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Una tarde con Yariel
Ha permanecido bajo custodia de ICE por casi un año
Nota del editor: Una versión de esa nota de opinión en inglés salió en el sitio web del Blade el 4 de febrero.
FERRIDAY, Luisiana — Un guardia masculino al River Correctional Center, un centro de detención privado en el Condado Concordia en Luisiana, me llevó a la sala de visitantes un poco después de la 1 p.m. el sábado. Me senté en una mesa grande —como las que se pueden encontrar en una cafetería de la escuela— y miré a las murallas con mensajes de empoderamiento que habían sido pintados en la pared. Unos minutos después, miré hacía la puerta con una pequeña ventana y vi a Yariel, que vestía un traje verde de rayas. Otro guardia masculino abrió la puerta y Yariel entró la sala. Nos abrazamos fuertemente unos segundos después. Estaba casi sollozando, pero Yariel me aseguró que estaba bien. Después de un par de minutos, nos sentimos en la mesa —uno frente al otro— y empezó nuestra visita. Usé una de las servilletas que tomé de una gasolinera cercana para limpiar las lágrimas de mis ojos. Después de un par de minutos, puse sus manos en las mías y comenzó a llorar. Le di una de las servilletas de la gasolinera para limpiar sus ojos y traté de consolarlo.
“Esta bien llorar”, lo aseguré.
No había visto a Yariel en persona desde el 27 de enero de 2019. Habíamos pasado el día reportando desde un albergue de migrantes dirigida por una lesbiana en Mexicali, una ciudad mexicana en la frontera con EEUU, y lo dejé al apartamento pequeño en Tijuana en que vivía con su padre. Estábamos casi mareados, en parte, porque habíamos cantado canciones de Lady Gaga como locos durante el viaje de dos horas entre Mexicali y Tijuana. Esos momentos despreocupados parecen de toda la vida.
Yariel el sábado me dio dos regalos: Una pulsera hecha de piezas de bolsas de basura negras y blancas y un zapatillo hecho de paquetes de Maruchan y envoltorios de crema de café que hará un buen ornamento navideño. Hablamos como amigos, como hermanos. Hablamos sobre Cuba y el juicio político del presidente Trump. Lo compré una botella de Sprite de una máquina expendedora en la sala. También compartimos una bolsa de Doritos. Una guardia femenina que habla español estaba en la sala con nosotros. Al principio estuve un poco incómodo de verla escribiendo en un cuaderno, pero después de unos minutos olvidé que estaba allí.
A las 2:50 p.m., nos dijo en español que nuestra visita iba a terminar en 10 minutos. Yariel quería darme dos carpetas con sus escritos sobre su tiempo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero la guardia lo dijo que no podría tomarlas conmigo. Yariel había colocado la pulsera alrededor de mi muñeca y un supervisor dijo a la guardia que podría llevar el ornamento conmigo. Los puse, junto con su foto del tamaño de un pasaporte, en mi mano. Nos pusimos de pie y nos abrazamos fuertemente. Lo dije que lo quiero y luego salimos por puertas diferentes. Salí por la puerta principal de la instalación menos de cinco minutos después y regresé a mi hotel en Kenner, un suburbio de Nueva Orleans, a las 6:45 p.m.
Ha pasado casi un año desde que Yariel pidió asilo en EEUU y entró la custodia de ICE. Los lectores del Washington Blade saben que un juez el pasado septiembre concedió asilo a Yariel. También saben que su destino está en las manos de la Junta de Apelación de Inmigración en Virginia porque ICE apeló el fallo.
Hay cierta ironía en el hecho que Yariel comenzó escribir para el Blade en el otoño de 2018, en parte, porque necesitábamos un reportero en Tijuana que pudiera reportar sobre los migrantes LGBTQ que llegaban a la ciudad con las caravanas migratorias de Centroamérica. La cobertura del Blade de estos temas continua, con mi más reciente viaje a Honduras y El Salvador que terminó hace seis días antes de mi visita con Yariel. Esta cobertura sigue siendo tan importante como siempre con la política migratoria de línea dura de la administración Trump continúan poniendo en riesgo a los migrantes LGBTQ.
