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Borradxs al nacer, la realidad de las personas intersex en Ecuador
Edición Cientonce documenta angustias, logros de esa comunidad
—¡A Axa le encontraron un útero!
—¡¿Cómo?!
—¡Axa tiene útero! ¿Qué vamos a hacer?
En el baño de un hospital, Gabriela habla con su esposo por teléfono. Llora. La angustia la carcome. En una resonancia magnética de su hijo Axa, en ese momento de 13 años, alcanzó a leer “cuerpo uterino”. No necesitó leer más.
Las visitas de Axa a los hospitales eran igual de habituales que jugar PlayStation, su pasatiempo favorito. Hasta antes de los 10 años, había sido intervenido en cuatro ocasiones para adecuar su genitalidad y hacer que tenga pene y testículos, además tenía citas médicas regulares y exámenes de control.
Axa nació con genitales que visiblemente son difíciles de distinguir entre los sexos masculino o femenino. En letras rojas, la palabra indeterminado estaba escrita en la pulsera identificativa que se coloca a cada recién nacidx con sus datos, entre estos, el del sexo.
Gabriela solo tenía 16 años cuando Axa nació el 14 de julio de 2001. Era su primer hijo.
“En el hospital hacen varios estudios y juntas médicas y me dicen que es ‘indeterminado’, pero como había que inscribir rápido a los bebés, me dijeron que provisionalmente le iban a poner sexo masculino hasta que saliera el examen de cariotipo”, relata Gabriela 21 años después, desde Quito.
Ese examen describe las características de los cromosomas, que son los que recogen la información genética de una persona y determinan su sexo. Ella desconocía cuál era su objetivo.
“Yo lo único que quería saber era por qué él nació así”, asegura.
Los resultados tardaron dos meses en llegar. En ese lapso, junto a un Axa de apenas semanas de nacido, visitaban más consultorios. Uno de los médicxs que lo atendió, le diagnosticó hipospadias severas y una criptorquidia bilateral (en la primera, la uretra no está en la punta del pene; y en la segunda, los testículos no han descendido).
Cuando los resultados del cariotipo estuvieron finalmente listos, Gabriela se los entregó al médico de cabecera de Axa. “Aquí está todo normal, es varón”, le dijo.
“Para mí fue un alivio que me dijera que era solo una malformación congénita, no genética, que solo era de acomodarle por fuera, que iba a tener hijos y una vida sexual normal”, recuerda.
Pero el resultado de ese examen fue XX; es decir, sexo cromosómico femenino. Gabriela entendería esas XX 13 años después …
X y Y, esas dos letras, esos dos cromosomas, son los que determinan el sexo cromosómico, que sumado a otros factores define la biología de una persona.
Con dos cromosomas XX se es mujer; con un cromosoma X y otro Y, hombre. Esa es la “regla” biológica. Pero, ¿qué pasa cuando simultáneamente alguien presenta características de ambos polos del espectro sexual?
Quienes nacen con características sexuales, sean los genitales, las gónadas (glándulas genitales) o los patrones cromosómicos (cariotipo), que no corresponden a las “típicas” nociones binarias de los cuerpos masculinos o femeninos, son las personas intersexuales o intersex, representadxs en la I de las siglas LGBTIQ+.
La intersexualidad representa una variación natural del cuerpo en donde las categorías hombre-mujer son insuficientes para nombrar el amplio espectro de corporalidades. El cuerpo de Axa representa esta diversidad.
El término intersex abarca entre 60 y 80 variaciones de cuerpos sexuados reconocidos por la genética y la biología molecular, como expone Cristian Robalino Cáceres, en su libro “¿Es niño? ¿Es niña? ¿Ninguno de los dos? ¿Quién decide? El ejercicio médico-jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador.“
En tanto, desde la campaña mundial Libres e Iguales de Naciones Unidas se explica que, en algunos casos, los rasgos intersex son visibles al nacer, mientras que en otros no se manifiestan hasta la pubertad. Incluso, algunas variaciones cromosómicas de las personas intersexuales pueden no ser físicamente visibles en absoluto.
Sin embargo, en el imaginario social las personas intersexuales son los comúnmente llamados hermafroditas, un término en el que el activismo intersex encuentra una carga peyorativa y que, como indica Robalino Cáceres, “hace alusión a aquella figura de la mitología griega que encarna a los dos sexos en un solo cuerpo”.
Fuera de la ‘regla’ biológica y social
Si bien desde siempre han existido y existen otras corporalidades y variaciones naturales de los cuerpos biológicos, la filósofa feminista estadounidense Judith Butler sostiene que el régimen normativo que ha construido “verdades” en lo concerniente al género y a la sexualidad es la heteronormatividad, según la cual solo se contemplan dos formas de entender la humanidad: los conceptos hombre y mujer.
En ese sentido, Robalino Cáceres detalla en su libro que dentro de este régimen heteronormativo los conceptos hombre y mujer son entendidos a través de la siguiente operación: hombre: pene y testículos, cromosomas XY, masculino heterosexual; mujer: vagina, ovarios y útero, cromosomas XX, femenina y heterosexual.
De ahí que, según Butler, todo lo que no se atañe a esa “regla” biológica, se castiga mediante una “severa violencia excluyente”. Así ha sido históricamente con las personas intersex.
Desde su nacimiento, están expuestas a situaciones de violencia que se inician con intervenciones quirúrgicas para asignarles aribitrariamente un sexo y, a lo largo de toda su vida, a la falta de acceso integral al sistema de salud, así como a atenciones médicas que consideran estas identidades como patológicas.
En el prólogo del libro de Robalino Cáceres, la filósofa argentina Diana Maffía expone que desde la medicina la condición intersexual se interpretaba como una monstruosidad y se estudiaba desde la teratología, la disciplina que dentro de la zoología estudia a las criaturas anormales.
Esa mirada médica sobre los cuerpos intersexuales sigue siendo actualmente patologizante. En la CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades), la guía que la Organización Mundial de Salud emplea para los diagnósticos médicos, la condición intersexual está categorizada como “Trastornos del Desarrollo Sexual”. Este documento los describe como “cualquier afección causada por la falla de los genitales para desarrollarse correctamente durante el período prenatal”.
Mientras la mirada médica tiene esta perspectiva de “trastornos” o “afecciones”, los organismos internacionales de derechos humanos exhortan a proteger la integridad de las personas intersex desde su nacimiento.
En 2013, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes calificó a las cirugías reconstructivas practicadas a personas intersex como actos detortura y exhortó a derogar leyes que permitan la realización de tratamientos irreversibles sin su consentimiento.
