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Migrantes LGBTI en Tijuana ‘buscan una oportunidad para vivir’
Miles de personas en la ciudad mexicana deseen entrar los EEUU

Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, fue golpeada, amenazada y discriminada en su país por el solo hecho de sumir su verdadera identidad de género. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
TIJUANA, México — A Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, la esperaba una banda de homofóbicos a la vuelta de su casa. Era julio de 2017 y al pasar junto a ellos les dijo: Buenas noches y solo eso fue el pretexto para una agresión atroz.
“Me golpearon con bates y palos”, narra ahora Melani. “Me quebraron la mandíbula y el maxilar izquierdo. Estuve tres días sin despertar en el hospital y luego de 15 días me hicieron una cirugía para reconstruirme el rostro. Me pusieron placas y tornillos. Estuve cuatro meses en recuperación”.
Un año antes, las pandillas, que enferman de odio y violencia a medio Latinoamérica, codiciaban su casa como depósito para drogas. Su madre nunca aceptó e interpuso una denuncia por el acoso de las también llamadas “maras”.
“Saliendo de la policía llaman a mi mamá y la amenazan. Le dicen que con ellos no se jugaba y matan a mi hermano menor de 15 años”, ella dice.
Melani cuenta parte de su vida al Washington Blade desde una casa de acogida en el centro de Tijuana, donde momentáneamente amparan a los miembros LGTBI de la caravana migrante, que llegaron a esta ciudad fronteriza unas semanas atrás con el objetivo de solicitar asilo político en los Estados Unidos, una nación en la cual piensan vivir sin temores y con prosperidad económica.
Los migrantes LGTBI, al igual que la caravana, se han dispersado por toda la frontera norte del país. Lo que antes de llegar a México era un grupo compacto, que enfrentaba ofensas y malos tratos de la propia caravana, hoy no son más que pequeñas y débiles fuerzas dispersas en Tijuana, Baja California y Nogales, otro pueblo limítrofe con EEUU, perteneciente al estado de Sonora.

Atravesar este muro y llegar seguros a territorio estadounidense es el deseo de los miles de migrantes varados en Tijuana. Solo buscan una oportunidad de vida en los Estados Unidos. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
Las historias detrás del sueño americano
No es la primera vez que Melani se lanza en dirección norte para tocar suelo estadounidense. En mayo de este año “subió” a Tijuana con otra caravana pero otra agresión le postergó el anhelo. “Me llevé una gran decepción porque oficiales de Tijuana me golpearon cuando me dirigía a la garita de El Chaparral. Luego, fui al hospital y puse una denuncia a los policías en Inmigración”, dice Melani.
Entonces Melani retornó hasta un pueblito entre Guatemala y México, “en territorio ‘nulo’”, dice con la ilusión de que, en algún momento, volvería a caminar hacia su sueño americano. No podía volver a Guatemala, pero tampoco a Tijuana. Por esa época se volvió casi ermitaña. Ella, una chica extrovertida y sociable, vivía alejada de la gente. “Trabajaba en una panadería y de ahí para mi casa. Sin decir alguna palabra, sin saludar”, añade.
Melani huía de una Guatemala donde la violencia se percibe como natural y se manifiesta más aguda contra las comunidades LGBTI. Allí soportan “insultos, sobornos, detenciones arbitrarias y agresiones físicas, que no pocas veces terminan en asesinatos, pero que no se denuncian por temor a las represalias. Las personas LGBTI viven con miedo y no cuentan con redes de apoyo comunitario que les ayuden a enfrentar los escenarios violentos en que habitan”, especifica un diagnóstico sobre la situación de esta comunidad en cuatro países centroamericanos.
Un total de 39 mujeres trans, como Melani, fueron asesinadas de enero a julio de 2017 en Guatemala, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, ubicando a la nación en el puesto número seis dentro de la lista de países de América Latina y el Caribe con mayores cifras absolutas de personas trans asesinadas.
