Noticias en Español
¿Qué piensa el activismo LGBTQ cubano sobre la consulta popular y el referendo del Código de las Familias?
La consulta popular comenzó el 1 de febrero
LA HABANA — Este martes 1 de febrero comenzó la consulta popular del proyecto del Código de las Familias en Cuba. Hasta el 30 de abril, la ciudadanía propondrá adiciones, modificaciones o eliminaciones del documento, que será presentado en más de 78.000 puntos de reunión.
Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del Consejo Electoral Nacional (Cen), señaló a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que las comisiones electorales de circunscripción informarán a los electores de los espacios donde podrán canalizar sus propuestas. También avisó que se implementarán alternativas para quienes no puedan trasladarse hasta los sitios designados.
Otra de las vías de las que dispondrá la ciudadanía para hacer llegar sus valoraciones es el correo habilitado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Quienes se encuentren en el extranjero podrán hacerlo a través del establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El medio oficial Cubadebate informó que desde los días 27 y 28 de enero, “se alistaron los detalles para ese proceso a través de una prueba dinámica, en la cual participaron las 12.513 comisiones electorales de circunscripción”.
Está previsto que en el mes de mayo la Asamblea Nacional cuente con los resultados de la consulta popular para su procesamiento. Se estima que en julio se publicarán las modificaciones del proyecto del Código de las Familias que será llevado a referendo en fecha indefinida.
Varios medios oficiales reprodujeron el criterio de Balseiro Gutiérrez, quien insistió en que “las reuniones no son para discrepar o discutir sobre ningún tema, sino para recoger información y procesarla, y acotó que los electores pueden llevar por escrito sus propuestas o tenerlas identificadas y exponerlas, y luego verificar que se plasmen tal cual ellos lo expresaron”.
Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó que centrar el Código en el matrimonio igualitario “es simplificarlo, porque tiene aspectos más enriquecedores, más enaltecedores, más emancipadores”.
¿Consulta popular sí, referendo no?
Existen posturas y preocupaciones diversas respecto a la pertinencia de la consulta popular y posterior referendo del Código de las Familias. La mayoría de los activistas coinciden en que los derechos humanos no se llevan a referendo.
Tal es el caso del diseñador y miembro del colectivo 11M Roberto Ramos Mori, quien comentó a Tremenda Nota que este proyecto de ley es el resultado de la labor de la sociedad civil cubana y responde a buena parte de sus demandas. No obstante, a su modo de ver, instituciones como el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) deben llevar adelante una campaña efectiva por el Sí.
“Los activistas hemos hecho muchísimo y seguiremos haciendo, pero mi trabajo a esta altura no es explicarle a la gente cada fragmento del Código, porque además no domino todos los contenidos allí incluidos, eso es trabajo del Cenesex y el gobierno”, afirmó.
El también miembro de 11M Javier Machado Arribas, asume que la consulta en el actual contexto de hostilidad política está siendo utilizada para desviar la atención sobre otros asuntos con el mismo nivel de urgencia. No obstante le parece un ejercicio democrático necesario.
“Siempre tenemos el riesgo de que en este tipo de contexto salgan a flote posturas antiderechos, como ya estamos viendo, pero al mismo tiempo lo más que pudiera preocupar es el debate sincero que debemos tener como sociedad. Lo más complejo es lo que suceda después de la consulta, cuando no tengamos mecanismos de participación directa, más allá de la presión que se pueda hacer desde los activismos”, explicó.
La psicóloga y miembro del colectivo Ahora Sí Dachelys Valdés Moreno, dijo a Tremenda Nota que siempre ha estado a favor de la consulta popular porque los testimonios de vida hacen visibles a familias que las políticas de Estado no tienen en cuenta. Ella también manifiesta su preocupación por el contexto político en que se desarrolla este proceso. Al respecto comentó:
“En otra etapa, el Código tal vez hubiera sido recibido sin tantos ataques, pero actualmente el gobierno se encuentra en una situación muy impopular. En este clima hostil, lo que sea que venga desde el Estado, tendrá un rechazo automático. Por eso la consulta es una manera de aclararle a la gente que ese Código no viene solo del Estado, sino también de la pujanza de los activistas”.
