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Cinco personas LGBTQ amenazadas tras discurso racista y de odio del alcalde de San Pedro Sula

Roberto Contreras: ‘Prefiero’ bandera garífuna que una bandera de la diversidad sexual

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(Foto cortesía de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 17 de abril

SAN PEDRO SULA, Honduras — En medio de cordones policiales, unas 50 personas de los colectivos LGBTIQ+ y afro llevaron a cabo el viernes 14 de abril un plantón frente a la alcaldía de San Pedro Sula. Su objetivo era denunciar la actitud racista y discriminatoria del alcalde Roberto Contreras, ya que el 12 de abril, en el parque central sampedrano, dio un discurso de odio contra la diversidad sexual y la población afrodescendiente.

“Prefiero cien mil veces portar esta bandera garífuna que una bandera de la diversidad sexual. Me siento bien entre mis negros bellos de Power Chicken”, dijo ese día Contreras. Sus palabras despertaron el asco y el repudio de las poblaciones más vulnerabilizadas de Honduras. 

En consecuencia, el equipo de Reportar sin Miedo llegó el 14 de abril a las 9:00 a.m. a la alcaldía de San Pedro Sula para conocer de primera mano las reacciones durante la protesta. Bajo el calor ardiente típico de esta época, el grupo de manifestantes hizo ondear banderas LGBTIQ+ y del orgullo garífuna en la parte baja de las astas, ya que no pudieron colocarlas en la parte superior. 

A continuación, los colectivos se instalaron hombro con hombro frente al edificio de la municipalidad, portando la bandera del arcoíris, la trans, la bisexual, la lésbica y la incluyente. Habían acudido al lugar con el objetivo de reclamar por lo que consideran un atentado cometido por el alcalde contra las poblaciones más violentadas del país.     

Aunque constatamos que el plantón fue en todo momento pacífico, la policía desplegó un cordón digno de una película de acción de Netflix. Al menos 20 agentes policiales se dispersaron por la zona y se apostaron frente a las puertas del edificio para tapar la entrada. Su actitud fue considerada intimidante por el Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula.

“Estas son órdenes de Roberto Contreras donde no permite una manifestación pacífica y jamás permitirá izar una bandera LGBTI+ lo hemos pedido con permiso y nos lo ha negado”, expresó Osman Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, quien enfatizó que en otras manifestaciones no habían tantos agentes resguardando el lugar. 

Esta veloz acción policial motivó las críticas del Comité. Sus integrantes la calificaron como una medida intimidatoria con el propósito de impedirles llevar a cabo el plantón pacífico.   

Javier Carrington, de la Asociación Iguales, narró cómo fueron agredidos por el alcalde el pasado 12 de abril. También Sofía Carbajal, del Colectivo Color Rosa Mujer Trans, se dirigió al público para relatar otros casos de discriminación cometidos por autoridades sampedranas.

Sin embargo, a pesar de los testimonios sobre la violencia que ha cometido en varias ocasiones contra las poblaciones en situación de vulnerabilidad, Contreras insistió en que no ha insultado a nadie.

“Dije claramente que prefería usar la bandera de los garífunas a la de la diversidad sexual. ¿Dónde está el insulto?”, dijo Contreras ante periodistas al mediodía, poco después del plantón en la alcaldía. 

El alcalde dio estas declaraciones en el estadio Francisco Morazán, adonde llegó para revisar las reparaciones de la grama que se llevan a cabo en ese centro deportivo.  

“Dije diversidad sexual de los animales, en lo que son los humanos. Yo no tomé el nombre de una persona para ofender a nadie. Creo que se está queriendo hacer un terremoto de algo que ni siquiera merece la atención. ¿Qué es diversidad sexual? ¿Si alguien me explica a mí qué es diversidad sexual?”.  

A continuación, Contreras se disculpó con la diversidad sexual ante los periodistas presentes en el estadio Morazán. “Me disculpo con la diversidad sexual en público en este momento”, dijo.

Osman Lara aseguró que la actitud del alcalde es fóbica y racista y causa profundo odio. No es la primera vez que Contreras da un discurso de odio, agregó Lara, pues hizo algo parecido el 17 de mayo de 2022, cuando no permitió izar la bandera LGBTIQ+ en el parque central de San Pedro Sula.

Esa mala experiencia se repitió el viernes 14, cuando policías no dejaron otra vez que los colectivos izaran la bandera del orgullo diverso.

