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Borradxs al nacer, la realidad de las personas intersex en Ecuador

Edición Cientonce documenta angustias, logros de esa comunidad

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(Ilustración cortesía de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 31 de agosto.

—¡A Axa le encontraron un útero!

—¡¿Cómo?!

—¡Axa tiene útero! ¿Qué vamos a hacer?

En el baño de un hospital, Gabriela habla con su esposo por teléfono. Llora. La angustia la carcome. En una resonancia magnética de su hijo Axa, en ese momento de 13 años, alcanzó a leer “cuerpo uterino”. No necesitó leer más. 

Las visitas de Axa a los hospitales eran igual de habituales que jugar PlayStation, su pasatiempo favorito. Hasta antes de los 10 años, había sido intervenido en cuatro ocasiones para adecuar su genitalidad y hacer que tenga pene y testículos, además tenía citas médicas regulares y exámenes de control.

Axa nació con genitales que visiblemente son difíciles de distinguir entre los sexos masculino o femenino. En letras rojas, la palabra indeterminado estaba escrita en la pulsera identificativa que se coloca a cada recién nacidx con sus datos, entre estos, el del sexo.

Gabriela solo tenía 16 años cuando Axa nació el 14 de julio de 2001. Era su primer hijo.

“En el hospital hacen varios estudios y juntas médicas y me dicen que es ‘indeterminado’, pero como había que inscribir rápido a los bebés, me dijeron que provisionalmente le iban a poner sexo masculino hasta que saliera el examen de cariotipo”, relata Gabriela 21 años después, desde Quito.

Ese examen describe las características de los cromosomas, que son los que recogen la información genética de una persona y determinan su sexo. Ella desconocía cuál era su objetivo. 

“Yo lo único que quería saber era por qué él nació así”, asegura.

Los resultados tardaron dos meses en llegar. En ese lapso, junto a un Axa de apenas semanas de nacido, visitaban más consultorios. Uno de los médicxs que lo atendió, le diagnosticó hipospadias severas y una criptorquidia bilateral (en la primera, la uretra no está en la punta del pene; y en la segunda, los testículos no han descendido).

Cuando los resultados del cariotipo estuvieron finalmente listos, Gabriela se los entregó al médico de cabecera de Axa. “Aquí está todo normal, es varón”, le dijo.

“Para mí fue un alivio que me dijera que era solo una malformación congénita, no genética, que solo era de acomodarle por fuera, que iba a tener hijos y una vida sexual normal”, recuerda.

Pero el resultado de ese examen fue XX; es decir, sexo cromosómico femenino. Gabriela entendería esas XX 13 años después …

X y Y, esas dos letras, esos dos cromosomas, son los que determinan el sexo cromosómico, que sumado a otros factores define la biología de una persona.

Con dos cromosomas XX se es mujer; con un cromosoma X y otro Y, hombre. Esa es la “regla” biológica. Pero, ¿qué pasa cuando simultáneamente alguien presenta características de ambos polos del espectro sexual?

Quienes nacen con características sexuales, sean los genitales, las gónadas (glándulas genitales) o los patrones cromosómicos (cariotipo), que no corresponden a las “típicas” nociones binarias de los cuerpos masculinos o femeninos, son las personas intersexuales o intersex, representadxs en la I de las siglas LGBTIQ+.

La intersexualidad representa una variación natural del cuerpo en donde las categorías hombre-mujer son insuficientes para nombrar el amplio espectro de corporalidades. El cuerpo de Axa representa esta diversidad.

El término intersex abarca entre 60 y 80 variaciones de cuerpos sexuados reconocidos por la genética y la biología molecular, como expone Cristian Robalino Cáceres, en su libro “¿Es niño? ¿Es niña? ¿Ninguno de los dos? ¿Quién decide? El ejercicio médico-jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador.

En tanto, desde la campaña mundial Libres e Iguales de Naciones Unidas se explica que, en algunos casos, los rasgos intersex son visibles al nacer, mientras que en otros no se manifiestan hasta la pubertad. Incluso, algunas variaciones cromosómicas de las personas intersexuales pueden no ser físicamente visibles en absoluto.

Sin embargoen el imaginario social las personas intersexuales son los comúnmente llamados hermafroditas, un término en el que el activismo intersex encuentra una carga peyorativa y que, como indica Robalino Cáceres“hace alusión a aquella figura de la mitología griega que encarna a los dos sexos en un solo cuerpo”. 

Fuera de la ‘regla’ biológica y social

Si bien desde siempre han existido y existen otras corporalidades y variaciones naturales de los cuerpos biológicos, la filósofa feminista estadounidense Judith Butler sostiene que el régimen normativo que ha construido “verdades” en lo concerniente al género y a la sexualidad es la heteronormatividad, según la cual solo se contemplan dos formas de entender la humanidad: los conceptos hombre y mujer. 

En ese sentido, Robalino Cáceres detalla en su libro que dentro de este régimen heteronormativo los conceptos hombre y mujer son entendidos a través de la siguiente operación: hombre: pene y testículos, cromosomas XY, masculino heterosexual; mujer: vagina, ovarios y útero, cromosomas XX, femenina y heterosexual. 

