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Colaborador del Blade solicita asilo en EEUU
Yariel Valdés González nació en Cuba
Un colaborador del Washington Blade ha solicitado asilo en EEUU basándose en la persecución que dijo sufrió en Cuba porque es periodista.
Yariel Valdés González cruzó la frontera legalmente el 27 de marzo por la garita Oeste de Calexico entre Calexico, California, y Mexicali, México.
Valdés está bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la Instalación Correccional del Condado de Tallahatchee, una prisión privada en Misisipí.
Valdés dijo al Blade el 9 de abril durante una llamada telefónica desde Misisipí que tuvo su “entrevista de miedo creíble” el 30 de marzo cuando estuvo en la Instalación Regional de Detención Imperial, otra prisión privada en el Valle Imperial de California.
Un agente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) conduce la “entrevista de miedo creíble” para determinar si la solicitud de un solicitante de asilo es válida.
Valdés dijo al Blade que no sabe cuando ICE lo libere a la custodia de sus tíos que viven en Miami. Valdés también dijo las condiciones en la Instalación Correccional del Condado de Tallahatchee “no son muy buenas”, sobre todo la comida.
Valdés, 28, nació en Cuba. Se graduó de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en Santa Clara en 2014 con un título en periodismo.
Valdés en una carta que detalle los motivos para solicitar asilo dice que trabajó por Vanguardia, un periódico del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara, durante dos años mientras se graduaba. Valdés escribe que comenzó a contribuir a medios de comunicación independientes en 2015.
Valdés escribe que firmó una carta en contra de la “censura y el acoso” de los medios de comunicación independientes en 2016.
Dice que el PCC comenzó a acosarlo y su vida “se convirtió en un infierno”. Valdés también dice que el presidente Miguel Díaz-Canel, que era vicepresidente del país en el momento, dio cuenta de la situación y se fue a Villa Clara “para discutir con los directores del periódico cómo controlar esa demostración pública de algunas periodistas que cuestionaron la autoridad del gobierno cubano”.
Valdés en su carta dice que Vanguardia inició una investigación contra él y uno de sus colegas “sobre la base de una denuncia presentada por dos instituciones, que, sin fundamento, alegó que los habíamos engañado para obtener declaraciones para” medios de comunicación independientes. Valdés escribe que se le quitó el sueldo de un mes y se quedó “sin trabajo”.
“Las acusaciones y la próxima sanción fue el pretexto para ejercer su control sobre mi y (para hacer un ejemplo de mí) al resto de los periodistas”, dice.
Valdés escribe que la Unión de Jóvenes Comunistas, una organización del PCC que publica el periódico Juventud Rebelde, lo expulsó. Valdés dice que también fue despedido de las estaciones de radio y televisión estatal de las que había sido locutor.
“Unos meses después de dejar el periódico, terminaron mi contrato en el radio y la televisión porque ya no era una persona ‘confiable’ para sentarme frente a un micrófono o frente a una cámara y ser una voz o una cara de la revolución”, escribe.
Valdés escribe que siguió contribuyendo a varios medios de comunicación independientes en Cuba. Éstos incluyen Tremenda Nota, una revista electrónica independiente que es la pareja del Blade en la isla comunista.
Valdés escribe que el gobierno cubano en agosto de 2018 lo convocó a una reunión después de que una universidad en Colombia y el Centro Internacional para Periodistas en Washington lo invitaron a participar en un programa para periodistas cubanos.
“Estas ‘reuniones’, que no son más que duras interrogaciones, es otra estrategia para presionar y atacar psicológicamente a los periodistas”, dice. “La reunión estuvo llena de intimidaciones y amenazas, que llegaron al punto de comprometer mi libertad en Cuba”.
Valdés escribe que pronto se dio cuenta las autoridades cubanas lo habían impedido salir del país, describiendo esa prohibición como un ‘mecanismo macabro para provenir, a toda costa, mi salida a Colombia”.
Valdés dice que preguntó a las autoridades que “evaluar su situación” con la asistencia de Maykel González Vivero, editor de Tremenda Nota, y varios de sus colegas. Valdés escribe que el gobierno cubano le permitió salir del país porque dijo a las autoridades que iba a visitar a su padre que ha vivido en México durante más de ocho años.
Valdés escribe que viajó a Colombia y completó el programa para periodistas cubanos. Llegó a México el otoño pasado y pronto comenzó a contribuir al Blade.
El gobierno cubano el 23 de febrero bloqueó el acceso al sitio web de Tremenda Nota en la isla. El Departamento de Estado y organizaciones no gubernamentales como Freedom House y Periodistas Sin Fronteras han documentado abusos, censura y otros desafíos que enfrentan los periodistas independientes en Cuba.
Valdés escribe en su carta que recibió un correo electrónico de Cuba que indica las autoridades están acosando a sus familiares porque es periodista.
“La seguridad del estado, como último recurso de control sobre mi, mantiene a mis colegas, así como a mi familia, bajo vigilancia”, escribe.
“Si vuelvo a la isla, temo que inicien un proceso que me prive de mis derechos elementales”, añade.
Valdés al fin de su carta dice que no hay libertad de expresión o de prensa en Cuba.
“Aquellos de nosotros que elegimos el camino de la verdad y el periodismo serio sin concesiones son castigados como criminales vulgares”, dice.
Nota del editor: Yariel Valdés González ha dado permiso al Blade para reportar sobre su caso de asilo.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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