News
Migrantes LGBTI en Tijuana ‘buscan una oportunidad para vivir’
Miles de personas en la ciudad mexicana deseen entrar los EEUU

Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, fue golpeada, amenazada y discriminada en su país por el solo hecho de sumir su verdadera identidad de género. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
TIJUANA, México — A Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, la esperaba una banda de homofóbicos a la vuelta de su casa. Era julio de 2017 y al pasar junto a ellos les dijo: Buenas noches y solo eso fue el pretexto para una agresión atroz.
“Me golpearon con bates y palos”, narra ahora Melani. “Me quebraron la mandíbula y el maxilar izquierdo. Estuve tres días sin despertar en el hospital y luego de 15 días me hicieron una cirugía para reconstruirme el rostro. Me pusieron placas y tornillos. Estuve cuatro meses en recuperación”.
Un año antes, las pandillas, que enferman de odio y violencia a medio Latinoamérica, codiciaban su casa como depósito para drogas. Su madre nunca aceptó e interpuso una denuncia por el acoso de las también llamadas “maras”.
“Saliendo de la policía llaman a mi mamá y la amenazan. Le dicen que con ellos no se jugaba y matan a mi hermano menor de 15 años”, ella dice.
Melani cuenta parte de su vida al Washington Blade desde una casa de acogida en el centro de Tijuana, donde momentáneamente amparan a los miembros LGTBI de la caravana migrante, que llegaron a esta ciudad fronteriza unas semanas atrás con el objetivo de solicitar asilo político en los Estados Unidos, una nación en la cual piensan vivir sin temores y con prosperidad económica.
Los migrantes LGTBI, al igual que la caravana, se han dispersado por toda la frontera norte del país. Lo que antes de llegar a México era un grupo compacto, que enfrentaba ofensas y malos tratos de la propia caravana, hoy no son más que pequeñas y débiles fuerzas dispersas en Tijuana, Baja California y Nogales, otro pueblo limítrofe con EEUU, perteneciente al estado de Sonora.

Atravesar este muro y llegar seguros a territorio estadounidense es el deseo de los miles de migrantes varados en Tijuana. Solo buscan una oportunidad de vida en los Estados Unidos. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
Las historias detrás del sueño americano
No es la primera vez que Melani se lanza en dirección norte para tocar suelo estadounidense. En mayo de este año “subió” a Tijuana con otra caravana pero otra agresión le postergó el anhelo. “Me llevé una gran decepción porque oficiales de Tijuana me golpearon cuando me dirigía a la garita de El Chaparral. Luego, fui al hospital y puse una denuncia a los policías en Inmigración”, dice Melani.
Entonces Melani retornó hasta un pueblito entre Guatemala y México, “en territorio ‘nulo’”, dice con la ilusión de que, en algún momento, volvería a caminar hacia su sueño americano. No podía volver a Guatemala, pero tampoco a Tijuana. Por esa época se volvió casi ermitaña. Ella, una chica extrovertida y sociable, vivía alejada de la gente. “Trabajaba en una panadería y de ahí para mi casa. Sin decir alguna palabra, sin saludar”, añade.
Melani huía de una Guatemala donde la violencia se percibe como natural y se manifiesta más aguda contra las comunidades LGBTI. Allí soportan “insultos, sobornos, detenciones arbitrarias y agresiones físicas, que no pocas veces terminan en asesinatos, pero que no se denuncian por temor a las represalias. Las personas LGBTI viven con miedo y no cuentan con redes de apoyo comunitario que les ayuden a enfrentar los escenarios violentos en que habitan”, especifica un diagnóstico sobre la situación de esta comunidad en cuatro países centroamericanos.
Un total de 39 mujeres trans, como Melani, fueron asesinadas de enero a julio de 2017 en Guatemala, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, ubicando a la nación en el puesto número seis dentro de la lista de países de América Latina y el Caribe con mayores cifras absolutas de personas trans asesinadas.
