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Migrantes LGBTI en Tijuana ‘buscan una oportunidad para vivir’
Miles de personas en la ciudad mexicana deseen entrar los EEUU
Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, fue golpeada, amenazada y discriminada en su país por el solo hecho de sumir su verdadera identidad de género. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
TIJUANA, México — A Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, la esperaba una banda de homofóbicos a la vuelta de su casa. Era julio de 2017 y al pasar junto a ellos les dijo: Buenas noches y solo eso fue el pretexto para una agresión atroz.
“Me golpearon con bates y palos”, narra ahora Melani. “Me quebraron la mandíbula y el maxilar izquierdo. Estuve tres días sin despertar en el hospital y luego de 15 días me hicieron una cirugía para reconstruirme el rostro. Me pusieron placas y tornillos. Estuve cuatro meses en recuperación”.
Un año antes, las pandillas, que enferman de odio y violencia a medio Latinoamérica, codiciaban su casa como depósito para drogas. Su madre nunca aceptó e interpuso una denuncia por el acoso de las también llamadas “maras”.
“Saliendo de la policía llaman a mi mamá y la amenazan. Le dicen que con ellos no se jugaba y matan a mi hermano menor de 15 años”, ella dice.
Melani cuenta parte de su vida al Washington Blade desde una casa de acogida en el centro de Tijuana, donde momentáneamente amparan a los miembros LGTBI de la caravana migrante, que llegaron a esta ciudad fronteriza unas semanas atrás con el objetivo de solicitar asilo político en los Estados Unidos, una nación en la cual piensan vivir sin temores y con prosperidad económica.
Los migrantes LGTBI, al igual que la caravana, se han dispersado por toda la frontera norte del país. Lo que antes de llegar a México era un grupo compacto, que enfrentaba ofensas y malos tratos de la propia caravana, hoy no son más que pequeñas y débiles fuerzas dispersas en Tijuana, Baja California y Nogales, otro pueblo limítrofe con EEUU, perteneciente al estado de Sonora.
Atravesar este muro y llegar seguros a territorio estadounidense es el deseo de los miles de migrantes varados en Tijuana. Solo buscan una oportunidad de vida en los Estados Unidos. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
Las historias detrás del sueño americano
No es la primera vez que Melani se lanza en dirección norte para tocar suelo estadounidense. En mayo de este año “subió” a Tijuana con otra caravana pero otra agresión le postergó el anhelo. “Me llevé una gran decepción porque oficiales de Tijuana me golpearon cuando me dirigía a la garita de El Chaparral. Luego, fui al hospital y puse una denuncia a los policías en Inmigración”, dice Melani.
Entonces Melani retornó hasta un pueblito entre Guatemala y México, “en territorio ‘nulo’”, dice con la ilusión de que, en algún momento, volvería a caminar hacia su sueño americano. No podía volver a Guatemala, pero tampoco a Tijuana. Por esa época se volvió casi ermitaña. Ella, una chica extrovertida y sociable, vivía alejada de la gente. “Trabajaba en una panadería y de ahí para mi casa. Sin decir alguna palabra, sin saludar”, añade.
Melani huía de una Guatemala donde la violencia se percibe como natural y se manifiesta más aguda contra las comunidades LGBTI. Allí soportan “insultos, sobornos, detenciones arbitrarias y agresiones físicas, que no pocas veces terminan en asesinatos, pero que no se denuncian por temor a las represalias. Las personas LGBTI viven con miedo y no cuentan con redes de apoyo comunitario que les ayuden a enfrentar los escenarios violentos en que habitan”, especifica un diagnóstico sobre la situación de esta comunidad en cuatro países centroamericanos.
Un total de 39 mujeres trans, como Melani, fueron asesinadas de enero a julio de 2017 en Guatemala, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, ubicando a la nación en el puesto número seis dentro de la lista de países de América Latina y el Caribe con mayores cifras absolutas de personas trans asesinadas.
En Honduras, por otra parte, 40 personas LGTBI han muerto entre 2007 y mayo del presente año, indicó en un comunicado el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh). Cattrachas, una red lesbiana feminista, indica que 288 personas LGBTI han sido asesinados en Honduras entre 2009 y 2018.
No solo es una situación de inseguridad. Este colectivo en Honduras posee muy bajas posibilidades de empleo. Según reportó Infobae “no existen en el país antecedentes de ninguna persona trans que haya ingresado a un puesto de trabajo en una empresa privada o en una dependencia estatal”.
