SAN SALVADOR, El Salvador — “A los 16 años, mi papá me echó”. Esa frase directa, sin adornos ni concesiones, es parte de una de las historias más impactantes del libro “Historias de vida desde los cuerpos y territorios de la disidencia LGBTIQ+”, presentado el 23 de enero. El testimonio pertenece a Estrella Cerón, mujer trans salvadoreña, cuya vida quedó marcada por la expulsión familiar y la violencia cotidiana ejercida contra su identidad.

Estrella relata que fue descubierta abrazando a un muchacho en la panadería que pertenecía a su familia, lugar donde también trabajaba. La respuesta fue inmediata: no le permitieron cambiarse de ropa ni llevar sus pertenencias. Salió “sucia, con olor a grasa, sin zapatos”. Su padre lloró al verla irse, pero no la detuvo. “Así ándate”, le dijo. Ese episodio no solo marcó su historia personal, sino que hoy se convierte en un reflejo de una realidad compartida por muchas personas trans en El Salvador y la región.

Durante la presentación del libro, Cerón tomó la palabra y compartió lo que significó volver a su historia frente a otras personas. Reconoció que no fue un proceso sencillo, pues implicó enfrentarse a recuerdos profundamente dolorosos.

“Fue doloroso hablarlo, sentí como un muro que fui rompiendo a poco a poco, saliendo adelante y pues hasta el día de hoy me siento más empoderada y más fuerte”, expresó. Sus palabras resonaron entre las y los asistentes, evidenciando que narrar la propia vida puede convertirse en un acto de sanación y afirmación personal.

Este momento público subrayó uno de los ejes centrales del proyecto: el derecho de las personas LGBTQ a contar sus historias en sus propios términos, sin miedo y con dignidad.

Rostros de la Equidad: un proyecto regional de memoria y justicia

La presentación de las publicaciones se realizó en el marco del proyecto Rostros de la Equidad, impulsado por COMCAVIS TRANS, con el apoyo de OIKOS y la Embajada de Canadá en El Salvador. El evento reunió a activistas, representantes de organizaciones sociales, cooperación internacional y público en general.

Como parte de este proyecto se presentaron dos materiales: el libro “Historias de vida desde los cuerpos y territorios de la disidencia LGBTIQ+” y el glosario vivencial y de conceptos sobre la diversidad sexual y de género. Ambos productos buscan aportar a la visibilización, sensibilización y defensa de los derechos humanos de las personas LGBTQ en Centroamérica.

El proyecto se concibió como un proceso colectivo, regional y participativo, en el que las voces protagonistas fueran las de quienes históricamente han sido marginadas.

El libro de historias de vida se distancia de la lógica del simple recopilatorio de testimonios. Tal como lo expresa su prólogo, se trata de “un acto de memoria, reparación, justicia personal y colectiva”. Su objetivo es mostrar voces que han resistido al silencio y al miedo, y que hoy deciden narrar sus verdades.

Las historias incluidas atraviesan experiencias de expulsión familiar, discriminación, violencia institucional, migración forzada y exclusión social. Sin embargo, también dan cuenta de procesos de resistencia, organización comunitaria, reconstrucción personal y esperanza.

En ese equilibrio entre dolor y dignidad, el libro se convierte en una herramienta política y pedagógica que interpela a la sociedad y a las instituciones.

Junto al libro se presentó el glosario vivencial y de conceptos sobre la diversidad sexual y de género, una propuesta que busca ir más allá de las definiciones tradicionales. El glosario no se limita a explicar términos, sino que los conecta con experiencias reales de personas LGBTQ.

Cada concepto está atravesado por el derecho a la identidad, el reconocimiento y la dignidad. De esta forma, las palabras dejan de ser etiquetas para convertirse en relatos vivos que reflejan cuerpos, territorios e historias concretas.

Las organizaciones impulsoras señalaron que el glosario pretende ser una herramienta accesible para procesos formativos, educativos y comunitarios, aportando a una comprensión más humana de la diversidad sexual y de género.

El respaldo internacional y el valor de la resistencia

Durante la presentación, la embajadora de Canadá en El Salvador, Mylène Paradis, reconoció el trabajo de COMCAVIS TRANS, OIKOS y de todas las personas que hicieron posible Rostros de la Equidad.

