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Viviendo una ‘pesadilla americana’
Colaborador del Blade describe el centro de detención en Luisiana como infierno

Nota del editor: Yariel Valdés González es colaborador del Washington Blade, que solicita asilo político en Estados Unidos.
Valdés ha descrito las condiciones en el Bossier Parish Medium Security Facility en Plain Dealing, Luisiana, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como una violación de derechos humanos. Una portavoz de ICE en respuesta de las acusaciones anteriores de Valdés dijo que su agencia “está comprometida a defender un sistema de detención de inmigrantes que prioriza la salud, la seguridad y el bienestar a todos que están bajo nuestra custodia, incluyendo lesbianas, gays, bisexuales, trans y personas intersex”.
El Blade recibió la nota de opinión de Valdés el 29 de junio.
PLAIN DEALING, Luisiana — El sueño americano de vivir en absoluta libertad, a salvo de las amenazas, persecución, violencia, tortura psicológica y hasta la muerte que me ha impuesto la dictadura de Cuba por mis labores periodísticas se me deshizo entre las manos apenas arribí a Luisiana. Los cubanos que aquí también solicitan la protección del gobierno estadounidense me recibieron en Bossier Parish Medium Security Facility con una irónica sorpresa. Abrieron los brazos y me dijeron: ¡”Bienvenido al Infierno”!
Apenas podía creer que acumulaban nueve, 10 y hasta 11 meses pidiéndose, a la espera de una respuesta positiva de sus casos por parte de las autoridades migratorias.
Yo, llegaba borracho de ilusión, pues una oficial de asilo que me había entrevista en el Tallahatchie County Correctional Facility en Tutwiler, Misisipí, el 28 de marzo había determinado que sufría de un “miedo creíble de persecución o tortura” en Cuba y solo bastaba una primera audiencia con un juez de inmigración para obtener mi libertad condicional y continuar mi proceso en libertad, tal como lo establece la ley estadounidense, pero estaba equivocado. Otra vez las voces de los coterráneos se encargaron de apagar la esperanza: “¡De Luisiana no sale nadie”!
Bastaron unos minutos para que mi sueño, como el de muchos otros, se tornara pesadilla. Fue así que los más de 30 migrantes que llegamos la tarde del 3 de mayo a Luisiana, procedentes de Misisipí luego de más de un mes recluidos en Tallahatchie, nos sumergimos en una profunda depresión, que aún hoy continúa. Solo las lágrimas debajo de la cobija, cuando nadie se ve, logran limpiar por unos minutos mi desesperación y luego, si instala otra vez en mi pecho al pensar en mi familia, que aún recibe en Cuba amenazas de cárcel y muerte por parte de la dictadura cubana por mi trabajo con “los medios del enemigo”. De regreso, solo eso me espera. Observo entonces el panorama en Luisiana y temo cada vez más. No logro divisar una salida. Preso aquí, preso si retorno. Me siento acorralado.
Violación de sus propias leyes
A los pocos días de estar en Luisiana me di cuenta que aquí es la subjetividad de quien toma las decisiones la que decide, no la objetividad ni el apego a la legislado. Luisiana viene siendo un perdido paraje de la geografía “gringa” al cual nadie parece mirar, o al contrario, es una estrategia fríamente calculada pero que triunfe el autoritarismo, el abuso de poder o la intransigencia. No sé que pensar.
No pocos aquí han llegado a la conclusión de que Estados Unidos ha hecho de los migrantes su nuevo negocio, pues mantener por tanto tiempo a miles de migrantes asegura el trabajo de cientos de empleados y abogados, así como deja jugosas ganancias para las prisiones que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) contrata.
Lo que si está claro es que el gobierno prefiere despilfarrar más de 60 dólares diarios por migrante que ponenos en libertad bajo su propia supuesición.
“Luisiana es un estado antiinmigrante”, así me dice Arnaldo Hernández Cobas, un cubano de 55 años que acumula 11 meses en su proceso de asilo. “No es posible que de los miles de personas que pasan por el proceso nadie salga victorioso”. Hernández me cuenta que durante su encierro ni un solo día ha sido supervisado por agentes del ICE y jamás ha visto al oficial deportador.
“No sé si ha permitido desecho a fianza”, dice Arnaldo. “El juez Grady A. Crooks afirma que no clasificamos para eso y los que clasifican no se las otorga porque pueden fugarse. Esto solo sucede en este estado porque en otros lugares salen a los migrantes pelear sus casos afuera después de pagar una cuota”.
