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Cinco personas LGBTQ amenazadas tras discurso racista y de odio del alcalde de San Pedro Sula

Roberto Contreras: ‘Prefiero’ bandera garífuna que una bandera de la diversidad sexual

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(Foto cortesía de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 17 de abril

SAN PEDRO SULA, Honduras — En medio de cordones policiales, unas 50 personas de los colectivos LGBTIQ+ y afro llevaron a cabo el viernes 14 de abril un plantón frente a la alcaldía de San Pedro Sula. Su objetivo era denunciar la actitud racista y discriminatoria del alcalde Roberto Contreras, ya que el 12 de abril, en el parque central sampedrano, dio un discurso de odio contra la diversidad sexual y la población afrodescendiente.

“Prefiero cien mil veces portar esta bandera garífuna que una bandera de la diversidad sexual. Me siento bien entre mis negros bellos de Power Chicken”, dijo ese día Contreras. Sus palabras despertaron el asco y el repudio de las poblaciones más vulnerabilizadas de Honduras. 

En consecuencia, el equipo de Reportar sin Miedo llegó el 14 de abril a las 9:00 a.m. a la alcaldía de San Pedro Sula para conocer de primera mano las reacciones durante la protesta. Bajo el calor ardiente típico de esta época, el grupo de manifestantes hizo ondear banderas LGBTIQ+ y del orgullo garífuna en la parte baja de las astas, ya que no pudieron colocarlas en la parte superior. 

A continuación, los colectivos se instalaron hombro con hombro frente al edificio de la municipalidad, portando la bandera del arcoíris, la trans, la bisexual, la lésbica y la incluyente. Habían acudido al lugar con el objetivo de reclamar por lo que consideran un atentado cometido por el alcalde contra las poblaciones más violentadas del país.     

Aunque constatamos que el plantón fue en todo momento pacífico, la policía desplegó un cordón digno de una película de acción de Netflix. Al menos 20 agentes policiales se dispersaron por la zona y se apostaron frente a las puertas del edificio para tapar la entrada. Su actitud fue considerada intimidante por el Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula.

“Estas son órdenes de Roberto Contreras donde no permite una manifestación pacífica y jamás permitirá izar una bandera LGBTI+ lo hemos pedido con permiso y nos lo ha negado”, expresó Osman Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, quien enfatizó que en otras manifestaciones no habían tantos agentes resguardando el lugar. 

Esta veloz acción policial motivó las críticas del Comité. Sus integrantes la calificaron como una medida intimidatoria con el propósito de impedirles llevar a cabo el plantón pacífico.   

Javier Carrington, de la Asociación Iguales, narró cómo fueron agredidos por el alcalde el pasado 12 de abril. También Sofía Carbajal, del Colectivo Color Rosa Mujer Trans, se dirigió al público para relatar otros casos de discriminación cometidos por autoridades sampedranas.

Sin embargo, a pesar de los testimonios sobre la violencia que ha cometido en varias ocasiones contra las poblaciones en situación de vulnerabilidad, Contreras insistió en que no ha insultado a nadie.

“Dije claramente que prefería usar la bandera de los garífunas a la de la diversidad sexual. ¿Dónde está el insulto?”, dijo Contreras ante periodistas al mediodía, poco después del plantón en la alcaldía. 

El alcalde dio estas declaraciones en el estadio Francisco Morazán, adonde llegó para revisar las reparaciones de la grama que se llevan a cabo en ese centro deportivo.  

“Dije diversidad sexual de los animales, en lo que son los humanos. Yo no tomé el nombre de una persona para ofender a nadie. Creo que se está queriendo hacer un terremoto de algo que ni siquiera merece la atención. ¿Qué es diversidad sexual? ¿Si alguien me explica a mí qué es diversidad sexual?”.  

A continuación, Contreras se disculpó con la diversidad sexual ante los periodistas presentes en el estadio Morazán. “Me disculpo con la diversidad sexual en público en este momento”, dijo.

Osman Lara aseguró que la actitud del alcalde es fóbica y racista y causa profundo odio. No es la primera vez que Contreras da un discurso de odio, agregó Lara, pues hizo algo parecido el 17 de mayo de 2022, cuando no permitió izar la bandera LGBTIQ+ en el parque central de San Pedro Sula.

Esa mala experiencia se repitió el viernes 14, cuando policías no dejaron otra vez que los colectivos izaran la bandera del orgullo diverso.