El mismo año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) puso en marcha la campaña Libres e Iguales en la que resalta la importancia de prohibir estos procedimientos quirúrgicos porque pueden producir esterilidad permanente, dolor, incontinencia, pérdida de la sensibilidad sexual y sufrimiento mental de por vida, incluida la depresión.
Dos años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América“, recomendó a los Estados hacer modificaciones en materia legislativa y de política pública para prohibir procedimientos médicos innecesarios a personas intersexuales.
Sin embargo, en Ecuador, no se ha avanzado en leyes o políticas públicas para proteger a la población intersex. Cuando la Asamblea Nacional incorporó la prohibición de procedimientos de asignación de sexo a niñxs intersexuales en el Código Orgánico de Salud que aprobó en 2020, el expresidente Lenín Moreno lo vetó en su totalidad y, en consecuencia, no entró en vigencia. Mientras, el Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobó un protocolo para el abordaje médico de la intersexualidad, pero es prácticamente desconocido en los hospitales del país.
¿Qué pasa con mi cuerpo?, la pregunta sin respuesta
“No me han sabido decir a ciencia cierta qué pasa con mi cuerpo. Lo he tenido que descubrir yo porque los médicos no han sabido cómo abordarme”, cuenta Wilmer González Brito una tarde un tanto gris de abril en Cuenca.
Él no solo es una persona intersex, sino el activista intersexual más visible de Ecuador. Desde ambos lugares afirma que la intersexualidad “es un tema completamente desconocido” entre los profesionales sanitarios del país.
“Los médicos que hemos capacitado dicen: estos temas no nos dan en la academia (…) Para nosotros el único tipo de intersexualidad es cuando vemos una vagina y un pene, pero de las realidades que vienen con las gónadas, con los temas hormonales, no sabemos”, refiere.
Él ha estado en esas capacitaciones porque es el coordinador y vocero de Intertulias, el único colectivo intersex del país. Ese espacio se creó en 2014 para luchar por los derechos de las personas intersexuales y para que sus voces sean escuchadas.
Con González Brito concuerda Edgar Zúñiga Salazar, médico y coordinador general de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, al señalar que “el principal problema en la parte médica es que no se enseña sobre intersexualidad”.
“Lo que te enseñan es sobre síndromes o trastornos del desarrollo sexual, entonces te formas con una mirada patologizante y problematizadora de la diversidad sexual corporal. Es incluso un tema estructural cultural. Como tienes una ausencia de información sobre intersexualidad en la sociedad, esto se replica en la parte académica”, considera.
La publicación del Ministerio de Salud Pública, en 2018, del denominado “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual“-nombre que el activismo intersex considera patologizante- no ha servido para llenar ese vacío.
Este es el único manual que establece las directrices que deben seguir los profesionales de salud que se encuentren involucrados en la atención de personas intersex.
Pero hoy, a cuatro años de su presentación, éste nunca se ha aplicado. “El Protocolo no se ha implementado”, confirma el Ministerio de Salud Pública a Edición Cientonce.
En sus respuestas, el Ministerio añade que esto responde a que “son necesarios otros insumos normativos” para incluir en su cartera de servicios temas específicos de atención para esta población.
La única normativa vigente es el “Manual Atención en salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI)“, que desde 2016 es de cumplimiento obligatorio y provee a los profesionales y estudiantes de ciencias de la salud las herramientas y recomendaciones para la atención de personas de la diversidad sexo genérica.
Sin embargo, la población intersex experimenta atenciones violentas. “Me acuerdo de una doctora que me atendió y me dijo ‘tienes un cuerpo anormal’ (…) y por último ‘no podemos hacer nada porque esto tampoco es algo que podamos curarte’”, rememora Gónzalez Brito sobre una consulta médica.
Él era un adolescente cuando reparó que tenía una corporalidad que consideraba distinta a la de su hermano y primos: menos cintura y más cadera. Ya de adulto, empezó a manifestar intensos dolores en el estómago y retortijones todos los meses. Estas dolencias lo impulsaron a acudir a especialistas, quienes le revelaron que tiene un ovario y un testículo, una de las variaciones de la intersexualidad.
Aunque en una de esas citas médicas, un médico lo increpó: “¡¿Por qué ibas a tener cólicos tú, si eres un hombre?!”.
***
En su adolescencia, Axa usaba dos chompas: una gris y una verde, con cualquier pantalón. Las usaba a diario. No optaba por más prendas de vestir. Con esas chompas, ocultaba sus pechos, que empezaron a crecerle a los 12 años.
Cuando el cuerpo de Axa presentó estos cambios, su médico de cabecera le indicó que tenía ginecomastia, un “trastorno” -según lo califica la CIE-11- que produce en los hombres un volumen excesivo de los pechos.
La recomendación fue que bajara de peso. Axa inició una dieta y se ejercitaba, pero los pechos se hicieron más notorios e incluso se formaron las areolas. A la misma edad, empezó a orinar sangre cada mes. Generalmente, cinco días seguidos. Y sentía dolores abdominales que hasta llegaron a despertarlo en las madrugadas.
Axa se mostraba irritable en su adolescencia. Se encerraba en su dormitorio. Lloraba. Los videojuegos eran un escape de las citas médicas y tratamientos que debía seguir.
El día que cumplió 13 años, tras perder una jugada de PlaySation, cruzó sus brazos y sintió que una secreción salía de sus pechos. “Pensé que era sudor, pero no estaba sudando; me comencé a presionar a propósito y salió bastante”.
Dos días después, decidió contárselo a su madre. Gabriela recurrió nuevamente al médico de cabecera de su hijo. Él ordenó una resonancia magnética, pero con un pedido adicional: buscar gónadas femeninas.
Es en esa hoja de resultados, donde ella leyó: “se observa una zona que correspondería a cuerpo uterino”. “Próstata no visible”.
Fue entonces cuando comprendió lo que 13 años antes no había entendido: el cuerpo de Axa es intersexual y no masculino, el sexo que arbitrariamente le fue asignado al nacer. También entendió que los dolores abdominales de su hijo eran en realidad cólicos menstruales y la sangre en la orina, menstruación.
Desde la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, están acompañando a personas intersex, “a quienes toda la niñez prácticamente les ha sido robada”, señala su titular, Edgar Zúñiga.
Al igual que Axa, expone, “han tenido que vivir una infancia impuesta”. “Los casos que acompañamos son de personas que han sido sometidas a violencia médica, incluso quirúrgica, hormonal, etcétera”, revela.
Y esta imposición de corporalidad e identidad, explica Zúñiga, acarrea “un impacto muy fuerte” en la “construcción identitaria porque se parte de una negación del yo”.
El “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual” no establece una prohibición expresa de las intervenciones quirúrgicas, pero sí menciona que no todas las personas intersex requieren operaciones.