Otra de las vías para obtener la libertad condicional es a través del parole, un beneficio que el Estado brinda a los solicitantes que ingresaron legalmente al país y fueron encontrados creíbles de sufrir, persecución o tortura en sus países de origen. “Para concederlo, el ICE pide una serie de documentos que los familiares deben enviarles, pero lo que está sucediendo es que no dan tiempo suficiente para hacerlo”, sostiene Arnaldo.
Exactamente así sucedió conmigo.
Mi familia logró enviar los documentos al otro día de recibir mi parole para mi entrevista, programada para el día siguiente. Sin embargo, ICE denegó mi parole por “no probar que no soy un peligro para la sociedad”. Seguro estoy que ni siquiera valoraron mi caso.
Dentro del parole hay historias que rozan lo absurdo, pues muchos migrantes han recibido su propuesta de parole el mismo día que debían entregar los documentos. Y entonces uno siente cómo ICE se burla en tu cara y se te disparan los niveles de impotencia al máximo. La concesión del parole resulta un nuevo trámite que ICE debe completar, pero no pasa de ahí. Utilizan esta y otras mañosas estrategias para “quedar bien” ante los ojos de la ley y de paso retienen por meses a las solicitantes de asilo, los introducen a juicios que no ganarán, empujando a la deportación a aquellos que no desistan la presión del encierro, sin valorar apropiadamente el riesgo que implicaría para sus vidas el retorno a sus países natales.
Lo que sucede es que si ICE concede el parole, está en la obligación de liberarnos a los pocos días, y ya sabemos que ellos no quieren eso. Su propósito es mantenernos encerrados a toda costa.
“La cruel ironía es que la mayoría de los solicitantes de asilo que siguen la ley y se presentan en los puestos de entrada oficiales, no tienen dependo a pedirle a un juez de inmigración su liberación de custodia”, declaró Laura Rivera, una abogada del Southern Poverty Law Center, una institución que provee de asistencia legal a los inmigrantes, en un artículo se titula “Atrapados en el ‘Infierno’: Solicitantes de asilo cubanos perecen en cárceles de inmigración de Luisiana”. “Al contrario, su única avenida para su liberación es pedir a la misma agencia que los detuvo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)”.
Pero el DHS -detalla Rivera en una nota publicada el Southern Poverty Law Center- está ignorando su mandato de considerar detalladamente las solicitudes de liberación y al contrario niega la libertad condicional sin justificación.
“A los hombres se les encierra escondidos del mundo exterior encarcelados y castigados por defender sus derechos y forzaros a llevar sus casos antes jueces de inmigración que los niegan con índices de hasta el cien por ciento”, afirmó Rivera.
Otra de las violaciones del proceso cabra vida en la historia de Arnaldo, pues en el primer centro donde estuvo recluido le aseguraron que podía vencer su caso con el de su esposa, pero “cuando llegó” a Luisiana, el juez “me afirmó que no permite eso, que cada caso es diferente”. Sin embargo, la vida de Arnaldo no puede diferir de la de su esposa, pues han estado unidos por 37 años. Su esposa hace nueve meses que está libre y él continúa entre rejas. Y así sucede con madres y hijos, hermanos y personas que tienen casos identificados. Otra vez la subjetividad de quien decide marea el destino.
Durante la audiencia con Crooks, Arnaldo declaró sentirse “bien incómodo”, pues lo considera un extremista. “Plantea que solo reconoce a casos extremos”, dice Arnaldo. “Para él las puertas no significan nada. Él mismo dice que es un juez de deportación, no de asilo. En todo el tiempo que he estado aquí nadie ha logrado ganar un asilo, ni siquiera una finanza, solo deportaciones”.
La puerta concluyente del extremismo del juez arribó un día en que las audiencias fueron comandadas por otro juez y los migrantes que se presentaron esa mañana obtuvieron sus asilos. El ejemplo no puede ser más ilustrativo.
Douglas Puche Moxeno, un venezolano de 23 años que lleva nueve meses en Luisiana, se gruja además que los detenidos “no recibimos más información de cómo debe seguir el proceso y lo que uno debe hacer. No sé nos explicaron las medidas para obtener una libertad condicional”.
En relación a sus audiencias, “el juez me dijo que conocía la actual situación de Venezuela, pero no me concedió el asilo porque no soy un caso extremo. Él está esperando que uno venga a Estados Unidos sin un brazo o una pierna para ser aceptado”.
