Connect with us

News

Migrantes LGBTI en Tijuana ‘buscan una oportunidad para vivir’

Miles de personas en la ciudad mexicana deseen entrar los EEUU

Published

on

Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, fue golpeada, amenazada y discriminada en su país por el solo hecho de sumir su verdadera identidad de género. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

TIJUANA, México — A Melani Sofía Rosales Quiñones, una mujer transgénero de la Ciudad de Guatemala, la esperaba una banda de homofóbicos a la vuelta de su casa. Era julio de 2017 y al pasar junto a ellos les dijo: Buenas noches y solo eso fue el pretexto para una agresión atroz.

“Me golpearon con bates y palos”, narra ahora Melani. “Me quebraron la mandíbula y el maxilar izquierdo. Estuve tres días sin despertar en el hospital y luego de 15 días me hicieron una cirugía para reconstruirme el rostro. Me pusieron placas y tornillos. Estuve cuatro meses en recuperación”.

Un año antes, las pandillas, que enferman de odio y violencia a medio Latinoamérica, codiciaban su casa como depósito para drogas. Su madre nunca aceptó e interpuso una denuncia por el acoso de las también llamadas “maras”.

“Saliendo de la policía llaman a mi mamá y la amenazan. Le dicen que con ellos no se jugaba y matan a mi hermano menor de 15 años”, ella dice.

Melani cuenta parte de su vida al Washington Blade desde una casa de acogida en el centro de Tijuana, donde momentáneamente amparan a los miembros LGTBI de la caravana migrante, que llegaron a esta ciudad fronteriza unas semanas atrás con el objetivo de solicitar asilo político en los Estados Unidos, una nación en la cual piensan vivir sin temores y con prosperidad económica.

Los migrantes LGTBI, al igual que la caravana, se han dispersado por toda la frontera norte del país. Lo que antes de llegar a México era un grupo compacto, que enfrentaba ofensas y malos tratos de la propia caravana, hoy no son más que pequeñas y débiles fuerzas dispersas en Tijuana, Baja California y Nogales, otro pueblo limítrofe con EEUU, perteneciente al estado de Sonora.

Atravesar este muro y llegar seguros a territorio estadounidense es el deseo de los miles de migrantes varados en Tijuana. Solo buscan una oportunidad de vida en los Estados Unidos. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

Las historias detrás del sueño americano

No es la primera vez que Melani se lanza en dirección norte para tocar suelo estadounidense. En mayo de este año “subió” a Tijuana con otra caravana pero otra agresión le postergó el anhelo. “Me llevé una gran decepción porque oficiales de Tijuana me golpearon cuando me dirigía a la garita de El Chaparral. Luego, fui al hospital y puse una denuncia a los policías en Inmigración”, dice Melani.

Entonces Melani retornó hasta un pueblito entre Guatemala y México, “en territorio ‘nulo’”, dice con la ilusión de que, en algún momento, volvería a caminar hacia su sueño americano. No podía volver a Guatemala, pero tampoco a Tijuana. Por esa época se volvió casi ermitaña. Ella, una chica extrovertida y sociable, vivía alejada de la gente. “Trabajaba en una panadería y de ahí para mi casa. Sin decir alguna palabra, sin saludar”, añade.

Melani huía de una Guatemala donde la violencia se percibe como natural y se manifiesta más aguda contra las comunidades LGBTI. Allí soportan “insultos, sobornos, detenciones arbitrarias y agresiones físicas, que no pocas veces terminan en asesinatos, pero que no se denuncian por temor a las represalias. Las personas LGBTI viven con miedo y no cuentan con redes de apoyo comunitario que les ayuden a enfrentar los escenarios violentos en que habitan”, especifica un diagnóstico sobre la situación de esta comunidad en cuatro países centroamericanos.

Un total de 39 mujeres trans, como Melani, fueron asesinadas de enero a julio de 2017 en Guatemala, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, ubicando a la nación en el puesto número seis dentro de la lista de países de América Latina y el Caribe con mayores cifras absolutas de personas trans asesinadas.