De ahí que, según Butler, todo lo que no se atañe a esa “regla” biológica, se castiga mediante una “severa violencia excluyente”. Así ha sido históricamente con las personas intersex. 

Desde su nacimiento, están expuestas a situaciones de violencia que se inician con intervenciones quirúrgicas para asignarles aribitrariamente un sexo y, a lo largo de toda su vida, a la falta de acceso integral al sistema de salud, así como a atenciones médicas que consideran estas identidades como patológicas.

En el prólogo del libro de Robalino Cáceres, la filósofa argentina Diana Maffía expone que desde la medicina la condición intersexual se interpretaba como una monstruosidad y se estudiaba desde la teratología, la disciplina que dentro de la zoología estudia a las criaturas anormales. 

Esa mirada médica sobre los cuerpos intersexuales sigue siendo actualmente patologizante. En la CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades), la guía que la Organización Mundial de Salud emplea para los diagnósticos médicos, la condición intersexual está categorizada como “Trastornos del Desarrollo Sexual”. Este documento los describe como “cualquier afección causada por la falla de los genitales para desarrollarse correctamente durante el período prenatal”.

Mientras la mirada médica tiene esta perspectiva de “trastornos” o “afecciones”, los organismos internacionales de derechos humanos exhortan a proteger la integridad de las personas intersex desde su nacimiento.

En 2013, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes calificó a las cirugías reconstructivas practicadas a personas intersex como actos detortura y exhortó a derogar leyes que permitan la realización de tratamientos irreversibles sin su consentimiento.

El mismo año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) puso en marcha la campaña Libres e Iguales en la que resalta la importancia de prohibir estos procedimientos quirúrgicos porque pueden producir esterilidad permanente, dolor, incontinencia, pérdida de la sensibilidad sexual y sufrimiento mental de por vida, incluida la depresión. 

Dos años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América“, recomendó a los Estados hacer modificaciones en materia legislativa y de política pública para prohibir procedimientos médicos innecesarios a personas intersexuales. 

Sin embargo, en Ecuador, no se ha avanzado en leyes o políticas públicas para proteger a la población intersex. Cuando la Asamblea Nacional incorporó la prohibición de procedimientos de asignación de sexo a niñxs intersexuales en el Código Orgánico de Salud que aprobó en 2020, el expresidente Lenín Moreno lo vetó en su totalidad y, en consecuencia, no entró en vigencia. Mientras, el Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobó un protocolo para el abordaje médico de la intersexualidad, pero es prácticamente desconocido en los hospitales del país.

¿Qué pasa con mi cuerpo?, la pregunta sin respuesta

“No me han sabido decir a ciencia cierta qué pasa con mi cuerpo. Lo he tenido que descubrir yo porque los médicos no han sabido cómo abordarme”, cuenta Wilmer González Brito una tarde un tanto gris de abril en Cuenca. 

Él no solo es una persona intersex, sino el activista intersexual más visible de Ecuador. Desde ambos lugares afirma que la intersexualidad “es un tema completamente desconocido” entre los profesionales sanitarios del país. 

“Los médicos que hemos capacitado dicen: estos temas no nos dan en la academia (…) Para nosotros el único tipo de intersexualidad es cuando vemos una vagina y un pene, pero de las realidades que vienen con las gónadas, con los temas hormonales, no sabemos”, refiere. 

Él ha estado en esas capacitaciones porque es el coordinador y vocero de Intertulias, el único colectivo intersex del país. Ese espacio se creó en 2014 para luchar por los derechos de las personas intersexuales y para que sus voces sean escuchadas.

Con González Brito concuerda Edgar Zúñiga Salazar, médico y coordinador general de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, al señalar que “el principal problema en la parte médica es que no se enseña sobre intersexualidad”.

“Lo que te enseñan es sobre síndromes o trastornos del desarrollo sexual, entonces te formas con una mirada patologizante y problematizadora de la diversidad sexual corporal. Es incluso un tema estructural cultural. Como tienes una ausencia de información sobre intersexualidad en la sociedad, esto se replica en la parte académica”, considera. 

La publicación del Ministerio de Salud Pública, en 2018, del denominado “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual“-nombre que el activismo intersex considera patologizante- no ha servido para llenar ese vacío. 

Este es el único manual que establece las directrices que deben seguir los profesionales de salud que se encuentren involucrados en la atención de personas intersex. 

Pero hoy, a cuatro años de su presentación, éste nunca se ha aplicado. “El Protocolo no se ha implementado”, confirma el Ministerio de Salud Pública a Edición Cientonce.

En sus respuestas, el Ministerio añade que esto responde a que “son necesarios otros insumos normativos” para incluir en su cartera de servicios temas específicos de atención para esta población. 

La única normativa vigente es el Manual Atención en salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI)“, que desde 2016 es de cumplimiento obligatorio y provee a los profesionales y estudiantes de ciencias de la salud las herramientas y recomendaciones para la atención de personas de la diversidad sexo genérica. 

Sin embargo, la población intersex experimenta atenciones violentas. “Me acuerdo de una doctora que me atendió y me dijo ‘tienes un cuerpo anormal’ (…) y por último ‘no podemos hacer nada porque esto tampoco es algo que podamos curarte’”, rememora Gónzalez Brito sobre una consulta médica. 

