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Migrantes LGBTI en Tijuana ‘buscan una oportunidad para vivir’

Miles de personas en la ciudad mexicana deseen entrar los EEUU

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Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, fue golpeada, amenazada y discriminada en su país por el solo hecho de sumir su verdadera identidad de género. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

TIJUANA, México — A Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, la esperaba una banda de homofóbicos a la vuelta de su casa. Era julio de 2017 y al pasar junto a ellos les dijo: Buenas noches y solo eso fue el pretexto para una agresión atroz.

“Me golpearon con bates y palos”, narra ahora Melani. “Me quebraron la mandíbula y el maxilar izquierdo. Estuve tres días sin despertar en el hospital y luego de 15 días me hicieron una cirugía para reconstruirme el rostro. Me pusieron placas y tornillos. Estuve cuatro meses en recuperación”.

Un año antes, las pandillas, que enferman de odio y violencia a medio Latinoamérica, codiciaban su casa como depósito para drogas. Su madre nunca aceptó e interpuso una denuncia por el acoso de las también llamadas “maras”.

“Saliendo de la policía llaman a mi mamá y la amenazan. Le dicen que con ellos no se jugaba y matan a mi hermano menor de 15 años”, ella dice.

Melani cuenta parte de su vida al Washington Blade desde una casa de acogida en el centro de Tijuana, donde momentáneamente amparan a los miembros LGTBI de la caravana migrante, que llegaron a esta ciudad fronteriza unas semanas atrás con el objetivo de solicitar asilo político en los Estados Unidos, una nación en la cual piensan vivir sin temores y con prosperidad económica.

Los migrantes LGTBI, al igual que la caravana, se han dispersado por toda la frontera norte del país. Lo que antes de llegar a México era un grupo compacto, que enfrentaba ofensas y malos tratos de la propia caravana, hoy no son más que pequeñas y débiles fuerzas dispersas en Tijuana, Baja California y Nogales, otro pueblo limítrofe con EEUU, perteneciente al estado de Sonora.

Atravesar este muro y llegar seguros a territorio estadounidense es el deseo de los miles de migrantes varados en Tijuana. Solo buscan una oportunidad de vida en los Estados Unidos. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

Las historias detrás del sueño americano

No es la primera vez que Melani se lanza en dirección norte para tocar suelo estadounidense. En mayo de este año “subió” a Tijuana con otra caravana pero otra agresión le postergó el anhelo. “Me llevé una gran decepción porque oficiales de Tijuana me golpearon cuando me dirigía a la garita de El Chaparral. Luego, fui al hospital y puse una denuncia a los policías en Inmigración”, dice Melani.

Entonces Melani retornó hasta un pueblito entre Guatemala y México, “en territorio ‘nulo’”, dice con la ilusión de que, en algún momento, volvería a caminar hacia su sueño americano. No podía volver a Guatemala, pero tampoco a Tijuana. Por esa época se volvió casi ermitaña. Ella, una chica extrovertida y sociable, vivía alejada de la gente. “Trabajaba en una panadería y de ahí para mi casa. Sin decir alguna palabra, sin saludar”, añade.

Melani huía de una Guatemala donde la violencia se percibe como natural y se manifiesta más aguda contra las comunidades LGBTI. Allí soportan “insultos, sobornos, detenciones arbitrarias y agresiones físicas, que no pocas veces terminan en asesinatos, pero que no se denuncian por temor a las represalias. Las personas LGBTI viven con miedo y no cuentan con redes de apoyo comunitario que les ayuden a enfrentar los escenarios violentos en que habitan”, especifica un diagnóstico sobre la situación de esta comunidad en cuatro países centroamericanos.

Un total de 39 mujeres trans, como Melani, fueron asesinadas de enero a julio de 2017 en Guatemala, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, ubicando a la nación en el puesto número seis dentro de la lista de países de América Latina y el Caribe con mayores cifras absolutas de personas trans asesinadas.

En Honduras, por otra parte, 40 personas LGTBI han muerto entre 2007 y mayo del presente año, indicó en un comunicado el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh). Cattrachas, una red lesbiana feminista, indica que 288 personas LGBTI han sido asesinados en Honduras entre 2009 y 2018.

