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Borradxs al nacer, la realidad de las personas intersex en Ecuador
Edición Cientonce documenta angustias, logros de esa comunidad
—¡A Axa le encontraron un útero!
—¡¿Cómo?!
—¡Axa tiene útero! ¿Qué vamos a hacer?
En el baño de un hospital, Gabriela habla con su esposo por teléfono. Llora. La angustia la carcome. En una resonancia magnética de su hijo Axa, en ese momento de 13 años, alcanzó a leer “cuerpo uterino”. No necesitó leer más.
Las visitas de Axa a los hospitales eran igual de habituales que jugar PlayStation, su pasatiempo favorito. Hasta antes de los 10 años, había sido intervenido en cuatro ocasiones para adecuar su genitalidad y hacer que tenga pene y testículos, además tenía citas médicas regulares y exámenes de control.
Axa nació con genitales que visiblemente son difíciles de distinguir entre los sexos masculino o femenino. En letras rojas, la palabra indeterminado estaba escrita en la pulsera identificativa que se coloca a cada recién nacidx con sus datos, entre estos, el del sexo.
Gabriela solo tenía 16 años cuando Axa nació el 14 de julio de 2001. Era su primer hijo.
“En el hospital hacen varios estudios y juntas médicas y me dicen que es ‘indeterminado’, pero como había que inscribir rápido a los bebés, me dijeron que provisionalmente le iban a poner sexo masculino hasta que saliera el examen de cariotipo”, relata Gabriela 21 años después, desde Quito.
Ese examen describe las características de los cromosomas, que son los que recogen la información genética de una persona y determinan su sexo. Ella desconocía cuál era su objetivo.
“Yo lo único que quería saber era por qué él nació así”, asegura.
Los resultados tardaron dos meses en llegar. En ese lapso, junto a un Axa de apenas semanas de nacido, visitaban más consultorios. Uno de los médicxs que lo atendió, le diagnosticó hipospadias severas y una criptorquidia bilateral (en la primera, la uretra no está en la punta del pene; y en la segunda, los testículos no han descendido).
Cuando los resultados del cariotipo estuvieron finalmente listos, Gabriela se los entregó al médico de cabecera de Axa. “Aquí está todo normal, es varón”, le dijo.
“Para mí fue un alivio que me dijera que era solo una malformación congénita, no genética, que solo era de acomodarle por fuera, que iba a tener hijos y una vida sexual normal”, recuerda.
Pero el resultado de ese examen fue XX; es decir, sexo cromosómico femenino. Gabriela entendería esas XX 13 años después …
X y Y, esas dos letras, esos dos cromosomas, son los que determinan el sexo cromosómico, que sumado a otros factores define la biología de una persona.
Con dos cromosomas XX se es mujer; con un cromosoma X y otro Y, hombre. Esa es la “regla” biológica. Pero, ¿qué pasa cuando simultáneamente alguien presenta características de ambos polos del espectro sexual?
Quienes nacen con características sexuales, sean los genitales, las gónadas (glándulas genitales) o los patrones cromosómicos (cariotipo), que no corresponden a las “típicas” nociones binarias de los cuerpos masculinos o femeninos, son las personas intersexuales o intersex, representadxs en la I de las siglas LGBTIQ+.
La intersexualidad representa una variación natural del cuerpo en donde las categorías hombre-mujer son insuficientes para nombrar el amplio espectro de corporalidades. El cuerpo de Axa representa esta diversidad.
El término intersex abarca entre 60 y 80 variaciones de cuerpos sexuados reconocidos por la genética y la biología molecular, como expone Cristian Robalino Cáceres, en su libro “¿Es niño? ¿Es niña? ¿Ninguno de los dos? ¿Quién decide? El ejercicio médico-jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador.“
En tanto, desde la campaña mundial Libres e Iguales de Naciones Unidas se explica que, en algunos casos, los rasgos intersex son visibles al nacer, mientras que en otros no se manifiestan hasta la pubertad. Incluso, algunas variaciones cromosómicas de las personas intersexuales pueden no ser físicamente visibles en absoluto.
Sin embargo, en el imaginario social las personas intersexuales son los comúnmente llamados hermafroditas, un término en el que el activismo intersex encuentra una carga peyorativa y que, como indica Robalino Cáceres, “hace alusión a aquella figura de la mitología griega que encarna a los dos sexos en un solo cuerpo”.
Fuera de la ‘regla’ biológica y social
Si bien desde siempre han existido y existen otras corporalidades y variaciones naturales de los cuerpos biológicos, la filósofa feminista estadounidense Judith Butler sostiene que el régimen normativo que ha construido “verdades” en lo concerniente al género y a la sexualidad es la heteronormatividad, según la cual solo se contemplan dos formas de entender la humanidad: los conceptos hombre y mujer.
En ese sentido, Robalino Cáceres detalla en su libro que dentro de este régimen heteronormativo los conceptos hombre y mujer son entendidos a través de la siguiente operación: hombre: pene y testículos, cromosomas XY, masculino heterosexual; mujer: vagina, ovarios y útero, cromosomas XX, femenina y heterosexual.
De ahí que, según Butler, todo lo que no se atañe a esa “regla” biológica, se castiga mediante una “severa violencia excluyente”. Así ha sido históricamente con las personas intersex.
Desde su nacimiento, están expuestas a situaciones de violencia que se inician con intervenciones quirúrgicas para asignarles aribitrariamente un sexo y, a lo largo de toda su vida, a la falta de acceso integral al sistema de salud, así como a atenciones médicas que consideran estas identidades como patológicas.
En el prólogo del libro de Robalino Cáceres, la filósofa argentina Diana Maffía expone que desde la medicina la condición intersexual se interpretaba como una monstruosidad y se estudiaba desde la teratología, la disciplina que dentro de la zoología estudia a las criaturas anormales.
