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Latinoamérica debe recuperar el liderazgo en la erradicación de las ‘terapias de conversión’

El lunes es el Día Mundial de Salud Mental

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La diputada chilena Emilia Schneider ha presentado un proyecto de ley que prohibiría las 'terapias de conversión' en el país. (Foto cortesía de Emilia Schneider)

En el Día Mundial de Salud Mental es relevante recordar una de las luchas actuales de las comunidades LGBT+ para vivir plenamente su identidad sin que su salud sea puesta en riesgo: la erradicación total de las mal llamadas “terapias de conversión”. Se trata de una tarea global que requiere, en lo local, de liderazgos políticos y sociales que impulsen normas y políticas públicas que enfrenten esta problemática de manera directa.

Las mal llamadas “terapias de conversión” son todas aquellas prácticas que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona LGBTIQ. Pueden desarrollarse a través de actividades de contenido religioso, tratamientos psicológicos o psiquiátricos, etc. El sustento para estas prácticas está científicamente desacreditado hace mucho tiempo: que el ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero es una enfermad, un defecto o algo que debe de ser cambiado. 

Decimos que está mal referirnos a ellas como “terapias”, pues ese nombre debería ser dado solo a aquellas prácticas que buscan solucionar una enfermedad o un problema. Aquí lo que se quiere cambiar son orientaciones sexuales e identidades de género perfectamente saludables y válidas, por prejuicios y discriminación. Como ha señalado OutRight International en su informe pionero sobre el tema, estas prácticas de conversión se encuentran presente en todos los continentes y son una expresión de la homofobia y transfobia que todavía se encuentran presentes en las sociedades.

El consenso científico es claro: las “terapias de conversión” no funcionan, no se puede cambiar algo que la persona no eligió y que es parte de su naturaleza. Pero ello no las hace inofensivas, por el contrario, pueden generar daños graves a las personas que son sometidas a ellas. Depresión, ansiedad, problemas de autoestima, estrés, entre otras posibles consecuencias negativas para la salud mental de las personas. También puede darse consecuencias para la salud física, cuando estas prácticas de conversión tienen un contenido violento.

Desde las Naciones Unidas, el experto Independiente, Víctor Madrigal-Borloz, ha señalado que por su propia naturaleza las “terapias de conversión” son prácticas crueles, inhumanas y degradantes, y que en algunos casos pueden llegar incluso a ser consideradas formas de tortura. Ha hecho un llamado claro a los Estados para que, como parte de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, realicen todos los esfuerzos para lograr la erradicación de estas prácticas.

En la actualidad son solamente ocho países que cuentan con prohibiciones legales expresas contra las prácticas de conversión y cuatro países con legislación en jurisdicciones subnacionales. A ellos se suma más de una decena que prohíben de manera indirecta algunos aspectos de esta problemática, pero que no cuentan con leyes específicas.

Si bien se debería poder erradicar este tipo de prácticas con las herramientas legales con las que ya cuentan los estados para enfrentar la vulneración de derechos humanos, es importante que los países cuenten con legislación expresa para abordar esta problemática. Una ley expresa permite visibilizar la problemática, ayudando a generar conciencia en la sociedad respecto de los daños a la salud mental y física que este tipo de prácticas pueden generar en quienes son sometidas a ellas.

Incluso en países con congresos de mayoría adversa a la agenda de derechos LGBTIQ, la presentación de este tipo de proyectos de ley es una oportunidad importante para visibilizar el problema y promueve una conversación pública entre actores claves (asociaciones de psicólogos y psiquiatras, colegio médico, líderes religiosos, universidades, sobrevivientes). Así, el proceso legislativo, independientemente de su resultado, termina siendo una herramienta para evitar que más personas acudan a estas “terapias” en base a desinformación o desconocimiento.

Además, una norma expresa norma expresa permite establecer claramente las obligaciones específicas del Estado y sus funcionarios para actuar en cuatro aspectos fundamentales: mecanismos y estrategias de prevención, canales de denuncia, castigo eficaz a los responsables, y atención a los sobrevivientes. La sociedad civil puede estar más vigilante respecto a la actuación de sus instituciones públicas cuando están claramente establecidas cuáles son las tareas que debe de realizar en asuntos críticos como este. 

Entre los países que cuentan con medidas legales claras contra las “terapias de conversión” están Brasil y Ecuador, quienes en su momento se encontraron entre los estados pioneros en abordar esta amenaza. América Latina requiere recuperar ese liderazgo y lograr que sus países cuenten con leyes que aborden de forma integral este asunto y logren la erradicación de estas prácticas.