No solo es una situación de inseguridad. Este colectivo en Honduras posee muy bajas posibilidades de empleo. Según reportó Infobae “no existen en el país antecedentes de ninguna persona trans que haya ingresado a un puesto de trabajo en una empresa privada o en una dependencia estatal”.

Amelia Frank-Vitale, antropóloga de la Universidad de Michigan, quien lleva más de un año viviendo en Honduras para estudiar temas de deportación, migración y violencia, confirmó al Blade que “las personas de la comunidad LGBTI están expuestas a todas las formas de violencia que vive cualquier persona en Honduras, que es la mayoría de la población urbana, joven y pobre, pero además están discriminadas, estigmatizadas por su orientación sexual y en muchos casos el Estado está ausente en temas de justicia. Es siempre más crítico para la comunidad LGBTI”.

De esa situación vienen huyendo Alexis Rápalos y Solanyi, dos identidades que habitan un mismo cuerpo robusto de 38 años. En la entrevista con el Blade es Alexis quien habla. Lleva un gorro que cubre una cabeza casi sin pelos y las palabras apenas le salen.

Viene de una familia con bajos recursos y nos ha revelado que, desde los diez años, sufre el flagelo de la discriminación por las calles de su ciudad, San Pedro Sula, la que por cuatro años fue reconocida como la urbe más peligrosa del planeta. De nadie tuvo que despedirse, pues desde que murió su madre hace un año, vive solo.

Sastre y chef de cocina, trabajaba en un restaurante en su país natal, pero decidió sumarse a la caravana en busca de un futuro con más seguridad y una vida sin los sobresaltos de una homofobia generalizada.

Partió sin más que un pantalón y una camisa en su mochila y alcanzó la caravana en la frontera entre Guatemala y México. “Fui descubriendo amigos en la caravana”, refiere Alexis. “Y luego a la comunidad gay. Venimos luchando, peleando muchas cosas porque nos discriminan bastante, nos insultan”.

“El camino ha sido bastante duro”, sostiene Alexis. “A veces nos quedamos dormidos en lugares muy fríos, con tormentas. Yo me enfermé de la gripe con una tos horrible, pero gracias a Dios nos han ayudado con medicinas, con ropa”.

Arribaron a Tijuana pidiendo jalón (auto-stop), a ratos en autobuses y suplicando por la caridad ajena para comer. “Llegamos al albergue que había en la Unidad Deportiva Benito Juárez, pero nosotros estábamos en nuestro grupo aparte. Nos han tratado bien, con ropas, medicinas, comida”, insiste como tratando de agradecer días atenciones recibidas.

Hasta ese albergue, donde las condiciones de insalubridad y hacinamiento eran una constante, los persiguió la homofobia que viaja con algunos de sus coterráneos y los ubica en una posición aún más desfavorable que la del resto. Alexis detalla que eran abucheados en las filas para los alimentos y hubo ocasiones en las que no los dejaron comer. La situación se repetía en las frías duchas a la intemperie, donde la privacidad era un lujo impensable.

Allí, junto a los casi 6.000 centroamericanos que llegaron a aglomerarse en el albergue habilitado por las autoridades de la ciudad, sintió la crudeza del frío de madrugada, durmió en la calle porque no tenía una carpa que lo protegiera y la inusual lluvia de la temporada le humedeció hasta el alma cuando vio empapadas sus pocas pertenencias.

“En el albergue (Benito Juárez) sí pasamos humillaciones, críticas, hasta nos hicieron quitar la bandera gay. Recibimos mucha discriminación, nos dicen que no podemos hacer la misma fila para la comida y para el baño nos dejan de últimos y aquí (Enclave Caracol, nuevo albergue) nos están apoyando demasiado, nos dan nuestro lugar, tenemos baño aparte y todo”, comenta Bairon Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años.

