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EXCLUSIVO: Abogado gana el primer juicio por homofobia en México
Armando Ocampo Zambrano presentó demanda contra firma poderosa
Armando Ocampo Zambrano nunca imaginó que sería su propio abogado. En la Universidad Autónoma de México (UNAM), donde estudió Derecho, ni luego en su Maestría, le enseñaron cómo mantenerse frío y distante ante un litigio, donde víctima y defensor coinciden en una misma persona. Y es que en el mundo judicial los alegatos de autodefensa son la excepción y no la regla.
Pero Armando era la excepción, así que vivió en carne propia lo que sus clientes solían sentir. La frustración y el desespero lo invadieron cuando demandó por homofobia a la reconocida firma mexicana del mundo fiscal Chevez, Ruiz, Zamarripa y Compañía. El despacho, en vez de promoverlo como se merecía por sus éxitos profesionales, lo despidió por sus “temas personales”, un eufemismo con el cual escondían su acción ilegal e intolerante.
El 5 de septiembre de 2018, tras varios años de lucha, Armando se convirtió en el primer mexicano en vencer un juicio por homofobia contra una de las firmas de abogados más poderosas del país.
“Debía salir, no obstante que había cumplido satisfactoriamente con requerimientos técnicos, de cobranza, de liderazgo, de prestigio en obtención de excelentes resultados, de haber obtenido los mejores casos y sentencias favorables por mi desempeño, de atención a clientes y formación de mi equipo de abogados”, cuenta en exclusiva Ocampo al Washington Blade.
Su “delito”: Unirse en matrimonio con Sergio Bueno Saldívar, el amor de su vida, su compañero y cómplice en cada paso juntos por la vida, según narra. Para la sociedad de abogados, con precedentes misóginos y discriminatorios, era una situación simplemente inadmisible. Ya no lo querían en el equipo.
La Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), señala que escenarios discriminatorios como este “y acoso laboral pueden explicar que una de cada dos personas no fuera abierta sobre su orientación sexual y/o identidad de género en su último empleo”.
Armando integra el 27 por ciento de los empleados en México que hablan abiertamente de su homosexualidad en sus centros de trabajo, según indicó la consultora internacional Out Now, especialista en temas de productividad y diversidad sexual.
Esta misma consultora afirmó que, solo en México, los trabajadores que “están fuera del clóset” pueden representar un ahorro de hasta 8 mil 771 millones de pesos para las empresas, y una perdida igual para las compañías en donde sus trabajadores aún esconden su orientación sexual o identidad de género.
Mejor vivir de pie
Originario de la capital mexicana, Armando, 37 años, inició su carrera laboral en un despacho civil, luego trabajó en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en 2002 ingresó, desde el escalón más bajo, en la prestigiosa firma Chevez, Ruiz, Zamarripia y Compañía.
Allí asesoraba a adinerados clientes en materia fiscal, la especialidad de la compañía. “No cualquiera entra y logra hacer una carrera”, advierte Ocampo. “Su formación técnica y de desarrollo profesional es impecable en formar los mejores abogados en México en dichas materias”.
El día en que se reunió con su socio jefe, noviembre de 2015, creía que iba a ser promovido, pues ya reunía todas las condiciones. En cambio, le notificaron su despido con la amenaza de que, si no aceptaba, se iría sin liquidación y con su prestigio destruido.
BLADE: ¿Cómo repercutió en Ud. ser discriminado por su orientación sexual?
ARMANDO: Se me bloqueó en los grandes corporativos y despachos élites y de alto prestigio, por el poder e influencia en el mercado y en las élites empresariales que tiene la firma. Tuve que empezar de cero en tratar de reconfigurar mi práctica profesional; así inicie casos de discriminación y para con la diversidad sexual, como grupos vulnerables y objeto de violencia de género.
BLADE: ¿Y en el plano personal?
ARMANDO: Catastrófico, de la cúspide al suelo. Perdí en ese momento seguridad personal, económica. Me deprimí. Tuve un desequilibrio familiar, económico, deudas, no estaba preparado para un impacto de este tipo.
BLADE: Ante este injustificado despido Ud. denunció a la firma ante el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), sin embargo, esta entidad falló en su contra. ¿Por qué?