En Chile, la diputada Emilia Schneider ha presentado un proyecto de ley en esa línea. Mauricio Toro lo hizo previamente en Colombia al final de su mandato, y el nuevo caucus LGBT en el parlamento colombiano ha asumido la tarea. En Guatemala y Perú diputados LGBT vienen trabajando iniciativas legislativas, y el asunto se está conversando con parlamentarios de Uruguay, México y Argentina. En Venezuela, la Federación de Psicólogos se ha pronunciado en contra de estas prácticas y ha pedido a la sociedad actuar contra ellas.

Una pregunta recurrente cuando se habla con legisladores es si este es un problema real en sus países. Muchos de ellos han avanzado notablemente en el reconocimiento de derechos LGBTIQ en los últimos años, y este suena a un asunto anacrónico, sacado de tiempos peores. Lo que sucede es que debido al estigma y otros factores, no existe mucha visibilidad. Sin embargo, una rápida revisión en Internet y redes sociales permite encontrar por lo menos un par de denuncias o testimonios en cada país de la región. No existe sociedad donde todavía haya homofobia y transfobia donde no se manifieste alguna forma de “terapia de conversión”. 

Enfrentar las “terapias de conversión” es un asunto de derechos humanos que no debe ser ignorado. La salud mental de las personas LGBTIQ en la región seguirá en peligro mientras no se logre su erradicación.

Alberto de Belaunde es excongresista peruano y el program advisor de Global Advocacy por OutRight International.

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Comunidad LGBTQ salvadoreña reflexiona sobre las elecciones

El presidente Nayib Bukele se ganó segundo mandato

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(Foto cortesía de Colectivo Alejandría)

SAN SALVADOR, El Salvador – En punto de las 7 a.m. del 4 de febrero, se esperaba que abrieran todos los centros de votación en los diferentes municipios del país, pero por diferentes razones en muchos centros existió un atraso que incluso causo que las Juntas Receptoras de Votos comenzaran su labor pasada las 8 a.m.

Desde primeras horas, muchas personas de la población LGBTQ comenzaron a postear en redes sociales que habían logrado ejercer el sufragio sin ninguna eventualidad. En su mayoría, personas de la población lesbianas, gays y bisexuales, por parte de las personas trans y queer muchas de las organizaciones se tomaron el trabajo de estar al tanto de cómo iba su proceso, ninguna reportó algún inconveniente, también recibieron apoyo y acompañamiento por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Uno de los casos de acompañamiento fue el de Valeria de Aspidh Arcoiris Trans, se le puso énfasis a su caso, pues su DUI ya está con el nombre que se identifica y en el padrón electoral aún no aparecería así. 

“Valeria nos comentó que todo salió bien y recibió acompañamiento de la PDDH”, comentó al Washington Blade Mónica Hernández, directora de Aspidh. 

Así como ellas, las diferentes organizaciones no reportaron casos en donde se impidiera el derecho al voto; incluso el personaje Lady Drag, asistió a su centro de votación en el instituto EXSAL, portando un vestido negro, llevando como cola de este la Constitución de la República de El Salvador con otros libros de escritores nacionales. 

No se le negó el voto, incluso mostró que había votado por Nuevas Ideas para que su voto fuera anulado, todo como una protesta por la pobreza en la educación que existe en el país, esto de acuerdo con sus propias declaraciones dada a los medios. 

Mucha ausencia de personas LGBTQ en las votaciones 

Se observó una interesante diferencia en la afluencia de votantes entre los centros de votación en el extranjero y los ubicados dentro del país. Mientras que los compatriotas en el exterior mostraron una notable participación, los centros de votación locales, experimentaron una menor afluencia, destacando también la escasa participación de la comunidad LGBTQ salvadoreña.

En los centros de votación en el exterior, la presencia de votantes salvadoreños fue notable. 

Las largas filas y la participación activa reflejaron el compromiso de la diáspora con el proceso electoral. Sin embargo, la situación fue diferente en los centros de votación dentro de El Salvador. A pesar de los esfuerzos de concientización por parte de las organizaciones de sociedad civil en general, la participación local fue menor de lo esperado. 

Se evidenció una falta de entusiasmo general, destacando incluso una disminución en la afluencia de la población LGBTQ salvadoreña, quienes no mostraron el mismo interés que en elecciones anteriores. 