Alexa Solórzano, gobernadora del departamento de Cortés, asistió al plantón y expresó que no puede ser posible que estos comentarios irresponsables estén generando mensajes de odio. 

“No fuimos electos para generar odio. Los pueblos originarios y la comunidad garífuna es diversa también y por eso se deben respetar sus derechos. Aunque él (Roberto Contreras) no comparta, tiene que respetar. Sus mensajes no pueden motivar el odio y también la diversidad lo tiene en el puesto de poder. El pensamiento del señor alcalde no es el mismo de la presidenta Xiomara Castro”. 

De nuevo impiden izar la bandera

Después del plantón frente al edificio de la municipalidad, los colectivos se dirigieron  a la zona donde se encuentran las astas para las banderas en el parque central de San Pedro Sula.

Su objetivo era izar las banderas del arcoíris, trans, bisexual y de la inclusiva. Sin embargo, de nuevo los policías municipales reaccionaron con una velocidad inaudita e impidieron que los colectivos elevaran sus símbolos para hacerlos flamear en el cielo de la ciudad.

Es la segunda vez que las autoridades impiden con violencia que las poblaciones diversas utilicen los lugares públicos para mostrar sus símbolos. La acción policial del viernes 14 de abril repite lo sucedido hace cerca de un año, cuando el alcalde Roberto Contreras también impidió que los grupos diversos hicieran ondear sus banderas.

A continuación, el diputado LGTBIQ+ Víctor Grajeda les pidió a los policías que dejaran a los colectivos izar las banderas. 

Tras la petición del diputado estalló un enfrentamiento de un minuto entre policías y miembros de los colectivos. Los agentes seguían empecinados en impedir que la población usara el espacio público. 

Al final, tras una nueva discusión, la policía permitió que los colectivos elevaran las banderas hasta la parte más baja de las astas situadas en el corazón del parque central.  

Después de elevar las banderas hasta la cuarta parte de las astas, las personas LGTBIQ+ pronunciaron discursos contra la actitud del alcalde Contreras. Además denunciaron que varias personas de la diversidad sexual han recibido amenazas y sufrido violencia tras las palabras del funcionario municipal.

Las amenazas y los bots

Víctor Grajeda, el primer diputado abiertamente gay del Congreso Nacional de Honduras, escribió en Twitter que había recibido una amenaza de parte de una cuenta de la misma red social donde aparecía un hombre con una Ak-47 diciéndole: “Estamos listos para exterminar a todos estos culeros”. 

Grajeda denunció a Roberto Contreras de que, si algo le pasa, es su responsabilidad. “Sí realizamos un plantón pacífico. Lo que no tiene nada de pacífico es el discurso y reacciones que el alcalde genera con su boca”. 

“Cualquier muerte, crimen o violencia contra las personas LGBTIQ+, hacemos público que responsabilizaremos a Roberto Contreras por emitir esos discursos de odio”. Además, Vienna Ávila, directora de la Asociación Feminista Trans (AFET), señaló que varias mujeres trans habían sufrido amenazas por estos discursos. 

Reportar sin Miedo ha logrado documentar al menos 100 cuentas en Twitter, Instagram y Facebook creadas por bots o manejadas por perfiles falsos, queriendo incidir en la opinión a favor del alcalde Roberto Contreras. Muchas de estas cuentas apenas tienen seguidores, tienen fotos falsas o hechas con inteligencia artificial y son de reciente creación.

Javier Carrington solicitó a Josué Cover, director de comunicaciones del alcalde Roberto Contreras, que deje de ser “partícipe de estas humillaciones y violaciones de derechos humanos porque él siempre que estamos en un lugar público asesora al alcalde para que nos invisibilice”.  

En entrevista para Reportar sin Miedo, Josué Cover lamentó las declaraciones de Carrington. Enfatizó que Roberto Contreras es el único relacionista público de la Municipalidad de San Pedro Sula. 

Cuando se le preguntó si el presupuesto de la alcaldía es usado para pagar campañas digitales en contra de sus adversarios, lo negó rotundamente. “Tenemos un presupuesto de nueve millones al año y está distribuido en pago de planillas, campañas sociales y publicaciones como licitaciones y plan de arbitrios”. 

