La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), considerada un símbolo del desarrollo cultural y tecnológico del país, se ha visto envuelta en una denuncia de discriminación que pone en el centro del debate los derechos humanos de las personas trans en el país.

Daniela Alfaro, activista independiente y estudiante de la Universidad de El Salvador, asegura haber sido víctima de un acto de violencia verbal y discriminación el 13 de octubre, cuando el personal de seguridad de la institución le prohibió el uso del baño de mujeres, a pesar de que —según relata— lo ha utilizado en múltiples ocasiones sin inconvenientes.

“Un vigilante me dijo que yo tenía que entrar al baño de hombres y decidí decirle que quería hablar con el jefe. Llegó tanto el jefe de la BINAES como el jefe de seguridad, y ambos se pusieron a estarme humillando por mi condición de mujer trans”, declaró Alfaro al medio Washington Blade.

Según su testimonio, los encargados le argumentaron que “no existe ninguna ley que les obligue a respetar” su identidad de género. Además, le advirtieron que, si insistía en usar el baño de mujeres, podría ser detenida. 

“Me dijeron que había una orden desde arriba que nos prohibía a nosotras ingresar a los baños de mujeres. Entonces me amenazaron que si volvía y no usaba los baños de hombres me iban a llevar detenida”, añadió.

El incidente, ocurrido en un espacio público de carácter nacional, expone la falta de garantías legales hacia la población LGBTQ y evidencia cómo la ausencia de una Ley de Identidad de Género continúa vulnerando la dignidad y los derechos fundamentales de las personas trans en El Salvador.

Una denuncia por dignidad y derechos humanos

Tras el suceso, Alfaro presentó una denuncia formal ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en la que relata con detalle los hechos acontecidos y solicita la intervención del Estado para garantizar su derecho a la igualdad y a la no discriminación.

En su denuncia, Alfaro escribió:

“El señor Iván Baires (Coordinador de Servicios de Información) ratificó que yo tengo que utilizar el baño de hombres, menospreciando en todo momento mi identidad y expresión de género ya que dijo que ellos no están en la obligación de respetar tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos que El Salvador firmó, comprometiéndose en el trato digno de sus ciudadanos”, relató.

Alfaro le explicó a las autoridades de la biblioteca que estas acciones ponían en riesgo su integridad y su imagen, ya que los prejuicios sociales pueden provocar malentendidos o incluso agresiones físicas y sexuales. Sin embargo, la respuesta fue aún más hostil.

La activista denuncia que en ese momento fue rodeada por aproximadamente diez personas, quienes la intimidaron “como si fuera una delincuente”, solo por ejercer su derecho al uso de los espacios públicos. 

Una biblioteca moderna con prácticas excluyentes

La BINAES fue inaugurada en noviembre de 2023 como parte del megaproyecto impulsado por el gobierno salvadoreño con apoyo de la Embajada de China. Con modernas instalaciones, espacios de estudio, zonas tecnológicas y acceso a internet gratuito, el proyecto fue presentado como un ejemplo del desarrollo cultural y educativo del país.

Sin embargo, Alfaro denuncia que ese mismo espacio que promueve la inclusión tecnológica, reproduce prácticas de exclusión social.

“La Biblioteca Nacional de El Salvador es una donación de la Embajada China para nosotros los salvadoreños, pero los dueños actuales generan mucho maltrato a las personas transgénero”, expone en su denuncia.

Daniela explica que asiste frecuentemente a la biblioteca para utilizar las computadoras, ya que no cuenta con una propia y las necesita para redactar su tesis universitaria, requisito indispensable para su graduación en la Universidad de El Salvador.

“Actualmente no tengo los recursos para tener una computadora en mi casa, por ello asisto a la BINAES para elaborar mi trabajo de tesis y poder graduarme. Este trato hostil y denigrante me lleva a abandonar las oportunidades que me permitan crecer y desarrollarme plenamente.”

El acceso a espacios públicos sin discriminación forma parte del derecho universal a la educación, la cultura y la libertad de expresión. Sin embargo, en El Salvador, este derecho parece condicionado por la identidad de género.