Alexa Solórzano, gobernadora del departamento de Cortés, asistió al plantón y expresó que no puede ser posible que estos comentarios irresponsables estén generando mensajes de odio. 

“No fuimos electos para generar odio. Los pueblos originarios y la comunidad garífuna es diversa también y por eso se deben respetar sus derechos. Aunque él (Roberto Contreras) no comparta, tiene que respetar. Sus mensajes no pueden motivar el odio y también la diversidad lo tiene en el puesto de poder. El pensamiento del señor alcalde no es el mismo de la presidenta Xiomara Castro”. 

De nuevo impiden izar la bandera

Después del plantón frente al edificio de la municipalidad, los colectivos se dirigieron  a la zona donde se encuentran las astas para las banderas en el parque central de San Pedro Sula.

Su objetivo era izar las banderas del arcoíris, trans, bisexual y de la inclusiva. Sin embargo, de nuevo los policías municipales reaccionaron con una velocidad inaudita e impidieron que los colectivos elevaran sus símbolos para hacerlos flamear en el cielo de la ciudad.

Es la segunda vez que las autoridades impiden con violencia que las poblaciones diversas utilicen los lugares públicos para mostrar sus símbolos. La acción policial del viernes 14 de abril repite lo sucedido hace cerca de un año, cuando el alcalde Roberto Contreras también impidió que los grupos diversos hicieran ondear sus banderas.

A continuación, el diputado LGTBIQ+ Víctor Grajeda les pidió a los policías que dejaran a los colectivos izar las banderas. 

Tras la petición del diputado estalló un enfrentamiento de un minuto entre policías y miembros de los colectivos. Los agentes seguían empecinados en impedir que la población usara el espacio público. 

Al final, tras una nueva discusión, la policía permitió que los colectivos elevaran las banderas hasta la parte más baja de las astas situadas en el corazón del parque central.  

Después de elevar las banderas hasta la cuarta parte de las astas, las personas LGTBIQ+ pronunciaron discursos contra la actitud del alcalde Contreras. Además denunciaron que varias personas de la diversidad sexual han recibido amenazas y sufrido violencia tras las palabras del funcionario municipal.

Las amenazas y los bots

Víctor Grajeda, el primer diputado abiertamente gay del Congreso Nacional de Honduras, escribió en Twitter que había recibido una amenaza de parte de una cuenta de la misma red social donde aparecía un hombre con una Ak-47 diciéndole: “Estamos listos para exterminar a todos estos culeros”. 

Grajeda denunció a Roberto Contreras de que, si algo le pasa, es su responsabilidad. “Sí realizamos un plantón pacífico. Lo que no tiene nada de pacífico es el discurso y reacciones que el alcalde genera con su boca”. 

“Cualquier muerte, crimen o violencia contra las personas LGBTIQ+, hacemos público que responsabilizaremos a Roberto Contreras por emitir esos discursos de odio”. Además, Vienna Ávila, directora de la Asociación Feminista Trans (AFET), señaló que varias mujeres trans habían sufrido amenazas por estos discursos. 

Reportar sin Miedo ha logrado documentar al menos 100 cuentas en Twitter, Instagram y Facebook creadas por bots o manejadas por perfiles falsos, queriendo incidir en la opinión a favor del alcalde Roberto Contreras. Muchas de estas cuentas apenas tienen seguidores, tienen fotos falsas o hechas con inteligencia artificial y son de reciente creación.

Javier Carrington solicitó a Josué Cover, director de comunicaciones del alcalde Roberto Contreras, que deje de ser “partícipe de estas humillaciones y violaciones de derechos humanos porque él siempre que estamos en un lugar público asesora al alcalde para que nos invisibilice”.  

En entrevista para Reportar sin Miedo, Josué Cover lamentó las declaraciones de Carrington. Enfatizó que Roberto Contreras es el único relacionista público de la Municipalidad de San Pedro Sula. 

Cuando se le preguntó si el presupuesto de la alcaldía es usado para pagar campañas digitales en contra de sus adversarios, lo negó rotundamente. “Tenemos un presupuesto de nueve millones al año y está distribuido en pago de planillas, campañas sociales y publicaciones como licitaciones y plan de arbitrios”. 