En Honduras, por otra parte, 40 personas LGTBI han muerto entre 2007 y mayo del presente año, indicó en un comunicado el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh). Cattrachas, una red lesbiana feminista, indica que 288 personas LGBTI han sido asesinados en Honduras entre 2009 y 2018.
No solo es una situación de inseguridad. Este colectivo en Honduras posee muy bajas posibilidades de empleo. Según reportó Infobae “no existen en el país antecedentes de ninguna persona trans que haya ingresado a un puesto de trabajo en una empresa privada o en una dependencia estatal”.
Amelia Frank-Vitale, antropóloga de la Universidad de Michigan, quien lleva más de un año viviendo en Honduras para estudiar temas de deportación, migración y violencia, confirmó al Blade que “las personas de la comunidad LGBTI están expuestas a todas las formas de violencia que vive cualquier persona en Honduras, que es la mayoría de la población urbana, joven y pobre, pero además están discriminadas, estigmatizadas por su orientación sexual y en muchos casos el Estado está ausente en temas de justicia. Es siempre más crítico para la comunidad LGBTI”.
De esa situación vienen huyendo Alexis Rápalos y Solanyi, dos identidades que habitan un mismo cuerpo robusto de 38 años. En la entrevista con el Blade es Alexis quien habla. Lleva un gorro que cubre una cabeza casi sin pelos y las palabras apenas le salen.
Viene de una familia con bajos recursos y nos ha revelado que, desde los diez años, sufre el flagelo de la discriminación por las calles de su ciudad, San Pedro Sula, la que por cuatro años fue reconocida como la urbe más peligrosa del planeta. De nadie tuvo que despedirse, pues desde que murió su madre hace un año, vive solo.
Sastre y chef de cocina, trabajaba en un restaurante en su país natal, pero decidió sumarse a la caravana en busca de un futuro con más seguridad y una vida sin los sobresaltos de una homofobia generalizada.
Partió sin más que un pantalón y una camisa en su mochila y alcanzó la caravana en la frontera entre Guatemala y México. “Fui descubriendo amigos en la caravana”, refiere Alexis. “Y luego a la comunidad gay. Venimos luchando, peleando muchas cosas porque nos discriminan bastante, nos insultan”.
“El camino ha sido bastante duro”, sostiene Alexis. “A veces nos quedamos dormidos en lugares muy fríos, con tormentas. Yo me enfermé de la gripe con una tos horrible, pero gracias a Dios nos han ayudado con medicinas, con ropa”.
Arribaron a Tijuana pidiendo jalón (auto-stop), a ratos en autobuses y suplicando por la caridad ajena para comer. “Llegamos al albergue que había en la Unidad Deportiva Benito Juárez, pero nosotros estábamos en nuestro grupo aparte. Nos han tratado bien, con ropas, medicinas, comida”, insiste como tratando de agradecer días atenciones recibidas.
Hasta ese albergue, donde las condiciones de insalubridad y hacinamiento eran una constante, los persiguió la homofobia que viaja con algunos de sus coterráneos y los ubica en una posición aún más desfavorable que la del resto. Alexis detalla que eran abucheados en las filas para los alimentos y hubo ocasiones en las que no los dejaron comer. La situación se repetía en las frías duchas a la intemperie, donde la privacidad era un lujo impensable.
Allí, junto a los casi 6.000 centroamericanos que llegaron a aglomerarse en el albergue habilitado por las autoridades de la ciudad, sintió la crudeza del frío de madrugada, durmió en la calle porque no tenía una carpa que lo protegiera y la inusual lluvia de la temporada le humedeció hasta el alma cuando vio empapadas sus pocas pertenencias.
“En el albergue (Benito Juárez) sí pasamos humillaciones, críticas, hasta nos hicieron quitar la bandera gay. Recibimos mucha discriminación, nos dicen que no podemos hacer la misma fila para la comida y para el baño nos dejan de últimos y aquí (Enclave Caracol, nuevo albergue) nos están apoyando demasiado, nos dan nuestro lugar, tenemos baño aparte y todo”, comenta Bairon Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años.