“Las historias de vida reunidas en este libro nos recuerdan que resistir no es solo sobrevivir, sino también afirmar la propia existencia, reclamar derechos y construir esperanza incluso en contextos adversos”, afirmó Paradis, destacando la importancia de apoyar iniciativas que promueven la justicia social y los derechos humanos.

Su intervención subrayó el valor político de la memoria y el papel de la cooperación internacional en el acompañamiento de procesos liderados por organizaciones locales.

Un proceso regional de escucha y construcción colectiva

El libro y el glosario son el resultado de una consulta a 10 personas LGBTQ: cuatro de Guatemala, dos de El Salvador y cuatro de Honduras. Además, se realizaron grupos focales en cada uno de estos países para profundizar en las experiencias compartidas.

El proceso inició en agosto de 2024 y concluyó con la presentación pública de los resultados en enero de 2026. Para las organizaciones participantes, este trabajo evidenció la necesidad de generar espacios seguros de escucha y diálogo en la región.

La dimensión regional del proyecto permite identificar patrones comunes de violencia, pero también estrategias compartidas de resistencia y organización.

Georgina Olmedo, encargada del área de formación y nuevos liderazgos de COMCAVIS TRANS El Salvador, destacó que el libro busca reconocer las historias que atraviesan las personas LGBTQ.

“Son historias marcadas por la resistencia, la dignidad, el aprendizaje y toda la esperanza”, señaló, subrayando que muchas de estas vivencias continúan siendo invisibilizadas en el discurso público.

Para Olmedo, visibilizar estas narrativas es un paso necesario para transformar las realidades de exclusión y violencia que enfrenta esta población.

Escuchar sin juzgar: el valor del acompañamiento

Desde OIKOS, Jason García resaltó que el libro incluye voces de Guatemala y Honduras, lo que le otorga un carácter regional. Señaló que fue un honor conocer historias de personas que se atrevieron a contar lo que nunca antes habían contado.

García explicó que muchas de las personas participantes expresaron estar cansadas de ocultar quiénes son y que, durante el proceso, encontraron por primera vez espacios donde fueron escuchadas sin ser juzgadas.

“Cada historia que se comparte es un recordatorio de que ninguna violencia puede apagar la dignidad de una persona”, afirmó, destacando los procesos de sanación y reconstrucción que emergen incluso en contextos adversos.

Marielos Handal, integrante del equipo de OIKOS que acompañó la investigación, compartió una reflexión sobre los retos que implicó construir estas publicaciones. Las entrevistas, explicó, dejaron nudos en la garganta, silencios densos y muchas preguntas abiertas.

Entre ellas, cómo continuar escribiendo después de escuchar relatos de abandono, rechazo y violencia sistemática; cómo narrar sin revictimizar, sin simplificar ni maquillar la verdad, pero tampoco explotarla.

Estas preguntas atravesaron todo el proceso editorial, marcando el cuidado con el que se construyeron tanto el libro como el glosario, priorizando siempre la dignidad de las personas participantes.

Palabras que se convierten en dignidad colectiva

La presentación cerró con un llamado a leer estas publicaciones no desde la lástima, sino desde la responsabilidad colectiva de reconocer las deudas históricas con las personas LGBTQ en Centroamérica.

Historias de vida desde los cuerpos y territorios de la disidencia LGBTQ y su glosario vivencial se consolidan como documentos necesarios en un contexto marcado por la exclusión, pero también por la lucha, la memoria y la esperanza.

En cada relato, como el de Cerón, queda claro que narrar la propia historia es un acto profundamente político: contar lo vivido no borra el dolor, pero lo transforma en palabra, memoria y dignidad compartida.

Multiple high-ranking members of Congress reintroduced the Commission on Equity and Reconciliation in the Uniformed Services Act into the U.S. House of Representatives and the U.S. Senate, aiming to establish a commission to investigate discriminatory policies targeting LGBTQ military members.

