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Tremenda Nota, otra revista que no puede leerse en Cuba
El gobierno cubano bloqueó el sitio web del medio socio del Blade
Nota del editor: Tremenda Nota es el medio colega del Washington Blade en Cuba. Esa nota salió en el sitio web de Tremenda Nota el 14 de septiembre.
A poco más de un año de su fundación, en diciembre de 2017, Tremenda Nota fue censurada en Cuba. El sitio web de la revista fue bloqueado en febrero, poco antes del referéndum constitucional que concluyó con la proclamación de una nueva Carta Magna.
Esta censura, que dura hasta hoy, coincidió con la publicación de un artículo que revelaba una encuesta oficial cuyos resultados contradecían las razones presentadas por el Parlamento cubano para postergar la aprobación del matrimonio igualitario.
Tremenda Nota es la primera revista digital cubana que cubre exclusivamente historias de mujeres, comunidad LGBTI+, afrodescendientes, migrantes y discriminación. El acoso contra periodistas de nuestro medio también significa silenciar a estos grupos.
Desde su fundación, periodistas, editores y colaboradores han sufrido el hostigamiento de la Seguridad del Estado cubano. Miembros del equipo han sido arrestados, interrogados y amenazados. En algunos casos, oficiales de la policía han destruido los materiales obtenidos durante el reporteo y han decomisado sus equipos de trabajo.
Este acoso se incrementó después de la marcha LGBTI+ independiente realizada en La Habana el 11 de mayo de 2019, cubierta in situ por un equipo de la revista.
El aumento de estos ataques desde mediados del año pasado provocó que al menos siete reporteros de Tremenda Nota salieran de la Isla y se reubicaran temporal o definitivamente en el extranjero.
Uno de ellos, Yariel Valdés González, se mantiene detenido en Estados Unidos desde marzo de 2019 por solicitar asilo político a las autoridades migratorias de ese país.
El fotorreportero, que también ha colaborado con el periódico Washington Blade, el medio colega de Tremenda Nota en Estados Unidos, fue citado y amenazado por la Seguridad del Estado cubana al menos en tres ocasiones durante su último semestre en Cuba.
A Valdés González también se le prohibió la salida del país. Solo consiguió dejar la Isla después de garantizar a un dos oficiales de la Seguridad del Estado que no regresaría.
Aunque posee evidencias de la persecución sufrida en Cuba, las autoridades migratorias norteamericanas han prolongado sin justificación el proceso de asilo de Yariel Valdés González, que debe comparecer por tercera vez ante un juez el 18 de septiembre.
A Tremenda Nota le preocupa profundamente que un reportero procedente de Cuba y colaborador habitual de publicaciones LGBTI+ haya permanecido hasta ahora por cinco meses sin libertad por solicitar protección a causa del acoso recibido en el ejercicio de su trabajo.
Al menos dos periodistas y un editor relacionados con Tremenda Nota han necesitado tratamiento psicológico desde 2018 por sufrir estrés postraumático a causa de los arrestos, los interrogatorios y la vigilancia que han enfrentado.
La mayoría de estos hechos no se han hecho públicos a petición de los propios afectados, sobre todo aquellos que permanecen en la Isla y están expuestos a la presión contra el periodismo independiente.
El miércoles 11 de septiembre el periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces, reportero de Cubanet, fue conducido a una prisión de Guantánamo y se convirtió así en el primer periodista procesado en Cuba durante los últimos años.
Sin garantías de imparcialidad, Quiñones resultó condenado a un año de prisión y “trabajo correccional” por el delito de “desacato”, una figura penal usada a menudo contra activistas civiles y opositores políticos.
Este encarcelamiento parece anunciar un punto de giro en la actitud del gobierno hacia el periodismo independiente. Desde la Primavera Negra en en la Isla solo se habían reportado detenciones arbitrarias de periodistas independientes durante cortos o medianos períodos de duración.
El proceso contra Quiñones, junto a las advertencias oficiales hechas a otros colegas para que dejen de trabajar, acentúa el peligro de reportear en Cuba para cualquier periodista que asuma el oficio con perspectiva independiente.
El acoso contra Tremenda Nota parece, por su duración y alcance, una estrategia integral para provocar la desaparición de la revista. Semejantes ataques sistemáticos sufren otras publicaciones de la prensa cubana que el gobierno no puede controlar.
En el caso de una revista de mujeres, afrodescendientes y personas LGBTI+, la estrategia del gobierno supone aumentar la desventaja de estos grupos marginalizados, a los que se niega la libertad de expresión y el acceso a la información.
Esta política contradice el discurso oficial sobre la construcción de un país incluyente. Saca del debate a algunas voces que el propio gobierno se ha comprometido a respaldar solo porque hablan desde una plataforma fuera del control de las autoridades.
Las acciones del gobierno contra Tremenda Nota se conecta, inevitablemente, con la homofobia, la transfobia y el tono patriarcal de la Revolución Cubana.
Aun cuando no exista ninguna garantía para el ejercicio del periodismo independiente en Cuba, Tremenda Nota va a seguir escribiendo, filmando historias de mujeres, personas LGBTI+, migrantes, afrodescendientes y otros grupos marginalizados por el discurso, la historia o el poder.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
A dozen Senegalese men arrested for ‘unnatural acts’
Meet D.C.’s Most Eligible Queer Singles
Local LGBTQ groups, activists to commemorate Black History Month
U.S. Attorney’s Office drops hate crime charge in anti-gay assault