En Honduras, por otra parte, 40 personas LGTBI han muerto entre 2007 y mayo del presente año, indicó en un comunicado el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh). Cattrachas, una red lesbiana feminista, indica que 288 personas LGBTI han sido asesinados en Honduras entre 2009 y 2018.

No solo es una situación de inseguridad. Este colectivo en Honduras posee muy bajas posibilidades de empleo. Según reportó Infobae “no existen en el país antecedentes de ninguna persona trans que haya ingresado a un puesto de trabajo en una empresa privada o en una dependencia estatal”.

Amelia Frank-Vitale, antropóloga de la Universidad de Michigan, quien lleva más de un año viviendo en Honduras para estudiar temas de deportación, migración y violencia, confirmó al Blade que “las personas de la comunidad LGBTI están expuestas a todas las formas de violencia que vive cualquier persona en Honduras, que es la mayoría de la población urbana, joven y pobre, pero además están discriminadas, estigmatizadas por su orientación sexual y en muchos casos el Estado está ausente en temas de justicia. Es siempre más crítico para la comunidad LGBTI”.

De esa situación vienen huyendo Alexis Rápalos y Solanyi, dos identidades que habitan un mismo cuerpo robusto de 38 años. En la entrevista con el Blade es Alexis quien habla. Lleva un gorro que cubre una cabeza casi sin pelos y las palabras apenas le salen.

Viene de una familia con bajos recursos y nos ha revelado que, desde los diez años, sufre el flagelo de la discriminación por las calles de su ciudad, San Pedro Sula, la que por cuatro años fue reconocida como la urbe más peligrosa del planeta. De nadie tuvo que despedirse, pues desde que murió su madre hace un año, vive solo.

Sastre y chef de cocina, trabajaba en un restaurante en su país natal, pero decidió sumarse a la caravana en busca de un futuro con más seguridad y una vida sin los sobresaltos de una homofobia generalizada.

Partió sin más que un pantalón y una camisa en su mochila y alcanzó la caravana en la frontera entre Guatemala y México. “Fui descubriendo amigos en la caravana”, refiere Alexis. “Y luego a la comunidad gay. Venimos luchando, peleando muchas cosas porque nos discriminan bastante, nos insultan”.

“El camino ha sido bastante duro”, sostiene Alexis. “A veces nos quedamos dormidos en lugares muy fríos, con tormentas. Yo me enfermé de la gripe con una tos horrible, pero gracias a Dios nos han ayudado con medicinas, con ropa”.

Arribaron a Tijuana pidiendo jalón (auto-stop), a ratos en autobuses y suplicando por la caridad ajena para comer. “Llegamos al albergue que había en la Unidad Deportiva Benito Juárez, pero nosotros estábamos en nuestro grupo aparte. Nos han tratado bien, con ropas, medicinas, comida”, insiste como tratando de agradecer días atenciones recibidas.

Hasta ese albergue, donde las condiciones de insalubridad y hacinamiento eran una constante, los persiguió la homofobia que viaja con algunos de sus coterráneos y los ubica en una posición aún más desfavorable que la del resto. Alexis detalla que eran abucheados en las filas para los alimentos y hubo ocasiones en las que no los dejaron comer. La situación se repetía en las frías duchas a la intemperie, donde la privacidad era un lujo impensable.

Allí, junto a los casi 6.000 centroamericanos que llegaron a aglomerarse en el albergue habilitado por las autoridades de la ciudad, sintió la crudeza del frío de madrugada, durmió en la calle porque no tenía una carpa que lo protegiera y la inusual lluvia de la temporada le humedeció hasta el alma cuando vio empapadas sus pocas pertenencias.

“En el albergue (Benito Juárez) sí pasamos humillaciones, críticas, hasta nos hicieron quitar la bandera gay. Recibimos mucha discriminación, nos dicen que no podemos hacer la misma fila para la comida y para el baño nos dejan de últimos y aquí (Enclave Caracol, nuevo albergue) nos están apoyando demasiado, nos dan nuestro lugar, tenemos baño aparte y todo”, comenta Bairon Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años.