Esa mirada médica sobre los cuerpos intersexuales sigue siendo actualmente patologizante. En la CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades), la guía que la Organización Mundial de Salud emplea para los diagnósticos médicos, la condición intersexual está categorizada como “Trastornos del Desarrollo Sexual”. Este documento los describe como “cualquier afección causada por la falla de los genitales para desarrollarse correctamente durante el período prenatal”.
Mientras la mirada médica tiene esta perspectiva de “trastornos” o “afecciones”, los organismos internacionales de derechos humanos exhortan a proteger la integridad de las personas intersex desde su nacimiento.
En 2013, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes calificó a las cirugías reconstructivas practicadas a personas intersex como actos detortura y exhortó a derogar leyes que permitan la realización de tratamientos irreversibles sin su consentimiento.
El mismo año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) puso en marcha la campaña Libres e Iguales en la que resalta la importancia de prohibir estos procedimientos quirúrgicos porque pueden producir esterilidad permanente, dolor, incontinencia, pérdida de la sensibilidad sexual y sufrimiento mental de por vida, incluida la depresión.
Dos años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América“, recomendó a los Estados hacer modificaciones en materia legislativa y de política pública para prohibir procedimientos médicos innecesarios a personas intersexuales.
Sin embargo, en Ecuador, no se ha avanzado en leyes o políticas públicas para proteger a la población intersex. Cuando la Asamblea Nacional incorporó la prohibición de procedimientos de asignación de sexo a niñxs intersexuales en el Código Orgánico de Salud que aprobó en 2020, el expresidente Lenín Moreno lo vetó en su totalidad y, en consecuencia, no entró en vigencia. Mientras, el Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobó un protocolo para el abordaje médico de la intersexualidad, pero es prácticamente desconocido en los hospitales del país.
¿Qué pasa con mi cuerpo?, la pregunta sin respuesta
“No me han sabido decir a ciencia cierta qué pasa con mi cuerpo. Lo he tenido que descubrir yo porque los médicos no han sabido cómo abordarme”, cuenta Wilmer González Brito una tarde un tanto gris de abril en Cuenca.
Él no solo es una persona intersex, sino el activista intersexual más visible de Ecuador. Desde ambos lugares afirma que la intersexualidad “es un tema completamente desconocido” entre los profesionales sanitarios del país.
“Los médicos que hemos capacitado dicen: estos temas no nos dan en la academia (…) Para nosotros el único tipo de intersexualidad es cuando vemos una vagina y un pene, pero de las realidades que vienen con las gónadas, con los temas hormonales, no sabemos”, refiere.
Él ha estado en esas capacitaciones porque es el coordinador y vocero de Intertulias, el único colectivo intersex del país. Ese espacio se creó en 2014 para luchar por los derechos de las personas intersexuales y para que sus voces sean escuchadas.
Con González Brito concuerda Edgar Zúñiga Salazar, médico y coordinador general de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, al señalar que “el principal problema en la parte médica es que no se enseña sobre intersexualidad”.
“Lo que te enseñan es sobre síndromes o trastornos del desarrollo sexual, entonces te formas con una mirada patologizante y problematizadora de la diversidad sexual corporal. Es incluso un tema estructural cultural. Como tienes una ausencia de información sobre intersexualidad en la sociedad, esto se replica en la parte académica”, considera.
La publicación del Ministerio de Salud Pública, en 2018, del denominado “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual“-nombre que el activismo intersex considera patologizante- no ha servido para llenar ese vacío.
Este es el único manual que establece las directrices que deben seguir los profesionales de salud que se encuentren involucrados en la atención de personas intersex.
Pero hoy, a cuatro años de su presentación, éste nunca se ha aplicado. “El Protocolo no se ha implementado”, confirma el Ministerio de Salud Pública a Edición Cientonce.
En sus respuestas, el Ministerio añade que esto responde a que “son necesarios otros insumos normativos” para incluir en su cartera de servicios temas específicos de atención para esta población.
La única normativa vigente es el “Manual Atención en salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI)“, que desde 2016 es de cumplimiento obligatorio y provee a los profesionales y estudiantes de ciencias de la salud las herramientas y recomendaciones para la atención de personas de la diversidad sexo genérica.
Sin embargo, la población intersex experimenta atenciones violentas. “Me acuerdo de una doctora que me atendió y me dijo ‘tienes un cuerpo anormal’ (…) y por último ‘no podemos hacer nada porque esto tampoco es algo que podamos curarte’”, rememora Gónzalez Brito sobre una consulta médica.
Él era un adolescente cuando reparó que tenía una corporalidad que consideraba distinta a la de su hermano y primos: menos cintura y más cadera. Ya de adulto, empezó a manifestar intensos dolores en el estómago y retortijones todos los meses. Estas dolencias lo impulsaron a acudir a especialistas, quienes le revelaron que tiene un ovario y un testículo, una de las variaciones de la intersexualidad.
Aunque en una de esas citas médicas, un médico lo increpó: “¡¿Por qué ibas a tener cólicos tú, si eres un hombre?!”.
***
En su adolescencia, Axa usaba dos chompas: una gris y una verde, con cualquier pantalón. Las usaba a diario. No optaba por más prendas de vestir. Con esas chompas, ocultaba sus pechos, que empezaron a crecerle a los 12 años.
Cuando el cuerpo de Axa presentó estos cambios, su médico de cabecera le indicó que tenía ginecomastia, un “trastorno” -según lo califica la CIE-11- que produce en los hombres un volumen excesivo de los pechos.
