Noticias en Español
El coronavirus tiene gran impacto en la comunidad LGBTQ salvadoreña
Una cuarentena domiciliar entró en vigor el 21 de marzo

SAN SALVADOR, El Salvador — Desde el 31 de diciembre se ha tenido conocimiento del coronavius, qu comenzó en la ciudad de Wuhan, China. A raíz del crecimiento de dicha pandemia en El Salvador se comenzó las restricciones con la prohibición el ingreso de personas provenientes de China, luego la medida pasó con personas provenientes de Corea del Sur e Italia, de igual manera pasó con las personas provenientes de Irán, Alemania, Francia y España; para el 11 de marzo pese a no contar con ningún caso de coronavirus para esa fecha, el Gobierno a través de un decreto Ejecutivo dictó cuarentena a nivel nacional, agregó que todas las actividades económicas seguían igual, es decir que todos seguirían trabajando igual.
Por el lado de los estudiantes, se suspendieron todas las actividades educativas durante 21 días; esas medidas entre otras que dictaba el decreto ejecutivo No. 4 fueron tomados para bien por unos y para mal por otros; el 14 de marzo la Asamblea Legislativo aprobó dos decretos que de alguna manera ayudarían a sobre llevar esta emergencia que se estaba comenzando a vivir en el país, también la Ley de restricción temporal de Derechos Constitucionales, mientras dure la pandemia.
Entre los derechos constitucionales que quedaban restringidos estaban: Libertad de tránsito, reunirse pacíficamente sin armas y se harían detenciones administrativas por desobedecer a las autoridades. Para el 17 de marzo se estaba cerrando toda operación en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, al igual que el servicio en mesas de todos los restaurantes, cafeterías, comedores, pupuserías y similares, únicamente funcionarían en modalidad “para llevar” y a domicilio, y pese a esto insistían en que si no era necesario no se saliera de sus casas y los lugares nocturnos comenzaron a cerrar.
El 18 de marzo se dio a conocer el primer caso de coronavirus en el territorio salvadoreño y junto a ello, una serie de medidas de suspensión temporal de ciertos pagos a personas que se vean afectadas en sus trabajos por la emergencia; pasadas las 8 p.m. del 21 de marzo del presente el presidente decretó cuarentena domiciliar a nivel nacional, en vista de la irresponsabilidad que estaban viendo en personas que en lugar de estar en sus casas salieron de paseo a centros turísticos; quien no acate las indicaciones de estar en casa será llevado a un centro contención en donde tendrá que pasar la cuarentena.
Esto generó incertidumbre y descontento en organizaciones LGBTQ, pues el tener a Policía Nacional Civil y Fuerzas Armadas en las calles, a cargo de velar por el cumplimiento de la cuarenta, se pueden incrementar las violaciones de Derechos Humanos con el afán de “hacer cumplir la ley”.
“Como COMCAVIS TRANS, hasta el momento no hemos registrado casos de violencia a personas LGBTI; sin embrago se ha podido documentar 16 casos de mujeres trans y cuatro hombres gay que han denunciado discriminación y estigmatización al momento de presentar su documento de identidad en los diferentes retenes o agentes en la vía pública que les han solicitado sus documentos de identidad”, comenta al Washington Blade, Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización, además afirma que las personas denunciantes externan que esta situación se da mayormente por agentes de la Fuerza Armada.
Empresarios LGBTQ ante la cuarentena nacional
Las empresas a nivel nacional en El Salvador han sufrido muchos cambios en su funcionamiento a partir de la cuarentena decretada por el presidente Bukele, algunas como los call center y maquilas de textiles únicamente están laborando con el 20 por ciento de su personal en las instalaciones, las empresas que tienen las posibilidades han destacado el trabajo desde casa de sus empleados; pero hay otras como los negocios LGBTQ que se verán muy afectados por estos días sin trabajar.
“Fuimos de los primeros grupos afectados, ya que al cerrar definitivamente nuestros negocios fueron cortados nuestros ingresos, lo que a su vez género que no pudiéramos pagar nómina, local, gastos fijos, ya que al ser pequeños empresarios dependemos del flujo constante de efectivo y ventas”, comenta al Blade, Gustavo Reyes, propietario del Club Baby.
Reyes agrega que “por el momento han sido mencionadas algunas medidas, sin embargo, no es claro el cómo aplicar a ellas, no hay claridad en el tema como pagos de locales por ejemplo y gastos fijos”.
