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Viviendo una ‘pesadilla americana’
Colaborador del Blade describe el centro de detención en Luisiana como infierno

Nota del editor: Yariel Valdés González es colaborador del Washington Blade, que solicita asilo político en Estados Unidos.
Valdés ha descrito las condiciones en el Bossier Parish Medium Security Facility en Plain Dealing, Luisiana, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como una violación de derechos humanos. Una portavoz de ICE en respuesta de las acusaciones anteriores de Valdés dijo que su agencia “está comprometida a defender un sistema de detención de inmigrantes que prioriza la salud, la seguridad y el bienestar a todos que están bajo nuestra custodia, incluyendo lesbianas, gays, bisexuales, trans y personas intersex”.
El Blade recibió la nota de opinión de Valdés el 29 de junio.
PLAIN DEALING, Luisiana — El sueño americano de vivir en absoluta libertad, a salvo de las amenazas, persecución, violencia, tortura psicológica y hasta la muerte que me ha impuesto la dictadura de Cuba por mis labores periodísticas se me deshizo entre las manos apenas arribí a Luisiana. Los cubanos que aquí también solicitan la protección del gobierno estadounidense me recibieron en Bossier Parish Medium Security Facility con una irónica sorpresa. Abrieron los brazos y me dijeron: ¡”Bienvenido al Infierno”!
Apenas podía creer que acumulaban nueve, 10 y hasta 11 meses pidiéndose, a la espera de una respuesta positiva de sus casos por parte de las autoridades migratorias.
Yo, llegaba borracho de ilusión, pues una oficial de asilo que me había entrevista en el Tallahatchie County Correctional Facility en Tutwiler, Misisipí, el 28 de marzo había determinado que sufría de un “miedo creíble de persecución o tortura” en Cuba y solo bastaba una primera audiencia con un juez de inmigración para obtener mi libertad condicional y continuar mi proceso en libertad, tal como lo establece la ley estadounidense, pero estaba equivocado. Otra vez las voces de los coterráneos se encargaron de apagar la esperanza: “¡De Luisiana no sale nadie”!
Bastaron unos minutos para que mi sueño, como el de muchos otros, se tornara pesadilla. Fue así que los más de 30 migrantes que llegamos la tarde del 3 de mayo a Luisiana, procedentes de Misisipí luego de más de un mes recluidos en Tallahatchie, nos sumergimos en una profunda depresión, que aún hoy continúa. Solo las lágrimas debajo de la cobija, cuando nadie se ve, logran limpiar por unos minutos mi desesperación y luego, si instala otra vez en mi pecho al pensar en mi familia, que aún recibe en Cuba amenazas de cárcel y muerte por parte de la dictadura cubana por mi trabajo con “los medios del enemigo”. De regreso, solo eso me espera. Observo entonces el panorama en Luisiana y temo cada vez más. No logro divisar una salida. Preso aquí, preso si retorno. Me siento acorralado.
Violación de sus propias leyes
A los pocos días de estar en Luisiana me di cuenta que aquí es la subjetividad de quien toma las decisiones la que decide, no la objetividad ni el apego a la legislado. Luisiana viene siendo un perdido paraje de la geografía “gringa” al cual nadie parece mirar, o al contrario, es una estrategia fríamente calculada pero que triunfe el autoritarismo, el abuso de poder o la intransigencia. No sé que pensar.
No pocos aquí han llegado a la conclusión de que Estados Unidos ha hecho de los migrantes su nuevo negocio, pues mantener por tanto tiempo a miles de migrantes asegura el trabajo de cientos de empleados y abogados, así como deja jugosas ganancias para las prisiones que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) contrata.
Lo que si está claro es que el gobierno prefiere despilfarrar más de 60 dólares diarios por migrante que ponenos en libertad bajo su propia supuesición.
“Luisiana es un estado antiinmigrante”, así me dice Arnaldo Hernández Cobas, un cubano de 55 años que acumula 11 meses en su proceso de asilo. “No es posible que de los miles de personas que pasan por el proceso nadie salga victorioso”. Hernández me cuenta que durante su encierro ni un solo día ha sido supervisado por agentes del ICE y jamás ha visto al oficial deportador.
“No sé si ha permitido desecho a fianza”, dice Arnaldo. “El juez Grady A. Crooks afirma que no clasificamos para eso y los que clasifican no se las otorga porque pueden fugarse. Esto solo sucede en este estado porque en otros lugares salen a los migrantes pelear sus casos afuera después de pagar una cuota”.