La recomendación fue que bajara de peso. Axa inició una dieta y se ejercitaba, pero los pechos se hicieron más notorios e incluso se formaron las areolas. A la misma edad, empezó a orinar sangre cada mes. Generalmente, cinco días seguidos. Y sentía dolores abdominales que hasta llegaron a despertarlo en las madrugadas.
Axa se mostraba irritable en su adolescencia. Se encerraba en su dormitorio. Lloraba. Los videojuegos eran un escape de las citas médicas y tratamientos que debía seguir.
El día que cumplió 13 años, tras perder una jugada de PlaySation, cruzó sus brazos y sintió que una secreción salía de sus pechos. “Pensé que era sudor, pero no estaba sudando; me comencé a presionar a propósito y salió bastante”.
Dos días después, decidió contárselo a su madre. Gabriela recurrió nuevamente al médico de cabecera de su hijo. Él ordenó una resonancia magnética, pero con un pedido adicional: buscar gónadas femeninas.
Es en esa hoja de resultados, donde ella leyó: “se observa una zona que correspondería a cuerpo uterino”. “Próstata no visible”.
Fue entonces cuando comprendió lo que 13 años antes no había entendido: el cuerpo de Axa es intersexual y no masculino, el sexo que arbitrariamente le fue asignado al nacer. También entendió que los dolores abdominales de su hijo eran en realidad cólicos menstruales y la sangre en la orina, menstruación.
Desde la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, están acompañando a personas intersex, “a quienes toda la niñez prácticamente les ha sido robada”, señala su titular, Edgar Zúñiga.
Al igual que Axa, expone, “han tenido que vivir una infancia impuesta”. “Los casos que acompañamos son de personas que han sido sometidas a violencia médica, incluso quirúrgica, hormonal, etcétera”, revela.
Y esta imposición de corporalidad e identidad, explica Zúñiga, acarrea “un impacto muy fuerte” en la “construcción identitaria porque se parte de una negación del yo”.
El “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual” no establece una prohibición expresa de las intervenciones quirúrgicas, pero sí menciona que no todas las personas intersex requieren operaciones.
El documento estipula que un comité multidisciplinario (conformado, entre otros especialistas, por pediatras, genetistas, endocrinólogos, neonatólogos y personal de salud mental especializados en género y diversidades sexuales) debe discutir, asesorar y deliberar la condición con cada paciente y sus familiares. Y que estas decisiones deben autorizarse mediante consentimiento informado.
Además, que el objetivo de las intervenciones quirúrgicas es evitar problemas de salud física y que la estética corporal y función sexual “es un tema que le concierne únicamente a la persona”.
«Se dice que son los padres, le niñe, le adolescente, quienes pueden tomar las decisiones sobre la soberanía de sus cuerpos, pero siempre se va a requerir una asesoría médica y ese consentimiento informado puede ser muy manipulado. Si yo, en una asesoría perinatal, le digo a los padres que ese niñe va a sufrir discriminación y va a ser violentado por no tener un sexo asignado, ahí se está manipulando la información para que los familiares autoricen un procedimiento que el protocolo claramente enuncia que es innecesario”, manifiesta Edgar Zúñiga.
Desde Quito, Carolina cuenta que, sin el cumplimiento de exámenes previos, un urólogo recomendó la intervención de su hijo, Álvaro, quien hace 8 años nació con hipospadias.
“No se hicieron exámenes endocrinológicos ni de cariotipo, nada de eso. Ya nos estaba dando una fecha de cirugía”, recuerda.
Coincidentemente, ella estaba realizando una investigación sobre intersexualidad para su tesis de universidad y es así como descubrió que el hipospadias es un tipo de variación intersex.
Aunque según el documento “El ABC de la I”, que elaboró Intertulias, “el hipospadias no suele diagnosticarse como condición intersex sino como malformación en el pene de un varón, a ser tratada con cirugía correctiva”.
Pese a la recomendación e insistencia del médico para asignar un sexo, Carolina decidió no operar a su hijo y que sea él quien tome la decisión en su futuro. Sin embargo, sí pasó por el quirófano el año pasado cuando presentó infecciones urinarias porque el canal de la uretra se estaba cerrando como consecuencia del hipospadias.
Ella pidió expresamente estar presente en el quirófano para cerciorarse que solo amplíen el canal de la uretra y no realicen ningún procedimiento adicional por motivos estéticos.
Los padres de Maykel, en cambio, sí optaron por la operación. Al igual que Álvaro, nació con hipospadias.
El niño, de 10 años, fue intervenido en dos ocasiones: a los 3 y 8 años. La primera intervención fue para abrir el canal de la uretra, ya que su escasa micción podía afectar sus riñones, y la segunda para formar el pene.
“El doctor me dijo que iba a ser un problema si no se le hacía la cirugía, porque no iba a ser un niño normal”, señala Karina, su mamá, una mañana de mayo en su casa en Santo Domingo de los Colorados.
Según relata, la segunda intervención fue meramente estética. “El doctor me explicó que Maykel ya no corría ningún riesgo del riñón, porque con el catéter él podía orinar normalmente y que la cirugía que estaba pendiente era como estética para para formar su penecito y que orine normal”.
Con orinar “normal”, Karina se refiere a que su hijo orine parado y no sentado como lo venía haciendo desde que dejó de usar pañales.
Al no tratarse de una situación que ponía en riesgo su salud, esa segunda intervención tardó cinco años en practicarse.
Karina y su esposo René estuvieron de acuerdo con las dos intervenciones sugeridas por el médico. Incluso descartaron la recomendación de una especialista de que sea Maykel quien decida cuando tenga 18 años.
Entre los exámenes médicos que los padres de Maykel conservan en una carpeta, constan pruebas de sangre y ecografías, pero no de cariotipo.