Los integrantes de la caravana LGTBI estuvieron a su llegada a Tijuana en la Unidad Deportiva Benito Juárez, un complejo deportivo convertido en albergue. Allí también fueron discriminados por sus coterráneos. Les hicieron quitar la bandera gay. No los querían en las filas para la alimentación y los dejaban de últimos en las duchas públicas. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
Cuenta Bairon que se travestía por las noches y ejercía la prostitución como Kiara Paola, una actividad que le dejó varias cicatrices en su cuerpo. “Yo me dedicaba a trabajar para llevarle comida a mi hermano gemelo y al más pequeño”, dice. “Ahí mi familia se enteró que era gay. Mi madrastra me discriminó y mi papá no me apoyó y hasta hoy día estoy luchando por mi bienestar, a pesar de que me han dado trabones en la espalda y en diferentes partes de mi cuerpo, pero he salido adelante”.
Vivía solo y constantemente era extorsionado, por lo que decidió unirse a la caravana. Cuando los migrantes arribaron a México, ya trabajaba en un restaurante en Tuxpan y no pensó dos veces unirse a la caravana, que en opinión de la experta en migraciones Frank-Vitale es “un movimiento de desobediencia civil contra un régimen global … La caravana es la forma que se ha reconocido que se puede cruzar México sin estar tan expuesto a los grupos criminales, las autoridades corruptas y sin pagar un coyote para buscar una oportunidad de vivir”.

Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años, ejercía como trabajador sexual en su país y constantemente era extorsionado y maltratado por su orientación sexual. (Foto del Washington Blade de
Yariel Valdés González)
A la espera del asilo
Una larga fila se ha formado a las afueras del Enclave Caracol, un espacio comunitario ubicado en la calle primera, en el centro de Tijuana, que ha acogido a esta fracción de la caravana LGBTIQ, que llegó semanas después de la primera.
Bajo unas carpas, los propios migrantes se organizan para repartir la comida que ellos mismos han preparado en el interior del edificio, que semanas antes también brindó su espacio para el matrimonio de varias parejas gays.
Nacho, quien prefirió solo presentarse así, es colaborador de Enclave Caracol, y dijo que están apoyando “a la comunidad con la alimentación y agua, el uso de baño, acceso a Internet, uso de teléfonos para que puedan llamar prácticamente a cualquier parte del mundo y en algún momento ha funcionado como albergue”.

En el Enclave Caracol, son los propios migrantes quienes han cocinado y organizado la vida allí. Con las donaciones de la sociedad civil de varias ciudades ha sido posible mantener a las decenas de ellos que
allí se resguardan. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)
En los primeros días de auxilio a estos desplazados eran los trabajadores del lugar quienes cocinaban gran parte de los alimentos y garantizaban la limpieza. Pero, dice “poco a poco se han ido involucrando personas de la caravana. Actualmente ninguna persona del Enclave ha estado en la cocina. Estas últimas semanas hemos recibido donaciones y también hemos ido a los mercados por la merma y la limpiamos, la procesamos y se cocina. Ellos mismos están organizando la limpia y entrega de la comida”.
Nacho declaró que varias personas de la sociedad civil de Los Ángeles, San Diego y de la propia ciudad de Tijuana aportan dinero, comida, voluntariado, productos de limpieza, platos y vasos desechables para aliviar la tensa situación que se vive ahora mismo por la llegada de miles de migrantes a esta urbe fronteriza, muchos de los cuales no han iniciado su proceso de asilo político.
Y es que, al decir de la académica Frank-Vitale, este proceso se ha puesto intencionalmente difícil en EEUU. “Hay una lista muy larga de personas que solicitan el asilo, que se han entregado en la garita y buscan seguir el proceso correcto, bajo la ley internacional”, dice. “Se ha dicho que van a tener que esperar hasta dos meses para tener la oportunidad de hablar de su caso, y eso para personas vulnerables, que huyen de una persecución, que viven bajo la lluvia, el frío, a la intemperie todo ese tiempo, la verdad es una crisis humanitaria fatal”.