El documento estipula que un comité multidisciplinario (conformado, entre otros especialistas, por pediatras, genetistas, endocrinólogos, neonatólogos y personal de salud mental especializados en género y diversidades sexuales) debe discutir, asesorar y deliberar la condición con cada paciente y sus familiares. Y que estas decisiones deben autorizarse mediante consentimiento informado.
Además, que el objetivo de las intervenciones quirúrgicas es evitar problemas de salud física y que la estética corporal y función sexual “es un tema que le concierne únicamente a la persona”.
«Se dice que son los padres, le niñe, le adolescente, quienes pueden tomar las decisiones sobre la soberanía de sus cuerpos, pero siempre se va a requerir una asesoría médica y ese consentimiento informado puede ser muy manipulado. Si yo, en una asesoría perinatal, le digo a los padres que ese niñe va a sufrir discriminación y va a ser violentado por no tener un sexo asignado, ahí se está manipulando la información para que los familiares autoricen un procedimiento que el protocolo claramente enuncia que es innecesario”, manifiesta Edgar Zúñiga.
Desde Quito, Carolina cuenta que, sin el cumplimiento de exámenes previos, un urólogo recomendó la intervención de su hijo, Álvaro, quien hace 8 años nació con hipospadias.
“No se hicieron exámenes endocrinológicos ni de cariotipo, nada de eso. Ya nos estaba dando una fecha de cirugía”, recuerda.
Coincidentemente, ella estaba realizando una investigación sobre intersexualidad para su tesis de universidad y es así como descubrió que el hipospadias es un tipo de variación intersex.
Aunque según el documento “El ABC de la I”, que elaboró Intertulias, “el hipospadias no suele diagnosticarse como condición intersex sino como malformación en el pene de un varón, a ser tratada con cirugía correctiva”.
Pese a la recomendación e insistencia del médico para asignar un sexo, Carolina decidió no operar a su hijo y que sea él quien tome la decisión en su futuro. Sin embargo, sí pasó por el quirófano el año pasado cuando presentó infecciones urinarias porque el canal de la uretra se estaba cerrando como consecuencia del hipospadias.
Ella pidió expresamente estar presente en el quirófano para cerciorarse que solo amplíen el canal de la uretra y no realicen ningún procedimiento adicional por motivos estéticos.
Los padres de Maykel, en cambio, sí optaron por la operación. Al igual que Álvaro, nació con hipospadias.
El niño, de 10 años, fue intervenido en dos ocasiones: a los 3 y 8 años. La primera intervención fue para abrir el canal de la uretra, ya que su escasa micción podía afectar sus riñones, y la segunda para formar el pene.
“El doctor me dijo que iba a ser un problema si no se le hacía la cirugía, porque no iba a ser un niño normal”, señala Karina, su mamá, una mañana de mayo en su casa en Santo Domingo de los Colorados.
Según relata, la segunda intervención fue meramente estética. “El doctor me explicó que Maykel ya no corría ningún riesgo del riñón, porque con el catéter él podía orinar normalmente y que la cirugía que estaba pendiente era como estética para para formar su penecito y que orine normal”.
Con orinar “normal”, Karina se refiere a que su hijo orine parado y no sentado como lo venía haciendo desde que dejó de usar pañales.
Al no tratarse de una situación que ponía en riesgo su salud, esa segunda intervención tardó cinco años en practicarse.
Karina y su esposo René estuvieron de acuerdo con las dos intervenciones sugeridas por el médico. Incluso descartaron la recomendación de una especialista de que sea Maykel quien decida cuando tenga 18 años.
Entre los exámenes médicos que los padres de Maykel conservan en una carpeta, constan pruebas de sangre y ecografías, pero no de cariotipo.
Un casillero sin la I
No se sabe cuántas intervenciones de asignación de sexo a niñxs intersex se han hecho en Ecuador. Tampoco cuántas personas son intersexuales ni cuántas nacen por año en el país.
El Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sigue manejando dos únicas categorías de sexo: hombre o mujer.
Y así consta en la información que el Ministerio de Salud hizo llegar a Edición Cientonce. Los nacimientos intersex no se contabilizan.
La legislación ecuatoriana maneja los nacimientos con una concepción binaria y no considera la intersexualidad como una condición biológica. La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en su artículo 30, establece que “el sexo será registrado considerando la condición biológica del recién nacido, como hombre o mujer, de conformidad a lo determinado por el profesional de la salud o la persona que hubiere atendido el parto”.
La misma ley señala que la inscripción de niñxs debe obligatoriamente hacerse durante los tres días posteriores al nacimiento. De lo contrario, los médicos pueden ser sancionados.
La decisión, entonces, del sexo que se asigna a niñxs intersex prácticamente queda a potestad de los médicos y en un plazo contrareloj.
El único dato oficial que existe es el del Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACCA), que incluye la variable intersex.
A partir de esos registros se sabe que, por ejemplo, en 2021, en los establecimientos de salud a nivel nacional se registraron 707 atenciones a personas intersexuales.
Para Wilmer González Brito esos registros «no reflejan una realidad». “Tú les tienes que decir a los médicos que te registren en la i (de intersex). A mí me quieren poner directamente en la h (de hombre). Se basan en lo que ven y como me ven hombre, inmediatamente te vinculan en el binarismo”, sostiene.
Desde Santo Domingo de los Colorados, Bárbara Jiménez también cuenta que siempre debe corregir a los doctores.
En las citas médicas, en cualquier especialidad, asumen que es una mujer trans. No preguntan, solo asumen. En ocasiones, prefiere evitar explicaciones: “A veces ya me aburre. Ya digo, ay, que piensen lo que quieran. Los médicos me preguntan si me identifico como hombre o mujer, y yo digo como mujer, pero soy intersexual, y me responden ‘¿y eso qué es?’”.
Hasta los 18 años, Bárbara usó prendas de vestir comúnmente asociadas a las que usaría un hombre, pero por su tipo de intersexualidad (insensibilidad a los andrógenos), su cuerpo no lee la testosterona (hormona masculina) y tiene mayores niveles de estrógenos (hormonas femeninas); por ello, a los 12 años, le crecieron senos y caderas.
En las clases de natación del colegio, como debía usar un short corto y ajustado, sus pechos quedaban expuestos. “Yo tenía que cubrirme los pechos con los brazos. Esto me producía cierto malestar, cierta vergüenza”, recuerda.
Bárbara conoció la palabra intersexual en 2012 investigando en internet lo que le pasaba a su cuerpo. Entre los doctores a los que acudía, no hallaba respuestas. Al contrario, recibía violencia.
Un endocrinólogo le sugirió que asista a las clases que dictaba en una universidad para que sus estudiantes analizaran su caso. “Iba a estar como rata en laboratorio, para que me estudien. Yo no me sentí cómoda con eso y no regresé (a una nueva cita) con ese médico”, cuenta.