En Honduras, por otra parte, 40 personas LGTBI han muerto entre 2007 y mayo del presente año, indicó en un comunicado el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh). Cattrachas, una red lesbiana feminista, indica que 288 personas LGBTI han sido asesinados en Honduras entre 2009 y 2018.
No solo es una situación de inseguridad. Este colectivo en Honduras posee muy bajas posibilidades de empleo. Según reportó Infobae “no existen en el país antecedentes de ninguna persona trans que haya ingresado a un puesto de trabajo en una empresa privada o en una dependencia estatal”.
Amelia Frank-Vitale, antropóloga de la Universidad de Michigan, quien lleva más de un año viviendo en Honduras para estudiar temas de deportación, migración y violencia, confirmó al Blade que “las personas de la comunidad LGBTI están expuestas a todas las formas de violencia que vive cualquier persona en Honduras, que es la mayoría de la población urbana, joven y pobre, pero además están discriminadas, estigmatizadas por su orientación sexual y en muchos casos el Estado está ausente en temas de justicia. Es siempre más crítico para la comunidad LGBTI”.
De esa situación vienen huyendo Alexis Rápalos y Solanyi, dos identidades que habitan un mismo cuerpo robusto de 38 años. En la entrevista con el Blade es Alexis quien habla. Lleva un gorro que cubre una cabeza casi sin pelos y las palabras apenas le salen.
Viene de una familia con bajos recursos y nos ha revelado que, desde los diez años, sufre el flagelo de la discriminación por las calles de su ciudad, San Pedro Sula, la que por cuatro años fue reconocida como la urbe más peligrosa del planeta. De nadie tuvo que despedirse, pues desde que murió su madre hace un año, vive solo.
Sastre y chef de cocina, trabajaba en un restaurante en su país natal, pero decidió sumarse a la caravana en busca de un futuro con más seguridad y una vida sin los sobresaltos de una homofobia generalizada.
Partió sin más que un pantalón y una camisa en su mochila y alcanzó la caravana en la frontera entre Guatemala y México. “Fui descubriendo amigos en la caravana”, refiere Alexis. “Y luego a la comunidad gay. Venimos luchando, peleando muchas cosas porque nos discriminan bastante, nos insultan”.
“El camino ha sido bastante duro”, sostiene Alexis. “A veces nos quedamos dormidos en lugares muy fríos, con tormentas. Yo me enfermé de la gripe con una tos horrible, pero gracias a Dios nos han ayudado con medicinas, con ropa”.
Arribaron a Tijuana pidiendo jalón (auto-stop), a ratos en autobuses y suplicando por la caridad ajena para comer. “Llegamos al albergue que había en la Unidad Deportiva Benito Juárez, pero nosotros estábamos en nuestro grupo aparte. Nos han tratado bien, con ropas, medicinas, comida”, insiste como tratando de agradecer días atenciones recibidas.
Hasta ese albergue, donde las condiciones de insalubridad y hacinamiento eran una constante, los persiguió la homofobia que viaja con algunos de sus coterráneos y los ubica en una posición aún más desfavorable que la del resto. Alexis detalla que eran abucheados en las filas para los alimentos y hubo ocasiones en las que no los dejaron comer. La situación se repetía en las frías duchas a la intemperie, donde la privacidad era un lujo impensable.
Allí, junto a los casi 6.000 centroamericanos que llegaron a aglomerarse en el albergue habilitado por las autoridades de la ciudad, sintió la crudeza del frío de madrugada, durmió en la calle porque no tenía una carpa que lo protegiera y la inusual lluvia de la temporada le humedeció hasta el alma cuando vio empapadas sus pocas pertenencias.
“En el albergue (Benito Juárez) sí pasamos humillaciones, críticas, hasta nos hicieron quitar la bandera gay. Recibimos mucha discriminación, nos dicen que no podemos hacer la misma fila para la comida y para el baño nos dejan de últimos y aquí (Enclave Caracol, nuevo albergue) nos están apoyando demasiado, nos dan nuestro lugar, tenemos baño aparte y todo”, comenta Bairon Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años.