Los integrantes de la caravana LGTBI estuvieron a su llegada a Tijuana en la Unidad Deportiva Benito Juárez, un complejo deportivo convertido en albergue. Allí también fueron discriminados por sus coterráneos. Les hicieron quitar la bandera gay. No los querían en las filas para la alimentación y los dejaban de últimos en las duchas públicas. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

Cuenta Bairon que se travestía por las noches y ejercía la prostitución como Kiara Paola, una actividad que le dejó varias cicatrices en su cuerpo. “Yo me dedicaba a trabajar para llevarle comida a mi hermano gemelo y al más pequeño”, dice. “Ahí mi familia se enteró que era gay. Mi madrastra me discriminó y mi papá no me apoyó y hasta hoy día estoy luchando por mi bienestar, a pesar de que me han dado trabones en la espalda y en diferentes partes de mi cuerpo, pero he salido adelante”.

Vivía solo y constantemente era extorsionado, por lo que decidió unirse a la caravana. Cuando los migrantes arribaron a México, ya trabajaba en un restaurante en Tuxpan y no pensó dos veces unirse a la caravana, que en opinión de la experta en migraciones Frank-Vitale es “un movimiento de desobediencia civil contra un régimen global … La caravana es la forma que se ha reconocido que se puede cruzar México sin estar tan expuesto a los grupos criminales, las autoridades corruptas y sin pagar un coyote para buscar una oportunidad de vivir”.

Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años, ejercía como trabajador sexual en su país y constantemente era extorsionado y maltratado por su orientación sexual. (Foto del Washington Blade de
Yariel Valdés González)

A la espera del asilo

Una larga fila se ha formado a las afueras del Enclave Caracol, un espacio comunitario ubicado en la calle primera, en el centro de Tijuana, que ha acogido a esta fracción de la caravana LGBTIQ, que llegó semanas después de la primera.

Bajo unas carpas, los propios migrantes se organizan para repartir la comida que ellos mismos han preparado en el interior del edificio, que semanas antes también brindó su espacio para el matrimonio de varias parejas gays.

Nacho, quien prefirió solo presentarse así, es colaborador de Enclave Caracol, y dijo que están apoyando “a la comunidad con la alimentación y agua, el uso de baño, acceso a Internet, uso de teléfonos para que puedan llamar prácticamente a cualquier parte del mundo y en algún momento ha funcionado como albergue”.

En el Enclave Caracol, son los propios migrantes quienes han cocinado y organizado la vida allí. Con las donaciones de la sociedad civil de varias ciudades ha sido posible mantener a las decenas de ellos que
allí se resguardan. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

En los primeros días de auxilio a estos desplazados eran los trabajadores del lugar quienes cocinaban gran parte de los alimentos y garantizaban la limpieza. Pero, dice “poco a poco se han ido involucrando personas de la caravana. Actualmente ninguna persona del Enclave ha estado en la cocina. Estas últimas semanas hemos recibido donaciones y también hemos ido a los mercados por la merma y la limpiamos, la procesamos y se cocina. Ellos mismos están organizando la limpia y entrega de la comida”.

Nacho declaró que varias personas de la sociedad civil de Los Ángeles, San Diego y de la propia ciudad de Tijuana aportan dinero, comida, voluntariado, productos de limpieza, platos y vasos desechables para aliviar la tensa situación que se vive ahora mismo por la llegada de miles de migrantes a esta urbe fronteriza, muchos de los cuales no han iniciado su proceso de asilo político.

Y es que, al decir de la académica Frank-Vitale, este proceso se ha puesto intencionalmente difícil en EEUU. “Hay una lista muy larga de personas que solicitan el asilo, que se han entregado en la garita y buscan seguir el proceso correcto, bajo la ley internacional”, dice. “Se ha dicho que van a tener que esperar hasta dos meses para tener la oportunidad de hablar de su caso, y eso para personas vulnerables, que huyen de una persecución, que viven bajo la lluvia, el frío, a la intemperie todo ese tiempo, la verdad es una crisis humanitaria fatal”.

“A veces uno se desespera porque no hay un lugar estable. Nos vamos de aquí para allá. Dicen que hoy nos van a llevar para otra casa para esperar a los abogados que nos van a ayudar con los papeles”, dice esperanzado Alexis.

Sin embargo, Melani es más realista al comentar sobre su petición de asilo: “La situación de nosotros está un poco difícil porque siguen llegando muchas personas. Donald Trump cerró la frontera y el trámite está muy complicado. Por eso las personas van a la frontera a meter presión”.

