El 24 de junio de 2026, dos terremotos sacudieron Venezuela y alteraron la vida de miles de personas en cuestión de segundos. Para gran parte del mundo fue una noticia que ocupó titulares durante algunos días. Para quienes nacimos allí, el tiempo pareció detenerse. Antes de pensar en la magnitud del sismo o en el número de viviendas afectadas, hubo una pregunta que desplazó cualquier otra: ¿estarán bien quienes amo?

Los desastres naturales no solo transforman los territorios; también modifican la manera en que quienes vivimos en el exilio nos relacionamos con el lugar al que seguimos llamando hogar. La distancia no reduce el dolor ni la preocupación por quienes permanecen allí. Cada llamada sin responder, cada fotografía y cada mensaje recuerdan que existen vínculos que sobreviven a las fronteras, al tiempo y a la propia migración.

Lo primero que hice fue llamar a mi familia en La Guaira. Durante esos minutos comprendí, una vez más, que también existen terremotos que se sienten desde el exilio. La incertidumbre crece con cada llamada que no entra y con cada mensaje que permanece sin respuesta.

Cuando finalmente logré comunicarme, confirmé que familiares y personas cercanas habían perdido sus hogares, que distintas zonas de La Guaira enfrentaban graves afectaciones y que comunidades como Carayaca, El Junko y otros sectores del oeste del estado también sufrían las consecuencias de los terremotos. Aunque algunas de estas localidades registraron daños estructurales de menor magnitud que las zonas más devastadas, sus habitantes también vieron alterada su vida cotidiana por la interrupción de servicios, las dificultades de acceso y la profunda interdependencia social, económica y comunitaria que caracteriza a La Guaira.

Algunos miembros de mi comunidad también habían fallecido. Entre ellos estaban dos hombres gays a quienes conocía. Sus nombres me recordaron que detrás de cada cifra existen historias, afectos y proyectos de vida. También me hicieron pensar en todas aquellas personas cuyas vidas y muertes difícilmente ocuparán un titular, especialmente quienes durante años vivieron en los márgenes, con escasa visibilidad y sin el pleno reconocimiento de su dignidad. Me recordaron, además, que las emergencias nunca afectan a todas las personas por igual y que quienes ya enfrentaban mayores condiciones de vulnerabilidad suelen soportar una carga aún más pesada durante la recuperación. 

El país del que uno sale nunca desaparece

Nací y crecí en La Guaira. Allí permanecen buena parte de mi historia, mi familia, mis amistades y una comunidad que sigue formando parte de quien soy. Hace diez años tuve que salir de Venezuela y solicitar asilo en Estados Unidos como consecuencia de la persecución que enfrenté por ser un hombre gay y defensor de derechos humanos. Con el tiempo comprendí que el exilio no consiste únicamente en cambiar de país. También significa aprender a vivir con la certeza de que una parte de nosotros permanecerá siempre en el lugar del que tuvimos que partir.

Cada celebración familiar, cada crisis y cada tragedia confirman que seguimos perteneciendo a ese territorio. Las personas refugiadas y migrantes no dejamos de vivir las emergencias de nuestros países de origen; simplemente las vivimos de otra manera. Mientras otras personas pueden desplazarse para abrazar a sus familias o participar directamente en las labores de ayuda, quienes estamos lejos intentamos acompañar desde la incertidumbre, con la impotencia de saber que el corazón permanece donde el cuerpo ya no puede estar.

Quizá esa sea una de las dimensiones menos visibles del desplazamiento forzado. Vivimos las tragedias de nuestro país a la distancia, con menos posibilidades de actuar físicamente, pero con el mismo dolor y con un profundo sentido de responsabilidad hacia las personas y los lugares que siguen formando parte de nuestra historia.

Cuando una casa representa toda una vida

Después de una emergencia suele repetirse una frase bien intencionada: “Lo importante es que todos están vivos; lo material se recupera.” Aunque busca transmitir esperanza, también puede invisibilizar una realidad profundamente humana. En Venezuela, una vivienda rara vez representa únicamente una construcción. Es el resultado de años de trabajo, sacrificios compartidos y sueños familiares. En sus paredes también habitan recuerdos, fotografías, documentos y la memoria de quienes la construyeron.

Cuando un terremoto destruye un hogar, también altera el proyecto de vida de una familia. Por eso no basta con volver a levantar edificios. Es necesario crear las condiciones para que las personas recuperen estabilidad, seguridad y la posibilidad de imaginar nuevamente un futuro. Como trabajador social, estoy convencido de que los territorios no vuelven a ponerse de pie únicamente con cemento. También necesitan confianza, organización, apoyo mutuo y espacios donde las personas puedan elaborar el duelo y fortalecer nuevamente sus redes de apoyo.