La periodista y activista feminista, impulsora de la colectiva Casa Palanca Marta María Ramírez, expresó que, si todas las legislaciones en Cuba fueran consultadas, sería válido hacer una revisión popular al Código de las Familias. No obstante, como esto no ocurre, y no se somete a escrutinio ni siquiera el Código Penal, con el que la ciudadanía tiene tantas insatisfacciones, entonces este proceso es inadmisible.
A Marta le preocupa, además, que la consulta se lleve a cabo en un contexto de tanta censura a las libertades de la sociedad civil cubana.
“En medio de un panorama en que no se le permite al activismo feminista, LGBTIQ+ etc, reunirnos, manifestarnos, llegar a los medios de comunicación masiva y que por supuesto no contamos con el espacio que tienen las iglesias; hace que esta sea una consulta engañosa para la gente”, alegó.
La falta de información de cómo participar en la consulta, unida a los bajos niveles de participación política de la ciudadanía, fue otra de sus inquietudes. Por otro lado, según ella, es destacable que, excepto Mariela Castro, no tenemos parlamentarios abiertamente militantes en estos temas.
Otra de las activistas en dar su punto de vista a Tremenda Nota fue, la villaclareña Laritza Pérez Rodríguez, coordinadora de la red de lucha por los derechos de las mujeres LGBTIQ+ Labrys.
“El primer conflicto está en vincular la aprobación de derechos de la comunidad LGBTIQ+ a la aprobación del Código de las familias. ¿Cómo puede ser que algo que está aprobado en la Constitución, como que todos los cubanos tenemos los mismos derechos y deberes, tenga que depender de la aprobación de un Código de las Familias?”, se preguntó.
“El Estado debería ejercer su función de garantizar derechos para todos los cubanos y cubanas. El ejercicio democrático de votar siempre es bienvenido, pero se votan otras cosas, no los derechos. Se podría votar el Código Penal, e incluso el de las familias, pero no los temas relacionados con la Comunidad LGBTIQ+”, consideró también.
El joven activista LGBTIQ+ villaclareño Verde Gil, por su parte, entiende que el referéndum puede convertirse en una excelente oportunidad para socializar, educar y sensibilizar con respecto a este código y todas las modificaciones que implicará en el buen sentido, para las familias cubanas. No obstante, tampoco está de acuerdo en someterlo a votación.
Explicó a Tremenda nota que le causa perplejidad cómo otras normas y códigos legales son aprobados con mayor celeridad y sin acudir a las urnas. “Por lo tanto, consulta popular sí, pero referéndum no”, sentenció.
Verde explica que con el referendo no se pone en discusión el derecho de las personas homosexuales a contraer matrimonio, sino que se somete a juicio una nueva forma de concebir la dimensión familiar, los vínculos, poderes, valores, roles y dinámicas.
“Además, el matrimonio igualitario será aprobado, sí o sí, porque de lo contrario obtendríamos un código inconstitucional”, concluyó.
El pastor cristiano y activista LGBTIQ+ Adiel González Maimó, alertó en entrevista reciente que el activismo contra el Código de las Familias va a hacerse sentir.
“Ya están organizados en torno a la campaña por una escuela sin ideología de género. Y después de su logro parcial en este tema (la Resolución Ministerial 16/2021 cuya aplicación fue aplazada) ahora se van a enfocar en el Código de las Familias. Se van oponer a los temas de matrimonio igualitario, adopción homoafectiva, reproducción asistida para parejas del mismo género, gestación solidaria, que son los derechos que tienen vinculación directa con la comunidad LGBTIQ+, y además, contra un tema que a ellos les preocupa mucho, que es el de la responsabilidad parental“, advirtió.