Un casillero sin la I
No se sabe cuántas intervenciones de asignación de sexo a niñxs intersex se han hecho en Ecuador. Tampoco cuántas personas son intersexuales ni cuántas nacen por año en el país.
El Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sigue manejando dos únicas categorías de sexo: hombre o mujer.
Y así consta en la información que el Ministerio de Salud hizo llegar a Edición Cientonce. Los nacimientos intersex no se contabilizan.
La legislación ecuatoriana maneja los nacimientos con una concepción binaria y no considera la intersexualidad como una condición biológica. La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en su artículo 30, establece que “el sexo será registrado considerando la condición biológica del recién nacido, como hombre o mujer, de conformidad a lo determinado por el profesional de la salud o la persona que hubiere atendido el parto”.
La misma ley señala que la inscripción de niñxs debe obligatoriamente hacerse durante los tres días posteriores al nacimiento. De lo contrario, los médicos pueden ser sancionados.
La decisión, entonces, del sexo que se asigna a niñxs intersex prácticamente queda a potestad de los médicos y en un plazo contrareloj.
El único dato oficial que existe es el del Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACCA), que incluye la variable intersex.
A partir de esos registros se sabe que, por ejemplo, en 2021, en los establecimientos de salud a nivel nacional se registraron 707 atenciones a personas intersexuales.
Para Wilmer González Brito esos registros «no reflejan una realidad». “Tú les tienes que decir a los médicos que te registren en la i (de intersex). A mí me quieren poner directamente en la h (de hombre). Se basan en lo que ven y como me ven hombre, inmediatamente te vinculan en el binarismo”, sostiene.
Desde Santo Domingo de los Colorados, Bárbara Jiménez también cuenta que siempre debe corregir a los doctores.
En las citas médicas, en cualquier especialidad, asumen que es una mujer trans. No preguntan, solo asumen. En ocasiones, prefiere evitar explicaciones: “A veces ya me aburre. Ya digo, ay, que piensen lo que quieran. Los médicos me preguntan si me identifico como hombre o mujer, y yo digo como mujer, pero soy intersexual, y me responden ‘¿y eso qué es?’”.
Hasta los 18 años, Bárbara usó prendas de vestir comúnmente asociadas a las que usaría un hombre, pero por su tipo de intersexualidad (insensibilidad a los andrógenos), su cuerpo no lee la testosterona (hormona masculina) y tiene mayores niveles de estrógenos (hormonas femeninas); por ello, a los 12 años, le crecieron senos y caderas.
En las clases de natación del colegio, como debía usar un short corto y ajustado, sus pechos quedaban expuestos. “Yo tenía que cubrirme los pechos con los brazos. Esto me producía cierto malestar, cierta vergüenza”, recuerda.
Bárbara conoció la palabra intersexual en 2012 investigando en internet lo que le pasaba a su cuerpo. Entre los doctores a los que acudía, no hallaba respuestas. Al contrario, recibía violencia.
Un endocrinólogo le sugirió que asista a las clases que dictaba en una universidad para que sus estudiantes analizaran su caso. “Iba a estar como rata en laboratorio, para que me estudien. Yo no me sentí cómoda con eso y no regresé (a una nueva cita) con ese médico”, cuenta.
En la vida de una persona intersex, la falta de preparación y conocimiento de los profesionales de la salud no solo se traduce en atenciones violentas. Es el inicio de un viacrucis, de la búsqueda de un médico que, en el mejor de los casos, les ofrezca respuestas o una certeza a medias.
La psicóloga clínica Vanessa Quito atiende en su consulta a dos personas intersex. “Las familias no han pasado solo por uno, vienen pasando por cuatro, cinco, seis médicos. Es la desesperación de que quizás alguien pueda hablar un ‘idioma diferente'”, relata Quito, quien también es máster en intervención psicosocial familiar.
Desde el Ministerio de Salud, sin embargo, se asegura que en todos sus establecimientos se brinda atención «sin discriminación alguna» y que capacitan “en temas de derechos humanos” a todo el personal.
***
Gabriela rompió contacto con el médico que operó a Axa en cuatro ocasiones cuando era niño y decidió denunciar el caso ante el Ministerio de Salud. Esta denuncia, presentada en septiembre de 2014, fue la que dio paso a que por primera vez la máxima autoridad sanitaria del país comenzara a discutir sobre las intervenciones quirúrgicas para asignar un sexo/género a lxs recién nacidos intersexuales, como detalla Robalino Cáceres en “¿Es niño? ¿Es niña? ¿Ninguno de los dos? ¿Quién decide? El ejercicio médico-jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador”.
En el proceso administrativo, el médico defendió las intervenciones realizadas a Axa. “Los trastornos del desarrollo sexual tienen etapas específicas que denotan que no nos hemos saltado procesos. Hay niños que durante el primer año de vida son diagnosticados, pero a los 14 años, con el despliegue sexual y hormonal, pueden cambiar su tendencia (…). Y sigo manteniendo que él es un varón”.
Pero eso no era lo que indicaba el cariotipo ni fue la decisión de Axa. Recién a los 14 años él pudo decidir, por primera vez, sobre su cuerpo. Y decidió mantener su identidad masculina y someterse voluntariamente a nuevas intervenciones quirúrgicas, entre estas, una doble mastectomía.
Hoy, con 21 años, finalmente está a gusto consigo mismo. “Me siento bien con lo que soy, me siento bien siendo intersexual. Antes me veía como algo raro, literalmente algo que no estaba dentro de lo binario, que no estaba dentro del canon, y ahora me siento completamente bien”.
“De niño yo hubiese preferido que se me informe y se me explique para qué me estaban haciendo las operaciones. Es frustrante entrar y salir de quirófanos sin tener la menor idea de por qué lo estás haciendo. Yo solo sabía que había que hacerle unas ‘correcciones’ a mi cuerpo, nada más”.
