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‘La Biblia vuelve al Palacio’

Presidenta interina de Bolivia es antiaborto y anti-LGBTQ

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La presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (Photo public domain)

LA PAZ, Bolivia — El primer acto público de Jeanine Áñez tras ser declarada presidenta interina de Bolivia fue llegar hasta el Palacio Quemado (la casa de gobierno boliviano) en La Paz levantando una Biblia. Al mismo tiempo que gritaba eufóricamente “la Biblia vuelve a Palacio”, luego de que los militares le entregaran la banda presidencial tras forzar la dimisión del expresidente Evo Morales, quién posteriormente recibió asilo político en México. “Gloria a Dios” le respondían sus seguidores mientras entraba al lugar.

“Esta Biblia es muy significativa para nosotros. Nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios, que Dios nos bendiga queridos hermanos bolivianos”, aseguró más tarde Áñez desde un balcón del Palacio. 

La senadora opositora y segunda vicepresidenta del Senado asumió para sorpresa de muchos tras varias renuncias de políticos oficialistas en plena crisis política y social generada por los cuestionados comicios del 20 de octubre pasado. Áñez se ha perfilado como una de las políticas más conservadoras de Bolivia, en febrero de este año participó como exponente en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en Panamá y en diferentes ocasiones se ha mostrado como una férrea opositora a la población LGBTQ, migrantes, mujeres (en especial antiaborto) e indígenas de su país. 

Desde que se autoproclamó como jefa de Estado iniciaron protestas en para exigir su salida del poder. En todos los discursos que hasta ahora ha realizado la mandataria interina se hicieron referencias a la religión y en la posesión del nuevo gabinete ministerial nueve de las 11 nuevas autoridades hicieron la señal de la cruz con la mano derecha. Nada parecido al combativo puño izquierdo levantado que predominó entre los diferentes ministros y viceministros que acompañaron a Morales.

“Juran por Dios, por la patria y por la Constitución Política del Estado”, dijo la nueva presidenta en el momento de posesionar a sus colaboradores más próximos.

Posteriormente firmó un polémico decreto para frenar las protestas en su contra.

“El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o Estado de necesidad”, señala el decreto 4078.

“Es un decreto supremo que exonera a todos los militares que en función de defensa del estado, así lo llaman, puedan asesinar a las personas, eso es una orden a matar, eso es dictadura, no hay otra figura al respecto”, explicó al Washington Blade, David Aruquipa, un histórico activista LGBTQ en Bolivia.


La medida alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenando “el uso desproporcionado de la fuerza militar y policial”.

“El Estado tiene el deber de respetar el derecho humano a la protesta pacífica”, indicó la entidad. Mientras que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que “la represión puede recrudecer la situación”.



Bachelet aseveró a través de un comunicado que “urge a las autoridades a garantizar que las fuerzas de seguridad cumplan con las normas y estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, así como a asegurar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas que protestan”. 

Respecto al pronunciamiento de Bachelet, Aruquipa agregó que “esta señora Áñez con todo su gabinete está respaldado la violencia y las muertes. Todo esto ha generado una convulsión social, han cercado y bloqueado los caminos; las comunidades indígenas y los movimientos sociales están marchando en la ciudad de La Paz y el resto del país, esto va a desbordar en una situación que va a sumar más muertes de este gobierno de facto”.

Bolivia es uno de los pocos países del mundo que protege y sanciona la discriminación por orientación sexual e identidad de género en su Constitución. En octubre de 2011, mediante Decreto Supremo se declaró oficialmente la conmemoración del IDAHOBiT y en 2016 se promulgó una Ley de Identidad de Género que tuvo más de ocho años de debate legislativo y ejecutivo. Estos y otros avances corren peligro con Áñez en el poder. 

“Estoy semiclandestina esperando una solicitud de asilo político para salir del país, estoy con mis maletas listas para dejar con mucho dolor mi país. He sido amenazada de muerte”, confesó al Blade, Tamara Núñez del Prado, defensora de derechos humanos y activista trans del país latinoamericano. Núñez del Prado salió del closet cuando tenía 32 años mientras se desempeñaba como asesora de Teresa Morales, entonces ministra de Desarrollo y Economía en otra era de Morales.