Los migrantes en Luisiana están agotando todas las vías para ser puestos en libertad. Han realizado estas denuncias en canales de televisión y hasta acudieron al senador cubanoamericano Marco Rubio.
“Hemos llegado al punto de presentar una querella al ICE”, explica Douglas. “Un equipo de abogados del SPLC (Southern Poverty Law Center) han interpuesto una demanda solicitando una reconsideración del Parole. Esta es una de las vías más esperanzadoras que tenemos para obtener la libertad. Si logramos triunfar los beneficios serán para todos”.
“También se han organizado varías manifestaciones para presionar a las autoridades y reclamar nuestros derechos como inmigrantes”, agrega Douglas. “Familiares, abogados y varias instituciones se han unido en Miami, Washington y en la propia Luisiana para llamar la atención del ICE sobre las injusticias que se están cometiendo con nosotros hace más de un año”.
‘Este no es tu país’
Bossier es una cárcel enterrada en lo profundo de Luisiana, como escondida entre los bosques que la rodean. Cada día dentro de ella es un constante entrenamiento de supervivencia, que pone en máxima tensión mis capacidades físicas, psicológicas y, sobre todo, emocionales. En cuatro dormos convivimos más de 300 migrantes en condiciones de hacinamiento, frío intenso y cero privacidad.
Mi estancia aquí es un déjà vu de los albergues escolares en Cuba, donde, obligados, compartíamos olores, sabores y necesidades primarias. Aquí compartimos además las creencias, culturas y modos de vida de migrantes hindúes, africanos, chinos, nepalíes, sirilanqueños y centroamericanos.
Mi espacio personal se reduce a una estrecha cama al hierro, atornillada al suelo, una gaveta para guardar mis artículos y un delgado colchón que apenas logra separar mi columna del metal, que me ha provocado unos pocos dolores de espalda. Sin embargo, a veces, lo que más liere es el trato que recibimos por parte de los oficiales. Como “bien malo”, pues se siente como un preso federal. “Según ICE nosotros estamos ‘detenidos’, no presos, pero aún así hemos recibido maltratos físicos y psicológicos”, continua Arnaldo. “Recuerdo una vez que un oficial arrastró hasta el hallo por tres días a un salvadoreño por el simple hecho de comer en su cama. No ofrenden y no nos hablan, nos gritan. Te despiertan a patadas en la cama”.
“El más mínimo pretexto es utilizado para desconectar el microwave, el televisor o privarnos del hielo, afirmando que eso es un lujo y no una necesidad”.
“Cuando nos hemos quejado de estas situaciones nos dicen, ‘Este no es tu país”, alega Arnaldo.
Dormo adentro no son comunes las sonrisas. Predominan las caras de afiliación y tristeza. Las buenas noticias son casi siempre falsas y retorna entonces la frustración y el estrés que nos provoca este encierro.
“Aquí dentro me siento muy triste, afligido, como si hubiera asesinado a alguien por el maltrato que recibimos, las condiciones del lugar”, declara Damián Álvarez Arteaga, un joven de 31 años que acumula 11 meses preso en Estados Unidos.
“La libertad es lo más preciado que tiene el ser humano”, añade Damián. “Espero que al pasar tanto tiempo recluido reciba una respuesta positiva de mi caso. Le hemos demostrado a Estados Unidos que de verdad tenemos miedo de sufrir persecución o tortura en Cuba”.
Las horas aquí dentro parecen no tener fin: Se estiran, se multiplican, pero nunca se acortan o se apresuran. Nuestro único contacto con el mundo exterior son las comunicaciones telefónicas o video llamadas (a elevados precios) con familiares, amigos o abogados y las esporádicas salidas al patio a saludar al sol y tomar aire puro.
“En todo el tiempo que he estado aquí he visto el sol pocas veces y solo por 15 minutos y esto porque nos hemos quejado”, rememora Arnaldo. La yarda, como también le llamarnos, es un pequeño rectángulo de cercas y cámaras de vigilancia con una superficie de cemento al centro, donde algunos juegan fútbol cuando nos proveen de una pelota. Yo elevo el pantalón de mi uniforme amarillo hasta las rodillas para que el sol caliente un poco mis extremidades mientras pierdo la mirada en el frondoso bosque que tengo a pocos metros. Admiro el cielo, los pocos vehículos que transitan por una carretera cercana y tome gigantescas inhalaciones de oxigeno como sé acabara de salir de las profundidades marinas y necesitara desesperadamente el aire para mantenerme con vida.