“A veces uno se desespera porque no hay un lugar estable. Nos vamos de aquí para allá. Dicen que hoy nos van a llevar para otra casa para esperar a los abogados que nos van a ayudar con los papeles”, dice esperanzado Alexis.
Sin embargo, Melani es más realista al comentar sobre su petición de asilo: “La situación de nosotros está un poco difícil porque siguen llegando muchas personas. Donald Trump cerró la frontera y el trámite está muy complicado. Por eso las personas van a la frontera a meter presión”.
Frank-Vitale considera que el actual sistema de asilo debe cambiar para reconocer las formas modernas de violencia y persecución a las que se ven expuestas las personas y en especial los grupos LGTBI. “Tomando todo eso en cuenta, sí es posible. Hay casos de Centroamérica que entran perfectamente en el sistema, siempre y cuando tengan realmente el temor por sus vidas en sus países y mucha gente tiene un miedo muy verdadero”.
Ese temor, que ha colmado gran parte de la vida de Melani, la acompañará, incluso, en territorio norteamericano, pues en “la caravana anterior había una chica que se llamaba Roxsana, quien murió porque tenía VIH, pero la autopsia reveló que había sido agredida por los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos”.
La primera autopsia realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeada, pero no identifica las personas que la atacaron mientras estaba bajo custodia.
La autopsia original realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de la muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeado, pero no identifica quién la atacó mientras estaba bajo custodia.
El tema ha llegado hasta el Senado estadounidense, pues tres senadores invitaron recientemente al Servicio de Aduanas e Inmigración y Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU a entregar documentos relacionados con el caso de Roxsana, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo su custodia el año pasado.
Pese a todas estas situaciones, pese a un presidente xenófobo que comanda al otro lado, pese a un poderoso ejército atrincherado en la frontera, pese a las largas filas para ser escuchados, pese a la incertidumbre constante, Bairon se mantiene firme en su decisión: “Ya estamos acá. Con tanto trabajo que nos costó, yo no regreso”.
Ya sabemos por qué.
Erica Deuso will become the first openly transgender mayor in Pennsylvania.
Voters in Downingtown elected Deuso on Tuesday with 64 percent of the vote, according to the Philadelphia Inquirer. The Democrat ran against Republican Richard Bryant.
Deuso, 45, currently works at Johnson & Johnson and has lived in Downingtown since 2007. The mayor-elect is originally from Vermont and graduated from Drexel University.
Deuso released a statement following her election, noting that “history was made.”
“Voters chose hope, decency, and a vision of community where every neighbor matters,” Deuso stated. “I am deeply honored to be elected as Pennsylvania’s first openly transgender mayor, and I don’t take that responsibility lightly.”
According to a LGBTQ+ Victory Institute report released in June, the U.S. has seen a 12.5 percent increase in trans elected officials from 2024 to 2025. Still, Deuso’s campaign did not heavily focus on LGBTQ policy or her identity. She instead prioritized public safety, environmental resilience, and town infrastructure, according to Deuso’s campaign website.
Deuso has served on the boards of the Pennsylvania Equality Project, PFLAG West Chester/Chester County, and Emerge Pennsylvania, according to the LGBTQ+ Victory Fund. She is also an executive member of the Chester County Democratic Committee.
“This victory isn’t about one person, it’s about what happens when people come together to choose progress over fear. It’s about showing that leadership can be compassionate, practical, and focused on results. Now the real work begins, building a Downingtown that is safe, sustainable, and strong for everyone who calls it home,” Deuso said.
Downingtown has a population of more than 8,000 people and is a suburb of Philadelphia. The town’s current mayor, Democrat Phil Dague, did not seek a second term.