“La discriminación y un trato injusto son barreras a mi derecho a ser tratada con respeto y dignidad, y poder acceder a los servicios públicos sin temor a ser discriminada”, enfatiza Alfaro.

Daniela solicita que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas para restituir sus derechos como ciudadana salvadoreña, y advierte que la amenaza de ser encarcelada por ejercer su identidad en espacios públicos representa una forma grave de persecución.

“Sin duda, esto es una persecución desde la imposición y la coacción, lo cual repercute gravemente en mi salud física y mental”, escribió en su denuncia.

Violencia institucional y miedo cotidiano

El caso de Alfaro no es aislado. 

Las personas trans en El Salvador enfrentan un contexto de violencia estructural y estigmatización que atraviesa la vida cotidiana, desde el acceso a la educación y el empleo, hasta la atención en salud y el uso de espacios públicos.

“Una vez, en el Centro Histórico, un agente de la Policía Nacional Civil solo por estar sentada en un parque me dijo que en este gobierno no se está respetando a las personas LGBT y me tiró mis pertenencias al piso”, relata Alfaro, recordando otro episodio de agresión.

Este tipo de acciones, según organizaciones defensoras de derechos humanos, constituyen una forma de violencia institucional, donde agentes del Estado o personal de instituciones públicas refuerzan prejuicios que vulneran los derechos fundamentales.

El Salvador, a diferencia de otros países de la región, no cuenta con una Ley de Identidad de Género ni con políticas públicas específicas que protejan a la población trans. La ausencia de marcos legales y la falta de reconocimiento administrativo de la identidad autopercibida agravan la vulnerabilidad de este grupo.

Según Alfaro y activistas consultados, existe un clima de impunidad y desinterés gubernamental frente a estos hechos. “La violencia institucional no solo nos quita derechos, también nos quita esperanza”, reflexionó la joven.

Una deuda pendiente: la Ley de Identidad de Género

En 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en la que ordenaba a la Asamblea Legislativa legislar sobre una Ley de Identidad de Género, que permita a las personas trans adecuar su nombre y género en los documentos legales de acuerdo con su identidad autopercibida.

Sin embargo, a la fecha, el gobierno de Nayib Bukele y la actual Asamblea —con mayoría oficialista— no han avanzado en la discusión ni en la aprobación de dicha ley.

Para las organizaciones que acompañan a la población trans, esta omisión es una forma de violencia estructural. “El Estado salvadoreño sigue sin reconocer nuestra existencia jurídica. No tener documentos que reflejen quiénes somos nos expone a humillaciones, exclusión laboral y vulneraciones constantes”, explicó un representante de la organización Comcavis Trans en declaraciones recientes.

La Ley de Identidad de Género no solo busca el reconocimiento nominal, sino también garantizar el acceso a servicios básicos, educación, salud y empleo sin discriminación. En la práctica, la falta de esta ley permite que situaciones como la ocurrida en la BINAES se repitan con frecuencia, sin mecanismos de reparación efectivos.

La invisibilidad legal se traduce en exclusión social. Al no contar con documentos que correspondan a su identidad, las personas trans enfrentan obstáculos para inscribirse en universidades, obtener empleo o incluso acceder a atención médica sin ser expuestas o ridiculizadas.

Un país que sigue vulnerando derechos

La situación de Alfaro pone rostro a una realidad más amplia: la falta de garantías para vivir con dignidad siendo una persona trans en El Salvador. Su testimonio refleja cómo la discriminación no siempre se manifiesta con violencia física, sino también con gestos institucionales de exclusión, humillación y negación de derechos.

A pesar de los compromisos internacionales asumidos por el Estado salvadoreño —como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Principios de Yogyakarta, que reconocen la identidad de género como parte de la dignidad humana—, las políticas nacionales siguen sin incorporar una visión inclusiva y de respeto hacia la diversidad.

Organismos internacionales como la ONU y la CIDH han advertido que la discriminación basada en identidad de género constituye una forma de violencia que puede derivar en daños psicológicos, pérdida de oportunidades y, en los casos más extremos, crímenes de odio.

En ese contexto, el caso de Alfaro no solo evidencia un acto de discriminación individual, sino también un síntoma de un problema estructural. 