El Código de las Familias no solo se centra en los derechos de la comunidad LGBTIQ+, abarca elementos polémicos y avanzados en materia de derechos humanos como la eliminación del matrimonio infantil y la adopción para parejas de todo tipo, así como la fundamentación del parentesco en vínculos afectivos y no necesariamente consanguíneos.
El Salvador
#JusticiaParaKarla: una lucha por el derecho a la identidad en El Salvador
Karla Guevara inició su camino legal y personal en 2020
Cinco años han pasado desde que Karla Guevara inició un camino legal y personal para lograr que su nombre y género sean reconocidos en su Documento Único de Identidad (DUI). Cinco años de sentencias, apelaciones, puertas cerradas y vulneraciones que hoy se resumen en una sola palabra: resistencia.
En medio de un país que aún arrastra estructuras jurídicas y sociales poco sensibles a las realidades trans, Guevara se ha convertido en una voz visible. No solo por la denuncia pública de su caso, sino por su capacidad de transformar el dolor en acción: ha iniciado la campaña #JusticiaParaKarla, la cual acompaña con conversatorios llamados “Si tú fueras yo” en diferentes zonas del país.
Su historia se remonta al año 2018, cuando, junto a otras tres defensoras de derechos humanos —Mónica Hernández, Bianca Rodríguez y Verónica López— interpuso una demanda para lograr el cambio de nombre legal. La acción se inspiró en la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó a los Estados miembros de la OEA a garantizar los derechos de las personas trans, incluyendo el reconocimiento de su identidad.
A diferencia de sus compañeras, cuyo proceso fue resuelto favorablemente, Guevara fue la única a quien el Estado salvadoreño le negó el derecho, incluso tras contar con una sentencia favorable. El camino ha sido empinado, desgastante y doloroso, y ha implicado múltiples etapas legales con resoluciones contradictorias.
El 8 de enero de 2020, el juzgado declaró su demanda improponible. Guevara apeló el 22 de ese mismo mes, pero la Cámara de Familia desestimó su recurso. Aun así, perseveró. En abril de 2021 presentó una segunda apelación, y en septiembre se revocó la decisión del juzgado, ordenando admitir su demanda. Una pequeña luz parecía abrirse.
En agosto de 2022, después de varios peritajes que, según Guevara, incluyeron momentos donde se sintió expuesta y violentada, recibió una sentencia favorable: se autorizaba su cambio de nombre y género en la partida de nacimiento. Sin embargo, esta victoria fue parcial y breve. Aunque se ordenó marginar su partida, no se ordenó cancelarla como en otros casos similares.
El 4 de octubre de ese mismo año, la sentencia fue enviada al Registro del Estado Familiar. Pero la respuesta institucional fue sorprendente: el 3 de noviembre, la Alcaldía de San Salvador se negó a realizar el cambio. El jefe del registro y el registrador presentaron un amparo ante la Sala de lo Constitucional, paralizando el proceso.
“No solo me lo negaron, sino que ahora me exponen a un juicio aún mayor”, expresa Guevara. La frustración y la indignación fueron creciendo. En febrero de 2023, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, aunque lo hizo con poca esperanza. “Temía que no harían nada”, dijo. Y el 16 de abril de 2024, sus temores se confirmaron: la Fiscalía archivó el caso alegando que “no existe delito que perseguir”.
El 19 de noviembre de ese mismo año, Guevara decidió acudir a instancias internacionales y presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH ya notificó al Estado salvadoreño y le otorgó un plazo de cuatro meses para responder por qué no ha ejecutado el cambio ordenado por el juzgado.
“Obviamente no van a dar respuesta”, lamenta Guevara. Lo dice con la voz entrecortada, como quien ya ha llorado mucho, pero no ha perdido la voluntad de hablar. Reconoce que el proceso le ha afectado emocionalmente. “Cada vez que hablo de esto se me corta la voz”.