Por otro lado, Reportar sin Miedo documentó al menos cuatro casos de personas que tras participar en en el plantón sufrieron persecución física, acoso, intimidación y amenazas directas contra sus vidas por grupos que se hacen llamar “organizaciones más grandes de Honduras”.

Al mismo tiempo, Reportar sin Miedo ha sufrido una campaña digital contra integrantes de su equipo de trabajo. También, varios hackers han intentado ingresar a nuestras cuentas en redes sociales por medio de links engañosos y otras tácticas que atentan contra la libertad de expresión y prensa. 

Los seguidores de Roberto Contreras justifican el discurso de odio y racismo de su alcalde basándose en la libertad de expresión. 

En el 2021 entrevistamos al abogado Dumas Rodríguez, el abogado especialista en Libertad de Expresión en Honduras. Esto nos dijo sobre los límites de la libertad de expresión: “El artículo 13, inciso 5, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos expresa que está prohibida por la ley toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. 

Voces diversas

Para Jensy Ávila, militante del Movimiento Diversidad en Resistencia (MDR), el discurso de Roberto Contreras es una herramienta para vulnerabilizar a las otras minorías por estas formas las mujeres seguimos siendo instrumentalizadas “seguiremos peleando nuestros derechos”. 

Gabriela Rendondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa, aprovechó la oportunidad para recordarle al Estado de Honduras que cumpla con la sentencia de Vicky Hernández. “No vamos a permitir discursos de odio contra nuestras poblaciones, seguiremos luchando por una ley de identidad de género”.

También los colectivos de LGBTIQ+ de Ofraneh condenaron el discurso de Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula. 

“Solicitamos a todas las entidades de derechos humanos nacionales e internacionales y a la presidenta Xiomara Castro que le exijan (a Roberto Contreras) una disculpa pública y que se le aplique el marco normativo vigente de protección para las personas LGBTI contenido en el actual código penal, Articulo 321, en el cual se tipifica el delito de discriminación”.

German Aguirre, joven afrodescendiente  LGBTIQ+, expresó a Reportar sin Miedo que el discurso de Contreras lo ofendió y vulnerabilizó. “La cultura garífuna no sólo se necesita para la política ni para difundir discursos de odio. Actualmente, la comunidad LGBTIQ+ garífuna es invisibilizada por las autoridades políticas del país”. 

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Corte Constitucional de Ecuador insiste a Asamblea que apruebe ley sobre reproducción asistida

Legisladores no han cumplido con una sentencia de 2018

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Asamblea Nacional del Ecuador (Foto cortesía de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de julio.

La Corte Constitucional nuevamente señaló a la Asamblea por incumplir con una sentencia en un caso relacionado a derechos de personas LGBTQ. En esta ocasión, en un fallo del 6 de junio de 2024, llamó la atención al Legislativo por no cumplir con el plazo dispuesto para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida.

Estos métodos, generalmente usados por parejas con problemas de fertilidad o que no pueden concebir naturalmente, no están contemplados en la legislación ecuatoriana y son una opción para parejas de mujeres lesbianas que deciden procrear.

En mayo de 2018, la Corte Constitucional falló a favor del caso Satya. En la sentencia de ese año, ordenó al Registro Civil la inscripción de Satya como hija de Nicola Susan Rothon y Helen Bicknell. La niña fue concebida por reproducción asistida.

El Registro Civil se había negado a inscribir a Satya con doble filiación materna. Nicola y Helen iniciaron una lucha de casi 6 años para que el Estado reconozca la identidad de su hija.

En ese fallo de 2018, la Corte Constitucional declaró que se vulneraron derechos como identidad, igualdad y no discriminación, y familia en sus diversos tipos.

Además, dispuso a la Asamblea que hasta junio de 2019 “adopte las disposiciones legales necesarias para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida”. Sin embargo, hasta la fecha el Legislativo no ha cumplido con esa disposición.

La Asamblea alegó a la Corte Constitucional que había aprobado los métodos de reproducción asistida en el Código Orgánico de la Salud en 2020, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno. Aún así, desde el veto ha transcurrido más de un año para que el Legislativo pueda retomar el tratamiento de este tema y no lo volvió a hacer.

Por ese incumplimiento, la Corte dictó la sentencia del 6 de junio de 2024 en que llama la atención a la Asamblea, pero también ordenó a la Defensoría del Pueblo que, en un plazo de tres meses, elabore un proyecto de ley que regule los procedimientos de reproducción asistida. Este proyecto debe ser tramitado, debatido y aprobado de manera prioritaria por la Asamblea en un plazo máximo de 10 meses. 