También se convierte en algo profundamente personal.
Mi esposo y yo el viernes, unas horas antes de volar a Luisiana, asistieron una ceremonia en Durham, Carolina del Norte, donde nuestro querido amigo Marcelo se convirtió en ciudadano estadounidense. Marcelo, un bailarín para el Carolina Ballet de origen paraguayo, trabajaba muy duro para llegar a ese momento y estamos muy orgullosos de él.
Uno de los momentos más memorables de la ceremonia fue el video en que Trump felicitó a Marcelo y los otras 56 personas que acababan de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Ninguno de ellos aplaudió al final del video. Ellos, junto con el resto de nosotros, saben mierda cuando la escuchan, y todos respondimos en especie.
Estos ciudadanos estadounidenses, junto con Yariel, son exactamente el tipo de personas que harán una contribución positiva a este país y lo hará aún mejor. Merecen nuestro respeto y apoyo, no retorica barata basada en racismo, xenofobía y supremacía blanca para apaciguar una base política antes de una elección presidencial.
Una de las partes más desgarradoras de mi visita con Yariel fue cuando me dijo que más desea es su libertad que lo permitirá empezar una nueva vida en los EEUU sin miedo de persecución. La lucha para hacer realidad el sueño de Yariel sigue. Espero que mi próximo viaje a Luisiana sea recogerlo después de la Junta de Apelaciones de Inmigración confirme su decisión de asilo y ICE finalmente lo libere de su custodia.
Siempre estaré a tu lado, Yariel.
Federal Government
Gay Venezuelan man ‘forcibly disappeared’ to El Salvador files claim against White House
Andry Hernández Romero had asked for asylum in US
A gay Venezuelan asylum seeker who the U.S. “forcibly disappeared” to El Salvador has filed a claim against the federal government.
Immigrant Defenders Law Center, who represents Andry Hernández Romero, on Friday announced their client and five other Venezuelans who the Trump-Vance administration “forcibly removed” to El Salvador under the Alien Enemies Act of 1798, filed “administrative claims” under the Federal Tort Claims Act.
The White House on Feb. 20, 2025, designated Tren de Aragua, a Venezuelan gang, as an “international terrorist organization.”
President Donald Trump less than a month later invoked the Alien Enemies Act of 1798, which the Associated Press notes allows the U.S. to deport “noncitizens without any legal recourse.” The White House then “forcibly removed” Hernández, who had been pursuing his asylum case in the U.S., and more than 250 other Venezuelans to El Salvador.
Immigrant Defenders Law Center disputed claims that Hernández is a Tren de Aragua member.
Hernández was held at El Salvador’s Terrorism Confinement Center, a maximum-security prison known by the Spanish acronym CECOT, until his release on July 18, 2025. Hernández, who is back in Venezuela, claims he suffered physical and sexual abuse while at CECOT.
“As a Venezuelan citizen with no criminal record anywhere in the world, I would like to tell not only the government of the United States but governments everywhere that no human being is illegal,” said Hernández in the Immigrant Defenders Law Center press release. “The practice of judging whole communities for the wrongdoing of a single individual must end. Governments should use their power to help every person in the nation become more aware and informed, to strengthen our cultures and build a stronger generation with principles and values — one that multiplies the positive instead of destroying unfulfilled dreams and opportunities.”
Immigrant Defenders Law Center filed claims on behalf of Hernández and the five other Venezuelans less than three months after American forces seized then-Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, Cilia Flores, at their home in Caracas, the Venezuelan capital.
Maduro and Flores have pleaded not guilty to federal drug charges. Delcy Rodríguez, who was Maduro’s vice president, is Venezuela’s acting president.