Los integrantes de la caravana LGTBI estuvieron a su llegada a Tijuana en la Unidad Deportiva Benito Juárez, un complejo deportivo convertido en albergue. Allí también fueron discriminados por sus coterráneos. Les hicieron quitar la bandera gay. No los querían en las filas para la alimentación y los dejaban de últimos en las duchas públicas. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

Cuenta Bairon que se travestía por las noches y ejercía la prostitución como Kiara Paola, una actividad que le dejó varias cicatrices en su cuerpo. “Yo me dedicaba a trabajar para llevarle comida a mi hermano gemelo y al más pequeño”, dice. “Ahí mi familia se enteró que era gay. Mi madrastra me discriminó y mi papá no me apoyó y hasta hoy día estoy luchando por mi bienestar, a pesar de que me han dado trabones en la espalda y en diferentes partes de mi cuerpo, pero he salido adelante”.

Vivía solo y constantemente era extorsionado, por lo que decidió unirse a la caravana. Cuando los migrantes arribaron a México, ya trabajaba en un restaurante en Tuxpan y no pensó dos veces unirse a la caravana, que en opinión de la experta en migraciones Frank-Vitale es “un movimiento de desobediencia civil contra un régimen global … La caravana es la forma que se ha reconocido que se puede cruzar México sin estar tan expuesto a los grupos criminales, las autoridades corruptas y sin pagar un coyote para buscar una oportunidad de vivir”.

Paolo González Morera, un gay guatemalteco de 27 años, ejercía como trabajador sexual en su país y constantemente era extorsionado y maltratado por su orientación sexual. (Foto del Washington Blade de
Yariel Valdés González)

A la espera del asilo

Una larga fila se ha formado a las afueras del Enclave Caracol, un espacio comunitario ubicado en la calle primera, en el centro de Tijuana, que ha acogido a esta fracción de la caravana LGBTIQ, que llegó semanas después de la primera.

Bajo unas carpas, los propios migrantes se organizan para repartir la comida que ellos mismos han preparado en el interior del edificio, que semanas antes también brindó su espacio para el matrimonio de varias parejas gays.

Nacho, quien prefirió solo presentarse así, es colaborador de Enclave Caracol, y dijo que están apoyando “a la comunidad con la alimentación y agua, el uso de baño, acceso a Internet, uso de teléfonos para que puedan llamar prácticamente a cualquier parte del mundo y en algún momento ha funcionado como albergue”.

En el Enclave Caracol, son los propios migrantes quienes han cocinado y organizado la vida allí. Con las donaciones de la sociedad civil de varias ciudades ha sido posible mantener a las decenas de ellos que
allí se resguardan. (Foto del Washington Blade de Yariel Valdés González)

En los primeros días de auxilio a estos desplazados eran los trabajadores del lugar quienes cocinaban gran parte de los alimentos y garantizaban la limpieza. Pero, dice “poco a poco se han ido involucrando personas de la caravana. Actualmente ninguna persona del Enclave ha estado en la cocina. Estas últimas semanas hemos recibido donaciones y también hemos ido a los mercados por la merma y la limpiamos, la procesamos y se cocina. Ellos mismos están organizando la limpia y entrega de la comida”.

Nacho declaró que varias personas de la sociedad civil de Los Ángeles, San Diego y de la propia ciudad de Tijuana aportan dinero, comida, voluntariado, productos de limpieza, platos y vasos desechables para aliviar la tensa situación que se vive ahora mismo por la llegada de miles de migrantes a esta urbe fronteriza, muchos de los cuales no han iniciado su proceso de asilo político.