“Sinceramente no tenía muchas ganas de ir a votar, pero como dicen que, si luego uno se queja, al menos hice el intento con mi voto de hacer la diferencia”, comenta al Blade Yanet Ríos, una mujer bisexual salvadoreña.

Este contraste plantea preguntas entre las organizaciones LGBTQ, sobre los factores que pueden estar afectando la participación a nivel nacional. 

“Estamos preocupados porque la gente no sale a votar”, platica Hernández. “Vimos noticias, TikTok, los en vivo y los centros de votación no estaban llenos.”

“El discurso simplista de ‘los buenos contra los malos’ reinó sobre las reflexiones sensatas que alertaron durante meses, la consolidación de un sistema profundamente fragmentado, donde la poca confianza alcanzada por parte de las instituciones hacia la población se ha destruido”, aclaró al Blade Bianca Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS. 

Resalta la importancia de explorar estrategias para fomentar la implicación de la población local en futuros procesos electorales, sobre todo porque los mismos partidos políticos no tuvieron la misma presencia en campaña como en elecciones pasadas. Algunas miembros de colectivos LGBTQ comentaron al Blade que ahora los candidatos políticos no se acercaron a las organizaciones de sociedad civil y que el ambiente se sintió como que se daban por perdedores antes de tiempo. 

Resultados en elecciones presidenciales

El 9 de febrero el Tribunal Supremo Electoral finalizó el escrutinio final de las elecciones presidenciales y de diputado, mostrando a Nayib Bukele como ganador con un 82.66 por ciento de los votos totales. Este resultado se dio tras cinco días de las elecciones, debido a múltiples fallos percibidos por el sistema de conteo de votos y transmisión de resultados.

“Pese a todos los esfuerzos institucionales realizados no fue posible concluir de la manera esperada. Algunos inconvenientes dificultaron que la trasmisión fluyera como se tenía previsto”, dijo en conferencia de prensa después de los comicios la magistrada Dora Martínez, presidenta del TSE.

Así con 2,7 millones de votos de un total de 3,2 millones, Bukele ganó la presidencia por segunda vez. Manuel Flores, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quedó en segundo puesto con un 6,25 por ciento de la votación y Joel Sánchez, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), obtuvo 5,44 por ciento de acuerdo con el escrutinio final.

“No podemos hablar de una fiesta cívica ni democrática cuando las reglas del juego no son las mismas para todos los jugadores o cuando el aparataje estatal beneficia a unos sobre otros; donde primero se impone el resultado y después se configura el proceso”, expresó Rodríguez, haciendo alusión a la autoproclamasión como ganador que realizó Bukele en el Palacio Nacional, por la noche del 4 de febrero, sin tener resultados del escrutino final. 

Rodríguez además menciona que la poblaciones que históricamente han sido desatendidas, continúan siendo las más vulnerables y las que son invisibilizadas en las propuestas de los candidatos, ya que estás son inexistentes para hablar sobre la población LGBTQ.

Ahora comenzarán el conteo para el escrutinio final de las elecciones legislativas, de las cuales el partido Nuevas Ideas espera obtener la mayoría, para dar seguimiento al trabajo como lo han venido haciendo hasta ahora. 

Ante este escenario, Hernández ve complicado tener expectativas positivas con los resultados obtenidos. 

“Esperamos que nuestros gobernantes que finalmente sean los que se establezcan, nos representen como sector que existe y que merece un trato digno y respetuoso a nuestras orientaciones e identidades diversas”, expresa. 

Aspidh de acuerdo con Hernández, están enfocando su trabajo en formar a la población.

“Para nosotras es súper importante el tema de la de la creación de una escuela de formadores políticos”, expresa Rodríguez. “De esta manera se puede esperar que exista más involucramiento de la población en próximas elecciones y generar cambios desde el conocimiento y la participación.” 

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La CIDH señala la preocupante violencia que sufren las personas trans en las Américas

El organismo destaca las cifras brutales

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(Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Se publicó esta nota en su sitio web el 4 de febrero.

Publicado originalmente en Escándala.

La CIDH tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La comisión apunta en su comunicado que la violencia perpetrada contra las personas trans representa una flagrante violación de los principios fundamentales de derechos humanos y requiere que los Estados miembros adopten con urgencia medidas concretas para prevenir la discriminación y violencia en contra de personas trans y de género diverso.

El organismo destaca las cifras brutales de las violencias que viven y enfrentan las personas trans en los diferentes países que integran Las Américas.