Las heridas no solo vienen de las oficinas estatales, sino también de las calles. Las miradas, los comentarios, el momento de presentar el DUI en cualquier trámite. “Es como si cada vez tuviera que explicar mi existencia. Es un juicio constante sobre quién soy”.
Guevara no está sola. Reconoce que hay otras personas trans en la misma situación. “Lo preocupante es que solo pasa en algunas zonas del país. En otras ha habido casos exitosos”, afirma. La disparidad en el trato revela una preocupante arbitrariedad institucional.
Uno de esos casos exitosos es el de Valeria Mejía, coordinadora de monitoreo y evaluación de ASPIDH. Su DUI ya refleja su nombre identitario, aunque no su género.
“Cuando recibí mi DUI con el nombre que me identifico pensé: aquí empieza una nueva vida”, relata.
Para Mejía, el cambio fue profundamente simbólico. “Uno ve pasar toda su vida frente a los ojos. Toda la discriminación, todos los rechazos. Sentí que algo sanaba”. A pesar de ello, su género asignado al nacer sigue apareciendo en el documento, lo que le genera inseguridad.
“El problema es que tengo que ir a todas las instituciones donde aparezco con mi nombre anterior. En el Seguro Social, por ejemplo, aún estoy registrada con el nombre masculino y no pueden atenderme, aunque el número del DUI sea el mismo”, explica.
Casos como los de Guevara y Mejía visibilizan una problemática estructural: el Estado salvadoreño no garantiza de forma uniforme el derecho a la identidad de las personas trans. Las resoluciones favorables son solo el primer paso. Su implementación efectiva aún tropieza con prejuicios, burocracia y omisiones.
Con la campaña #JusticiaParaKarla, la activista busca más que una solución a su caso personal. Busca generar conciencia, exigir coherencia legal y empujar una transformación cultural. En la marcha del 17 de mayo contra la LGBTIfobia, su presencia se hizo notar con camisetas, banners y mensajes que interpelan directamente al sistema.
Guevara ha hecho de su cuerpo, su voz y su historia una herramienta de resistencia. En cada conversatorio de “Si tú fueras yo”, invita a imaginar, a empatizar, a incomodarse.
“Lo que me pasa a mí le puede pasar a cualquier persona trans. Y si el Estado no nos reconoce, nos niega también la posibilidad de existir plenamente”, expresa.
Hoy, la resolución está en manos de la CIDH y el tiempo corre. La lucha de Guevara ya no es solo por una partida de nacimiento. Es por el derecho a ser, a vivir sin miedo, a que el nombre que la representa no siga siendo un motivo de juicio, burla o rechazo.
Mientras tanto, sigue esperando. Sigue alzando la voz. Sigue sembrando esperanza en quienes vienen detrás. Porque como ella misma dice: “Esto no se trata solo de mí. Se trata de justicia”.
El Salvador
La marcha LGBTQ desafía el silencio en El Salvador
Se realizó el evento en San Salvador bajo la lluvia, pero con orgullo
SAN SALVADOR, El Salvador — El reloj marcaba el mediodía cuando los primeros colores del arcoíris comenzaron a ondear frente a la emblemática Plaza del Divino Salvador del Mundo. A pesar de la incertidumbre generada en redes sociales, donde abundaban los rumores sobre una posible cancelación de la marcha por la diversidad sexual, la ciudad capital comenzaba a llenarse de esperanza, de resistencia y de orgullo.
Este año, la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en El Salvador se desarrolló en un contexto tenso, en medio de un clima político que reprime y silencia a las voces disidentes.
“Aunque las estadísticas digan que no existimos, viviendo en El Salvador, un país donde hoy, después de décadas de avances, defender los derechos humanos es de nuevo una causa perseguida, criminalizada y silenciada”, afirmaron representantes de la Federación Salvadoreña LGBTQ+.
A pesar de la cancelación del festival cultural que usualmente acompaña la marcha, los colectivos decidieron seguir adelante con la movilización, priorizando el sentido original de la actividad: salir a las calles para visibilizarse, exigir respeto a sus derechos y recordar a quienes ya no están.