Janelle Perez, the executive director of LPAC, celebrated Deuso’s victory. The super PAC endorses LGBTQ women and nonbinary candidates with a commitment to women’s equality and social justice, including Deuso.
“Downingtown voters delivered a resounding message today, affirming that Erica represents the inclusive, forward-looking leadership their community deserves, while rejecting the transphobic rhetoric that has become far too common across the country,” Perez said. “Throughout her campaign, Erica demonstrated an unwavering commitment to her future constituents and the issues that matter most to them. LPAC is proud to have supported her from the beginning of this historic campaign, and we look forward to the positive impact she will have as mayor of Downingtown.”
Deuso will be sworn in as mayor on Jan. 7.
U.S. Supreme Court
LGBTQ legal leaders to Supreme Court: ‘honor your president, protect our families’
Experts insist Kim Davis case lacks merit
The U.S. Supreme Court considered hearing a case from Kim Davis on Friday that could change the legality of same-sex marriage in the United States.
Davis, best known as the former county clerk for Rowan County, Ky., who defied federal court orders by refusing to issue marriage licenses to same-sex couples — and later, to any couples at all — is back in the headlines this week as she once again attempts to get Obergefell v. Hodges overturned on a federal level.
She has tried to get the Supreme Court to overturn this case before — the first time was just weeks after the initial 2015 ruling — arguing that, in her official capacity as a county clerk, she should have the right to refuse same-sex marriage licenses based on her First Amendment rights. The court has emphatically said Davis, at least in her official capacity as a county clerk, does not have the right to act on behalf of the state while simultaneously following her personal religious beliefs.
The Washington Blade spoke with Karen Loewy, interim deputy legal director for litigation at Lambda Legal, the oldest and largest national legal organization advancing civil rights for the LGBTQ community and people living with HIV through litigation, education, and public policy, to discuss the realistic possibilities of the court taking this case, its potential implications, and what LGBTQ couples concerned about this can do now to protect themselves.
Loewy began by explaining how the court got to where it is today.
“So Kim Davis has petitioned the Supreme Court for review of essentially what was [a] damages award that the lower court had given to a couple that she refused a marriage license to in her capacity as a clerk on behalf of the state,” Loewy said, explaining Davis has tried (and failed) to get this same appeal going in the past. “This is not the first time that she has asked the court to weigh in on this case. This is her second bite at the apple at the U.S. Supreme Court, and in 2020, the last time that she did this, the court denied review.”
Davis’s entire argument rests on her belief that she has the ability to act both as a representative of the state and according to her personal religious convictions — something, Loewy said, no court has ever recognized as a legal right.
“She’s really claiming a religious, personal, religious exemption from her duties on behalf of the state, and that’s not a thing.”
That, Loewy explained, is ultimately a good thing for the sanctity of same-sex marriage.
“I think there’s a good reason to think that they will, yet again, say this is not an appropriate vehicle for the question and deny review.”
She also noted that public opinion on same-sex marriage remains overwhelmingly positive.
“The Respect for Marriage Act is a really important thing that has happened since Obergefell. This is a federal statute that mandates that marriages that were lawfully entered, wherever they were lawfully entered, get respect at the federal level and across state lines.”
“Public opinion around marriage has changed so dramatically … even at the state level, you’re not going to see the same immediate efforts to undermine marriages of same-sex couples that we might have a decade ago before Obergefell came down.”
A clear majority of U.S. adults — 65.8 percent — continue to support keeping the Obergefell v. Hodges decision in place, protecting the right to same-sex marriage. That support breaks down to 83 percent of liberals, 68 percent of moderates, and about half of conservatives saying they support marriage equality. These results align with other recent polling, including Gallup’s May 2025 estimate showing 68 percent support for same-sex marriage.
“Where we are now is quite different from where we were in terms of public opinion … opponents of marriage equality are loud, but they’re not numerous.”
Loewy also emphasized that even if, by some chance, something did happen to the right to marry, once a marriage is issued, it cannot be taken back.