Three leading Democratic members of Congress — U.S. Rep. Mark Takano (D-Calif.), who is the House Veterans’ Affairs Committee’s ranking member and chairs the Congressional Equality Caucus; U.S. Sen. Richard Blumenthal (D-Conn.), who is the Senate Veterans’ Affairs Committee’s ranking member; and U.S. Rep. Sara Jacobs (D-Calif.) — introduced the bill on Tuesday.

The bill, they say, would establish a commission to investigate the historic and ongoing impacts of discriminatory military policies on LGBTQ servicemembers and veterans.

This comes on the one-year anniversary of the Trump-Vance administration’s 2025 Executive Order 14183, titled “Prioritizing Military Excellence and Readiness,” which essentially banned transgender servicemembers from openly serving in the Armed Forces, leading to the forced separation of thousands of capable and dedicated servicemembers.

In a joint statement, Takano, Blumenthal, and Jacobs shared statistics on how many service members have had their ability to serve revoked due to their sexual orientation:

“Approximately 114,000 servicemembers were discharged on the basis of their sexual orientation between WWII and 2011, while an estimated 870,000 LGBTQ servicemembers have been impacted by hostility, harassment, assault, and law enforcement targeting due to the military policies in place,” the press release reads. “These separations are devastating and have long-reaching impacts. Veterans who were discharged on discriminatory grounds are unable to access their benefits, and under the Trump administration, LGBTQ+ veterans and servicemembers have been openly persecuted.”

The proposed commission is modeled after the Congressional commission that investigated and secured redress for Japanese Americans interned during World War II. Takano’s family was among the more than 82,000 Japanese Americans who received an official apology and redress payment under that commission.

The press release notes this is a major inspiration for the act.

“Qualified servicemembers were hunted down and forced to leave the military at the direction of our government,” said Takano. “These practices have continued, now with our government targeting transgender servicemembers. The forced separation and dishonorable discharges LGBTQ+ people received must be rectified, benefits fully granted, and dignity restored to those who have protected our freedoms.”

“LGBTQ+ servicemembers have long been the target of dangerous and discriminatory policies—resulting in harassment, involuntary discharge, and barriers to their earned benefits,” said Blumenthal. “Establishing this commission is an important step to understand the full scope of harm and address the damage caused by policies like ‘Don’t Ask, Don’t Tell.’ As LGBTQ+ servicemembers and veterans face repugnant and blatant bigotry under the Trump administration, we will keep fighting to secure a more equitable future for all who serve our country in uniform.”

“Instead of righting wrongs and making amends to our LGBTQ+ service members and veterans who’ve suffered injustices for decades, I’m ashamed that the Trump administration has doubled down: kicking trans folks out of the military and banning their enlistment,” said Jacobs. “We know that LGBTQ+ service members and veterans have faced so much ugliness — discrimination, harassment, professional setbacks, and even violence — that has led to unjust discharges and disparities in benefits, but we still don’t have a full picture of all the harm caused. That needs to change. That’s why I’m proud to co-lead this bill to investigate these harms, address the impacts of discriminatory official policies like ‘Don’t Ask, Don’t Tell’ and the transgender military ban, and ensure equity and justice for our LGBTQ+ service members and veterans.”

Takano and Jacobs are leading the bill in the House, while Blumenthal is introducing companion legislation in the Senate.

Takano’s office has profiled and interviewed LGBTQ servicemembers who were harmed by discriminatory policies in the uniformed services.

The Commission on Equity and Reconciliation in the Uniformed Services Act is supported by Minority Veterans of America, Human Rights Campaign, Equality California, SPARTA, and the Transgender American Veterans Association.

In recent weeks, thousands of trans military members were forcibly put into retirement as a result of Trump’s executive order, including five honored by the Human Rights Campaign with a combined 100 years of service, all due to their gender identity: Col. Bree B. Fram (U.S. Space Force), Commander Blake Dremann (U.S. Navy), Lt. Col. (Ret.) Erin Krizek (U.S. Air Force), Chief Petty Officer (Ret.) Jaida McGuire (U.S. Coast Guard), and Sgt. First Class (Ret.) Catherine Schmid (U.S. Army).

Multiple career service members spoke at the ceremony, including Takano. Among the speakers was Frank Kendall III, the 26th U.S. Air Force secretary, who said:

“We are in a moment of crisis that will be worse before it is better. Members of my father’s and mother’s generation would ask each other a question: what did you do during the war? Someday we will all be asked what we did during this time. Please think about the answer that you will give.”