El caso México

En su comunicado, la CIDH apunta que en México, en lo que va de 2024, se han monitoreado al menos cinco muertes violentas y dos agresiones no letales, incluyendo casos de personas activistas, defensoras o con liderazgos públicos, como lo fueran Miriam Ríos Ríos, comisionada municipal del partido Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán, y Samantha Fonseca, activista y excandidata, en Ciudad de México. Además del caso de le magistrade Ociel Baena.

Brasil, Colombia, Perú y México son los países que más casos registrados tienen de violaciones y asesinatos cometidos en contra de personas de las poblaciones LGBTQ, en especial hacia las mujeres trans.

En Brasil, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023 se habían documentado al menos 98 personas trans asesinadas. 

En Colombia, según datos de diciembre, fueron asesinadas hasta 24 mujeres trans durante el 2023.

Entre los meses de enero y febrero, más de diez mujeres trabajadoras sexuales fueron asesinadas en Perú, varias de ellas mujeres trans. 

En Ecuador, hasta junio de 2023 se registraron por lo menos seis asesinatos de mujeres trans. 

En Panamá, en agosto, se tuvo conocimiento de la brutal y particularmente cruel golpiza sufrida por una mujer trans por parte de un particular, quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y se encuentra siendo procesado penalmente. 

En Chile, en septiembre, la CIDH tuvo conocimiento del asesinato y desmembramiento de una persona transmasculina y, en octubre, una adolescente trans migrante colombiana de 16 años fue asesinada en la ciudad de Santiago. 

En noviembre, entre el día 8 y 11, la CIDH recibió informaciones sobre dos asesinatos de mujeres trans en Honduras y de otras dos en Venezuela.  

La CIDH condena la violencia perpetrada contra personas LGBTQ defensoras de derechos humanos y las muertes violentas de activistas trans y de género diverso, entre ellas Diana Zoe López García en Argentina, asesinada por su pareja a confesión de parte ante autoridades competentes y en el marco de un proceso judicial.

El organismo señala que es preocupante la falta de datos oficiales, que siguen siendo producidos mayoritariamente por la sociedad civil, así como el subregistro de denuncias de violencia por prejuicios. 

Con datos del registro global Transrespect vs Transfobia de TGEU (Transgender Europe), entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se documentaron 321 casos de asesinatos de personas trans, de los cuales 269 fueron atribuidos a la región de las Américas.

El órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos señala que es imperativo que los Estados implementen políticas públicas y medidas concretas destinadas a prevenir la violencia basada en la identidad de género y desarrollen políticas públicas, leyes y protocolos que protejan a las personas trans de la discriminación y la violencia. 

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Activistas LGBTQ se preparan para elecciones en El Salvador

Se realizarán las elecciones presidenciales, legislativas el 4 de febrero

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador   En la víspera de las elecciones en El Salvador, presidenciales y diputación el 4 de febrero, alcaldes y diputados a PARLACEN el 3 de marzo, la nación centroamericana se encuentra en una encrucijada política que amenaza con socavar aún más los cimientos democráticos. La sombra del autoritarismo se cierne sobre el proceso electoral, planteando interrogantes sobre el futuro los derechos de la comunidad LGBTQ en un escenario político donde la pluralidad y la inclusión podrían quedar en segundo plano.

En las últimas décadas, El Salvador ha experimentado un complicado trayecto hacia la consolidación de su sistema democrático. A pesar de los avances notables, la persistente amenaza del predominio de un solo partido político vuelve a poner a prueba la resistencia de las instituciones democráticas y sus garantías de representación.

Existe una creciente preocupación entre los observadores políticos y activistas de derechos humanos sobre la posibilidad de que el actual partido en el poder asegure una vez más un dominio ininterrumpido. La falta de una competencia política real y la polarización cada vez más marcada amenazan con consolidar un poder hegemónico que podría tener consecuencias significativas para diversos sectores de la sociedad.

La voz olvidada: El impacto en la comunidad LGBTQ

En medio de esta incertidumbre política, la comunidad LGBTQ se encuentra en una posición particularmente vulnerable. A pesar de avances en la lucha por la igualdad y la diversidad, existe el temor de que las cuestiones relacionadas con los derechos LGBTQ sean nuevamente relegadas al olvido en el escenario político actual, tal como sucedió con el accionar de gobiernos pasados.

“El FMLN mostró cierta apertura cuando estuvo dentro del gobierno, pero no pasó más, en su momento hubieran tenido la oportunidad de poder apoyar a la población LGBT”, comentó al Washington Blade Fany Meléndez, una activista independiente. 