“Es triste que en un lugar donde uno va a estudiar, a prepararse y superarse, te humillen por ser quien sos. No pedimos privilegios, solo respeto”, expresó Daniela con tono de frustración.

El retroceso académico tras la censura del lenguaje inclusivo

El caso de Alfaro también puede entenderse dentro de un contexto más amplio: el retroceso institucional que ha comenzado a experimentarse en el sistema educativo salvadoreño tras la reciente disposición gubernamental de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en todos los niveles de enseñanza.

Aunque la medida fue presentada por el Ministerio de Educación como una forma de “mantener la pureza del idioma”, especialistas en derechos humanos advierten que esta decisión envía un mensaje de exclusión hacia las personas LGBTQ, especialmente hacia estudiantes y docentes que trabajan por ambientes más respetuosos y diversos.

En la práctica, la censura del lenguaje inclusivo puede profundizar el miedo a hablar sobre temas de género y diversidad en el ámbito académico, limitando la libertad de expresión y el derecho a la educación inclusiva. “Cuando se prohíben palabras, se prohíben existencias”, expresó una docente universitaria consultada, aludiendo a que el lenguaje no solo comunica, sino que reconoce identidades y realidades sociales.

Para jóvenes como Alfaro, que viven en carne propia la discriminación en espacios públicos, esta política representa un nuevo obstáculo en su formación profesional. La falta de apertura institucional no solo afecta la seguridad física de las personas trans, sino también su desarrollo académico y su posibilidad de proyectarse en igualdad de condiciones.

Una lucha por existir y ser reconocida

La historia de Alfaro es la de muchas personas trans en El Salvador que, pese a los avances sociales, continúan enfrentando un sistema que las invisibiliza y excluye. Su denuncia ante la PDDH representa un acto de valentía, pero también de desesperación frente a un Estado que no reconoce plenamente su humanidad.

Mientras no exista una Ley de Identidad de Género ni políticas que garanticen el respeto a la diversidad, las personas trans seguirán expuestas a humillaciones, amenazas y exclusión institucional.

El incidente en la BINAES no debería verse como un hecho aislado, sino como un recordatorio urgente de que la igualdad y la dignidad deben ser una realidad vivida, no solo un discurso.

El Salvador, país que se precia de ser “el país de la libertad y la fe”, sigue en deuda con quienes, como Alfarpo, buscan simplemente estudiar, trabajar y vivir sin miedo.

La justicia y la igualdad no deberían depender de una “orden desde arriba”, sino del reconocimiento de que toda persona —sin importar su identidad o expresión de género— merece respeto, dignidad y la oportunidad de construir su vida plenamente.

El jueves 2 de octubre por la noche, el presidente salvadoreño Nayib Bukele volvió a encender la polémica en redes sociales y medios internacionales tras anunciar una nueva disposición en el sistema educativo.

“Desde hoy queda prohibido el mal llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos de nuestro país”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X, acompañando el mensaje con una publicación de la ministra de Educación, la militar Karla Trigueros.

Con esta decisión, el Gobierno consolida una política que se ha caracterizado por rechazar cualquier enfoque de género dentro de las escuelas públicas, a la vez que se posiciona en sintonía con posturas conservadoras internacionales.

La justificación oficial: ‘proteger a la niñez de injerencias ideológicas’

En un comunicado oficial, la Trigueros explicó que la medida busca garantizar “el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido, además de proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral”.

El documento establece que la prohibición es “de estricto cumplimiento” y que el uso de términos como amigue, compañere, niñe, alumn@, jovenxs, todos y todas, nosotrxs, o “cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género”, queda totalmente vetado en aulas, documentos institucionales y dependencias relacionadas con el Ministerio de Educación.

Según la ministra, la orden pretende “consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa”, cerrando las puertas a expresiones que, en su visión, promueven agendas “globalistas” contrarias al desarrollo del estudiantado.

Antecedentes de la política gubernamental

El veto al lenguaje inclusivo no es un hecho aislado. En febrero de 2024, el entonces ministro de Educación, José Mauricio Pineda, ya había señalado públicamente que “todo uso de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”.