Agustín Linares, propietario de la Diska Scape, comenta al Blade, “desde el 14 de marzo no hemos podido operar, por lo que nos hemos visto afectados por los compromisos financieros que la empresa tiene, así como compromisos laborales con nuestros empleados”, mostrando su preocupación ante la situación, “Sin embargo, sabemos la necesidad de acatar las medidas por el presidente de la República, las respetamos y estamos cumpliendo con el decreto de no abrir discoteca Scape”, agregó Linares.
La incertidumbre y los constantes cambios de la situación, no permiten a los empresarios LGBTQ a tener un plan estratégico para solventar sus realidades luego de la emergencia nacional, “Aún no tenemos un plan definido, como esto ha ido cambiando día a día, no podemos determinar cuándo terminará o cuánto tiempo tendremos que esperar con los negocios cerrados”, menciona al Blade, Reyes.
“Con las medidas que se han dado a beneficio de los negocios de no pagar alquiler durante tres meses, si nos hemos visto beneficiados porque es una descarga grande de compromiso de pago; la empresa donde alquilamos el local ha tomado a bien las instrucciones de esperarnos esos tres meses a los que alquilamos en su centro comercial”, comenta al Blade Linares, pero esto no quiere decir que no le preocupa lo que a futuro esto implica, “aunque abramos el negocio, sabemos el déficit financiero que tendremos todos los ciudadanos y el presupuesto para “salir a distraerte” será limitado o cero”, agrega.
Las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual también se ven afectadas con esta situación, en declaraciones al Blade la directora ejecutiva de COMCAVIS TRANS, aseguraba que se ha registrado y documentado casos sobre mujeres trans que han sido desalojadas en la zona central de San Salvador, “el propietario de los locales, las están desalojado, lo cual les genera temor de ser capturadas; ante esto se están haciendo gestiones necesarias para la interposición de la denuncia”, aseguró Rodríguez.
Esta emergencia tomo a todos por sorpresa y al no tener medidas claras de apoyo por parte del Gobierno, por su parte, algunos empresarios tendrán que tomar decisiones drásticas, “la única opción en caso de no poder negociar o asumir costos de todos estos días sin ingresos, será cerrando definitivamente”, agrega Reyes en sus declaraciones.
En la ayuda que ha hecho más énfasis el Gobierno es la que se les otorgará a algunas familias, “Las viviendas que consumen menos de 250 kilowatt (en energía eléctrica), van a recibir una transferencia de $300 dólares por parte del Gobierno. Esto representa a más de un millón y medio de familias. Si en el hogar hay un salario, esos hogares no van a recibir ese dinero”, dijo en conferencia de prensa el presidente Bukele.
La salud de personas LGBTQ ante el coronavirus
Organizaciones LGBTQ en El Salvador han publicado en sus redes sociales información directa para personas viviendo con VIH, invitándoles a mantenerse informadas sobre el virus y sobre todo haciendo un llamado a las personas que tienen problemas cardiacos o pulmonares, ya que podrían tener un mayor riesgo de infectarse y sufrir mayores síntomas.
La Asociación Entre Amigos en una de sus publicaciones, invitaba a las personas LGBTQ viviendo con VIH a estar preparadas, “deberá tener suficientes suministros médicos necesarios a la mano, idealmente para 30 días o más si es posible”; al mismo tiempo a saber cómo comunicarse con su clínica a través del teléfono por cualquier asesoría y pusieron a disposición uno de sus teléfonos para cualquier emergencia.
Por su parte COMCAVIS TRANS, brinda atención legal y psicológica a las personas con VIH que han sufrido violaciones a sus derechos humanos, “en casos de emergencia o situaciones de vulnerabilidad a las personas LGBTI o viviendo con VIH se le brindara asistencia económica según sea el caso”, comenta al Blade Rodríguez.
El ministerio de salud por su parte, a través de un memorándum emitido el 16 de marzo del presente, expresaba indicaciones de la atención que se dará a las personas viviendo con VIH desde las consultas hasta los controles que estas mismas requieran, “entre las medidas se resaltan la distribución de la Terapia Antirretroviral y las condiciones en las cuales deben presentarse, así mismo a los diferentes hospitales del país se les dio a conocer estas medidas, las citas se han designado cada cuatro meses”, agrega al Blade, Rodríguez.
Pero no solo a las personas viviendo con VIH hay que ponerles control, recientemente la activista independiente LGBTQ, Ambar Alfaro, expuso en sus redes sociales el caso de Nikol Osorio, una mujer trans de muy escasos recursos, que ejerce el trabajo sexual, ella necesita una operación muy delicada por problemas en un riñón y solo cuenta con un poco de apoyo de la mamá que trabaja en el mercado, por lo que ante la crisis que se vive no están recibiendo suficientes ingresos.