Por otro lado, Reportar sin Miedo documentó al menos cuatro casos de personas que tras participar en en el plantón sufrieron persecución física, acoso, intimidación y amenazas directas contra sus vidas por grupos que se hacen llamar “organizaciones más grandes de Honduras”.

Al mismo tiempo, Reportar sin Miedo ha sufrido una campaña digital contra integrantes de su equipo de trabajo. También, varios hackers han intentado ingresar a nuestras cuentas en redes sociales por medio de links engañosos y otras tácticas que atentan contra la libertad de expresión y prensa. 

Los seguidores de Roberto Contreras justifican el discurso de odio y racismo de su alcalde basándose en la libertad de expresión. 

En el 2021 entrevistamos al abogado Dumas Rodríguez, el abogado especialista en Libertad de Expresión en Honduras. Esto nos dijo sobre los límites de la libertad de expresión: “El artículo 13, inciso 5, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos expresa que está prohibida por la ley toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. 

Voces diversas

Para Jensy Ávila, militante del Movimiento Diversidad en Resistencia (MDR), el discurso de Roberto Contreras es una herramienta para vulnerabilizar a las otras minorías por estas formas las mujeres seguimos siendo instrumentalizadas “seguiremos peleando nuestros derechos”. 

Gabriela Rendondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa, aprovechó la oportunidad para recordarle al Estado de Honduras que cumpla con la sentencia de Vicky Hernández. “No vamos a permitir discursos de odio contra nuestras poblaciones, seguiremos luchando por una ley de identidad de género”.

También los colectivos de LGBTIQ+ de Ofraneh condenaron el discurso de Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula. 

“Solicitamos a todas las entidades de derechos humanos nacionales e internacionales y a la presidenta Xiomara Castro que le exijan (a Roberto Contreras) una disculpa pública y que se le aplique el marco normativo vigente de protección para las personas LGBTI contenido en el actual código penal, Articulo 321, en el cual se tipifica el delito de discriminación”.

German Aguirre, joven afrodescendiente  LGBTIQ+, expresó a Reportar sin Miedo que el discurso de Contreras lo ofendió y vulnerabilizó. “La cultura garífuna no sólo se necesita para la política ni para difundir discursos de odio. Actualmente, la comunidad LGBTIQ+ garífuna es invisibilizada por las autoridades políticas del país”. 

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Nace Red LGBTQIA+ El Salvador

Activistas dieron una conferencia de prensa en Suchitoto el 17 de mayo

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Activistas LGBTQ e intersex dan una conferencia de prensa en Suchitoto, El Salvador, el 17 de mayo de 2023 para lanzar la Red LGBTQIA+ El Salvador (Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SUCHITOTO, El Salvador — En conferencia de prensa el 17 de mayo, se dio a conocer la Red LGBTQIA+.

En palabras de Fernando Guerra de Cultura Trans, “es un espacio de coordinación entre 15 organizaciones que se ha venido conformando desde hace un año y posee cobertura en el área urbana y rural, en siete de los 14 departamentos de El Salvador”.

“Todos y todas queremos un El Salvador libre de violencia y discriminación, desafortunadamente los derechos de las personas LGBTQIA+ siguen siendo vulnerados”, mencionó Kerlin Belloso, abogada de la Red LGBTQIA+. 

Luego de analizar la realidad de El Salvador, como que en el 2003 el Consejo de Derechos Civiles y Políticos le dio a El Salvador unas recomendaciones por los crímenes por odio de aquel momento, en el 2006 se realizaron los Principios de Yogyakarta donde se incluían recomendaciones y también hasta el momento no se ha hecho nada; estos entro otros varios puntos sobre los cuales El Salvador no ha tomado acción. 

“Hemos pensado en una estrategia distinta… luego de 10 años en la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género y hay pocos avances”, comentó Modesto Mendizábal del Centro Dike LGBT. 

Por ello, de acuerdo con las palabras de Guerra, la misión principal de esta red es “promover y defender la dignidad humana y la igualdad de derechos para las personas LGBTQIA+ mediante el poder narrativo, la incidencia política, la educación social y la construcción de una comunidad fuerte, visible y solidaria”.

Los principios bajo los que operarán serán “la solidaridad, inclusión, efectividad y eficiencia; en general, nos esforzaremos por construir relaciones transparentes, horizontales y basadas en la confianza entre socies y las necesidades locales, para consolidar el poder narrativo”, agregó en sus palabras Fátima Peñate de Espacio Seguro.