Amelia Frank-Vitale, antropóloga de la Universidad de Michigan, quien lleva más de un año viviendo en Honduras para estudiar temas de deportación, migración y violencia, confirmó al Blade que “las personas de la comunidad LGBTI están expuestas a todas las formas de violencia que vive cualquier persona en Honduras, que es la mayoría de la población urbana, joven y pobre, pero además están discriminadas, estigmatizadas por su orientación sexual y en muchos casos el Estado está ausente en temas de justicia. Es siempre más crítico para la comunidad LGBTI”.
De esa situación vienen huyendo Alexis Rápalos y Solanyi, dos identidades que habitan un mismo cuerpo robusto de 38 años. En la entrevista con el Blade es Alexis quien habla. Lleva un gorro que cubre una cabeza casi sin pelos y las palabras apenas le salen.
Viene de una familia con bajos recursos y nos ha revelado que, desde los diez años, sufre el flagelo de la discriminación por las calles de su ciudad, San Pedro Sula, la que por cuatro años fue reconocida como la urbe más peligrosa del planeta. De nadie tuvo que despedirse, pues desde que murió su madre hace un año, vive solo.
Sastre y chef de cocina, trabajaba en un restaurante en su país natal, pero decidió sumarse a la caravana en busca de un futuro con más seguridad y una vida sin los sobresaltos de una homofobia generalizada.
Partió sin más que un pantalón y una camisa en su mochila y alcanzó la caravana en la frontera entre Guatemala y México. “Fui descubriendo amigos en la caravana”, refiere Alexis. “Y luego a la comunidad gay. Venimos luchando, peleando muchas cosas porque nos discriminan bastante, nos insultan”.
“El camino ha sido bastante duro”, sostiene Alexis. “A veces nos quedamos dormidos en lugares muy fríos, con tormentas. Yo me enfermé de la gripe con una tos horrible, pero gracias a Dios nos han ayudado con medicinas, con ropa”.
Arribaron a Tijuana pidiendo jalón (auto-stop), a ratos en autobuses y suplicando por la caridad ajena para comer. “Llegamos al albergue que había en la Unidad Deportiva Benito Juárez, pero nosotros estábamos en nuestro grupo aparte. Nos han tratado bien, con ropas, medicinas, comida”, insiste como tratando de agradecer días atenciones recibidas.
Hasta ese albergue, donde las condiciones de insalubridad y hacinamiento eran una constante, los persiguió la homofobia que viaja con algunos de sus coterráneos y los ubica en una posición aún más desfavorable que la del resto. Alexis detalla que eran abucheados en las filas para los alimentos y hubo ocasiones en las que no los dejaron comer. La situación se repetía en las frías duchas a la intemperie, donde la privacidad era un lujo impensable.
Allí, junto a los casi 6.000 centroamericanos que llegaron a aglomerarse en el albergue habilitado por las autoridades de la ciudad, sintió la crudeza del frío de madrugada, durmió en la calle porque no tenía una carpa que lo protegiera y la inusual lluvia de la temporada le humedeció hasta el alma cuando vio empapadas sus pocas pertenencias.
“En el albergue (Benito Juárez) sí pasamos humillaciones, críticas, hasta nos hicieron quitar la bandera gay. Recibimos mucha discriminación, nos dicen que no podemos hacer la misma fila para la comida y para el baño nos dejan de últimos y aquí (Enclave Caracol, nuevo albergue) nos están apoyando demasiado, nos dan nuestro lugar, tenemos baño aparte y todo”, comenta Bairon Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años.
Los integrantes de la caravana LGTBI estuvieron a su llegada a Tijuana en la Unidad Deportiva Benito Juárez, un complejo deportivo convertido en albergue. Allí también fueron discriminados por sus coterráneos. Les hicieron quitar la bandera gay. No los querían en las filas para la alimentación y los dejaban de últimos en las duchas públicas. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
Cuenta Bairon que se travestía por las noches y ejercía la prostitución como Kiara Paola, una actividad que le dejó varias cicatrices en su cuerpo. “Yo me dedicaba a trabajar para llevarle comida a mi hermano gemelo y al más pequeño”, dice. “Ahí mi familia se enteró que era gay. Mi madrastra me discriminó y mi papá no me apoyó y hasta hoy día estoy luchando por mi bienestar, a pesar de que me han dado trabones en la espalda y en diferentes partes de mi cuerpo, pero he salido adelante”.