ARMANDO: CONAPRED, la autoridad encargada a nivel federal de haberme auxiliado, alteró mi expediente para beneficiar a la firma homofóbica. Quiso desvanecer pruebas para afectar mi defensa. Litigó en mi contra. Intentó dejarme sin una sola prueba para defender a dicha firma. Les gané un amparo ante el Poder Judicial Federal en contra de dicho intento de beneficiar a la Firma, y ahora la Sala Superior falló a mi favor.
BLADE: ¿Cómo fue el proceso del juicio?
ARMANDO: El peor desgaste de mi vida. Es terrible ser tu propio abogado y víctima; difícil mantener los sentimientos encapsulados y no perder objetividad; plantear una ruta y estrategia legal para recrear la realidad de las cosas. Es complicado en Tribunales contar una historia que no están acostumbrados a sentenciar, pues la verdad México no estaba listo para esto, sino hasta el día 5 de septiembre de 2018, fecha en que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y 7 Magistrados me dieron la razón.
Increíble que dos Magistrados establecieron que Chevez tenía todo el derecho a correrme, pues no tenía derechos humanos en el trabajo. Afortunadamente, no prosperó su criterio. Ganó la razón, la interseccionalidad, universalidad en los derechos humanos y justicia”.
BLADE: Imagino que el apoyo de su esposo fue vital en esa época…
ARMANDO: Único. Sin él jamás lo hubiera logrado. Es un pilar, amigo y hombro para aguantar todo el estrés y desgaste personal, psicológico y económico que ha implicado en un litigio de tres años.
BLADE: Durante ese tiempo, ¿dónde trabajó?
ARMANDO: Por mi cuenta. Tengo mi despacho, en el que atiendo asuntos de índole familiar, laboral, administrativo y civil, asociados o incluyendo a población LGBTTTI, pero también en personas en situación de vulnerabilidad.
BLADE: ¿Qué representa para Ud. ser la primera persona en México que gana un juicio por homofobia?
ARMANDO: Histórico; orgullo; abrir brecha; prevenir estos eventos en el futuro; generar visibilización en la sociedad; que tenemos derechos humanos y el no discriminar es un principio de rango constitucional, que aplica no solo en el gobierno, sino a particulares. Es particularmente placentero haber vencido a una de las firmas de abogados en Materia Fiscal, como Chevez, Ruiz, Zamarripa y Compañía, S.C., con toda su hegemonía, poder e influencia. No me bastó más que contar una verdad y defenderme con el uso de la razón, el derecho y la justicia. Sigo Feliz.
BLADE: Sin embargo, esta firma lo ha denunciado por difamación en Nuevo León, único territorio mexicano que condena con cárcel este tipo de delitos. ¿En qué estado se encuentra esa denuncia?
ARMANDO: La denuncia se encuentra pendiente de integrarse. Ya me notificaron su existencia y rendí mi declaración, sosteniendo la incompetencia e improcedencia del delito.
BLADE: ¿Teme que pueda ser encarcelado? ¿Qué posibilidades tiene para ganar este pleito?
ARMANDO: No temo ser encarcelado por buscar justicia, si lo logra Chevez, pues que así sea. Mejor vivir de pie y manteniendo tu dignidad, a ser objeto de burlas, como ahora, con un acoso penal en mi contra. Las posibilidades de ganar son altas para mí, ya que se sentenció discriminación por homofobia a cargo de esa firma de abogados. En cualquier estado de derecho, el ejercer mi libertad de expresión no puede ser objeto de acoso penal ni criminalización por el Estado. Me defenderé en la vía penal, así me cueste mi libertad, pero no me vencerá Chevez y así mostraremos que a la población LGBTTTI no nos doblan ya.
BLADE: ¿Cuáles son los próximos pasos?
ARMANDO: Chevez ha interpuesto un amparo en contra de la sentencia favorable de la Sala Superior. Mi expectativa es, que al ser algo inédito en México, el caso sea atraído también por la Suprema Corte de Justicia de México, el máximo órgano judicial en nuestro país. De vencer en la Corte, habré definitivamente ganado y se desvanecerá (espero) la fabricación del delito por parte de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía, S.C. Incluso, por qué no: iniciar una nueva acción legal en lo personal a cada socio por torcer la ley penal con tal de acallarme.