Otra de las vías para obtener la libertad condicional es a través del parole, un beneficio que el Estado brinda a los solicitantes que ingresaron legalmente al país y fueron encontrados creíbles de sufrir, persecución o tortura en sus países de origen. “Para concederlo, el ICE pide una serie de documentos que los familiares deben enviarles, pero lo que está sucediendo es que no dan tiempo suficiente para hacerlo”, sostiene Arnaldo.
Exactamente así sucedió conmigo.
Mi familia logró enviar los documentos al otro día de recibir mi parole para mi entrevista, programada para el día siguiente. Sin embargo, ICE denegó mi parole por “no probar que no soy un peligro para la sociedad”. Seguro estoy que ni siquiera valoraron mi caso.
Dentro del parole hay historias que rozan lo absurdo, pues muchos migrantes han recibido su propuesta de parole el mismo día que debían entregar los documentos. Y entonces uno siente cómo ICE se burla en tu cara y se te disparan los niveles de impotencia al máximo. La concesión del parole resulta un nuevo trámite que ICE debe completar, pero no pasa de ahí. Utilizan esta y otras mañosas estrategias para “quedar bien” ante los ojos de la ley y de paso retienen por meses a las solicitantes de asilo, los introducen a juicios que no ganarán, empujando a la deportación a aquellos que no desistan la presión del encierro, sin valorar apropiadamente el riesgo que implicaría para sus vidas el retorno a sus países natales.
Lo que sucede es que si ICE concede el parole, está en la obligación de liberarnos a los pocos días, y ya sabemos que ellos no quieren eso. Su propósito es mantenernos encerrados a toda costa.
“La cruel ironía es que la mayoría de los solicitantes de asilo que siguen la ley y se presentan en los puestos de entrada oficiales, no tienen dependo a pedirle a un juez de inmigración su liberación de custodia”, declaró Laura Rivera, una abogada del Southern Poverty Law Center, una institución que provee de asistencia legal a los inmigrantes, en un artículo se titula “Atrapados en el ‘Infierno’: Solicitantes de asilo cubanos perecen en cárceles de inmigración de Luisiana”. “Al contrario, su única avenida para su liberación es pedir a la misma agencia que los detuvo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)”.
Pero el DHS -detalla Rivera en una nota publicada el Southern Poverty Law Center- está ignorando su mandato de considerar detalladamente las solicitudes de liberación y al contrario niega la libertad condicional sin justificación.
“A los hombres se les encierra escondidos del mundo exterior encarcelados y castigados por defender sus derechos y forzaros a llevar sus casos antes jueces de inmigración que los niegan con índices de hasta el cien por ciento”, afirmó Rivera.
Otra de las violaciones del proceso cabra vida en la historia de Arnaldo, pues en el primer centro donde estuvo recluido le aseguraron que podía vencer su caso con el de su esposa, pero “cuando llegó” a Luisiana, el juez “me afirmó que no permite eso, que cada caso es diferente”. Sin embargo, la vida de Arnaldo no puede diferir de la de su esposa, pues han estado unidos por 37 años. Su esposa hace nueve meses que está libre y él continúa entre rejas. Y así sucede con madres y hijos, hermanos y personas que tienen casos identificados. Otra vez la subjetividad de quien decide marea el destino.
Durante la audiencia con Crooks, Arnaldo declaró sentirse “bien incómodo”, pues lo considera un extremista. “Plantea que solo reconoce a casos extremos”, dice Arnaldo. “Para él las puertas no significan nada. Él mismo dice que es un juez de deportación, no de asilo. En todo el tiempo que he estado aquí nadie ha logrado ganar un asilo, ni siquiera una finanza, solo deportaciones”.
La puerta concluyente del extremismo del juez arribó un día en que las audiencias fueron comandadas por otro juez y los migrantes que se presentaron esa mañana obtuvieron sus asilos. El ejemplo no puede ser más ilustrativo.
Douglas Puche Moxeno, un venezolano de 23 años que lleva nueve meses en Luisiana, se gruja además que los detenidos “no recibimos más información de cómo debe seguir el proceso y lo que uno debe hacer. No sé nos explicaron las medidas para obtener una libertad condicional”.