El Salvador ha tenido pequeños avances para reconoce y proteger los derechos de la población LGBTQ, pero la implementación efectiva y la garantía de un entorno inclusivo siguen siendo desafíos pendientes. Solo se contaba con algunos protocolos de atención que, de acuerdo con activistas, “han quedado en desuso” y la reforma al Código Penal para agravar las penas de cárcel a quienes cometan el delito de homicidio o amenazas motivadas por odio o intolerancia a la expresión de género u orientación sexual.

La posibilidad de un retorno a políticas conservadoras y la falta de representación significativa para la comunidad LGBTQ plantean serias interrogantes sobre la preservación de los avances logrados hasta ahora.

“El Tribunal Supremo Electoral (TSE), tocaba también el tema LGBTI dentro de sus spots publicitarios; hoy lo vemos como un poquito más tenue”, habla con el Blade Karla Guevara, la secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTIQ de El Salvador, haciendo referencia a uno de los retrocesos que se perciben.

Las nuevas candidaturas y las del partido político en gobierno, no muestran una apertura a tocar temas referentes a la población LGBTQ y que esto se refleje en sus plataformas. 

“No nos vemos incluidas dentro de sus plataformas, o apoyo a ningún tipo de política”, agrega Guevara. “No vemos si hay un apoyo a la Ley de Identidad de Género o a las uniones civiles de parejas del mismo sexo u otro tipo de políticas”. 

La participación de candidaturas dentro de los partidos políticos también se ha disminuido en estas elecciones, las pocas existentes no han tenido la visibilidad como las que obtuvo en las pasadas elecciones a diputado que tuvo Erick Ortiz por el partido Nuestro Tiempo.

“Brenda Rosales en el partido de Nuevas Ideas, sabemos que compitió en las internas, pero no pasó, nos preocupa más los ataques de odio que ella sufrió en la participación que tuvo, no solo por fuera, sino de la misma gente de su partido”, expresó Guevara. 

El presidente de El Salvador Nayib Bukele (Foto cortesía del gobierno de El Salvador)

Observación y participación

Es crucial que la comunidad internacional siga de cerca los acontecimientos en El Salvador y mantenga una postura firme en defensa de la democracia y los derechos humanos. La presión externa puede desempeñar un papel crucial en la protección de las minorías y la promoción de un entorno inclusivo y respetuoso de la diversidad.

A pesar de ya no contar con una mesa de dialogo dentro de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, esta entidad está en contacto con algunas de las organizaciones de sociedad civil, para tener contacto de algunas bases de la organización y dar seguimiento a su participación en los próximos comicios. 

“Nos piden el contacto de cuatro personas y ellos le dan seguimiento a su participación. Nosotros le damos seguimiento al resto de la base social, primero hacemos la consulta si van a ir a votar y la importancia de hacerlo y luego si necesitan apoyo, después estamos al tanto de cómo les fue”, cuenta al Blade Joshua Navas, director ejecutivo de Generación HT El Salvador.

Por su parte la Federación Salvadoreña LGBTIQ tiene una campaña en redes sociales incentivando al voto de su población, además, han habilitado un número de WhatsApp para hacer las denuncias correspondientes que se den con las Juntas Receptoras de Votos el día de las elecciones.

“A veces su Documento Único de identidad no concuerda con la expresión de género, entonces hemos habilitado la línea del 7888 0765, para poder tomar la denuncia y poder después presentar esto como una estadística de lo sucedido”, cuenta Guevara. 

En medio de la incertidumbre

A algunas organizaciones y activistas les preocupa la criminalización y persecución que se da a defensores de derechos humanos, “nosotros hemos bajado del perfil en redes sociales, ahora ya no se opina de temas de forma directa, por el temor que existe”, agrega Navas. 

“No vemos realmente si hay un apoyo a la Ley de Identidad de Género, si hay un apoyo a las uniones civiles de pareja del mismo sexo u otro tipo de políticas, no vemos nada de eso”, menciona de manera preocupante Guevara. 

En este clima político tenso, la comunidad LGBTQ y sus aliados enfrentan el desafío de preservar y ampliar los avances logrados hasta ahora. La esperanza reside en la resistencia de las voces que defienden la democracia, la inclusión y la igualdad. A medida que El Salvador se encamina hacia las elecciones, el llamado a la acción resonará en la conciencia colectiva, recordándonos que la lucha por la justicia y la diversidad es una responsabilidad compartida. Y las organizaciones de sociedad civil, no perderán de vista la lucha por el cumplimiento 

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