After being ousted from military service, Col. Bree Fram — once the highest-ranking openly transgender officer in the Pentagon — is now running for Congress.

Fram, who lives in Reston, Va., brings more than two decades of public service to her campaign. From the battlefield to the halls of the Pentagon, she spent more than 20 years working inside the federal government, often advocating for LGBTQ people and other marginalized communities from within the system.

Fram spoke with the Washington Blade about her decision to run amid sustained attacks against her — and against the LGBTQ community more broadly — from the Trump-Vance administration and far-right officials.

She said her commitment to public service began more than 22 years ago, shaped in large part by watching the Sept. 11, 2001, terrorist attacks.

“I had grown up expecting that there was this beautiful American peace stretching into the world for the foreseeable future, and that kind of image was shattered,” Fram told the Blade. “I realized that there was a continuous price to be paid to protect our democracy, to protect our freedoms. To be able to play a small part in defending those freedoms was incredibly important to me — to be part of something larger than myself.”

Commissioned through the U.S. Air Force Officer Training School in 2003, Fram served as an astronautical engineer and rose to the rank of colonel in the U.S. Air Force before later serving in the U.S. Space Force. She remained on active duty until 2025, when she was forced out following the Trump-Vance administration’s reinstated ban on trans military service.

Fram has been married for 20 years to her spouse, Peg Fram, and they have two children.

Beyond her military service, Fram has long been involved in advocacy and leadership. She has been a member of SPARTA, a trans military advocacy organization, since 2014, served on its board of directors beginning in 2018, and was president of the organization from 2021-2023.

Most recently, Fram served as chief of the Requirements Integration Division at Headquarters, Space Force, and as co-lead of the Joint Space Requirements Integration Cell in collaboration with the Joint Staff. Previously, she was chief of the Acquisition Policies and Processes Division for the assistant secretary of the Air Force for space acquisition and integration.

Earlier in her career, Fram served as a materiel leader at the Air Force Research Laboratory, overseeing the development of counter-small unmanned aerial systems and offensive cyberspace technologies in support of Pentagon and intelligence community priorities, managing an annual budget exceeding $100 million.

Her previous assignments also included oversight of Air Force security cooperation in four strategically significant Middle Eastern countries and 258 foreign military sales cases valued at $15.79 billion; serving as executive officer to the Air Force director of strategic plans, where she helped integrate the 30-year, $3.6 trillion Air Force Plan; a legislative fellowship on Capitol Hill with then-U.S. Del. Madeleine Bordallo (D-Guam), handling military, veterans, and foreign affairs issues; and a program management role at the National Reconnaissance Office, where she led a $700 million multi-agency engineering and IT contract overseeing more than 500 personnel and supporting $40 billion in assets.

Fram also directed 24/7 worldwide operations and maintenance of mission data processing for space-based and airborne national intelligence assets and co-led the Department of the Air Force’s LGBTQ+ Initiatives Team and Barrier Analysis Working Group from 2023-2025.

She holds a master’s degree from the Air Force Institute of Technology and is a distinguished graduate of the Naval War College. Fram deployed in support of Operation Iraqi Freedom, where she worked on airborne counter-improvised explosive device technologies.

In January, Fram, alongside four other trans military officers, was given a special retirement ceremony by the Human Rights Campaign — a direct result of President Donald Trump’s 2025 Executive Order 14183, titled “Prioritizing Military Excellence and Readiness.” The policy directed the Pentagon to adopt measures prohibiting trans, nonbinary, and gender-nonconforming people from serving in the military.

Under Virginia’s current congressional maps, Fram would challenge Congressman James Walkinshaw in a Democratic primary in the 11th Congressional District, which includes the city of Fairfax and most of Fairfax County. However, the district’s boundaries could change pending ongoing redistricting discussions in the state.

Fram emphasized that her decades working within the executive branch shaped her understanding of what it means to take — and uphold — an oath to the Constitution, even when those in power later forced her out of service solely because of her identity, not her performance.