Ese proceso tampoco ocurre en igualdad de condiciones para todas las personas. Los desastres suelen profundizar desigualdades que ya existían antes de la emergencia. Las personas adultas mayores, la niñez, las personas con discapacidad, quienes viven con enfermedades crónicas o con VIH y muchas personas LGBTQ, especialmente aquellas que enfrentan pobreza, discriminación o redes de apoyo limitadas, suelen encontrar mayores obstáculos para acceder a servicios, restablecer sus medios de vida o volver a sentirse seguras. Una respuesta verdaderamente humanitaria no consiste únicamente en llegar primero; consiste en asegurar que nadie quede atrás cuando comienza el largo camino para reconstruir su vida. 

Cuando la emergencia deja de ser noticia

Las primeras horas después de un desastre suelen despertar lo mejor de una sociedad. Vecinas y vecinos organizan rescates, personas voluntarias distribuyen alimentos, equipos de salud trabajan sin descanso y miles de ciudadanos, dentro y fuera del país, buscan la manera de ayudar. Esa movilización espontánea representa uno de los recursos más valiosos frente a cualquier crisis y demuestra que, incluso en contextos de profunda polarización, la vida humana sigue siendo capaz de convocar encuentros.

Sin embargo, para quienes sobrevivieron, el verdadero desafío apenas comienza cuando la emergencia deja de ocupar los titulares. Mientras los medios dirigen su atención hacia otras noticias y las donaciones disminuyen, miles de familias siguen intentando recuperar sus hogares, restablecer sus medios de vida y reorganizar una cotidianidad profundamente alterada. La crisis termina mucho antes para la opinión pública que para quienes continúan enfrentando sus consecuencias.

En la acción humanitaria suele describirse un fenómeno conocido como fatiga de la compasión. En términos generales, hace referencia a la disminución progresiva de la atención pública y de parte de la movilización solidaria conforme una crisis deja de ocupar el centro de la conversación. No significa que desaparezca la voluntad de ayudar, sino que nuevas urgencias desplazan rápidamente a las anteriores. El riesgo es que los territorios afectados queden solos precisamente cuando enfrentan la etapa más compleja de volver a levantarse.

Las principales organizaciones humanitarias recuerdan que reparar edificios constituye sólo una parte del proceso. También es indispensable fortalecer la salud mental, ofrecer apoyo psicosocial, recuperar el tejido comunitario y garantizar que la población participe activamente en las decisiones sobre su propio futuro. Una vivienda puede reconstruirse en algunos meses; recuperar la sensación de seguridad, la confianza o el sentido de pertenencia suele requerir mucho más tiempo.

Esta realidad resulta especialmente importante para quienes ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad antes del terremoto. Las personas adultas mayores, la niñez, las personas con discapacidad, quienes viven con VIH y muchas personas LGBTQ suelen encontrar mayores barreras para acceder a servicios, mantener sus tratamientos, recuperar sus ingresos o reconstruir sus redes de apoyo. Las emergencias no crean esas desigualdades, pero con frecuencia las hacen más visibles y profundas. Por eso, una recuperación verdaderamente sostenible no consiste únicamente en volver al punto donde estábamos antes del desastre, sino en aprovechar ese proceso para reducir brechas históricas y fortalecer la inclusión.

Como trabajador social, prefiero hablar de una resiliencia consciente. No de una resiliencia que exige fortaleza permanente o invita a ocultar el dolor bajo la idea de que “hay que seguir adelante”, sino de aquella que reconoce las pérdidas, entiende que el duelo necesita tiempo y acepta que pedir ayuda también forma parte del camino. Ninguna comunidad debería sentirse obligada a reconstruirse sola, ni ninguna persona a demostrar que ya superó una tragedia antes de estar preparada para hacerlo.

Permanecer también es una forma de ayudar

El exilio me impidió estar físicamente en La Guaira durante los días posteriores a los terremotos, pero no me impidió asumir la responsabilidad de acompañar desde donde hoy me encuentro. Durante esas semanas utilicé mis plataformas para verificar información antes de compartirla, visibilizar localidades que históricamente han recibido menor atención —como Carayaca, El Junko y otros sectores del oeste del estado— y promover mensajes centrados en las necesidades de la población afectada.

Ese compromiso también dio origen a la serie documental La Guaira: Antes y Después, un esfuerzo por documentar cómo cambiaron distintos espacios y contribuir a que no desaparezcan de la memoria colectiva cuando termine la cobertura periodística. Más que registrar la destrucción, busca recordar que detrás de cada fotografía existen familias que seguirán necesitando apoyo mucho después de que las cámaras se hayan ido.