Los integrantes de la caravana LGTBI estuvieron a su llegada a Tijuana en la Unidad Deportiva Benito Juárez, un complejo deportivo convertido en albergue. Allí también fueron discriminados por sus coterráneos. Les hicieron quitar la bandera gay. No los querían en las filas para la alimentación y los dejaban de últimos en las duchas públicas. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
Cuenta Bairon que se travestía por las noches y ejercía la prostitución como Kiara Paola, una actividad que le dejó varias cicatrices en su cuerpo. “Yo me dedicaba a trabajar para llevarle comida a mi hermano gemelo y al más pequeño”, dice. “Ahí mi familia se enteró que era gay. Mi madrastra me discriminó y mi papá no me apoyó y hasta hoy día estoy luchando por mi bienestar, a pesar de que me han dado trabones en la espalda y en diferentes partes de mi cuerpo, pero he salido adelante”.
Vivía solo y constantemente era extorsionado, por lo que decidió unirse a la caravana. Cuando los migrantes arribaron a México, ya trabajaba en un restaurante en Tuxpan y no pensó dos veces unirse a la caravana, que en opinión de la experta en migraciones Frank-Vitale es “un movimiento de desobediencia civil contra un régimen global … La caravana es la forma que se ha reconocido que se puede cruzar México sin estar tan expuesto a los grupos criminales, las autoridades corruptas y sin pagar un coyote para buscar una oportunidad de vivir”.

Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años, ejercía como trabajador sexual en su país y constantemente era extorsionado y maltratado por su orientación sexual. (Foto del Washington Blade de
Yariel Valdés González)
A la espera del asilo
Una larga fila se ha formado a las afueras del Enclave Caracol, un espacio comunitario ubicado en la calle primera, en el centro de Tijuana, que ha acogido a esta fracción de la caravana LGBTIQ, que llegó semanas después de la primera.
Bajo unas carpas, los propios migrantes se organizan para repartir la comida que ellos mismos han preparado en el interior del edificio, que semanas antes también brindó su espacio para el matrimonio de varias parejas gays.
Nacho, quien prefirió solo presentarse así, es colaborador de Enclave Caracol, y dijo que están apoyando “a la comunidad con la alimentación y agua, el uso de baño, acceso a Internet, uso de teléfonos para que puedan llamar prácticamente a cualquier parte del mundo y en algún momento ha funcionado como albergue”.

En el Enclave Caracol, son los propios migrantes quienes han cocinado y organizado la vida allí. Con las donaciones de la sociedad civil de varias ciudades ha sido posible mantener a las decenas de ellos que
allí se resguardan. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
En los primeros días de auxilio a estos desplazados eran los trabajadores del lugar quienes cocinaban gran parte de los alimentos y garantizaban la limpieza. Pero, dice “poco a poco se han ido involucrando personas de la caravana. Actualmente ninguna persona del Enclave ha estado en la cocina. Estas últimas semanas hemos recibido donaciones y también hemos ido a los mercados por la merma y la limpiamos, la procesamos y se cocina. Ellos mismos están organizando la limpia y entrega de la comida”.
Nacho declaró que varias personas de la sociedad civil de Los Ángeles, San Diego y de la propia ciudad de Tijuana aportan dinero, comida, voluntariado, productos de limpieza, platos y vasos desechables para aliviar la tensa situación que se vive ahora mismo por la llegada de miles de migrantes a esta urbe fronteriza, muchos de los cuales no han iniciado su proceso de asilo político.
Y es que, al decir de la académica Frank-Vitale, este proceso se ha puesto intencionalmente difícil en EEUU. “Hay una lista muy larga de personas que solicitan el asilo, que se han entregado en la garita y buscan seguir el proceso correcto, bajo la ley internacional”, dice. “Se ha dicho que van a tener que esperar hasta dos meses para tener la oportunidad de hablar de su caso, y eso para personas vulnerables, que huyen de una persecución, que viven bajo la lluvia, el frío, a la intemperie todo ese tiempo, la verdad es una crisis humanitaria fatal”.