Además, dejaron claro que realizaran acciones que aportan al cambio de narrativa o contra-narrativa, “ esto para la creación de políticas inclusivas, la reducción de la LGBTfobia y para que la sociedad se libere de estereotipos, normas, actitudes y prácticas discriminatorias”, mencionó Nicolas Rodríguez de El Salvador G. 

Aparte de eso también ejecutaran al menos un proyecto de investigación y un ejercicio de análisis de evidencia, cada año, en torno a los asuntos LGBTQIA+ y temáticas afines.

Proyecto Nova

En esta conferencia presentaron el proyecto NOVA, “es el acróstico de Narrativas y Oportunidades, Visibles y Afirmativas en El Salvador. NOVA es un proyecto de PODER NARRATIVO EXPANSIVO, plurianual financiado por el Fondo Nébula. El proyecto será ejecutado en San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, Cabañas, La Paz”, explicó Sebastián Cerritos de Fusión Diversidad.

Cuentan con un presupuesto que asciende los $100,000 de los cuales el 50 por ciento es para el fortalecimiento de las organizaciones de la red y el otro 50 por ciento será para acciones de incidencia y poder narrativo expansivo; la primera fase inició el 17 de mayo  y finalizará el 31 de diciembre, las fases siguientes parten del año 2024.

De acuerdo con su planteamiento del proyecto, única manera de contrarrestar los discursos de odio hacia la población LGBTQ e intersex es proporcionando a nuestra comunidad los recursos para aumentar su poder narrativo e impulsar discursos alternativos o contra-narrativas que aprovechen los valores compartidos y cambien las perspectivas, así lo mencionó Fausto Gámez de Brisas del Campo.

“Muchas veces hablamos de no convencer a los convencidos, y el objetivo de este proyecto es alcanzar a aquellos que no están convencidos, todo desde un marco de derechos”, agregó William Hernández, director de Entre Amigos. 

Para la ejecución del proyecto han identificado cinco ámbitos, entre ellos están los grupos religiosos y pro-vida, partidos políticos conservadores y tomadores de decisión política conservadores, profesionales y servidores públicos conservadores, empresarios anti LGBTQ y también población rural.

Al trabajar con estas poblaciones esperan obtener cosas muy puntuales, “un diagnóstico de narrativas y el mapeo de grupos anti-derechos, como también un plan estratégico colaborativo entre la RED LGBTQIA+ y socios involucrados”, explicó Gisselle Campos de QUEIQUE AC, entre otras cosas puntuales que ayudaran con nuevas narrativas para el cambio de actitudes y comportamientos sociales.

Las organizaciones que formaran parte de la RED LGBTQIA+ El Salvador, están Conexión Juvenil, BI SV, Entre Amigos, Colectivo de Diversidad Sexual de Tecoluca, El Salvador G, Cultura Trans, Huellas Suchitoto, Centro Dike, LGBT, Espacio Seguro, Fusión Diversidad, Brisas del Campo, QUEIQUE AC como también ID Joven.

Las cuales no desaprovecharon la oportunidad de dar su posicionamiento con respeto al día contra la LGBTQfobica, en donde mencionaron la necesidad de crear políticas a favor de la población LGBTQ e intersex, agregando que se comprometen a seguir resistiendo y luchando por un futuro en el que la diversidad sea celebrada y respetada, y poder vivir plenamente y con orgullo.

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‘Ya no tenemos derecho ni a la calle’

Mujeres trans ecuadorianas se confrontan la violencia del crimen organizado

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(Ilustración cortesía de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 23 de mayo.

“No estoy muy convencida de hablar de esto”, susurra mientras agacha la mirada y cierra los ojos envolviéndose en sus pensamientos por unos segundos. “Pero creo que es necesario hacerlo, nunca en mi vida le he temido a nada y no voy a empezar ahora”, dice con firmeza esbozando una leve sonrisa. Luego empieza a caminar en medio del bullicio de lxs estudiantes en las proximidades de la Universidad Central, en el sector de la Av. América, en Quito.

Juliana (nombre protegido) tiene 31 años, salió de su casa a los 16 y como muchas chicas trans tuvo que arreglárselas por sí misma. “La familia siempre es la primera que nos desampara, sienten repudio por nosotras. Pero bueno, eso ya pasó y no se puede hacer nada, es mejor olvidarlo”, asegura con resignación y da el tema por zanjado.

