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Hotel cubano rechaza a personas trans y otro quiere apoyar a la comunidad LGBTI

Activista afiliada al Cenesex publicó la regla en Facebook

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Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 18 de septiembre.

El hotel Pernik, de la ciudad de Holguín, al oriente de Cuba, y en particular su sala de fiestas La Terraza, no admite a personas transgénero. 

Esta posición es oficial y pública. Aparece en un manual impreso y acuñado que circuló este martes en las redes sociales después que fuera compartido por la activista Chirly Morenza Vázquez, coordinadora de la red TransCuba en el oriente del país, afiliada al Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). 

“En pleno 2019 y con todos los procesos que vivimos aún alguien se empeña en aplastar los derechos ciudadanos y constitucionales de nuestro país, Cuba”, dijo la activista en Facebook al momento de publicar el documento donde la administración del hotel niega los servicios a personas trans. 

“Las compañeras y compañeros transexuales no se admiten en la Sala de fiestas en su carácter de transformen [sic]”, declara el manual de normas organizativas compartido por Morenza, que también es una de las delegadas del gobierno local de Caimanera, en la provincia de Guantánamo. 

El hotel piensa que sus clientes trans “ocultan su verdadera identidad” porque no poseen documentos legales acordes a su apariencia. 

Añade que “no hay condiciones para atenderlos adecuadamente en cuanto a los servicios de baños sanitarios”. 

Estas normas, rechazadas por numerosos usuarios de las redes sociales que compartieron la publicación de la activista, se hicieron públicas la misma semana que la empresa catalana Axel Hotels anunció que gestionará un hotel en La Habana a partir de 2020. 

Juan Juliá, fundador y presidente de la cadena, también es conocido por su defensa de la comunidad LGBTI+, cuyos miembros Axel Hotels asume también como clientes. 

“Estamos muy contentos de traer nuestro apoyo a la comunidad de LGBTQ+ en Cuba”, dijo Juliá en Facebook, al pie de una foto donde posó frente al hotel Telégrafo, un emblemático establecimiento de La Habana Vieja, concedido ahora por el gobierno cubano a Axel Hotels en un contrato firmado recientemente. 

El futuro Axel Hotel Telégrafo no es el primer proyecto de servicios hoteleros para turistas LGBTI+. Muthu Hotel & Resort anunció en 2018 su cooperación con la empresa cubana Gaviota para gestionar un hotel de esta clase al centro de la isla, en cayo Guillermo. Ya funciona con el nombre de Gran Muthu Rainbow. 

La Asociación Internacional de Viajes para Gais y Lesbianas (IGTLA, por sus siglas en inglés), que ha tenido a Juan Juliá a la cabeza de su junta directiva, reconoció en 2017 el trabajo de Mariela Castro Espín, directora del Cenesex, por su promoción de los derechos LGBTI+. 

Juliá se entrevistó entonces con la también diputada, cuyo trabajo ha contribuido al debate social sobre una comunidad particularmente violentada desde el comienzo de la Revolución Cubana. En la década de 1960, cientos de personas LGBTI+ fueron internadas en campos de trabajo forzado, un hecho que el discurso oficial ha querido silenciar pero que el propio Fidel Castro admitiría en declaraciones a la prensa.  

Castro Espín también ha recibido críticas de una parte del activismo por la agenda política de su liderazgo basado en la condición de funcionaria. Apenas cuatro meses atrás la diputada descalificó una marcha LGBTI+ independiente que fue interceptada por la policía en La Habana y terminó con varios arrestos. 

Empresas militares piden ayuda a Cenesex para conseguir ‘dinero rosa’ 

Cenesex se pronunció sobre la discriminación denunciada por Chirly Morenza y aseguró que “se encuentra dando seguimiento al tema con las autoridades competentes”. 

La declaración fue publicada por Manuel Vázquez Seijido, el subdirector de la institución, quien avisó al Hotel Pernik que está violando uno de los artículos de la Constitución aprobada en diciembre pasado por el parlamento cubano. 

El artículo citado por Seijido declara que “las personas son iguales ante la ley” y no pueden ser discriminadas por su identidad de género u orientación sexual, entre otras razones enumeradas en el texto constitucional. 