Él era un adolescente cuando reparó que tenía una corporalidad que consideraba distinta a la de su hermano y primos: menos cintura y más cadera. Ya de adulto, empezó a manifestar intensos dolores en el estómago y retortijones todos los meses. Estas dolencias lo impulsaron a acudir a especialistas, quienes le revelaron que tiene un ovario y un testículo, una de las variaciones de la intersexualidad. 

Aunque en una de esas citas médicas, un médico lo increpó: “¡¿Por qué ibas a tener cólicos tú, si eres un hombre?!”.

***

En su adolescencia, Axa usaba dos chompas: una gris y una verde, con cualquier pantalón. Las usaba a diario. No optaba por más prendas de vestir. Con esas chompas, ocultaba sus pechos, que empezaron a crecerle a los 12 años. 

Cuando el cuerpo de Axa presentó estos cambios, su médico de cabecera le indicó que tenía ginecomastia, un “trastorno” -según lo califica la CIE-11- que produce en los hombres un volumen excesivo de los pechos.

La recomendación fue que bajara de peso. Axa inició una dieta y se ejercitaba, pero los pechos se hicieron más notorios e incluso se formaron las areolas. A la misma edad, empezó a orinar sangre cada mes. Generalmente, cinco días seguidos. Y sentía dolores abdominales que hasta llegaron a despertarlo en las madrugadas. 

Axa se mostraba irritable en su adolescencia. Se encerraba en su dormitorio. Lloraba. Los videojuegos eran un escape de las citas médicas y tratamientos que debía seguir.

El día que cumplió 13 años, tras perder una jugada de PlaySation, cruzó sus brazos y sintió que una secreción salía de sus pechos. “Pensé que era sudor, pero no estaba sudando; me comencé a presionar a propósito y salió bastante”. 

Dos días después, decidió contárselo a su madre. Gabriela recurrió nuevamente al médico de cabecera de su hijo. Él ordenó una resonancia magnética, pero con un pedido adicional: buscar gónadas femeninas.

Es en esa hoja de resultados, donde ella leyó: “se observa una zona que correspondería a cuerpo uterino”. “Próstata no visible”.

Fue entonces cuando comprendió lo que 13 años antes no había entendido: el cuerpo de Axa es intersexual y no masculino, el sexo que arbitrariamente le fue asignado al nacer. También entendió que los dolores abdominales de su hijo eran en realidad cólicos menstruales y la sangre en la orina, menstruación.

Desde la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, están acompañando a personas intersex, “a quienes toda la niñez prácticamente les ha sido robada”, señala su titular, Edgar Zúñiga.

Al igual que Axa, expone, “han tenido que vivir una infancia impuesta”. “Los casos que acompañamos son de personas que han sido sometidas a violencia médica, incluso quirúrgica, hormonal, etcétera”, revela.  

Y esta imposición de corporalidad e identidad, explica Zúñiga, acarrea “un impacto muy fuerte” en la “construcción identitaria porque se parte de una negación del yo”. 

El “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual” no establece una prohibición expresa de las intervenciones quirúrgicas, pero sí menciona que no todas las personas intersex requieren operaciones.

El documento estipula que un comité multidisciplinario (conformado, entre otros especialistas, por pediatras, genetistas, endocrinólogos, neonatólogos y personal de salud mental especializados en género y diversidades sexuales) debe discutir, asesorar y deliberar la condición con cada paciente y sus familiares. Y que estas decisiones deben autorizarse mediante consentimiento informado.

Además, que el objetivo de las intervenciones quirúrgicas es evitar problemas de salud física y que la estética corporal y función sexual “es un tema que le concierne únicamente a la persona”.

«Se dice que son los padres, le niñe, le adolescente, quienes pueden tomar las decisiones sobre la soberanía de sus cuerpos, pero siempre se va a requerir una asesoría médica y ese consentimiento informado puede ser muy manipulado. Si yo, en una asesoría perinatal, le digo a los padres que ese niñe va a sufrir discriminación y va a ser violentado por no tener un sexo asignado, ahí se está manipulando la información para que los familiares autoricen un procedimiento que el protocolo claramente enuncia que es innecesario”, manifiesta Edgar Zúñiga.

Desde Quito, Carolina cuenta que, sin el cumplimiento de exámenes previos, un urólogo recomendó la intervención de su hijo, Álvaro, quien hace 8 años nació con hipospadias. 

“No se hicieron exámenes endocrinológicos ni de cariotipo, nada de eso. Ya nos estaba dando una fecha de cirugía”, recuerda.

Coincidentemente, ella estaba realizando una investigación sobre intersexualidad para su tesis de universidad y es así como descubrió que el hipospadias es un tipo de variación intersex. 

Aunque según el documento “El ABC de la I”, que elaboró Intertulias, “el hipospadias no suele diagnosticarse como condición intersex sino como malformación en el pene de un varón, a ser tratada con cirugía correctiva”.

Pese a la recomendación e insistencia del médico para asignar un sexo, Carolina decidió no operar a su hijo y que sea él quien tome la decisión en su futuro. Sin embargo, sí pasó por el quirófano el año pasado cuando presentó infecciones urinarias porque el canal de la uretra se estaba cerrando como consecuencia del hipospadias.