“First, the Respect for Marriage Act is an important reason why people don’t need to panic,” she said. “Once you are married, you are married, there isn’t a way to sort of undo marriages that were lawfully licensed at the time.”
She continued, explaining that LGBTQ people might feel vulnerable right now as the current political climate becomes less welcoming, but there is hope — and the best way to respond is to move thoughtfully.
“I don’t have a crystal ball. I also can’t give any sort of specific advice. But what I would say is, you know, I understand people’s fear. Everything feels really vulnerable right now, and this administration’s attacks on the LGBTQ community make everybody feel vulnerable for really fair and real reasons. I think the practical likelihood of Obergefell being reversed at this moment in time is very low. You know, that doesn’t mean there aren’t other, you know, case vehicles out there to challenge the validity of Obergefell, but they’re not on the Supreme Court’s doorstep, and we will see how it all plays out for folks who feel particularly concerned and vulnerable.”
Loewy went on to say there are steps LGBTQ couples and families can take to safeguard their relationships, regardless of what the court decides. She recommended getting married (if that feels right for them) and utilizing available legal tools such as estate planning and relationship documentation.
“There are things, steps that they can take to protect their families — putting documentation in place and securing relationships between parents and children, doing estate planning, making sure that their relationship is recognized fully throughout their lives and their communities. Much of that is not different from the tools that folks have had at their disposal prior to the availability of marriage equality … But I think it behooves everyone to make sure they have an estate plan and they’ve taken those steps to secure their family relationships.”
“I think, to the extent that the panic is rising for folks, those are tools that they have at their disposal to try and make sure that their family and their relationships are as secure as possible,” she added.
When asked what people can do at the state and local level to protect these rights from being eroded, Loewy urged voters to support candidates and initiatives that codify same-sex marriage at smaller levels — which would make it more difficult, if not impossible, for a federal reversal of Obergefell to take effect.
“With regard to marriage equality … states can be doing … amend state constitutions, to remove any of the previous language that had been used to bar same-sex couples from marrying.”
Lambda Legal CEO Kevin Jennings echoed Loewy’s points in a statement regarding the possibility of Obergefell being overturned:
“In the United States, we can proudly say that marriage equality is the law,” he said via email. “As the Supreme Court discusses whether to take up for review a challenge to marriage equality, Lambda Legal urges the court to honor what millions of Americans already know as a fundamental truth and right: LGBTQ+ families are part of the nation’s fabric.
“LGBTQ+ families, including same-sex couples, are living in and contributing to every community in this country: building loving homes and small businesses, raising children, caring for pets and neighbors, and volunteering in their communities. The court took note of this reality in Obergefell v. Hodges, citing the ‘hundreds of thousands of children’ already being raised in ‘loving and nurturing homes’ led by same-sex couples. The vows that LGBTQ+ couples have taken in their weddings might have been a personal promise to each other. Still, the decision of the Supreme Court is an unbreakable promise affirming the simple truth that our Constitution guarantees equal treatment under the law to all, not just some.”
He noted the same things Loewy pointed out — namely that, at minimum, the particular avenue Davis is attempting to use to challenge same-sex marriage has no legal footing.
“Let’s be clear: There is no case here. Granting review in this case would unnecessarily open the door to harming families and undermine our rights. Lower courts have found that a government employee violates the law when she refuses to grant marriage licenses to same-sex couples as her job requires. There is no justifiable reason for the court to revisit settled law or destabilize families.”
He also addressed members of the LGBTQ community who might be feeling fearful at this moment:
“To our community, we say: this fight is not new. Our community has been fighting for decades for our right to love whom we love, to marry and to build our families. It was not quick, not easy, not linear. We have lived through scary and dark times before, endured many defeats, but we have persevered. When we persist, we prevail.”
And he issued a direct message to the court, urging justices to honor the Constitution over one person’s religious beliefs.
