albergue) nos están apoyando demasiado, nos dan nuestro lugar, tenemos baño aparte y todo”, comenta Bairon Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años.

Los integrantes de la caravana LGTBI estuvieron a su llegada a Tijuana en la Unidad Deportiva Benito Juárez, un complejo deportivo convertido en albergue. Allí también fueron discriminados por sus coterráneos. Les hicieron quitar la bandera gay. No los querían en las filas para la alimentación y los dejaban de últimos en las duchas públicas. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

Cuenta Bairon que se travestía por las noches y ejercía la prostitución como Kiara Paola, una actividad que le dejó varias cicatrices en su cuerpo. “Yo me dedicaba a trabajar para llevarle comida a mi hermano gemelo y al más pequeño”, dice. “Ahí mi familia se enteró que era gay. Mi madrastra me discriminó y mi papá no me apoyó y hasta hoy día estoy luchando por mi bienestar, a pesar de que me han dado trabones en la espalda y en diferentes partes de mi cuerpo, pero he salido adelante”.

Vivía solo y constantemente era extorsionado, por lo que decidió unirse a la caravana. Cuando los migrantes arribaron a México, ya trabajaba en un restaurante en Tuxpan y no pensó dos veces unirse a la caravana, que en opinión de la experta en migraciones Frank-Vitale es “un movimiento de desobediencia civil contra un régimen global … La caravana es la forma que se ha reconocido que se puede cruzar México sin estar tan expuesto a los grupos criminales, las autoridades corruptas y sin pagar un coyote para buscar una oportunidad de vivir”.

Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años, ejercía como trabajador sexual en su país y constantemente era extorsionado y maltratado por su orientación sexual. (Foto del Washington Blade de
Yariel Valdés González)

A la espera del asilo

Una larga fila se ha formado a las afueras del Enclave Caracol, un espacio comunitario ubicado en la calle primera, en el centro de Tijuana, que ha acogido a esta fracción de la caravana LGBTIQ, que llegó semanas después de la primera.

Bajo unas carpas, los propios migrantes se organizan para repartir la comida que ellos mismos han preparado en el interior del edificio, que semanas antes también brindó su espacio para el matrimonio de varias parejas gays.

Nacho, quien prefirió solo presentarse así, es colaborador de Enclave Caracol, y dijo que están apoyando “a la comunidad con la alimentación y agua, el uso de baño, acceso a Internet, uso de teléfonos para que puedan llamar prácticamente a cualquier parte del mundo y en algún momento ha funcionado como albergue”.

En el Enclave Caracol, son los propios migrantes quienes han cocinado y organizado la vida allí. Con las donaciones de la sociedad civil de varias ciudades ha sido posible mantener a las decenas de ellos que
allí se resguardan. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

En los primeros días de auxilio a estos desplazados eran los trabajadores del lugar quienes cocinaban gran parte de los alimentos y garantizaban la limpieza. Pero, dice “poco a poco se han ido involucrando personas de la caravana. Actualmente ninguna persona del Enclave ha estado en la cocina. Estas últimas semanas hemos recibido donaciones y también hemos ido a los mercados por la merma y la limpiamos, la procesamos y se cocina. Ellos mismos están organizando la limpia y entrega de la comida”.

Nacho declaró que varias personas de la sociedad civil de Los Ángeles, San Diego y de la propia ciudad de Tijuana aportan dinero, comida, voluntariado, productos de limpieza, platos y vasos desechables para aliviar la tensa situación que se vive ahora mismo por la llegada de miles de migrantes a esta urbe fronteriza, muchos de los cuales no han iniciado su proceso de asilo político.

Y es que, al decir de la académica Frank-Vitale, este proceso se ha puesto intencionalmente difícil en EEUU. “Hay una lista muy larga de personas que solicitan el asilo, que se han entregado en la garita y buscan seguir el proceso correcto, bajo la ley internacional”, dice. “Se ha dicho que van a tener que esperar hasta dos meses para tener la oportunidad de hablar de su caso, y eso para personas vulnerables, que huyen de una persecución, que viven bajo la lluvia, el frío, a la intemperie todo ese tiempo, la verdad es una crisis humanitaria fatal”.