Ella pidió expresamente estar presente en el quirófano para cerciorarse que solo amplíen el canal de la uretra y no realicen ningún procedimiento adicional por motivos estéticos. 

Los padres de Maykel, en cambio, sí optaron por la operación. Al igual que Álvaro, nació con hipospadias.

El niño, de 10 años, fue intervenido en dos ocasiones: a los 3 y 8 años. La primera intervención fue para abrir el canal de la uretra, ya que su escasa micción podía afectar sus riñones, y la segunda para formar el pene.

“El doctor me dijo que iba a ser un problema si no se le hacía la cirugía, porque no iba a ser un niño normal”, señala Karina, su mamá, una mañana de mayo en su casa en Santo Domingo de los Colorados.

Según relata, la segunda intervención fue meramente estética. “El doctor me explicó que Maykel ya no corría ningún riesgo del riñón, porque con el catéter él podía orinar normalmente y que la cirugía que estaba pendiente era como estética para para formar su penecito y que orine normal”.

Con orinar “normal”, Karina se refiere a que su hijo orine parado y no sentado como lo venía haciendo desde que dejó de usar pañales. 

Al no tratarse de una situación que ponía en riesgo su salud, esa segunda intervención tardó cinco años en practicarse.

Karina y su esposo René estuvieron de acuerdo con las dos intervenciones sugeridas por el médico. Incluso descartaron la recomendación de una especialista de que sea Maykel quien decida cuando tenga 18 años.

Entre los exámenes médicos que los padres de Maykel conservan en una carpeta, constan pruebas de sangre y ecografías, pero no de cariotipo.

Un casillero sin la I

No se sabe cuántas intervenciones de asignación de sexo a niñxs intersex se han hecho en Ecuador. Tampoco cuántas personas son intersexuales ni cuántas nacen por año en el país. 

El Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sigue manejando dos únicas categorías de sexo: hombre o mujer. 

Y así consta en la información que el Ministerio de Salud hizo llegar a Edición Cientonce. Los nacimientos intersex no se contabilizan. 

La legislación ecuatoriana maneja los nacimientos con una concepción binaria y no considera la intersexualidad como una condición biológica. La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en su artículo 30, establece que “el sexo será registrado considerando la condición biológica del recién nacido, como hombre o mujer, de conformidad a lo determinado por el profesional de la salud o la persona que hubiere atendido el parto”. 

La misma ley señala que la inscripción de niñxs debe obligatoriamente hacerse durante los tres días posteriores al nacimiento. De lo contrario, los médicos pueden ser sancionados.

La decisión, entonces, del sexo que se asigna a niñxs intersex prácticamente queda a potestad de los médicos y en un plazo contrareloj.

El único dato oficial que existe es el del Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACCA), que incluye la variable intersex. 

A partir de esos registros se sabe que, por ejemplo, en 2021, en los establecimientos de salud a nivel nacional se registraron 707 atenciones a personas intersexuales.

Para Wilmer González Brito esos registros «no reflejan una realidad». “Tú les tienes que decir a los médicos que te registren en la i (de intersex). A mí me quieren poner directamente en la h (de hombre). Se basan en lo que ven y como me ven hombre, inmediatamente te vinculan en el binarismo”, sostiene. 

Desde Santo Domingo de los Colorados, Bárbara Jiménez también cuenta que siempre debe corregir a los doctores. 

En las citas médicas, en cualquier especialidad, asumen que es una mujer trans. No preguntan, solo asumen. En ocasiones, prefiere evitar explicaciones: “A veces ya me aburre. Ya digo, ay, que piensen lo que quieran. Los médicos me preguntan si me identifico como hombre o mujer, y yo digo como mujer, pero soy intersexual, y me responden ‘¿y eso qué es?’”.

Hasta los 18 años, Bárbara usó prendas de vestir comúnmente asociadas a las que usaría un hombre, pero por su tipo de intersexualidad (insensibilidad a los andrógenos), su cuerpo no lee la testosterona (hormona masculina) y tiene mayores niveles de estrógenos (hormonas femeninas); por ello, a los 12 años, le crecieron senos y caderas.

En las clases de natación del colegio, como debía usar un short corto y ajustado, sus pechos quedaban expuestos. “Yo tenía que cubrirme los pechos con los brazos. Esto me producía cierto malestar, cierta vergüenza”, recuerda.

Bárbara conoció la palabra intersexual en 2012 investigando en internet lo que le pasaba a su cuerpo. Entre los doctores a los que acudía, no hallaba respuestas. Al contrario, recibía violencia.

Un endocrinólogo le sugirió que asista a las clases que dictaba en una universidad para que sus estudiantes analizaran su caso. “Iba a estar como rata en laboratorio, para que me estudien. Yo no me sentí cómoda con eso y no regresé (a una nueva cita) con ese médico”, cuenta.

En la vida de una persona intersex, la falta de preparación y conocimiento de los profesionales de la salud no solo se traduce en atenciones violentas. Es el inicio de un viacrucis, de la búsqueda de un médico que, en el mejor de los casos, les ofrezca respuestas o una certeza a medias. 

La psicóloga clínica Vanessa Quito atiende en su consulta a dos personas intersex. “Las familias no han pasado solo por uno, vienen pasando por cuatro, cinco, seis médicos. Es la desesperación de que quizás alguien pueda hablar un ‘idioma diferente'”, relata Quito, quien también es máster en intervención psicosocial familiar.