“To the court, we ask it to honor its own precedent, to honor the Constitution’s commands of individual liberty and equal protection under the law, and above all, to honor the reality of LGBTQ families — deeply rooted in every town and city in America. There is no reason to grant review in this case.”
Kenneth Gordon, a partner at Brinkley Morgan, a financial firm that works with individuals and couples, including same-sex partners, to meet their legal and financial goals, also emphasized the importance of not panicking and of using available documentation processes such as estate planning.
“From a purely legal standpoint, overturning Obergefell v. Hodges would present significant complications. While it is unlikely that existing same-sex marriages would be invalidated, particularly given the protections of the 2022 Respect for Marriage Act, states could regain the authority to limit or prohibit future marriage licenses to same-sex couples. That would create a patchwork of laws across the country, where a couple could be legally married in one state but not recognized as married if they moved to or even visited another state.
“The legal ripple effects could be substantial. Family law issues such as adoption, parental rights, inheritance, health care decision-making, and property division all rely on the legal status of marriage. Without uniform recognition, couples could face uncertainty in areas like custody determinations, enforcement of spousal rights in medical emergencies, or the ability to inherit from a spouse without additional legal steps.
“Courts generally strive for consistency, and creating divergent state rules on marriage recognition would reintroduce conflicts that Obergefell was intended to resolve. From a legal systems perspective, that inconsistency would invite years of litigation and impose significant personal and financial burdens on affected families.”
Finally, Human Rights Campaign President Kelley Robinson issued a statement about the possibility of the Supreme Court deciding to hear Davis’s appeal:
“Marriage equality isn’t just the law of the land — it’s woven into the fabric of American life,” said Robinson. “For more than a decade, millions of LGBTQ+ couples have gotten married, built families, and contributed to their communities. The American people overwhelmingly support that freedom. But Kim Davis and the anti-LGBTQ+ extremists backing her see a cynical opportunity to attack our families and re-litigate what’s already settled. The court should reject this paper-thin attempt to undermine marriage equality and the dignity of LGBTQ+ people.”
U.S. Supreme Court
Supreme Court rules White House can implement anti-trans passport policy
ACLU, Lambda Legal filed lawsuits against directive.
The U.S. Supreme Court on Thursday said the Trump-Vance administration can implement a policy that bans the State Department from issuing passports with “X” gender markers.
President Donald Trump once he took office signed an executive order that outlined the policy. A memo the Washington Blade obtained directed State Department personnel to “suspend any application where the applicant is seeking to change their sex marker from that defined in the executive order pending further guidance.”
The White House only recognizes two genders: male and female.
The American Civil Liberties Union in February filed a lawsuit against the passport directive on behalf of seven trans and nonbinary people.
A federal judge in Boston in April issued a preliminary junction against it. A three-judge panel on the 1st U.S. Circuit Court of Appeals in September ruled against the Trump-Vance administration’s motion to delay the move.
A federal judge in Maryland also ruled against the passport policy. (Lambda Legal filed the lawsuit on behalf of seven trans people.)
“This is a heartbreaking setback for the freedom of all people to be themselves, and fuel on the fire the Trump administration is stoking against transgender people and their constitutional rights,” said Jon Davidson, senior counsel for the ACLU’s LGBTQ and HIV Project, in a statement. “Forcing transgender people to carry passports that out them against their will increases the risk that they will face harassment and violence and adds to the considerable barriers they already face in securing freedom, safety, and acceptance. We will continue to fight this policy and work for a future where no one is denied self-determination over their identity.”
Justices Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan, and Sonia Sotomayor dissented.
The Supreme Court ruling is here.
-
District of Columbia2 days ago‘Sandwich guy’ not guilty in assault case
-
Sports2 days agoGay speedskater racing toward a more inclusive future in sports
-
Celebrity News4 days agoJonathan Bailey is People’s first openly gay ‘Sexiest Man Alive’
-
Michigan4 days agoFBI thwarts Halloween terror plot targeting Mich. LGBTQ bars
