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Una tarde con Yariel

Ha permanecido bajo custodia de ICE por casi un año

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River Correctional Center en Ferriday, Luisiana, el 1 de febrero de 2020. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Nota del editor: Una versión de esa nota de opinión en inglés salió en el sitio web del Blade el 4 de febrero.

FERRIDAY, Luisiana — Un guardia masculino al River Correctional Center, un centro de detención privado en el Condado Concordia en Luisiana, me llevó a la sala de visitantes un poco después de la 1 p.m. el sábado. Me senté en una mesa grande —como las que se pueden encontrar en una cafetería de la escuela— y miré a las murallas con mensajes de empoderamiento que habían sido pintados en la pared. Unos minutos después, miré hacía la puerta con una pequeña ventana y vi a Yariel, que vestía un traje verde de rayas. Otro guardia masculino abrió la puerta y Yariel entró la sala. Nos abrazamos fuertemente unos segundos después. Estaba casi sollozando, pero Yariel me aseguró que estaba bien. Después de un par de minutos, nos sentimos en la mesa —uno frente al otro— y empezó nuestra visita. Usé una de las servilletas que tomé de una gasolinera cercana para limpiar las lágrimas de mis ojos. Después de un par de minutos, puse sus manos en las mías y comenzó a llorar. Le di una de las servilletas de la gasolinera para limpiar sus ojos y traté de consolarlo.    

“Esta bien llorar”, lo aseguré.

No había visto a Yariel en persona desde el 27 de enero de 2019. Habíamos pasado el día reportando desde un albergue de migrantes dirigida por una lesbiana en Mexicali, una ciudad mexicana en la frontera con EEUU, y lo dejé al apartamento pequeño en Tijuana en que vivía con su padre. Estábamos casi mareados, en parte, porque habíamos cantado canciones de Lady Gaga como locos durante el viaje de dos horas entre Mexicali y Tijuana. Esos momentos despreocupados parecen de toda la vida.

Yariel el sábado me dio dos regalos: Una pulsera hecha de piezas de bolsas de basura negras y blancas y un zapatillo hecho de paquetes de Maruchan y envoltorios de crema de café que hará un buen ornamento navideño. Hablamos como amigos, como hermanos. Hablamos sobre Cuba y el juicio político del presidente Trump. Lo compré una botella de Sprite de una máquina expendedora en la sala. También compartimos una bolsa de Doritos. Una guardia femenina que habla español estaba en la sala con nosotros. Al principio estuve un poco incómodo de verla escribiendo en un cuaderno, pero después de unos minutos olvidé que estaba allí.

La pulsera que Yariel dio a Michael K. Lavers, el editor de los temas internacionales del Washington Blade, durante su visita al River Correctional Center en Ferriday, Luisiana, el 1 de febrero de 2020. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

A las 2:50 p.m., nos dijo en español que nuestra visita iba a terminar en 10 minutos. Yariel quería darme dos carpetas con sus escritos sobre su tiempo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero la guardia lo dijo que no podría tomarlas conmigo. Yariel había colocado la pulsera alrededor de mi muñeca y un supervisor dijo a la guardia que podría llevar el ornamento conmigo. Los puse, junto con su foto del tamaño de un pasaporte, en mi mano. Nos pusimos de pie y nos abrazamos fuertemente. Lo dije que lo quiero y luego salimos por puertas diferentes. Salí por la puerta principal de la instalación menos de cinco minutos después y regresé a mi hotel en Kenner, un suburbio de Nueva Orleans, a las 6:45 p.m.     

Ha pasado casi un año desde que Yariel pidió asilo en EEUU y entró la custodia de ICE. Los lectores del Washington Blade saben que un juez el pasado septiembre concedió asilo a Yariel. También saben que su destino está en las manos de la Junta de Apelación de Inmigración en Virginia porque ICE apeló el fallo.

Hay cierta ironía en el hecho que Yariel comenzó escribir para el Blade en el otoño de 2018, en parte, porque necesitábamos un reportero en Tijuana que pudiera reportar sobre los migrantes LGBTQ que llegaban a la ciudad con las caravanas migratorias de Centroamérica. La cobertura del Blade de estos temas continua, con mi más reciente viaje a Honduras y El Salvador que terminó hace seis días antes de mi visita con Yariel. Esta cobertura sigue siendo tan importante como siempre con la política migratoria de línea dura de la administración Trump continúan poniendo en riesgo a los migrantes LGBTQ.   

También se convierte en algo profundamente personal.

Yariel entrevistá a una migrante mexicana durante una visita a un albergue de migrantes dirigida por una lesbiana en Mexicali, México, el 27 de enero de 2019. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Mi esposo y yo el viernes, unas horas antes de volar a Luisiana, asistieron una ceremonia en Durham, Carolina del Norte, donde nuestro querido amigo Marcelo se convirtió en ciudadano estadounidense. Marcelo, un bailarín para el Carolina Ballet de origen paraguayo, trabajaba muy duro para llegar a ese momento y estamos muy orgullosos de él.

Una pancarta en una oficina local del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en Durham, Carolina del Norte, el 31 de enero de 2020. Cincuenta y siete personas se convirtieron ciudadanos estadounidenses durante una ceremonia de naturalización que se realizó esa día. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Uno de los momentos más memorables de la ceremonia fue el video en que Trump felicitó a Marcelo y los otras 56 personas que acababan de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Ninguno de ellos aplaudió al final del video. Ellos, junto con el resto de nosotros, saben mierda cuando la escuchan, y todos respondimos en especie.