Desde el Ministerio de Salud, sin embargo, se asegura que en todos sus establecimientos se brinda atención «sin discriminación alguna» y que capacitan “en temas de derechos humanos” a todo el personal. 

***

Gabriela rompió contacto con el médico que operó a Axa en cuatro ocasiones cuando era niño y decidió denunciar el caso ante el Ministerio de Salud. Esta denuncia, presentada en septiembre de 2014, fue la que dio paso a que por primera vez la máxima autoridad sanitaria del país comenzara a discutir sobre las intervenciones quirúrgicas para asignar un sexo/género a lxs recién nacidos intersexuales, como detalla Robalino Cáceres en “¿Es niño? ¿Es niña? ¿Ninguno de los dos? ¿Quién decide? El ejercicio médico-jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador”.

En el proceso administrativo, el médico defendió las intervenciones realizadas a Axa. “Los trastornos del desarrollo sexual tienen etapas específicas que denotan que no nos hemos saltado procesos. Hay niños que durante el primer año de vida son diagnosticados, pero a los 14 años, con el despliegue sexual y hormonal, pueden cambiar su tendencia (…). Y sigo manteniendo que él es un varón”.

Pero eso no era lo que indicaba el cariotipo ni fue la decisión de Axa. Recién a los 14 años él pudo decidir, por primera vez, sobre su cuerpo. Y decidió mantener su identidad masculina y someterse voluntariamente a nuevas intervenciones quirúrgicas, entre estas, una doble mastectomía.

Hoy, con 21 años, finalmente está a gusto consigo mismo. “Me siento bien con lo que soy, me siento bien siendo intersexual. Antes me veía como algo raro, literalmente algo que no estaba dentro de lo binario, que no estaba dentro del canon, y ahora me siento completamente bien”.

“De niño yo hubiese preferido que se me informe y se me explique para qué me estaban haciendo las operaciones. Es frustrante entrar y salir de quirófanos sin tener la menor idea de por qué lo estás haciendo. Yo solo sabía que había que hacerle unas ‘correcciones’ a mi cuerpo, nada más”.

Por esas “correcciones”, el Ministerio de Salud Pública sancionó en diciembre de 2014 al médico que operó a Axa. La Cartera de Estado le impuso una multa de 3.400 dólares, pero no revocó su licencia; siguió y sigue atendiendo. 

Gabriela también recurrió a la justicia, que en 2018 falló a su favor y al de Axa por daño moral, y obligó a pagar una indemnización de 100.000 dólares.

“Si alguien le notó niña, ¿por qué no me dijeron?”, llegó a decir el médico.

Fue a partir del caso de Axa, que la Dirección de Derechos Humanos, Género e Inclusión del MSP elaboró el “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual”, el primero para abordar las realidades intersex en el sistema de salud. 

Pero como nunca se ha implementado, historias como la de Axa pueden volver a repetirse, historias de infancias impuestas y sometidas a intervenciones quirúrgicas para asignar un sexo bajo una mirada médica patologizante, historias de atenciones médicas discriminatorias y violentas, historias de personas que por nacer fuera de la “norma corporal” son borradas al nacer.

EQUIPO INVESTIGATIVO:

Reportería, investigación, coordinación general, redacción y edición:

Daniela Mejía Alarcón y Víctor Hugo Carreño

Asesoría en investigación:

Cristian Robalino Cáceres

Fotografías y videos:

Óscar Molina V. y Fabio Abad Baus

Edición audiovisual:

Fabio Abad Baus

Ilustraciones para web y redes sociales:

Víctor García Mejía

Corrección:

Fausto Lara

En este reportaje, ciertos testimonios aparecen con nombres protegidos a pedido expreso de lxs entrevistadxs.

Este reportaje ha sido producido con el financiamiento de la Unión Europea en el marco del proyecto Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas y jurídicas para la protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina. Su contenido es responsabilidad de Edición Cientonce.

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El Salvador

El Salvador: el costo del silencio oficial ante la violencia contra la comunidad LGBTQ

Entidades estatales son los agresores principales

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

En El Salvador, la violencia contra la población LGBTQ no ha disminuido: ha mutado. Lo que antes se expresaba en crímenes de odio, hoy se manifiesta en discriminación institucional, abandono y silencio estatal. Mientras el discurso oficial evita cualquier referencia a inclusión o diversidad, las cifras muestran un panorama alarmante.

Según el Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH, con el apoyo de Hivos y Arcus Foundation, desde el 1 de enero al 22 de septiembre de 2025 se registraron 301 denuncias de vulneraciones de derechos.

El departamento de San Salvador concentra 155 de esas denuncias, reflejando la magnitud del problema en la capital.

Violencia institucionalizada: el Estado como principal agresor

El informe revela que las formas más recurrentes de violencia son la discriminación (57 por ciento), seguida de intimidaciones y amenazas (13 por ciento), y agresiones físicas (10 por ciento). Pero el dato más inquietante está en quiénes ejercen esa violencia.

Los cuerpos uniformados, encargados de proteger a la población, son los principales perpetradores:

  • 31.1 por ciento corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC),
  • 26.67 por ciento al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM),
  • 12.22 por ciento a militares desplegados en las calles bajo el régimen de excepción.