Vivía solo y constantemente era extorsionado, por lo que decidió unirse a la caravana. Cuando los migrantes arribaron a México, ya trabajaba en un restaurante en Tuxpan y no pensó dos veces unirse a la caravana, que en opinión de la experta en migraciones Frank-Vitale es “un movimiento de desobediencia civil contra un régimen global … La caravana es la forma que se ha reconocido que se puede cruzar México sin estar tan expuesto a los grupos criminales, las autoridades corruptas y sin pagar un coyote para buscar una oportunidad de vivir”.
Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años, ejercía como trabajador sexual en su país y constantemente era extorsionado y maltratado por su orientación sexual. (Foto del Washington Blade de
Yariel Valdés González)
A la espera del asilo
Una larga fila se ha formado a las afueras del Enclave Caracol, un espacio comunitario ubicado en la calle primera, en el centro de Tijuana, que ha acogido a esta fracción de la caravana LGBTIQ, que llegó semanas después de la primera.
Bajo unas carpas, los propios migrantes se organizan para repartir la comida que ellos mismos han preparado en el interior del edificio, que semanas antes también brindó su espacio para el matrimonio de varias parejas gays.
Nacho, quien prefirió solo presentarse así, es colaborador de Enclave Caracol, y dijo que están apoyando “a la comunidad con la alimentación y agua, el uso de baño, acceso a Internet, uso de teléfonos para que puedan llamar prácticamente a cualquier parte del mundo y en algún momento ha funcionado como albergue”.
En el Enclave Caracol, son los propios migrantes quienes han cocinado y organizado la vida allí. Con las donaciones de la sociedad civil de varias ciudades ha sido posible mantener a las decenas de ellos que
allí se resguardan. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
En los primeros días de auxilio a estos desplazados eran los trabajadores del lugar quienes cocinaban gran parte de los alimentos y garantizaban la limpieza. Pero, dice “poco a poco se han ido involucrando personas de la caravana. Actualmente ninguna persona del Enclave ha estado en la cocina. Estas últimas semanas hemos recibido donaciones y también hemos ido a los mercados por la merma y la limpiamos, la procesamos y se cocina. Ellos mismos están organizando la limpia y entrega de la comida”.
Nacho declaró que varias personas de la sociedad civil de Los Ángeles, San Diego y de la propia ciudad de Tijuana aportan dinero, comida, voluntariado, productos de limpieza, platos y vasos desechables para aliviar la tensa situación que se vive ahora mismo por la llegada de miles de migrantes a esta urbe fronteriza, muchos de los cuales no han iniciado su proceso de asilo político.
Y es que, al decir de la académica Frank-Vitale, este proceso se ha puesto intencionalmente difícil en EEUU. “Hay una lista muy larga de personas que solicitan el asilo, que se han entregado en la garita y buscan seguir el proceso correcto, bajo la ley internacional”, dice. “Se ha dicho que van a tener que esperar hasta dos meses para tener la oportunidad de hablar de su caso, y eso para personas vulnerables, que huyen de una persecución, que viven bajo la lluvia, el frío, a la intemperie todo ese tiempo, la verdad es una crisis humanitaria fatal”.
“A veces uno se desespera porque no hay un lugar estable. Nos vamos de aquí para allá. Dicen que hoy nos van a llevar para otra casa para esperar a los abogados que nos van a ayudar con los papeles”, dice esperanzado Alexis.
Sin embargo, Melani es más realista al comentar sobre su petición de asilo: “La situación de nosotros está un poco difícil porque siguen llegando muchas personas. Donald Trump cerró la frontera y el trámite está muy complicado. Por eso las personas van a la frontera a meter presión”.
Frank-Vitale considera que el actual sistema de asilo debe cambiar para reconocer las formas modernas de violencia y persecución a las que se ven expuestas las personas y en especial los grupos LGTBI. “Tomando todo eso en cuenta, sí es posible. Hay casos de Centroamérica que entran perfectamente en el sistema, siempre y cuando tengan realmente el temor por sus vidas en sus países y mucha gente tiene un miedo muy verdadero”.
Ese temor, que ha colmado gran parte de la vida de Melani, la acompañará, incluso, en territorio norteamericano, pues en “la caravana anterior había una chica que se llamaba Roxsana, quien murió porque tenía VIH, pero la autopsia reveló que había sido agredida por los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos”.
La primera autopsia realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeada, pero no identifica las personas que la atacaron mientras estaba bajo custodia.
