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Lanzamiento de servicios de crisis 24/7 para juventud LGBTQ en México
Casi 30 por ciento de mexicanos LGBTQ han pensado o intentado suicidarse
Mateo parece ser un chico adolescente promedio, al menos en su apariencia externa y amor por el fútbol, como es conocido el “soccer” aquí. Pero, él mantiene una profunda parte personal de sí mismo. “mi verdadero yo”, lejos incluso de sus amigos más cercanos y familia, solamente despojándose de su capa protectora en sus incursiones de fin de semana a La Zona Rosa de la Ciudad de México, un vecindario que es el centro de la vida LGBTQ en la capital mexicana, a una hora y media de distancia de Tizayuca.
Mateo es gay y su familia es homofóbica como lo son muchos de sus amigos locales y conocidos en Tizayuca, donde él vive.
El estrés y la angustia de ser gay pueden ser a veces abrumadores, dice, aunque subrepticiamente puede escapar estando en casa cautivado viendo contenido LGBTQ en Netflix y otras plataformas. Aún con esto, Mateo dice que ahí están esos momentos en los cuales no sintió nada más que desesperación, impotencia y en donde no hay nadie con quien hablar.
Fueron sus viajes al vecindario de La Zona Rosa y sus amigos LGBTQ en línea en instagram quienes lo salvaron más de una vez en esos sombríos intervalos. No obstante, el dice que una manera de conectar con consejeros es urgentemente necesitada, especialmente en lugares de su país donde la juventud LGBTQ no tiene acceso a un vecindario gay ni a un sistema de apoyo comunitario.
Para Mateo y otro sin número de jóvenes LGBTQ en los 32 estados que conforman México que no tienen un espacio central seguro y personas que entiendan que hay cambios, el 11 de octubre, Día para salir del closet, the Trevor Project anunció el lanzamiento oficial de su servicios de crisis digitales 24/7, confidenciales, gratuitos para la población LGBTQ joven del país.
Por primera vez en sus 25 años de servicio a la juventud LGBTQ, Trevor ha expandido sus servicios de intervención de crisis para la juventud LGBTQ fuera de los Estados Unidos. De acuerdo con las cifras oficiales de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), el 28.7 por ciento de la población LGBTQ de México ha pensado o intentado suicidarse en algún momento de su vida, y al igual que en Estados Unidos, el suicidio es la segunda causa de muerte más común entre personas jóvenes en México.
Los Angeles Blade tuvo la oportunidad de hablar con Jess Leslie, encargada de los Servicios de Crisis Digitales Internacionales del Trevor Project. Leslie le comentó que el trabajo de campo para construir el nuevo Trevor Project México con sede en la Ciudad de México puso su énfasis en la competencia cultural, reconocimiento de la necesidad de una estructura empresarial integrada empleada por medio de mensaje de texto, WhatsApp y chat en línea.
En cuanto al enfoque de participación con la juventud LGBTQ en el país, Leslie dijo que fue un equipo “de todo México” compuesto por consejeros de crisis “que vienen de un lugar culturalmente humilde”.
Leslie reconoció que existen deficiencias en el acceso a las comunicaciones por internet a través de México, ya que según un estudio realizado por la Universidad de Stanford en 2021 se encontró que habían más de 90 millones de usuarios de internet, esto es aproximadamente el 71 por ciento de sus habitantes, no obstante, los puntos de acceso eran más limitados en los estados más rurales. Sin embargo, señaló que al establecerse a través de los tres principales medios de comunicación como mensajes de texto SMS, WhatsApp y el “TrevorChat” en línea, la juventud LGBTQ+ tendrá los medios para comunicarse con los consejeros.
Ofreciendo un espacio seguro y con personal completamente mexicano LGBTQ liderado por Edurne Balmori, directora ejecutiva del Proyecto Trevor México, cuyo currículo profesional destaca por sus numerosos reconocimientos y poderosa trayectoria en los negocios, el equipo de 55 miembros en el país el cual incluye a 35 consejeros de crisis experimentados, podrá tener un impacto positivo, señaló Leslie.
Agregó que el Trevor Project México se apoyará de un modelo basado en voluntariado en el cual los consejeros se someterán a un extenso entrenamiento e implementarán un modelo de apoyo de crisis basado en evidencia.
“El énfasis está en la competencia cultural y la comprensión de las experiencias de vida para la comunidad LGBTQ+ y los jóvenes de México” agregó Leslie.
En un comunicado de prensa para anunciar el proyecto el pasado martes, Balmori dijo; “Hoy celebramos la activación de nuestros servicios en México, dando inicio a lo que esperamos sea un movimiento social global en torno a la prevención del suicidio. Para muchos jóvenes LGBTQ+ en el país, el expresarse por sí mismos y simplemente ser quienes son, puede poner su seguridad física y bienestar mental en riesgo. En The Trevor Project México, nos esforzaremos por acabar con el estigma en torno al tema de la salud mental, proveer a los jóvenes LGBTQ+ con un espacio seguro y confiable y, en última instancia, salvar vidas”.
“Es increíblemente inspirador nuestra visión de proveer nuestros servicios de crisis para la afirmación de vida a personas LGBTQ+ jóvenes más allá de EE.UU haciéndose realidad hoy con nuestro lanzamiento en México. Esta es un hito importante en nuestro objetivo de poner fin a la crisis de salud pública global de suicidios de jóvenes LGBTQ+” dijo Amit Paley, CEO y director ejecutivo del Trevor Project. “The Trevor Project está comprometido a construir un mundo donde cada una de las personas LGBTQ+ jóvenes tiene acceso a recursos que afirmen quienes son, y no podríamos estar más optimistas acerca del impacto que vamos a tener en esta travesía para apoyar a más personas LGBTQ+ jóvenes alrededor del mundo”.
Según Leslie, lo más importante es que los jóvenes LGBTQ tengan la oportunidad de acceder a todos los servicios que tiene el Trevor Project.
En el comunicado de prensa, Trevor resaltó que está aprovechando sus relaciones con varios de sus socios corporativos y tecnológicos existentes para permitir y apoyar este trabajo internacional.
Cabe resaltar que Google.org anunció una subvención renovada de 2 millones de dólares, esta semana, diseñada específicamente para ayudar a ampliar la labor de salvamento del Trevor Project para nuevas zonas geográficas. Esta subvención haría a Google.org el principal financiador de la labor internacional de la organización.
Adicionalmente, el Trevor Project, fue capaz de construir y personalizar su plataforma de servicios de crisis para México usando Twilio Flex.
En una entrevista de la pasada primavera con NBC News, cuando los ejecutivos de Trevor anunciaron la expansión a México por primera vez, Cristian Gonzalez Cabrera, quien investiga derechos LGBTQ en latinoamérica para Human Rights Watch, le dijo a NBC, que todavía queda “mucho por hacer” y que la expansión del Trevor Project a México iba a ser “muy bienvenida”.
“Los avances legales no siempre se traducen en avances sociales o de vida para las personas LGBTQ+ en la región”, dijo Cabrera refiriéndose al hecho de que el matrimonio del mismo sexo ha sido legalizado en al menos una docena de los 32 estados de México. “México se mantiene como un país conservador en ciertos aspectos y regiones, y las personas LGBTQ+ continuan experimentando todo tipo de discriminación en todos los sectores de vida, ya sea en la educación, atención médica, el mércado laboral, étcetera.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
Ecuador
Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador
Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023
A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.
Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.
Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).
El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.
Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.
Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.
La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.
Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.
#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.
Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm
— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025
“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.
Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.
En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.
El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.
De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.
Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
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