Esta sentencia fue notificada el 26 de junio de 2024. Por ello, hasta finales de julio de 2025, debería estar aprobada la ley.

Corte también se pronuncia por otra demora

La Corte Constitucional emitió este nuevo fallo tras analizar dos demandas de acción de incumplimiento de dos sentencias del organismo: caso Satya (2018) y caso Bruno Paolo Calderón (2017).

En este último, la Corte ordenó en mayo de 2017 a la Asamblea reformar la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles para permitir a las personas transexuales cambiar en la cédula de identidad el campo de sexo; si bien la norma pemitía reemplazar sexo por género, se creó dos sistemas de cedulación. Sin embargo, la Asamblea tardó más de seis años en cumplir con la sentencia.

Por esta demora, la Corte también llamó la atención al Legislativo en la reciente sentencia, pero en mayo de 2022 ya lo había hecho en otro fallo en que dio un ultimátum.

Una de las acciones de incumplimiento que la Corte analizó para la reciente sentencia fue presentada por la Asociación Silueta X en diciembre de 2021.

Diane Rodríguez, presidenta de la organización, destacó en sus redes sociales el fallo de la Corte y habló incluso de un proyecto conjunto entre Silueta X y la Defensoría del Pueblo, pero la sentencia solamente otorgó esta atribución a este último organismo en coordinación con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional.

Sumilla: 47 inscripciones de progenitoras

Tras la sentencia del caso Satya, el Registro Civil ha realizado 47 inscripciones de nacimiento solicitadas por progenitoras del mismo sexo. 

Estas inscripciones se registraron desde julio de 2018 hasta junio de 2024, según información proporcionada por la institución a este medio de comunicación.

Edición Cientonce también consultó por la inscripción de hijxs de parejas conformadas por hombres, pero el Registro Civil señaló que, conforme a la sentencia del caso Satya, realiza la inscripción de nacimiento en caso de progenitoras del mismo sexo por reproducción asistida.

“En cuanto a la inscripción de nacimiento de dos progenitores, la normativa vigente no habilita este tipo de casos”, indica la institución en la información enviada.

Sin embargo, la sentencia del caso Satya señaló también que el Registro Civil no podía alegar en las inscripciones de nacimiento la falta de ley para reconocer la doble filiación paterna o materna, y los diversos tipos de familia.

Pese a esta regla jurisprudencial que emitió la Corte en la sentencia, ha habido casos como el de Denise y María, quienes por dos años no pudieron registrar a su hija Raphaella con doble filiación materna. Ellas la concibieron por inseminación casera y tuvieron que recurrir a la justicia para lograr la inscripción.

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Unas 24 mil personas participan en marcha del orgullo en la capital salvadoreña

Evento anual es un símbolo de resistencia y esperanza

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — El 29 de junio, aproximadamente 24.000 personas se reunieron en la capital de El Salvador para participar en la marcha del orgullo LGBTQ, según datos compartidos por El Salvador G. A pesar de la persistente lluvia, el evento se desarrolló sin contratiempos, mostrando la determinación y el espíritu de la población LGBTQ y sus aliados.

La marcha no solo fue una celebración de la identidad y la diversidad, sino también un acto de protesta contra las políticas y acciones del gobierno que han afectado negativamente a la población LGBTQ. El Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, en sus declaraciones, señaló los múltiples desafíos que enfrentan. 

“El escenario al cual nos enfrentamos es complicado no solo para nosotres, sino también para todos los ámbitos de la movilización social. Como Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos cinco años”, declara el colectivo.

Entre los retrocesos mencionados están la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56 que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la exclusión de la atención en salud pública y educación. Además, han sido archivadas propuestas legislativas clave como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación. Estos eventos, junto con una reelección presidencial que consideran ilegítima, representan, según el movimiento, “el fin de 32 años de una democracia, que, aunque débil y homo, trans y cuirfóbica, no empujaba a sus detractores al exilio y no afectaba, como hoy, el goce de todos los derechos de todas las poblaciones”.

La marcha también sirvió como un espacio para exigir el respeto y la garantía de sus derechos humanos, contando con el apoyo de movimientos feministas, estudiantiles y de juventudes. En sus consignas, también se hicieron eco de luchas internacionales, mostrando solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios afectados por regímenes antidemocráticos.