La transición de Tamara Núñez del Prado al interior del gobierno de Evo Morales sirvió para sensibilizar a la clase política y sociedad boliviana. (Foto cedida al Washington Blade)

Núñez del Prado advirtió al Blade que “tenemos una presidenta que es parte de las plataformas que están a favor de la familia original, que está en contra de todas las políticas LGBTI, ella sostiene que existe una ideología de género, es antiaborto”.

“Inclusive dijo que iba a pedir la derogación de varias normativas que están en contra de Dios y claramente la ley de identidad de género es una de ellas”, subrayó Núñez del Prado.

Para Núñez del Prado en Bolivia hubo un golpe de estado “cuando los altos mandos policiales y militares le sugieren renunciar al Presidente, hay un vicio de nulidad que se llama violencia, los militares y policías no pueden deliberar ni debatir por ley. Entonces lo que hicieron fue intervenir en la política interna de Bolivia y tomar partido por un grupo”. 

“Si están quemando las casas de tus ministros, si están secuestrando a los familiares de tus ministros para poder desmovilizar y frenar al poder, significa que es un golpe de estado, porque el Evo les tuvo que decir renuncien para cuidar sus casas, sus vidas y sus familias, al dejarlo solo, eso se llama un golpe de estado”, aseguró al Blade. 

Rayza Torriani, excandidata a diputada y actual directora ejecutiva de gestión de proyectos para Trébol, una organización LGBTQ boliviana, comentó al Blade que “hoy podemos ir viendo con mucho miedo la situación política del país, porque está suscitando demasiada violencia, muerte, un gobierno interino que está gobernando con la primicia de la Biblia y la religión que la impone como primer eje puesto, eso nos puso en una situación de alarma porque sabemos que lamentablemente cuando se habla de religión, hablamos de retrocesos que derivan en violaciones a los derechos humanos, esta situación nos preocupa muchísimo”.

Rayza Torriani es una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género en su país. (Fotografía cedida al Blade)

Antes de que Áñez llegará a Palacio, Torriani había participado en las protestas que exigían la renuncia de Morales a la presidencia. Respecto a eso dijo al Blade que “yo salí a las calles a pedir la no reelección de el Evo, por la renovación de nuevos liderazgos para mi país, nunca pensé que esto terminaría con la Biblia gobernado Bolivia”. Torriani contó al Blade que “estoy esperando la confirmación de una reunión con la presidenta interina para dialogar con ella, pedir el cese de la violencia y educarla. Esa es mi forma de hacer activismo”.

Hasta el momento, ninguna organización LGBTQ de Bolivia se ha manifestado sobre la situación.

“Me preocupa que no haya un pronunciamiento público de las organizaciones y redes nacionales, las organizaciones articuladas deberían manifestarse sobre esta situation, entiendo que hay diferencias pero es importante dar una muestra sobre el impacto que está generando todo esto en los derechos nuestra población”, lamentó Aruquipa.

David Aruquipa conversó con el Washington Blade desde Colombia donde es encuentra participando de un encuentro que congregará a más de 300 activistas LGBTQ de América Latina y el Caribe. (Fotografía desde Bogotá)

“Es un momento para que el movimiento LGBTI se rearticule y nos repensemos como enfrentar esta situación, y no me cabe duda que tenemos las capacidades para hacerlo y así no permitir que la derecha fascista retome nuevamente el gobierno, porque lo que está pasando es una muestra de lo que puede pasar más adelante en las elecciones”, concluyó Aruquipa.

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2026 Midterm Elections

Chris Pappas wins NH Democratic Senate primary

Gay congressman running to succeed retiring U.S. Sen. Jeanne Shaheen

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U.S. Rep. Chris Pappas (D-N.H.) speaks at the LGBTQ+ Victory Fund's 2025 National Champagne Brunch in D.C. (Washington Blade photo by Michael Key)

New Hampshire Congressman Chris Pappas on Tuesday won the Democratic primary in the race to succeed retiring U.S. Sen. Jeanne Shaheen (D-N.H.) in the U.S. Senate.

Pappas defeated Karishma Manzur, who was his primary challenger, by a 61.8-36.1 percent margin.

The gay congressman will face off against former U.S. Sen. John E. Sununu, who defeated former U.S. Sen. Scott Brown in the Republican primary.

“Tonight’s victory sends a clear message that voters are looking for leaders who will fight for their rights, their freedoms, and to be treated with dignity and respect,” said Human Rights Campaign President Kelley Robinson in a statement. 