Por esas “correcciones”, el Ministerio de Salud Pública sancionó en diciembre de 2014 al médico que operó a Axa. La Cartera de Estado le impuso una multa de 3.400 dólares, pero no revocó su licencia; siguió y sigue atendiendo.
Gabriela también recurrió a la justicia, que en 2018 falló a su favor y al de Axa por daño moral, y obligó a pagar una indemnización de 100.000 dólares.
“Si alguien le notó niña, ¿por qué no me dijeron?”, llegó a decir el médico.
Fue a partir del caso de Axa, que la Dirección de Derechos Humanos, Género e Inclusión del MSP elaboró el “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual”, el primero para abordar las realidades intersex en el sistema de salud.
Pero como nunca se ha implementado, historias como la de Axa pueden volver a repetirse, historias de infancias impuestas y sometidas a intervenciones quirúrgicas para asignar un sexo bajo una mirada médica patologizante, historias de atenciones médicas discriminatorias y violentas, historias de personas que por nacer fuera de la “norma corporal” son borradas al nacer.
EQUIPO INVESTIGATIVO:
Reportería, investigación, coordinación general, redacción y edición:
Daniela Mejía Alarcón y Víctor Hugo Carreño
Asesoría en investigación:
Cristian Robalino Cáceres
Fotografías y videos:
Óscar Molina V. y Fabio Abad Baus
Edición audiovisual:
Fabio Abad Baus
Ilustraciones para web y redes sociales:
Víctor García Mejía
Corrección:
Fausto Lara
En este reportaje, ciertos testimonios aparecen con nombres protegidos a pedido expreso de lxs entrevistadxs.
Este reportaje ha sido producido con el financiamiento de la Unión Europea en el marco del proyecto Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas y jurídicas para la protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina. Su contenido es responsabilidad de Edición Cientonce.
Ecuador
Caso Karlina: Una sentencia histórica contra las terapias de «conversión»
Karlina Quiroz, una mujer trans de Chone, fue internada contra su voluntad
La última vez que Karlina Quiroz, una mujer trans de 57 años, salió sola a la calle en Chone, terminó encerrada contra su voluntad en un centro de rehabilitación donde intentaron “corregir” su identidad de género mediante humillaciones, amenazas y agresiones.
Han pasado cinco años desde ese episodio, ocurrido en 2021; y el 11 de septiembre de 2026 Karlina por fin obtuvo justicia.
La Fiscalía informó, el 14 de septiembre, que el Tribunal de Garantías Penales de Chone sentenció a seis personas por actos de odio contra Karlina, al ser víctima de violencia basada en su identidad de género.
Entre los seis sentenciados están sus dos hermanos, que —según la denuncia de Karlina— ordenaron su encierro a este centro.
El caso de Karlina refleja el odio y la violencia hacia personas trans en Ecuador y vuelve a poner bajo la lupa la existencia de centros conocidos como clínicas de “deshomosexualización” o espacios de “terapias de conversión”.
De acuerdo con la denuncia presentada por Karlina, en julio de 2021 fue interceptada por varios hombres y trasladada contra su voluntad a un centro para el tratamiento de adicciones ubicado en Chone, Manabí, en la vía a Pedernales. Allí permaneció retenida y sometida a tratos degradantes, violencia psicológica y agresiones físicas.
Según su testimonio, durante el encierro recibió insultos relacionados con su identidad de género y amenazas orientadas a “modificarla”.
Karlina denunció, además, que esta no habría sido la primera vez. Según su relato, en 2019 permaneció aproximadamente tres meses internada de manera forzada en otro centro de rehabilitación, también ubicado en la vía a Pedernales, en Chone. Durante ese período habría sido sometida a dinámicas similares de aislamiento, control y presiones dirigidas a modificar su identidad y expresión de género.
Según información de la Fiscalía, en septiembre de 2021, como parte de las diligencias investigativas, se allanó el centro clandestino en Chone. Allí se recabaron indicios relacionados con el internamiento forzoso de Karlina durante tres meses.
Con esos y otros elementos de convicción obtenidos durante la investigación, la Fiscalía inició un proceso penal contra las seis personas, quienes fueron luego llamadas a juicio.
El proceso, explicó Karlina, incluyó los dos casos: el de 2019 y 2021. “El crimen se investigó desde que comenzó la primera gota de sangre”, señaló Karlina, en alusión a la violencia física que sufrió en su primer encierro.
De los seis sentenciados, tres fueron condenados como autores directos a cuatro años de pena privativa de libertad. Se trata de los dos hermanos de Karlina y un sobrino, por ordenar su encierro al centro de adicciones.
Los otros tres recibieron una pena de dos años, como cómplices.
De acuerdo con Karlina, uno de ellos es el director del primer centro al que fue ingresada contra su voluntad en 2019 por tres meses, y los otros dos son quienes la interceptaron la segunda ocasión, en julio de 2021, para llevarla al centro. Ella los señala como “capturadores” de las personas que son recluidas en los centros.
“Cuando recibí la noticia (el viernes 11 de septiembre durante la audiencia de juzgamiento) no podía creerlo. Las piernas me temblaron y las lágrimas se me salieron. Estoy tranquila y satisfecha”, señaló Karlina en una llamada telefónica.
Para Pedro Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos, la sentencia es importante no solo por reconocer un delito de odio, sino también por las características de los hechos: el ingreso (por orden de sus hermanos) a un centro de “deshomosexualización” en el que se cometen actos de tortura y violencia física.