En relación a sus audiencias, “el juez me dijo que conocía la actual situación de Venezuela, pero no me concedió el asilo porque no soy un caso extremo. Él está esperando que uno venga a Estados Unidos sin un brazo o una pierna para ser aceptado”.
Los migrantes en Luisiana están agotando todas las vías para ser puestos en libertad. Han realizado estas denuncias en canales de televisión y hasta acudieron al senador cubanoamericano Marco Rubio.
“Hemos llegado al punto de presentar una querella al ICE”, explica Douglas. “Un equipo de abogados del SPLC (Southern Poverty Law Center) han interpuesto una demanda solicitando una reconsideración del Parole. Esta es una de las vías más esperanzadoras que tenemos para obtener la libertad. Si logramos triunfar los beneficios serán para todos”.
“También se han organizado varías manifestaciones para presionar a las autoridades y reclamar nuestros derechos como inmigrantes”, agrega Douglas. “Familiares, abogados y varias instituciones se han unido en Miami, Washington y en la propia Luisiana para llamar la atención del ICE sobre las injusticias que se están cometiendo con nosotros hace más de un año”.
‘Este no es tu país’
Bossier es una cárcel enterrada en lo profundo de Luisiana, como escondida entre los bosques que la rodean. Cada día dentro de ella es un constante entrenamiento de supervivencia, que pone en máxima tensión mis capacidades físicas, psicológicas y, sobre todo, emocionales. En cuatro dormos convivimos más de 300 migrantes en condiciones de hacinamiento, frío intenso y cero privacidad.
Mi estancia aquí es un déjà vu de los albergues escolares en Cuba, donde, obligados, compartíamos olores, sabores y necesidades primarias. Aquí compartimos además las creencias, culturas y modos de vida de migrantes hindúes, africanos, chinos, nepalíes, sirilanqueños y centroamericanos.
Mi espacio personal se reduce a una estrecha cama al hierro, atornillada al suelo, una gaveta para guardar mis artículos y un delgado colchón que apenas logra separar mi columna del metal, que me ha provocado unos pocos dolores de espalda. Sin embargo, a veces, lo que más liere es el trato que recibimos por parte de los oficiales. Como “bien malo”, pues se siente como un preso federal. “Según ICE nosotros estamos ‘detenidos’, no presos, pero aún así hemos recibido maltratos físicos y psicológicos”, continua Arnaldo. “Recuerdo una vez que un oficial arrastró hasta el hallo por tres días a un salvadoreño por el simple hecho de comer en su cama. No ofrenden y no nos hablan, nos gritan. Te despiertan a patadas en la cama”.
“El más mínimo pretexto es utilizado para desconectar el microwave, el televisor o privarnos del hielo, afirmando que eso es un lujo y no una necesidad”.
“Cuando nos hemos quejado de estas situaciones nos dicen, ‘Este no es tu país”, alega Arnaldo.
Dormo adentro no son comunes las sonrisas. Predominan las caras de afiliación y tristeza. Las buenas noticias son casi siempre falsas y retorna entonces la frustración y el estrés que nos provoca este encierro.
“Aquí dentro me siento muy triste, afligido, como si hubiera asesinado a alguien por el maltrato que recibimos, las condiciones del lugar”, declara Damián Álvarez Arteaga, un joven de 31 años que acumula 11 meses preso en Estados Unidos.
“La libertad es lo más preciado que tiene el ser humano”, añade Damián. “Espero que al pasar tanto tiempo recluido reciba una respuesta positiva de mi caso. Le hemos demostrado a Estados Unidos que de verdad tenemos miedo de sufrir persecución o tortura en Cuba”.
Las horas aquí dentro parecen no tener fin: Se estiran, se multiplican, pero nunca se acortan o se apresuran. Nuestro único contacto con el mundo exterior son las comunicaciones telefónicas o video llamadas (a elevados precios) con familiares, amigos o abogados y las esporádicas salidas al patio a saludar al sol y tomar aire puro.
“En todo el tiempo que he estado aquí he visto el sol pocas veces y solo por 15 minutos y esto porque nos hemos quejado”, rememora Arnaldo. La yarda, como también le llamarnos, es un pequeño rectángulo de cercas y cámaras de vigilancia con una superficie de cemento al centro, donde algunos juegan fútbol cuando nos proveen de una pelota. Yo elevo el pantalón de mi uniforme amarillo hasta las rodillas para que el sol caliente un poco mis extremidades mientras pierdo la mirada en el frondoso bosque que tengo a pocos metros. Admiro el cielo, los pocos vehículos que transitan por una carretera cercana y tome gigantescas inhalaciones de oxigeno como sé acabara de salir de las profundidades marinas y necesitara desesperadamente el aire para mantenerme con vida.