El anuncio se dio después de que Bukele abordara el tema en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Maryland, un evento en el que participan figuras de la derecha global. En esa ocasión, el mandatario respondió a una pregunta de Catalina Stubbe, coordinadora hispana de la organización Moms for Liberty. “No solo es importante que la currícula no lleve esta ideología de género y todas estas cosas, sino que también los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van aprender sus hijos”.

Esta declaración marcó una línea clara de acción que se consolidaría en la medida adoptada este octubre.

Voces críticas: ‘un problema que no podemos tapar’

Organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ recibieron la nueva disposición como una acción discriminatoria. 

Valeria Mejía, activista de Aspidh Arcoiris y representante documentadora de la RedLacTrans, ofreció su testimonio desde la vivencia personal, “como mujer trans lo puedo decir, que viví mucha estigma y discriminación dentro del sistema educativo, tanto por alumnos, docentes y también padres de los alumnos. Entonces, creo que este problema no lo podemos tapar”.

Mejía agregó que la decisión afecta directamente los derechos fundamentales. “Esto afecta el cumplimiento de los Derechos Humanos, el Estado no lo toma en cuenta incluso ignoró la orden de la Sala de lo Constitucional el 22 de febrero del 2022, ordenando a la Asamblea Legislativa legislar a favor de la población trans, generando una Ley de Identidad de Género o modificando la Ley del Nombre de la persona natural para que hombres y mujeres trans tengan acceso a un documento de identidad”.

Un defensor de derechos humanos y psicólogo salvadoreño, que prefirió mantener el anonimato, también cuestionó la medida. Para él, la política “es bastante débil, bastante imprecisa, bastante vaga, que no responde las preguntas básicas que debería responder una política pública. Indicadores, proceso, etapas, metas… Simplemente es un lenguaje popular de un tema al que la gente le tiene miedo”.

El especialista recordó además la ambigüedad del término “ideología de género”. “Estaba bien lo que el otro ministro hizo el año pasado al decir que prohibía la ideología de género en el sistema educativo, como la ideología de género es un constructo indeterminado, que no sabes a qué se refiere en concreto. Porque en realidad no hay una definición de qué es ideología de género”.

Finalmente, concluyó calificando la medida de “populista”, “el propósito no es resolver un problema, sino generar popularidad, jalar agua al pozo de las figuras públicas que requieren una limpiada de cara. Para eso sirven ese tipo de medidas”.

Reacciones internacionales y paralelos en la región

La prohibición del lenguaje inclusivo en El Salvador se suma a una tendencia que en los últimos años ha cobrado fuerza en América Latina. En países como Argentina, sectores políticos conservadores también han impulsado restricciones al uso de términos inclusivos en las aulas, argumentando razones lingüísticas y pedagógicas.

Sin embargo, organismos internacionales de derechos humanos han advertido que estas políticas suelen tener como trasfondo la negación de identidades no normativas y el debilitamiento de marcos legales que buscan proteger a mujeres y poblaciones LGBTQ.

En el caso salvadoreño, el decreto de Bukele genera preocupación adicional debido a la concentración de poder en el Ejecutivo, el debilitamiento de contrapesos institucionales y el historial de desobediencia a sentencias de la Sala de lo Constitucional.

La estrategia política de Bukele

Más allá del debate sobre lenguaje inclusivo, analistas coinciden en que la medida responde a una estrategia política. El presidente salvadoreño, con altos índices de popularidad, ha sabido identificar banderas de batalla que resuenan con un sector amplio de la población.

El rechazo a la “ideología de género” funciona como un elemento discursivo que conecta con el electorado más conservador, tanto dentro del país como en la diáspora salvadoreña en Estados Unidos. Esto, además, lo alinea con agendas internacionales de grupos políticos y religiosos que han hecho de esta lucha un eje central.

En contraste, organizaciones feministas y colectivos juveniles han subrayado que el lenguaje inclusivo no se trata de “deformar” el idioma, sino de visibilizar a poblaciones históricamente excluidas. En su visión, la prohibición no solo restringe una forma de expresión, sino que envía un mensaje de invisibilidad a mujeres, personas no binarias y comunidades LGBTQ.

