News
Una tarde con Yariel
Ha permanecido bajo custodia de ICE por casi un año

Nota del editor: Una versión de esa nota de opinión en inglés salió en el sitio web del Blade el 4 de febrero.
FERRIDAY, Luisiana — Un guardia masculino al River Correctional Center, un centro de detención privado en el Condado Concordia en Luisiana, me llevó a la sala de visitantes un poco después de la 1 p.m. el sábado. Me senté en una mesa grande —como las que se pueden encontrar en una cafetería de la escuela— y miré a las murallas con mensajes de empoderamiento que habían sido pintados en la pared. Unos minutos después, miré hacía la puerta con una pequeña ventana y vi a Yariel, que vestía un traje verde de rayas. Otro guardia masculino abrió la puerta y Yariel entró la sala. Nos abrazamos fuertemente unos segundos después. Estaba casi sollozando, pero Yariel me aseguró que estaba bien. Después de un par de minutos, nos sentimos en la mesa —uno frente al otro— y empezó nuestra visita. Usé una de las servilletas que tomé de una gasolinera cercana para limpiar las lágrimas de mis ojos. Después de un par de minutos, puse sus manos en las mías y comenzó a llorar. Le di una de las servilletas de la gasolinera para limpiar sus ojos y traté de consolarlo.
“Esta bien llorar”, lo aseguré.
No había visto a Yariel en persona desde el 27 de enero de 2019. Habíamos pasado el día reportando desde un albergue de migrantes dirigida por una lesbiana en Mexicali, una ciudad mexicana en la frontera con EEUU, y lo dejé al apartamento pequeño en Tijuana en que vivía con su padre. Estábamos casi mareados, en parte, porque habíamos cantado canciones de Lady Gaga como locos durante el viaje de dos horas entre Mexicali y Tijuana. Esos momentos despreocupados parecen de toda la vida.
Yariel el sábado me dio dos regalos: Una pulsera hecha de piezas de bolsas de basura negras y blancas y un zapatillo hecho de paquetes de Maruchan y envoltorios de crema de café que hará un buen ornamento navideño. Hablamos como amigos, como hermanos. Hablamos sobre Cuba y el juicio político del presidente Trump. Lo compré una botella de Sprite de una máquina expendedora en la sala. También compartimos una bolsa de Doritos. Una guardia femenina que habla español estaba en la sala con nosotros. Al principio estuve un poco incómodo de verla escribiendo en un cuaderno, pero después de unos minutos olvidé que estaba allí.

A las 2:50 p.m., nos dijo en español que nuestra visita iba a terminar en 10 minutos. Yariel quería darme dos carpetas con sus escritos sobre su tiempo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero la guardia lo dijo que no podría tomarlas conmigo. Yariel había colocado la pulsera alrededor de mi muñeca y un supervisor dijo a la guardia que podría llevar el ornamento conmigo. Los puse, junto con su foto del tamaño de un pasaporte, en mi mano. Nos pusimos de pie y nos abrazamos fuertemente. Lo dije que lo quiero y luego salimos por puertas diferentes. Salí por la puerta principal de la instalación menos de cinco minutos después y regresé a mi hotel en Kenner, un suburbio de Nueva Orleans, a las 6:45 p.m.
Ha pasado casi un año desde que Yariel pidió asilo en EEUU y entró la custodia de ICE. Los lectores del Washington Blade saben que un juez el pasado septiembre concedió asilo a Yariel. También saben que su destino está en las manos de la Junta de Apelación de Inmigración en Virginia porque ICE apeló el fallo.
Hay cierta ironía en el hecho que Yariel comenzó escribir para el Blade en el otoño de 2018, en parte, porque necesitábamos un reportero en Tijuana que pudiera reportar sobre los migrantes LGBTQ que llegaban a la ciudad con las caravanas migratorias de Centroamérica. La cobertura del Blade de estos temas continua, con mi más reciente viaje a Honduras y El Salvador que terminó hace seis días antes de mi visita con Yariel. Esta cobertura sigue siendo tan importante como siempre con la política migratoria de línea dura de la administración Trump continúan poniendo en riesgo a los migrantes LGBTQ.
También se convierte en algo profundamente personal.

Mi esposo y yo el viernes, unas horas antes de volar a Luisiana, asistieron una ceremonia en Durham, Carolina del Norte, donde nuestro querido amigo Marcelo se convirtió en ciudadano estadounidense. Marcelo, un bailarín para el Carolina Ballet de origen paraguayo, trabajaba muy duro para llegar a ese momento y estamos muy orgullosos de él.