En la vida de una persona intersex, la falta de preparación y conocimiento de los profesionales de la salud no solo se traduce en atenciones violentas. Es el inicio de un viacrucis, de la búsqueda de un médico que, en el mejor de los casos, les ofrezca respuestas o una certeza a medias.
La psicóloga clínica Vanessa Quito atiende en su consulta a dos personas intersex. “Las familias no han pasado solo por uno, vienen pasando por cuatro, cinco, seis médicos. Es la desesperación de que quizás alguien pueda hablar un ‘idioma diferente'”, relata Quito, quien también es máster en intervención psicosocial familiar.
Desde el Ministerio de Salud, sin embargo, se asegura que en todos sus establecimientos se brinda atención «sin discriminación alguna» y que capacitan “en temas de derechos humanos” a todo el personal.
***
Gabriela rompió contacto con el médico que operó a Axa en cuatro ocasiones cuando era niño y decidió denunciar el caso ante el Ministerio de Salud. Esta denuncia, presentada en septiembre de 2014, fue la que dio paso a que por primera vez la máxima autoridad sanitaria del país comenzara a discutir sobre las intervenciones quirúrgicas para asignar un sexo/género a lxs recién nacidos intersexuales, como detalla Robalino Cáceres en “¿Es niño? ¿Es niña? ¿Ninguno de los dos? ¿Quién decide? El ejercicio médico-jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador”.
En el proceso administrativo, el médico defendió las intervenciones realizadas a Axa. “Los trastornos del desarrollo sexual tienen etapas específicas que denotan que no nos hemos saltado procesos. Hay niños que durante el primer año de vida son diagnosticados, pero a los 14 años, con el despliegue sexual y hormonal, pueden cambiar su tendencia (…). Y sigo manteniendo que él es un varón”.
Pero eso no era lo que indicaba el cariotipo ni fue la decisión de Axa. Recién a los 14 años él pudo decidir, por primera vez, sobre su cuerpo. Y decidió mantener su identidad masculina y someterse voluntariamente a nuevas intervenciones quirúrgicas, entre estas, una doble mastectomía.
Hoy, con 21 años, finalmente está a gusto consigo mismo. “Me siento bien con lo que soy, me siento bien siendo intersexual. Antes me veía como algo raro, literalmente algo que no estaba dentro de lo binario, que no estaba dentro del canon, y ahora me siento completamente bien”.
“De niño yo hubiese preferido que se me informe y se me explique para qué me estaban haciendo las operaciones. Es frustrante entrar y salir de quirófanos sin tener la menor idea de por qué lo estás haciendo. Yo solo sabía que había que hacerle unas ‘correcciones’ a mi cuerpo, nada más”.
Por esas “correcciones”, el Ministerio de Salud Pública sancionó en diciembre de 2014 al médico que operó a Axa. La Cartera de Estado le impuso una multa de 3.400 dólares, pero no revocó su licencia; siguió y sigue atendiendo.
Gabriela también recurrió a la justicia, que en 2018 falló a su favor y al de Axa por daño moral, y obligó a pagar una indemnización de 100.000 dólares.
“Si alguien le notó niña, ¿por qué no me dijeron?”, llegó a decir el médico.
Fue a partir del caso de Axa, que la Dirección de Derechos Humanos, Género e Inclusión del MSP elaboró el “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual”, el primero para abordar las realidades intersex en el sistema de salud.
Pero como nunca se ha implementado, historias como la de Axa pueden volver a repetirse, historias de infancias impuestas y sometidas a intervenciones quirúrgicas para asignar un sexo bajo una mirada médica patologizante, historias de atenciones médicas discriminatorias y violentas, historias de personas que por nacer fuera de la “norma corporal” son borradas al nacer.
EQUIPO INVESTIGATIVO:
Reportería, investigación, coordinación general, redacción y edición:
Daniela Mejía Alarcón y Víctor Hugo Carreño
Asesoría en investigación:
Cristian Robalino Cáceres
Fotografías y videos:
Óscar Molina V. y Fabio Abad Baus
Edición audiovisual:
Fabio Abad Baus
Ilustraciones para web y redes sociales:
Víctor García Mejía
Corrección:
Fausto Lara
En este reportaje, ciertos testimonios aparecen con nombres protegidos a pedido expreso de lxs entrevistadxs.
Este reportaje ha sido producido con el financiamiento de la Unión Europea en el marco del proyecto Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas y jurídicas para la protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina. Su contenido es responsabilidad de Edición Cientonce.
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INDIGNACIÓN: ¡El transfeminicidio de Sara Millerey en Colombia nos cuestiona como sociedad!
Sin poder nadar por las heridas, murió ahogada en una quebrada
A Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años, le fracturaron los brazos y las piernas antes de arrojarla a una quebrada en Bello, Antioquia. Sin poder nadar por las heridas, murió ahogada. Nadie la ayudó. La escena quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales, despertando una indignación tardía en un país que sigue indiferente ante el dolor de las personas trans.
“La diversidad nos está costando la vida”, dicen las organizaciones defensoras de derechos humanos que esta semana encendieron velas en Bogotá, Medellín y otras ciudades del país para clamar justicia por Sara y por todas las víctimas de la transfobia en Colombia.
El crimen ocurrió el fin de semana en la Quebrada de Playa Rica, en Bello, municipio del Valle de Aburrá. Fue ahí donde arrojaron el cuerpo de Sara Millerey, conocida cariñosamente como “La Millerey”, una mujer que había enfrentado la exclusión desde su infancia. Según una amiga cercana, Sara sufrió abusos sexuales en su niñez, dejó el colegio y vivió en condición de calle durante años, enfrentando el consumo de drogas y múltiples formas de violencia. Pero su identidad nunca dejó de ser visible, y eso, en un país como Colombia, le costó la vida.
En un hecho, no menor, de revictimización después de fallecida el Secretario de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Bello, José Ronaldo Serrano Jaramillo, negó la identidad de género de Sara Millerey, refiriéndose a ella por su nombre masculino asignado al nacer. A ella la mató precisamente ese desconocimiento de su construcción identitaria, la transfobia y los discursos de odio que ellos mismos — y todos los que niegan que ella era una mujer trans — perpetúan.
La brutalidad del asesinato ha sacudido incluso a las autoridades. La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del crimen. La Alcaldía de Bello y la Defensoría del Pueblo también se han pronunciado, confirmando que las investigaciones están en curso. Sin embargo, hasta ahora no hay capturados, pese a que el asesinato fue grabado.