Y es que, al decir de la académica Frank-Vitale, este proceso se ha puesto intencionalmente difícil en EEUU. “Hay una lista muy larga de personas que solicitan el asilo, que se han entregado en la garita y buscan seguir el proceso correcto, bajo la ley internacional”, dice. “Se ha dicho que van a tener que esperar hasta dos meses para tener la oportunidad de hablar de su caso, y eso para personas vulnerables, que huyen de una persecución, que viven bajo la lluvia, el frío, a la intemperie todo ese tiempo, la verdad es una crisis humanitaria fatal”.

“A veces uno se desespera porque no hay un lugar estable. Nos vamos de aquí para allá. Dicen que hoy nos van a llevar para otra casa para esperar a los abogados que nos van a ayudar con los papeles”, dice esperanzado Alexis.

Sin embargo, Melani es más realista al comentar sobre su petición de asilo: “La situación de nosotros está un poco difícil porque siguen llegando muchas personas. Donald Trump cerró la frontera y el trámite está muy complicado. Por eso las personas van a la frontera a meter presión”.

Frank-Vitale considera que el actual sistema de asilo debe cambiar para reconocer las formas modernas de violencia y persecución a las que se ven expuestas las personas y en especial los grupos LGTBI. “Tomando todo eso en cuenta, sí es posible. Hay casos de Centroamérica que entran perfectamente en el sistema, siempre y cuando tengan realmente el temor por sus vidas en sus países y mucha gente tiene un miedo muy verdadero”.

Ese temor, que ha colmado gran parte de la vida de Melani, la acompañará, incluso, en territorio norteamericano, pues en “la caravana anterior había una chica que se llamaba Roxsana, quien murió porque tenía VIH, pero la autopsia reveló que había sido agredida por los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos”.

La primera autopsia realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeada, pero no identifica las personas que la atacaron mientras estaba bajo custodia.

La autopsia original realizada en Hernández, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo custodia de ICE en Nuevo México el 25 de mayo, menciona la causa de la muerte como un paro cardíaco. La segunda autopsia a la que se refirió Melani muestra que Hernández fue golpeado, pero no identifica quién la atacó mientras estaba bajo custodia.

El tema ha llegado hasta el Senado estadounidense, pues tres senadores invitaron recientemente al Servicio de Aduanas e Inmigración y Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU a entregar documentos relacionados con el caso de Roxsana, una mujer trans hondureña con VIH que murió bajo su custodia el año pasado.

Pese a todas estas situaciones, pese a un presidente xenófobo que comanda al otro lado, pese a un poderoso ejército atrincherado en la frontera, pese a las largas filas para ser escuchados, pese a la incertidumbre constante, Bairon se mantiene firme en su decisión: “Ya estamos acá. Con tanto trabajo que nos costó, yo no regreso”.

Ya sabemos por qué.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Africa

Senegalese NGO claims new president discussed LGBTQ rights with top EU official

Jamra Ong Islamique demands government expedite anti-LGBTQ law

Published

on

Senegalese President Bassirou Diomaye Faye (Screen capture via Reuters/YouTube)

A Senegalese NGO has called on the government to expedite the process of enacting an anti-LGBTQ law after the country’s new president met with a top EU official.

Jamra Ong Islamique made the call during a press conference last Wednesday after newly elected Senegalese President Bassirou Diomaye Faye met with European Council President Charles Michel.

Mamae Makhtar Gueye of Jamra Ong Islamique claimed the meeting between the two dignitaries involved an acknowledgment of LGBTQ rights in Senegal. Gueye said Michel is an LGBTQ ally who wants to change Senegal’s cultural customs that do not condone LGBTQ rights.

“His ardent proselytism for the expansion of LGBT ideology could not leave Jamra indifferent,” said Gueye. “Countries including Gabon, Central African Republic, and Mauritius, amongst others, that underestimated the nuisance of these propagandists of homosexuality paid dearly for it because these global lobbyists ended up legalizing this abomination, so beware.” 

Gueye, however, has received a lot of backlash and has been accused of not raising the same sentiments during the tenure of former President Macky Sall, who also met with Michel.

“Did he come as a defender of the LGBT cause or as a European official? Did he come to talk about LGBT rights or partnership agreement between the European Union and Senegal?,” asked Ahmadou Diaw, a Senegalese academic. “Mr. Gueye should know when to alert and when to shut up.”