‘Due process and accountability cannot be optional’
Immigrant Defenders Law Center on Friday also made the following demands:
- The Trump administration must officially release the names of all people the United States sent to CECOT to ensure that everyone has been or will be released.
- The federal government must clear the names of the 252 men wrongfully labeled as criminal gang members of Tren de Aragua.
- DHS (Department of Homeland Security) must end the practice of outsourcing torture through third‑country removals, restore humanitarian parole, and rebuild a functioning, humane asylum system.
- DHS must reinstate Temporary Protected Status for all individuals who cannot safely return to their home countries, halt mass deportations and unlawful raids and arrests, and guarantee due process for everyone navigating the immigration system.
- Congress must pass the Neighbors Not Enemies Act, which would repeal the Alien Enemies Act.
“In all my years as an immigration attorney, I have never seen a client simply vanish in the middle of their case with no explanation,” said Immigration Defenders Legal Fund Legal Services Director Melissa Shepard. “In court, the government couldn’t even explain where he was — he had been disappeared.”
“When the government detains and transfers people in secrecy, without transparency or access to the courts, it tears at the basic protections a democracy is supposed to guarantee,” added Shepard. “What this experience makes painfully clear is that due process and accountability cannot be optional. They are the only safeguards standing between people and the kind of lawlessness our clients suffered. We must end third country transfers, restore the asylum system, and humanitarian parole, and reinstate temporary protective status so this nightmare never happens again.”
The White House
Trump proclamation targets trans rights as State Dept. shifts visa policy
Recent policy actions from the White House limit transgender rights in sports, immigration visas, and overarching federal policy.
In a proclamation issued by the Trump White House Thursday night, the president said he would, among other things, “restore public safety” and continue “upholding the rule of law,” while promoting policies that restrict the rights of transgender people.
“We are keeping men out of women’s sports, enforcing Title IX as it was originally written, and ensuring colleges preserve — and, where possible, expand — scholarships and roster opportunities for female athletes,” the proclamation reads. “At the same time, we are restoring public safety and upholding the rule of law in every city so women, children, and families can feel safe and secure.”
The statement comes amid a broader series of actions by the Trump administration targeting transgender people across multiple federal policy areas, including education, health care, and immigration. A nearly complete list of policies the current administration has put forward can be found on KFF.org.
One day before the proclamation was issued, the U.S. State Department announced changes to visa regulations that could impact transgender and gender-nonconforming people seeking entry into the United States.
The policy, published March 11 and scheduled to take effect April 10, introduces changes to the Diversity Immigrant Visa Program, commonly known as the “DV Program.” The rule is framed by the department as an effort to strengthen oversight and prevent fraud within the visa lottery system, which allocates a limited number of immigrant visas annually to applicants from countries with historically low rates of immigration to the United States.
However, the updated language also standardizes the use of the term “sex” in federal regulations in place of “gender,” a change that LGBTQ advocates say could create additional barriers for transgender and gender-diverse applicants.
The policy states: “The Department of State (‘Department’) is amending regulations governing the Diversity Immigrant Visa Program (‘DV Program’) to improve the integrity of, and combat fraud in, the program. These amendments require a petitioner to the DV Program to provide valid, unexpired passport information and to upload a scan of the biographic and signature page in the electronic entry form or otherwise indicate that he or she is exempt from this requirement. Additionally, the Department is standardizing and amending its regulations to add the word ‘shall’ to simplify guidance for consular officers; ensure the use of the term ‘sex’ in lieu of ‘gender’; and replace the term ‘age’ in the DV Program regulations with the phrase ‘date of birth’ to accurately reflect the information collected and maintained by the Department during the immigrant visa process.”
Advocates say the shift toward using “sex” rather than “gender” in federal immigration rules reflects a broader push by the administration to roll back recognition of transgender identities in federal policy.
According to the National Center for Transgender Equality, an estimated 15,000 to 50,000 undocumented transgender immigrants currently live in the United States, with many entering the country to seek refuge from persecution and hostile governments in their home countries.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
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