A la 1:30 p.m., una fuerte lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. Algunas de las personas presentes corrieron a refugiarse, mientras otras, debajo de sombrillas y de los escasos árboles en la plaza, decidieron mantenerse firmes. Los comentarios pesimistas no se hicieron esperar: “a lo mejor la cancelan por el clima”, “no se ve tanta gente como otros años”. Sin embargo, lo que siguió fue una muestra de resistencia: a las 2:05 p.m. las voces comenzaron a llamar a tomar las calles.
Visibilidad como resistencia
La marcha arrancó bajo una llovizna persistente. La Avenida Roosevelt y la Alameda Juan Pablo II se tiñeron de colores con banderas arcoíris, trans, lésbicas, bisexuales y otras que representan a los diversos sectores de la población LGBTQ. Cada bandera alzada fue un acto político, cada paso una declaración de existencia.
Desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo hasta la Plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, la marcha se convirtió en un carnaval de dignidad. Carteles con frases como “El amor no se reprime”, “Mi existencia no es delito” o “Marcho por quien ya no puede hacerlo” se alzaron entre las multitudes.
La movilización fue también un espacio para recordar a quienes han perdido la vida por la discriminación y el rechazo. Familias que marcharon por hijos, hijas o amigues que se suicidaron a causa del estigma. Personas que caminaron por quienes aún viven en el miedo, por quienes no pudieron salir del clóset, por quienes se han ido del país huyendo de la violencia.
Arte, fe y rebeldía
Una de las escenas más llamativas fue protagonizada por Nelson Valle, un joven gay que marchó vestido como sacerdote.
“Hay muchas personas que secretamente asisten a ritos religiosos como en Semana Santa, y les gusta vivir en lo oculto. Pero la fe debe ser algo libre porque Dios es amor y es para todos”, dijo.
Valle utilizó su vestimenta como una forma de protesta contra las estructuras religiosas que aún condenan la diversidad sexual.
“Un ejemplo de persona que abrió el diálogo del respeto fue el papa Francisco, abrió la mente y muy adelantado a su tiempo, porque dejó claro que hay que escuchar a toda persona que quiere encontrar a Dios”, agregó.
La marcha también incluyó bandas musicales, grupos de cachiporristas, carrozas artísticas, colectivos provenientes de distintos puntos del país, y manifestaciones de orgullo en todas sus formas. Fue un mosaico cultural que mostró la riqueza y diversidad de la población LGBTQ en El Salvador.
Una lucha que persiste
Las organizaciones presentes coincidieron en su mensaje: la lucha por la igualdad y el reconocimiento no se detiene, a pesar de los intentos del Estado por invisibilizarlos.
“Nuestros cuerpos se niegan a ser borrados y a morir en la invisibilidad de registros que no guardan nuestros nombres ni nuestros géneros”, declararon representantes de la Federación.
Además, agregaron: “Desde este país que nos quiere callar, levantamos nuestras voces: ¡La comunidad LGBTIQ+ no se borra! ¡El Salvador también es nuestro! Construyamos, entre todes, un país donde podamos vivir con Orgullo.”
El ambiente fue de respeto, pero también de desconfianza. La presencia de agentes policiales no pasó desapercibida. Aunque no hubo reportes oficiales de violencia, varias personas expresaron su temor por posibles represalias.
“Marchar hoy es también un acto de valentía”, comentó Alejandra, una joven lesbiana que viajó desde Santa Ana para participar. “Pero tenemos derecho a vivir, a amar, a soñar. Y si nos detenemos, les damos la razón a quienes nos quieren ver en silencio.”
Rumbo al futuro
Concluida la marcha frente a Catedral y el Palacio Nacional, muchas personas permanecieron en la plaza compartiendo abrazos, fotos y palabras de aliento. No hubo festival, no hubo escenario, pero hubo algo más valioso: una comunidad que sigue viva, que sigue resistiendo.