Cheikh Maï Niang, a social commentator, described Jamra as a “useless organization” that is focused on restricting the freedom of the Senegalese people.

“They are absolutely good for nothing apart from eating the taxpayer’s money,” said Niang. “Where is the democracy we cry about everyday? Seems like they are here to restrict the freedom of the Senegalese people.”

“Not everyone is interested in religion,” added Niang. “We wasted too much time with these useless things. Let’s talk about developing the country. People should live their lives in the manner they want.”

Jamra has previously made proclamations against the LGBTQ community.

The organization in February — before Senegal’s presidential election that took place on March 24 — accused the EU Electoral Observation Mission to Senegal of wanting to indoctrinate Senegalese people with their pro-LGBTQ narrative.

Senegal does not have a law that specifically criminalizes those who identify as LGBTQ or advocate for them. Article 319 of the country’s penal code criminalizes consensual same-sex sexual relations with a fine and between one and five years in prison.

Some Senegalese lawmakers have sought to increase the prison sentence to 10 years for anyone convicted of engaging in homosexuality. These efforts thus far have not been successful.

Samm Jikko Yi (Together for the Safeguarding of Values), an Islamic lobby group that includes many organizations, in 2022 organized an anti-LGBTQ demonstration in Dakar, the country’s capital. Protesters called for harsher penalties for Senegalese who identify as LGBTQ and/or advocate for LGBTQ rights.

The Washington Blade in 2022 noted LGBTQ people have suffered physical and sexual abuse while in prison.

Senegal’s deep religious roots, which are largely Islamic, have contributed to the lack of tolerance of LGBTQ people in the country. This reality has prompted LGBTQ Senegalese to either flee the country or remain in the closet.

Media reports indicate there are fewer bars, clubs and other places where LGBTQ people can freely socialize.

Continue Reading

Maryland

What Anne Arundel County school board candidates think about book bans

State lawmakers passed Freedom to Read Act in April

Published

on

Parents in some Maryland school districts have organized campaigns to restrict the kinds of books allowed in school libraries. (Photo by Kylie Cooper/Baltimore Banner)

BY ROYALE BONDS | Parents’ efforts to restrict content available to students in school libraries has become a contentious issue in Maryland. Conservative parent groups, such as Moms for Liberty, have been working to get books they believe are inappropriate removed from libraries in Carroll and Howard counties, sparking protests, new policies, and even a state law.

The Freedom to Read Act, passed in April, sets standards that books cannot be removed from public and school libraries due to an author’s background. Library staff that uphold the standard are protected under this act. The law, however, does not prohibit removing books deemed “sexually explicit,” the stated reason local Moms for Liberty chapters challenged school library books.

The rest of this article can be read on the Baltimore Banner website.

Continue Reading

District of Columbia

D.C. Council member proposes change for Mayor’s Office of LGBTQ Affairs

Parker also seeks increased funding for LGBTQ programs in FY 2025 budget

Published

on

D.C. Council member Zachary Parker (D-Ward 5) (Washington Blade file photo by Michael Key)

D.C. Council member Zachary Parker (D-Ward 5), the Council’s only LGBTQ member, has asked his fellow Council members to support a proposal to change the Mayor’s Office of LGBTQ Affairs to become a “stand-alone entity outside the Executive Office of the Mayor to allow for greater transparency and accountability that reflects its evolution over the years.”

In an April 30 letter to each of his 12 fellow Council members, Parker said he plans to introduce an amendment to the city’s Fiscal Year 2025 Budget Support Act to make this change for the LGBTQ Affairs Office.

His letter also calls for adding to the city’s FY 2025 budget two specific funding proposals that local LGBTQ activists submitted to D.C. Mayor Muriel Bowser that the mayor did not include in her budget proposal submitted to the Council. One calls for $1.5 million to fund the completion of the build out and renovation for the D.C. Center for the LGBTQ Community’s new building in the city’s Shaw neighborhood and $300,000 in subsequent years to support the LGBTQ Center’s operations.