“Marchamos hoy en solidaridad con los pueblos de Palestina, Ucrania, Armenia, República del Congo, Sudán, Haití y otros territorios donde regímenes antidemocráticos violentan los derechos humanos de sus poblaciones”, declararon los organizadores. “Desde el pueblo salvadoreño, nos identificamos con sus situaciones y compartimos su lucha por la justicia y la libertad”.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Escenarios adversos 

El pasado mes, la obra de teatro “Inmoral”, que pudo presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional de El Salvador, fue cancelada por el Ministerio de Cultura, mismo que había aprobado con anterioridad dicha puesta en escena, generando una ola de críticas y preocupaciones sobre la censura y la libertad de expresión por parte de la población LGBTQ, contra otra tendencia de comentarios en apoyo a la acción del gobierno del presidente Nayib Bukele. 

Días después, la situación se intensificó cuando alrededor de 300 empleados del Ministerio de Cultura fueron despedidos, con el gobierno argumentando que estos empleados promovían “agendas incompatibles” con la visión oficial.

A través de X, Bukele defendió la medida, afirmando que no solo se buscaba alinear las políticas ministeriales con la orientación gubernamental, sino que también se pretendía generar ahorros en los fondos públicos. Esta justificación no ha mitigado las críticas de diversos sectores que ven en estas acciones un intento de limitar la diversidad de pensamiento y expresión en el ámbito cultural.

En paralelo, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social Ricardo Sossa. Esta decisión se produjo poco después de la polémica cancelación de la declaratoria de interés cultural para la Marcha de la Diversidad.

La situación de El Salvador ha resonado en foros internacionales; Ambar Alfaro, una activista independiente de la población LGBTQ, junto con una delegada del Colectivo Alejandría, asistió a la Asamblea General de la OEA 2024. Durante el evento, intentaron abordar al equipo acompañante de la canciller salvadoreña para discutir el futuro de las políticas gubernamentales hacia la población LGBTQ en El Salvador. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa. Alfaro subrayó la contradicción en la disponibilidad del gobierno para reunirse con grupos pro-vida, incluyendo al controvertido Eduardo Verástegui, mientras evitaban el diálogo con representantes de la comunidad LGBTQ en dicha Asamblea.

Estas acciones han suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, subrayando la necesidad de un debate más amplio y una supervisión más crítica de las políticas gubernamentales. La cancelación de la obra “Inmoral” y los despidos en El Salvador, junto con los eventos en Costa Rica, plantean serias interrogantes sobre la dirección de la política cultural en la región y el compromiso con la inclusión y la diversidad.

La lucha del movimiento LGBTQ sigue

La Marcha del Orgullo, según el movimiento, “es una expresión poderosa de resistencia y esperanza”. Agregaron que celebran sus victorias, lloran sus pérdidas y renuevan su compromiso con la lucha por la igualdad, “marchamos para crear un futuro en el que todas las personas podamos vivir libres de violencia y opresión, donde la dignidad y la solidaridad prevalezcan sobre el odio, la discriminación y la violencia”.

La multitud que participó en la marcha, incluyendo personas de todas las edades y procedencias, demostró la creciente aceptación y el apoyo a la comunidad LGBTQ en El Salvador. Las banderas arcoíris y de las diferentes expresiones de la diversidad sexual, los mensajes de amor y aceptación, y las expresiones artísticas en forma de música, danza, acróbata, entre otras, llenaron las calles, convirtiendo la marcha en una colorida celebración de la diversidad y una protesta llena de color.

El evento culminó en El Salvador del Mundo, con discursos y llamados a la acción por parte de líderes del movimiento, instando a todos los presentes a seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva. Les líderes y activistas recordaron la importancia de la solidaridad y la unión en tiempos difíciles, destacando que cada persona tiene un papel que desempeñar en la construcción de un futuro mejor para todos/as.

La marcha del orgullo LGBTQ de este año en El Salvador fue más que una celebración; fue una declaración contundente de resistencia contra la opresión y un llamado a la solidaridad internacional. En un contexto de retrocesos políticos y sociales, la población LGBTQ y sus aliados demostraron que, a pesar de las adversidades, la lucha por la igualdad y la justicia continúa.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)
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Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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