Actualmente reside en Quito, pero nació y se crió en Manta, donde junto a sus compañeras encontró el calor del hogar que le había sido negado. Se trasladó a la capital en busca de mejores oportunidades cuando tenía 24 años, sin saber que se cruzaría de frente con la violencia y la extorsión.

“Hoy en día la situación de las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual es terrible, antes al menos nos podíamos ganar unos centavos. Ahora, ya no tenemos derecho ni a eso, no tenemos derecho ni a la calle”, relata con rabia, como quien siente el alivio de –por primera vez- contar algo que nunca se atrevió a decirle a nadie. Juliana asegura que las “vacunas” y “derechos de plaza” llevan en Quito ya mucho tiempo y son un problema que afecta y vulnera a las trabajadoras sexuales trans. 

***

Desde el año 2021 en que inició el período de gobierno del presidente Guillermo Lasso, Ecuador está atravesando una fuerte crisis de inseguridad y violencia. Según el informe Human Rights Watch 2023, estas variables son motivo de “profunda preocupación” para Ecuador.

De acuerdo a la encuesta realizada por la consultora CID Gallup, Ecuador es el país de América Latina en el que la ciudadanía se siente más insegura en las calles.

En 2021 se reportaron 2.135 muertes violentas, que equivale a una tasa de 13,7 por cada 100.000 habitantes. En 2022 la cifra llegó a 4.603 muertes; es decir, 25 casos por cada 100.000 habitantes.

En 2023 la violencia se ha exacerbado. Durante el primer trimestre del año se registraron 1.356 muertes violentas, lo que representa un aumento del 66,4 por ciento en comparación con el mismo período de 2022. Se estima que para finales de año se lleguen a contabilizar 6.300 crímenes. Ecuador es el país de la región en el que más crecen las muertes violentas. 

En medio de esta situación de violencia e inseguridad, las personas LGBTIQ+, especialmente las mujeres trans, son las más vulnerables. Coca y Mota, del colectivo Pachaqueer, denuncian que “las personas trans son consideradas de tercera o cuarta categoría en la jerarquía de las vidas que importan y el contexto actual propicia que las constantes violencias que atraviesan sean exacerbadas”.

Odalys Cayambe, presidenta de la Red Comunitaria Trans de Ecuador, añade que las mujeres trans-trabajadoras sexuales están siendo extorsionadas por el crimen organizado con tasas de hasta US$ 30 por día o US$ 500 mensuales. Lo que precariza aún más su vida y les obliga a trabajar únicamente para cumplir con el pago de estas cuotas que las mantienen “acorraladas”. 

“Nos dicen que debemos quedarnos calladas, que no podemos decir nada, mucho menos denunciar”, agrega. De hacerlo, corren el riesgo de ser “eliminadas”. Cayambe asegura también que la vida trans se encuentra más atravesada que nunca por la violencia. “Ya no sabemos ni con qué nos podemos cruzar, qué puede pasarnos a la vuelta de la esquina, y todo queda siempre en impunidad”.

Las muertes trans no son contabilizadas en Ecuador, no existen, ya que al morir no se respeta la identidad de esta población. Además, existen vacíos legales que impiden el reconocimiento de los transfemicidios.

EthnoData, plataforma de estudios de datos, recomienda que es necesaria la implementación de protocolos específicos para víctimas transfemeninas dentro del sistema penal ecuatoriano. 

“Tengo muchas compañeras enterradas en lo que va de año y ellas no están en ningún registro, al menos no con su verdadero nombre”, denuncia Odalys Cayambe.

La ausencia de datos oficiales generados por el Estado es reflejo del abandono estatal a la población trans. Esta realidad problematiza e imposibilita la búsqueda de justicia. “Vayan, vayan a los hospitales aquí en Guayaquil y vean cuántas mujeres trans están muriendo realmente”, concluye. 

Las propias organizaciones LGBTIQ+ intentan superar la inexistencia de cifras oficiales con sus propios registros. El informe Runa Sipiy, que cada año elabora la Asociación Silueta X para contabilizar el número de muertes de personas de las diversidades sexo genéricas, refleja un incremento exponencial de crímenes y violencia en contra de esta población. 