A ello se suma un 21.11 por ciento de agresiones cometidas por personal de salud pública, especialmente por enfermeras, lo que demuestra que la discriminación alcanza incluso los espacios que deberían garantizar la vida y la dignidad.

Loidi Guardado, representante de ASPIDH, comparte con Washington Blade un caso que retrata la cotidianidad de estas violencias:

“Una enfermera en la clínica VICITS de San Miguel, en la primera visita me reconoció que la persona era hijo de un promotor de salud y fue amable. Pero luego de realizarle un hisopado cambió su actitud a algo despectiva y discriminativa. Esto le sucedió a un hombre gay.”

Este tipo de episodios reflejan un deterioro en la atención pública, impulsado por una postura gubernamental que rechaza abiertamente cualquier enfoque de inclusión, y tacha la educación de género como una “ideología” a combatir.

El discurso del Ejecutivo, que se opone a toda iniciativa con perspectiva de diversidad, ha tenido consecuencias directas: el retroceso en derechos humanos, el cierre de espacios de denuncia, y una mayor vulnerabilidad para quienes pertenecen a comunidades diversas.

El miedo, la desconfianza y el exilio silencioso

El estudio también señala que el 53.49 por ciento de las víctimas son mujeres trans, seguidas por hombres gays (26.58 por ciento). Sin embargo, la mayoría de las agresiones no llega a conocimiento de las autoridades.

“En todos los ámbitos de la vida —salud, trabajo, esparcimiento— las personas LGBT nos vemos intimidadas, violentadas por parte de muchas personas. Sin embargo, las amenazas y el miedo a la revictimización nos lleva a que no denunciemos. De los casos registrados en el observatorio, el 95.35 por ciento no denunció ante las autoridades competentes”, explica Guardado.

La organización ASPIDH atribuye esta falta de denuncia a varios factores: miedo a represalias, desconfianza en las autoridades, falta de sensibilidad institucional, barreras económicas y sociales, estigma y discriminación.

Además, la ausencia de acompañamiento agrava la situación, producto del cierre de numerosas organizaciones defensoras por falta de fondos y por las nuevas normativas que las obligan a registrarse como “agentes extranjeros”.

Varias de estas organizaciones —antes vitales para el acompañamiento psicológico, legal y educativo— han migrado hacia Guatemala y Costa Rica ante la imposibilidad de operar en territorio salvadoreño.

Educación negada, derechos anulados

Mónica Linares, directora ejecutiva de ASPIDH, lamenta el deterioro de los programas educativos que antes ofrecían una oportunidad de superación para las personas trans:

“Hubo un programa del ACNUR que lamentablemente, con todo el cierre de fondos que hubo a partir de las declaraciones del presidente Trump y del presidente Bukele, pues muchas de estas instancias cerraron por el retiro de fondos del USAID.”

Ese programa —añade— beneficiaba a personas LGBTQ desde la educación primaria hasta el nivel universitario, abriendo puertas que hoy permanecen cerradas.

Actualmente, muchas personas trans apenas logran completar la primaria o el bachillerato, en un sistema educativo donde la discriminación y el acoso escolar siguen siendo frecuentes.

Organizaciones en resistencia

Las pocas organizaciones que aún operan en el país han optado por trabajar en silencio, procurando no llamar la atención del gobierno. “Buscan pasar desapercibidas”, señala Linares, “para evitar conflictos con autoridades que las ven como si no fueran sujetas de derechos”.

Desde el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), su cofundadora Leslie Schuld coincide. “Hay muchas organizaciones de derechos humanos y periodistas que están en el exilio. Felicito a las organizaciones que mantienen la lucha, la concientización. Porque hay que ver estrategias, porque se está siendo silenciado, nadie puede hablar; hay capturas injustas, no hay derechos.”

Schuld agrega que el CIS continuará apoyando con un programa de becas para personas trans, con el fin de fomentar su educación y autonomía económica. Sin embargo, admite que las oportunidades laborales en el país son escasas, y la exclusión estructural continúa.

Matar sin balas: la anulación de la existencia

“En efecto, no hay datos registrados de asesinatos a mujeres trans o personas LGBTIQ+ en general, pero ahora, con la vulneración de derechos que existe en El Salvador, se está matando a esta población con la anulación de esta.”, reflexiona Linares.

Esa “anulación” a la que se refiere Linares resume el panorama actual: una violencia que no siempre deja cuerpos, pero sí vacíos. La negación institucional, la falta de políticas públicas, y la exclusión social convierten la vida cotidiana en un acto de resistencia para miles de salvadoreños LGBTQ.

En un país donde el Ejecutivo ha transformado la narrativa de derechos en una supuesta “ideología”, la diversidad se ha convertido en una amenaza política, y los cuerpos diversos, en un campo de batalla. Mientras el gobierno exalta la “seguridad” como su mayor logro, la población LGBTQ vive una inseguridad constante, no solo física, sino también emocional y social.

El Salvador, dicen los activistas, no necesita más silencio. Necesita reconocer que la verdadera paz no se impone con fuerza de uniformados, sino con justicia, respeto y dignidad.