Durante la audiencia, constó el testimonio de Karlina. La Fiscalía también presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la inspección ocular técnica, el levantamiento de evidencias y los testimonios de personas que confirmaron que los actos de violencia por perjuicio hacia su identidad de género fueron ejecutados de manera reiterada por los ahora sentenciados.
El caso volvió a poner la atención sobre las llamadas terapias de conversión en Ecuador, prácticas ampliamente cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos y señaladas como formas de tortura o violencia psicológica. Aunque el Estado ecuatoriano ha realizado operativos y clausuras de algunos centros en los últimos años, organizaciones sociales sostienen que estos espacios continúan funcionando de manera clandestina o bajo otras denominaciones.
La legislación ecuatoriana penaliza los actos de tortura con la intención de modificar la orientación sexual o identidad de género, pero no existe una sanción contra los centros que ofrecen las denominadas terapias de conversión.
En 2020, la Asamblea aprobó el Código Orgánico de Salud y una de sus disposiciones fue prohibir expresamente este tipo de terapias, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno en medio de una campaña de sectores antiderechos.
La sentencia también dispuso, como reparación integral a favor de Karlina, tratamiento psicológico e indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
Gutiérrez considera que la reparación para Karlina es limitada, pues -por ejemplo- no hay llamados de atención al Ministerio de Salud o disculpas públicas a la víctima.
“Mi nombre es Ariel Karlina Zambrano, soy una mujer trans de Chone, Manabí. Desde niña supe que quería ser mujer, quería ser bonita, libre. Pero mi familia nunca lo aceptó. Mis hermanos y mi padre, profundamente machistas, me maltrataban constantemente”, contó Karlina en un testimonio en 2025 que recogió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
Para activistas y defensores de derechos humanos, el caso de Karlina evidencia además un patrón de violencia que suele permanecer oculto dentro de círculos familiares, religiosos y comunitarios. En muchos casos, explican, los internamientos forzados son promovidos bajo la idea de “corregir” orientaciones sexuales o identidades de género consideradas inaceptables.
Karlina intentó vivir en Chone, creyendo que con la denuncia y las medidas cautelares estaba a salvo, pero su hermano le pagaba a personas para que la acosaran, según su relato. Por ello, tuvo que esconderse por meses.
Las personas trans en Ecuador enfrentan altos niveles de discriminación, violencia y exclusión social, especialmente fuera de las grandes ciudades. Según la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ del INEC, el 53,5 por ciento de las personas LGBTQ mayores de 18 años en el país ha sufrido algún tipo de discriminación o violencia a lo largo de su vida, siendo el entorno familiar uno de los principales espacios de agresión.
En materia de violencia letal, organizaciones como Asociación Silueta X y el Observatorio Runa Sipiy documentaron 30 asesinatos de personas LGBTQ y transfemicidios en Ecuador durante 2025. De esos casos, alrededor del 70 por ciento corresponden a mujeres trans, lo que las posiciona como el grupo más expuesto a crímenes de odio y violencia extrema.
Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido además sobre la persistencia de centros de “deshomosexualización” o internamientos forzosos, prácticas denunciadas desde hace más de una década en Ecuador pese a prohibiciones estatales y operativos de control insuficientes.
El caso de Karlina pone a prueba algo más grande que una sentencia individual: si Ecuador está dispuesto o no a reconocer que estas prácticas siguen existiendo y que la violencia contra personas LGBTQ continúa ocurriendo, muchas veces con la complicidad o el silencio de sus propios entornos familiares.
“Con mi caso, debe quedar un precedente. Debemos luchar contra el odio que podemos encontrarlo dentro de nuestras propias familias. Por nuestra libertad y derechos, debemos luchar”, indicó Karlina.
El Salvador
Mujer trans salvadoreña es encontrada sin vida
La muerte de Yoisi Villalta vuelve a poner sobre la mesa la violencia
SANTA ANA, El Salvador — La muerte de Yoisi Villalta, mujer trans y vendedora de tortas en Texistepeque, Santa Ana Norte, ha vuelto a colocar en el centro del debate una realidad que durante años ha acompañado a la población LGBTQ en El Salvador: la violencia no termina con una agresión o con una muerte. También puede manifestarse en la manera en que una persona es buscada, nombrada, registrada, despedida y recordada.
Villalta fue reportada como desaparecida por su familia a finales de agosto de 2026. Días después, medios de comunicación y plataformas digitales informaron sobre el hallazgo de su cuerpo sin vida. Un reporte publicado el 5 de septiembre señala que el cuerpo fue localizado en Tacuba, Ahuachapán, ocho días después de su desaparición, mientras que la Policía Nacional Civil no había confirmado hasta entonces la causa de muerte ni clasificado oficialmente el caso como homicidio intencionado.
La precisión es importante; hasta el momento no debe afirmarse como un hecho que Yoisi haya sido víctima de un crimen de odio o de un homicidio motivado por su identidad de género, mientras no exista una investigación oficial que determine las circunstancias y causa de su muerte. Lo que sí existe es una profunda preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil y por personas de la comunidad LGBTQ, especialmente ante el contexto de violencia y discriminación que históricamente han enfrentado las mujeres trans en El Salvador.
Una mujer detrás de una noticia
Antes de convertirse en noticia, Villalta tenía una vida. Era una mujer trans que trabajaba como vendedora de tortas en Texistepeque. Desde su negocio desarrollaba una actividad cotidiana para ganarse la vida, pero también había convertido aquel espacio en una expresión de solidaridad con su comunidad.
De acuerdo con la información difundida por organizaciones LGBTQ, Villalta compartía alimentos con las brigadas de salud sexual que realizaban jornadas en la zona. Esa faceta de su vida permite verla más allá de las circunstancias de su muerte: como una mujer trabajadora, solidaria y vinculada a acciones comunitarias.