Según este informe, 15 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en el año 2021, de las cuales 10 eran mujeres trans. En 2022, la cifra aumentó a 25, con 16 casos correspondientes a mujeres trans. En ese año se incorporó la variable “muerte al estilo sicariato”, con 10 casos. 

“La violencia estructural contra mujeres trans se mantiene, pero en medio de un contexto sangriento estas se ven mucho más afectadas”, sostiene Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X. La activista proyecta que para el año 2023 se prevé un incremento de al menos un 45 por ciento en muertes LGBTIQ+.

Para Rodríguez, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene responsabilidad directa sobre estas cifras, pues la ausencia de políticas públicas enfocadas en combatir las inequidades que afectan a las personas LGBTIQ+ son un agravante que profundizan sus vulnerabilidades. “Las condiciones del actual sistema social ecuatoriano arroja a muchas compañeras trans a la calle exponiéndolas desde temprana edad a contextos de violencia”. 

Coca y Mota, de PachaQueer, son aún más tajantes en su señalamiento al actual mandatario sobre las circunstancias de violencia que afectan a las diversidades sexo genéricas: “el régimen dictatorial del presidente Guillermo Lasso ha implementado una necro política de estado que nos ubica en la línea del no ser y no existir, deshumanizándonos y desconociendo nuestras identidades”. 

***

Con desesperación y rabia, Juliana denuncia que las trabajadoras sexuales trans son amenazadas de muerte si se atreven a exponer a las personas que les exigen dinero por “mantener” sus “plazas” en las calles. Para cumplir con el pago de las denominadas “vacunas”, y seguir comiendo, en muchas ocasiones trabajan día y noche. “Vivir así ya no es vida”. 

Desde su adolescencia, Juliana se enfrentó a contextos de inseguridad y violencia que logró superar con resiliencia. Pero sabe que esto va incluso más allá. “Esta gente no tiene alma, no tiene corazón, no van a dudar un segundo al momento de meterte un tiro en medio de la cabeza”, asegura. 

Tras unos segundos de pausa para darle una pitada al cigarrillo que sostiene en su mano derecha mientras camina, interroga con frontalidad: “¿A quién le importa la vida de una puta? ¿A quién le interesa la vida de una trans? Yo o cualquiera de mis compañeras podríamos morir esta noche y nadie se enteraría, todo seguiría igual”. 

Vuelve a cerrar los ojos y se encierra nuevamente en sí misma, como pensando en la impunidad de la que —sabe— gozan las personas que a diario arrebatan vidas en Ecuador sin que ocurra nada al respecto. Esta realidad abandona a las mujeres trans-trabajadoras sexuales a su suerte y las vuelve presas fáciles para el crimen organizado. “Incluso te obligan a vender su mercancía (drogas)”, añade.  

“Un día me paré fuerte y no quise pagar, me arrinconaron contra una pared y me dijeron que, si no les daba su dinero, no podía estar más en la calle, y que si lo hacía iba a acabar en el fondo de una quebrada”, relata, con la voz notablemente entrecortada. 

Vuelve a fumar y guarda silencio, dando con ello a entender que no quiere profundizar más en el tema. Para Juliana, a veces es mejor olvidar, o al menos intentar no recordar ciertas cosas, “fingir demencia” —como ella mismo dice—. 

“Solo me refugio en mí misma y sigo viviendo, no queda más. Total, ni al Gobierno ni a nadie le interesan nuestros problemas, por eso nadie habla”.

Diane Rodríguez explica que la población ecuatoriana está hoy viviendo un fenómeno que es común para las personas LGBTIQ+: la impunidad. Si alguien muere o es extorsionado, nada ocurre, no se investiga, nadie va preso, no hay justicia, mucho menos reparación. “Es lo que nuestra población siempre ha experimentado, ser únicamente daños colaterales, quedar en el olvido”, indica.

Por ello asegura que las trabajadoras sexuales trans prefieren optar por el silencio, porque si se oponen o se levantan contra quienes las obligan a involucrarse al microtráfico y a pagar extorsiones “hasta ahí llegan, primero son amenazadas, y si persisten, simplemente pierden la vida. Como le ocurrió a Jessica Martínez”.

***

“Me han amenazado de muerte, hermana. Y la Policía no hace nada, están pidiendo mi cabeza”. Le dijo la activista Jessica Martínez a su amiga y compañera de lucha Odalys Cayambe, poco antes de ser asesinada con once disparos. El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2022 en Ambato, donde residía y ejercía el trabajo sexual. 