“Nikol ya pasa de los 50 años, ya supera las expectativas de vida en El Salvador para las personas trans, el sustento más fijo es el negocio de la mamá y con el tema del COVID19 esto se ha detenido, pues la mamá de igual forma tiene que cuidar de su hija para la movilidad y hacerle sus alimentos”, comentó en sus redes Alfaro.
Aunque esté en tratamiento, Osorio necesita la operación; las citas están paradas por la emergencia y ella necesita hacerse una serie de exámenes en laboratorios privados. Este tipo de casos no son conocidos por el Gobierno y no han sido contemplados como solventar en esta emergencia. Se ha logrado recaudar un pequeño fondo para Osorio, pero este no solventará al 100 por ciento todas sus necesidades.
Con el tema de la emergencia nacional que se vive, casos como el de Osorio corren mucho más riesgo y deben tener las condiciones necesarias para no sumarse al índice de personas afectadas por el mismo. Pese a las críticas de alarmistas y posibles daños al comercio del país y al turismo, el Gobierno seguirá con su plan y modificando las medidas de acuerdo al progreso que la emergencia vaya teniendo en el territorio salvadoreño; al cierre de esta nota el pequeño país de Centroamérica, registraba 13 casos positivos con coronavirus.
Noticias en Español
The university that refuses to let go
Joanna Cifredo is a trans woman participating in University of Puerto Rico strike
Over the past days, I have been walking with a question that refuses to leave me. Not the kind of question you answer from a desk or from a distance, but one that grows out of what you witness in real time, at the gates, in the faces of those who remain there without knowing how any of this will end. What is truly happening inside the University of Puerto Rico, and why have so many students decided to risk everything at a moment when they can least afford to lose anything.
I write as someone who lives just steps away from the Río Piedras campus. These days, the silence has replaced the constant movement that once defined this space. The absence is felt in every corner where students used to pass at all hours. Since arriving in Puerto Rico three years ago, I have come to know firsthand stories that rarely make it into reports or official statements. One of the reasons I chose to stay was precisely this, to serve the university community, to help create a space where students could find something as basic as a safe meal at night and, in some way, ease burdens that are often carried in silence.
I have listened, asked questions, and tried to understand without imposing answers. What I have found is not a collective outburst or a generational whim. What exists is a fracture, a deep break between those making decisions and those living with their consequences every single day.
There has been an effort to reduce this strike to an issue of order, scheduling, or academic disruption. Conversations revolve around missed classes, delayed semesters, and students supposedly unaware of the consequences of their actions. What is rarely addressed are the conditions that lead an entire student body to pause its own future to sustain a protest that offers no guarantees.
Because that is the reality. These are students who fully understand what they are risking, and yet they remain. When someone reaches that point, the least they deserve is not judgment, but to be heard.
From the outside, there have also been attempts to discredit what is happening. Familiar narratives are repeated, legitimacy is questioned, and doubt is cast over intentions. It is easier to do that than to acknowledge that this did not begin at the gates, but long before, in decisions made without building trust.
And something must be said clearly. This is not limited to the gates of Río Piedras. What we are witnessing extends across every unit of the University of Puerto Rico system. Mayagüez, Ponce, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Carolina, Aguadilla, Utuado, and the Medical Sciences Campus. This is not an isolated reaction. It is a movement that runs through the entire institution. Río Piedras may be more visible, but it is not alone. What is happening there reflects a broader unrest felt across the system.
Within that context, one demand has grown increasingly present, the call for the resignation of University of Puerto Rico President Zayira Jordán Conde. This is not the voice of a small group. It reflects a deeper level of mistrust that has spread across multiple campuses.
The Puerto Rican Association of University Professors has also made it clear that this is not solely a student issue. There is real concern among faculty, and a shared recognition of the conditions currently shaping the university. When students and professors arrive at the same conclusion, the problem can no longer be minimized.
Meanwhile, the administration continues to speak in the language of dialogue. But dialogue is not a word, it is a practice. And when trust has been broken, it cannot be restored through statements alone, but through decisions that prove a willingness to truly listen.
In the midst of all of this, there are voices that cannot be ignored. Voices grounded not in theory, but in lived experience. One of them is Joanna Cifredo, a student at the Mayagüez campus, a young Puerto Rican trans woman, and someone widely recognized for her advocacy.
I spoke with her in recent days. What follows is her voice, exactly as it is.
How would you describe what is happening inside the University of Puerto Rico right now, beyond what people see from the outside?
Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y una presión constante por parte de la administración para reabrir el recinto, pero, entre todo el caos e inestabilidad provocado por las decisiones de esta administración, también hemos vivido momentos muy poderosos. Esta lucha ha sacado lo mejor de nuestra comunidad.