Parker’s second budget proposal calls for what he said was about $450,000 to fund 20 additional dedicated LGBTQ housing vouchers as part of the city’s existing program to provide emergency housing support for LGBTQ residents and other residents facing homelessness.

“The Office of LGBTQ+ Affairs currently manages about 90 vouchers across various programs and needs,” Parker said in his letter to fellow Council members. “Adding an additional 20 vouchers will cost roughly $450,000,” he wrote, adding that dedicated vouchers “play a crucial role in ensuring LGBTQ+ residents of the District can navigate the complex process of securing housing placements.”

In her proposed FY ’25 budget, Bowser calls for a 7.6 percent increase in funding for the Office of LGBTQ Affairs, which amounts to an increase of $132,000, bringing the office’s total funding to $1.7 million.

“To be clear, I support the strong work and current leadership of the Office of LGBTQ+ Affairs,” Parker says in his letter to fellow Council members. “This push for change is in recognition of the office’s notable achievements and the significant demands being placed on it, which require a greater level of accountability.”

Parker told the Blade in an April 30 telephone interview that he believes Japer Bowles, the current director of the Office of L|GBTQ Affairs is doing an excellent job in operating the office, but he believes the office would be able to do more for the LGBTQ community under the change he is proposing.

“Making it a stand-alone office versus it being clustered within the Community Affairs division of the mayor’s office, it will get more attention,” Parker told the Blade. “The leadership will have greater flexibility to advocate for the interest of LGBTQ residents, And we will be able to conduct greater oversight of the office,” he said, referring to the Council’s oversight process.

Parker noted that other community constituent offices in the mayor’s office, including the Office of Latino Affairs and the Office of Veterans Affairs are stand-alone offices that he hopes to bring about for the LGBTQ Affairs Office. He said Council member Brianne Nadeau, who chairs the Council committee that has oversight for the LGBTQ Affairs Office, has expressed support for his proposal.

Also expressing support for Parker’s proposal to make the LGBTQ Affairs Office a stand-alone office is the D.C. Advisory Neighborhood Commission Rainbow Caucus. Vincent Slatt, the caucus’s chairperson, submitted testimony last week before the D.C. Council Committee on Public Works and Operations, which is chaired by Nadeau, calling for making the LGBTQ Affairs Office a stand-alone office outside the Executive Office of the Mayor.

Slatt also stated in his testimony that the office has a “chronic staffing shortage” and recommended that at least three additional staff members be assigned to the office.

Daniel Gleick, the mayor’s press secretary, told the Blade the mayor’s office is reviewing Parker’s budget proposals, including the proposed change for the Office of LGBTQ Affairs.

But in testimony at a May 1, D.C. Council budget hearing before the Council’s Committee on Executive Administration and Labor, Lindsey Parker, Mayor Bowser’s Chief of Staff, appeared to express skepticism over making the LGBTQ Affairs office a stand-alone office. Lindsey Parker expressed her thoughts on the proposed change when asked about it by Councilmember Anita Bonds (D-At-Large), who chairs the committee that held the hearing.

“I would proffer that it doesn’t matter whether the agency is within the EOM [Executive Office of the Mayor] or not,” Lindsey Parker told Bonds. “They will still be reporting up into one would argue the most important agency in the D.C. government, which is the one that supports the mayor,” Lindsey Parker said. “So, it’s the closest to the mayor that you can get,” she said “So, you could pull it out and have a different budget chapter. I actually think that’s confusing and convoluted.”

Lindsey Parker added, “The Mayor’s Office of LGBTQ Affairs, with their six FTEs right now, if they were a stand-alone function they wouldn’t have all the non-personnel services in order to operate. They need to be under sort of the shop of the EOM in order to get those resources.” 

By FETs Lindsey Parker was referring to the term Full Time Equivalent employees.  

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Sign Up for Weekly E-Blast

Follow Us @washblade

Advertisement

Popular