She campaigned for Pappas in Manchester, New Hampshire’s largest city, on Aug. 30.

“Chris Pappas has delivered results, stood up for equality, and showed up for the people he serves,” said Robinson in her statement. “HRC was proud to mobilize Equality Voters across New Hampshire to help power this win. We don’t have a second to waste between now and November. We look forward to continuing our work with Rep. Pappas as he drives toward victory in November so he can help return a pro-equality majority to the United States Senate.”

poll the University of New Hampshire Survey Center released on Aug. 26 showed Sununu ahead of Pappas by a 45-43 percent margin if they were to face off in the general election. The margin of error is +/-2.1 percent.

Pappas would become the first openly gay man elected to the U.S. Senate if he were to win in November.

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Georgia

Everton Blair makes history as first openly gay congressman from Ga.

Former Gwinnett County Board of Education member to serve remainder of David Scott’s term

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Everton Blair, Jr. (Photo courtesy of Blair's campaign website.)

Georgia made history last week when Everton Blair, Jr., was sworn into the U.S. House of Representatives, becoming the state’s first openly LGBTQ member of Congress and the latest LGBTQ addition to the chamber.

Blair, who represents Georgia’s 13th Congressional District, was sworn in on Sept. 1 after winning a special election to fill the vacancy left by the late-Congressman David Scott. Blair defeated Marcye Scott, the late congressman’s daughter, in the Aug. 25 runoff, winning 53.2 percent of the vote to Scott’s 46.8 percent.

He will serve the remainder of Scott’s term through Jan. 3, 2027. Blair is not running in the November general election for a full term.

Blair brings a progressive platform to Congress.

The 34 year-old supports Medicare for All, a Green New Deal, raising the minimum wage, and universal gun background checks. His campaign platform also included positions on LGBTQ rights, reproductive freedom, workers’ rights, climate, and gun violence.

Since joining the House, Blair has joined the Congressional Black Caucus and Congressional Progressive Caucus. He is also a co-chair of the Congressional Equality Caucus.

Before joining the House, Blair served on the Gwinnett County Board of Education, where he became the first Black member and youngest-ever member elected to the board, as well as its first openly gay member. He was later unanimously selected as chair.

Blair also served as a fellow in President Barack Obama’s White House Initiative on Educational Excellence that focused on improving academic outcomes and expanding opportunities for minority students.

The son of Jamaican immigrants, Blair was born and raised in Georgia’s 13th Congressional District. He earned a bachelor’s degree in applied mathematics from Harvard University, a master’s degree in policy, organization, and leadership from Stanford University, and a Doctor of Education Leadership degree from Harvard.

Blair’s campaign received endorsements from a number of organizations, including the LGBTQ+ Victory Fund and progressive Democratic groups such as Future Democrats.

The Equality PAC, a political action committee dedicated to electing openly LGBTQ candidates to office, celebrated Blair’s victory and provided a statement to the Washington Blade about the historic nature of his election.

“This is a historic election for Georgia, the South, and our entire country,” Equality PAC said in an email. “Everton Blair brings a strong record of public service and a deep commitment to making government work for working families.”

The group said Blair would “fight to lower costs, expand access to quality health care, create economic opportunity, and ensure every community has a voice in Washington.”

“At the same time, Everton understands the importance of standing up for equality and defending the rights and freedoms of LGBTQ Americans and every community facing discrimination,” Equality PAC said. “His historic election as Georgia’s first openly LGBTQ Member of Congress and the first openly LGBTQ man elected from the South is a powerful reminder of how far our country has come — and how much work remains.”

Equality PAC said it was “proud to welcome Everton to the House” and looked forward to working with him.

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El Salvador

Mujer trans salvadoreña es encontrada sin vida

La muerte de Yoisi Villalta vuelve a poner sobre la mesa la violencia

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Yoisi Villalta

SANTA ANA, El SalvadorLa muerte de Yoisi Villalta, mujer trans y vendedora de tortas en Texistepeque, Santa Ana Norte, ha vuelto a colocar en el centro del debate una realidad que durante años ha acompañado a la población LGBTQ en El Salvador: la violencia no termina con una agresión o con una muerte. También puede manifestarse en la manera en que una persona es buscada, nombrada, registrada, despedida y recordada.