La Federación Salvadoreña LGBTI pidió precisamente que su memoria fuera abordada desde esa perspectiva. En el mensaje difundido tras conocerse su muerte, la organización llamó a recordarla por “su vida, su trabajo, su generosidad, y sobre todo desde su nombre”, y pidió que su historia no fuera reducida al morbo.
Ese llamado resulta especialmente importante en tiempos en que las redes sociales pueden convertir una tragedia humana en una sucesión de comentarios, fotografías, especulaciones y publicaciones hechas sin sensibilidad. Una persona fallecida no deja de tener dignidad.
Y una mujer trans no deja de ser mujer porque haya muerto.
El derecho a ser nombrada
Uno de los aspectos que más indignación ha provocado en torno al caso es el tratamiento de la identidad de Villalta durante la búsqueda. Organizaciones y personas cercanas han denunciado que durante el proceso de búsqueda se utilizó el nombre que aparece en su Documento Único de Identidad (DUI), en lugar del nombre con el que Villalta vivía y era reconocida socialmente.
Este aspecto no es meramente una cuestión semántica. Para las personas trans, el nombre puede representar una parte fundamental de su identidad y de la manera en que construyen su vida frente a la sociedad. Ser reconocidas por el nombre con el que se identifican constituye también una forma de respeto.
En el caso de Villalta, la Federación Salvadoreña LGBTI expresó que negar el nombre y la identidad de una persona trans también constituye una forma de violencia. La situación adquiere una dimensión todavía más compleja en El Salvador, donde continúa sin existir un mecanismo legal general que permita a las personas trans modificar su nombre y marcador de género en sus documentos de identidad conforme a su identidad de género.
Así, una persona puede construir durante años una vida social, familiar, laboral y comunitaria con un nombre determinado y, sin embargo, encontrarse ante instituciones que continúan identificándola exclusivamente mediante los datos registrales que no corresponden a la identidad con la que vive. El caso de Villalta vuelve a evidenciar esa tensión entre la identidad vivida y el reconocimiento institucional.
Un problema que va más allá de un solo caso
El caso de Villalta ocurre en un país donde las organizaciones de derechos humanos han advertido durante años sobre la violencia y discriminación que afectan a la población LGBTQ. La información disponible también muestra un problema relacionado con la documentación de estos hechos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la ausencia o insuficiencia de registros públicos actualizados y desagregados que permitan conocer con precisión cuántos delitos violentos afectan a personas LGBTQ y cuántos de ellos tienen como posible motivación la orientación sexual, identidad o expresión de género. La falta de información no significa necesariamente ausencia de violencia. Por el contrario, puede hacerla más difícil de identificar.
Un crimen que no registra la identidad de género de la víctima, o que no investiga adecuadamente una posible motivación relacionada con prejuicios, termina incorporándose estadísticamente como un hecho aislado, sin permitir comprender patrones. Ese problema tampoco es exclusivo de El Salvador. Sin embargo, en el país constituye una preocupación recurrente para las organizaciones que documentan vulneraciones contra personas LGBTQ.
301 denuncias en 2025
Un indicador permite dimensionar que el problema trasciende los homicidios. El Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH con apoyo de Hivos y Arcus Foundation, registró 301 denuncias de vulneraciones de derechos entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2025. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recogió estos datos en su informe anual.
Según esa información, las mujeres trans representaron el 53,5 por ciento de las víctimas registradas y los hombres gays el 26,6 por ciento. El informe también señaló como principales presuntos responsables a cuerpos uniformados, entre ellos la Policía Nacional Civil, los cuerpos de agentes municipales y militares desplegados bajo el régimen de excepción.
Estos datos deben leerse con cautela: se trata de denuncias de vulneraciones de derechos, no de una cifra de homicidios ni de todos los casos ocurridos en el país.
Pero muestran algo importante: la violencia contra las personas LGBTQ no puede analizarse exclusivamente desde los asesinatos. También existe violencia en la discriminación, en el acceso a servicios, en el trato institucional, en la familia, en el trabajo, en los espacios públicos y en la imposibilidad de ejercer plenamente derechos fundamentales.
El precedente de Zashy Zuley
La historia reciente de El Salvador ofrece antecedentes que ayudan a comprender por qué el caso de Villalta genera preocupación. En abril de 2021 fue asesinada en San Miguel Zashy Zuley del Cid, una mujer trans y activista vinculada al trabajo comunitario de personas LGBTQ.
ACNUR condenó entonces su asesinato y señaló que Zuley había sido previamente desplazada de su hogar debido a amenazas. La agencia de Naciones Unidas explicó que trabajaba junto con COMCAVIS TRANS para apoyarla en un proceso de emprendimiento y medios de vida.
Su muerte también puso en evidencia otra forma de violencia: después de morir, hubo dificultades para que su identidad de género fuera respetada durante sus honras fúnebres. Medios que documentaron el caso señalaron que fue sepultada con una expresión masculina y que existieron obstáculos para la participación de personas LGBTQ cercanas a ella.
El caso de Zuley se convirtió así en un símbolo de una problemática que tiene dos dimensiones: la violencia contra el cuerpo y la violencia contra la identidad.
Más de cinco años después, la muerte de Villalta vuelve a colocar ambas preocupaciones en la conversación pública.
¿Dónde están los datos oficiales?
Una de las preguntas que surgen nuevamente es cuántos casos de violencia contra personas LGBTQ han ocurrido en los últimos años y cuántos han sido investigados considerando una posible motivación por prejuicio.
La ausencia de información pública reciente y desagregada dificulta responder.
Esta falta de datos no solo afecta a las organizaciones defensoras de derechos humanos. También afecta a las instituciones encargadas de diseñar políticas públicas, prevenir la violencia y garantizar justicia.