Para estas voces, la verdadera amenaza al desarrollo integral de la niñez y la juventud no radica en el uso de palabras inclusivas, sino en la persistencia de la violencia de género, la discriminación y la falta de políticas públicas efectivas que atiendan dichas problemáticas.

La decisión de Bukele de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas públicas salvadoreñas se inscribe en una lucha más amplia: la disputa por los símbolos y discursos que definen el presente y el futuro de la sociedad.

Mientras el Gobierno argumenta que busca proteger a la niñez de “injerencias ideológicas”, organizaciones sociales denuncian un retroceso en materia de derechos humanos y una estrategia populista destinada a reforzar la imagen del presidente en escenarios internacionales y domésticos.

En un país marcado por la violencia estructural, la desigualdad y los feminicidios, el debate sobre cómo nombrar a las personas se convierte en un campo de batalla político, cultural y moral. Lo que está en juego, más allá de las palabras, es el reconocimiento de la diversidad humana y el derecho a ser nombrado con dignidad.

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 30 de julio.

Por NAZARETH GÓMEZ | TEGUCIGALPA, Honduras — En el marco del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones de sociedad civil en Honduras presentaron informes alternativos para evidenciar el incumplimiento de compromisos en materia de derechos humanos. Las recomendaciones al Estado serán revisadas en noviembre de 2025, cuando Honduras enfrente su evaluación internacional.

Durante el evento se compartieron siete informes temáticos sobre mujeres, niñez, diversidad sexual, personas defensoras, tierra, discapacidad y radios comunitarias. Las organizaciones exigen que las recomendaciones se traduzcan en acciones reales.

Violencia contra las mujeres y retrocesos legales

La Plataforma EPU Mujeres denunció que entre 2020 y 2024 se registraron más de 1,500 muertes violentas de mujeres y más de 8,600 evaluaciones médicas por violencia sexual. Solo hay tres juzgados especializados y 72 fiscales para más de 100 mil denuncias anuales.

También alertaron que no se ha aprobado la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres ni la Ley de Violencia Política. Ciudad Mujer opera solo en seis ciudades, dejando sin cobertura al 42.8 por ciento de las mujeres. “Seguimos exigiendo voluntad política para avanzar”, afirmaron.

Niñez: pobreza, violencia y abandono estatal

Organizaciones como Coiproden expusieron que el 66.8 por ciento de la niñez vive en pobreza y que siete de cada diez están en situación de pobreza multidimensional. Aunque se ha creado la Secretaría de Niñez y se aprobó una política nacional, aún no hay presupuesto suficiente ni liderazgo institucional claro.

Entre 2020 y 2024, más de 270 niñas, niños y adolescentes murieron por violencia. También se reportaron más de 800,000 alertas de desaparición, de las cuales el 30 por ciento corresponde a niñez. Las organizaciones exigen actualizar la política de prevención de violencia y fortalecer el sistema de protección.

Diversidad sexual: impunidad y exclusión

Desde 2009, más de 400 personas LGBTQ han sido asesinadas en Honduras, con un 93 por ciento de impunidad. Las organizaciones denunciaron la falta de avance en la aprobación de la Ley de Identidad de Género, el reconocimiento legal del matrimonio igualitario y la adopción de políticas inclusivas.

“El Estado mantiene patrones de discriminación institucional. No basta con crear políticas si no hay voluntad para implementarlas”, señalaron. 

Solo existen seis fiscales a nivel nacional para investigar estos crímenes.

Territorio, pueblos indígenas y represión

El Centro de Estudios para la Democracia denunció que más de 1.8 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria grave. No se han hecho reformas para resolver la deuda agraria ni se han implementado sentencias a favor de comunidades garífunas.

También señalaron que, a pesar de existir un mecanismo de protección, Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para las personas defensoras. “Se asesina, se criminaliza y no hay respuestas del Ministerio Público”, denunciaron.

Llamado urgente

Las organizaciones exigieron al Estado hondureño tomar con seriedad las recomendaciones del EPU.

Además, exigieron asumir compromisos reales con los sectores históricamente excluidos y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos desde una visión integral y con enfoque de justicia. 

Los informes completos están disponibles para consulta pública.