“Aquí todos los días son iguales”, comenta Douglas. “Desde la misma comida hasta las mismas actividades. Esta prisión no cuenta con espacios suficientes para obtener por tanto tiempo a tantas personas. No tenemos biblioteca ni visitas familiares”.

Sopa es ‘la moneda de cambio’
Mi día en Bossier comienza poco antes de las 5 am, cuando el grito de “línea”, recibo una bandeja plástica con mi desayuno. Hoy es día de cereal, leche baja en grasas, pan y una pequeña porción de jalea. El menú se repite en cualquier día de la semana. Casi siempre guardo una parte, pues hasta el mediodía no hay más nada que comer.
“La alimentación no es la correcta”, opina Damián. “Ya mi estómago está resignado a esa pequeña porción. Un pan con salsa picante y algunos vegetales o con mortadela no puede sostener a un hombre adulto, ni puede mantenerte en forma para resistir un proceso tan estresante, de casi un año”.
La última comida es a las 4 pm., por lo que este a la cama a las 11 pm con el estómago lleno es una quimera. Engaño el hambre con una sopa instantánea, que complemento con algunas zanahorias y un perro caliente que me robo a mi mismo del esto de las comidas del día.
Como aún dispongo de algo de dinero, puedo comprar las sopas y suplementos para apuntalar la endeble alimentación de Bossier. Sin embargo, quieres no cuentan con apoyo económico familiar, Bossier los clasifica como “indigentes” y se ven obligados a hacer la limpieza de sus compañeros a cambio de una sopa Maruchan. Aquí la moneda de cambio es la sopa. Todo carge empieza y termina con ella, la salvadora de las noches hambrientas.
“Estos y otros artículos debemos comprarlos a elevados precios en la Comisaria, la única tienda a la que tenemos acceso y de la cual dependemos por completo”, expone Damián.
Por otra parte, los servicios médicos en Bossier son tan primarios que no existe ni siquiera un médico o enfermera de guardia, como tampoco una sala para la observación de los pacientes y las atenciones solo ocurren de lunes a viernes. “El que se enferma lo meten en celdas de castigo, aislados y solos, lo que psicológicamente nos afecta”, apunta Arnaldo. “Las personas a veces no dicen que se sienten mal por temor a que los lleven al ‘pozo’. En casos extremos te llevan a un hospital, en cadenada de pies, manos y cintura y así te mantienen amarrado a la cama, aún estando custodiado. Yo prefiero aguantar antes de ser hospitalizado así”.
Yuni Pérez López, un cubano de 33 años, vivió en carne propia esta lamentable situación. Estuvo en el hoyo por seis días porque tenía fiebre. “Yo sentía que estaba castigado por estar enfermo y aún cuando al médico me dio el alta, me retuvieron allí”, dice. “Es como estar en una hielera: Cuatro paredes, una cama, el inodoro y una luz que nunca se apaga. Para salir de allí tuve que dejar de comer un día entero para llamar la atención de los oficiales y me regresaron al dormitorio”.
“Otros de los maltratos de Bossier te deja con los huesos helados, pues desde las 7 am y hasta las 4 pm no podemos utilizar las cobijas o las sábanas para taparnos. No es una cuestión de estética o disciplina, a los oficiales poco les interesa si la cama está bien tendida, solo les molesta cuando nos cubrimos del intenso frío del dormo.
Los migrantes entrevistados por el Blade son los más veteranos en Bossier. Todos están apelando la decisión de Crooks, quien no les concedió el asilo político. Yo aún no presento mi caso, por lo que todavía consuegro un poco la esperanza de obtener la protección de Estados Unidos. Al igual que ellos, intento adoptarme a esta dura realidad y ser fuerte, aunque la mayoría de las ocasiones la tristeza me consuma y me borre los pensamientos positivos.
Estados Unidos no representa para mi -como para muchos- una vida acomodada, un carro del año o una McDonald’s. Nada de eso podrá jamás llenar la ausencia de mi familia, los amigos o del amor apasionado que dejé atrás. Estados Unidos representa la oportunidad de VIVIR, así que me aferro a ella hasta el final.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
