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Una tarde con Yariel
Ha permanecido bajo custodia de ICE por casi un año
Nota del editor: Una versión de esa nota de opinión en inglés salió en el sitio web del Blade el 4 de febrero.
FERRIDAY, Luisiana — Un guardia masculino al River Correctional Center, un centro de detención privado en el Condado Concordia en Luisiana, me llevó a la sala de visitantes un poco después de la 1 p.m. el sábado. Me senté en una mesa grande —como las que se pueden encontrar en una cafetería de la escuela— y miré a las murallas con mensajes de empoderamiento que habían sido pintados en la pared. Unos minutos después, miré hacía la puerta con una pequeña ventana y vi a Yariel, que vestía un traje verde de rayas. Otro guardia masculino abrió la puerta y Yariel entró la sala. Nos abrazamos fuertemente unos segundos después. Estaba casi sollozando, pero Yariel me aseguró que estaba bien. Después de un par de minutos, nos sentimos en la mesa —uno frente al otro— y empezó nuestra visita. Usé una de las servilletas que tomé de una gasolinera cercana para limpiar las lágrimas de mis ojos. Después de un par de minutos, puse sus manos en las mías y comenzó a llorar. Le di una de las servilletas de la gasolinera para limpiar sus ojos y traté de consolarlo.
“Esta bien llorar”, lo aseguré.
No había visto a Yariel en persona desde el 27 de enero de 2019. Habíamos pasado el día reportando desde un albergue de migrantes dirigida por una lesbiana en Mexicali, una ciudad mexicana en la frontera con EEUU, y lo dejé al apartamento pequeño en Tijuana en que vivía con su padre. Estábamos casi mareados, en parte, porque habíamos cantado canciones de Lady Gaga como locos durante el viaje de dos horas entre Mexicali y Tijuana. Esos momentos despreocupados parecen de toda la vida.
Yariel el sábado me dio dos regalos: Una pulsera hecha de piezas de bolsas de basura negras y blancas y un zapatillo hecho de paquetes de Maruchan y envoltorios de crema de café que hará un buen ornamento navideño. Hablamos como amigos, como hermanos. Hablamos sobre Cuba y el juicio político del presidente Trump. Lo compré una botella de Sprite de una máquina expendedora en la sala. También compartimos una bolsa de Doritos. Una guardia femenina que habla español estaba en la sala con nosotros. Al principio estuve un poco incómodo de verla escribiendo en un cuaderno, pero después de unos minutos olvidé que estaba allí.
A las 2:50 p.m., nos dijo en español que nuestra visita iba a terminar en 10 minutos. Yariel quería darme dos carpetas con sus escritos sobre su tiempo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero la guardia lo dijo que no podría tomarlas conmigo. Yariel había colocado la pulsera alrededor de mi muñeca y un supervisor dijo a la guardia que podría llevar el ornamento conmigo. Los puse, junto con su foto del tamaño de un pasaporte, en mi mano. Nos pusimos de pie y nos abrazamos fuertemente. Lo dije que lo quiero y luego salimos por puertas diferentes. Salí por la puerta principal de la instalación menos de cinco minutos después y regresé a mi hotel en Kenner, un suburbio de Nueva Orleans, a las 6:45 p.m.
Ha pasado casi un año desde que Yariel pidió asilo en EEUU y entró la custodia de ICE. Los lectores del Washington Blade saben que un juez el pasado septiembre concedió asilo a Yariel. También saben que su destino está en las manos de la Junta de Apelación de Inmigración en Virginia porque ICE apeló el fallo.
Hay cierta ironía en el hecho que Yariel comenzó escribir para el Blade en el otoño de 2018, en parte, porque necesitábamos un reportero en Tijuana que pudiera reportar sobre los migrantes LGBTQ que llegaban a la ciudad con las caravanas migratorias de Centroamérica. La cobertura del Blade de estos temas continua, con mi más reciente viaje a Honduras y El Salvador que terminó hace seis días antes de mi visita con Yariel. Esta cobertura sigue siendo tan importante como siempre con la política migratoria de línea dura de la administración Trump continúan poniendo en riesgo a los migrantes LGBTQ.