“A veces uno se desespera porque no hay un lugar estable. Nos vamos de aquí para allá. Dicen que hoy nos van a llevar para otra casa para esperar a los abogados que nos van a ayudar con los papeles”, dice esperanzado Alexis.

Sin embargo, Melani es más realista al comentar sobre su petición de asilo: “La situación de nosotros está un poco difícil porque siguen llegando muchas personas. Donald Trump cerró la frontera y el trámite está muy complicado. Por eso las personas van a la frontera a meter presión”.

Frank-Vitale considera que el actual sistema de asilo debe cambiar para reconocer las formas modernas de violencia y persecución a las que se ven expuestas las personas y en especial los grupos LGTBI. “Tomando todo eso en cuenta, sí es posible. Hay casos de Centroamérica que entran perfectamente en el sistema, siempre y cuando tengan realmente el temor por sus vidas en sus países y mucha gente tiene un miedo muy verdadero”.

Ese temor, que ha colmado gran parte de la vida de Melani, la acompañará, incluso, en territorio norteamericano, pues en “la caravana anterior había una chica que se llamaba Roxsana, quien murió porque tenía VIH, pero la autopsia reveló que había sido agredida por los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos”.

La primera autopsia realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeada, pero no identifica las personas que la atacaron mientras estaba bajo custodia.

La autopsia original realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de la muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeado, pero no identifica quién la atacó mientras estaba bajo custodia.

El tema ha llegado hasta el Senado estadounidense, pues tres senadores invitaron recientemente al Servicio de Aduanas e Inmigración y Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU a entregar documentos relacionados con el caso de Roxsana, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo su custodia el año pasado.

Pese a todas estas situaciones, pese a un presidente xenófobo que comanda al otro lado, pese a un poderoso ejército atrincherado en la frontera, pese a las largas filas para ser escuchados, pese a la incertidumbre constante, Bairon se mantiene firme en su decisión: “Ya estamos acá. Con tanto trabajo que nos costó, yo no regreso”.

Ya sabemos por qué.

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Delaware

New LGBTQ visitor center slated for Wilmington, Del.

The Collective to feature gift shop, queer museum, more

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Members of the Gay and Lesbian Alliance of Delaware (GLAD) at the Griffin Community Center in Wilmington, Del. (Photo from Collection of Delaware Queer History, courtesy of Ivo Dominguez Jr.)

During Pride month this year, the Delaware Sexuality and Gender Collective (DSGC) announced plans for “The Collective,” the first LGBTQ+ visitor center in Wilmington in nearly 40 years.

“We’ve been talking about the concept of a brick-and-mortar space for a long time,” said Noah Duckett, co-founder of the DSGC.

A licensed clinical social worker, Duckett co-founded DSGC with his mother, Julissa Corianno, in 2018. Established under Sussex Pride, the DSGC serves as a hub for leaders and organizations working directly with LGBTQ+ communities throughout Delaware.

“Our vision for The Collective is a place where our community can come to learn, create, work, and be inspired,” said Corianno.

The Collective will feature a visitor center and gift shop highlighting LGBTQ-owned businesses in Delaware.

“I think that this is something that’s going to benefit our community so much,” said Duckett.

Some of the LGBTQ-owned businesses that DSGC has already partnered with include Stressed Induced Art Attack, Moonbeam Art Collaborative, Voce Coffee, Groovy Gemini Co., Scout Cafe, Macaron Social, and Huxley and Hiro.

“Specifically in Wilmington, we haven’t had an LGBTQ-dedicated space in almost 40 years,” said Duckett.

The last LGBTQ community center in Wilmington was The Griffin Community Center, which was open for only a few years in the 1990s.

“The Griffin was a community space in the ’90s, founded by our friends James and Evo, who are so incredible and have been so supportive throughout this process,” said Duckett. 

Duckett said the DSGC hopes to carry on The Griffin’s legacy.