Creo profundamente que comunicar con responsabilidad también es una forma de acción humanitaria. Verificar antes de publicar, evitar la desinformación y mantener visibles a los territorios históricamente olvidados constituye una manera concreta de acompañar el proceso de recuperación y fortalecer el compromiso colectivo desde la distancia.

La solidaridad que decide quedarse

Los terremotos del 24 de junio de 2026 dejarán cicatrices visibles en edificios, carreteras y viviendas. Otras permanecerán en silencio, acompañando a familias que deberán reconstruir no solo sus hogares, sino también su sensación de seguridad, sus proyectos de vida y la confianza en el futuro.

Como venezolano, guaireño, refugiado y defensor de derechos humanos, esta experiencia reforzó una convicción que ha guiado buena parte de mi trabajo: las personas deben permanecer en el centro de cualquier respuesta humanitaria. Ninguna diferencia política, institucional o ideológica debería ser más importante que proteger la vida, aliviar el sufrimiento y garantizar que quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad reciban el acompañamiento que necesitan para volver a empezar con dignidad.

Los terremotos dejan de sentirse cuando la tierra deja de temblar. El olvido comienza cuando dejamos de mirar. Entre una cosa y otra existe un largo camino que exige memoria, compromiso sostenido y la decisión colectiva de no abandonar a quienes siguen intentando levantarse cuando el resto del mundo ya ha seguido adelante. Porque una sociedad no termina de recuperarse cuando reconstruye sus edificios; lo hace cuando todas las personas tienen la oportunidad de volver a vivir con seguridad, esperanza y la certeza de que nadie quedó atrás.

Yonatan Matheus (He/Him/Él) es defensor de derechos humanos LGBTQ y trabajador social y activista. Trabaja en la intersección entre Migración, Justicia Social y respuesta al VIH.

Este comentario salió en el sitio web de Yonatan el 6 de julio.

More than 100,000 people participated in the 26th Pride March in Santiago, Chile, one of the largest demonstrations by the LGBTQ movement in the South American country, on June 27. 

The event, organized by the Movement for Homosexual Integration and Liberation and Fundación Iguales, proceeded along the Alameda, the capital’s main avenue, with flags, signs, and slogans in support of equality, against a backdrop of concern among organizations regarding the direction of President José Antonio Kast’s administration.

The march was preceded by speeches in Plaza Baquedano and included the participation of human rights organizations, families, activists, victims of discrimination, and representatives from various embassies. This year, the parade was also led by LGBTQ seniors from the group Años Rosados, part of Acción Gay, as a gesture of historical remembrance for those who lived through decades when publicly expressing one’s sexual orientation or gender identity could mean persecution, imprisonment, or social exclusion.

“This march demonstrates that the fight for equality is still alive and will not be pushed back into the closet,” said Movilh spokesperson Javiera Zúñiga. “We march with remembrance, with pride, and with the conviction that Chile cannot roll back the rights we have won.” 

During the event, the organizations called upon the Chilean government to move forward with a comprehensive reform of the Zamudio Law — the anti-discrimination law in effect since 2012 — as well as to introduce penalties for hate speech and strengthen protections for LGBTQ people in education, health care, the workplace, and public spaces.

Movilh founder Rolando Jiménez noted that Chile between 1991 and 2022 made significant strides toward equality and nondiscrimination. He warned, however, that this progress has begun to lose momentum in recent years and that, under the current administration, the signs have become increasingly concerning.

“For decades, Chile forged a path of progress, with laws and public policies that expanded rights. Today we are marching because there are attacks aimed at weakening those protections and preventing further progress,” Jiménez stated.

The march took place place in a country that, in recent years, has established a robust legal framework for sexual and gender diversity. Chile has had a Civil Union Agreement since 2015, a transgender rights law since 2018, and marriage equality since 2022. For these organizations, this legal framework explains why recent decisions by the executive branch and Congress are viewed as signs of regression, not merely as administrative debates.

One of the main points of concern arose in March, when the Kast administration shortly after the new president took office decided not to endorse an Organization of American States’ LGBTQ rights declaration. The decision marked a departure from the stance taken by previous administrations and was interpreted by civil society organizations as a sign of a weakening of Chile’s foreign policy on human rights.

The Foreign Affairs Ministry, however, has maintained that Chile remains committed to promoting and protecting human rights without discrimination, and that the decision stemmed from differences regarding the document’s wording. That explanation has not fully dispelled the doubts of these organizations, which, during the march, demanded that the executive branch take a clear and consistent public stance.

One hundred days into the Kast administration, Fundación Iguales also presented the findings of its LGBTQ+ Radar, an ongoing monitoring initiative of government, legislative, and administrative measures that impact the rights of LGBTQ people in Chile. 

According to the organization, of the nine measures recorded so far, five have been rated as unfavorable, three remain under evaluation, and only one has been considered favorable.