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Noticias en Español

Un país que vota desde el miedo y la esperanza

Candidatos pro-LGBTQ ganaron en todo el país

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La ciudad de Miami en 2020. Los resultados de las elecciones del 4 dfueron una llamada de atención para los candidatos anti-LGBTQ y antiinmigrantes.(Foto de by Yariel Valdés González por el Washington Blade)

Estados Unidos volvió a las urnas el 4 de noviembre de 2025, y el resultado fue mucho más que una contienda electoral. Lo que se vivió en Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, Miami y California fue una radiografía moral y política de una nación que vota entre el miedo y la esperanza. Los votantes hablaron desde la incertidumbre, pero también desde la convicción de que el país todavía puede ser un espacio de justicia, inclusión y respeto.

Las victorias de Abigail Spanberger en Virginia y Mikie Sherrill en Nueva Jersey, junto al ascenso del progresista Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York, el avance demócrata en Miami y la aprobación de la Proposición 50 en California, marcaron el ritmo de una elección que dejó un mensaje claro para la administración Trump: el miedo puede movilizar, pero no logra sostener el poder. La ciudadanía eligió con el corazón, cansada de los discursos de odio y del espectáculo político, y con la esperanza de reencontrarse con una política que mire hacia la gente, no hacia el poder.

El caso de Nueva York sintetiza ese cambio de rumbo. Zohran Mamdani, hijo de inmigrantes, musulmán y abiertamente progresista, centró su discurso de victoria en la defensa de la dignidad humana y la solidaridad.

“Esta noche hicimos historia”, dijo ante una multitud diversa que lo vitoreaba. “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes: una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”.

 Pero su mensaje más poderoso fue el que dedicó a las comunidades más vulnerables: Aquí creemos en defender a quienes amamos, ya seas inmigrante, miembro de la comunidad trans, una de las muchas mujeres negras que Donald Trump despidió de un trabajo federal, una madre soltera que aún espera que bajen los precios de los alimentos o cualquier otra persona que se encuentre contra la pared”.

Esas palabras resonaron como una respuesta a los años de retrocesos y ataques legislativos contra las personas LGBTQ y, en especial, contra la comunidad trans. Mamdani prometió ampliar y proteger el acceso a la atención médica afirmativa de género, destinando fondos públicos para garantizar que “todos los neoyorquinos tienen acceso al tratamiento médico que necesitan”. Su compromiso coloca a Nueva York como un faro de resistencia frente a la ola de políticas restrictivas que han surgido en varios estados del país.

Lo ocurrido en noviembre tiene, además, un profundo significado para quienes viven en los márgenes del poder. Para la comunidad trans, estos resultados representan algo más que un respiro político: son una afirmación de existencia. En tiempos donde el discurso oficial ha buscado borrar identidades, negar tratamientos y criminalizar cuerpos, la victoria de líderes que defienden la inclusión devuelve la esperanza de vivir sin miedo. El voto trans, y el voto LGBTQ en general, fue más que un gesto cívico: fue un acto de supervivencia y de resistencia.

La elección también habló al corazón de las comunidades inmigrantes, de las personas que viven con VIH o enfermedades crónicas, de las minorías raciales y de quienes luchan por un salario justo. En un país donde tantos sienten que la política los ha olvidado, estas victorias locales devuelven la posibilidad de creer en la democracia como herramienta de transformación. Son un recordatorio de que la esperanza no es ingenuidad, sino el acto más valiente de quienes deciden seguir de pie.

Miami, por su parte, envió una señal inesperada. En un bastión republicano históricamente alineado con la administración Trump, la candidata demócrata tomó la delantera y forzó una segunda vuelta. En una ciudad diversa, con fuerte presencia latina, afrodescendiente e LGBTQ, el avance progresista fue un mensaje de ruptura con el voto automático y con la política del miedo. Las urnas del sur de la Florida demostraron que los cambios comienzan en los lugares menos previsibles.

Para la administración Trump, la lectura es clara. El país está enviando una advertencia: los derechos humanos no se negocian. La economía importa, pero también importa la dignidad. Los votantes quieren soluciones reales, no eslóganes; respeto, no manipulación; empatía, no imposición.

Las comunidades LGBTQ y trans han sido el rostro visible de una resistencia que no se rinde. Cada voto emitido fue un acto de esperanza frente al miedo; cada victoria, una respuesta a la violencia simbólica e institucional. Las palabras del nuevo alcalde de Nueva York se convirtieron en símbolo nacional porque trascendieron la política partidista: recordaron que en medio de la oscuridad, la humanidad todavía puede ser una política pública.

Las urnas de noviembre hablaron con la voz de quienes han sido marginados, atacados o invisibilizados. Hablan las personas trans que exigen respeto, las parejas que defienden su amor, los jóvenes que no aceptan ser silenciados, los creyentes que apuestan por una fe inclusiva y las familias que siguen creyendo en un país posible. En medio del miedo, el país eligió esperanza. Y esa esperanza —imperfecta, frágil, pero viva— puede ser el principio de una nueva historia: una en la que la igualdad no sea un sueño, sino una promesa cumplida.

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Doble exclusión, misma dignidad

Personas con discapacidades en América Latina y el Caribe se luchan dos batallas.