“I think now more than ever, there’s more and more spaces closing their doors. More and more spaces are losing funding, seeing reduced funding and reduced access, especially LGBTQ+ organizations and communities,” said Duckett. 

The Collective will also feature Delaware’s first LGBTQ history museum, curated by queer historian Carolanne Deal.

“We don’t have any permanent displays in the state about Delaware’s queer history, and we want people to be able to access that history any day of the year, not just during Pride month,” said Deal.

With a master’s degree in art history for museum professionals, Deal has more than seven years of experience in curatorial work and hands-on collections care.

“It’s mainly going to be a graphic display with photographs, articles, and accessible text that draws people in and creates a story for the community,” said Deal.

Although the museum will not initially have an object collection, Deal said she hopes to add physical archival pieces in the future.

“Delaware has been at the forefront of a lot of queer civil rights, and it’ll be really amazing to have that enshrined in a permanent display that’s not only up for Pride month,” said Deal.

Duckett said DSGC is currently raising funds with the goal of breaking ground this summer and opening by the end of the year.

“We would love to have rent paid for, like, multiple years up front,” said Duckett.

Duckett told the Blade that fundraising efforts have reached just under $29,000 and that the organization is awaiting several major donations from community partner organizations.

However, he said DSGC continues to be denied many grants tied to federal or state funding because of restrictions on those funds being used for LGBTQ-serving organizations.

“Private and corporate donations are absolutely vital,” said Duckett.

Anyone interested in supporting the construction of The Collective can donate online or contact [email protected] for more information.

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Netherlands

Tens of thousands take part in World Pride March

Event capped off two weeks of celebrations in Amsterdam.

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(Washington Blade photo by Michael Key)

AMSTERDAM — Tens of thousands of people on Saturday participated in the World Pride March in Amsterdam.

Outright International Executive Director Maria Sjödin and Paolo Rondelli, who in 2022 became the world’s first openly gay head of state when he became Captain Regent of San Marino, are among those who participated alongside Massachusetts state Rep. Jack Lewis and Olena Shevchenko, chair of Insight, an LGBTQ advocacy group in Ukraine, and others.

Members of D66, the centrist Dutch political party that Prime Minister Rob Jetten heads, also marched.

Jetten in February became the Netherlands’ first openly gay prime minister. He participated in the opening of the World Pride Human Rights Conference on Aug. 5 and spoke on a panel with Rondelli, former Irish Prime Minister Leo Varadkar, and other gay and lesbian current and former heads of government.

(Washington Blade video by Michael K. Lavers)

(Washington Blade video by Michael K. Lavers)

The march took place a week after hundreds of thousands of people lined Amsterdam’s canals for the city’s annual Amsterdam Pride Canal Parade.

A terrorist attack at Berlin’s Christopher Street Day on July 25 left one person dead and more than two dozen others injured.

The incident overshadowed World Pride, which began hours earlier and ended on Saturday.

Dutch authorities increased security measures in the aftermath of the July 25 attack. No incidents were reported during World Pride.

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National

HRC condemns DoE removal of LGBTQ bullying data from federal survey

Organization cites rise in homophobic, transphobic policies, worse mental health outcomes

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Department of Education. (Public domain photo)

The Human Rights Campaign is slamming the White House — and the Department of Education — following their removal of some LGBTQ bullying data from federal data collection.

The Civil Rights Data Collection is a mandated survey of all public school districts that collects figures on a wide variety of statistics about students — including demographics that include race, ethnicity, sex, disability status, and English learner status; course-level enrollment data, such as how many students are enrolled in advanced placement or honors classes; and school climate information, such as rates of bullying, harassment, suspensions, and expulsions.

That data collection has been ongoing since 1968 — nearly six decades — but now has a major change in what questions are being asked, or not asked, that advocates are largely attributing to the Trump-Vance administration’s culture war fight on LGBTQ children in the country.

Changes to the 2025-2026 survey questions — approved by the Office of Budget and Management in July — eliminated a space for schools to report how many students identify as nonbinary, how often those students are victims of harassment and bullying, and whether school districts have policies prohibiting gender identity-based incidents.