Villalta fue reportada como desaparecida por su familia a finales de agosto de 2026. Días después, medios de comunicación y plataformas digitales informaron sobre el hallazgo de su cuerpo sin vida. Un reporte publicado el 5 de septiembre señala que el cuerpo fue localizado en Tacuba, Ahuachapán, ocho días después de su desaparición, mientras que la Policía Nacional Civil no había confirmado hasta entonces la causa de muerte ni clasificado oficialmente el caso como homicidio intencionado. 

La precisión es importante; hasta el momento no debe afirmarse como un hecho que Yoisi haya sido víctima de un crimen de odio o de un homicidio motivado por su identidad de género, mientras no exista una investigación oficial que determine las circunstancias y causa de su muerte. Lo que sí existe es una profunda preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil y por personas de la comunidad LGBTQ, especialmente ante el contexto de violencia y discriminación que históricamente han enfrentado las mujeres trans en El Salvador.

Una mujer detrás de una noticia

Antes de convertirse en noticia, Villalta tenía una vida. Era una mujer trans que trabajaba como vendedora de tortas en Texistepeque. Desde su negocio desarrollaba una actividad cotidiana para ganarse la vida, pero también había convertido aquel espacio en una expresión de solidaridad con su comunidad.

De acuerdo con la información difundida por organizaciones LGBTQ, Villalta compartía alimentos con las brigadas de salud sexual que realizaban jornadas en la zona. Esa faceta de su vida permite verla más allá de las circunstancias de su muerte: como una mujer trabajadora, solidaria y vinculada a acciones comunitarias.

La Federación Salvadoreña LGBTI pidió precisamente que su memoria fuera abordada desde esa perspectiva. En el mensaje difundido tras conocerse su muerte, la organización llamó a recordarla por “su vida, su trabajo, su generosidad, y sobre todo desde su nombre”, y pidió que su historia no fuera reducida al morbo.

Ese llamado resulta especialmente importante en tiempos en que las redes sociales pueden convertir una tragedia humana en una sucesión de comentarios, fotografías, especulaciones y publicaciones hechas sin sensibilidad. Una persona fallecida no deja de tener dignidad.

Y una mujer trans no deja de ser mujer porque haya muerto.

El derecho a ser nombrada

Uno de los aspectos que más indignación ha provocado en torno al caso es el tratamiento de la identidad de Villalta durante la búsqueda. Organizaciones y personas cercanas han denunciado que durante el proceso de búsqueda se utilizó el nombre que aparece en su Documento Único de Identidad (DUI), en lugar del nombre con el que Villalta vivía y era reconocida socialmente.

Este aspecto no es meramente una cuestión semántica. Para las personas trans, el nombre puede representar una parte fundamental de su identidad y de la manera en que construyen su vida frente a la sociedad. Ser reconocidas por el nombre con el que se identifican constituye también una forma de respeto.

En el caso de Villalta, la Federación Salvadoreña LGBTI expresó que negar el nombre y la identidad de una persona trans también constituye una forma de violencia. La situación adquiere una dimensión todavía más compleja en El Salvador, donde continúa sin existir un mecanismo legal general que permita a las personas trans modificar su nombre y marcador de género en sus documentos de identidad conforme a su identidad de género.

Así, una persona puede construir durante años una vida social, familiar, laboral y comunitaria con un nombre determinado y, sin embargo, encontrarse ante instituciones que continúan identificándola exclusivamente mediante los datos registrales que no corresponden a la identidad con la que vive. El caso de Villalta vuelve a evidenciar esa tensión entre la identidad vivida y el reconocimiento institucional.

Un problema que va más allá de un solo caso

El caso de Villalta ocurre en un país donde las organizaciones de derechos humanos han advertido durante años sobre la violencia y discriminación que afectan a la población LGBTQ. La información disponible también muestra un problema relacionado con la documentación de estos hechos.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la ausencia o insuficiencia de registros públicos actualizados y desagregados que permitan conocer con precisión cuántos delitos violentos afectan a personas LGBTQ y cuántos de ellos tienen como posible motivación la orientación sexual, identidad o expresión de género. La falta de información no significa necesariamente ausencia de violencia. Por el contrario, puede hacerla más difícil de identificar.