Aunque el Gobierno Nacional ha creado espacios institucionales como el Viceministerio de Diversidades y la Oficina de Diversidad Sexual y de Género en el Ministerio de la Igualdad, que también ha lamentado el hecho, la violencia no cesa. Los territorios más peligrosos para las personas trans siguen siendo el Valle de Aburrá y el Distrito de Aguablanca, en Cali, donde la impunidad, la exclusión y el odio siguen cobrando vidas.
No podemos permitir que se vuelva un patrón recurrente:
La historia de Sara no es un caso aislado. Es el reflejo de una sociedad que normaliza la violencia hacia quienes se atreven a vivir su identidad con valentía.
Que un video tan atroz tenga que circular para despertar reacciones es también un síntoma de ese abandono. “Eso no se le hace a nadie”, dijo entre lágrimas su madre. Tenía razón: a nadie se le debería hacer. Pero a Sara sí se lo hicieron.
Y mientras su rostro se convierte en bandera de resistencia, su muerte grita una verdad incómoda, en ciertos sectores: ser trans en Colombia sigue siendo una sentencia de muerte.
TOTAL REPUDIO
Desde OrgulloLGBT.co condenamos con total firmeza el atroz asesinato de Sara Millerey González y exigimos a las autoridades celeridad en las investigaciones, así como la captura y judicialización de los responsables materiales e intelectuales de este crimen cargado de odio. Este acto de extrema violencia no solo enluta a la comunidad LGBTQ sino que interpela a toda la sociedad colombiana por su indiferencia e inhumanidad frente al dolor de quienes viven en la marginalidad y la exclusión.
La dignidad de una vida no puede depender de la identidad de género, y este crimen nos obliga a preguntarnos qué clase de país estamos construyendo si seguimos permitiendo que la diversidad se pague con la vida.
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Suspensión de fondos de USAID golpea con fuerza a grupos LGBTQ en El Salvador
La cancelación de financiamiento ha obligado a colectivos a suspender servicios esenciales
La reciente decisión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) de suspender temporalmente su financiamiento a organizaciones que trabajan por los derechos humanos ha generado un profundo impacto en El Salvador, especialmente en aquellas que defienden a la población LGBTQ.
La medida ha afectado de forma directa a entidades que brindaban acompañamiento legal, atención en salud mental, asesoría para víctimas de violencia y promoción de iniciativas económicas comunitarias. Las consecuencias son palpables: despidos masivos, cierre de programas y debilitamiento de redes de apoyo.
Esta situación ocurre en un contexto político internacional tenso, tras la llegada de una nueva administración a la Casa Blanca que ha replanteado el enfoque de su cooperación exterior. Mientras tanto, en países como El Salvador, las organizaciones sociales enfrentan ahora una emergencia silenciosa que podría dejar sin protección a cientos de personas vulnerables.
Colectivos en crisis: sin fondos y con menos personal
Uno de los casos más significativos es el de Colectivo Alejandría, que perdió el 65 por ciento de su presupuesto anual tras la suspensión de los fondos.
Su directora, Karla Guevara, relató que la organización se vio obligada a despedir a más de la mitad del personal y a suspender varios programas esenciales, como la atención a sobrevivientes de violencia basada en género, servicios de salud mental, asesoría legal y proyectos de emprendimiento para personas LGBTQ.
Otro caso preocupante es el de Perlas de Oriente en San Miguel.
Su directora general, Venus Nolasco, denunció que tuvieron que detener iniciativas clave de prevención del VIH, talleres de capacitación y actividades comunitarias.
“Es un gran retroceso para el fortalecimiento de la comunidad LGBTQ+”, afirmó.
Nolasco también alertó que sin financiamiento externo se pierde la capacidad de incidir y sensibilizar a instituciones públicas en materia de derechos humanos.
En una situación similar se encuentra Aspidh Arcoiris Trans, donde gran parte del equipo sigue trabajando ad honorem para mantener en pie los servicios mínimos. Su directora, Mónica Hernández, indicó que continúan atendiendo casos de discriminación y ofreciendo asesorías, pero sin saber por cuánto tiempo podrán sostenerse en estas condiciones.
Las organizaciones de sociedad civil, aseguran que la población LGBTQ en El Salvador, sigue siendo criminalizada, pese a no querer hablar del tema en ninguna entidad del Gobierno, debido a la supuesta seguridad que hoy se vive, los derechos humanos de las personas con una orientación e identidad de género diversa, siguen siendo vulnerados.
Cierre de espacios seguros y afectación en salud
A las consecuencias presupuestarias se suma el reciente cierre de Casa Rosada, un espacio seguro para la comunidad LGBTQ ubicado en Antiguo Cuscatlán. La alcaldía municipal ordenó el cese de sus operaciones el 1 de abril, argumentando inconformidad de vecinos y temas regulatorios de uso de suelo. Casa Rosada era un referente para la promoción de la salud mental, la formación y la integración comunitaria.
El impacto también se extiende al ámbito de la salud. Según un informe de ONUSIDA, el programa USAID PASMO, que implementaba la PrEP contra el VIH a través de clínicas privadas, fue suspendido. Aunque la terapia antirretroviral aún se mantiene, la cobertura ha disminuido, afectando a poblaciones clave como hombres gais, trabajadoras sexuales, personas usuarias de drogas y personas trans.
Educación en pausa: becas estudiantiles y formación juvenil detenidas
Además de los colectivos LGBTQ, la suspensión ha alcanzado a una serie de programas educativos clave para jóvenes de zonas rurales y urbanas marginadas. Organizaciones como Glasswing International, Fe y Alegría, y diversas iniciativas lideradas por universidades privadas reportan la cancelación o congelamiento de becas estudiantiles financiadas directa o indirectamente por USAID, en las cuales también habían jóvenes LGBTQ beneficiados.
“Muchas de nuestras becas eran cofinanciadas por fondos de cooperación. Al cerrarse esta línea, no podremos continuar con nuevos ingresos para el ciclo 2025”, explicó un vocero de una universidad privada del oriente del país, que pidió anonimato.
Estos programas beneficiaban a jóvenes con alto rendimiento académico pero sin recursos para costearse una educación superior. También incluían formación técnica, pasantías y mentorías para preparar a los estudiantes para el mercado laboral o el emprendimiento.
Otro de los sectores afectados son los programas de apoyo a mujeres rurales, víctimas de violencia y madres solteras que recibían capacitación en liderazgo, gestión de pequeños negocios, acceso a microcréditos y formación técnica. Proyectos como Ciudad Mujer han reportado una disminución en los servicios brindados por falta de recursos provenientes de la cooperación internacional.
Además, muchas ONG que trabajaban en zonas como Morazán, Ahuachapán y La Unión en temas de soberanía alimentaria, agricultura sostenible y empoderamiento comunitario, han tenido que suspender actividades por la pérdida de fondos de USAID. Esto afecta de manera directa a cientos de familias que dependían de estos proyectos para su sustento diario.