La autopsia original realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de la muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeado, pero no identifica quién la atacó mientras estaba bajo custodia.
El tema ha llegado hasta el Senado estadounidense, pues tres senadores invitaron recientemente al Servicio de Aduanas e Inmigración y Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU a entregar documentos relacionados con el caso de Roxsana, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo su custodia el año pasado.
Pese a todas estas situaciones, pese a un presidente xenófobo que comanda al otro lado, pese a un poderoso ejército atrincherado en la frontera, pese a las largas filas para ser escuchados, pese a la incertidumbre constante, Bairon se mantiene firme en su decisión: “Ya estamos acá. Con tanto trabajo que nos costó, yo no regreso”.
Ya sabemos por qué.
Minnesota
Flanagan beats Craig in Minn. Senate primary after winning key LGBTQ endorsements
The race highlights a growing ideological shift within the Democratic Party, as Democrats increasingly seek a more robust pushback against Trump.
Lt. Gov. Peggy Flanagan won the Democratic primary for the Senate in Minnesota, as progressive Democrats continue to clinch nominations across the country.
On Tuesday night, NBC News called the race for Flanagan, who received 59.0% of the state’s Democratic primary vote, while her opponent, Rep. Angie Craig, received 39.4%. Flanagan ran against Craig for retiring Sen. Tina Smith’s seat.
Smith, along with Sens. Bernie Sanders, I-Vt., and Elizabeth Warren, D-Mass., endorsed Flanagan, while House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., and former House Speaker Nancy Pelosi, D-Calif., backed Craig.
Flanagan also received the endorsement of the Christopher Street Project, a transgender rights organization that has been at the center of efforts to counter the Republican Party’s push against transgender rights. The group chose Flanagan over Craig in part because Craig has not co-sponsored the Trans Bill of Rights, legislation that has been introduced multiple times in Congress and seeks to establish federal protections for transgender Americans.
The endorsement underscored a key difference between the two Democrats on LGBTQ issues. While Craig is the first openly lesbian mother in Congress, the Christopher Street Project said LGBTQ identity alone is not enough without a strong commitment to transgender rights as they are increasingly debated in legislative offices around the country.
In 2022, the Human Rights Campaign, the largest LGBTQ advocacy organization in the U.S., endorsed Flanagan’s re-election campaign for lieutenant governor alongside Tim Walz, calling the duo “Champions of Equality.”
Flanagan called the race an expensive fight of the “many versus the money,” Flanagan told NBC News’ “Meet the Press Now.” Craig and her allies combined to spend nearly $20 million on the airwaves, while Flanagan and her allies spent $4.7 million, according to AdImpact and NBC.
“I’m running to make sure that people can afford the lives they want to live,” Flanagan said. “I want to get big money out of our politics, and I want to fight for things like ‘Medicare for All’ so that people aren’t just paying for health insurance but actually have access to health care.”
Flanagan criticized Craig, who is in her fourth term, for not standing up enough to President Donald Trump’s administration, a characterization Craig disputed. Craig flipped a competitive House seat in the Twin Cities metro area and had argued that she was the best candidate to win in November.
Craig faced criticism for voting for the Laken Riley Act, an immigration detention measure that Trump signed into law shortly after he started his second term in January 2025. Craig said she later regretted that vote.
Flanagan has been vocal about her stance on abolishing U.S. Immigration and Customs Enforcement. In a recent Minnesota Public Radio debate she said that ICE “has to be ripped apart.” Flanagan said she does support immigration enforcement to ensure secure borders.
Immigration and ICE debates are especially pertinent in the Twin Cities, as ICE agents fatally shot two U.S. citizens, Renee Good and Alex Pretti, in Minneapolis during an enforcement crackdown at the behest of President Trump.
Despite the contested race, Craig made it clear that Democrats are committed to unifying.
“We have an existential crisis in our nation with Trump and Republicans, and so I would be right by the lieutenant governor’s side asking my supporters to support her,” Craig said. “The most important thing in this election is that we beat Republicans. That’s what matters.”
On the Republican side, former NFL sideline reporter Michele Tafoya won the Senate primary. Considered an outsider to the Republican Party structure, she did not win the state GOP’s endorsement at the May convention, where delegates instead backed retired Navy SEAL Adam Schwarze.
She has run her campaign on a slew of issues Republicans have deemed worthy — including transgender sports participation, corruption, and minimizing illegal immigrants in the area.