BLADE: ¿Qué enseñanzas le ha dejado todo esto?
ARMANDO: Creer en mí, en mi esposo y familia. Jamás perder la fe, en tus capacidades y nunca agachar la cabeza con y ante nadie.
BLADE: Ud. además fue el primer hombre gay en postularse a la presidencia del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), sin embargo, no fue nombrado. ¿Qué cambios cree que necesita esta institución para seguir defendiendo la igualdad?
ARMANDO: Faltan dientes, falta prevenir, educación, tejer redes reales de sociedad civil, empresariado y comunidad. No me fue favorable el proceso, pero confío en que vendrán cambios positivos.
BLADE: ¿Es cierto que su historia podría ser contada en un audiovisual de Netflix o tal vez en el cine? ¿Puede darnos detalles?
ARMANDO: Por el momento no puedo, pero ya vendrán sorpresas en su momento. Confío en que los tiempos toman su camino en el momento que sea correcto y tengo mucho qué contar, veremos.
BLADE: En su opinión, ¿Cuánto ha logrado México y cuánto falta por lograr en materia de derechos LGTBIQ?
ARMANDO: Ha habido grandes avances, pero hay aun resistencia a la incorporación en la vida pública y social de la comunidad en puestos claves, en cambiar mentalidades, en aplicar la justicia. Veo muchos retos aún por vencer.
BLADE: ¿Qué mensaje les daría a todas las personas que han sido y son discriminadas por su orientación sexual o identidad de género?
ARMANDO: No se rindan, luchen, defiéndanse, asesórense. No están solos, ni son los únicos que lamentablemente les pasa esto. Solo soy un caso de perseverancia y terquedad en no dejar impune el acto, no más. Ni un paso atrás.
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
El Salvador
El Salvador: el costo del silencio oficial ante la violencia contra la comunidad LGBTQ
Entidades estatales son los agresores principales
En El Salvador, la violencia contra la población LGBTQ no ha disminuido: ha mutado. Lo que antes se expresaba en crímenes de odio, hoy se manifiesta en discriminación institucional, abandono y silencio estatal. Mientras el discurso oficial evita cualquier referencia a inclusión o diversidad, las cifras muestran un panorama alarmante.
Según el Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH, con el apoyo de Hivos y Arcus Foundation, desde el 1 de enero al 22 de septiembre de 2025 se registraron 301 denuncias de vulneraciones de derechos.
El departamento de San Salvador concentra 155 de esas denuncias, reflejando la magnitud del problema en la capital.
Violencia institucionalizada: el Estado como principal agresor
El informe revela que las formas más recurrentes de violencia son la discriminación (57 por ciento), seguida de intimidaciones y amenazas (13 por ciento), y agresiones físicas (10 por ciento). Pero el dato más inquietante está en quiénes ejercen esa violencia.
Los cuerpos uniformados, encargados de proteger a la población, son los principales perpetradores:
- 31.1 por ciento corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC),
- 26.67 por ciento al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM),
- 12.22 por ciento a militares desplegados en las calles bajo el régimen de excepción.
A ello se suma un 21.11 por ciento de agresiones cometidas por personal de salud pública, especialmente por enfermeras, lo que demuestra que la discriminación alcanza incluso los espacios que deberían garantizar la vida y la dignidad.
Loidi Guardado, representante de ASPIDH, comparte con Washington Blade un caso que retrata la cotidianidad de estas violencias:
“Una enfermera en la clínica VICITS de San Miguel, en la primera visita me reconoció que la persona era hijo de un promotor de salud y fue amable. Pero luego de realizarle un hisopado cambió su actitud a algo despectiva y discriminativa. Esto le sucedió a un hombre gay.”
Este tipo de episodios reflejan un deterioro en la atención pública, impulsado por una postura gubernamental que rechaza abiertamente cualquier enfoque de inclusión, y tacha la educación de género como una “ideología” a combatir.