“A veces uno se desespera porque no hay un lugar estable. Nos vamos de aquí para allá. Dicen que hoy nos van a llevar para otra casa para esperar a los abogados que nos van a ayudar con los papeles”, dice esperanzado Alexis.
Sin embargo, Melani es más realista al comentar sobre su petición de asilo: “La situación de nosotros está un poco difícil porque siguen llegando muchas personas. Donald Trump cerró la frontera y el trámite está muy complicado. Por eso las personas van a la frontera a meter presión”.
Frank-Vitale considera que el actual sistema de asilo debe cambiar para reconocer las formas modernas de violencia y persecución a las que se ven expuestas las personas y en especial los grupos LGTBI. “Tomando todo eso en cuenta, sí es posible. Hay casos de Centroamérica que entran perfectamente en el sistema, siempre y cuando tengan realmente el temor por sus vidas en sus países y mucha gente tiene un miedo muy verdadero”.
Ese temor, que ha colmado gran parte de la vida de Melani, la acompañará, incluso, en territorio norteamericano, pues en “la caravana anterior había una chica que se llamaba Roxsana, quien murió porque tenía VIH, pero la autopsia reveló que había sido agredida por los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos”.
La primera autopsia realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeada, pero no identifica las personas que la atacaron mientras estaba bajo custodia.
La autopsia original realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de la muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeado, pero no identifica quién la atacó mientras estaba bajo custodia.
El tema ha llegado hasta el Senado estadounidense, pues tres senadores invitaron recientemente al Servicio de Aduanas e Inmigración y Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU a entregar documentos relacionados con el caso de Roxsana, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo su custodia el año pasado.
Pese a todas estas situaciones, pese a un presidente xenófobo que comanda al otro lado, pese a un poderoso ejército atrincherado en la frontera, pese a las largas filas para ser escuchados, pese a la incertidumbre constante, Bairon se mantiene firme en su decisión: “Ya estamos acá. Con tanto trabajo que nos costó, yo no regreso”.
Ya sabemos por qué.
District of Columbia
GLAA releases ratings for 18 candidates running for D.C. mayor, Council, AG
Mayoral contender Janeese Lewis Geroge among those receiving highest score
D.C. mayoral candidate Janeese Lewis George, a Democrat, is among just four candidates to receive the highest rating score of +10 from GLAA D.C. who are competing in the city’s June 16 primary election.
GLAA, formally known as the Gay and Lesbian Activists Alliance of Washington, has rated candidates for public office in D.C. since the 1970s. It rated 18 of the 36 candidates on this year’s primary ballot for mayor, D.C. Council, and D.C. attorney general based on its policy of only rating candidates who return a GLAA questionnaire asking for their positions on a wide range of issues, most of which are not LGBTQ-specific.
Among the candidates who did not return the questionnaire and thus did not receive a rating, according to GLAA, was Democratic mayoral contender Kenyan McDuffie, who along with Lewis George, is considered by political observers to be one of the two leading mayoral candidates running in the Democratic primary.
Lewis George and McDuffie, who each have long records of support for the LGBTQ community, are among a total of eight candidates running for mayor on the June 16 primary ballot: seven Democrats and one Statehood Green Party candidate. In addition to Lewis George, GLAA rated just two other mayoral candidates. Rini Sampath, a Democrat who self identifies as queer, received a +6.5 rating, and Ernest E. Johnson, also a Democrat, received a +4.5 rating
Under the GLAA rating system, candidate ratings range from a +10, the highest score, to a -10, the lowest possible score. In its ratings for the June 16 primary, the lowest score issued was +4.5. GLAA said in a statement that each of the 18 candidates it rated expressed strong support for LGBTQ-related issues in their questionnaire responses, indicating that the overall rating scores reflect the candidates’ positions on mostly non-LGBTQ-specific issues.