This recent pattern of moderate and centrist Democrats raising huge funds — in many instances backed by major PACs — only to lose to more progressive and less experienced candidates is growing as more people grow disillusioned with the Democratic Party’s inability to push back against Trump and Republicans. A similar outcome happened in Michigan’s Democratic primary last week when progressive physician Abdul El-Sayed won over incumbent U.S. Rep. Haley Stevens (D-Mich.).
Democratic Gov. Tim Walz, who decided not to run for re-election, stayed neutral in the Senate primary but his wife, Gwen, backed Craig over Flanagan, the governor’s ticketmate.
The Senate seat will be determined in the election on Tuesday, November 3, later this year.
District of Columbia
Gay ANC commissioner sues D.C. over police ‘failure’ to pay reward money
Lawsuit says information led to conviction in murder, armed robbery cases
Gay D.C. Advisory Neighborhood Commissioner Tom Donohue on Aug. 11 filed a lawsuit in D.C. Superior Court charging that D.C. police acted improperly and violated a local law by not paying him $30,000 in reward money for his role in helping police identify and arrest — and obtain the subsequent conviction — of one man charged with murder and another man charged with armed robbery in separate cases.
Although the lawsuit alleges improper action by D.C. police in carrying out the city’s Crime Solvers reward program, it names as defendants the District of Columbia and the Office of the Attorney General for D.C., which, among other things, defends the city against lawsuits.
Donohue, who is a member of the city’s ANC Rainbow Caucus consisting of LGBTQ elected ANC members, held a news conference outside the D.C. Superior Court building on Aug. 11 to talk about the lawsuit before entering the courthouse to officially file it.
The lawsuit states that Donohue “provided key video evidence that led to the arrest and conviction” of a man initially charged with first degree murder for allegedly running over a bicyclist with his car after the two got into an argument.
The lawsuit states that police had offered a $25,000 reward for information leading to the arrest and conviction of the defendant in that case, but police “arbitrarily slashed the payment to $5,000 without prior notice or policy justification.”
Court records show that D.C. resident Eric Beasley was charged with first degree murder for killing David Farewell, 45, by hitting him with his car on Sept. 4, 2020, on the 2100 block of Young Street, S.E. The records show the evidence for the case was based in large part on video camera footage of the incident obtained by police. Donohoe has said he provided that video camera evidence.
The records show that during Beasley’s October 2023 trial a jury was unable to reach the required unanimous verdict, and the judge declared a mistrial.
According to the records, Beasley later agreed to an offer by prosecutors to plead guilty to a lesser charge of involuntary manslaughter and was sentenced in September 2024 to eight years in prison, a development that angered the victim’s family members who called it a “slap on the wrist,” according to a Fox 5 News report.
Donohue’s lawsuit says the second case in which he provided police with pivotal information involved a series of armed robberies known as the Fairlawn Serial Armed Robbery Spree that occurred in the Fairlawn neighborhood in Southeast D.C. in 2023 near where Donohue lives.
The lawsuit says evidence consisting of video surveillance footage provided by Donohue to police enabled police to determine they initially wrongfully arrested an 18-year-old male for the robberies. “Using Plaintiff’s security video, MPD identified, arrested, and convicted the actual robber, David Crocker, who was sentenced to 18 years in federal prison,” the lawsuit states.
It says one of the detectives investigating the case recommended a $10,000 reward for Donohue’s help in the case based on the police Crime Solvers reward program. The detective’s recommendation was approved by then-Assistant D.C. Police Chief Kyle Ramey on Aug. 4, 2025, according to the lawsuit.
But it adds, “Nevertheless, MPD improperly withheld payment.”
When contacted by the Washington Blade for comment on Donohue’s lawsuit allegations, a D.C. police spokesperson said “MPD does not comment on pending or ongoing litigation.”
Gabriel Shoglow-Rubenstein, who serves as press secretary for the D.C. Office of the Attorney General, which will be defending the city against the Donohue lawsuit, said he would look into obtaining a possible comment but said the office has a similar longstanding policy of not commenting on pending litigation.
“This action arises from the District of Columbia Metropolitan Police Department’s arbitrary, bad-faith, and legally unsupportable failure to honor its public reward promises and administrative obligations to Plaintiff,” the lawsuit states.
It says the MPD violated the city’s Freedom of Information Act or FOIA law by not responding to Donohue’s request for information and documents related to the decision not to pay him the full reward money.
“MPD’s reduction of Plaintiff’s homicide reward from $25,000 to $5,000, and its withholding of his approved $10,00 robbery reward, were undertaken completely devoid of written standards, making such decisions inherently arbitrary, capricious, and an abuse of administrative discretion,” it says.