Estos ciudadanos estadounidenses, junto con Yariel, son exactamente el tipo de personas que harán una contribución positiva a este país y lo hará aún mejor. Merecen nuestro respeto y apoyo, no retorica barata basada en racismo, xenofobía y supremacía blanca para apaciguar una base política antes de una elección presidencial.

Una de las partes más desgarradoras de mi visita con Yariel fue cuando me dijo que más desea es su libertad que lo permitirá empezar una nueva vida en los EEUU sin miedo de persecución. La lucha para hacer realidad el sueño de Yariel sigue. Espero que mi próximo viaje a Luisiana sea recogerlo después de la Junta de Apelaciones de Inmigración confirme su decisión de asilo y ICE finalmente lo libere de su custodia.   

Siempre estaré a tu lado, Yariel.

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Rehoboth Beach

BLUF leather social set for April 10 in Rehoboth

Attendees encouraged to wear appropriate gear

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Diego’s in Rehoboth Beach will host a BLUF leather social on Friday, April 10 at 5 p.m. (Blade file photo by Michael Key)

Diego’s in Rehoboth Beach hosts a monthly leather happy hour. April’s edition is scheduled for Friday, April 10, 5-7 p.m. Attendees are encouraged to wear appropriate gear. The event is billed as an official event of BLUF, the free community group for men interested in leather. After happy hour, the attendees are encouraged to reconvene at Local Bootlegging Company for dinner, which allows cigar smoking. There’s no cover charge for either event.

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District of Columbia

Celebrations of life planned for Sean Bartel

Two memorial events scheduled in D.C.

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(Washington Blade file photo by Michael Key)

Two celebrations of life are planned for Sean Christopher Bartel, 48, who was found deceased on a hiking trail in Argentina on or around March 15. Bartel began his career as a television news reporter and news anchor at stations in Louisville, Ky., and Evansville, Ind., before serving as Senior Video Producer for the D.C.-based International Brotherhood of Electrical Workers union from 2013 to 2024.

A memorial gathering is planned for Friday, April 10, 11:30 a.m.-1:30 p.m. at the IBEW International Office (900 7th St., N.W.), according to a statement by the DC Gay Flag Football League, where Bartel was a longtime member. A celebration of life is planned that same evening, 6-8 p.m. at Trade (1410 14th St., N.W.). 

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Puerto Rico

The ‘X’ returns to court

1st Circuit hears case over legal recognition of nonbinary Puerto Ricans

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(Photo by Sergei Gnatuk via Bigstock)

Eight months ago, I wrote about this issue at a time when it had not yet reached the judicial level it faces today. Back then, the conversation moved through administrative decisions, public debate, and political resistance. It was unresolved, but it had not yet reached this point.

That has now changed.

Lambda Legal appeared before the 1st U.S. Court of Appeals in Boston, urging the court to uphold a lower court ruling that requires the government of Puerto Rico to issue birth certificates that accurately reflect the identities of nonbinary individuals. The appeal follows a district court decision that found the denial of such recognition to be a violation of the U.S. Constitution.

This marks a turning point. The issue is no longer theoretical. A court has already determined that unequal treatment exists.

The argument presented by the plaintiffs is grounded in Puerto Rico’s own legal framework. Identity birth certificates are not static historical records. They are functional documents used in everyday life. They are required to access employment, education, and essential services. Their purpose is practical, not symbolic.

Within that framework, the exclusion of nonbinary individuals does not stem from a legal limitation. Puerto Rico already allows gender marker corrections on birth certificates for transgender individuals under the precedent established in Arroyo Gonzalez v. Rosselló Nevares. In addition, the current Civil Code recognizes the existence of identity documents that reflect a person’s lived identity beyond the original birth record.

The issue lies in how the law is applied.

Recognition is granted within specific categories, while those who do not identify within that binary structure remain excluded. That exclusion is now at the center of this case.

Lambda Legal’s position is straightforward. Requiring individuals to carry documents that do not reflect who they are forces them into misrepresentation in essential aspects of daily life. This creates practical barriers, exposes them to scrutiny, and places them in a constant state of vulnerability.

The plaintiffs, who were born in Puerto Rico, have made clear that access to accurate identification is not symbolic. It is a basic condition for moving through the world without contradiction imposed by the state.

The fact that this case is now being addressed in the federal court system adds another layer of significance. This is not a pending policy discussion or a legislative proposal. It is a constitutional question. The analysis is not about political preference, but about rights and equal protection under the law.

This case does not exist in isolation.

It unfolds within a broader context in which debates over identity and rights have increasingly been shaped by the growing influence of conservative perspectives in public policy, both in the United States and in Puerto Rico. At the local level, this influence has been reflected in legislative discussions where religious arguments have begun to intersect with decisions that should be grounded in constitutional principles. That intersection creates tension around the separation of church and state and has direct consequences for access to rights.

Recognizing this context is not an attack on faith or religious practice. It is an acknowledgment that when certain perspectives move into the realm of public authority, they can shape outcomes that affect specific communities.

From within Puerto Rico, this is not a distant debate. It is a lived reality. It is present in the difficulty of presenting identification that does not match one’s identity, and in the consequences that follow in workplaces, schools, and government spaces.

The progression of this case introduces the possibility of change within the applicable legal framework. Not because it resolves every tension surrounding the issue, but because it establishes a legal examination of a practice that has long operated under exclusion.

Eight months ago, the conversation centered on ongoing developments. Today, there is already a judicial finding that identifies a violation of rights. What remains is whether that finding will be upheld on appeal.

That process does not guarantee an immediate outcome, but it shifts the ground.

The debate is no longer theoretical.

It is now before the courts.

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