Frank-Vitale considera que el actual sistema de asilo debe cambiar para reconocer las formas modernas de violencia y persecución a las que se ven expuestas las personas y en especial los grupos LGTBI. “Tomando todo eso en cuenta, sí es posible. Hay casos de Centroamérica que entran perfectamente en el sistema, siempre y cuando tengan realmente el temor por sus vidas en sus países y mucha gente tiene un miedo muy verdadero”.

Ese temor, que ha colmado gran parte de la vida de Melani, la acompañará, incluso, en territorio norteamericano, pues en “la caravana anterior había una chica que se llamaba Roxsana, quien murió porque tenía VIH, pero la autopsia reveló que había sido agredida por los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos”.

La primera autopsia realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeada, pero no identifica las personas que la atacaron mientras estaba bajo custodia.

La autopsia original realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de la muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeado, pero no identifica quién la atacó mientras estaba bajo custodia.

El tema ha llegado hasta el Senado estadounidense, pues tres senadores invitaron recientemente al Servicio de Aduanas e Inmigración y Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU a entregar documentos relacionados con el caso de Roxsana, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo su custodia el año pasado.

Pese a todas estas situaciones, pese a un presidente xenófobo que comanda al otro lado, pese a un poderoso ejército atrincherado en la frontera, pese a las largas filas para ser escuchados, pese a la incertidumbre constante, Bairon se mantiene firme en su decisión: “Ya estamos acá. Con tanto trabajo que nos costó, yo no regreso”.

Ya sabemos por qué.

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Politics

Heritage Foundation praises effort to ban transgender healthcare for military families

House GOP signals eagerness to implement Project 2025’s anti-LGBTQ policies

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Donald Trump, gay news, Washington Blade
President-elect Donald Trump addresses the anti-LGBT Heritage Foundation in 2017. (Washington Blade file photo by Michael Key)

In a statement released Tuesday, the conservative Heritage Foundation praised House Republicans’ military spending bill, including the provision added by Speaker Mike Johnson (R-La.) that would ban gender-affirming healthcare interventions for the children of U.S. service members.

Victoria Coates, vice president of the organization’s Kathyrn and Shelby Cullom Davis Institute for National Security and Foreign Policy, said the National Defense Authorization Act, which was passed by the U.S. House Rules Committee along party lines on Monday, marks an “important step toward a defense budget that flows from strategy and directs DOD to become as lethal as possible to protect the national security of Americans.”

“The bill authorizes resources for DOD at the border, retains the House’s ban on corrosive race-based policies, eliminates the Senate’s provision to draft our daughters, prohibits transgender surgeries for minors under TRICARE, supports military construction in the Indo-Pacific and shipbuilding, including a third Arleigh Burke–class destroyer, and incremental funding for a second Virginia-class submarine,” Coates said. “These policies in this bill, combined with new military leadership, will make America stronger.” 

In April 2022, the Heritage Foundation published Project 2025, a comprehensive 920-page governing blueprint for President-elect Donald Trump’s second term that proposes radical reforms to imbue the federal government with “biblical principles” and advance a Christian nationalist agenda, including by stripping rights away from LGBTQ Americans while abandoning efforts to promote equality for sexual and gender minorities abroad.

“The next conservative president must make the institutions of American civil society hard targets for woke culture warriors,” the authors explain on page four, beginning “with deleting the terms sexual orientation and gender identity (“SOGI”), diversity, equity, and inclusion (“DEI”), gender, gender equality, gender equity, gender awareness, gender-sensitive, abortion, reproductive health, reproductive rights, and any other term … out of every federal rule, agency regulation, contract, grant, regulation, and piece of legislation that exists.”

The document also lays the groundwork for the incoming administration to revive the ban on military service by transgender troops that Trump implemented during his first term, arguing that “gender dysphoria is incompatible with the demands of military service.”

Leading up to the election, when Project 2025 became a political liability for Trump, he tried to distance himself from the document and its policy proposals, but as the New York Times documented, an “analysis of the Project 2025 playbook and its 307 authors and contributors revealed that well over half of them had been in Mr. Trump’s administration or on his campaign or transition teams.”