Una pausa que pone vidas en riesgo
La suspensión de los fondos de USAID no solo representa una pérdida económica. Para cientos de personas LGBTQ en El Salvador, significa menos acceso a servicios de salud, menos protección ante la violencia, y la pérdida de espacios seguros que les ofrecían dignidad y esperanza.
Activistas como Guevara, hacen un llamado a donantes de otros gobiernos, “sigan apostándole al trabajo que las organizaciones sociales LGBTIQ+ seguimos haciendo y vamos a continuar así”, haciendo un llamado a la solidaridad internacional.
En un país donde las brechas de discriminación aún son profundas, esta pausa en la cooperación internacional pone en evidencia la fragilidad del tejido comunitario y la urgente necesidad de crear mecanismos sostenibles de financiamiento y protección para las poblaciones vulnerables.
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El suicidio de Rick: bullying, homofobia y una madre que busca justicia
Rick, de 16 años, se suicidó en Ecuador el 1 de febrero
En el dormitorio de Rick, sobre un escritorio de madera, aún reposa el folleto de la carrera de Cine de una universidad pública, junto a un cuaderno de pasta azul que contrasta con otros dos en los que las cubiertas las acapara el colorido dibujo de una pelirroja adolescente sobre siluetas de flores.
Una solitaria vincha en la que sobresalen dos corazones blancos y un fragmento de lo que era un tercero reposa también entre útiles escolares.
El primer cajón del escritorio guarda lo que fueron sus tesoros para su cuidado personal: productos de “skincare”, una brocha de polvo y un cepillo para el cabello.
La madre de Rick, Roxana Ramos, conserva casi intacto ese escritorio, así como la cama cuya cabecera está repleta de peluches, y el clóset con prendas ‘aesthetic’, como él las llamaba.
Todos son artículos u objetos familiares para ella. Rick quería ser actor, era un sueño que le había compartido y ya habían elegido una universidad; se maquillaba y usaba vinchas desde los 13 años y ella nunca lo reprimió; ni lo rechazó cuando a los 11 le dijo “siento que soy gay”.
Pero ese sueño por ser parte de una producción artística se desvaneció y su dormitorio ya no es escenario de sus sesiones de “skincare”. El pasado 1 de febrero, Rick, de 16 años, se suicidó, y su madre señala que el bullying homofóbico, la discriminación y la violencia de las que Rick fue víctima en el colegio en que estudió lo mataron.
Mofas de estudiantes (incluso de otros cursos), una caída porque un compañero le puso el pie para que se tropiece, balonazos durante el recreo, y un baldazo de agua en pleno patio de la institución.
Son las situaciones que relata Roxana porque su hijo se las contó en las conversaciones diarias que mantenían; o porque, tras ese 1 de febrero en que rogó a los paramédicos que le salven la vida, ella ha accedido a los chats que Rick mantenía con sus amigas.
Además del bullying, Roxana apunta al hostigamiento de una profesora, quien -según le contó una compañera de Rick tras su muerte- lo llamaba de manera despectiva “el homosexual” en plena clase.
Roxana busca justicia para Rick, el segundo de sus cinco hijos, a quien cargó en brazos hasta los seis años, su incondicional compañero para ver películas en casa, y quien la animaba a comprarse prendas de ropa o cambiarse de “look”.
“Yo perdí un hijo, no perdí un carro o una casa, y lo que estoy pidiendo es que se hagan responsables”, expresa Roxana en el comedor de su vivienda, en la ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil.
Para ella, los responsables son el colegio en el que Rick cursaba el segundo año de Bachillerato en Contabilidad y la profesora de Matemáticas que -afirma- hostigó a su hijo. En su búsqueda de justicia, el pasado 12 de febrero, Roxana presentó ante el Ministerio de Educación una demanda por maltrato psicológico en contra de la docente. Exige que tanto la maestra como la institución educativa y sus representantes sean sancionados.
A la vez, ha proporcionado información a la Fiscalía en una investigación que inició de oficio por el suicidio de su hijo; la defensa legal de la familia considera que tras la muerte de Rick hay elementos que configuran en delito de odio, hostigamiento e instigación al suicidio.
La abogada de la familia, Soledad Angus, señala que hubo motivaciones explícitas detrás de la muerte de Rick y la Fiscalía debe investigar. “No puede quedarse como simplemente un suicidio”, advierte.
***
Rick ingresó a estudiar al colegio que -según Roxana- causó dolor en él, en mayo de 2024, un mes antes de cumplir 16 años y celebrarlo comiendo pastel con su familia en casa. Ella conserva una foto de ese día: Él aparece sonriendo con sus tres hermanos menores.
Roxana cambió de colegio a su hijo (de uno particular a uno fiscal) el año pasado. Tomó esa decisión por estar inconforme con la enseñanza en la institución anterior. Pero el cambio le generaba temor; buscaba un lugar seguro para su hijo, donde no fuera violentado o discriminado por su orientación sexual.
– “Mamá, yo me siento que soy gay”.
– “Mi amor, yo te acepto como sea. Tú eres mi hijo”.
La conversación se dio cuando Rick tenía 11 años. Pero incluso antes Roxana no reprimió las actividades o los juegos por los que su hijo se mostraba interesado. De pequeño, por ejemplo, cortaba las tiras de sus mochilas para hacerle pelucas a sus muñecos.
“Nunca lo tratábamos como ‘eso no hagas’ o ‘eso está prohibido’, no, nunca. A él se le respetó bastante su niñez. Él era muy libre de hacer lo que quería”, recuerda.
En su adolescencia, vivió la misma libertad. Compró en una ocasión una mochila rosada de Hello Kitty que usaba para ir al cine con amistades o en paseos familiares. Y lucía también vinchas en su cabello.
Pero el año pasado, Rick experimentó desde un inicio rechazo y violencia en el colegio. En los primeros días de clase, estudiantes de otros cursos lo abordaron y le preguntaron si era gay.
Rick no le contó a su mamá sobre este hecho. Se lo había contado a una amiga, quien -tras la muerte de él- lo compartió con Roxana y le envió la captura de pantalla de un chat.
“Y pues le pregunto q por qué me dice eso”.
“Y pues medice que es que todos de mi curso y otros cursos anda hablando sobre ti”.
“Y yo what”.
(Nota de Redacción: Los mensajes están transcritos tal cual los redactó Rick).
Pero sí le comentó de otros, como cuando un compañero, de manera intencional, le puso el pie y, por supuesto, tropezó. O cuando estaba en el recreo sentado con sus amigas y de repente sentía en su cara o espalda el golpe de un balón de fútbol. Nunca pudo identificar a los responsables, pero escuchaba risas burlescas grupales tras recibir esos balonazos.