“Aquí todos los días son iguales”, comenta Douglas. “Desde la misma comida hasta las mismas actividades. Esta prisión no cuenta con espacios suficientes para obtener por tanto tiempo a tantas personas. No tenemos biblioteca ni visitas familiares”.

Sopa es ‘la moneda de cambio’
Mi día en Bossier comienza poco antes de las 5 am, cuando el grito de “línea”, recibo una bandeja plástica con mi desayuno. Hoy es día de cereal, leche baja en grasas, pan y una pequeña porción de jalea. El menú se repite en cualquier día de la semana. Casi siempre guardo una parte, pues hasta el mediodía no hay más nada que comer.
“La alimentación no es la correcta”, opina Damián. “Ya mi estómago está resignado a esa pequeña porción. Un pan con salsa picante y algunos vegetales o con mortadela no puede sostener a un hombre adulto, ni puede mantenerte en forma para resistir un proceso tan estresante, de casi un año”.
La última comida es a las 4 pm., por lo que este a la cama a las 11 pm con el estómago lleno es una quimera. Engaño el hambre con una sopa instantánea, que complemento con algunas zanahorias y un perro caliente que me robo a mi mismo del esto de las comidas del día.
Como aún dispongo de algo de dinero, puedo comprar las sopas y suplementos para apuntalar la endeble alimentación de Bossier. Sin embargo, quieres no cuentan con apoyo económico familiar, Bossier los clasifica como “indigentes” y se ven obligados a hacer la limpieza de sus compañeros a cambio de una sopa Maruchan. Aquí la moneda de cambio es la sopa. Todo carge empieza y termina con ella, la salvadora de las noches hambrientas.
“Estos y otros artículos debemos comprarlos a elevados precios en la Comisaria, la única tienda a la que tenemos acceso y de la cual dependemos por completo”, expone Damián.
Por otra parte, los servicios médicos en Bossier son tan primarios que no existe ni siquiera un médico o enfermera de guardia, como tampoco una sala para la observación de los pacientes y las atenciones solo ocurren de lunes a viernes. “El que se enferma lo meten en celdas de castigo, aislados y solos, lo que psicológicamente nos afecta”, apunta Arnaldo. “Las personas a veces no dicen que se sienten mal por temor a que los lleven al ‘pozo’. En casos extremos te llevan a un hospital, en cadenada de pies, manos y cintura y así te mantienen amarrado a la cama, aún estando custodiado. Yo prefiero aguantar antes de ser hospitalizado así”.
Yuni Pérez López, un cubano de 33 años, vivió en carne propia esta lamentable situación. Estuvo en el hoyo por seis días porque tenía fiebre. “Yo sentía que estaba castigado por estar enfermo y aún cuando al médico me dio el alta, me retuvieron allí”, dice. “Es como estar en una hielera: Cuatro paredes, una cama, el inodoro y una luz que nunca se apaga. Para salir de allí tuve que dejar de comer un día entero para llamar la atención de los oficiales y me regresaron al dormitorio”.
“Otros de los maltratos de Bossier te deja con los huesos helados, pues desde las 7 am y hasta las 4 pm no podemos utilizar las cobijas o las sábanas para taparnos. No es una cuestión de estética o disciplina, a los oficiales poco les interesa si la cama está bien tendida, solo les molesta cuando nos cubrimos del intenso frío del dormo.
Los migrantes entrevistados por el Blade son los más veteranos en Bossier. Todos están apelando la decisión de Crooks, quien no les concedió el asilo político. Yo aún no presento mi caso, por lo que todavía consuegro un poco la esperanza de obtener la protección de Estados Unidos. Al igual que ellos, intento adoptarme a esta dura realidad y ser fuerte, aunque la mayoría de las ocasiones la tristeza me consuma y me borre los pensamientos positivos.
Estados Unidos no representa para mi -como para muchos- una vida acomodada, un carro del año o una McDonald’s. Nada de eso podrá jamás llenar la ausencia de mi familia, los amigos o del amor apasionado que dejé atrás. Estados Unidos representa la oportunidad de VIVIR, así que me aferro a ella hasta el final.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
Ecuador
Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador
Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023
A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.
Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.
Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).
El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.
Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.
Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.
La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.
Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.
#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.
Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm
— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025
“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.
Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.
En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.
El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.
De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.
Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
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