Si no sabemos cuántos casos existen, dónde ocurren, quiénes son las víctimas, qué tipos de violencia se presentan y qué resultados tienen las investigaciones, resulta mucho más difícil diseñar respuestas adecuadas. La documentación independiente adquiere entonces un papel fundamental, aunque nunca debería sustituir la obligación del Estado de generar estadísticas confiables y transparentes.
El desafío de no olvidar
El caso de Villalta vuelve a plantear una pregunta incómoda para El Salvador:
¿Qué ese está haciendo para que las personas LGBTQ puedan vivir y morir con dignidad? La respuesta no puede depender únicamente de las organizaciones LGBTQ, de las familias o de las comunidades.
Requiere instituciones que registren adecuadamente los hechos, investigaciones que determinen responsabilidades, y de acuerdo con activistas de sociedad civil, también “se necesita un Estado que cree y promueva políticas de prevención y que reconozca la identidad de las personas diversas, formación de funcionarios y una sociedad que comprenda que la diversidad no disminuye el valor de ninguna persona”. Por ahora, las circunstancias de la muerte de Yoisi dejan muchas dudas en lo sucedido y no corresponde afirmar que se trató de un crimen de odio sin una determinación oficial de una investigación que no existió.
Honduras
Realidad LGBTQ en Honduras: fuga o muerte
Observatorio KAI+: 35 asesinatos anti-LGBTQ en 2026
TEGUCIGALPA, Honduras — Las cifras encienden todas las alarmas: 35 muertes violentas de personas LGBTQ, 195 casos de violencia generalizada y 11 personas asistidas para refugiarse en el extranjero. Las mujeres trans encabezan las víctimas mortales con 11 casos, seguidas de los hombres gay con 10.
Esa es la realidad de las poblaciones sexualmente diversas que pinta el boletín número 14 del Observatorio de Violencia hacia las Personas LGBTI+ de Honduras KAI+, correspondiente al período de enero al 8 de agosto de 2026.
Según el informe, los departamentos con mayor concentración de asesinatos son Francisco Morazán (12), Cortés (5) y Comayagua (4). Sin embargo, el dato más revelador de la impunidad es que los 35 casos permanecen en etapa de investigación preliminar, con apenas dos capturas reportadas.
«No queremos vivir con miedo»: defensores
Lucía Barrientos, de la Asociación Ixchel, resume el sentimiento colectivo. «Hoy las personas LGBTI en Honduras vivimos en estado de alerta. Muertes que, al hacer un análisis, tienen una conmoción de que muchas personas de nuestra población han sido torturadas, que han sido crímenes de odio», señala.
Barrientos subraya que en el país no hay una ley que tipifique el crimen de odio, lo que deja a la población en un limbo legal y expuesta a la violencia sin protección efectiva.
Entretanto, Jennifer Córdoba, de la Colectiva de Mujeres Trans Muñecas de Arcoíris, lamenta que las autoridades no estén haciendo nada para defender los derechos humanos.
«Ver ese tipo de violencias en el país que se incrementan, ver que las autoridades de nuestro país no están haciendo nada para la defensa de los derechos humanos, no crear una política pública que respete los derechos humanos de la población LGTBI», afirma Córdoba.
Violencia generalizada y discriminación sistemática
Los 195 casos de violencia generalizada incluyen amenazas (19), maltrato familiar (25), abuso de autoridad (14), discriminación por orientación sexual o identidad de género (14), lesiones (10) y agresiones sexuales. Las mujeres trans son nuevamente las más afectadas, con 32 casos registrados.
Dany Montesinos, de la Asociación LGBTI Kukulcán, advierte: «Esta es una violencia general, estructurada. No tenemos un patrón determinado. La alerta que estamos poniendo es que, en comparación con otros años, esto está siendo más creciente».
Un elemento crítico señalado por el boletín es que casi el 70 por ciento de los casos de violencia generalizada (137 de 195) carecen de categorización desagregada sobre la orientación sexual o identidad de género de la víctima, lo que evidencia la ausencia de protocolos adecuados por parte de las instituciones estatales y una invisibilización sistemática.
Migración forzada, huir para vivir
Entre los hallazgos más dolorosos está la asistencia a 11 personas LGBTQ que han buscado refugio en el extranjero. Ocho se han ido a Estados Unidos, dos a España y una al Reino Unido. Los motivos incluyen amenazas, discriminación, abuso de autoridad, agresiones sexuales y físicas.
Como señala un testimonio: «Tuvieron que irse, se vieron obligadas a huir por amenazas, por la discriminación, por el abuso de autoridad y agresiones sexuales. Estos datos nos muestran que la migración de las personas LGBTI no responde únicamente a razones económicas, sino a la necesidad urgente de proteger su vida y sus derechos».
Recomendaciones ante un Estado ausente
El boletín concluye con un llamado urgente al Estado hondureño. Exige fortalecer las investigaciones de muertes violentas e implementar políticas públicas de protección integral. Además, capacitar a funcionarios en diversidad sexual y derechos humanos y garantizar que los casos avancen más allá de la etapa preliminar.
Barrientos lo resume con claridad. «Exigimos al Estado respuestas inmediatas, justicia y protección real para nuestra población. No queremos retroceder, no queremos volver atrás, no queremos vivir con miedo, no queremos salir a la calle y saber que no puedo expresar mi amor hacia mi pareja o hacia otra persona porque puedo amar y ser muerta».
El Observatorio KAI+ recuerda que detrás de cada cifra hay seres humanos: madres, padres, hijos, hermanos y familias que dependen de ellos. La indiferencia institucional, advierten, no puede seguir siendo una puerta abierta a la impunidad.
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