“Él se iba a quejar con la tutora y no sabían quién era porque se tapaban entre ellos”, asegura Roxana.
Las burlas y agresiones que sufrió Rick entran en el denominado bullying homofóbico. Edgar Zúñiga, coordinador general de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, explica que en el bullying homofóbico el detonante de una violencia reiterativa entre pares es la percepción por parte de los agresores de que una persona pertenece a las diversidades sexogenéricas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) precisa, en el informe “Abiertamente, Respuesta del sector de educación a la violencia basada en la orientación sexual y la identidad/expresión de género”, que los estudiantes LGBTQ tienen mayores probabilidades de sufrir violencia que sus pares que no lo son.
La violencia homofóbica y transfóbica, indica el documento, se basa en el miedo, la incomodidad, la intolerancia y el odio hacia la homosexualidad y hacia las personas sexualmente diversas.
“Esta violencia persistente se combina con todos los procesos internos de descubrimiento, de aceptación, de reconocimiento de su identidad, y eso puede provocar un impacto muy negativo en la vida de las personas, llegando incluso a intentos de suicidio”, indica Zúñiga.
En Ecuador, el suicidio es la tercera causa de muerte de infancias y adolescencias, según del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. No hay datos específicos de suicidios de infancias y adolescencias LGBTQ en el país, pero Zúñiga señala que -según estimaciones- las personas de las diversidades tienen hasta ocho veces más riesgo de ideación suicida que sus pares heterosexuales o cisgénero.
En Ecuador, la violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género en escuelas y colegios está contemplada en el documento “Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo“, que establece directrices obligatorias para el abordaje de estos casos para instituciones públicas y privadas.
En la “Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional” también se hace referencia a ese término y se señala que es deber de toda la comunidad educativa actuar para prevenir y abordar situaciones de violencia. En el documento, se recomienda que en estos casos el DECE (Departamento de Consejería Estudiantil, responsable del acompañamiento y seguimiento psicosocial de estudiantes) o tutor de curso actúen inmediatamente si se recibe una denuncia.
Además de las burlas y agresiones de sus compañeros, Rick se sentía incómodo en las clases de Matemáticas. Aunque no le contó a su madre los términos despectivos que ella hoy conoce por una compañera de él, sí le comentó que la profesora se negaba a despejar sus dudas, revisar sus tareas y lo excluía de trabajos grupales.
En cuatro ocasiones, Roxana acudió al colegio para presentar sus quejas a la docente. De esos cuatro encuentros, en uno participó una funcionaria del DECE y en dos la tutora de curso. Además, en una reunión de padres y madres de familia, expuso el caso de su hijo y, cuenta, otros representantes comentaron situaciones similares, pero la tutora respondió “los chicos exageran”.
En la demanda presentada por Roxana al Ministerio de Educación, se detallan estos hechos como “prácticas de hostigamiento” y que responden a sesgos discriminatorios de una profesora que usaba términos despectivos para referirse a la orientación sexual de Rick en plena clase.
“Si bien pudo haber, y seguramente hubo, violencia entre pares, esto fue incitado por alguien que tenía una posición de autoridad ante ellos, que es la docente. Entonces, si una docente le dice ‘el homosexual’ a un niño en clases, es mínimamente esperable que eso vaya a detonar violencia entre pares”, explica Soledad Angus, abogada de la familia.
Edgar Zúñiga, de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, coincide con ella: “Muchas veces el bullying es auspiciado, de forma tácita o no, por los adultos, por los docentes, incluso los psicólogos de las unidades educativas”.
Zúñiga también explica que el aislamiento, la marginación y un trato discriminatorio son formas tácitas de violencia, pero -agrega- son situaciones que, lamentablemente, no son comprobables.
“Ahora sería impensable que alguien no te acepte en una unidad educativa porque eres diverso. No lo van a decir así, van a decir ‘no tenemos espacio físico’ o ‘no tenemos cupo’. Hay esta forma sutil de generar esta violencia y es una de las formas más perversas de violencia”, observa.
Uno de los pedidos de la defensa al Ministerio de Educación fue la suspensión de la docente porque se considera que hay un riesgo de que ejerza presión en los estudiantes durante las investigaciones. En la demanda, se adjuntó un CD con un vídeo en el que la profesora se dirige a un curso para -precisa el documento- amenazar a los alumnos con la intención de que no hablen de ella en el caso.
El video no muestra a la docente porque fue grabado sigilosamente por un estudiante. La mayor parte del tiempo se ve la espalda de quien está sentado en un pupitre en un aula de clases. Entre el natural bullicio de un colegio (hasta se puede escuchar a una persona tomando asistencia) se cuela la voz de una mujer que se dirige a estudiantes con frases como “no pueden difamar a una persona”, “si hago una contrademanda” o “tengo abogados”.
El Ministerio de Educación, en respuesta a un pedido de entrevista de edición cientonce, indicó que la docente se encuentra alejada de la institución educativa como parte de las medidas de protección mientras se lleva a cabo la investigación.
La cartera de Estado aclaró, además, que se trata de una investigación en curso y que se están tomando todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos.
Dentro de este proceso, el colegio reportó que Roxana no había informado sobre el acoso escolar que sufría su hijo y el DECE no cuenta con ningún reporte, sostiene el ministerio en una de sus respuestas a este medio, pese a que Roxana acudió en cinco ocasiones a la unidad educativa.
“Ella fue a manifestar que era una profesora que lo trataba mal, a quien correspondía y quien tenía la obligación legal de activar protocolos era al colegio. No pueden exonerarse en que Roxana no puso una denuncia porque finalmente ella es un usuario que no tiene que conocer los protocolos, ellos sí”, señala Angus.
***
El último encuentro que Roxana mantuvo con la profesora de Matemáticas y la tutora del curso fue el 31 de enero, un día antes de la muerte de Rick. Habló con ellas porque una compañera de su hijo le había comentado que lo trataba mal.
Esto se menciona en la denuncia, pero en el comedor de su casa Roxana cuenta más detalles sobre las motivaciones de esa reunión.
Aproximadamente una semana antes, ella pasó por Rick al colegio. No acostumbraba a recogerlo después de clases por sus otras ocupaciones, pero ese día pudo hacerlo.
Rick salió enojado, cuenta Roxana. Le preguntó qué le sucedía y respondió “nada, nada”. “Entonces, se acerca una compañera y me dice ‘señora, la profesora de matemáticas se le carga mucho’”.