Uno de los momentos más memorables de la ceremonia fue el video en que Trump felicitó a Marcelo y los otras 56 personas que acababan de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Ninguno de ellos aplaudió al final del video. Ellos, junto con el resto de nosotros, saben mierda cuando la escuchan, y todos respondimos en especie.
Estos ciudadanos estadounidenses, junto con Yariel, son exactamente el tipo de personas que harán una contribución positiva a este país y lo hará aún mejor. Merecen nuestro respeto y apoyo, no retorica barata basada en racismo, xenofobía y supremacía blanca para apaciguar una base política antes de una elección presidencial.
Una de las partes más desgarradoras de mi visita con Yariel fue cuando me dijo que más desea es su libertad que lo permitirá empezar una nueva vida en los EEUU sin miedo de persecución. La lucha para hacer realidad el sueño de Yariel sigue. Espero que mi próximo viaje a Luisiana sea recogerlo después de la Junta de Apelaciones de Inmigración confirme su decisión de asilo y ICE finalmente lo libere de su custodia.
Siempre estaré a tu lado, Yariel.
Florida
Fla. Senate passes ‘Anti-Diversity’ bill that could repeal local LGBTQ protections
Bipartisan coalition urges Florida House to reject ‘extremism’ measure
The Florida Senate on March 4 voted 25-11 to approve an “Anti-Diversity in Local Government” bill that critics have called a sweeping and extreme measure that, among other things, could repeal local LGBTQ rights protections.
According to Equality Florida, a statewide LGBTQ advocacy organization, if approved by the Florida House of Representatives and signed by Republican Gov. Ron DeSantis, the bill “would ban, repeal, and defund any local government programming, policy, or activity that provides ‘preferential treatment or special benefits’ or is designed or implemented’ with respect to race, color, sex, ethnicity, sexual orientation, or gender identity.”
In a March 4 statement, Equality Florda added that the bill would also threaten city and county officials with removal from office “for activities vaguely labeled as DEI,” with only limited exceptions.
The Florida House was scheduled to vote on the bill on Monday, March 9, with opponents hopeful that a broad coalition of both Democratic and Republican lawmakers would secure enough votes to defeat the bill.
“Once again, Gov. DeSantis and Florida lawmakers are advancing one of the most sweeping and extreme bills in the country — this time threatening decades of local progress supporting diverse communities, including the LGBTQ community,” said Equality Florida Senior Political Director Joe Saunders. “This legislation is a sledgehammer aimed at cities and counties that recognize and address the diversity of the people they serve,” he said.
Among the LGBTQ organizations that could be adversely impacted by the bill is the highly acclaimed Stonewall National Museum, Archives and Library located in Fort Lauderdale.
Robert Kesten, the Stonewall organization’s president and CEO, told the Washington Blade the organization receives some funding from Broward County, in which Fort Lauderdale is located, and the city of Fort Lauderdale has provided support by purchasing tables at some of the museum’s fundraising events.
“Based on this legislation, hose things would be gone,” he said. “We also are based in a government building. So, we don’t know what potential side effects that could have.” He noted that the building in question is owned by Broward County and leased by Fort Lauderdale, with the bill’s vaguely worded provision making it unclear whether Stonewall would be forced to leave its building.
“It’s unknown, and we’re really in unchartered waters,” he said.
Uganda
Ugandan activist named Charles F. Kettering Foundation fellow
Clare Byarugaba founded PFLAG-Uganda
The Charles F. Kettering Foundation has named a prominent Ugandan LGBTQ activist as one of its 2026 fellows.
Clare Byarugaba, founder of PFLAG-Uganda, is one of the foundation’s five 2026 Global Fellows.
Byarugaba, among other things, has been a vocal critic of Uganda’s Anti-Homosexuality Act. Byarugaba in 2024 met with Pope Francis — who criticized criminalization laws during his papacy — at the Vatican.
The foundation on its website says it “is dedicated to bringing research and people together to make the promise of democracy real for everyone, everywhere.”
“Clare is the kind of hero who rushes toward the emergency to help,” said PFLAG CEO Brian K. Bond in a Feb. 27 statement to the Washington Blade. “She founded PFLAG-Uganda as the country pushed to criminalize homosexuality and those who support LGBTQ+ people. Yet, she never hesitated in her courage, telling us that families wanted to organize to keep their LGBTQ+ loved ones safe, and PFLAG was the way to do it. Clare Byarugaba not only deserves this honor, but she will use her compassion and experience to teach the world about LGBTQ+ advocacy as a Kettering Global Fellow.”