Lo vimos en las asambleas y plenos, donde 1,500, 1,700, hasta 1,800 estudiantes llegaron —bajo lluvia, bajo advertencias de inundaciones— y aun así se quedaron, participaron y votaron a favor de una manifestación indefinida hasta que se atiendan nuestros reclamos.
He conocido a tantas personas en los diferentes portones, estudiantes graduados, aletas, estudiantes de intercambio, estudiantes de todo tipo de concentraciones y se unieron para apoyar el movimiento estudiantil. Estudiantes que vienen a los portones después del trabajo o antes de trabajar. Estudiantes que vienen a dejar agua y suministros entre turnos de trabajo. Viejitos que vienen a los portones con desayuno, almuerzo o cena.
Más allá de lo que se ve desde afuera, lo que estamos viviendo es una mezcla de tensión y resistencia, pero también de comunidad, solidaridad y compromiso colectivo.
Much of what is discussed remains at the level of headlines or social media. From your direct experience, what specific decisions or actions from the administration have led to this level of mobilization?
Desde el inicio, la designación de la Dra. Zayira Jordán Conde careció de respaldo dentro de la comunidad universitaria. No contaba con experiencia administrativa en la UPR ni con un conocimiento básico de nuestros procesos, cultura y reglamentos. Por eso, en asamblea, el estudiantado votó para solicitarle a la Junta de Gobierno que no considerara su candidatura, y múltiples organizaciones docentes hicieron lo mismo. Existía un consenso amplio de que no tenía la experiencia necesaria para liderar una institución como la nuestra.
A pesar de ese rechazo claro, la Junta de Gobierno decidió ignorar los reclamos de la comunidad universitaria e imponer su nombramiento.
Una vez en el cargo, su estilo de gobernanza ha sido poco transparente y poco colaborativo. Sin embargo, el detonante principal de la movilización en el Recinto Universitario de Mayagüez fue su decisión de destituir, de manera unilateral y en medio del semestre, a cinco rectores, incluyendo al nuestro, el Dr. Agustín Rullán Toro, para reemplazarlo por un rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz.
Esta acción, tomada de forma abrupta, provocó de inmediato un clima de caos e inestabilidad dentro de la institución. Y deja una pregunta inevitable: ¿no anticipó el impacto de esa decisión, lo que evidenciaría una falta de experiencia? ¿O lo anticipó y aun así decidió proceder? No está claro cuál de las dos es más preocupante.
Además, esta decisión tuvo consecuencias concretas para el estudiantado, incluyendo el retiro de becas educativas para nuevos integrantes del RUM por parte de la Fundación Ceiba, que calificó la movida como “sorprendente” y “preocupante”. Decisiones impulsivas como la que tomó la presidenta ponen en peligro la estabilidad de nuestra institución y la acreditación de la universidad.
As a trans woman within this movement, how does your identity intersect with what is happening, and why does this also shape the future of people like you?
Soy una de varias chicas trans que formamos parte activa de este movimiento estudiantil.
For those outside the UPR who believe this does not affect them, what are the real consequences of this crisis?
La Universidad de Puerto Rico se fundó para servir al pueblo.
It is impossible to overstate the role the University of Puerto Rico and its students have played in shaping the social, cultural, and economic life of this country. Its impact extends into science, medicine, and every profession that has sustained Puerto Rico over time. No other educational institution has contributed more.
After listening to her, one thing becomes undeniable. This is not just another protest, but a generation refusing to let go of what little remains within its reach. And when a generation reaches that point, the issue is no longer the strike, the issue becomes the country itself.
Noticias en Español
La X vuelve al tribunal
Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico
Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.
Hoy el escenario es distinto.
La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.
Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.
El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.
En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.
La diferencia radica en la aplicación.
El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.
El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.
Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.
El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.
Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.
Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.
Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.
Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.
El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.
A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.
Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.
El debate ya no es teórico.
Ahora es judicial.
Cuba
Cuba bajo presión y sin respuestas
Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir
Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.
Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.
Pero esa es solo una parte.
Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.
Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.
La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.
Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.
Entonces la pregunta sigue siendo la misma.
Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?
¿Dónde fue a parar ese recurso?
¿Dónde está el dinero que generó?
Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.
Hay una historia más larga que no se puede ignorar.
Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.
Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.
Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.
Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.
Y hay algo más duro.
Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.
Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.
¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?
Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.
La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.
Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.
Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.
Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.
Esa es la contradicción.
El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.
Pero hay otra pregunta que también está ahí.
¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?
La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.
Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.
Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.
Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.
Esa parte no se puede seguir esquivando.
Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.
Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.
Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.
Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.
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