También se convierte en algo profundamente personal.
Mi esposo y yo el viernes, unas horas antes de volar a Luisiana, asistieron una ceremonia en Durham, Carolina del Norte, donde nuestro querido amigo Marcelo se convirtió en ciudadano estadounidense. Marcelo, un bailarín para el Carolina Ballet de origen paraguayo, trabajaba muy duro para llegar a ese momento y estamos muy orgullosos de él.
Uno de los momentos más memorables de la ceremonia fue el video en que Trump felicitó a Marcelo y los otras 56 personas que acababan de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Ninguno de ellos aplaudió al final del video. Ellos, junto con el resto de nosotros, saben mierda cuando la escuchan, y todos respondimos en especie.
Estos ciudadanos estadounidenses, junto con Yariel, son exactamente el tipo de personas que harán una contribución positiva a este país y lo hará aún mejor. Merecen nuestro respeto y apoyo, no retorica barata basada en racismo, xenofobía y supremacía blanca para apaciguar una base política antes de una elección presidencial.
Una de las partes más desgarradoras de mi visita con Yariel fue cuando me dijo que más desea es su libertad que lo permitirá empezar una nueva vida en los EEUU sin miedo de persecución. La lucha para hacer realidad el sueño de Yariel sigue. Espero que mi próximo viaje a Luisiana sea recogerlo después de la Junta de Apelaciones de Inmigración confirme su decisión de asilo y ICE finalmente lo libere de su custodia.
Siempre estaré a tu lado, Yariel.
State Department
Democracy Forward files FOIA request for State Department bathroom policy records
April 20 memo outlined anti-transgender rule
Democracy Forward on Tuesday filed a Freedom of Information Act request for records on the State Department’s new bathroom policy.
A memo titled “Updates Regarding Biological Sex and Intimate Spaces, Including Restrooms” that the State Department issued on April 20 notes employees can no longer use bathrooms that correspond with their gender identity.
“The administration affirms that there are two sexes — male and female — and that federal facilities should operate on this objective and longstanding basis to ensure consistency, privacy, and safety in shared spaces,” State Department spokesperson Tommy Piggot told the Daily Signal, a conservative news website that first reported on the memo. “In line with President Trump’s executive order this provides clear, uniform guidance to the department by grounding policy in biological sex as determined at birth.”
President Donald Trump shortly after he took office in January 2025 issued an executive order that directed the federal government to only recognize two genders: male and female. The sweeping directive also ordered federal government agencies to “effectuate this policy by taking appropriate action to ensure that intimate spaces designated for women, girls, or females (or for men, boys, or males) are designated by sex and not identity.”
Democracy Forward’s FOIA request that the Washington Blade exclusively obtained on Tuesday is specifically seeking a copy of the memo that details the State Department’s new bathroom policy. Democracy Forward has also requested “all” memo-specific communications between the State Department’s Bureau of Global Public Affairs and the Daily Signal from April 1-21.
Federal Government
House Republicans push nationwide ‘Don’t Say Gay’ bill
Measures would restrict federal funding for LGBTQ-affirming schools
Republicans have been gaining ground in reshaping education policy to be less inclusive toward LGBTQ students at the state level, and now they are turning their focus to Capitol Hill.
Some GOP lawmakers are pushing for a nationwide “Don’t Say Gay” bill, doubling down on their commitment to being the party of “traditional family values” by excluding anyone who does not identify with their sex at birth.
The largest anti-LGBTQ education legislation to reach the House chamber is House Bill 2616 — the Parental Rights Over the Education and Care of Their Kids Act, or the PROTECT Kids Act. The PROTECT Kids Act, proposed by U.S. Rep. Tim Walberg (R-Mich.), and co-sponsored by U.S. Reps. Burgess Owens (R-Utah), Mary Miller (R-Ill.), Robert Onder (R-Mo.), and Kevin Kiley (R-Calif.), would require any public elementary and middle schools that receive federal funding to require parental consent to change a child’s gender expression in school.