Jéssica era también la vicepresidenta de la Organización Trans Nueva Esperanza, que trabajaba por la reivindicación de los derechos de la población trans en la ciudad. Desde su colectivo se había revelado en contra de las bandas delictivas que la extorsionaban a ella y a sus compañeras con el pago de cuotas por el derecho a ocupar la calle y ejercer su trabajo. 

“Ella era mi amiga, veníamos trabajando juntas desde los territorios, yo la admiraba. Pese a que denunciamos y pedimos ayuda a Fiscalía, nadie hizo nada, la dejaron morir”. Son las palabras de Odalys Cayambe al recordar a Jéssica Martínez, quien fue una mujer trans de 37 años, afrodescendiente y oriunda de Chone, que se trasladó a Ambato tras huir de Quito, donde denunció haber recibido una paliza por parte de la Policía. 

Jéssica se ha convertido hoy en el reflejo de las consecuencias que pueden traer para las mujeres trans revelarse ante sus victimarios y, también, de la indiferencia e inacción estatal frente a esta realidad.

“Jéssica estaba acorralada y ya ven lo que pasó, murió y ahí quedó la cosa, sus compañeras se vieron obligadas a huir de Ambato para no correr con la misma suerte”, señala Cayambe.

Quienes la querían y acompañaban en su lucha, la recuerdan y extrañan. Ruby, quien fue una de sus mejores amigas, asegura que les hace mucha falta y que no pierden la esperanza de que algún día se haga justicia. “Te extrañamos mucho mi negrita bella”.

***

A las muertes violentas que afectan a personas LGBTIQ+ y la extorsión por “derechos” de calle a mujeres trans trabajadoras sexuales, se suman otros tipos de violencia e inseguridad, como el cobro de vacunas a locales comerciales que pertenecen a personas de las diversidades sexo genéricas. 

Odalys Cayambe denuncia que “algunas compañeras, con el trabajo de su cuerpo, han logrado ponerse un negocio de cualquier cosa y están siendo vacunadas”. Por vacuna, se entiende a aquel tipo de extorsión en el que la víctima debe pagar una cierta cantidad de dinero periódicamente por supuesta “protección”. 

Esta problemática las obliga inclusive a migrar de sus ciudades de origen, huyendo de las extorsiones y de las posibles consecuencias de no pagar. “Se van, se tienen que ir, porque les es imposible cumplir con lo que les piden, la cosa está así, deben abandonar lo poco que tienen”, comenta Cayambe. 

En Quito, la situación es similar. Diane Rodríguez señala que Silueta X ha recibido denuncias de extorsiones a salones de belleza en sectores como Cumbayá o Carcelén. A estos negocios se les cobra cuotas que sobrepasan su capacidad, lo que desencadena en que se vean obligados a cerrar, explica Rodríguez.

Según datos de la Policía Nacional, en lo que va de 2023 se han registrado 98 denuncias por extorsión en Quito. La cifra supera el total contabilizado en 2022, año en que llegó a 68. No existe ningún tipo de información referente a la población LGBTIQ+. 

***

“¿Quiénes están detrás de todo esto? No lo sé, o si lo supiera no podría decírtelo directamente, eso me pondría en peligro a mí, incluso sin decir mi nombre. ¿Y sabes? También te pondría en peligro a ti”, advierte Juliana, lanzando un sano consejo. 

“Lo que sí sé y sí puedo decirte es que antes las cosas no eran así, la movida no era tan densa, claro que siempre había discriminación, violencia, lo normal”, comenta con una naturalidad que extremese. “Pero ahora, la situación ya es mucho más fuerte, que esto no salga en las noticias, no quiere decir que no esté ocurriendo”. 

Juliana cuenta que hace unos meses, mientras visitaba a una amiga suya en el sector norte de Quito, en Carapungo, le contaron que allí están dando palizas a mujeres trans que no pueden pagar lo que se les pide. “Se les llevan hasta sus cosas, a mi amiga le quitaron sus herramientas de trabajo, su secador, sus tijeras… todo”.

“Antes una soñaba con hacer una platita y dejar la calle, tener una buena vejez, ponerse un local. Ahora ya no hay esperanzas de nada”. Juliana dice que pronto tendrá que marcharse, ya que no quiere llamar la atención.