“Through 23 years of service, I learned what it meant to fulfill that oath to the Constitution, and I wanted to continue serving,” she said. “But when this administration came in and labeled me and others like me ‘dishonorable’ and ‘disciplined liars who lack the humility required for military service,’ it hit hard. When the Supreme Court then agreed to let the administration fire all of us, I had to figure out what would allow me to continue my service in a way that was meaningful and lived up to that oath.”

After being told she would have to retire from a career she describes as her life’s calling, Fram said she began searching for another way to serve — a path that ultimately led her to run for Congress.

“I had done the work over the past couple of decades to understand the America that I believe in, that America I believe we all can be,” Fram said. “That’s where this decision came from. I believe I can fight back and fight forward for Virginians — with the knowledge I have and with a vision of the America we can be.”

That vision, she said, is one that has yet to be fully realized — despite decades of promises from Democratic leaders across all branches of government.

“This is about protecting our fundamental rights — freedom of speech, freedom to assemble, bodily autonomy, a woman’s right to choose, and the ability for queer people to live our best lives,” Fram said. “Right now, our government is throwing barriers up in front of many people. They’re strengthening them, building walls higher, and actively damaging lives.”

Fram said her leadership philosophy was shaped by watching strong, effective leaders during her time in the Air Force and Space Force — leaders who reinforced her belief that true leadership means expanding opportunity, not restricting it.

“Leadership is about tearing barriers down — not climbing over them and forcing others to suffer through the same things,” she said. “It’s about making sure the people coming up behind us have even more opportunity to go further, faster. How do we be better tomorrow than we are today? How do we fulfill our founding promise of life, liberty, and the pursuit of happiness?”

One way Fram said Congress could help dismantle those barriers is by passing the Equal Rights Amendment, enshrining constitutional protections for all people — particularly LGBTQ Americans.

“Getting the Equal Rights Amendment into the Constitution is absolutely critical to the future of queer rights,” she said. “Voting rights must also be clearly protected.”

Protecting democracy itself is also among her top priorities, Fram said.

“We need to take control of the House so we can put real checks on this administration,” she said. “That allows the American people to see how this administration is actively making their lives worse and less affordable — and it’s how we ultimately throw them out and get back to making life better.”

Fram said her experience working under four presidents — including during Trump’s first term — reinforced her belief that opposition to efforts curtailing civil liberties is essential.

“The primary thing we can do to protect democracy is to get rid of this administration,” she said. “Taking control of the House gives us true investigative power. Under every rock, there is likely an impeachable offense because they are failing to faithfully execute the laws of the United States.”

For her, the message Trump is sending is clear — he and others close-minded to the LGBTQ community are threatened by the possibility of what someone truly dedicated to service can become.

“One of the reasons this administration had to throw us out and silence us was because we were an example of what was possible. We shined so brightly by meeting or exceeding every standard that they couldn’t hide us away by any other means except kicking us out.”

Fram acknowledged that her identity has been a political target since 2016, but said those attacks have never been grounded in her ability to lead or accomplish complex missions over more than two decades of service.

“If others want to attack me on my identity, I welcome it,” she said. “I’m focused on whether people can afford groceries or feel safe in their communities.”

“I’m happy to be a lightning rod for those kinds of attacks,” she added. “If it allows Democrats to advance an agenda that makes life better for Americans, they can come after me all day long. They attacked me while I was in the military, before I was ever running for office.”

On policy, Fram said affordability, health care, and safety are at the center of her agenda.

“No one should be afraid to go to the doctor or fear surprise medical bills that put them into debt,” she said. “Every American deserves access to affordable, high-quality health care.”

She also emphasized a willingness to work across party lines — even with those who previously politicized her identity — if it means delivering results for constituents.

“If someone wants to work together to make people’s lives better, I’ll work with them,” she said. “If they want to come after me based on who I am, they can waste their energy on that.”

Asked how she defines hope in the current political moment, Fram rejected the idea of passive optimism.

“Hope isn’t naive optimism,” she said. “Hope is doing the work — engaging people and bending the moral arc of the universe toward justice.”

She added that representation itself can be transformative.

“Just being in Congress changes the narrative,” Fram said. “It lets a kid say, ‘Oh my God — I could do that too.’”