K-12 Dive, a publication that focuses its reporting on news related to K-12 education, first published a list of these data collection changes from 2024-2025 to 2025-2026.

These questions, as well as others that included LGBTQ student topics on treatment in schools, were added to the CRDC under the Biden-Harris administration. By including these questions, policymakers hoped this would lead to increased investigations into discrimination complaints, initiate compliance reviews, and provide policy guidance to districts, according to Education Department documents.

The CRDC also eliminated the mention of “gender identity” from the definition of rape and sexual assault. The prior collection of data (before the Trump-Vance administration changed it) defined rape as something that could be done to “all students, regardless of sex, or sexual orientation, or gender identity.” Now, the new data collection questions say, “All students, regardless of sex, or sexual orientation can be victims of rape,” removing “gender identity” from the new definition.

By removing and changing definitions, this could have a real-world impact on some of the school’s most vulnerable students. According to CRDC data from 2021-2022, more than 1,800 school districts reported enrolling one or more nonbinary students.

Additional data also shows that the changes to data collection is harming public school students. U.S. Sen. Bernie Sanders (I-Vt.), the ranking member of the Senate Health, Education, Labor, and Pensions Committee released a report in April finding that the Trump-Vance administration’s efforts to all but close the Department of Education Office for Civil Rights has left students facing discrimination and harassment throughout the country without the federal recourse they are entitled to under federal law.

The Williams Institute, a think tank that collects data and conducts research on issues related to sexual orientation and gender identity, has data indicating the true number of nonbinary and transgender children is much higher — they estimate that for children ages 13 to 17, nearly 724,000 identify as nonbinary or trans.

This is in line with a slew of policies pushed by the Trump-Vance administration since their federal takeover. Within his first day in office, President Donald Trump signed Executive Order 14168, titled “Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government.” This directive attempts to make the federal definition of gender unchangeable, determined by sex assigned at birth alone.

Within his first month of his second term, Trump issued Executive Order 14187, titled “Protecting Children from Chemical and Surgical Mutilation.” The order directs federal agencies to restrict gender-affirming medical care — including puberty blockers, hormone therapy, and surgeries — for individuals under the age of 19.

He also pushed multiple anti-trans executive orders, including Executive Order 14201, “Keeping Men Out of Women’s Sports,” and Executive Order 14183, “Prioritizing Military Excellence and Readiness,” targeting trans athletes and military members, respectively.

These policies have a real-world impact on trans people.

The Trevor Project, a nonprofit dedicated to crisis and suicide prevention for LGBTQ people under 25, reported that, for the seventh year in a row, LGBTQ youth are at higher risk for suicide as a result of mistreatment and stigmatization.

Trevor Project data showed that nearly 60 percent of LGBTQ young people ages 13-17 said they were bullied in the past year, and that 36 percent of LGBTQ youth seriously considered suicide in the last year. The data shows a bigger discrepancy for trans youth, with that number hovering around 40 percent considering suicide.

HRC President Kelley Robinson issued a statement following the approval of the new data collection questions that leaves LGBTQ students’ bullying statistics under — if not completely unreported.

“If there was even a shadow of a doubt, this latest move by the Trump administration makes it abundantly clear they do not care about the safety of LGBTQ+ students, and trans students in particular,” Robinson said. “These are adults who should be protecting our kids. And instead, they are making sure bullying and harassment are not tracked. If they are not tracked, bullying and harassment cannot be prevented or stopped — which is exactly what the Trump administration wants. Parents deserve to know their kids are safe at school, and every single young person deserves dignity and safety at school. Anything less is plain evil.”

HRC has a “Welcoming Schools” initiative that they say is the “most comprehensive” bias-based bullying prevention program in the nation. The program includes LGBTQ and gender-inclusive resources for schools, help navigating special education and disability resources for LGBTQ-identifying students, and other tools to help schools become more inclusive.

This program has been in effect for nearly two decades and, according to HRC, reaches nearly 750,000 students.

The Washington Blade reached out to both the Department of Education and Office of Management and Budget for comment but did not receive a response by publication time.

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