Tras despedirse de ella, preguntó a Rick por qué no le había contado, pero él dijo que su compañera estaba exagerando. Roxana decidió igual hablar con la profesora. Incluso el mismo día de la reunión, antes de salir de casa, su hijo le pidió que no acuda al colegio.
Rick ya no le estaba contando a su mamá las situaciones hostiles que vivía en el colegio. Roxana se ha enterado de otras más por chats que le han facilitado las compañeras de su hijo.
En una nota de voz de casi 20 segundos por Instagram, él le cuenta a una amiga que en una ocasión le echaron un balde de agua. “Yo ya quería llorar, esta vez sí me enojé porque fueron muy bruscos conmigo”, le confiesa Rick a su amiga.
Roxana recuerda que ese día hubo una fiesta de espuma por el último día de clases de tercer bachillerato, en el mismo mes de enero. Llegó mojado y golpeado, recuerda.
Cuando le preguntó por qué llegaba así, Rick no le contó lo que precisó a su amiga en la breve nota de voz. Le dijo que no había visto quién lo golpeó y que todos habían salido así. “Lo minimizaba, decía que hasta una compañera también salió golpeada”, lamenta Roxana.
En diciembre, hubo otro evento estudiantil sobre el que Rick tampoco le contó a su mamá. Roxana se enteró el mes pasado por redes sociales. En la cuenta de Instagram del colegio, hay un reel que fue subido el pasado 24 de diciembre, con el mensaje “Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo”, en que aparecen fotografías de estudiantes varones con globos bajo sus camisetas y pantalones con los que buscan adquirir una silueta femenina exagerada. En una de ellas, afirma Roxana, aparecen compañeros de curso de Rick.
“Mi hijo ese día (del evento) vino un poco molesto”, señala. Solo le dijo que la fiesta estuvo “aburrida”. Roxana comenta que incluso días antes Rick había expresado su deseo de no acudir el día de la fiesta, pero luego no tuvo opción porque debía participar en una actividad obligatoria.
Rick no dijo nada más. No contó a Roxana sobre esa actividad que el mismo colegio posteó. Sí le llevó un poco de comida de la fiesta, como solía hacer cuando había festejos en la unidad educativa o cuando salía con sus amigas.
Estas parodias, asociadas a la costumbre de “las viudas” en el país, pueden ser tomadas como un agravio por un adolescente homosexual, considera Edgar Zúñiga, de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI.
“Es una cosa muy común en fin de año todo el tema de las viudas, todo el tema de la sátira a la figura femenina, a las identidades feminizadas, y es lógico que aquellas personas que están en una proceso de exploración vean eso como una burla”, explica.
Aunque aclara que el video es reflejo de un problema estructural, considera que el colegio está incumpliendo con ofrecer espacios seguros para estudiantes de las diversidades sexogenéricas.
“Si alguien posteó eso y lo está poniendo como algo que representa a la unidad educativa, significa que hay una cero conciencia de la violencia LGBTIfóbica en ese espacio”.
La “Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo” recomienda que en las instituciones se desarrollen actividades de sensibilización sobre la discriminación y violencias contra personas LGBTQ.
Este medio consultó al Ministerio de Educación si en el colegio se implementan las recomendaciones del documento, pero la institución no lo precisó. Su respuesta fue: “El Ministerio de Educación se encuentra analizando y levantando información sobre este caso y las acciones de prevención y abordaje que ha realizado la institución educativa”.
Una respuesta evasiva en un contexto en que la ministra de Educación, Alegría Crespo, ha mostrado su abierta oposición a temas de género y diversidades en las instituciones educativas.
En un vídeo, publicado semanas atrás, anunció que el ministerio ha iniciado un proceso de revisión y fortalecimiento de los protocolos para prevenir y abordar vulneraciones de derechos en las aulas, pero a la vez señaló que no se implementará “ninguna acción basada en ideologías de género” ni habrá “imposición de agendas ideológicas”.
Estos términos son usados de manera despectiva por sectores antiderechos para oponerse al reconocimiento de derechos de mujeres y personas LGBTQ.
Este anuncio se dio tras la sentencia de la Corte Constitucional que dispone al Ministerio de Eduación elaborar un protocolo para acompañar los procesos de transición de género en escuelas y colegios.
El caso que estudió la Corte fue el de una niña trans cuya escuela no tomó las medidas para respetar su identidad de género. En el desarrollo de la sentencia, entre otros puntos, precisa que “la finalidad de la educación no se reduce a garantizar únicamente la adquisición de conocimientos, sino también se orienta al pleno desarrollo de la personalidad, y al ejercicio de otros derechos humanos”.
***
La última conversación que Rick tuvo con su mamá sobre temas del colegio fue un día antes de su muerte. Le comentó que tenía que presentar el siguiente lunes un proyecto en la materia de Matemáticas y el cuaderno de Filosofía. Roxana lo sabía, pues había hablado con los profesores de ambas materias.
Hablaron cuando Rick regresó del colegio, en las conversaciones diarias que mantenían y en las que también hacían bromas, o hablaban de su gata Meche.
Ese día, por la mente de Roxana ya pasó cambiar a su hijo a otra institución educativa para cursar el tercer año de Bachillerato. Le faltaba solo un año para terminar sus estudios secundarios y perseguir su sueño de ser actor.
Pero al día siguiente, el sábado 1 de febrero, Rick se suicidó en su dormitorio, aproximadamente a las 16:00. No dejó ninguna nota, pero su madre asegura que el bullying mató a su hijo.
A la media hora de su deceso, en un grupo de WhatsApp del curso de Rick, Roxana cuenta que llegaron mensajes como “¿Ya está muerto Rick?”, “jajajaja”, “que conteste aunque esté muerto”… En ese momento, ella tenía su teléfono, que está ahora en manos de Fiscalía.
En otro grupo de WhastApp de otro curso al que tuvo acceso Roxana, en un chat al día siguiente del fallecimiento de Rick, se lee la pregunta “como que un pelado de segundo murió ??”. La primera respuesta fue: “Si. El marinconcito”.
El día de la velación de su hijo, acudieron la rectora, inspectora y tutora del colegio, cuenta Roxana. “Ahí les dije que nunca me ayudaron y que voy a hacer justicia”.
Hasta el momento, además de la investigación en el colegio por parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos instaló una mesa interinstitucional para el seguimiento del caso, mientras que Fiscalía ha ordenado versiones, pericias y requerimientos de información, precisa la defensa de la familia.
Roxana busca justicia por el hijo a quien en cada cumpleaños le compraba una torta para celebrar en casa. A quien abrazaba en las fotografías que se tomaban juntos. A quien en una ocasión descubrió que, de la mesada que le entregaba, destinaba dinero para comprarle dulces.
“Se me fue mi hijo, se me fue todo. Me quedé sin mi compañero que me daba aliento”.
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