It calls for Donohue to be awarded $30,000 in compensatory damages consisting of the $20,000 “unpaid balance” for the homicide case reward and $10,000 for the robbery case reward. It also calls for reimbursement for “reasonable” litigation costs and attorney’s fees. Donohue told the Washington Blade that at this time he is representing himself without an attorney.
Donohue told the Blade that the refusal by D.C. police to pay him the full reward money also limited his plans to donate some of that money to the family of murder victim David Farewell to help pay for a burial stone. He said that due to the family’s limited resources Farewell is buried in an unmarked grave
Delaware
New LGBTQ visitor center slated for Wilmington, Del.
The Collective to feature gift shop, queer museum, more
During Pride month this year, the Delaware Sexuality and Gender Collective (DSGC) announced plans for The Collective, which will become Delaware’s first LGBTQIA+ visitor center and Wilmington’s first dedicated LGBTQIA+ space in nearly 40 years.
“We’ve been talking about the concept of a brick-and-mortar space for a long time,” said Noah Duckett, co-founder of DSGC.
A licensed clinical social worker, Duckett co-founded DSGC with his mother, Julissa Coriano, in 2018. DSGC is an independent nonprofit organization that provides vital clinical and educational support, social programming and direct-need support to the LGBTQIA+ community.
Some of the programs DSGC offers include a free clothing closet for the trans community, meal support for people recovering from gender-affirming surgery, connections to pro bono legal services, a biannual Pride Market featuring over 100 LGBTQIA+-owned small businesses, and more.
“Our vision for The Collective is a place where our community can come to learn, create, work and be inspired,” said Coriano.
The Collective will feature a visitor center and gift shop highlighting LGBTQIA+-owned businesses in Delaware.
“I think that this is something that’s going to benefit our community so much,” said Duckett.
Some of the LGBTQIA+-owned businesses that DSGC has already partnered with include Stress Induced Art Attack, Moonbeam Art Collaborative, Voce Coffee, Groovy Gemini Co., Scout Cafe, Macaron Social and Huxley and Hiro.
“Specifically in Wilmington, we haven’t had an LGBTQIA+-dedicated space in almost 40 years,” said Duckett.
The Griffin Community Center, which operated from 1986 to 1990, was Delaware’s first LGBTQ+ community center. The Griffin was founded by Ivo Dominguez Jr. and James C. Welch and provided a range of community services during the height of the HIV/AIDS crisis, including AIDS hotlines, organizational offices and meeting space. The center ultimately closed because of a lack of financial support.
Duckett said DSGC hopes The Collective will carry on The Griffin’s legacy while building a sustainable space for the LGBTQIA+ community.
“I think now more than ever, there’s more and more spaces closing their doors. More and more spaces are losing funding, seeing reduced funding and reduced access, especially LGBTQ+ organizations and communities,” said Duckett.
The Collective will also feature Delaware’s first LGBTQ+ history museum, curated by LGBTQ+ historian Carolanne Deal.
“We don’t have any permanent displays in the state about Delaware’s queer history, and we want people to be able to access that history any day of the year, not just during Pride Month,” said Deal.
With a master’s degree in art history for museum professionals, Deal has more than seven years of experience in curatorial work and hands-on collections care.
“It’s mainly going to be a graphic display with photographs, articles and accessible text that draws people in and creates a story for the community,” said Deal.
Although the museum will not initially have an object collection, Deal said she hopes to add physical archival pieces in the future.
“Delaware has been at the forefront of a lot of queer civil rights, and it’ll be really amazing to have that enshrined in a permanent display that’s not only up for Pride Month,” said Deal.
Duckett said DSGC is currently raising funds with the goal of beginning construction this summer and opening by the end of the year.
Duckett told the Blade that fundraising efforts have reached just under $29,000 and that the organization is awaiting several major donations from community partner organizations.
However, he said DSGC continues to be denied many grants tied to federal or state funding because of restrictions on those funds being used for LGBTQ+-serving organizations.
“Private and corporate donations are absolutely vital,” said Duckett.
Anyone interested in supporting the construction and renovation of The Collective can donate online or contact [email protected] for more information.ose funds being used for LGBTQ-serving organizations.
“Private and corporate donations are absolutely vital,” said Duckett.
Anyone interested in supporting the construction of The Collective can donate online or contact [email protected] for more information.
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