Los retos son muchos: falta de leyes de protección y que apoye las identidades de las personas trans, discriminación laboral, violencia por prejuicio, rechazo familiar, y una narrativa estatal que pretende que no existen. Pero la marcha del 28 de junio demostró que, aunque el camino sea cuesta arriba, la dignidad y el orgullo no se borran.
La lucha por un El Salvador más justo, más plural y más inclusivo continúa. En palabras de uno de los carteles más llamativos de ese día: “No estamos aquí para pedir permiso, estamos aquí para recordar que también somos parte de este país”.
Colombia
Colombia avanza hacia la igualdad para personas trans
Fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara la Ley Integral Trans
En un hecho histórico para los derechos humanos en Colombia, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 122 de 2024, conocido como la Ley Integral Trans, que busca garantizar la igualdad efectiva de las personas con identidades de género diversas en el país. Esta iniciativa, impulsada por más de cien organizaciones sociales defensoras de los derechos LGBTQ, congresistas de la comisión por la Diversidad y personas trans, representa un paso decisivo hacia el reconocimiento pleno de derechos para esta población históricamente marginada.
La Ley Integral Trans propone un marco normativo robusto para enfrentar la discriminación y promover la inclusión. Entre sus principales ejes se destacan el acceso a servicios de salud con enfoque diferencial, el reconocimiento de la identidad de género en todos los ámbitos de la vida, la creación de programas de empleo y educación para personas trans, así como medidas para garantizar el acceso a la justicia y la protección frente a violencias basadas en prejuicios.
Detractores hablan de ‘imposición ideológica
Sin embargo, el avance del proyecto no ha estado exento de polémicas. Algunos sectores conservadores han señalado que la iniciativa representa una “imposición ideológica”. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció públicamente que se opondrá al proyecto de Ley Integral Trans cuando llegue al Senado, argumentando que “todas las personas deben ser tratadas por igual” y que esta propuesta vulneraría un principio constitucional. Estas declaraciones anticipan un debate intenso en las próximas etapas legislativas.
El proyecto también establecelineamientos claros para que las instituciones públicas respeten el nombre y el género con los que las personas trans se identifican, en concordancia con su identidad de género, y contempla procesos de formación y sensibilización en entidades estatales. Además, impulsa políticas públicas en contextos clave como el trabajo, la educación, la cultura y el deporte, promoviendo una vida libre de discriminación y con garantías plenas de participación.
¿Qué sigue para que sea ley?
La Ley aún debe superar varios debates legislativos, incluyendo la plenaria en la Cámara y luego el paso al Senado; pero la sola aprobación en Comisión Primera ya constituye un hito en la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas trans en Colombia. En un país donde esta población enfrenta altos niveles de exclusión, violencia y barreras estructurales, este avance legislativo renueva la esperanza de una transformación real.
Desde www.orgullolgbt.co, celebramos este logro, invitamos a unirnos en esta causa impulsándola en los círculos a los que tengamos acceso y reiteramos nuestro compromiso con la visibilidad, los derechos y la vida digna de las personas trans. La #LeyIntegralTrans bautizada “Ley Sara Millerey” en honor de la mujer trans recientemente asesinada en Bello, Antioquia (ver más aquí); no es solo una propuesta normativa: es un acto de justicia que busca asegurar condiciones reales para que todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y respeto por su identidad.
ICC issues arrest warrants for Taliban leaders over persecution of LGBTQ people, women
LGBTQ voters divided in Ward 8 special election
#JusticiaParaKarla: una lucha por el derecho a la identidad en El Salvador
Defying trends, new LGBTQ center opens in rural Winchester, Va.
Female writers arrested in Chinese crackdown on gay erotic fiction
Two new documentaries highlight trans history
Celebrate the power of homeownership this Fourth of July
‘A Wrinkle in Time’ comes to Arena Stage
Lesbian feminist becomes South African MP