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El Ángel de la Independencia en la Ciudad de México (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

En un continente donde los derechos de la comunidad LGBTQ avanzan y retroceden al ritmo de los vientos políticos, hay una realidad que casi nadie nombra: la de quienes, además de pertenecer a esta comunidad, viven con una discapacidad física, motora o sensorial. En ellos convergen dos batallas —la del reconocimiento y la de la accesibilidad— que se libran, la mayoría de las veces, en silencio.

Según el Banco Mundial, más de 85 millones de personas con discapacidad viven en América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, la región alberga algunos de los movimientos LGBTQ más visibles del mundo, aunque persisten graves formas de violencia y exclusión. Sin embargo, los estudios que cruzan ambas realidades son casi inexistentes. Y esa ausencia de datos también es una forma de violencia.

Ser una persona LGBTQ en América Latina todavía implica, en muchos casos, enfrentar el rechazo familiar, la discriminación laboral o la exclusión religiosa. Pero si a eso se suma una discapacidad, las barreras se multiplican. En palabras de un activista brasileño citado por CartaCapital, “cuando entro a una entrevista, me miran primero la silla de ruedas y después descubren que soy gay. Ahí empieza el doble filtro”. Este fenómeno, conocido como doble prejuicio, se refleja tanto fuera como dentro de la propia comunidad LGBTQ. A menudo, la discapacidad sigue siendo invisibilizada incluso en marchas del orgullo o campañas de diversidad, donde predominan imágenes de cuerpos normativos y jóvenes. El capacitismo —esa discriminación basada en la idea de que solo los cuerpos funcionales son válidos— se cuela incluso en los espacios que deberían ser los más inclusivos.

La desexualización de las personas con discapacidad es una de las formas más sutiles de exclusión. El reportaje argentino Sexo, discapacidad y placer, publicado por Distintas Latitudes, expone cómo la sociedad suele negar el derecho al deseo y al amor de quienes viven con alguna limitación física. Cuando además se trata de una persona LGBTQ, la negación se duplica: se les niega el cuerpo, el deseo y, con ello, una parte esencial de su dignidad humana. Como afirma la psicóloga mexicana María L. Aguilar, “la desexualización de las personas con discapacidad es una forma de violencia simbólica. Y cuando se cruza con la diversidad sexual, se convierte en una negación del derecho al placer y a la autonomía”.

El ejemplo más visible de inclusión llega desde el deporte. En los Juegos Paralímpicos de París 2024, al menos 38 atletas LGBTQ participaron, según un informe de Agencia Presentes. Pero la pregunta permanece: ¿cuántas personas LGBTQ con discapacidad fuera del ámbito deportivo logran tener voz, empleo, pareja o acceso a los servicios básicos? En un continente marcado por la desigualdad, la intersección entre orientación sexual, discapacidad, pobreza y género produce una combinación de vulnerabilidades que pocas políticas públicas abordan.

Diversos estudios advierten que las personas LGBTQ en América Latina presentan tasas más altas de depresión y ansiedad que la población general. A su vez, los informes sobre discapacidad en la región señalan altos niveles de aislamiento y falta de apoyo. Pero no existen datos interseccionales que midan cómo se viven estos desafíos cuando ambas realidades se cruzan. En países como Chile, el Observatorio de Discapacidad e Inclusión advierte una alta prevalencia de problemas de salud mental y un acceso insuficiente a servicios especializados. En Estados Unidos, investigaciones del Trevor Project muestran que los jóvenes Latine LGBTQ tienen mayor riesgo de intentos de suicidio cuando enfrentan discriminación múltiple. En América Latina y el Caribe, la ausencia de estadísticas en este campo no solo refleja desinterés: también perpetúa la invisibilidad.

Ni las leyes sobre discapacidad mencionan explícitamente a la población LGBTQ, ni las políticas de diversidad incorporan la variable de discapacidad. Un informe de la International Disability Alliance sobre la región advierte que las personas con discapacidad LGBTQ “enfrentan discriminación múltiple y carecen de protección específica”. Pese a ello, surgen señales de esperanza: en México, el Colectivo de Personas con Discapacidad LGBTQ+ impulsa iniciativas para visibilizar la exclusión doble; en Brasil, la organización Vale PCD desarrolla proyectos de inclusión laboral y cultural; y en el Caribe oriental, el Proyecto LIVITY, de la Eastern Caribbean Alliance for Diversity and Equality (ECADE), fomenta la participación política de personas con discapacidad y de la comunidad LGBTQ.

La verdadera inclusión no se mide por las rampas, ni por los discursos de tolerancia. Se mide por la capacidad de una sociedad para reconocer la dignidad humana en todas sus expresiones, sin lástima, sin morbo, sin condiciones. No se trata de aplaudir historias de superación, sino de garantizar el derecho a una vida plena. Como dijo un líder caribeño citado por ECADE: “La inclusión no es un gesto, es una decisión moral y política”.

Este tema exige una conversación continental. América Latina y el Caribe solo podrán hablar de igualdad real cuando el cuerpo, el deseo y la libertad de las personas LGBTQ con discapacidad sean respetados con la misma fuerza con que se proclama la diversidad. Nombrar lo que aún no se nombra es el primer paso hacia la justicia. Porque lo que no se mide, no se atiende; y lo que no se mira, no existe.

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