The Times also noted that Trump has held meetings with Heritage Foundation President Kevin Roberts and a co-founder, Edwin Feulner.

In October, the Congressional Equality Caucus published a report entitled, “Ripping Away Our Freedoms: How House Republicans are Working to Implement Project 2025’s Assault on LGBTQI+ Americans’ Rights.”

The group’s openly gay chair, U.S. Rep. Mark Pocan (D-Wis.), noted that “When Republicans took control of the House of Representatives last year, we saw an avalanche of attacks against the LGBTQI+ community.”

The congressman added, “During the past two years, they forced more than 70 anti-LGBTQI+ votes on the House floor. And nearly every bill and amendment idea was ripped out of the pages of Project 2025’s ‘Mandate for Leadership 2025: The Conservative Promise.’”

The NDAA filed by House Republicans is unlikely to pass through the U.S. Senate while the chamber remains under Democratic control, and President Joe Biden has vowed to veto legislation that discriminates against transgender and LGBQ communities, but the spending package will face far fewer obstacles after the new Congress is seated on Jan. 3 and Trump is inaugurated on Jan. 20.

Objecting to the spending bill’s inclusion of language prohibiting military families from accessing gender affirming care are congressional Democrats like U.S. Rep. Adam Smith (Wash.), who serves as the ranking member of the U.S. House Armed Services Committee, and advocacy groups like the Human Rights Campaign and the American Civil Liberties Union.

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District of Columbia

Mayor, police chief highlight ‘significant’ drop in D.C. crime

Officials cite arrests in two LGBTQ-related cases

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D.C. Mayor Muriel Bowser said the improved crime data this year was due to a combined effort in adopting new programs to fight crime. (Washington Blade file photo by Michael Key)

D.C. Mayor Muriel Bowser joined District Police Chief Pamela Smith and Deputy Mayor for Public Safety and Justice Lindsey Appiah in crediting a series of stepped-up crime fighting and crime reduction programs put in place over the past year with bringing about a 35 percent reduction in violent crime in the city over the past year.

Bowser, Smith, and Appiah highlighted what they called a significant drop in overall crime in the nation’s capital at a Dec. 9 news conference held at the D.C. Metropolitan Police Department headquarters’ Joint Operations Command Center.

Among other things, the city officials presented slides on a large video screen showing that in addition to the 35 percent drop in overall violent crime during the past year, the number of carjackings dropped by 48 percent, homicides declined by 29 percent, robberies declined by 39 percent, and assaults with a dangerous weapon also dropped by 29 percent.

“I want to start by thanking MPD and I want to thank all of our public safety teams, local and federal, and the agencies that support their work,” Bowser said in noting that the improved crime data this year was due to a combined effort in adopting several new programs to fight crime.

Bowser also thanked D.C. Council member Brooke Pinto (D-Ward 2) who introduced legislation backed by the mayor and approved by the Council in March of this year called the Secure D.C. bill, which includes a wide range of new crime fighting and crime prevention initiatives.

In response to a question from the Washington Blade, Chief Smith said she believes the stepped-up crime fighting efforts played some role in D.C. police making arrests in two recent cases involving D.C. gay men who were victims of a crime of violence.  

In one of the cases, 22-year-old Sebastian Thomas Robles Lascarro, a gay man, was attacked and beaten on Oct. 27 of this year by as many as 15 men and women at the D.C. McDonald’s restaurant at 14th and U Street, N.W., with some of them shouting anti-gay slurs. D.C. police, who listed the incident as a suspected hate crime, arrested a 16-year-old male in connection with the case on a charge of Assault with Significant Bodily Injury.

The other case involved a robbery and assault that same day of gay DJ and hairstylist Bryan Smith, 41, who died 11 days later on Nov. 7 from head injuries that police have yet to link to the robbery. Police  have since arrested two teenage boys, ages 14 and 16, who have been charged with robbery. 

Smith said the police department’s Special Liaison Branch, which includes the LGBT Liaison Unit, will continue to investigate hate crimes targeting the LGBTQ community.

“And so, I think that what we will do is what we have been doing, which is really making sure that the reports are coming in or the incident reports are coming in and we’re ensuring that the Special Liaison Branch is getting out to the communities to ensure that those types of hate crimes are not increasing across our city,” she said.