U.S. Capitol Police on Thursday arrested 13 HIV/AIDS activists in the Cannon House Office Building Rotunda.
The activists — members of Housing Works, Health GAP, and the Treatment Action Group — joined former PEPFAR staffers in demanding full funding of the program that President George W. Bush created in 2003. They chanted “AIDS cuts kill, PEPFAR now!” and unfurled banners from the Rotunda’s second floor that read “Trump and (Office of Management and Budget Director Russell) Vought kill people with AIDS worldwide,” “Over 200,000 deaths since January 2025,” and “Hands off PEPFAR” before their arrest.
(Washington Blade video by Michael K. Lavers)
This protest is the latest against the Trump-Vance administration’s HIV/AIDS policies since it took office.
Secretary of State Marco Rubio on Jan. 28, 2025, issued a waiver that allowed PEPFAR and other “life-saving humanitarian assistance” programs to continue to operate during a freeze on nearly all U.S. foreign aid spending. HIV/AIDS service providers around the world with whom the Washington Blade has spoken say PEPFAR cuts and the loss of funding from the U.S. Agency for International Development, which officially closed on July 1, 2025, has severely impacted their work.
The State Department last September announced PEPFAR will distribute lenacapavir in countries with high prevalence rates. Zambia is among the nations in which the breakthrough HIV prevention drug has arrived.
The New York Times last summer reported Vought “apportioned” only $2.9 billion of $6 billion that Congress set aside for PEPFAR for fiscal year 2025. (PEPFAR in the coming fiscal year will use funds allocated in fiscal year 2024.)
Bipartisan opposition in the U.S. Senate prompted the Trump-Vance administration last July withdraw a proposal to cut $400 million from PEPFAR’s budget. Vought on Aug. 29, 2025, said he would use a “pocket rescission” to cancel $4.9 billion for HIV/AIDS prevention and global health programs and other foreign aid assistance initiatives that Congress had already approved.
The White House in January announced an expansion of the global gag rule to ban U.S. foreign aid for groups that promote “gender ideology.” President Ronald Reagan in 1985 implemented the original regulation, also known as the “Mexico City” policy, which bans U.S. foreign aid for groups that support abortion and/or offer abortion-related services. The Council for Global Equality and other groups say the expanded rule will adversely impact HIV prevention efforts around the world.
A press release that Housing Works and Health GAP issued on Thursday notes more than $977 million “in appropriated PEPFAR funding for HIV prevention and treatment was unspent by the end of fiscal year (FY) 2025 — triple amount unspent at the end of FY 2024.”
“Activists predict this backlog will worsen rapidly in FY 2026 unless Congress immediately reasserts its Constitutionally-mandated oversight authority,” notes the press release.
The press release also indicates funding for the Centers for Disease Control and Prevention’s PEPFAR programs “will run out” by April 1 because “only 45 percent of their FY26 funding has been transferred from the State Department.
“Unless funding is transferred immediately, CDC’s global HIV programs across sub-Saharan Africa, Asia and the Caribbean will grind to a halt,” notes the press release.
The activists demanded Trump, Vought, Rubio, and Congress do the following:
- Activists are calling for full obligation of appropriated PEPFAR funds and rejection of growing political interference in global and domestic HIV programs
- Immediately release already-appropriated, unobligated PEPFAR funds
- Break the blackout on PEPFAR data, so Congress and people with HIV know how funding is being spent and can program based on data
- Activists are calling for full obligation of appropriated PEPFAR funds and rejection of growing political interference in global and domestic HIV programs.
“PEPFAR has saved more than 26 million lives and changed the trajectory of an epidemic,” said Housing Works CEO Charles King. “However, the Trump administration’s decision, over the objection of Republicans in Congress, to freeze PEPFAR funding has caused decades of progress to come undone and has been a death sentence for people with HIV relying on life-saving treatment. The U.S. must immediately restore PEPFAR funding and regain our standing in the global fight against HIV.”
King is among the activists who were arrested.
(Washington Blade video by Michael K. Lavers)
-
Virginia5 days agoArlington LGBTQ bar Freddie’s celebrates 25th anniversary
-
National4 days agoSupreme Court deals blow to trans student privacy protections
-
District of Columbia4 days agoD.C. Black Pride theme, performers announced at ‘Speakeasy’
-
Opinions3 days agoWhy innovation matters for Black health