El discurso del Ejecutivo, que se opone a toda iniciativa con perspectiva de diversidad, ha tenido consecuencias directas: el retroceso en derechos humanos, el cierre de espacios de denuncia, y una mayor vulnerabilidad para quienes pertenecen a comunidades diversas.
El miedo, la desconfianza y el exilio silencioso
El estudio también señala que el 53.49 por ciento de las víctimas son mujeres trans, seguidas por hombres gays (26.58 por ciento). Sin embargo, la mayoría de las agresiones no llega a conocimiento de las autoridades.
“En todos los ámbitos de la vida —salud, trabajo, esparcimiento— las personas LGBT nos vemos intimidadas, violentadas por parte de muchas personas. Sin embargo, las amenazas y el miedo a la revictimización nos lleva a que no denunciemos. De los casos registrados en el observatorio, el 95.35 por ciento no denunció ante las autoridades competentes”, explica Guardado.
La organización ASPIDH atribuye esta falta de denuncia a varios factores: miedo a represalias, desconfianza en las autoridades, falta de sensibilidad institucional, barreras económicas y sociales, estigma y discriminación.
Además, la ausencia de acompañamiento agrava la situación, producto del cierre de numerosas organizaciones defensoras por falta de fondos y por las nuevas normativas que las obligan a registrarse como “agentes extranjeros”.
Varias de estas organizaciones —antes vitales para el acompañamiento psicológico, legal y educativo— han migrado hacia Guatemala y Costa Rica ante la imposibilidad de operar en territorio salvadoreño.
Educación negada, derechos anulados
Mónica Linares, directora ejecutiva de ASPIDH, lamenta el deterioro de los programas educativos que antes ofrecían una oportunidad de superación para las personas trans:
“Hubo un programa del ACNUR que lamentablemente, con todo el cierre de fondos que hubo a partir de las declaraciones del presidente Trump y del presidente Bukele, pues muchas de estas instancias cerraron por el retiro de fondos del USAID.”
Ese programa —añade— beneficiaba a personas LGBTQ desde la educación primaria hasta el nivel universitario, abriendo puertas que hoy permanecen cerradas.
Actualmente, muchas personas trans apenas logran completar la primaria o el bachillerato, en un sistema educativo donde la discriminación y el acoso escolar siguen siendo frecuentes.
Organizaciones en resistencia
Las pocas organizaciones que aún operan en el país han optado por trabajar en silencio, procurando no llamar la atención del gobierno. “Buscan pasar desapercibidas”, señala Linares, “para evitar conflictos con autoridades que las ven como si no fueran sujetas de derechos”.
Desde el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), su cofundadora Leslie Schuld coincide. “Hay muchas organizaciones de derechos humanos y periodistas que están en el exilio. Felicito a las organizaciones que mantienen la lucha, la concientización. Porque hay que ver estrategias, porque se está siendo silenciado, nadie puede hablar; hay capturas injustas, no hay derechos.”
Schuld agrega que el CIS continuará apoyando con un programa de becas para personas trans, con el fin de fomentar su educación y autonomía económica. Sin embargo, admite que las oportunidades laborales en el país son escasas, y la exclusión estructural continúa.
Matar sin balas: la anulación de la existencia
“En efecto, no hay datos registrados de asesinatos a mujeres trans o personas LGBTIQ+ en general, pero ahora, con la vulneración de derechos que existe en El Salvador, se está matando a esta población con la anulación de esta.”, reflexiona Linares.
Esa “anulación” a la que se refiere Linares resume el panorama actual: una violencia que no siempre deja cuerpos, pero sí vacíos. La negación institucional, la falta de políticas públicas, y la exclusión social convierten la vida cotidiana en un acto de resistencia para miles de salvadoreños LGBTQ.
En un país donde el Ejecutivo ha transformado la narrativa de derechos en una supuesta “ideología”, la diversidad se ha convertido en una amenaza política, y los cuerpos diversos, en un campo de batalla. Mientras el gobierno exalta la “seguridad” como su mayor logro, la población LGBTQ vive una inseguridad constante, no solo física, sino también emocional y social.
El Salvador, dicen los activistas, no necesita más silencio. Necesita reconocer que la verdadera paz no se impone con fuerza de uniformados, sino con justicia, respeto y dignidad.
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