Un crimen que no registra la identidad de género de la víctima, o que no investiga adecuadamente una posible motivación relacionada con prejuicios, termina incorporándose estadísticamente como un hecho aislado, sin permitir comprender patrones. Ese problema tampoco es exclusivo de El Salvador. Sin embargo, en el país constituye una preocupación recurrente para las organizaciones que documentan vulneraciones contra personas LGBTQ.

301 denuncias en 2025

Un indicador permite dimensionar que el problema trasciende los homicidios. El Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH con apoyo de Hivos y Arcus Foundation, registró 301 denuncias de vulneraciones de derechos entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2025. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recogió estos datos en su informe anual. 

Según esa información, las mujeres trans representaron el 53,5 por ciento de las víctimas registradas y los hombres gays el 26,6 por ciento. El informe también señaló como principales presuntos responsables a cuerpos uniformados, entre ellos la Policía Nacional Civil, los cuerpos de agentes municipales y militares desplegados bajo el régimen de excepción. 

Estos datos deben leerse con cautela: se trata de denuncias de vulneraciones de derechos, no de una cifra de homicidios ni de todos los casos ocurridos en el país.

Pero muestran algo importante: la violencia contra las personas LGBTQ no puede analizarse exclusivamente desde los asesinatos. También existe violencia en la discriminación, en el acceso a servicios, en el trato institucional, en la familia, en el trabajo, en los espacios públicos y en la imposibilidad de ejercer plenamente derechos fundamentales.

El precedente de Zashy Zuley

La historia reciente de El Salvador ofrece antecedentes que ayudan a comprender por qué el caso de Villalta genera preocupación. En abril de 2021 fue asesinada en San Miguel Zashy Zuley del Cid, una mujer trans y activista vinculada al trabajo comunitario de personas LGBTQ.

ACNUR condenó entonces su asesinato y señaló que Zuley había sido previamente desplazada de su hogar debido a amenazas. La agencia de Naciones Unidas explicó que trabajaba junto con COMCAVIS TRANS para apoyarla en un proceso de emprendimiento y medios de vida. 

Su muerte también puso en evidencia otra forma de violencia: después de morir, hubo dificultades para que su identidad de género fuera respetada durante sus honras fúnebres. Medios que documentaron el caso señalaron que fue sepultada con una expresión masculina y que existieron obstáculos para la participación de personas LGBTQ cercanas a ella. 

El caso de Zuley se convirtió así en un símbolo de una problemática que tiene dos dimensiones: la violencia contra el cuerpo y la violencia contra la identidad.

Más de cinco años después, la muerte de Villalta vuelve a colocar ambas preocupaciones en la conversación pública.

¿Dónde están los datos oficiales?

Una de las preguntas que surgen nuevamente es cuántos casos de violencia contra personas LGBTQ han ocurrido en los últimos años y cuántos han sido investigados considerando una posible motivación por prejuicio.

La ausencia de información pública reciente y desagregada dificulta responder.

Esta falta de datos no solo afecta a las organizaciones defensoras de derechos humanos. También afecta a las instituciones encargadas de diseñar políticas públicas, prevenir la violencia y garantizar justicia.

Si no sabemos cuántos casos existen, dónde ocurren, quiénes son las víctimas, qué tipos de violencia se presentan y qué resultados tienen las investigaciones, resulta mucho más difícil diseñar respuestas adecuadas. La documentación independiente adquiere entonces un papel fundamental, aunque nunca debería sustituir la obligación del Estado de generar estadísticas confiables y transparentes.

El desafío de no olvidar

El caso de Villalta vuelve a plantear una pregunta incómoda para El Salvador:

¿Qué ese está haciendo para que las personas LGBTQ puedan vivir y morir con dignidad? La respuesta no puede depender únicamente de las organizaciones LGBTQ, de las familias o de las comunidades.

Requiere instituciones que registren adecuadamente los hechos, investigaciones que determinen responsabilidades, y de acuerdo con activistas de sociedad civil, también “se necesita un Estado que cree y promueva políticas de prevención y que reconozca la identidad de las personas diversas, formación de funcionarios y una sociedad que comprenda que la diversidad no disminuye el valor de ninguna persona”. Por ahora, las circunstancias de la muerte de Yoisi dejan muchas dudas en lo sucedido y no corresponde afirmar que se trató de un crimen de odio sin una determinación oficial de una investigación que no existió.

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