Among the adverse measures, Fundación Iguales identifies actions that, in its view, involve hostility, restriction, or elimination of previously existing public policies or safeguards. In this category, it includes the repeal of Circular 781, which protected LGBTQ students in educational institutions; Chile’s decision to abstain from the OAS LGBTQ declaration; the elimination of the section on diversity from the national household survey; the discontinuation of the inclusion training program for public officials; and alignment with the U.S. to restrict the definition of gender at the U.N.

The monitoring also includes three measures currently under evaluation whose final impact has not yet been determined: the National Human Rights Plan, the regulations on access to justice, and the regulations for the Adoption Law. In contrast, the only favorable measure identified so far is the enactment of the School Coexistence Law, which the foundation considers an action that expands or protects rights.

Fundación Iguales states that the LGBTQ+ Radar is updated in real time and that each measure includes its source, date, and the responsible institution. For the organization, the assessment of Kast’s first 100 days confirms that the signals from the executive branch are not isolated incidents but part of a pattern that must be monitored by civil society and the international community.

Another controversial move took place in the education sector. The Superintendency of Education repealed circulars related to school coexistence and internal regulations, including provisions addressing gender identity and nondiscrimination. However, a few days before the march, the Comptroller General’s Office upheld the legality of Circular 812, which protects the rights of trans students in the school system, rejecting the attempt to declare that regulation illegal.

For Fundación Iguales, this ruling was a significant signal amid an adverse political climate. 

“The fact that organized groups have tried to eliminate this circular speaks volumes about the times we are living in. We celebrate that the Comptroller’s Office has clarified the matter, and we will remain vigilant to prevent setbacks,” said María José Cumplido, the organization’s executive director.

The debate also reached Congress. 

The Chamber of Deputies amid Pride month approved a draft resolution calling on Kast to eliminate the use of inclusive language in public services. The initiative, backed by right-wing sectors, called for the repeal of administrative acts promoting these forms of communication and for a ban on what it defined as “grammatical distortions” based on gender, ethnicity, or other identity classifications.

For LGBTQ organizations, the measure is ideological in nature and fails to recognize that inclusive language has not been a widespread imposition, but rather a tool used in certain contexts to name historically excluded groups. At the march, this point was one of the most frequently cited examples of the new political climate that has taken hold under the Kast administration.

Despite this situation, the organizations also highlighted a positive institutional development: Senate President Paulina Núñez of Renovación Nacional, a more moderate right-wing ruling party, pledged in May to push for reform of the Zamudio Law and to serve as a bridge with the executive branch to advance the modernization of anti-discrimination legislation. The reform is currently stalled in Congress, despite years of criticism from human rights organizations regarding its limited effectiveness.

“The commitment to move forward with reforming the Zamudio Law is good news, because Chile needs effective anti-discrimination legislation, with real tools to protect victims and combat hate speech,” Movilh representatives stated.

The march culminated with a cultural event in Plaza Los Héroes, but the political message was clear from the start: the organizations not only celebrated the progress made but also warned that these rights require constant defense.

For the organizing groups, the country continues to have a strong legal foundation regarding sexual and gender diversity, but it faces a period of uncertainty under a conservative government that, in its first months, has sent mixed signals about the continuity of those commitments.

Chile already has legislation in place regarding gender identity, civil unions, and marriage equality. For this reason, the organizations believe that the setbacks they have observed are not merely symbolic but could undermine the safeguards that form part of the democratic framework the country has built over the past decades.

Abelardo de la Espriella on Sunday narrowly defeated Iván Cepeda in the second round of Colombia’s presidential election.

De la Espriella, a far-right lawyer who has praised U.S. President Donald Trump and Salvadoran President Nayib Bukele, beat Sen. Iván Cepeda, a member of outgoing President Gustavo Petro’s Historic Pact party, by a 49.7-48.7 percent margin. De la Espriella will take office on Aug. 7.

Secretary of State Marco Rubio on Sunday spoke with De la Espriella, who has pledged to end so-called “gender ideology” in Colombia, and congratulated him on his victory.

“This result reflects the will of the Colombian people and their commitment to democracy,” said State Department spokesperson Tommy Piggott in a statement. “The Trump administration looks forward to working closely with his incoming administration to advance our bilateral and regional security cooperation, end illegal immigration to the United States, and strengthen the economic ties between our two countries. Through our close bilateral cooperation, and under the leadership of President-elect De la Espriella, Colombia’s best days are ahead.”   

The election’s first round took place on June 1.

Former Bogotá Mayor Claudia López, a centrist who ran as an independent, finished fifth. She would have become Colombia’s first female and first lesbian president if she had won the election.

De la Espriella and Cepeda faced off in the runoff because neither received a majority of votes in the first round.