Smith added, “We will continue to work with the community, work with our members, our LGBTQ, our other groups and organizations to ensure that we are getting the right information out and making sure that people, when they see something, they say something to share that information with us.”

Data posted on the D.C. police website show from Jan. 1-Oct. 31, 2024, a total of 132 hate crimes were reported in the District. Among those, 22 were based on the victim’s sexual orientation, and 18 were based on the victim’s gender identity or expression.

During that same period, 47 hate crimes based on the victim’s ethnicity or national origin were reported, 33 were reported based on the victim’s race, and six were based on the victim’s religion. 

The data show that for the same period in 2023, 36 sexual orientation related hate crimes were reported, and 13 gender identity or expression cases were reported.

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Ghana

Activists: Ghanaian presidential election results will not improve LGBTQ rights

Supreme Court on Dec. 18 to rule on anti-LGBTQ law

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Ghanaian President-elect John Dramani Mahama (Photo via John Dramani Mahama Official Instagram)

Former Ghanaian President John Dramani Mahama from the opposition National Democratic Congress has won Saturday’s general elections, defeating current Vice President Mahamudu Bawumia of the New Patriotic Party.

The NDC before the election had pledged its support for the Human Sexual Rights and Family Values Bill, which would further criminalize LGBTQ people and those who support them.

The bill, which MPs approved in February, has yet to be signed by outgoing President Nana Akufo-Addo because of a ruling the Supreme Court is expected to issue on Dec. 18. Richard Dela Sky, a journalist and private lawyer, challenged the law in March.

The NDC, NPP and other parties used recognition of LGBTQ rights to persuade Ghanaians to vote for them. Mahama during a BBC interview last week said LGBTQ rights are against African culture and religious doctrine.

Berinyuy Hans Burinyuy, LGBT+ Rights Ghana’s director for communications, said homophobic attacks and public demonstrations increased during the campaign.

“The passage of the Human Sexual Rights and Family Values Bill into law will institutionalize State-sanctioned discrimination and violence against LGBTQ+ individuals, leaving little to no legal recourse for those affected,” said Burinyuy. “The climate of fear and uncertainty that has gripped Ghana’s LGBTQ+ community cannot be overstated.”

“While the political atmosphere remains hostile, there is still hope that the Supreme Court will rule in favor of human rights and constitutional protections,” added Burinyuy. “Should the court strike down the bill, it will be a significant victory for LGBTQ+ rights and a blow to the growing wave of homophobia that has swept the country.”

Awo Dufie, an intersex person and cross-dresser, said the LGBTQ community is going to be at increased risk under the NDC-led government because it supports anti-LGBTQ rhetoric.

“Mahama supported the anti-LGBT bill as well as the arrest and prosecution of human rights defenders,” noted Dufie. “Politicizing queer rights as a distraction actually started under Atta Mills (the-late president of Ghana) and the NDC government in 2011, and it was an NDC MP (Sam George) who furthered this in 2021 vocalizing support for the anti-LGBT bill.”

Dufie added Ghanaians “voted out a worse corrupt government who had no respect for human rights, and brought in a former corrupt president who has also promised to not respect human rights.”

Activism Ghana, another LGBTQ rights group, said the attacks against LGBTQ Ghanaians are a series of political ploys designed to win votes as opposed to accelerating development.

“Hate the gays, win the votes, and when they win and fail to deliver development and prosperity, they scapegoat the gays to take away attention from real problems,” said Activism Ghana.

Secretary of State Antony Blinken on Monday congratulated Mahama’s election, and noted Naana Jane Opoku-Agyemang will become the country’s first female vice president.

“The United States commends the Electoral Commission, its hundreds of thousands of poll workers, civil society, and the country’s security forces, who helped ensure a peaceful and transparent process,” said Blinken in a statement. “We also applaud Vice President Mahamudu Bawumia for his gracious acceptance of the results.”

Mahama’s inauguration will take place on Jan. 7.

Advocacy groups continue to urge Akufo-Addo to veto the Human Sexual Rights and Family Values Bill or amend sections that further criminalize LGBTQ people and allies.

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