Pero esta garantía no es suficiente para proteger de la discriminación, según varios juristas cubanos que asistieron a un congreso sobre acoso laboral auspiciado por el Cenesex y otras instituciones. “El ordenamiento jurídico nacional no contempla el acoso en el trabajo ni ofrece una protección diferenciada para su prevención y enfrentamiento”, había dicho Aymee Fernández Toledo, magistrada del Tribunal Supremo Popular. 

“Eventos como este deben ser denunciados de modo oportuno”, escribió el funcionario sobre el incidente del Pernik. Sin embargo, poco después de hacer públicas las normas transfóbicas de la instalación hotelera, Chirly Morenza retiró sus posts, incluso uno donde reconocía el trabajo del Cenesex y en particular el de Seijido. 

Casualmente, una semana antes el Cenesex había publicado una nota de gratitud del Grupo de Turismo Gaviota S.A., a cuyos especialistas la institución dirigida por Castro Espín ofreció el taller “Algunas consideraciones teóricas sobre las sexualidades para el trabajo con el segmento turístico LGBTIQ+”.

La nota aparece acompañada por una carta dirigida a Mariela Castro por los más altos ejecutivos de Gaviota, donde manifiestan que la empresa apuesta por «un proyecto inclusivo» en coherencia con “la voluntad política del país”. 

Gaviota, la que apuesta por el llamado “dinero rosa”, e Islazul, la empresa que administra el Pernik con normas transfóbicas, tienen algo en común. Ambas pertenecen al conglomerado militar Gaesa. 

Consultado por Diario de Cuba, el economista cubano Omar Everleny estimó que Gaesa controla el 50 por ciento de la actividad turística de la Isla. 

Ambas empresas hoteleras, Gaviota e Islazul, se encuentran entre las entidades económicas cubanas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos con el propósito de provocar reformas políticas y debilitar la influencia que tiene La Habana sobre Venezuela. 

Según el sitio Entre Diversidades ―una plataforma sobre “sexualidades, juventudes y prevención de las ITS/VIH/Sida” cercana al Cenesex― Rafael Llera Céspedes, un organizador de fiestas en la ciudad de Santiago de Cuba, pidió explicaciones sobre los hechos al perfil institucional del hotel en Facebook y recibió la presunta respuesta de Francisco Suárez Fernández, director de la instalación.

En la captura de pantalla publicada por Entre Diversidades, el director del hotel afirma que la foto del documento colgado por Chirly Morenza Vázquez en su perfil de Facebook forma parte del manual que las personas trans no pueden acceder a la instalación. La nota también asegura que otras personas LGBTI+ han usado otros servicios de la instalación incluso en “eventos de carácter nacional”.

Por su parte, Morenza Vázquez no ofreció declaraciones para Tremenda Nota, pero dijo a la revista Q de Cuir que hace alrededor de un año se impide a las mujeres trans el acceso a la sala de fiestas. 

“Ya hace unos días vuelve a ir una trans y no la dejan entrar, ella se lo dice a su coordinadora y la misma va con el gerente y él le explica y enseña ese reglamento”, contó Morenza. 

La activista se dirigió al subdirector del Cenesex, Manuel Vázquez Seijido, quien aseguró que el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) de su institución “se encuentra dando seguimiento al tema con las autoridades competentes”. El funcionario, consultado este martes por Tremenda Nota, no respondió ninguna pregunta acerca del caso denunciado por Morenza.

El pasado 10 de septiembre, apenas una semana antes del incidente en el Pernik, el Cenesex inauguró en Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, un servicio de asesoría jurídica para atender las denuncias de la ciudadanía LGBTI+. Seijido comentó en redes sociales sobre la descentralización de este servicio, que se había ofrecido solo en la capital y ahora llegará también a otras provincias del país con apoyo de la Unión de Juristas, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el reino de los Países Bajos. 

El activista Arturo Ochoa Poveda, sin embargo, prefirió quejarse directamente ante la empresa acusada de transfobia y este miércoles publicó la respuesta en Entre Diversidades.   

Doralis Velázquez Silega, en nombre de la presidencia de Islazul, confirmó el hecho denunciado por Morenza Vázquez y aseguró que ya se indicó eliminar la prohibición de acceso a personas trans que aparece en el reglamento del hotel. 

Velázquez dijo que la polémica norma fue una “decisión unilateral del Director de la instalación” y que Islazul “reitera su respaldo permanente a la Carta Magna”, además del “apoyo y defensa total a los derechos de la comunidad LGBTI”.

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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

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(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

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