The three other candidates who received a +10 GLAA rating are each running as Democrats for the Ward 1 D.C. Council seat. They include gay candidate Miguel Trindade Deramo; Aparna Raj, who identifies as bisexual; and LGBTQ ally Rashida Brown. The only other Ward 1 candidate rated by GLAA is LGBTQ ally Terry Lynch, who received a +5.5 rating.
Ward 5 D.C. Councilmember Zachary Parker, the Council’s only gay member who is facing two opponents in the Democratic primary, received a +7 GLAA rating. The two challengers did not return the questionnaire and were not rated.
“In seven out of 10 of our priorities, every candidate indicated agreement,” GLAA said in its statement to the Washington Blade in referring to the candidates it rated. “Total consensus on core issues signals that whomever is elected to Council and mayor, we should expect to hold our elected officials accountable to our goals of protecting home rule, resisting federal overreach, advancing transgender healthcare rights, and eliminating chronic homelessness in the District,” the statement says.
“While candidates agree on the basics, they distinguish themselves in the depth and creativity in their responses, and their record on the issues,” according to the statement, which adds that candidates’ full questionnaire responses and ratings can be accessed on the GLAA website, glaa.org.
Like past election years, GLAA does not rate candidates running for the D.C. Congressional Delegate seat or the so-called “shadow” U.S. House of Representatives and U.S. Senate seats.
With the exception of one question asking about transgender rights, none of the other nine of the 10 questionnaire questions are LGBTQ-specific. But most of the questions mention that LGBTQ people are impacted by the issues being raised, such as affordable housing, federal government intrusion into D.C. home rule, and access to healthcare and public benefits for low-income residents.
One of the questions asks candidates if they support decriminalization of sex work in D.C. among consenting adults, which GLAA supports. Lewis George is among the candidates who said they do not support sex work decriminalization at this time. The other two mayoral candidates that GLAA rated, Sampath and Johnson, said they support sex work decriminalization.
In the race for D.C. attorney general, GLAA issued a rating for just one of the three candidates running: Republican challenger Manuel Rivera, who received a +4.5 rating. Incumbent Democrat Brian Schwalb and Democratic challenger J.P. Szymkowicz were not rated because they didn’t return the questionnaire.
D.C. Council Chair Phil Mendelson (D), who is running unopposed in the primary, received a +6.5 rating. Ward 6 Councilmember Charles Allen, who is facing three Democratic challengers in the primary and who is a longtime LGBTQ ally, received a +6.5 rating.
In the special election to fill the at-large D.C. Council seat vacated by the resignation of then-Independent Councilmember McDuffie to enable him to run for mayor as a Democrat, GLAA has rated two of the three Independent candidates competing for the seat. Elissa Silverman received a +5.75 rating, and Doni Crawford received a +5.6 rating.
Finally, in the At-Large D.C. Council race GLAA issued ratings for five of the 11 candidates running in the primary, each of whom are Democrats. Oye Owolewa received a +9; Lisa Raymond, +7.5; Dwight Davis, +6.5; Dyana N.M. Forester, +6; and Fred Hill, +6.6.
The full list of GLAA-rated candidates and their detailed questionnaire responses can be accessed at glaa.org.
News
Blade finalist for D.C. Society of Professional Journalists awards
Editor Kevin Naff to be inducted into Hall of Fame at June. 9 dinner
The Society of Professional Journalists’ Washington, D.C., Pro Chapter on Tuesday announced the Washington Blade is a finalist for various awards it will hand out at its annual dinner next month.
International News Editor Michael K. Lavers is a finalist for the weekly editorial/opinion writing category for his piece “Vacationing abroad with an embarrassment in the White House.” He is also a finalist for the weekly newspaper non-breaking news category for his article “Trump executive orders leave LGBTQ migrants, asylum seekers in limbo.”