“Las trans somos fuertes, duras, la calle nos ha hecho de hierro, hemos pasado por todo y somos difíciles de doblegar. Tengo fe de que esto va a cambiar y podremos volver a vivir tranquilas, con más paz, sin miedo”.

Juliana se despide igual que se presentó: con un abrazo cariñoso en el que se puede sentir su calidez humana. Empieza a caminar y tras dar unos pasos se gira para lanzar una sonrisa al aire, como convencida de estar poniendo un grano de arena más en la lucha que incansablemente han encabezado las mujeres trans en Ecuador y el mundo.

Su historia conmueve y hace un llamado a la reflexión, no únicamente por la frontalidad de sus palabras, sino también por lo que, se entiende, no pudo decir en su totalidad por miedo a posibles represalias. Razón por la cual otras muchas también callan. Juliana expone la punta de un iceberg cuyo tamaño real no es posible dimensionar.

Las mujeres trans siguen pagando “derechos de plaza” o “vacunas”, o son asesinadas como Jéssica Martínez por revelarse ante las personas que las extorsionan y obligan a delinquir; y la paz de quienes han logrado construir un negocio propio desaparece frente al cobro de vacunas desorbitadas.

En medio de disputas de poder de la clase política, la inseguridad y violencia golpea a mujeres como Juliana, que hoy se atrave a alzar su voz frente a la crítica situación que atraviesan las las mujeres trans, las más olvidadas por el Estado y cuyas muertes siguen quedando en la impunidad.

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Noticias en Español

Mausoleo Tiresias: Lo que nos une no es la muerte, es la memoria

Más de 10 personas trans han sido asesinadas en México este año

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(Foto de Haarón Álvarez por The New Gay Times)

The New Gay Times es el socio mediático del Washington Blade en México. Esta nota salió en si sitio web el 24 de mayo.

El pasado lunes 22 de mayo en el panteón civil de San Lorenzo Tezonco de la alcaldía Iztapalapa se colocó la primera piedra del Mausoleo Tiresias en honor a la memoria y vida de las trans asesinadas en el país.

La lucha que comenzó Kenya Cuevas, defensora de derechos humanos y fundadora de Casa de Muñecas Tiresias la ha llevado por un largo camino en la búsqueda de justicia por el asesinato su compañera Paola Buenrostro, cuyo caso es el primer transfeminicidio reconocido en el país. Desde 2016, Cuevas se ha dedicado a darle un trato digno a los cuerpos de las mujeres trans y honrar su memoria y dignidad. Este recinto contará con 146 espacios y uno de sus objetivos también es evitar que ninguna mujer trans asesinada vaya a una fosa común, según afirmó Cuevas.

(Foto de Haarón Álvarez por The New Gay Times)

(Foto de Haarón Álvarez por The New Gay Times)

El incremento de la violencia contra las personas LGBTQI+, particularmente contra las mujeres trans pone de relieve el incremento y tolerancia de discursos de odio y retórica anti derechos que se ha destapado en redes sociales y medios de comunicación, sumado a un ambiente político polarizado y de cara a elecciones próximas. En lo que va del 2023, 19 personas LGBTQI+ han sido asesinadas, más de la mitad mujeres trans, cuyas muertes se suman a por lo menos 453 asesinatos motivados por el odio hacia la comunidad LGBTQI+ según Letra S.

(Foto de Haarón Álvarez por The Gay New Times)

Paola Buenrostro. Compañera, amiga, mujer trabajadora, valiente e imparable. Su voz fue silenciada el 30 de septiembre de 2016 por un hombre que fue dejado en libertad a pesar de los testimonios de sus compañeras. Desde ese día una lucha imparable por la justicia y la memoria comenzó.

Paola y todas las mujeres víctimas de violencia no son cifras, tienen nombre e historias, cada una de ellas merece un lugar digno para descansar y ser recordadas. Honramos sus vidas, hablamos de quiénes eran y así las sentimos con nosotras; sus almas nos acompañan, vuelan cual mariposas en el cielo, están en cada grito de lucha, ríen, aman y lloran con nosotros, nos dan la fuerza que necesitamos para seguir resistiendo.

Esta mausoleo es por ellas, por nuestras amigas, hermanas y compañeras, un recordatorio de que el amor y la lucha trascienden las barreras de la vida y la muerte.

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