The bill, which was discussed during Tuesday’s House Rules Committee hearing, would specifically require any schools that get federal money from the Elementary and Secondary Education Act of 1965 — which was created to minimize financial discrepancies in education for low-income students — to get parental approval before identifying any child’s gender identity as anything other than what was provided to the school initially. This includes getting approval before allowing children to use their preferred locker room or bathroom.
It reads that any school receiving this funding “shall obtain parental consent before changing a covered student’s (1) gender markers, pronouns, or preferred name on any school form; or (2) sex-based accommodations, including locker rooms or bathrooms.”
LGBTQ rights advocates have criticized both national and state efforts to require parental permission to use a child’s preferred gender identity, as it raises issues of at-home safety — especially if the home is not LGBTQ-affirming — and could lead to the outing of transgender or gender-curious students.
A follow-up bill, HB 2617, proposed by Owens, one of the bill’s co-sponsors, prevents the use of federal funding to “advance concepts related to gender ideology,” using the definition from President Donald Trump’s 2025 Executive Order 14168, making that an enshrined definition in law of sex rather than just by executive order. There is also a bill making its way through the senate with the same text— Senate Bill 2251.
Advocates have also criticized this follow-up legislation, as it would restrict school staff — including teachers and counselors — from acknowledging trans students’ identities or providing any support. They have said that this kind of isolation can worsen mental health outcomes for LGBTQ youth and allows for education to be politicized rather than being based in reality.
David Stacy, the Human Rights Campaign’s vice president of government affairs, called this legislation out for using LGBTQ children as political pawns in an ideology fight — one that could greatly harm the safety of these children if passed.
“Trans kids are not a political agenda — they are students who deserve safety and affirmation at school like anyone else,” Stacy said in a statement. “Despite the many pressing issues facing our nation, House Republicans continue their bizarre obsession with trans people. H.R. 2616 does not protect children. It targets them. This bill is cruel, and we’re prepared to fight it.”
This is similar to Florida House Bills 1557 and 1069, referred to as the “Don’t Say Gay” bill and “Don’t Say They” bill, respectively, restricting classroom discussions on sexual orientation and gender identity, prohibiting the use of pronouns consistent with one’s gender identity, expanding book banning procedures, and censoring health curriculum.
The American Civil Liberties Union is tracking 233 bills related to restricting student and educator rights in the U.S.
Botswana’s government has repealed a provision of its colonial-era penal code that criminalized consensual same-sex sexual relations.
The country’s High Court in 2019 struck down the provision. The Batswana government in 2022 said it would abide by the ruling after country’s Court of Appeals upheld it.
The government on March 26 announced the repeal of the penal code’s “unnatural offenses” section that specifically referenced any person who “has carnal knowledge of any person against the order of nature” and “permits any other person to have carnal knowledge of him or her against the order of nature.”
Lesbians, Gays and Bisexuals of Botswana, a Batswana advocacy group known by the acronym LEGABIBO, challenged the criminalization law with the support of the Southern Africa Litigation Center. LEGABIBO in a statement it posted to its Facebook on April 25 welcomed the repeal.
“For many, these provisions were not just words on paper — they were lived realities,” said LEGABIBO. “They affected access to healthcare, safety, employment, and the freedom to love and exist openly.”
“LEGABIBO believes that the deletion of these sections is a necessary and long-overdue step toward restoring dignity and aligning our legal framework with constitutional values of equality and human rights,” it added. “It is a clear message that LGBTIQ+ persons are not criminals, and that their lives and relationships deserve protection, not punishment.”
LEGABIBO further stressed that “while this does not erase the harm of the past, it creates space for healing, inclusion, and continued progress toward full equality.”
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LGBTQ people are leaving Orthodox Judaism behind
Madonna makes rare club appearance in West Hollywood
Adoption under suspicion
Why we need to recognize and celebrate Lesbian Day of Visibility
Calendar: April 24-30
DC Center marks one year at new location