Photo Editor Michael Key is a finalist for the weekly newspaper feature photography category for a photo of a protest that he took outside the D.C. Attorney General’s office. He is also a finalist for the weekly newspaper photography story category for his article “‘Trump Must Go Now’ march to the White House” and for the weekly newspaper photojournalism category for his coverage of the WorldPride Street Festival and Closing Concert.
Senior Reporter Lou Chibbaro is a finalist for the weekly newspaper non-breaking news category for his article “In D.C., LGBTQ homelessness on the rise despite overall decline.”
Kevin Naff, the Blade’s editor and co-owner, will be inducted into the Society of Professional Journalists’ Washington, D.C., Pro Chapter’s Hall of Fame at its annual dinner that will take place at the National Press Club on June 9.
Commentary
He is 16 and sitting in a Cuban prison
Jonathan David Muir Burgos arrested after participating in anti-government protests
Jonathan David Muir Burgos is 16-years-old, and that fact alone should force the world to stop and pay attention. He is not an armed criminal, nor a violent extremist, nor someone accused of harming others. He is a Cuban teenager who ended up behind bars after joining recent protests in the city of Morón, in the province of Ciego de Ávila, demonstrations born out of exhaustion, desperation, and the growing collapse of daily life across the island.
Those protests did not emerge from privilege or political theater. They erupted after prolonged blackouts, food shortages, lack of drinking water, unbearable heat, and a level of public frustration that continues to deepen inside Cuba. People took to the streets because ordinary life itself has become increasingly unbearable. Families are surviving for hours and sometimes days without electricity. Parents struggle to find food. Entire communities live trapped between scarcity and silence.
Jonathan became part of that reality.
And today, he is sitting inside a Cuban prison.
The World Health Organization defines adolescence as the stage between approximately 10 and 19 years of age, a period marked by emotional, psychological, and physical development. That matters deeply here because Jonathan is not simply a “young protester.” He is a minor. A teenager still navigating the fragile years in which identity, emotional stability, and personal growth are being formed.
Yet the Cuban government chose to place him inside a high-security prison alongside adults.
There is something profoundly disturbing about a political system willing to expose a 16-year-old boy to the psychological brutality of prison life simply because he exercised the right to protest. A prison is never only walls and bars. It is fear, humiliation, emotional pressure, intimidation, and uncertainty. For a teenager surrounded by adult inmates, those dangers become even more alarming.
The situation becomes even more serious because Jonathan reportedly suffers from severe dyshidrosis and has previously experienced dangerous bacterial infections affecting his health. His condition requires proper medical care, hygiene, and adequate treatment, precisely the kind of stability that is difficult to guarantee inside the Cuban prison system.
Behind this story there is also a family living through a kind of pain impossible to fully describe.
Jonathan is the son of a Cuban evangelical pastor. Behind the headlines there is a mother wondering how her child is sleeping at night inside a prison cell. There is a father trying to hold onto faith while imagining the emotional and physical risks his teenage son may be facing behind bars. Faith does not erase fear. Faith does not prevent parents from trembling when their child is imprisoned.
And this is where another painful contradiction emerges.
While a Cuban pastor watches his son remain incarcerated, there are still political and religious voices outside Cuba romanticizing the Cuban regime from a safe distance. There are people who speak passionately about justice while remaining silent about political prisoners, repression, censorship, and now even the imprisonment of adolescents.
That silence matters.
Because silence protects systems that normalize abuse.
For too long, parts of the international community have spoken about Cuba through ideological nostalgia while refusing to confront the human cost paid by ordinary Cubans. The reality is not romantic. The reality is families surviving in darkness, young people fleeing the country in massive numbers, parents struggling to feed their children, and now a 16-year-old boy sitting inside a prison after joining a protest born from desperation.
No government has the moral right to destroy the emotional and psychological well-being of a teenager for exercising freedom of expression. No ideology should stand above human dignity. And no institution that claims to defend justice should remain indifferent while a child becomes a political prisoner.
Jonathan David Muir Burgos should not be in prison.
A 16-year-old boy should not have to pay for protest with his freedom.
